La UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES, expresa su estupor ante la decisión gubernamental de indultar las penas de prisión impuestas por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, en la sentencia del llamado “cas TREBALL” a José Mª Servitge (4 años y 6 meses de prisión) y a Víctor Manuel Lorenzo Acuña (2 años y 3 meses de prisión), con una condena previa por hechos semejantes).

Si ya la decisión del anterior Gobierno de indultar al banquero Alfredo Sáenz, generó una considerable inquietud en quienes defendemos, con hechos y no sólo con palabras, que la justicia debe ser igual para todos, el indulto ahora concedido por el actual Gobierno, supone la confirmación definitiva de que está realmente justificada la percepción ciudadana de que existen diferentes varas de medir a la hora de sancionar las conductas delictivas.

Nos parece intolerable que Gobiernos de diferente color político, manifiesten verbalmente su voluntad de combatir la corrupción y, demuestren con sus decisiones que esa expresión de voluntad es meramente retórica y que a la hora de la verdad, incluso con una sentencia condenatoria firme, queden impunes las conductas de apropiación o distracción de fondos públicos, realizadas por personas vinculadas al poder político y/o económico.

 

Palma de Mallorca, a 14 de marzo de 2.012.