Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales denunciamos públicamente la decisión adoptada por la Delegación de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias de impedir a 24 jueces y 5 fiscales la entrada en el Centro de Internamiento de Extranjeros “Barranco Seco” de Las Palmas de Gran Canaria.

La visita al CIE prevista para el 9 de mayo de 2013 formaba parte de la actividad de formación continua denominada ” Foro de Inmigración”que se lleva a cabo anualmente en virtud de un convenio de colaboración suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de Canarias. Se comunicó con más de 30 días de antelación por la magistrada directora del curso a la delegada del gobierno.
Tenía por objeto comprobar las condiciones del centro y de las personas que se encuentran detenidas en él con autorización judicial, ya que todos los juzgados de guardia del territorio nacional pueden autorizar el internamiento en CIE para la expulsión de inmigrantes en situación administrativa irregular. Sin embargo, en la actualidad sòlo hay siete centros en funcionamiento, por lo que muchas autoridades judiciales no han tenido otra ocasión de conocer desde dentro estos lugares a los que remiten a personas detenidas, en ocasiones a cientos e incluso miles de kilómetros de distancia del juzgado que autorizò el internamiento.

La decisión inmotivada de “denegar la autorización” para esta visita constata una quiebra del principio de confianza y una falta de respeto al poder judicial, al ministerio fiscal y a las instituciones públicas organizadoras, -que sin embargo no ha merecido ni disculpa, ni explicación ni rectificación por parte del gobierno-. También representa una concepción poco democrática de los derechos humanos y una deriva autoritaria frente al principio de transparencia de la administración, de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y del control judicial de los derechos, en especial de los de las personas privadas de libertad. Ademas, dicha decision contribuye a crear razonables sospechas sobre el grado de aplicación de la ley en el interior de estos centros.