La Unión Progresista de Fiscales, a la vista de la trascendencia pública del borrador de informe del Consejo Fiscal sobre el anteproyecto “ LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA DEL CONCEBIDO Y DE LOS DERECHOS DE LA MUJER”, quiere poner de manifiesto públicamente su postura ante la futura reforma y dice:

 

1.- Que considera la reforma tan innecesaria como retrógrada, que parte de un prejuicio de inconstitucionalidad del vigente sistema mixto de plazos e indicaciones, sin dejar que el propio tribunal Constitucional se haya pronunciado sobre ella.

La iniciativa legislativa se justifica, proporcionando una serie de datos sesgados y manipulando argumentos, que en realidad esconden una justificación ético-religiosa, muy respetable, pero que no se corresponden a una demanda de modificación de la política criminal vigente.

 

2.- La regulación que ofrece el Anteproyecto, pese a su denominación,( “la protección … de los derechos de la mujer”) no hace una adecuada ponderación de los derechos e intereses en conflicto que subyacen en la interrupción voluntaria del embarazo. Bajo la excusa de proteger a la mujer, pretende tutelarla, coartando su libertad, no dando suficiente amparo a sus derechos fundamentales, (vida, salud y libre desarrollo de la personalidad versus maternidad como opción libre y personal) frente a la vida en formación como bien jurídico protegido.

3.- En los supuestos legalmente aceptados, rodea la prestación del consentimiento por la mujer de unos requisitos disuasorios que entorpecen innecesariamente su libre y legítima opción.

4.- La redacción del anteproyecto, es confusa, y adolece de rigor a la hora de abordar la interrupción del embarazo sin diferenciar adecuadamente si estamos ante un procedimiento médico, terapéutico, o una intervención quirúrgica, regulando algunos aspectos técnicos de estas prácticas, que cuestionan la capacidad clínica de los facultativos, y su código deontológico.