A escasos días de la entrada en vigor de la L.O 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal, la Unión Progresista de Fiscales reitera su enérgico rechazo a la reforma consumada que, además de incluir la denominada prisión permanente revisable, esto es, la cadena perpetua o el internamiento de por vida -incompatible y contraria al artículo 25.2 de la Constitución Española-, conlleva un aumento generalizado de las penas, fruto de una deriva legislativa político-criminal marcadamente reaccionaria.

 

Asimismo, la U.P.F reprueba la reforma operada en el Código Penal en relación con los denominados delitos leves, tanto por su deficiencia legislativa -degrada “de forma involuntaria” a la categoría de delitos leves hechos tipificados hasta ahora como menos graves-, como por la derivación a la vía administrativa de hechos penalmente reprochables y, por consiguiente, sin las correspondientes garantías del procedimiento penal.

 

Finalmente, debemos alertar que en la última etapa de la legislatura resulta notoria la voracidad legislativa del Gobierno con el reciente traslado al Senado del Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado por el Congreso de los Diputados. Como ya hemos apuntado en ocasiones anteriores, la reforma proyectada -lejos de implantar un nuevo marco procesal que abandone el arcaico sistema actual y evolucione hacia uno nuevo basado en la autonomía, la especialización y la celeridad- limita la duración de las investigaciones sumariales sin dotar a la justicia penal de los necesarios medios personales y materiales, lo que pone de manifiesto el absoluto desconocimiento del legislador sobre la realidad diaria de los Juzgados y Fiscalías de nuestro país, resultando una completa temeridad que el mero transcurso de un plazo pueda significar el fin de una instrucción, naturalmente sin éxito y encaminada a la posible impunidad de los hechos investigados.

Santiago de Compostela a 29 de junio de 2015

El Secretariado Permanente