Con ocasión de la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, la Unión Progresista de Fiscales quiere poner de manifiesto lo siguiente:

En 2010, y como consecuencia de la crisis económica, los fiscales vimos reducidas nuestras retribuciones en una cantidad cercana al 10%, que vino impuesta como consecuencia de una “instrucción de servicios”, que el Gobierno utilizó para desarrollar el Decreto Ley de 20 de mayo sobre Medidas Extraordinarias para la reducción del déficit público.

Una justicia de calidad debe ir ligada unas retribuciones dignas para los fiscales, que tengan en cuenta además el rígido sistema de incompatibilidades y prohibiciones a que nos vemos sometidos en el ejercicio de nuestras funciones, y al nivel retributivo de otros cuerpos del Estado con similares exigencias y responsabilidad.

Por ello, una vez superada la crisis económica, entendemos que procede, en primer lugar, la retroacción de los efectos de la aplicación de ese Decreto Ley, haciendo que las retribuciones de los fiscales recuperen ese aproximadamente 9,5 % perdido de golpe a consecuencia de la crisis.

Con independencia de ello, según el INE, durante la crisis, los salarios han perdido casi un 10 % del poder adquisitivo, por la cada vez mayor discordancia entre la inflación y las subidas de sueldos de los empleados públicos, entre los que nos encontramos.

Además, la situación retributiva de los fiscales de tercera categoría merece una revisión específica. La mayoría de ellos, destinados en poblaciones pequeñas, han visto cómo sus retribuciones se alejan de las de profesionales de niveles similares, tienen pocas perspectivas de promoción profesional o de traslado a otros puestos, realizan servicios de guardia semanal con plena disponibilidad retribuidos a 40 € el día, importe inferior al coste de una hora de trabajo de un profesional no cualificado de la industria, y se limita o dificulta incluso su traslado a otras localidades a realizar juicios y actuaciones exigidas por el servicio de guardia.

Desde la Unión Progresista de Fiscales creemos que esta situación debe cambiar, sólo así lograremos las condiciones para un servicio público de calidad, que revertirá sin duda en todos los ciudadanos.

 

Albacete, 7 de Junio de 2017

 

El Secretariado Permanente de la UPF