Estimados/as compañeros/as,

Informamos que el Secretariado Permanente de la UPF se reunió en la mañana de ayer con el Fiscal General del Estado para trasladarle las principales problemáticas y retos a que nos enfrentamos. También le hemos hecho constar nuestra preocupación por la progresiva pérdida de derechos de los Fiscales, y hemos dejado patente nuestra postura de total oposición a la implantación de la Fiscalía Digital.

Aquí os dejamos un resumen de los temas tratados:

Autonomía: Le trasladamos la urgente necesidad de acometer una reforma estatutaria y reglamentaria del Ministerio Fiscal que garantice nuestra autonomía orgánica y funcional, siguiendo las recomendaciones del GRECO. Se incidió en la necesaria autonomía presupuestaria, avanzando hacia una progresiva desconexión del Ministerio, señalándose todos los problemas que origina la falta de un presupuesto propio. El FGE se mostró de acuerdo con estos planteamientos. Asimismo, y en relación con nuestra preocupación en materia de autonomía individual de los Fiscales, nos informó que la FGE está trabajando en la redacción de una Instrucción sobre las avocaciones y sustituciones del art. 23 y el ejercicio de la facultad de discrepar del art. 27 EOFM.

Formación: Expusimos los problemas que se vienen observando en los cursos de formación, así como el agravio comparativo que sufrimos con la carrera judicial en cuanto a alojamiento y dietas, derivada sin duda de nuestra falta de autonomía presupuestaria, proponiendo la reforma del RD 462/02.  Le trasladamos el desajuste que produce la eliminación del Fiscal asesor dependiente de FGE en el CEJ y la necesidad de contar por fin con un centro de estudios propio y una formación inicial conjunta. El FGE encontró razonables nuestras propuestas y nos manifestó su planteamiento de que, entre tanto, se designarán cuatro codirectores en el CEJ pertenecientes a cada uno de los cuerpos.

Justicia Digital: Se le enumeraron cada una de las graves deficiencias y trastornos que plantea en la Fiscalías donde se ha implantado, insistiendo en que el problema de fondo es de diseño y concepción, ya que es el modelo mismo el que no funciona. Se recordó que desde la Unidad de Apoyo no se ha adoptado medida alguna para llevar a efecto el acuerdo unánime del Consejo Fiscal y exigimos implicación y apoyo a la carrera en tan trascendente asunto, donde se debe hacer valer nuestro peso institucional. Señalamos que el reciente envío del manual de “Buenas Prácticas” no revela la intención de la Unidad de Apoyo de cuestionar siquiera los planes de implantación del Ministerio. Ante nuestra insistencia sobre el sentir generalizado de la Carrera, el Fiscal General nos propuso crear un grupo de trabajo con representantes de las asociaciones, la FGE y el Ministerio, a lo que no nos negamos, si bien dejando constancia de que deben mantenerse las exigencias de paralización.

Reforma procesal: El Fiscal General se mostró favorable a que el fiscal sea el director de la investigación penal, y nos participó que en el Ministerio se está trabajando principalmente sobre el modelo del anteproyecto de LECrim del ministro Caamaño y no sobre el borrador de Código Procesal Penal. Le recordamos nuevamente la necesidad de acometer las reformas en la institución y la dotación de medios suficientes.

Régimen de concursos y ascensos: Se expusieron las problemáticas que todos conocemos y nuestra reivindicación de un calendario reglado.

Ante la falta de tiempo suficiente para tratar con la debida profundidad tanto estas importantes materias como otras que sólo pudieron ser finalmente esbozadas (plazos de instrucción entre ellas), alcanzamos con el Fiscal General el compromiso de reunirnos de manera regular para efectuar un seguimiento de la situación y de las medidas que se fueran a adoptar.

 

Albacete, a 2 de febrero de 2.018.

El Secretariado Permanente de la UPF