Los Jueces/Magistrados y Fiscales venimos a manifestar a la opinión pública y a los usuarios de la Administración de Justicia que:

1º.- Expresamente apoyamos a las catorce medidas propuestas por las Asociaciones Judiciales el 16 de junio de 2017 y que fueron asimismo asumidas por 1.200 Juntas de Jueces por todo el país y contaron con la adhesión individual de 3.500 Jueces y Magistrados.

Asimismo apoyamos las peticiones efectuadas por las Asociaciones Fiscales en mejora de su Estatuto y funciones.

2º.- En consecuencia, pedimos a las Cortes Generales, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial que, con la urgencia que exige la situación nuestra Justicia, se acuerden las siguientes medidas:

Para reforzar la independencia judicial:

o Presentación de un proyecto/proposición de ley de reforma de la LOPJ en lo que se refiere al CGPJ, que recupere el régimen competencial, de organización, funcionamiento y dedicación y garantice la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados, asegurando la igualdad de género y la representatividad.

o El CGPJ debe amparar de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia.

o Retirada de las enmiendas presentadas a la proposición de ley de reforma de la LOPJ que coartan el ejercicio de la función judicial y vacían de ciertas competencias al CGPJ.

o Objetivación del sistema de nombramiento de altos cargos judiciales, con arreglo a perfiles previamente definidos, de acuerdo con un proceso transparente y en decisión debidamente motivada y adoptada por una mayoría cualificada.

o Supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos.

 

Para modernizar la Administración de Justicia: calidad y eficacia:

o Un plan de inversión suficiente y prolongado, en el marco de una organización judicial rigurosa y eficiente, destinado -entre otros aspectos- a:

Incrementar las plantas judicial y fiscal, equiparándolo a la media europea, convocando al menos 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años;

Modernizar los edificios judiciales y fiscalías;

Un proceso de digitalización con los equipos necesarios y los programas de manejo adecuado, que realmente facilite el ejercicio de la función jurisdiccional y fiscal en beneficio del ciudadano, en lugar de ralentizarlo.

Procurar los medios necesarios para hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes (víctimas, equipos psicosociales…

o Racionalización de la planta judicial:

Implantación de los tribunales de instancia, respetando las exigencias de independencia e inamovilidad, garantizando el acceso a la justicia de todas las personas.

Mientras tanto, deberán de crearse órganos judiciales suficientes para atender al incremento de litigiosidad, hoy en 126 asuntos por cada 1000 habitantes.

Evitar la precarización judicial y fiscal, con eliminación de las adscripciones forzosas y supresión de las figuras de “sustitución y refuerzo” en el periodo de prácticas formativas., respetando escrupulosamente el derecho-deber a una formación inicial y una adecuada formación para ejercer en las jurisdicciones especializadas, con supresión de la figura de fiscales y jueces en expectativa de destino.

o Revisión del modelo de oficina judicial sobre las experiencias piloto, atendiendo a los principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones y sobre la base de que es un instrumento para apoyar y facilitar el trabajo de los órganos jurisdiccionales, por lo que en supuestos de controversia deberá establecerse la intervención de los órganos de gobierno del Poder Judicial para adoptar la oportuna decisión.

o Compatibilizar los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional.

o Dotación de medios personales y materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, con dependencia directa de la Autoridad judicial y fiscal

 

Para mejorar las condiciones profesionales:

o Convocatoria inmediata y formal de la Mesa de Retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función.

o Impulso inmediato de la modificación de la LOPJ en lo que a permisos y medidas de conciliación de la carrera judicial y fiscal se refiere.

o Reclamar la recuperación del régimen de vacaciones y permisos vigente al momento de la supresión y reducción por Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, así como el permiso de paternidad.

o Implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo, con la participación de las asociaciones judiciales y fiscales en la fijación de las mismas, y la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales.

o Garantizar una adecuada asistencia de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y la igualdad de los derechos pasivos con respecto a los beneficiarios de la Seguridad Social.

 

Por lo que se refiere al Ministerio Fiscal:

o Derogación del sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios al efecto.

o Paralización de la implantación de la justicia digital en tanto no se garantice el correcto funcionamiento de los programas y equipos.

o Atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado.

o Refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal.

o Autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal.

 

3º.- Como medio de conseguir estos fines, anunciamos que secundaremos todas las medidas de movilización acordadas conjuntamente por las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales el pasado 05/03/2018, conforme al calendario propuesto, sin perjuicio de lo que pueda resultar del proceso de negociación iniciado.

 

APM , AJFV, JJD, FJI, AF, UPF y APIF