COMUNICADO sobre aplicación del sistema de plazos e implantación de LEXNET

Tras poco más de dos meses desde la entrada en vigor del nuevo sistema de plazos de instrucción, la Unión Progresista de Fiscales vuelve a alzar la voz para criticar públicamente la situación en que se encuentran actualmente los miembros de la carrera fiscal en una suerte de enloquecedora revisión generalizada de todas las causas penales en trámite.
 
Desde nuestra asociación seguimos insistiendo en que los fiscales no podemos garantizar un control efectivo de todos y cada uno de los procedimientos penales ante la carencia de herramientas informáticas automatizadas y, lo que incluso resulta más preocupante, la ausencia de unos criterios uniformes de la Fiscalía General del Estado que permitan una actuación homogénea en todas las Fiscalías.
 
A la vista del abrumador rechazo al sistema actual de plazos, el Ministerio de Justicia optó por dotar provisionalmente a la Fiscalía de ochenta plazas de personal interino, trasladando así a la opinión pública que ese refuerzo en la plantilla corregiría las deficiencias de un sistema de plazos como el implantado. Pues bien, afirmamos que esa dotación de medios personales no ha resuelto el problema generado por una extravagante reforma legal, y es que en muchos casos las Fiscalías han debido acudir a la contratación de personal interino profano o escasamente cualificado para el ejercicio de las funciones diarias de un fiscal, debido en buena parte a la merma de las bolsas de sustitutos como consecuencia de la supresión por este mismo Ministerio de un sistema de sustituciones externas a todas luces imprescindible. Pero es más, esa gratuita asignación ministerial no resuelve el problema en el caso de bajas, licencias, permisos, vacaciones o cambios de lote de trabajo de los fiscales titulares, cuya sola y única voluntariedad e inversión de tiempo no remunerado colma las nuevas exigencias legales y suple las endémicas carencias de nuestra carrera.
 
Asimismo, la U.P.F. censura el tratamiento dispensado a los fiscales por el Ministerio de Justicia, que en lugar de tratar al Ministerio Fiscal como un órgano con personalidad jurídica propia integrado en el Poder Judicial con autonomía funcional, nos confunde con un cuerpo de la Administración General del Estado, con una pieza más de su Ministerio, sometiendo a las Fiscalías “agraciadas” con la provisión de personal de refuerzo a un control mensual de los procedimientos penales revisados, a una absurda “inspección de kilometraje”, e imponiendo a los fiscales la elaboración de inoperantes estadísticas, de cargas burocráticas impropias de nuestra función cuasi jurisdiccional con la sola finalidad de acreditar el cumplimiento de unos objetivos -desconocidos, por cierto- que prorroguen esa dotación de personal, labores para las que ya están previstos estatutariamente determinados órganos de la Fiscalía General.
 
Finalmente, la Unión Progresista de Fiscales solicita de manera formal la suspensión de la aplicación del sistema de LEXNET en las Fiscalías, no porque estemos en contra de los avances tecnológicos, sino porque su implantación parece responder más a las demandas de los proveedores informáticos que a las necesidades de la justicia. Y es que se está acometiendo una reforma en nuestra forma de trabajo de manera apresurada e improvisada con los fines exclusivamente publicitarios de vender el logro del “papel cero” en los juzgados. Un bonito eslogan lejos de la realidad. Su implantación se realiza con una deficiente formación de fiscales y funcionarios, sin firma electrónica, permitiendo el acceso a los datos personales de fiscales y funcionarios en los envíos y, sobre todo, sin tener la seguridad de que se garantiza la confidencialidad de todos los datos judiciales.
No entendemos que no se haya realizado una auditoría o evaluación mesurada sobre su implantación en estos meses, al contrario, todo se ha hecho con prisas y de manera improvisada. Pero, sobre todo, estamos sometiendo a los ciudadanos a retrasos en sus procedimientos, pues ellos son los conejillos de indias de esta implantación que naufraga entre caídas del sistema y posibles pérdidas de datos que inciden directamente en los procedimientos y en los derechos de las personas.
En definitiva, la Justicia, lejos de mejorar en calidad, eficacia y rapidez como sería de desear en la era de la información, se ve sometida de nuevo a un desafortunado retroceso por la mala gestión de medios y la precaria capacidad organizativa de quienes no han sido capaces de diseñar un servicio público como el ciudadano se merece. 

 

Carta al Presidente de SMMP

Sr Presidente da Direcção del Sindicato dos Magistrados do Ministério Público,

La Unión Progresista de Fiscales quiere expresar su solidaridad y afecto a los compañeros del Sindicato del Ministerio Público Portugués.

La defensa de la profesionalidad de los fiscales portugueses no es únicamente una manifestación de la libertad de expresión y asociación por parte de los miembros del sindicato, sino un deber, un compromiso, no solamente con sus representados, sino también con los propios ciudadanos portugueses.

La sociedad tiene derecho a conocer la respuesta, incluso airada, y sin interferir en los hechos que son objeto de enjuiciamiento, de los representantes de quienes son continua e injustamente cuestionados con insinuaciones inadmisibles por la única tacha de realizar con rigor y eficacia su trabajo.

Los poderosos ven amplificadas sus insidias por los resortes mediáticos que pueden utilizar como altavoz a sus inaceptables descalificaciones. Los profesionales tenemos derecho a replicar y ser escuchados, nada de esto tiene que ver con el objeto del proceso, y mucho con la manipulación que es necesario denunciar.

Responder a ello es pues, obligado, legítimo y necesario en una sociedad democrática.

Como fiscales españoles nos sentimos muy cerca de nuestros colegas portugueses, y como ellos, hemos sentido y seguro que sentiremos, la necesidad de ser oídos sin que nadie nos lo impida.

Decía Goethe: El perro quisiera acompañarnos desde el establo; el eco de sus ladridos demuestra que cabalgamos», en castellano decimos Ladran, luego cabalgamos, amigo Sancho, atribuyéndola a Don Quijote.

Un cordial saludo.
Álvaro García Ortiz, presidente.

CARTA de la UPF en relación con los recientes oficios remitidos por la F.G.E.

Con esta carta la Unión Progresista de Fiscales quiere poner de manifiesto el sentir de una parte importante de la plantilla de los fiscales de este país. No pretende ésta ser de lamento o de queja, sino que intenta trasladar a los órganos centrales de nuestra institución lo que aparenta ser para ellos lejano y ajeno.

Los planes de la Fiscalía General del Estado para el control de los procedimientos han causado un profundo malestar en la carrera, no solo en buena parte de la plantilla -sobre la que recae la mayor carga de trabajo-, sino también entre aquéllos que desde Fortuny denominan mandos intermedios y, cómo no, también en algunas jefaturas. Un importante número de compañeros manifiestan a quienes formamos parte de las asociaciones su honda decepción y su enojo.

La recepción el día de ayer de los oficios procedentes de la Inspección Fiscal y la Unidad de Apoyo en relación con el plan de control de las causas en tramitación en los juzgados a los efectos del art. 324 LECrim ha precipitado una corriente de frustración y rechazo al programa de actuación que tales oficios recogen. La previsión de que sean revisadas semanalmente «al menos» 25 causas por juzgado revela el lamentable desconocimiento de la Fiscalía General de la organización del trabajo en las distintas Fiscalías por cuanto que -parece que así lo debemos recordar- los fiscales deberán seguir atendiendo sus servicios de guardias, señalamientos ante los juzgados de Instrucción, de lo Penal y Audiencia Provincial, vistas civiles y demás servicios presenciales -incrementados tras las últimas reformas legales- cuyo reparto, con la plantilla actual, deja escasos días al mes para el despacho ordinario de papel que, con mucha frecuencia, termina siendo tramitado por los compañeros fuera de las horas de audiencia.

Asimismo, parece que los firmantes de los oficios señalados desconocen la posibilidad de que los juzgados no se avengan a remitir la causa al fiscal para su examen en el mismo momento en que éste la solicite para cumplimentar unas exigencias de control meramente internas, y que lo anteriormente dicho sobre la generalización del despacho de asuntos fuera de horas de audiencia impide la revisión de las causas en las propias dependencias del juzgado, práctica ésta que -por otra parte- resulta absolutamente indeseable e incompatible con la dignidad de la función del fiscal.

Tenemos la sensación de que desde el palacio del Marqués de Fontalba -sede de la Fiscalía General del Estado- no se percibe la realidad diaria de la misma manera a como se hace en cada una de las sedes de la Fiscalía del resto de España. Parece también que desde hace tiempo se ha roto alguna conexión y no hay sensibilidad ni conocimiento de la auténtica carga de trabajo y sentir de los fiscales. Estoicamente hemos venido soportando un aumento de funciones y tenemos la percepción de que en todas las reformas legislativas el fiscal es el comodín del legislador para acudir presto a cuanta diligencia judicial fuera llamado.

La presencia física del fiscal para atender distintos servicios y la creciente demanda de su intervención ha modificado sustancialmente nuestro trabajo. Nuestra presencia mediática ha aumentado y las exigencias de responsabilidad también. Esto nos prestigia pero también nos exige. Por eso necesitamos parar. No se nos puede pedir cada vez más y pretender que sostengamos a la institución con nuestro esfuerzo personal y voluntarista.

Sin embargo, desde nuestros órganos centrales, lejos de comprender esta realidad o defender nuestros legítimos derechos, parece que se nos exigen cuentas y deberes. En lugar de crecer en nuestra autonomía como profesionales, se nos trata como escolares, implantando un sistema de peonadas que no confía en nosotros, que nos exige más allá de lo que serían nuestras obligaciones legales y cuyo sentido parece que no es otro que dar justificación al Ministerio de los más que exiguos medios de apoyo previstos en la «relación de necesidades» que se adjunta, por otro lado, absolutamente insuficientes para abordar las nuevas funciones que se nos encomiendan no sólo por la Ley 41/15, sino por la propia Fiscalía General. Creemos que nunca la carrera fiscal se ha tenido que someter a esta contabilidad obligatoria dirigida desde la Fiscalía General, lamentamos que se banalice nuestro trabajo estableciendo quincenas de cumplimiento o números más propios de un trabajo en cadena que de un servicio público.

La carrera, los fiscales, esta asociación, nos preguntamos qué más se puede hacer para convencer a la Fiscal General y a su equipo de que este colectivo es capaz de afrontar todos los retos y desafíos que se le encomienden, que lo hace día a día en los juzgados, luchando contra un procedimiento obsoleto, lleno de trampas, sacando adelante las causas pese a la precariedad de medios, enfrentándose a presiones de todo tipo, a los poderosos que se defienden con sofisticadas armas procesales y materiales. Pero que ese esfuerzo será inútil y no será eficaz para el ciudadano y para el estado de derecho si no se hace procurando los medios, poniendo las condiciones y dando soporte material y profesional a nuestro trabajo. No queremos ser los campeones de las estadísticas, ni cumplir objetivos de una cadena de montaje, queremos cumplir con nuestra misión constitucional con eficacia y dignidad.

No se puede dar la espalda a la carrera, ni a la propia institución, nos sentimos defraudados y traicionados por la complicidad de la Fiscal General con el Ministro de Justicia. La conclusión es que somos un barco sin rumbo y sin capitán, a la deriva de las decisiones de un Ministerio de Justica que nos utiliza a coste cero para llevar a término una reforma que ya desde el informe del Consejo Fiscal del anteproyecto de ley era rechazada por la institución.

Como asociación es nuestra obligación transmitir a la Fiscal General y a sus colaboradores que estamos ante una situación crítica, indeseada por todos, y que la carrera fiscal necesita un liderazgo que apoye, entienda y asuma como propio el sentir de la plantilla, un liderazgo que lamentablemente echamos de menos y que nos ha colocado en esta delicada situación profesional.

Comunicado de apoyo a los fiscales de la Audiencia Nacional

La Unión Progresista de Fiscales, ante las críticas vertidas por una asociación de víctimas contra el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, quiere expresar su total apoyo a éste y a todos los compañeros que desde dicho órgano desempeñan sus funciones en condiciones de máxima dificultad y riesgo personal bajo su dirección. A estas alturas parece un sarcasmo cuestionar a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha impulsado con notable éxito el combate legal contra todas las formas de delincuencia y con pleno respeto a las garantías constitucionales. El amparo a las víctimas es, por añadidura, uno de sus principales cometidos y preocupaciones.

En relación a la organización terrorista ETA, es de dominio público cómo se han impulsado las investigaciones no solo contra los comandos operativos, sino también contra el entramado e infraestructuras de apoyo, propiciando la revisión de causas que permanecían archivadas a fin de agotar todas las posibilidades de investigación y persecución de los delitos. Por ello, ante las injustificadas críticas e insólitas peticiones de dicha asociación, la U.P.F. quiere manifestar su apoyo a los compañeros de la fiscalía de la Audiencia Nacional, a su jefatura, y a todos a quienes desde el Estado de Derecho encabezan un modelo de respuesta que debe ser reivindicado frente a otras tentaciones belicistas o que puedan restringir derechos fundamentales.

Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Comunicado UPF sobre la entrada en vigor del nuevo sistema de plazos de instrucción

Tras su reciente entrada en vigor el día 6 de diciembre de 2015, la Unión Progresista de Fiscales reitera su enérgico rechazo al sistema de plazos de instrucción instaurado por la Ley 41/2015 de modificación de la LECrim. al considerar incongruente el control por los fiscales de los plazos de las investigaciones judiciales.

Lamentamos que el análisis profundamente crítico realizado unánimemente por las asociaciones de fiscales y jueces, así como por más de mil doscientos fiscales españoles en una carta dirigida al Consejo Fiscal, no haya sido acogido por el actual Ministro de Justicia, rehusando -incluso- el aplazamiento solicitado del exiguo y sorprendente plazo de dos meses de entrada en vigor de la reforma hasta la necesaria dotación de medios para su debida aplicación práctica. En este sentido, desde nuestra asociación hemos manifestado insistentemente que el Ministerio Fiscal carece de recursos personales y herramientas informáticas que permitan controlar con rigor los tiempos de las investigaciones de los jueces de instrucción.

La instauración de esos nuevos plazos pone de manifiesto -una vez más- la absoluta improvisación del legislador con una reforma cuya acelerada entrada en vigor solamente puede justificarse en la voluntad de “vender” en plena campaña electoral una ficticia modernización de la justicia, escondiendo el vergonzoso trato dado a la misma y a sus profesionales en esta legislatura.

Asimismo, reiteramos nuestro público reproche al posicionamiento adoptado por la Fiscal General del Estado que, en una actitud claramente condescendiente con el Ministerio de Justicia, no ha liderado el desacuerdo y la crítica constructiva de un sobresaliente número de miembros de la carrera fiscal ante una reforma legislativa que no hace sino dificultar la investigación judicial y entorpecer la labor del Ministerio Fiscal en la promoción de la acción de la justicia.

En definitiva, consumada la entrada en vigor del nuevo sistema de plazos cuya implantación no va acompañada de la necesaria dotación de personal -por decisión del propio legislador- y atendiendo a las dificultades de la Fiscalía para controlar los plazos de los procedimientos no solo futuros, sino también en trámite -más de 700.000, según datos del propio C.G.P.J.-, la Unión Progresista de Fiscales lamenta y censura el incumplimiento por el Ministro de Justicia de los compromisos adquiridos ante el Consejo Fiscal el pasado día 20 de octubre de 2015, tanto de proporcionar al Ministerio Fiscal herramientas informáticas adecuadas para examinar el estado de los procedimientos judiciales, como de dictar la correspondiente instrucción a los letrados de la administración de justicia a fin de que faciliten a los fiscales la labor de control de los plazos de instrucción. Y es que la responsabilidad de esa tarea de inspección no recae en exclusiva en los integrantes de la carrera fiscal, sino también -e incluso en mayor medida- en los jueces que dirigen la instrucción y en los propios letrados de la administración de justicia a quienes legalmente corresponde poner en conocimiento de aquéllos el vencimiento de los términos judiciales.

Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Obituario Juanjo Márquez Bonvehí

A las 06,15 horas del día 6 de diciembre de 2015 falleció en Barcelona nuestro compañero y amigo Juan José Marquez Bonvehí. Para aquellos que tuvimos la tremenda suerte de que Juanjo se cruzara en nuestro camino no podemos más que sentirnos afortunados de haber estado a su lado y lamentamos profundamente su pérdida, transmitiendo nuestro más sentido pésame a su pareja y a sus familiares.

Juanjo estuvo durante más de 24 años al servicio de la Fiscalía de Menores de Barcelona, dedicando su tiempo y su vida a luchar por una causa en la que creia y por una jurisdicción a la que supo darle el reconocimiento que merecía, no en vano es y seguirá siendo un gran referente en esta jurisdicción.

Fue un gran jurista, un leal compañero y un jefe justo, cercano y generoso, sabía dar a cada persona lo que necesitaba, y sacaba de cada uno lo mejor que tenía dentro.

Querido Juanjo, te recordaremos siempre y tu memoria permanecerá imborrable entre todos nosotros; sabemos de la importancia que tuvo en tu vida la jurisdicción de menores, de tu esfuerzo, del sentido de la responsabilidad y del tiempo que le dedicaste para que todo fuera más eficaz y pudieramos llegar a todo; sabemos de tus noches en vela los días de guardia ideando nuevos planes de servicio, nuevos sistemas de trabajo, notas, memorias, informes y estadísiticas para mejorar porque siempre pensabas que todo se podía mejorar… Tu esfuerzo, querido compañero, no quedará en vano para los que tuvimos la suerte de trabajar día a día y codo a codo contigo. Nos has dejado un legado por el que seguiremos luchando, nos contagiaste de tu entusiasmo, de tu vocación y de “cómo se tenían que hacer las cosas”, y seguro que desde donde quiera que estés nos guiarás para recoger ese testigo.

Sara Gómez Expósito
Fiscal de la Fiscalía Provincial de Barcelona y asociada de la UPF

Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Foto de Domènec Umbert
www.elmundo.es
Artículo publicado en el diario EL MUNDO por el Secretariado de la UPF

Artículo publicado en el diario EL MUNDO por el Secretariado de la UPF

El día 6 de octubre se publicó en el BOE una reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en virtud de la cual se introducía por vez primera en el ordenamiento español un inequívoco plazo preclusivo para la instrucción judicial, dejando atrás el ilusorio plazo de un mes que establecía nuestra longeva ley procesal en su artículo 324.

Esta reforma legal, criticada de forma unánime por todas las asociaciones de fiscales y jueces, determina inicialmente un plazo de seis meses para la práctica de diligencias de instrucción, permitiendo prorrogar las investigaciones en supuestos estrictamente tasados, tanto en lo que al tiempo se refiere, como a las causas en que debe apoyarse esa moratoria. Asimismo, la Ley otorga al fiscal -casi en exclusiva- la potestad para solicitar esas prórrogas, no permitiendo que sea el propio juez -que es quien investiga- que pueda dilatar o ampliar los plazos de su propia investigación.

Así las cosas, esta reforma conllevará -a buen seguro- perniciosas consecuencias procesales toda vez que, transcurridos los nuevos plazos, la investigación habrá de concluir necesariamente, abriéndose entonces una segunda fase procesal en la que se deberá tomar la decisión de continuar el procedimiento o, por el contrario, archivarlo, teniendo exclusivamente en cuenta para ello el material probatorio que hubiere podido obtenerse en esa fase preliminar acotada en el tiempo.

Como decíamos anteriormente, y sin perjuicio de la distinta valoración que pueda hacerse respecto de otros aspectos de la reforma, resulta cuando menos llamativo que tanto fiscales como jueces nos hayamos posicionado en contra de los nuevos plazos de instrucción, tanto por la deficiente y equívoca redacción del novedoso precepto, como por lo incoherente que resulta su implementación en el sistema procesal penal español -anclado en la anticuada figura del juez de instrucción napoleónico frente a los modernos sistemas del Derecho comparado que atribuyen al Ministerio Público la dirección de la investigación-, así como por el anormal y sospechosamente exiguo plazo de entrada en vigor -dos meses desde su publicación y una vez disuelto el Parlamento-.

Las asociaciones de jueces y fiscales hemos calificado mayoritariamente la reforma como «ley de punto final» por cuando imponer un límite a la instrucción, un plazo inamovible, puede provocar -como apuntábamos- el archivo de procedimientos o la formulación de acusaciones insuficientemente fundadas para esclarecer los hechos delictivos y sus responsables. Ello puede suponer, por consiguiente, que las investigaciones de procedimientos complejos, como -entre otros muchos- los relativos a delincuencia organizada, corrupción política y económica o blanqueo de capitales, corran el riesgo de ser prematuramente terminadas, sin poder profundizar así en los delicados entramados que los enmascaran.

Fiscales y jueces entendimos que la única salida para esta ley tramitada sin consenso -a todas luces inaplicable, no sólo por lo ya manifestado por las asociaciones, sino también por lo expuesto por los órganos consultivos del Estado, entre ellos el Consejo Fiscal, antes de su aprobación parlamentaria- era aplazar su entrada en vigor hasta que se dotara a fiscalías y juzgados de medios materiales, personales e informáticos ante la endémica e indigna carencia de recursos en la Administración de Justicia española.

El pasado 21 de octubre se publicó en este periódico una severa -e incomprensible por sus innecesarios e insolentes epítetos- respuesta del Ministerio de Justicia a las legítimas críticas y reivindicaciones de todas las asociaciones de fiscales y jueces emitida a través de una carta abierta firmada -entre otros- por miembros del gabinete del ministro y algún letrado defensor de varios imputados en la ‘trama Gürtel’, con el adulador calificativo de «magnífica reforma procesal». Censuramos que se ataque sin paliativos a nuestro colectivo y que, desde el sencillo mirador de la teórica -completamente alejada de la realidad diaria y al servicio del poder establecido-, se permitan deslizar comentarios tan ofensivos hacia el trabajo diario de jueces y fiscales.

Como ya hemos dicho, la redacción de la ley es muy defectuosa y la falta de rigor técnico del texto resulta patente. Es más, el propio ministro la ha llegado a calificar de «disonante», prometiendo medios para parchear este grave dislate legal, aun a sabiendas de que no lo puede cumplir por cuanto se halla al final de su mandato y los Presupuestos Generales del Estado ya han sido aprobados por el Parlamento de la Nación. El ministro al parecer está dispuesto a desobedecer a su propia ley, que en su disposición adicional sobre previsión de costes dice: «Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal».

Pero es más, la pretensión de extender el sistema de plazos a los procedimientos ya iniciados y pendientes de finalizar que se encuentran actualmente en fase de investigación, supondría revisar más de 700.000 causas que actualmente penden en los juzgados de instrucción de toda España. Poner el contador al cero es una misión de imposible cumplimiento con un mínimo de eficacia, salvo que lo que se pretenda realmente sea dar carpetazo a las mismas, y archivar finalmente muchas de ellas sin concluir la investigación. Y todo ello, por supuesto, contando con los medios de gestión documental de una justicia del siglo XIX, de manera casi amanuense.

Por todo lo apuntado, seguimos insistiendo en la necesidad de aplazar la entrada en vigor de la reforma. Todos deseamos una Justicia penal moderna y ágil. Si subrayamos que esta reforma de la ley procesal penal es una «ley de punto final» no lo hacemos -como apuntan los ilustres profesores y especialistas en Derecho procesal que suscribieron la mencionada carta al ministro- por intereses corporativistas e inmovilistas, como tampoco -y mucho menos- por esa velada insinuación de abulia u holgazanería que se desprende del texto en cuestión, mostrando -además- sus firmantes un inquietante desconocimiento de la vertebración de la Fiscalía y de las muchas funciones que los fiscales desarrollan en España al margen del ámbito estrictamente penal -a diferencia de otros países de nuestro entorno-, como es el caso de los procesos civiles y de familia, contencioso-administrativos y sociales, en la jurisdicción de menores y en la jurisdicción voluntaria o en la protección de personas con discapacidad, entre otros muchos.

Del mismo modo, esta petición de aplazamiento de entrada en vigor no es -como se nos achaca- ni menos democrática, ni menos respetuosa con la separación de poderes, que la decisión que tomó en su momento este mismo ministro de Justicia, aplazando la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil. En aquella ocasión valoró con atino las dificultades que suponía su entrada en vigor, en este caso -el de la Lecrim-, pese a las continuas y rigurosas advertencias, persevera en su inexplicable -o sí- obcecación.

No creemos que la Justicia, los ciudadanos, o las víctimas, en especial las víctimas, esperen ni deseen las aciagas consecuencias que desgraciadamente auguramos tras la próxima entrada en vigor de la reforma legal que hemos expuesto sucintamente. El sistema de plazos implantado no encaja en el modelo de proceso penal español. Y esto no sólo lo dice la Unión Progresista de Fiscales. Afortunadamente, los especialistas en Derecho procesal penal no sólo son los firmantes de la carta, ni en las cátedras de éstos reside de forma exclusiva el saber sobre la materia. Quienes a diario aplicamos el Derecho -con idéntico o mejor conocimiento que quienes lo imparten en las aulas- no podemos compartir el contenido de aquella carta y lamentamos que determinados docentes demuestren, tristemente, su lejanía de la realidad y de la práctica forense cotidiana, así como el lamentable déficit que ello supone en la formación de los futuros profesionales de la Justicia.

Firman este artículo los miembros del Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales: Álvaro García Ortiz, fiscal delegado Medioambiente de Galicia; Diego Villafañe Díez, fiscal de la sección territorial de la Fiscalía de Hospitalet de Llobregat, Fiscalía Provincial de Barcelona; Emilio Manuel Fernández García, fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; Carlos García-Berro Montilla, fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid; Eduardo Esteban Rincón, fiscal de la Fiscalía del Tribunal Constitucional; Fernando Rodríguez Rey, fiscal delegado de Extranjería de Cataluña; Virginia García Aller, fiscal de la Fiscalía de Área de Vilanova i la Geltrú – Gavà; Francisca Asunción Valenzuela Fernández, fiscal de la Sección Territorial de Linares de la Fiscalía Provincial de Jaén; y María de las Heras García, fiscal adscrita a la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado.

Comunicado UPF tras reunión con el Ministro de Justicia

Tras la reunión mantenida con el Ministro de Justicia, la UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES pone de manifiesto su profunda decepción por el resultado de la misma en la que una vez más nos hemos encontrado con la incapacidad absoluta del Ministerio de Justicia para escuchar y atender el clamor generalizado de todos los operadores jurídicos en contra de la entrada en vigor de la ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
 
Ha sido la propia sordera del Ministerio, de su iniciativa legislativa -que ha ignorado en el momento de la redacción del texto los consejos aportados por los órganos consultivos del Estado-, así como las prisas o urgencia política por “encajar” esta ley antes de que finalice la legislatura, lo que ha provocado este indeseable resultado.
 
En este caso, la firma de nada menos que 1.194 fiscales españoles y la unanimidad de las asociaciones de fiscales comprometiendo su voluntad para evitar la entrada en vigor de la norma, es un hecho que le resulta irrelevante al Ministerio, quien, pleno de soberbia jurídica, trata de darnos explicaciones sobre cómo aplicar la ley y promete, como parches de última hora, medios materiales insuficientes e ineficaces antes de la entrada en vigor de la norma y cuyo cumplimiento y efectividad el Ministro no está  en condiciones de asegurar ante el fin de su mandato.
 
La voluntad y necesidad de acortar los tiempos de instrucción es una evidencia que no necesita mas explicación pero el instrumento utilizado -la  reforma del art 324  de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada a través de la Ley 41/2015, de 5 de octubre- es técnicamente deficiente, jurídicamente confuso y procesalmente incongruente, incluso con visos de inconstitucionalidad en alguno de sus postulados. La ley plantea un reparto de papeles entre jueces y fiscales de otro modelo procesal y, sobre todo, parte de una realidad, la deteriorada  realidad del día a día de nuestras fiscalías y de los juzgados y tribunales, desconocida absolutamente por el Ministerio de Justicia y el legislador.
 
Lamentamos profundamente que la Fiscal General del Estado no encabece, como nos hubiera gustado, esta justa petición, y que le dé la espalda a la Carrera Fiscal en un momento inmejorable para demostrar nuestra autonomía e independencia del ejecutivo.
 
La justicia necesita buenos instrumentos para luchar contra la delincuencia compleja, necesita medios materiales, jueces, fiscales, peritos, investigadores, y necesita -también- que las leyes sean fiables, aplicables y técnicamente sostenibles. El fin del proceso penal es investigar el delito y perseguir a los culpables, pero con esta ley -en su actual planteamiento- corremos el riesgo de que quien se beneficie de los plazos no sea la sociedad ni la justicia ,y mucho menos las víctimas de los delitos, sino quienes evitan por todos los medios a su alcance ser investigados, quienes mayor interés tienen en dilatar los procesos y procurar su impunidad.
 
Por consiguiente, volvemos a solicitar -puesto que aún hay posibilidad de hacerlo y solamente depende de la voluntad del Ejecutivo- que antes del 5 de diciembre de 2015 el Gobierno aplace la entrada en vigor de la norma. Es una petición sensata, respetuosa con la separación de poderes y amparada en la voluntad de evitar las indeseables consecuencias de una ley que no deseamos sea recordada como la ley de punto final española.
 
Santiago de Compostela a 20 de octubre de 2015

COMUNICADO DEL CONSEJO FISCAL SOBRE REFORMA LECrim

Queridos compañeros

 

El Consejo Fiscal de esta mañana tenía una repercusión especial para la Carrera y por esa razón nos apresuramos a dar cuenta de su desarrollo, marcado por la recepción de una carta firmada por un importantísimo porcentaje de miembros de la Carrera y por la presencia del Ministro de Justicia en la sede de la Fiscalía General del Estado coincidiendo con nuestra reunión.

 

Compartimos el ponderado contenido de la carta que recibimos, felicitamos  a quienes han tomado la iniciativa y a todos cuantos han participado activamente en ella y agradecemos a todos quienes la han suscrito. Como no podía ser de otra manera, todos los vocales electos del Consejo somos sensibles a la petición y hemos actuado como una sola voz, respondiendo a la demanda.

 

El Ministerio Fiscal actúa con inquebrantable sujeción a la ley y ha cumplido y cumplirá con responsabilidad y dedicación cuantas funciones se le atribuyen legalmente.

 

Ratificamos el contenido de nuestro informe de 2 de enero de 2015 de la entonces proyectada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en particular sobre el establecimiento de los plazos de instrucción y que se ha plasmado en la Ley 41/2015 y en el que literalmente se decía: “La pretendida modificación del art. 324 de la LECrim. tiene como finalidad la fijación de plazos máximos de instrucción, lo que no resulta  propio del sistema procesal penal español actual sino  del sistema acusatorio puro con instrucción del Fiscal en exclusiva y libre de injerencias durante un plazo determinado. En el sistema actual el establecimiento de  un plazo de instrucción con monopolio del Fiscal de la facultad de solicitar  la prórroga del mismo resulta un contrasentido, al hallarse la instrucción dirigida por el Juez”. Y los informes del Consejo Fiscal responden a criterios estrictamente técnicos que eviten situaciones que perjudiquen los derechos de los ciudadanos o el interés social y este párrafo no es una excepción.

 

La presencia del Ministro de Justicia obedece a su petición ante la Comisión de Coordinación de la Fiscalía General del Estado, interrumpiendo el Consejo Fiscal su sesión, momento que aprovechamos para transmitir al Ministro la inquietud de la Carrera.

 

Hemos solicitado al Ministro de Justicia la urgente puesta en marcha  de una propuesta legislativa dirigida a extender el plazo de entrada en vigor de la Ley. Hemos expresado que con la actual dotación de plantilla, personal colaborador y medios materiales y tecnológicos, el Ministerio Fiscal no está en condiciones de asegurar el eficaz cumplimiento de la normativa de plazos procesales.

 

En el estado actual de la legislatura, con las Cortes Generales a punto de su disolución, si es que procede su modificación, no hay oportunidad realista de redactar el art. 324 LECrim de una manera ponderada suficientemente

COMUNICADO CONJUNTO SOBRE REFORMA LECrim

COMUNICADO CONJUNTO SOBRE REFORMA LECrim

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JUECES PARA LA DEMOCRACIA, ASOCIACIÓN DE FISCALES, ASOCIACIÓN DE JUECES FRANCISCO DE VITORIA, FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE, ASOCIACIÓN PROFESIONAL E INDEPENDIENTE DE FISCALES y UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES


La Ley 41/2015 de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, publicada en el BOE el pasado día 6 de octubre, introduce para la finalización de la instrucción lo que en su Preámbulo denomina «plazos máximos realistas cuyo transcurso sí provoca consecuencias procesales» en sustitución del «exiguo e inoperante plazo de un mes del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal«. Dichos plazos son de seis y dieciocho meses, «según se trate de un asunto sencillo o complejo«. La nueva redacción del artículo atribuye, además, al Ministerio Fiscal el impulso procesal para la solicitud de la prórroga de los anteriores plazos cuando en los mismos no pueda completarse la instrucción.
Establecer un plazo límite sujeto a control en nuestro modelo procesal -en el que la investigación está en manos del juez instructor- puede resultar absurdo, pues es el propio juez quien ha de controlar la realización efectiva en plazo de sus propias diligencias procesales, como es también absurdo otorgar al Ministerio Fiscal, en régimen de monopolio, la facultad de pedir prórrogas a quién está dirigiendo y controlando la investigación cuando puede haber desacuerdos en la misma o, incluso, desconocer el contenido o la existencia de dicha investigación.
Ello coloca a los miembros del Ministerio Fiscal en una irresoluble tesitura, al resultar de imposible cumplimiento el mandato legal con los medios personales y materiales con que se cuenta en la actualidad, y a los jueces de instrucción en un delicado papel en el que, dirigiendo ellos la instrucción, carecen de la capacidad para prolongarla en el tiempo, si no es tras la petición del fiscal.
En definitiva, el legislador ha confundido tanto el modelo procesal como el papel de los actores, lo que lleva a su último extremo la falta de coherencia de la reforma.
Por si esto fuera poco, su entrada en vigor está prevista en el plazo de dos meses desde su publicación. Así, el 5 de diciembre se aplicará a todos los procedimientos vigentes, es decir, habrá que revisar todas las causas penales que se encuentran en fase de instrucción en todos los juzgados de España, teniendo éstos que atender la carga de trabajo ordinaria, y todo ello -como dice la propia ley- sin necesidad de habilitación presupuestaria alguna.
Es por lo tanto, una auténtica ley de punto final de la que va a resultar la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados y, por ello, las asociaciones firmantes solicitan la suspensión de la entrada en vigor de la reforma hasta que, al menos, no se cuente en todo el territorio nacional con los medios personales, materiales e informáticos que posibiliten el cumplimiento de la norma.
 15 de octubre de 2015