COMUNICADO SOBRE LA REFORMA PROCESAL, POSTURA DE LA AF Y LA UPF EN EL PRÓXIMO CONSEJO FISCAL.

La Ley 41/201 de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, publicada en el BOE el pasado día 6 de octubre, introduce para la finalización de la instrucción lo que, en su Preámbulo, denomina «plazos máximos realistas, cuyo transcurso sí provoca consecuencias procesales», en sustitución del «exiguo e inoperante plazo de un mes del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
Dichos plazos son los de seis y dieciocho meses, «según se trate de un asunto sencillo o complejo». La nueva redacción del artículo atribuye, además, al Ministerio Fiscal el impulso procesal para la solicitud de prórroga de los anteriores plazos cuando en los mismos no pueda completarse la instrucción.
Como ya dijo el Consejo Fiscal en su informe de fecha 22 de enero 2015: « La fijación de un plazo máximo de instrucción o investigación tiene razón de ser y es propia del sistema “acusatorio puro”: instrucción del Fiscal en exclusiva y libre de injerencias durante un periodo tasado de tiempo. El control de la duración de la investigación , que en realidad se concreta en el control de la necesidad justificada de seguir investigando más allá de un plazo razonable, corresponde al Juez quien decide si la investigación está razonablemente agotada o hay razones para prorrogarla. Establecer un plazo límite sujeto a control en nuestro modelo procesal en el que la investigación está en manos del Juez Instructor  puede resultar hasta absurdo por razones tales como que el propio Juez ha de controlar la realización efectiva en plazo de sus propias diligencias procesales,  que el Fiscal ostente, en régimen de monopolio, la facultad de pedir prórrogas a quien está dirigiendo y controlando la investigación cuando puede no compartir el curso de la misma o incluso no conocerlo. Por tanto, hasta que no se produzca la necesaria reforma del proceso penal español tal medida de limitación temporal sujeta a control carece de sentido,  de utilidad y resulta de difícil aplicación práctica por lo que el Consejo Fiscal solicita su supresión».
Las fundadas razones expuestas por el Consejo Fiscal no han sido, sin embargo, atendidas en la reforma legislativa, colocando con ello a los miembros del Ministerio Fiscal en una irresoluble tesitura, al resultar de imposible cumplimiento el mandato legal con los medios personales y  materiales con que se cuenta, puestoque, además, la obtención de datos que pueda realizar el Fiscal depende exclusivamente de la información que quiera facilitarle el Juzgado, sin que pueda asegurarse la bondad de los mismos.
La Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales quieren expresamente apoyar el informe emitido por sus consejeros, en la absoluta seguridad de que seguirá siendo la postura que, frente al Ministerio, se mantenga en el próximo Consejo Fiscal del día 20 de octubre, y desde las dos ejecutivas y de acuerdo con los  consejeros  elegidos en sus listas,  anunciamos que  se va  a solicitar en el mismo,  la suspensión de la entrada en vigor del referido artículo en tanto no se cuente en todo el territorio nacional con los medios personales, materiales e informáticos, que posibiliten el cumplimiento de la norma.
Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales.
Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales.

Comunicado UPF sobre reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

A poco más de dos meses de finalizar la legislatura, el Boletín Oficial del Estado publica hoy -6 de octubre de 2015- una nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La voracidad reformista del actual Ministerio de Justicia, que ha supuesto la modificación de la práctica totalidad del abanico de materias jurídicas posible -con la consiguiente inseguridad jurídica no solo para los ciudadanos, sino también para el grueso de los operadores jurídicos-, se remata ahora con una reforma de la Ley de Enjuiciamiento de Criminal de 1882 de previsibles aciagas consecuencias prácticas.
 
Como ya hemos manifestado en reiteradas ocasiones, el legislador español sigue parcheando la vetusta ley procesal sin abordar una definitiva reforma del proceso penal que atribuya al Ministerio Fiscal en condiciones de efectiva autonomía -como sucede en la abrumadora mayoría de las legislaciones occidentales- la dirección de la investigación penal.  Por el contrario, habiendo renunciado los dos últimos Gobiernos a sus respectivos proyectos de reforma integral del sistema procesal -anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011 y Código Procesal Penal de 2013-, el legislador actual opta por un nuevo remiendo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, manteniendo la figura inquisitiva del juez de instrucción, fija expresamente un plazo temporal para llevar a término las investigaciones judiciales con el consiguiente efecto adverso para el esclarecimiento de los hechos delictivos y la averiguación de sus responsables.
 
Desde la Unión Progresista de Fiscales mostramos nuestro más enérgico rechazo a una reforma que denota el más absoluto desconocimiento por parte del Ministerio de Justicia de la realidad diaria de los juzgados y fiscalías. La desoladora trayectoria del Ministerio en los últimos cuatro años con medidas de nefastas consecuencias para la administración de justicia culmina ahora con una reforma procesal que, lejos de mejorar el sistema de investigación de los hechos delictivos, determinará la impunidad de una buena parte de ellos como consecuencia del establecimiento de un plazo tasado de instrucción. Entendemos, pues, que establecer un plazo para las investigaciones judiciales resulta una burla a la pretendida agilización de la justicia penal y supone una desafortunada y errónea fórmula para combatir la creciente delincuencia cada vez más compleja cuando, al mismo tiempo, la escasez de recursos económicos y de medios personales y materiales en la administración de justicia es francamente preocupante.
 
Asimismo, la Unión Progresista de Fiscales lamenta la significativa pérdida de peso institucional de la Fiscalía General del Estado ante la sociedad y ante el Ministerio de Justicia y por ello reclamamos una actitud mas enérgica de la Fiscal General en defensa de nuestros intereses ante una serie de reformas legislativas que no hacen sino dificultar la investigación judicial y entorpecer la labor del Ministerio Fiscal en la promoción de la acción de la justicia, al tiempo que implican una extraordinaria carga de trabajo para fiscales y jueces, difícil de asumir con los precarios medios personales y materiales con que contamos en la actualidad. 
 
Santiago de Compostela, 6 de octubre de 2015

Manifiesto de apoyo a los jueces y fiscales de Turquía

En los últimos meses estamos asistiendo a una situación de claro deterioro del Estado de Derecho en Turquía. Jueces y fiscales han sido presionados en su actividad profesional con medidas tales como traslados forzosos o suspensiones e, incluso, varios jueces han sido detenidos por razón de decisiones judiciales que han dictado en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, sin que se hayan respetado los mecanismos legalmente establecidos para el caso de discrepancia con el fondo de las mismas y sin que las razones de estas detenciones hayan sido aclaradas. Se da la circunstancia de que en todos los casos se trataba de asuntos especialmente sensibles para el poder ejecutivo.

La Unión Progresista de Fiscales quiere expresar su consternación, preocupación y repulsa por estos acontecimientos que están comprometiendo la independencia y autonomía de jueces y fiscales en el ejercicio de sus funciones en Turquía. Cualquier intento de control del poder judicial por parte del poder ejecutivo y toda forma presión que pretenda influir y condicionar la labor profesional de jueces y fiscales deben ser condenados en tanto compromete seriamente los estándares internacionales de un Estado de Derecho y es absolutamente contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos, tal y como ponen de manifiesto las Recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa CM/Rec (2000) 19 sobre el papel del Ministerio Fiscal en el sistema de justicia penal y CM/Rec (2010) 12 sobre los jueces: independencia, eficacia y responsabilidades.

Apoyamos asimismo a la asociación turca de jueces y fiscales, YARSAV, cuyo Presidente, Murat Arslan, ha sido cesado como miembro del Tribunal Constitucional turco por criticar esta acción del Gobierno sobre los jueces y fiscales turcos, siguiendo esta misma línea de acoso a las voces en defensa de la independencia del poder judicial, los derechos fundamentales y el Estado democrático de Derecho.

 

Santiago de Compostela, a 22 de septiembre de 2015

Secretariado Permanente de la U.P.F.

Comunicado UPF sobre reforma de la Ley del aborto

Desde la Unión Progresista de Fiscales mostramos nuestro enérgico rechazo a la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada el pasado 9 de septiembre por el Pleno del Senado.

En primer lugar, porque la forma de proposición de Ley Orgánica elegida por el Gobierno no busca sino soslayar cualquier informe de los órganos consultivos del Estado, persistiendo así en una línea de legislación en solitario, que elude el debate y la búsqueda de un consenso que resulta no sólo deseable sino imprescindible en democracia.

Por otra parte, y ya en cuanto al fondo, la derogación del apartado cuarto del artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2010 obligará a las menores de 16 y 17 años que deseen una interrupción de su embarazo no consentida por sus progenitores a acudir a la vía judicial para recabar dicho consentimiento, lo que a buen seguro constituirá un supuesto residual, abocando a las menores a aceptar la voluntad familiar.

Especialmente preocupante será el caso de aquellas menores a las que la actual redacción de la Ley exime incluso del deber de información, por existir un peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o cuando se produzca una situación de desarraigo o desamparo. La imperatividad de recabar el consentimiento del progenitor en estos casos, obviamente previa comunicación del embarazo, generará un riesgo intolerable para la integridad tanto física como moral de estas menores, cuyo superior interés debería estar en todo caso tutelado.

Por todo ello, la modificación legislativa indefectiblemente fomentará la clandestinidad en la interrupción del embarazo en un colectivo tan especialmente vulnerable como es el de las menores de edad, comprometiéndose así no sólo la salud e integridad física de las mismas sino incluso su vida.

No nos cansaremos de proclamar el derecho de la mujer a ejercer libremente sus derechos reproductivos y de recordar que la forzosa imposición de una maternidad no deseada constituye una forma más de discriminación y de violencia que perpetúa las más arraigadas estructuras patriarcales y machistas, que deben ser proscritas de una vez por todas de una sociedad democrática como la nuestra.

En lugar de acudir de manera sistemática a líneas legislativas de corte restrictivo, firmemente creemos que ha de apostarse por políticas de tipo preventivo que incidan de manera especial en la formación, facilitándose asimismo a todas las mujeres el acceso a los medios anticonceptivos y contraceptivos. El fomento de la natalidad habrá de pasar necesariamente por medidas de carácter social que asistan a las mujeres en su soberana decisión de ser madres, especialmente en los casos de familias monoparentales. Imperativo resulta también tanto el fomento de la conciliación de la vida profesional y familiar, como lucha contra la discriminación laboral por razón del embarazo y la maternidad.

En Santiago, a 14 de septiembre de 2015

Secretariado Permanente de la U.P.F.

Comunicado UPF sobre la situación actual de los refugiados

 

En una Europa de mercaderes la crisis de los refugiados que atormenta las conciencias de los ciudadanos de la Unión Europea ha puesto de manifiesto una vez más la incapacidad de las instituciones europeas en general, y del Gobierno español en particular, de obrar conforme a los principios que debieran regir su actuación establecidos en los Tratados fundacionales para las primeras y en la Constitución para el segundo.

 

Esta actuación, ajena a los principios más básicos de la civilización, hace que la brecha entre las instituciones y los ciudadanos se haga cada vez más profunda. La sociedad civil no puede suplir la pasividad institucional. Basta recordar la generosa acogida del gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas a los exiliados españoles de 1939 y compararla con la cicatera actuación de nuestros gobernantes actuales para comprobar que los derechos humanos se encuentran amenazados en Europa.

 

La Unión Progresista de Fiscales denuncia que esta actuación europea es, no ya solo moral y éticamente inaceptable, sino que además es jurídicamente improcedente.

 

Resulta desalentador, ante el drama vivido a diario, tener que recordar que el Tratado de Lisboa fijaba como finalidad hacer una Unión Europea más democrática, más eficiente y mejor capacitada para abordar, con una sola voz, los problemas mundiales, siempre obrando en pro de la paz, la justicia y la solidaridad en el mundo. Así, su artículo 2.5 dispone que «en sus relaciones con el resto del mundo, la Unión afirmará y promoverá sus valores e intereses y contribuirá a la protección de sus ciudadanos. Contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, así como al estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas».

 

Por otra parte, el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa (que se firmó pero no llegó a ratificarse) iba precedido de un preámbulo que recordaba que la Unión está fundada sobre los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos, incluidos los de las minorías.

 

Además, el artículo 1.2 de nuestra Constitución sienta como valores superiores la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político y su artículo 10 fija como fundamento del orden político y la paz social la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes.

 

Con todo este acervo legislativo, la U.P.F. considera que las razones presupuestarias no pueden llevar a eludir las responsabilidades que para con los refugiados tiene la Unión Europea en general y el Gobierno de España en particular, ni facultan a ninguna autoridad a desconocer los principios que rigen nuestra vida en común y cuyo cumplimiento es exigido por los ciudadanos y la sociedad civil.

 

Secretariado Permanente de la U.P.F.

Comunicado UPF sobre la excedencia voluntaria del ex Fiscal General del Estado

Hoy -1 de septiembre de 2015- no es un buen día para la Justicia ni para la transparencia que la ciudadanía reclama de las decisiones gubernamentales en España. Hoy entra en vigor y comienza a surtir efectos jurídicos la componenda cristalizada el 30 de julio entre el Gobierno y el ex Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en virtud de la cual se declara su situación de excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal por interés particular, interés que no es otro que engrosar las filas de un conocido despacho de abogados, soslayando claramente el artículo 15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado que determina un plazo de incompatibilidad de dos años posteriores al cese para prestar servicios en entidades privadas.

Desde la Unión Progresista de Fiscales entendemos seriamente preocupante y así lo denunciamos públicamente que el ex Fiscal General del Estado sea autorizado por el Gobierno para ejercer la abogacía tras su abandono del cargo de máxima autoridad del Ministerio Público el mes de diciembre de 2014, sin hacer uso -además- de la garantía de autonomía que el Estatuto del Ministerio Fiscal le reconoce.

El conocimiento que tiene un Fiscal General del Estado sobre investigaciones en curso propias o ya judicializadas debe resultar absolutamente incompatible con el ejercicio inmediatamente posterior de la profesión de letrado. Así las cosas, consideramos profundamente censurable que el caudal de conocimientos e información que el ex Fiscal General adquirió en el ejercicio de su cargo pueda ser puesto ahora al servicio de la defensa de quienes el Ministerio Público investigue o acuse posteriormente.

Comunicado UPF contra la violencia machista.

 

La UPF  condena rotundamente la violencia machista que ya ha matado en 10 años a mas de 700 mujeres en España.

Tras los últimos acontecimientos violentos  sufridos por mujeres y sus hijas e hijos, víctimas de esta violencia machista y de las estructuras que las sostienen, desde la Unión Progresista de Fiscales entendemos indispensable que se priorice desde todos los sectores implicados y sus instituciones -educación, salud, servicios sociales, igualdad y justicia- políticas públicas orientadas a la prevención, formación, tratamiento y ayudas de las personas que se hallen inmersas en ese círculo de violencia, y de toda la sociedad en su conjunto.

Como ya venimos insistiendo, consideramos absolutamente imprescindible un pacto de estado y una férrea implicación del gobierno para que ponga todas las instituciones al servicio de la lucha contra esta lacra machista.
Recordamos que el reciente informe de fecha 24 de julio de la CEDAW (Convención de la ONU por la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres) resulta elocuente al señalar que «las medidas de austeridad financiera y económica» adoptadas por el Ejecutivo español han tenido «efectos negativos» sobre la mujer.

Por otro lado, ante estos ignominiosos acontecimientos entendemos esencial la reactivación de las funciones y competencias de la Fiscalía de Sala de violencia sobre la Mujer.

El Secretariado Permanente de la UPF 

 

Santiago de Compostela 13 de agosto de 2015

La Unión Progresista de Fiscales critica el exceso de reformas legislativas

En el último mes, coincidiendo con el final de esta legislatura, asistimos a la promulgación o entrada en vigor de  nuevas normas, un autentico sprint legislativo ante la llegada de las elecciones y que provoca cambios en materias tan importantes como, CÓDIGO PENAL, LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, LEY DEL JURADO,  LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA, LEY DEL MIEMBRO NACIONAL DE EUROJUST, LEY DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, CÓDIGO CIVIL, LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL ,LEY DEL REGISTRO CIVIL, CÓDIGO DE COMERCIO, LEY DE PATRIMONIO DEL ESTADO, LEY DEL NOTARIADO, LEY DE DEFENSA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, LEY HIPOTECARIA, y están previstas dos importantes modificaciones de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL y de nuevo de la LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.

Como ciudadanos y juristas mostramos una seria preocupación por esta prodigalidad reformista con iniciativas legislativas que inciden directamente en el ejercicio de nuestros derechos constitucionales, al tiempo que contravienen la más mínima seguridad jurídica.

En Santiago de Compostela a 9 de Julio de 2015

El Secretariado Permanente

Reformas legislativas y carrera fiscal.

Desde la Unión Progresista de Fiscales asistimos atónitos a las últimas reformas legislativas -Código Penal, Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y Ley de Enjuiciamiento Criminal- cuya publicación y entrada en vigor en el último tramo de la legislatura se precipitan de forma incomprensible. Como venimos apuntando, estas iniciativas legislativas, rechazadas por la mayor parte de los juristas de nuestro país, inciden negativamente en los derechos fundamentales de los ciudadanos. Incluso, la reforma penal implantada -con la introducción de los delitos leves- conlleva una drástica reducción de las garantías del justiciable. Pero es más, el excepcional plazo de tres meses de vacatio legis establecido por la L.O 1/2015 para la entrada en vigor de la reforma del Código Penal no ha permitido realizar con tiempo a los operadores jurídicos un análisis riguroso y en profundidad de las modificaciones introducidas, muchas de las cuales -algunas de ellas debidas a graves errores técnicos del legislador- suponen serias disfunciones en el ejercicio diario de nuestra profesión, además de generar una indeseable carga de trabajo adicional cuando, en teoría, una de las finalidades de la reforma no era sino aliviar el volumen de la actividad de Juzgados, Tribunales y Fiscalías.

Por el contrario, otras muchas reformas, que dependen únicamente de la voluntad del Ministerio de Justicia y que supondrían una evidente mejora de nuestros derechos laborales en el desempeño cotidiano de nuestro trabajo, se aplazan sine die o quedan directamente en el olvido. En este contexto, resulta oportuno insistir -y así lo denunciamos públicamente- que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aún adeuda a los funcionarios de la Administración de Justicia buena parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 y que, del mismo modo, el Ministerio de Justicia tiene pendiente de resolver reclamaciones efectuadas por el día de libranza no disfrutado tras la guardia y debe aclarar, además, qué ocurre con nuestros derechos pasivos en relación con otros cuerpos funcionariales del Estado.

Asimismo, la Unión Progresista de Fiscales quiere llamar la atención sobre otra cuestión fundamental que fue promesa y bandera del anterior Fiscal General del Estado, y que debería serlo de la actual,  cual es la pretendida autonomía del Ministerio Público y, en concreto, su autonomía presupuestaria. Así las cosas, la sujeción de la Carrera Fiscal al Ministerio de Justicia en materia de nombramientos, resoluciones, recursos y, especialmente, en cuestiones de índole presupuestaria, impiden que -en la práctica- el Ministerio Fiscal en España sea autónomo del poder ejecutivo.  Si a ello sumamos que la trasferencia en materia de provisión de medios materiales a las Comunidades Autónomas provoca indeseables diferencias entre Fiscalías, esa ansiada y necesaria autonomía resulta aún una mera quimera a la que, sin embargo, no estamos dispuestos a renunciar.

En Santiago de Compostela a 6 de julio de 2015

El Secretariado Permanente.