ARTÍCULO 324 LECRIM E IMPUNIDAD

La reforma en 2015 por el Partido Popular del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal fijó unos plazos máximos de instrucción de las causas penales que, como reiteradamente hemos denunciado, además de otros defectos, puede ser una vía de impunidad de graves delitos, particularmente los de corrupción.
 
Por ello, prácticamente desde su entrada en vigor ha sido duramente criticada esta reforma, y todo el arco parlamentario ha solicitado reiteradamente su derogación. Para ello, el Congreso de los Diputados tomó en consideración, en Mayo de 2017 una Proposición de Ley del Grupo Unidos Podemos en este sentido.
 
Iniciada su tramitación parlamentaria, ha resultado que en la Mesa del Congreso se ha impedido de hecho que tal iniciativa llegue a ser aprobada, y ello por la vía de la fijación y ampliación de los plazos de enmiendas.
 
Con ocasión de la reunión celebrada en el Congreso de los Diputados el día 3 de Septiembre de 2018 a iniciativa del Presidente del Partido Popular, y en presencia de los responsables de las 7 asociaciones de Fiscales y Jueces, la UPF le preguntó expresamente por esta cuestión, respondiendo el Sr. Casado que estaba a favor de la derogación del 324 LECrim. Sin embargo, el día 4 de septiembre se amplió el plazo de enmiendas y tras esta fecha, otras 10  veces.
 
En el día de ayer el Pleno del Congreso aprobó otra Proposición no de Ley con el mismo objeto con el voto en contra del Grupo Popular, y simultáneamente la ampliación número 54 del plazo de enmiendas, para una reforma que tiene doce palabras (Artículo único. Queda derogado el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
Desde la Unión Progresista de Fiscales apelamos a la responsabilidad en aras a disponer de una legislación que permita y no impida a jueces y fiscales perseguir los delitos, con medios adecuados y sin medidas legales que puedan favorecer la impunidad de los delincuentes.
 
Pero de mantenerse esta situación, entendemos que nuestra Constitución da vías para lograr el mismo objetivo: el próximo día 6 de diciembre vence el plazo máximo de 18 meses fijado para instruir las causas incoadas antes de su entrada en vigor, y es evidente por ello la urgencia y la necesidad precisas para derogar ese pernicioso artículo por la vía del Decreto-Ley.
 
 
Albacete, 14 de noviembre de 2018
El Secretariado Permanente.

INFORMACIÓN SOBRE LA REUNIÓN DEL CONSEJO FISCAL DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2018

 

A continuación, los Vocales electivos a propuesta de la UPF os informamos de las cuestiones de mayor relevancia suscitadas en la última reunión del Consejo Fiscal:

 

Primero. Se aprobó el Plan de Formación Permanente de la Carrera Fiscal ya elaborado por la Secretaría Técnica y los Vocales de la UPF propusimos mejoras para próximos planes, tales como el aumento de cursos de iniciación a la especialización en las distintas materias; la oferta de un curso sobre Fiscalía Digital a fin de que la Fiscalía General asuma el liderazgo en la coordinación de esta formación y la homogeneización de soluciones que han tenido que implementarse por las propias Fiscalías territoriales; el favorecimiento de formación en idiomas extranjeros a todos los Fiscales; y la exigencia al CEJ de mayor transparencia en la baremación y concesión de cursos de formación continua.

 

En relación con los cursos organizados por las Asociaciones de Fiscales (3 AF, 2 UPF y 1 APIF), se acordó que se distribuirán en lo sucesivo en función del número de asociados, debiendo certificar la presidencia de cada Asociación el número de afiliados en servicio activo. La UPF cuenta al día de hoy con 251 asociados en activo.

Para este próximo año, la UPF ha propuesto dos cursos: uno sobre Ministerio Fiscal y Derechos Humanos -en homenaje a nuestro compañero Manuel Miranda Estrampes- y otro sobre Ministerio Fiscal y perspectiva de género.

 

 

Segundo. Nombramiento en comisión de servicios para la Fiscalía Especial Antidroga.

 

Los vocales de la UPF valoramos especialmente los CV de María Ángeles González Roldán y de María Jesús Armesto Rodríguez, en la medida en que de entre los peticionarios eran las dos candidatas con mayor y dilatada experiencia en antidroga. Siguiendo el criterio que nos hemos impuesto, a igualdad de méritos y sin la concurrencia de ninguna otra circunstancia de especial relevancia, dimos nuestro apoyo a María Jesús Armesto por ser la más antigua.

 

 

Tercero. Compatibilidades.

 

La primera de las compatibilidades venía referida a la participación de una compañera en un programa de TVE de forma continuada pero en días de permiso o libranza. Los Vocales de la UPF informamos a favor de la compatibilidad por entender que la libertad de expresión debe primar en ausencia de regulación específica del EOMF. La Fiscal General entendió que no procede la compatibilidad por entender que la nota de habitualidad lo impide. No obstante, se señaló la conveniencia de reforzar la política de comunicación pública del Ministerio Fiscal para dotar a la Institución de una mayor transparencia hacia la sociedad.

 

La segunda de las compatibilidades venía referida a la participación de un compañero en la Comisión Jurídica Asesora de Derecho Privado del Gobierno de Aragón, no encontrando obstáculo los vocales de la UPF.

 

La tercera venía referida  a la participación remunerada de un compañero en una ponencia en un despacho de abogados. En este punto, un Vocal de la UPF lo consideró incompatible por poder comprometer los principios de objetividad e imparcialidad del Ministerio Fiscal.

 

 

Cuarto. Propuesta de revisión de retribuciones ofrecida por la Fiscalía General del Estado (a petición de la AF).

 

Se introdujo este punto del orden del día a petición de los Vocales electos de la AF, petición a la que adjuntaron un escrito del que a día de hoy todavía no se nos ha dado traslado, por lo que no podemos pronunciarnos sobre el mismo. En cualquier caso, destacar que la Fiscal General, en orden a las retribuciones, consideró que lo procedente era estar a resultas de la propuesta del Ministerio de incremento salarial para elaborar un informe conjunto con las Asociaciones. Avanzó igualmente las líneas fundamentales de la propuesta institucional, que son las que siguen:

 

1)      Revisión de las percepciones por las guardias.

2)      Actualización de los grupos de la Ley.

3)      Adecuación a la organización estatutaria de los Fiscales jefes de Área, Decanos y Delegados de Fiscalías especiales.

 

 

Quinto. Destacamento temporal de Fiscal destinado en la Sesión Territorial de Olot (Fiscalía Provincial de Girona).

 

Se trató de la situación personal de un compañero que tiene reconocida una discapacidad que le dificulta sobremanera la vida diaria alejado del núcleo familiar que le brinda un apoyo que le resulta imprescindible.

 

Por algunos vocales electos de la AF se mostró su reticencia al entender que la figura proyectada por la Inspección Fiscal (destacamento temporal por la vía de refuerzo) no estaba pensada para estos casos, alertando igualmente de un “efecto llamada” que hiciera que estas peticiones pudieran generalizarse.

 

Por el contrario, los Vocales de la UPF nos mostramos unánimes en el apoyo a esta solución al considerar que es la única vía posible para poder solucionar un problema que, además del aspecto humano evidente, afecta al derecho a la integración laboral de las personas con discapacidad física (art. 49 de la Constitución).

 

 

Sexto. Incidencia de retrasos en concursos de destinos de la Carrera Fiscal.

 

Al objeto de hallar una solución a los puntuales supuestos de retraso en el despacho de causas de unos pocos compañeros tras haber obtenido un traslado en concurso, se propone por el Consejo que en el próximo concurso reglado en la convocatoria se incluya una previsión análoga a la del art. 173.4 Reglamento de la Carrera Judicial, debidamente adaptada a las características propias del Ministerio Fiscal. El mencionado artículo dice así:  “El Consejo General del Poder Judicial, una vez haya emitido informe el Servicio de Inspección, mediante resolución motivada aplazará la efectividad de la provisión de una plaza de juez o magistrado cuando el que hubiere ganado el concurso a dicha plaza debiera dedicar atención preferente al órgano de procedencia, atendidos los retrasos producidos por causa imputable al mismo. Este aplazamiento, cuyo objeto será la preferente atención del órgano de procedencia, tendrá una duración máxima de tres meses. Transcurrido dicho plazo, si la causa que motivó la situación de pendencia hubiera desaparecido totalmente, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial así lo certificará, en cuyo caso el adjudicatario cesará en el órgano de procedencia. De no haber sido resuelta la situación de pendencia en los términos fijados por la resolución motivada, el juez o magistrado perderá su derecho al nuevo destino”.

 

 

Séptimo. Informes de los Fiscales Superiores ante la cobertura de plazas de nombramiento discrecional en la Comunidad Autónoma.

 

A instancias de un Consejero de la UPF en la reunión anterior, se debatió el alcance de la publicidad de estos informes, preceptivos en los concursos de nombramiento discrecional, al poder colisionar la necesaria transparencia en el proceso de nombramientos discrecionales con el derecho a la intimidad de la persona a la que el informe viene referido. Las posiciones fueron de lo más variado, desde la publicidad solo a los afectados, también a todos los interesados o a toda la plantilla, alcanzándose finalmente el acuerdo de que esos informes fueran comunicados a todos los peticionarios de una misma plaza.

 

Igualmente, en el ámbito interno de cada una de las Fiscalías, se acordó, en aras a una mayor transparencia, que la designación por el Fiscal Jefe respectivo de los diferentes delegados fueran íntegramente comunicados a toda la plantilla (persona designada y motivación).

 

 

Octavo. Diversas propuestas documentadas y elevadas al Consejo por los Vocales de la UPF.

 

Introdujimos este punto en el orden del día (con documentos que se anexan a la presente comunicación y de los que se dio traslado a los demás Vocales del Consejo Fiscal con carácter previo a la reunión y con tiempo suficiente para su estudio y valoración) por considerar que son propuestas tendentes a facilitar las condiciones laborales de todos los compañeros. Algunas de ellas novedosas en la carrera y que no habían sido expuestas con anterioridad en el formato y la manera propuesta

 

En relación a la elaboración del prontuario [pincha aquí], pretendemos la generación de un documento en formato papel y en formato web (que habrá de ser objeto de constante actualización) para ofrecer a los Fiscales un instrumento o guía de uso sencillo y ágil de los numerosos enlaces a elementos, contenidos y recursos a los que tiene acceso la Carrera Fiscal y que, por desconocimiento o deficiente articulación, no son empleados por los compañeros. La propuesta ya ha sido trasladada a la Unidad de Apoyo para su implementación.

 

Asimismo, los Vocales de la UPF mantenemos que, para lograr la justa movilidad territorial, se deben potenciar los siguientes mecanismos [pincha aquí]:

 

1)  Comisiones de servicio de los arts. 216.bis y siguientes de apoyo o refuerzo en determinadas Fiscalías.

2)   Incluir en el ámbito de la Instrucción 3/2015 todas las denominadas comisiones de servicio orgánicas previstas en el art. 350.1 de la LOPJ.

3)   Utilizar la figura del destacamento temporal prevista en el art. 21.5 del EOMF.

 

Por otro lado, instamos la mejora y ampliación de supuestos en los concursos de traslado condicionados [pincha aquí]; además de facultar la posibilidad de presentación de la instancia en formato papel para evitar los problemas detectados en la intranet, se acordó igualmente que pudiera también condicionarse el traslado a la obtención de plaza en provincias limítrofes, aun cuando fueran de distintas Comunidades Autónomas.

 

Igualmente, los Vocales de la UPF interesamos formalmente una reunión de la Comisión de Fiscalía Digital para evaluar/proponer a la Fiscal General algunas cuestiones sobre el fututo digital [pincha aquí]. Entendimos en nuestra exposición que ya se había recabado suficiente información adicional, saludábamos que la Institución estuviera implicada hasta el punto de entender que la evaluación y seguimiento trascendían con mucho a las competencias de la Unidad de Apoyo y participaran oficialmente en esta evaluación tanto la Secretaría Técnica como especialmente la Inspección, a la vista de la importantísima repercusión que tiene en el trabajo de los Fiscales, y en conclusión entendíamos que no se podía demorar más una respuesta por parte de la Fiscalía a las situaciones de estrés que tienen muchos compañeros y compañeras y las notorias deficiencias del sistema. Por la FGE se acordó la convocatoria de la Comisión de Fiscalía Digital con carácter previo al siguiente Consejo Fiscal, para intentar dar allí una respuesta adecuada a los trabajos, evaluación efectuada y las demandas de la Carrera.

 

 

Noveno. Huelga convocada para el día 19 de noviembre de 2018.

 

En ruegos y preguntas, un Vocal de la UPF planteó a la Fiscal General del Estado la conveniencia para esta huelga de adoptar todas las medidas necesarias para que desde nuestra Institución se pudieran facilitar datos oficiales y fiables en el mismo día, y que esto se hiciera con la misma diligencia que, en la anterior huelga, había tenido el CGPJ al recabar y facilitar la información. Esto se puso en relación con la oportunidad que suponía para la Carrera Fiscal, si, por fin, en esta huelga había un reconocimiento de este derecho en nuestra Carrera (como tradicionalmente viene interesando la UPF). En todo momento hubo total conformidad por parte de todos los Consejeros y se instó a la Fiscal General del Estado a que señalara los servicios mínimos y se diera la cobertura necesaria a los Fiscales Jefes para que la huelga pudiera desarrollarse con total normalidad. Todo esto se asumió de forma amable, con comentarios compartidos en esta línea por los Consejeros de la AF, y también se habló de que las dos partes deberían asumir su responsabilidad: la Fiscalía en la fijación de servicios mínimos y los Fiscales que secundaren la huelga aceptando que se detrajera su parte proporcional del sueldo. En esta cuestión todos convinimos que, si bien nos es del agrado de nadie, es consustancial al legítimo ejercicio del derecho de huelga.

 

Hemos de hacer constar que sobre la detracción del sueldo correspondiente al día de huelga, ninguno de los Vocales presentes hizo mención alguna, más allá de un debate en el que todos los Consejeros coincidían. No hubo voces en contra, ni discusión, coincidiendo todos en el concreto papel que la Fiscalía General del Estado debía tener en el desarrollo de la huelga. Es por ello que nada de lo que allí ocurrió tiene que ver con lo manifestado en la nota informativa de la Asociación de Fiscales, que copiamos de forma literal: “En apartado de ruegos y preguntas, los Vocales de la lista de la UPF solicitaron de la Fiscal General del Estado que se tomaran las medidas oportunas a fin de asegurar el nombre de los Fiscales que fueran a hacer uso de su legítimo derecho a la huelga el día 19 de noviembre con el objeto de detraer a los mismos la parte proporcional de su sueldo.”

 

 

Décimo. Reforma LOPJ.

 

También en ruegos y preguntas se expuso por el Vocal Álvaro García Ortiz la conveniencia del estudio por parte de la Secretaría Técnica de la reforma (ahora abortada) de la LOPJ, que introducía novedades sustanciales en lo referente a la transcripción de las declaraciones, obligación de uso de los instrumentos digitales y otras cuestiones que afectaban directamente a los Fiscales.

 

 

Undécimo. Ampliación de plantilla.

 

La Fiscal General del Estado dio traslado a los Vocales del proyecto de Real Decreto por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes. Ese proyecto pretende ampliar la plantilla en aquellas Fiscalías que han presentado durante al menos los últimos tres años necesidades específicas de medidas de refuerzo para afrontar el incremento de la carga de trabajo, es decir, tendente a cubrir necesidades estructurales y no coyunturales (Fiscalía Anticorrupción, Campo de Gibraltar, etc). En total, se proyecta la creación de 80 plazas que será objeto de análisis en la próxima reunión del Consejo Fiscal.

 

 

Decimosegundo. Sustitución de Vocales electos del Consejo Fiscal.

 

Por la Fiscalía General del Estado, a fin de profesionalizar y mejorar el desarrollo de las funciones de los Consejeros, se brindó para este Pleno del Consejo y los sucesivos que los Vocales electos contasen con una sustitución los ocho días previos, el día de la reunión del Consejo y el día inmediatamente posterior, posibilidad vedada a los Vocales Fiscales Jefes (Concepción Talón y Juan Ríos) y al Fiscal de la Audiencia Nacional (Carlos García-Berro).

 

Queremos informar a la Carrera que respecto del pasado Consejo solo hicieron uso de la citada sustitución las Vocales Rosa Rubio e Inés Herreros y que dichas sustituciones, que plantean bastantes problemas operativos, serán utilizadas siempre que se estime conveniente y en descargo sobre todo de las plantillas obligadas a cubrir a los Vocales del Consejo en sus ausencias por este concepto.

 

 

 

Os recordamos que cualquier consulta, aclaración o reivindicación que tengáis podéis hacérnosla llegar a través del correo electrónico consejofiscal@upfiscales.com.

 

Los Vocales electivos a propuesta de la UPF

Álvaro García Ortiz

Carlos García-Berro Montilla

Inés Herreros Hernández

Diego Villafañe Díez

PRONTUARIO DE SERVICIOS

PRONTUARIO DE SERVICIOS (Consejo Fiscal 7-11-2018)

 

El prontuario de servicios para la Carrera Fiscal pretende generar un documento en formato papel y en formato web (que habrá de ser objeto de constante actualización) para  ofrecer a los Fiscales un instrumento o guía de uso sencillo y ágil de los numerosos enlaces a elementos, contenidos, recursos a los que tiene acceso la Carrera Fiscal.

 

Desde la Fiscalía General, el Ministerio de Justicia, el CGPJ, el CEJ, las CC.AA y muchos organismos de la propia Administración se ha puesto a nuestra disposición herramientas que pueden facilitar enormemente nuestro trabajo, algunas de ellas de consulta, otras de acceso a bases de datos o registros públicos, algunas de ellas indispensables en nuestra condición de funcionarios o de usuarios de determinados servicios.

 

Tal oferta de servicios, en absoluto despreciable, a la que habría que unir otros prontuarios ya creados y exitosos, como el “Prontuario de Auxilio Judicial Internacional”, las bases de datos generadas en algunas especialidades, los accesos a información electrónica permitidos a los Fiscales,  si se sistematizan y ofrecen a la carrera de una manera ordenada y accesible, pueden facilitar enormemente no solamente nuestro trabajo, sino también nuestro desarrollo y promoción en tareas de formación y acceso a recursos internacionales y nacionales, que tenemos abiertos en nuestra condición de miembros de la Carrera Fiscal.

 

Por todo ello, los Vocales electivos a propuesta de la UPF interesamos que por la Unidad de Apoyo y la Secretaria Técnica de la Fiscalía General del Estado se confeccione un PRONTUARIO o GUÍA SENCILLA que permita a los Fiscales utilizar los recursos puestos a nuestra disposición, que en muchas ocasiones por desconocimiento y en otras por falta de información o sistematización, son infra utilizados pese a su indudable utilidad práctica.

 

MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA MOVILIDAD EN LA CARRERA FISCAL

FOMENTO DE LA MOVILIDAD EN LA CARRERA FISCAL (7-11-2018)

 

La Instrucción 3/2015 de la Fiscalía General del Estado sobre comisiones de servicio en la Carrera Fiscal para la cobertura de plazas no ocupadas por ausencia de su titular o por vacante tiene su origen -como así prevé su propia introducción- en el acuerdo adoptado por el Consejo Fiscal en su sesión de 17 de diciembre de 2014 y configura las que denomina comisiones de servicio internas,  que engloban parte de las que el propio documento de la Fiscalía General califica de “orgánicas” (artículo 350.1 LOPJ)-,  y que están previstas para los siguientes supuestos:

 

  • Excedencia voluntaria con derecho a la reserva de puesto de trabajo, esto es, la excedencia voluntaria para el cuidado de hijos, de menores en acogimiento, cónyuges, parejas de hecho y de familiares, y la excedencia por razón de violencia sobre la mujer
  • Comisiones de servicio con relevación de funciones del titular en el Ministerio de Justicia o en misiones de cooperación jurídica internacional.
  • Traslado a otra Fiscalía por razón de violencia de género.

 

Estas comisiones de servicio internas que regula la Instrucción 3/2015 de la Fiscalía General del Estado se diferencian de:

 

  • Las comisiones de servicio orgánicas del artículo 350.1 de la LOPJ, las cuales no podrán exceder de un año, prorrogable por otro, y que se prevén para los siguientes supuestos: a) prestar servicios en otro juzgado o tribunal, con o sin relevación de funciones; b) prestar servicios en el Ministerio de Justicia, con o sin relevación de funciones; y c) participar en misiones de cooperación jurídica internacional, cuando no proceda la declaración de servicios especiales.
  • Las comisiones de servicio para refuerzo o apoyo del artículo 216 bis de la LOPJ, previstas para supuestos de excepcional retraso o acumulación de asuntos, que no puedan ser corregidos mediante el reforzamiento de la plantilla o la exención temporal de reparto.

 

La citada Instrucción de la Fiscalía General fundamenta las comisiones de servicio internas en el favorecimiento de la movilidad de los Fiscales y señala al respecto que “el actual contexto económico ha provocado que la creación de nuevas plazas en la Carrera Fiscal se haya reducido considerablemente los últimos años. […] Esta situación ha provocado […] que las posibilidades de traslado de los miembros de la Carrera Fiscal hayan disminuido notablemente, lo que si bien otorga estabilidad a las plantillas, también dificulta la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como las expectativas de promoción profesional de los miembros del Ministerio Fiscal”.

 

Efectivamente, la última ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal se publicó en fecha 23 de febrero de 2015 y contó con 66 nuevas plazas. La anterior ampliación de plantilla se remonta cinco años atrás, el 28 de diciembre de 2010, cuando se crearon 100 plazas en la Carrera Fiscal.

 

Asimismo, durante el trienio 2016-2018 se han publicado únicamente seis concursos ordinarios de traslados (dos concursos por año) en los que fueron ofertadas un total de 136 plazas, una exigua cifra media de 45 plazas de traslado al año. Resulta llamativo -cuando no desolador-, si comparamos los datos anteriores con los relativos a la Carrera Judicial en la que se ofertaron en este trienio la suma total de 2122 plazas.

 

Por lo que a las jubilaciones se refiere, durante el bienio 2016-2017 ha habido 11 jubilaciones en la Carrera Fiscal, frente a las 52  de la Carrera Judicial, a las que debe sumarse el notable número 50 jubilaciones de Magistrados en lo que va del año 2018.

 

Pese a las benévolas intenciones puestas de manifiesto por la Instrucción 3/2015 a fin de paliar la situación descrita, el sistema previsto en el documento de la Fiscalía General sobre las comisiones de servicio para la cobertura de plazas no ocupadas por ausencia de su titular adolece de un significativo defecto que se hace patente desde su entrada en vigor y que merma significativamente su indudable utilidad. Se trata de la previsión de que el otorgamiento de las comisiones de servicio internas recaiga en el Fiscal General del Estado, bien de oficio, bien a propuesta del Fiscal Jefe respectivo, previa valoración por la Inspección Fiscal de la idoneidad de ofertar la plaza en cuestión en comisión de servicio. Es precisamente aquí, en esa primera fase de proposición de la comisión de servicio por el Fiscal Jefe, donde radica el defecto apuntado. Los tres años transcurridos desde la entrada en vigor de la Instrucción 3/2015 demuestran su poco transparente y deficiente funcionamiento. Parece evidente que conceder a los Fiscales Jefes la facultad de proponer el otorgamiento de comisiones de servicio internas, es decir, dejar a su sola voluntad la posibilidad de cubrir una plaza vacante por un Fiscal titular comisionado, cuando esa plaza ya está siendo cubierta por sustitución externa o interna, no se corresponde con la finalidad última de la Instrucción de favorecer cierta movilidad de los Fiscales, ni con el Preámbulo de la LO 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, que establece la conveniencia de que la cobertura de ausencias, vacancias y medidas de refuerzo se haga por miembros de la Carrera Fiscal.

 

Además de este funcionamiento manifiestamente mejorable, la Instrucción 3/2015 deja fuera de su ámbito de aplicación a las que denomina comisiones de servicio para refuerzo o apoyo, previstas en el artículo 216 bis de la LOPJ que establece que “1. Cuando el excepcional retraso o la acumulación de asuntos en un determinado juzgado o tribunal no puedan ser corregidos mediante el reforzamiento de la plantilla de la Oficina judicial o la exención temporal de reparto prevista en el artículo 167.1, el Consejo General del Poder Judicial podrá acordar excepcionales medidas de apoyo judicial consistentes en la adscripción de jueces y magistrados titulares de otros órganos judiciales mediante el otorgamiento de comisiones de servicio”.

 

La pervivencia de un Reglamento Orgánico del Ministerio Fiscal del año 1969 supone -entre otros dislates- que debamos acudir a la LOPJ y al Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial (D.A. 1ª del EOMF) para resolver muchas de las cuestiones organizativas y estatutarias de la Carrera Fiscal. Sin embargo, en la Carrera Fiscal no se acude en la actualidad a la precitada normativa en los casos de excesiva carga de trabajo en las Fiscalías, sino que por el contrario se viene utilizando generalmente la figura de los abogados fiscales sustitutos. Es cierto que el R.D. 634/2014, de 25 de julio, por el que se regula el régimen de sustituciones en la Carrera Fiscal prevé en su artículo 2.2.d) que “procederá la sustitución cuando el excepcional incremento de las funciones fiscales o la especial complejidad de los asuntos encomendados u otras circunstancias determinen la necesidad de reforzar o apoyar una Fiscalía”, pero no es menos cierto que el apartado c) del mismo precepto prevé también la sustitución para las situaciones administrativas con reserva de puesto de trabajo, supuesto éste que sí se ha previsto en la Instrucción 3/2015 sobre comisiones de servicio al amparo de la habilitación otorgada a la Fiscalía General del Estado en virtud de la D.A 2ª del citado R.D. 634/2014, de 25 de julio.

 

A diferencia de lo que sucede en nuestra Institución, en la Carrera Judicial esa excesiva carga de trabajo en los Juzgados y Tribunales se viene mitigando mediante planes de refuerzo a través del mecanismo previsto en los artículos 216 bis.1 y siguientes de la LOPJ y 177 del Reglamento de la Carrera Judicial, donde la iniciativa para el establecimiento de medidas de apoyo parte directamente de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. Este sistema de comisiones de servicio para la adscripción de jueces de apoyo prevé con carácter subsidiario y excepcional el llamamiento de jueces sustitutos y magistrados suplentes.

 

En cambio, como decimos, esta figura de la comisión de servicio del artículo 216 bis de la LOPJ no ha sido utilizada en la Carrera Fiscal para el refuerzo o apoyo de las Fiscalías, soslayando así el espíritu y finalidad de la LO 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la LOPJ, así como la regla de la excepcionalidad consagrada en el artículo 1.1 del citado Real Decreto 634/2014, de 25 de julio.

 

Si bien no contamos con datos actualizados a 2018, en fecha 17 de enero de 2017 la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado detalló -a solicitud de la Unión Progresista de Fiscales- que el número de sustituciones externas por cualquier tipo de refuerzo en todo el territorio nacional alcanzaba el número de 88. Ante la ya mencionada exigua creación de plazas y el insignificante número de plazas para cubrir vía concurso de traslados -como consta ut supra-, parece conveniente modificar el sistema empleado hasta la fecha para cubrir las plazas de refuerzo que la excesiva carga de trabajo exige. En consecuencia, aparecen tres opciones para tratar de lograr una de las finalidades que -aunque relativa a otro tipo de comisiones de servicio- persigue la Instrucción 3/2015, esto es, favorecer cierta movilidad de los Fiscales. Estas tres opciones pasan por:

 

1.) Utilizar el mecanismo previsto en los artículos 216.bis y siguientes de la LOPJ, esto es, las comisiones de servicio para establecer medidas de apoyo o refuerzo en determinadas Fiscalías, que es el sistema que -como ya se ha dicho- se viene utilizando actualmente en la Carrera Judicial y cuyo procedimiento para la proposición y otorgamiento se encuentra específicamente previsto. Este cauce para favorecer la movilidad geográfica en la Carrera Fiscal debería partir de la iniciativa de los Fiscales Superiores de las CC.AA -y no de los Fiscales Jefe Provinciales o de Área- (artículo 216 bis.3 de la LOPJ y 21.5.II del EOMF), quienes, en atención a la excesiva carga de trabajo de las Fiscalías de su territorio, podrían ofertar y proponer al Fiscal General del Estado la concesión de comisiones de servicio conforme al procedimiento previsto en el artículo 216 bis.3 de la LOPJ, en cuyo caso las plazas de origen de los comisionados que quedaren vacantes deberían ser cubiertas conforme al régimen de sustituciones previsto en la Instrucción 3/2013 de la Fiscalía General del Estado.

 

2.) Incluir en el ámbito de la Instrucción 3/2015 todas las denominadas comisiones de servicio orgánicas previstas en el artículo 350.1 de la LOPJ. Este precepto incluye, además de las comisiones que la Fiscalía General denomina internas, las comisiones para prestar servicios en otro juzgado o tribunal, con o sin relevación de funciones. Entendemos que nada obsta a que unas y otras (internas y orgánicas) se concedan temporalmente en base al criterio preferencial de la antigüedad escalafonal.

El cauce apuntado permitiría alcanzar idéntica solución a la señalada en el párrafo precedente al comisionar a un Fiscal titular a una plaza de refuerzo cubierta por un sustituto externo que haya sido llamado al amparo del Real Decreto 634/2014, de 25 de julio, el cual pasaría a desempeñar sus funciones en la plaza del comisionado conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del citado Real Decreto, que prevé que “los abogados fiscales sustitutos desempeñarán actividades de apoyo o refuerzo en la fiscalía para la que hayan sido llamados, realizando las funciones del Ministerio Fiscal que les sean asignadas por el fiscal jefe, en virtud de sus potestades organizativas y de dirección”.

 

3.) Utilizar la figura del destacamento temporal prevista en el artículo 21.5 del EOMF, que dispone que “los miembros del Ministerio Fiscal podrán actuar y constituirse en cualquier punto del territorio de su Fiscalía. No obstante, cuando el volumen o la complejidad de los asuntos lo requiera, el Fiscal General del Estado, de oficio o a propuesta del Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma, oídos el Consejo Fiscal y los Fiscales Jefes de los órganos afectados, podrá ordenar que se destaquen temporalmente uno o varios Fiscales a una Fiscalía determinada. Igualmente, con la autorización del Fiscal General del Estado, cualquier Fiscal podrá actuar en cualquier punto del territorio del Estado”.

Este instrumento infrautilizado por la Fiscalía permitiría hacer uso de las facultades de autoorganización que nos brinda nuestro Estatuto Orgánico. Así, en aquellos supuestos de elevado volumen de asuntos en una Fiscalía -que determina la concesión por el Ministerio de Justicia de personal interino de refuerzo- se podrían cubrir esas “plazas” de abogados fiscales sustitutos por Fiscales titulares, sin necesidad además de contar para ello con la intervención ni la aquiescencia del Ministerio de Justicia, como sí se precisa en cambio para las comisiones de servicio.

La figura del destacamento temporal se viene utilizando únicamente para la celebración de juicios o vistas complejos por un Fiscal determinado pero también en el caso de los Fiscales adscritos a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, aun sin su consentimiento, tras su paso por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

Es por ello que entendemos debe explorarse con mayor profusión esta posibilidad estatutaria pues amplía las opciones de autonomía organizativa del Ministerio Fiscal y ha sido avalada incluso por la Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Madrid, en cuya reciente Sentencia núm. 39/2018, de 26 de enero, dispone (FD 4º): “el destacamento temporal constituye un singular mecanismo de refuerzo establecido en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, emulando la figura de la «atribución temporal de funciones» que se contempla para los funcionarios públicos en nuestro Ordenamiento Jurídico, que posibilita que miembros de dicho Ministerio pasen a desempeñar su actividad profesional en un Órgano Fiscal, distinto de aquél concreto al que están adscritos, precisado de efectivos, siempre y cuando concurran determinadas circunstancias de dificultad y/o sobrecarga de trabajo, y sin restricción o merma de la retribuciones correspondientes. El destacamento temporal tiene, en consecuencia, un fundamento muy preciso que no es otro que procurar un mecanismo de actuación haciendo que las Fiscalías puedan prestar un mejor servicio público a los ciudadanos y Administración de Justicia, permitiendo el adecuado aprovechamiento de los limitados medios personales con los que se cuenta. El mecanismo de actuación que supone el acordar un destacamento temporal pertenece al ámbito de la potestad de autoorganización del Ministerio Fiscal, que goza de un alto grado de discrecionalidad, de tal manera que la apreciación de las circunstancias que determinan la concurrencia de las situaciones que motivan la necesidad de acudir al mismo, así como el período de mantenimiento de la medida, son conceptos jurídicos indeterminados cuyo contenido debe ser integrado por el Órgano que hace uso de este medio o mecanismo de actuación, de tal suerte que la conveniencia de activar o no este mecanismo provisorio, o su mantenimiento y el período en que se debe hacerlo, constituyen el margen de actuación discrecional que ni los Tribunales, ni por supuesto la parte actora, pueden suplir.

Por consiguiente, la figura del destacamento temporal bien debiera ser objeto de regulación por parte de la Fiscalía General del Estado a fin de fomentar su capacidad autoorganizativa e, incluso, la movilidad geográfica de los Fiscales, obviamente con su previa conformidad cuando se tratare de destacamentos fuera de su población de residencia.

 

En definitiva, para los casos de refuerzos concedidos a las Fiscalías por el Ministerio de Justicia y en los actuales supuestos previstos en la Instrucción 3/2015, cuyo funcionamiento debiera mejorarse, las tres opciones descritas en los párrafos precedentes permitirían cierta movilidad a los miembros de la plantilla a fin de conciliar su vida personal, familiar y laboral, así como para fomentar y facilitar su progresión y legítimas expectativas de promoción profesional, ex art. 14 del Estatuto Básico del Empleado Público.

 

Por todo lo expuesto, los Vocales electivos a propuesta de la UPF interesamos:

 

1º. Que por la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado se informe al Consejo Fiscal del número de ABOGADOS FISCALES SUSTITUTOS que como refuerzo externo se encuentren actualmente a disposición de las Fiscalías en todo el territorio.

 

2º. Que por el Consejo Fiscal SE VALOREN LAS OPCIONES señaladas en el presente escrito o cualesquiera otras que se consideren eficaces para dar una solución a la situación en que se encuentra una buena parte de los integrantes de la Carrera Fiscal cuya MOVILIDAD GEOGRÁFICA se halla estancada por los motivos expuestos.

CONCURSOS DE TRASLADOS CONDICIONADOS

CONCURSOS DE TRASLADOS CONDICIONADOS (Consejo Fiscal 7-11-2018)

 

La literalidad de la base séptima de los últimos concursos de traslados del Ministerio Fiscal plantea una problemática en relación con los concursos condicionados, puesto que exige que ambos peticionarios obtengan destino, a diferencia de las ordenes JUS/367/2013 y JUS/654/2013 que se referían expresamente a que obtuvieran destino en la misma localidad. La problemática, que se reitera en el último concurso publicado en el BOE el 17.10.2018, deriva precisamente de establecer que ambos peticionarios obtengan destino, sin indicar si ese destino debe ser en la misma localidad, provincia, Comunidad Autónoma o si, incluso, puede ser en distinta Comunidad Autónoma. Ello genera graves problemas de ambigüedad e inseguridad jurídica para los Fiscales.

 

Imaginemos un matrimonio formado por Fiscal A (natural de Madrid) y por Fiscal B (natural de Navarra) que en la actualidad residen y trabajan en Barcelona. El matrimonio quiere concursar bien a Madrid, bien a Navarra, y para ello concursan de forma condicionada como preferencia 1 ambos a Madrid y como preferencia 2 ambos a Navarra. ¿Qué sucede si A consiguiese plaza en la Fiscalía Provincial de Madrid y B en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Navarra? Ambos habrían conseguido obtener destino -que es lo que exigen las bases de los concursos-, pero resulta evidente que la voluntad de los Fiscales era concursar los dos a la Fiscalía Provincial de Madrid o los dos a la Fiscalía de Navarra.

Más llamativo puede ser, por ejemplo, la petición de traslado condicionado por dos Fiscales que quieren trabajar en el entorno de Madrid (Fiscalías de Área de Getafe-Leganés, Móstoles o Alcalá de Henares o alguna de las Secciones Territoriales) puesto que ni la aplicación ni las bases del concurso permiten que el condicionamiento se aplique a localidades distintas, pese a que los compañeros podrían acomodar perfectamente sus circunstancias personales y familiares.

 

Varios miembros de la Carrera Fiscal se han puesto en contacto con el Ministerio de Justicia para resolver estas dudas y les han respondido de forma diversa, incluso que ambas solicitudes de concurso condicionado deben serlo a la misma Fiscalía, y ello bajo el fútil argumento de que el sistema informático no permite hacerlo de otra forma.

 

Sin embargo, limitar los concursos condicionados a que ambos solicitantes obtengan destino en la misma Fiscalía limita los derechos de los Fiscales:

 

  • Si ya de por sí resulta complicado que dos Fiscales obtengan plaza en un concurso condicionado -en los últimos concursos se han ofertado poco más de una decena de plazas vacantes-, limitar el concurso condicionado al mismo municipio o sede dificulta sobremanera su movilidad geográfica.

 

  • La pareja de hecho o matrimonio que decide concursar de forma condicionada puede desear no trabajar en la misma Fiscalía para tener así mayores posibilidades de compatibilizar el período vacacional o conciliar la vida laboral y familiar.

 

Para evitar los perjuicios que se derivan de limitar los concursos a que ambos peticionarios obtengan destino en la misma sede o localidad, el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales prevé en su artículo 115 que podrán condicionar sus peticiones al hecho de que ambos obtengan destino en ese concurso en el mismo municipio, partido judicial o provincia, entendiéndose, en caso contrario, desistidas las peticiones condicionadas efectuadas por ambos.

Lo mismo sucede en el caso de médicos forenses, gestores, tramitadores y auxiliares (artículo 48.2 del Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia).

 

Como se decía anteriormente, la aplicación informática de Intranet Fiscal no permite gestionar los concursos condicionados eficazmente pues resulta ineficiente y obsoleta. Dicho sistema se basa en una relación de todas las plazas que se ofertan en la columna de la izquierda que el Fiscal debe seleccionar y el destino elegido pasa de la columna de la izquierda a la de la derecha, desapareciendo la posibilidad de volver a seleccionar dicho destino nuevamente. Así, en el caso de que un Fiscal concurse de forma no condicionada no necesita seleccionar dos veces el mismo destino, pero un Fiscal que concurse condicionado sí debe hacerlo si tiene diversas opciones junto al Fiscal con quien quiere concursar de forma condicionada. Así, volviendo al ejemplo de una pareja o matrimonio de Fiscales que quiere trasladarse a Madrid, la aplicación informática no permite que el Fiscal A pueda concursar como preferencia 1 a la Fiscalía Provincial de Madrid y el Fiscal B a la del Área de Getafe; o, incluso, que el Fiscal A puede concursar como preferencia 2 nuevamente a la Fiscalía de Madrid y el Fiscal B a la de Toledo (por ser una Comunidad Autónoma diferente y pese a no existir mayores impedimentos por la distancia geográfica que otros destinos de la misma Comunidad).

 

En consecuencia, y como ya se permite a las persones en situación de baja por enfermedad o excedencia, hasta que no se modifique el sistema informático debería permitirse a los Fiscales que concursen de forma condicionada poder rellenar su solicitud en la forma tradicional, es decir, rellenando el modelo de puño y letra y presentarlo en los lugares habilitados (Fiscalía General del Estado, Ministerio de Justicia, Fiscalía correspondiente o en la forma establecida en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Un modelo escrito en el que se permitan recoger las distintas variables de destinos condicionados y en los que se pueda determinar con claridad a qué plaza concreta se condiciona una solicitud.

En definitiva, para evitar los perjuicios que se derivan de limitar los concursos a que ambos peticionarios obtengan destino en la misma localidad, ya sea por disposición expresa de la Orden del Ministerio de Justicia o por la interpretación que haga de la misma, los Vocales electivos a propuesta de la UPF interesamos que se incluya en las BASES DE LOS CONCURSOS para la cobertura de plazas en el Ministerio Fiscal una fórmula que permita a los Fiscales concursar de forma condicionada, bien obtengan destino en la MISMA SEDE O MUNICIPIO, bien en DISTINTA LOCALIDAD, PROVINCIA O COMUNIDAD AUTÓNOMA, permitiendo además que lo hagan mediante un modelo manuscrito para recoger las diversas variables condicionadas.

PROPUESTA DE REUNIÓN E IMPULSO DE LA COMISIÓN DE FISCALÍA DIGITAL

PROPUESTA DE REUNIÓN E IMPULSO DE LA COMISIÓN DE FISCALÍA DIGITAL (Consejo Fiscal de 7/11/2018)

 

Desde la integración de la Secretaría Técnica y la Inspección en la Comisión de Fiscalía Digital, aparte de una reunión a la que fuimos convocados por el Ministerio de Justicia y de la posibilidad de asistir a las videoconferencias para la evaluación de la implantación de Fortuny Digital, no se ha celebrado ninguna reunión específica dentro de la propia Fiscalía General sobre este tema, al menos, con convocatoria formal y la presencia de los Vocales del Consejo Fiscal que la integran.

 

Las jornadas que nos permitieron visualizar el estado de implantación y el uso de las diferentes aplicaciones tanto en territorio Ministerio como en el resto de los territorios transferidos fueron extremadamente útiles para formar criterio, como también lo es y lo ha sido nuestra propia experiencia y, significativamente, la celebración del Consejo Fiscal en la ciudad de Cuenca y contemplar el funcionamiento en dicha Fiscalía.

 

Tras ello, entendemos que puede ser el momento para la convocatoria de la Comisión para tratar de alcanzar algunas determinaciones, entre ellas el camino a seguir a partir de ahora y el objetivo final de esta Comisión o la orientación para recomendar otras decisiones de importancia. Por ello, los Vocales electivos a propuesta de la UPF interesamos formalmente una REUNIÓN de la Comisión de Fiscalía Digital para evaluar y/o proponer a la Fiscal General del Estado algunas cuestiones sobre el futuro digital.

CONTRA LA IMPUNIDAD DE LOS PLAZOS DE INSTRUCCIÓN

El próximo día 6 de diciembre, además de conmemorarse el 40 aniversario de la Constitución española, se cumplirán tres años desde que entró en vigor la nueva redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precepto que establece unos plazos tasados para la investigación judicial de los delitos. Asimismo, ese día será la fecha de vencimiento de la prórroga de las causas complejas incoadas con anterioridad a la entrada en vigor de la norma.

 

La ciudadanía tiene derecho a una justicia penal de calidad, ágil y sin dilaciones indebidas pero también tiene, preeminentemente, el derecho a que los jueces y tribunales tutelen eficazmente sus derechos. Sin embargo, establecer plazos tasados a la instrucción resulta perturbador y supone, sobre todo, un riesgo cierto de impunidad, una amenaza para la efectiva reparación de las víctimas.

 

Los operadores jurídicos -muy especialmente los fiscales- hemos instado mayoritariamente la derogación de este artículo. Por ello, el Partido Popular, el Partido Socialista, Unidos Podemos y Ciudadanos han asumido o propuesto directamente en sede parlamentaria la derogación de esta norma aún en vigor. Es por ello que solicitamos a los Grupos Parlamentarios que antes del 6 de diciembre desbloqueen cualquier iniciativa parlamentaria o proposición de ley que pretenda su derogación, así como al Gobierno de la Nación, en su caso, que utilice el instrumento legislativo de urgencia previsto en el artículo 86 de la Constitución para acabar así con las incuestionables disfunciones que el citado precepto genera en la Administración de justicia pero, sobre todo, para evitar el inequívoco riesgo de impunidad que conlleva.

 

 

El Secretariado de la UPF

 

 

 

Albacete, a 24 de octubre de 2018

COMUNICADO SOBRE EL PATROCINIO Y LA IMAGEN DE LAS ASOCIACIONES

COMUNICADO UPF- APIF SOBRE EL PATROCINIO Y LA IMAGEN DE LAS ASOCIACIONES

 

 

El patrocinio privado a las asociaciones de jueces y de fiscales puede dar una imagen distorsionada de la justicia y de nuestras profesiones, para evitarlo, y especialmente en momentos como este en el que parece clara la necesidad de mandar un mensaje a la sociedad sobre la absoluta independencia de la justicia,  nos parece interesante reabrir el debate sobre la conveniencia de recibir fondos de entidades con las que posteriormente es posible que existan intereses en conflicto

 

Entendemos que dichos patrocinios, más aún cuando se trata de entidades bancarias, tienen un efecto negativo sobre la imagen de absoluta imparcialidad que las Carreras Judicial y Fiscal deben proyectar a la ciudadanía, fundamento del riguroso régimen de incompatibilidades al que estamos sometidos. Es por ello que en el año 2010 la Unión Progresista de Fiscales asumió el compromiso ético de rechazar todo tipo de patrocinio o subvención privada, y lo ha venido manteniendo de manera estricta. Igualmente la APIF asumido también asociativamente, no ha recibido nunca patrocinio alguno. De la misma manera defendemos que estamos ante una cuestión deontológica que merece ser incluida en el futuro Código Ético de la Carrera Fiscal.

 

Por todo ello, con el fin de preservar la imagen de la Justicia, creemos que este compromiso ético ha de ser compartido por todas las asociaciones judiciales y fiscales, e invitamos a todas ellas a integrarlo. Para que ninguna sombra pueda oscurecer este servicio público para el que, día a día, Jueces y Fiscales trabajamos con vocación e implicación.

 

 

 

Albacete a 22 de octubre de 2018

INFORMACIÓN SOBRE PRESTACIONES POR MATERNIDAD

Tras la reciente Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo en la que se establece como doctrina legal que «las prestacions públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas», hemos elaborado un ESCRITO DE RECLAMACIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS para que aquelles compañeras que dísteis a luz a partir de 2014 podáis interrumpir la prescripción administrativa.

En cualquier caso, es importante remitir esta reclamación administrativa a vuestro Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria pues, pese a que el articulo 110 LRJCA no lo exige, en algun caso los Tribunales están requiriendo al solicitante de extensión de efectos su reclamación administrativa previa.

En cuanto el abono voluntario de los ingresos indebidos por parte de la Administración constituye una posibilidad remota, parece aconsejable reclamarlo en vía administrativa para posteriormente acudir en extensión de efectos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en este caso no podrá variar de criterio al tratarse de una Sentencia del Tribunal Supremo recaída en relación con una cuestión de interés casacional y que unifica doctrina, toda vez que varios TSJ mantenían criterios discrepantes.

 

MODELO DE ESCRITO DE RECLAMACIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS

 

Doña ………….., mayor de edad, con DNI …………… y domicilio a efectos de notificaciones en ………………….., comparece y como mejor proceda

 

DICE

Primero. Que en fecha ………. de ………. de ………… presenté autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio ……., resultando una cantidad a pagar/devolver de ……… euros, según declaración y carta de pago cuyas fotocopias se adjuntan.

Segundo. Que en dicha autoliquidación se ha apreciado un error consistente en declarar, como rendimiento de trabajo, la suma percibida en el citado ejercicio en concepto de prestación por maternidad del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Tercero. Que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del articulo 7.h) de la Ley 35/2006, de 28 de novembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las prestacions públicas por maternidad, incluídas las percibidas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, están exentas de tributación. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en Sentencia de fecha 6 de julio de 2016, al determinar que «la prestación por maternidad percibida por la actora en ese ente público tiene que estar forzosamente incluída en el tercer párrafo del art. 7h) LIRPF (EDL 2004/3112), ya que en ese precepto reconoce tal beneficio tributario, con caracter general, en su párrafo tercero y lo que hace el párrafo cuarto es ampliar el beneficio fiscal a las prestacions que tengan procedencia de otros entes públicos, ya sean locales o autonómicos». La Sala Tercera del Tribunal Supremo en su Sentencia de fecha 3 de octubre de 2018 ha fijado como doctrina legal que «las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas».

Cuarto. Que, estimando que la referida autoliquidación ha perjudicado mis intereses al dar lugar a un ingreso indebido por haber declarado rentas exentas de tributación, conforme a los artículos 120.3 y 221 de la Ley General Tributaria,

SOLICITA:

Que, teniendo por presentado en tiempo y forma este escrito y documentos que se acompañan, los admita y considere presentada solicitud de RECTIFICACIÓN de la AUTOLIQUIDACIÓN de referencia, así como DEVOLUCIÓN de la diferencia resultante entre la declaración correcta y la errónea, más los intereses que legalmente correspondan, mediante transferencia a la cuenta bancaria núm. …………………………………………..

 

En ……………, a …………… de ………………… de ………..

Fdo.: ……………………….

 

SR./SRA. JEFE DE LA DEPENDENCIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE ………….

COMUNICADO EN DEFENSA DEL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES

 Desde el más profundo y absoluto respeto a la labor parlamentaria y al legítimo ejercicio de la crítica política, queremos poner de manifiesto que en un Estado de Derecho no se puede permitir la intromisión en la vida íntima y particular de ningún ciudadano mediante la grabación de sus conversaciones, mantenidas hace más de nueve años, parciales, sin garantía alguna de integridad o veracidad e imposibles de contrastar, y que ello sirva como ariete para intentar obtener algún tipo de venganza o ventaja procesal.

Colocar en el mismo plano esas conversaciones -interesadamente publicitadas y reproducidas- y la dedicación profesional de quien lleva más de 25 años al servicio de la Justicia, asumiendo las más altas y peligrosas responsabilidades en la lucha contra todo tipo de terrorismo, es un ataque al Estado de Derecho y a sus servidores. Hemos de defendernos de quienes no creen en este Estado de Derecho y piensan que con sus maniobras al filo de la legalidad son capaces de alterar el normal funcionamiento de las instituciones.

Convertir la política en un lodazal de escarnio público con cuestiones que nunca debieron trascender a la opinión pública y cuya grabación y difusión no tiene justificación legítima alguna solo beneficia a quienes se aprovechan de ella o tratan de sacar partido a las debilidades del sistema.

 

Albacete, 26 de septiembre de 2018

El Secretariado Permanente