POR UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE EN EUROPA

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Por una justicia independiente en Europa

En el  aniversario del asesinato de Giovanni Falcone por la Mafia en 1992, MEDEL marca el día 23 de mayo como el día de la alerta por el estado de la Justicia en Europa. En esta fecha, se nos invita a reflexionar sobre la necesidad de una justicia independiente y eficaz en todo el continente y su importancia para la salvaguarda de las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos europeos.
En la última década,  muchos de los problemas  que han salido a la luz han llevado a una creciente desconfianza de los ciudadanos hacia el proyecto de integración europea: la crisis económica y financiera; la amenaza del  terrorismo; el fenómeno de la migración. A pesar de estos problemas, y de la decepcionante respuesta dada a los mismos por los gobiernos nacionales y las propias instituciones europeas pese al peligro que suponen para la integración,  cualquier análisis sobre estos temas demanda la existencia de un poder judicial independiente  capaz de proteger las libertades básicas y derechos de todos los ciudadanos.
Con la excusa de abordar el problema del insuficiente crecimiento económico, la Unión Europea y los Estados Unidos están negociando secretamente un acuerdo de libre comercio, según la cual, entre otras medidas, se está considerando la creación de sistema de resolución de conflictos ajeno al control judicial de los países. Esto supone equiparar a las corporaciones multinacionales al mismo nivel que los Estados soberanos, basado en la  errónea presunción de que los tribunales nacionales de los Estados miembros no pueden otorgar protección jurídica efectiva a los inversores extranjeros. 
Medel ( Magistrados europeos para la libertad y la democracia), en su comunicado emitido hoy mismo, afirma que no existe ninguna justificación objetiva o base jurídica para la creación de este nuevo  Tribunal y que todos los ciudadanos europeos deberían estar seriamente preocupados por esta propuesta. Un tribunal de arbitraje privado que reemplace a los tribunales de los Estados no puede establecerse mas que para  favorecer  los intereses de la codicia corporativa multinacional. Este tribunal concederá legalmente a las multinacionales diferentes privilegios; entre otros tendrán el de poder imponer sanciones a los Estados y, al mismo tiempo, no serán responsables ante los ciudadanos, al no tener que cumplir con las reglas del juego democrático y no afrontar las consecuencias sociales de sus decisiones .
La lucha contra el terrorismo, por otro lado, ha llevado a la adopción de medidas que ponen en peligro la libertad de los ciudadanos europeos sin que ello sea la panacea para resolver el problema de la seguridad. Como MEDEL subrayada en su declaración de Pisa de marzo pasado, la utilización de medidas excepcionales no puede convertirse en una excusa para prolongar los estados de emergencia, cuya vigencia ilimitada no puede ser vista como una situación normal en una sociedad democrática.
Añadimos a todo esto,  y en un intento de desviar la atención de la desastrosa respuesta de instituciones y los gobiernos europeos a la crisis de la migración,  que la UE ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno turco que  nos avergüenza a  todos. Y se ha formalizado olvidando intencionadamente que el gobierno Turco no respeta la separación de poderes y la independencia del poder judicial, como pone de manifiesto el traslado de jueces y fiscales sin  su consentimiento; la prisión y  y destitución de jueces y fiscales por realizar su trabajo y las propias declaraciones públicas contra los jueces realizadas por el Presidente turco.
Estos son sólo algunos ejemplos preocupantes de las amenazas a las que se  enfrenta el poder judicial en Europa. Hay muchas otras, algunas graves, como las inaceptables medidas adoptadas por el poder ejecutivo en el poder judicial en Polonia con la paralización del Tribunal Constitucional, o la interferencia de los servicios secretos en el poder judicial rumano.
En España, la Justicia, al igual que otros servicios públicos , ha sido maltratada por la crisis económica, sin que se ponga remedio por parte del poder político a una situación endémica de precariedad de medios , a una perdida progresiva de libertades y derechos sociales y políticos , a un proceso penal  insostenible su actual concepción, y a los intentos siempre perniciosos de socavar la independencia judicial.
En otras muchas ocasiones Medel ha recordado, que tener acceso a una justicia independiente no es un privilegio, es un derecho fundamental de todos los ciudadanos europeos. Los poderes económicos y políticos no pueden cruzar el último límite de la separación de poderes, el principio único que garantiza el respeto de los derechos y libertades fundamentales ; que todos los europeos, ciudadanos o instituciones, independientemente de su origen o de su situación económica, son iguales ante la ley.
No podemos permanecer pasivos mientras la independencia del poder judicial se está poniendo bajo amenaza en toda Europa, es un deber de la ciudadanía oponerse a todos estos  intentos de injerencia. Se lo debemos a la memoria de Giovanni Falcone. Se lo debemos al futuro de Europa.
Gualtiero Michelini. Presidente de Medel.
Joaquim Bosch Grau, Portavoz de Jueces Para La Democracia
Alvaro García  Ortiz. Presidente de la Unión Progresista de Fiscales.

COMUNICADO conjunto Ley de Tasas Judiciales

En la tarde de ayer se debatió en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley relativa a la actual Ley de Tasas 10/2012, reformada por el Real Decreto Ley 3/2013. Dicha Ley derogó el artículo 35 de la Ley 53/2002 que fijaba tasas judiciales para entidades privadas con un elevado volumen de negocio que no estaban exentas pago del Impuesto de Sociedades.

Desde Jueces para la Democracia (JpD), Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) (…) hemos venido rechazado públicamente en diversos foros el contenido material e ideológico que suponía la generalización de las tasas judiciales, fundamentalmente por los siguientes motivos:

1.- Consideramos que los costes que los servicios públicos, como la sanidad, la educación o la justicia, generan al estado debe satisfacerse mediante la recaudación de impuestos.

2.- La Ley de Tasas culpabilizaba a la ciudadanía y profesionales que la asisten de ser los causantes de la precaria situación de la Administración de Justicia, cuyo ineludible proceso modernizador paralizó el Ejecutivo en funciones.

Así, la Ley pretendió mejorar el retraso de los asuntos en juzgados y tribunales por la vía de incrementar los costes de los procedimientos, impidiendo o limitando el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva de la mayoría de la población.

3.- La vigente Ley, pese a la reforma de 2013, vincula la recaudación por tasas a las partidas destinadas con el derecho de asistencia jurídica gratuita. Ni la justicia gratuita debe quedar supeditada a una concepción mercantilista de la justicia, ni es cierto que la recaudación obtenida se haya destinado a este concepto, atendiendo que la misma es prestada no solo por el Estado, sino que las Comunidades Autónomas con competencias en justicia son las que abonan estas cantidades al margen de la recaudación estatal.

4.- Con la actual Ley, y la redacción del artículo 241.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la ciudadanía teóricamente exenta de tasas las acaba abonando mediante la condena en costas judiciales, generando una situación de doble condena económica.
Por todo ello consideramos que debe derogarse íntegramente la Ley de Tasas 10/2012 por cuanto se fundamentó en un modelo “mercantilista” de los servicios públicos, que pretendía generalizar, también en justicia, el llamado “repago”.
Las reformas parciales constituyen un avance, pero suponen una solución parcial, sin perjuicio de conllevar una mejora respecto de la actual redacción.

20 de Abril de 2016

Condena expulsión juristas del Reino de Marruecos

En Madrid, a 8 de abril de 2016

 

 

El miércoles 6 de abril de 2016 se desplazó hasta Rabat (Marruecos) una Comisión de Juristas formada por Letrados y miembros del Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental (OAPSO), la Asociación de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos de Canarias (JUPADEHU), y el Observatorio Aragonés por el Sáhara Occidental.

 

La finalidad de dicha Comisión era visitar a los presos políticos saharauis, condenados por el Tribunal militar en febrero de 2013, y reunirse con el Consejo de Derechos Humanos y otros organismos para mostrar su preocupación por la situación de los presos políticos y en especial por la salud de los presos que habían mantenido una huelga de hambre de 37 días.

 

El día 6 de abril por la tarde, y sin causa legal legítima, la Policía marroquí se presentó en el hotel donde se alojaban conminándoles a acompañarlos hasta una Comisaría, donde les incautaron sus pasaportes y teléfonos móviles, quedando incomunicados.

Han sido seguidamente deportados por las autoridades marroquíes a España hoy, día 8 de abril.

 

Queremos expresar nuestra más enérgica protesta por esta actuación injustificada frente a activistas y observadores pacíficos, que no hace sino aumentar las serias dudas que -sobre la aplicación y respeto de los Derechos Humanos- pesan sobre el Reino de Marruecos y en particular cuando se trata del conflicto del Sáhara Occidental.

 

 

 

Jueces para la Democracia.

Unión Progresista de Fiscales.

SISEJ

COMUNICADO SITUACIÓN REFUGIADOS UPF y JpD

COMUNICADO SITUACIÓN REFUGIADOS UPF y JpD

 

COMUNICADO CONJUNTO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA Y UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS EN EUROPA

 

El acuerdo pactado entre Europa y Turquía el 7 de marzo de 2016  para devolver al país vecino a todo extranjero que llegue ilegalmente a las costas griegas, a cambio de  traer desde Turquía a un número de refugiados equivalente al de expulsiones y a aumentar los 3.000 millones de euros destinados a Turquía para atender a los refugiados, supone el abandono por parte de la Unión Europea de la legalidad internacional al no discriminar, y retornar de manera masiva a quienes pueden ser víctimas de persecución y víctimas de la guerra.

 

El drama de los refugiados ha puesto de manifiesto que la concepción de Europa como un espacio  común de libertad, seguridad y justicia, fundada sobre los valores de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad a los que se refiere el Preámbulo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha claudicado frente a una organización de mercaderes de bienes y servicios.

 

La actuación de las instituciones Europeas no ha hecho sino reflejar la incapacidad y ausencia absoluta de voluntad de abordar la situación de una forma justa  y conforme a los principios de los Tratados Fundacionales de la Unión.

Como muestra basta señalar el incumplimiento de los compromisos, ya de por si exiguos,  que se adoptaron en el seno de la Comisión Europea en octubre de 2015. Entonces la Unión se comprometió a la reubicación de 160 000 refugiados mediante un reparto de cuotas entre los distintos países.  No obstante, a dia de hoy, solo 660 refugiados han sido reubicados y, en el concreto caso de España, de los 16 231 personas que nuestro país se comprometió a acoger, solo ha recibido a 18.

 

El mensaje que la Unión Europea trata de trasladar no es más que la culminación del fracaso en la gestión de la política migratoria, en lugar de buscar soluciones y ofrecer alternativas a quienes se ven obligados a dejar su patria y su hogar, la U.E ha conseguido trasladar la imagen de que una crisis humanitaria es un problema de orden público y la respuesta, basada en gravísimos errores de concepto, se fundamenta, una vez más en levantar vallas y separar pueblos, en convertir al migrante en un objeto y despojarlo de su dignidad como persona.

Se legitima, además, el comportamiento político de un gobierno, el turco, cada vez mas distanciado de prácticas democráticas.

 

Se cambian, por tanto, vidas por dinero  y ello en clara contravención de la normativa internacional y europea. Baste señalar que el artículo 78 del Tratado de Funcionamiento de la UE obliga a la unión a tener una política de asilo común que garantice la protección internacionales de todo nacional de un tercer país sometido a persecución y respete el principio de no devolución de conformidad con la Convención de Ginebra.

 

Sin embargo, con esta medida se generalizan expulsiones colectivas, expresamente prohibidas en el artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión sin respetar el derecho a la solicitud de asilo que asiste a todo ciudadano que  se encuentre en el interior de un Estado Miembro, cualquiera que sea el medio por el que accedió a él.  Se basan para ello en la concepción de Turquía como Tercer País Seguro y ello a pesar de las dudas que suscita su sistema Político y la limitadísima aplicación que se realiza en dicho país de la Convención de Ginebra.

 

La ratificación de este acuerdo supondría  un golpe de muerte para el Derecho de Asilo y la Protección Internacional dentro de la Unión Europea y quiebra los pilares básicos de su propia construcción.

 

Por tal motivo denunciamos y reclamamos que, en cumplimiento de la legalidad internacional, no se ratifique el pacto avanzado hasta el momento y se abran vías de acceso seguros para todos aquellos refugiados que, de acuerdo con la ley, tienen derecho a que se les reconozca esta condición dentro de la Unión.

Comunicado conjunto (UPF y JpD) sobre el cuerpo de agentes forestales.

Ante las nuevas reformas legislativas que se anuncian como consecuencia de la reforma de los arts. 6 q) y 58. 3 del proyecto de modificación de la vigente ley de Montes, JUECES PARA LA DEMOCRACIA Y LA UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES,  ponen de manifiesto lo siguiente:

En primer lugar, lamentan profundamente la oportunidad perdida para abordar una regulación integral del Estatuto del Agente Forestal, que integre un mínimo común denominador de la profesión a través de la legislación básica del Estado, y dote de uniformidad y coherencia el desarrollo de una figura básica y tradicional en nuestro entorno, impulsando el potencial de un cuerpo presente en todas las Comunidades Autónomas, y cuyo aprovechamiento como tal redundaría en beneficio de todos.

En segundo lugar, la reforma parece contradecir, no solo la legislación de nuestras Leyes Procesales, LECRI, sino tambiénuna realidad  en la que los agentes forestales son por su hábitat de actuación y sus conocimientos específicos sobre el medio, el complemento ideal en su consideración de policía medioambiental cuando los ilícitos controlados por estos traspasan la barrera administrativa y se convierten en hechos con relevancia penal. Es en este punto dónde parece pertinente que  el cuerpo de agentes forestales pueda participar en el desempeño de la función de Policía judicial con plenitud de facultades dentro de lo que es el ámbito propio de su competencia.

El cuerpo de agentes forestales es pues una Policía mixta, administrativa y judicial, que en el desempeño de esta segunda función opera como servicio especializado y cuyos miembros, a todos los efectos, actúan como Agentes de la autoridad, auxiliares de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal, sin dependencia o sujeción funcional a otros Cuerpos o Fuerzas de Seguridad.

En su calidad de Policía judicial le es de aplicación lo dispuesto en el Título III del Libro 2º de la LECr.,

No obstante en su calidad de Policía judicial están sujetos a las órdenes e instrucciones de la Autoridad Judicial y Fiscal, de quien dependen funcionalmente y a quien deben dar cuenta puntual de su actuación investigadora, bien directamente en sus actuaciones a prevención o bien  según la actuación directora de la investigación procesal o preprocesal en las que se fijarán en cada caso, en función de las necesidades de la indagación, los modos de actuación y coordinación que se hagan precisos.

La actuación como policía Judicial no debe en ningúncaso desconocer las atribuciones reconocidas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ámbito de persecución y aseguramiento de los delincuentes y el respeto a los derechos de los ciudadanos en los que los criterios de formación , selección y control de actuación de dichos estamentos son la base del funcionamiento regular del ejercicio de la seguridad  pública.

El reconocimiento legal como policía judicial supone evidentes ventajas en la garantía y legalidad de determinadas actuaciones, de otra manera  cuestionables, tales como elevar denuncia por la vía del atestado y recoger los presuntos vestigios de la comisión de los hechos delictivos, todo ello dentro del marco genérico de entre otros el art 282 de la LECRI, cuyo contenido no puede ser reformado a través de esta reforma de la Ley de Montes.

Jueces para la Democracia/Unión Progresista de Fiscales

Comunicado conjunto de 5 asociaciones fiscales y judiciales condenando la corrupción y pidiendo regeneración democrática.

CORRUPCIÓN Y REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA 

La sociedad española atraviesa por una situación de máxima alarma ante las continuas noticias sobre casos de corrupción política que nos sobresaltan en los últimos tiempos. Las asociaciones de Jueces y Fiscales no pueden permanecer ajenas a esta grave situación y han convenido emitir el presente comunicado, apelando a la lealtad institucional y sentido del deber y responsabilidad constitucional de los poderes públicos para, de una vez por todas, atajar esta situación. Los continuos episodios de corrupción política que han visto la luz en los últimos tiempos socavan la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático y generan un evidente riesgo de colapso de nuestro Estado de Derecho.

 

El desarrollo del modelo constitucional de Poder Judicial realizado por las sucesivas legislaturas democráticas ha ido pervirtiendo el modelo de separación de poderes que toda Constitución debe salvaguardar, tratando los partidos políticos -de uno y otro signo- de preservar relevantes facultades de control sobre quienes eventualmente tienen el deber juzgarles. Igualmente, el presupuesto destinado a Justicia dista mucho del existente en países de nuestro entorno. La consecuencia que de ambas circunstancias se deriva no es otra que el debilitamiento del Poder Judicial, único garante de corregir las desviaciones de poder, que con escandalosa frecuencia avergüenzan a la sociedad española. Sin embargo, la responsabilidad de la necesaria regeneración democrática no puede recaer en exclusiva en la Justicia penal. El Derecho penal es una herramienta necesaria e ineludible para la lucha contra la corrupción, si bien son precisas medidas en otros ámbitos, así como la implicación de la totalidad de los poderes públicos del Estado.

 

Por ello, las asociaciones firmantes entienden que resulta necesaria la adopción de las siguientes medidas:

 

* Evitar inaceptables injerencias del poder político en la elección de los integrantes del órgano de Gobierno del Poder Judicial.

 

* Incremento inmediato del presupuesto destinado a Justicia, equiparando el número de Jueces y Fiscales en España a la media europea.

 

* Dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo (unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado).

 

* Instauración de un nuevo modelo procesal penal, apto y eficaz para combatir las formas de criminalidad del siglo XXI y, especialmente, los complejos casos de delincuencia organizada y corrupción.

 

* Revisión del Código Penal a fin de sancionar como delito la financiación ilegal de partidos políticos.

 

* Mejora de la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal, con el consiguiente incremento de medios personales y materiales en la inspección de la Agencia Tributaria.

 

* Reducción del número de aforados en el ámbito político y limitación de su aforamiento a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo.

 

* Reforma de la Ley del Suelo y de las leyes que regulan la contratación pública para lograr una mayor transparencia en su ejecución.

 


Suscriben:

 

 

Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria

Asociación Profesional e Independiente de Fiscales

Foro Judicial Independiente

Jueces para la Democracia

Unión Progresista de Fiscales

 

 

5 de noviembre de 2014

JUECES PARA LA DEMOCRACIA Y LA  UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES RECHAZAN LAS DEVOLUCIONES EN CALIENTE Y EXIGEN EXPLICACIONES PARA LOS SUCESOS DE MELILLA

Ante los recientes sucesos en la valla fronteriza de Melilla, Jueces para la democracia y la Unión Progresista de Fiscales manifestamos nuestro profundo rechazo a la práctica ilegal de las denominadas ” devoluciones en caliente” y al uso injustificado de la violencia hacia las personas inmigrantes, impropio de un estado de derecho.

La publicación de un video grabado por una ONG  permite apreciar cómo, tras ser repetidamente golpeado, un inmigrante inerte es tratado como un objeto o animal para ser entregado a las autoridades marroquíes.

Esta práctica atenta contra los más elementales derechos humanos, los valores y principios constitucionales y la legislación española, que obliga a identificar a todas las personas q se encuentran en territorio español y prestar la debida protección a quienes pudieran ser menores de edad, víctimas de delitos o solicitantes de asilo o protección internacional.

Las políticas de inmigración y control de fronteras no permiten  justificar excepciones a la aplicación de las leyes.

Por ello, consideramos que el Ministerio del Interior debe inexcusablemente dar explicaciones, depurar responsabilidades y rectificar estas prácticas violentas y contrarias a derecho.

Del mismo modo, esperamos de la Fiscalía General del Estado el máximo celo en defensa de la legalidad y los derechos fundamentales, así como una actitud activa y rigurosa en la depuración de las responsabilidades penales a que en su caso hubiere lugar.

19 de octubre de 2014

JPD y UPF

Nuestro derecho a la libertad de expresión. Comunicado UPF y JpD

COMUNICADO DE LA UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE JUECES Y FISCALES

 

La UPF (UNION PROGRESISTA DE FISCALES)  y JD (JUECES PARA LA DEMOCRACIA) quieren manifestar, a raíz de recientes propuestas legislativas,  concretamente el borrador de reforma de la LOPJ en materia asociativa, y  de los últimos acontecimientos acaecidos en el seno de nuestras carreras,  su firme defensa de la libertad de expresión de los jueces y fiscales cuando los mismos participan en la vida pública como meros ciudadanos o en otros casos como integrantes de las asociaciones de fiscales o de jueces.

Los jueces y fiscales, en cuanto ciudadanos, tienen los mismos derechos y libertades que el resto, ya que las únicas limitaciones a imponer en el ejercicio de los derechos de las personas son las taxativamente previstas por la Constitución ,y según su artículo 127, las únicas limitaciones que afectan a jueces, magistrados y fiscales en el ejercicio de sus derechos fundamentales es la de desempeñar otros cargos públicos y pertenecer a partidos o sindicatos.

Ningún otro derecho fundamental tienen limitado en su condición de ciudadanos; por tanto, tampoco el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, que no es otro que el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, al igual que no tienen limitado el derecho a participar en asuntos públicos, el sufragio activo, el derecho a su intimidad, honor y propia imagen y, en general, al catálogo de derechos y libertades fundamentales reconocidas en la Constitución.

El ejercicio de su derecho a la libertad de expresión está limitado por vía legal solo en los términos establecidos en el art. 418.3 LOPJ y en el  art. 63.3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que definen como falta grave “dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones, censuras por sus actos, invocando o sirviéndose de la condición de Juez o Fiscal.”

Por lo tanto, está limitado por vía legal sólo en la medida que puede interferir en el ejercicio responsable de la las funciones jurisdiccionales que institucionalmente tienen atribuidas y que puedan afectar a la imparcialidad que necesariamente debe guiar su actuación  en los procesos judiciales en los que, en sus respectivas posiciones, intervienen.

En este contexto, el borrador de reforma de la Ley orgánica del Poder judicial, quiere poner limites a la función asociativa, y vemos en ello, en la regulación siempre restrictiva de derechos constitucionales, una cortapisa a nuestros derechos como asociados y como ciudadanos.

Las Diligencias Informativas abiertas al Teniente Fiscal de Canarias, Don Luis del Río Montedeoca, por unas manifestaciones que el mismo realizó en el transcurso de su intervención en una mesa redonda sobre corrupción celebrada en el seno del Congreso de la Unión Progresista de Fiscales celebrado recientemente en San Sebastián, cuya apertura rechazamos, pueden ser interpretadas como el reflejo de cuanto hemos dicho anteriormente.

Entendemos por ello, que es imprescindible garantizar las libertades básicas que configuran el ejercicio de los derechos asociativos, para no dejar sin contenido nuestra propia naturaleza como  asociaciones, por muy aceradas que puedan ser las críticas a los diferentes poderes o instituciones.

 

Unión Progresista de Fiscales                 Jueces Para la Democracia

Delegación Gobierno denienga entrada a jueces y fiscales en CIE.

Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales denunciamos públicamente la decisión adoptada por la Delegación de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias de impedir a 24 jueces y 5 fiscales la entrada en el Centro de Internamiento de Extranjeros “Barranco Seco” de Las Palmas de Gran Canaria.

La visita al CIE prevista para el 9 de mayo de 2013 formaba parte de la actividad de formación continua denominada ” Foro de Inmigración”que se lleva a cabo anualmente en virtud de un convenio de colaboración suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de Canarias. Se comunicó con más de 30 días de antelación por la magistrada directora del curso a la delegada del gobierno.
Tenía por objeto comprobar las condiciones del centro y de las personas que se encuentran detenidas en él con autorización judicial, ya que todos los juzgados de guardia del territorio nacional pueden autorizar el internamiento en CIE para la expulsión de inmigrantes en situación administrativa irregular. Sin embargo, en la actualidad sòlo hay siete centros en funcionamiento, por lo que muchas autoridades judiciales no han tenido otra ocasión de conocer desde dentro estos lugares a los que remiten a personas detenidas, en ocasiones a cientos e incluso miles de kilómetros de distancia del juzgado que autorizò el internamiento.

La decisión inmotivada de “denegar la autorización” para esta visita constata una quiebra del principio de confianza y una falta de respeto al poder judicial, al ministerio fiscal y a las instituciones públicas organizadoras, -que sin embargo no ha merecido ni disculpa, ni explicación ni rectificación por parte del gobierno-. También representa una concepción poco democrática de los derechos humanos y una deriva autoritaria frente al principio de transparencia de la administración, de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y del control judicial de los derechos, en especial de los de las personas privadas de libertad. Ademas, dicha decision contribuye a crear razonables sospechas sobre el grado de aplicación de la ley en el interior de estos centros.