DECLARACIÓN DE PALMA – MEDEL

Declaración de Palma , 11 de marzo de 2017, Palma de Mallorca . España.

Complemento  a la declaración de Paris, 22/10/2016.

Asistimos como espectadores impasibles, a diario, a las duras imágenes de la muerte en las aguas del mar o en las fronteras de nuestros países. Todas las personas tenemos una crónica de la emigración en nuestro árbol genealógico, en nuestra familia, todos los seres humanos somos el resultado de la voluntad o la necesidad de cambiar, de lugar, de nación, de continente. La historia de la humanidad no es sino  la historia de las migraciones.

Permitiendo en silencio estas muertes, anestesiados después de cada noticia o cada reportaje, acostumbrados e insensibles al impacto visual de la tragedia, nos limitamos a cambiar de canal, apagamos el televisor y seguimos nuestra rutina diaria.

Nos alejamos, ponemos distancia al sufrimiento de quienes son como nosotros. Convivimos con esa  injusticia y consentimos que miles de personas pierdan su vida, comprometan su dignidad y anulen su condición humana solamente por buscar un destino mejor. El futuro será implacable con nosotros porque hemos tolerado, estamos tolerando esta inacabable tragedia.

Desde MEDEL, desde nuestra condición de profesionales, desde nuestro cómodo estatus de JUECES Y FISCALES estamos obligados a combatir, proponer soluciones, alzar la voz, y no permitir que nuestra nuestra conciencia, que nuestro sentido de la justicia, que nuestro respeto a la dignidad del ser humano permanezca aletargado,  lucharemos por ello. Lucharemos por ellos y por ellas.

Medel quiere reconocer a aquellos que con su propio esfuerzo salvan la vidas de los migrantes y los refugiados.

Medel reclama la colaboración de FRONTEX para que proporcione la ayuda indispensable para el rescate de vidas humanas.

 

 

 

MEDEL

POR UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE EN EUROPA

POR UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE EN EUROPA

Imágenes integradas 3Imágenes integradas 1

Imágenes integradas 2

Por una justicia independiente en Europa

En el  aniversario del asesinato de Giovanni Falcone por la Mafia en 1992, MEDEL marca el día 23 de mayo como el día de la alerta por el estado de la Justicia en Europa. En esta fecha, se nos invita a reflexionar sobre la necesidad de una justicia independiente y eficaz en todo el continente y su importancia para la salvaguarda de las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos europeos.
En la última década,  muchos de los problemas  que han salido a la luz han llevado a una creciente desconfianza de los ciudadanos hacia el proyecto de integración europea: la crisis económica y financiera; la amenaza del  terrorismo; el fenómeno de la migración. A pesar de estos problemas, y de la decepcionante respuesta dada a los mismos por los gobiernos nacionales y las propias instituciones europeas pese al peligro que suponen para la integración,  cualquier análisis sobre estos temas demanda la existencia de un poder judicial independiente  capaz de proteger las libertades básicas y derechos de todos los ciudadanos.
Con la excusa de abordar el problema del insuficiente crecimiento económico, la Unión Europea y los Estados Unidos están negociando secretamente un acuerdo de libre comercio, según la cual, entre otras medidas, se está considerando la creación de sistema de resolución de conflictos ajeno al control judicial de los países. Esto supone equiparar a las corporaciones multinacionales al mismo nivel que los Estados soberanos, basado en la  errónea presunción de que los tribunales nacionales de los Estados miembros no pueden otorgar protección jurídica efectiva a los inversores extranjeros. 
Medel ( Magistrados europeos para la libertad y la democracia), en su comunicado emitido hoy mismo, afirma que no existe ninguna justificación objetiva o base jurídica para la creación de este nuevo  Tribunal y que todos los ciudadanos europeos deberían estar seriamente preocupados por esta propuesta. Un tribunal de arbitraje privado que reemplace a los tribunales de los Estados no puede establecerse mas que para  favorecer  los intereses de la codicia corporativa multinacional. Este tribunal concederá legalmente a las multinacionales diferentes privilegios; entre otros tendrán el de poder imponer sanciones a los Estados y, al mismo tiempo, no serán responsables ante los ciudadanos, al no tener que cumplir con las reglas del juego democrático y no afrontar las consecuencias sociales de sus decisiones .
La lucha contra el terrorismo, por otro lado, ha llevado a la adopción de medidas que ponen en peligro la libertad de los ciudadanos europeos sin que ello sea la panacea para resolver el problema de la seguridad. Como MEDEL subrayada en su declaración de Pisa de marzo pasado, la utilización de medidas excepcionales no puede convertirse en una excusa para prolongar los estados de emergencia, cuya vigencia ilimitada no puede ser vista como una situación normal en una sociedad democrática.
Añadimos a todo esto,  y en un intento de desviar la atención de la desastrosa respuesta de instituciones y los gobiernos europeos a la crisis de la migración,  que la UE ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno turco que  nos avergüenza a  todos. Y se ha formalizado olvidando intencionadamente que el gobierno Turco no respeta la separación de poderes y la independencia del poder judicial, como pone de manifiesto el traslado de jueces y fiscales sin  su consentimiento; la prisión y  y destitución de jueces y fiscales por realizar su trabajo y las propias declaraciones públicas contra los jueces realizadas por el Presidente turco.
Estos son sólo algunos ejemplos preocupantes de las amenazas a las que se  enfrenta el poder judicial en Europa. Hay muchas otras, algunas graves, como las inaceptables medidas adoptadas por el poder ejecutivo en el poder judicial en Polonia con la paralización del Tribunal Constitucional, o la interferencia de los servicios secretos en el poder judicial rumano.
En España, la Justicia, al igual que otros servicios públicos , ha sido maltratada por la crisis económica, sin que se ponga remedio por parte del poder político a una situación endémica de precariedad de medios , a una perdida progresiva de libertades y derechos sociales y políticos , a un proceso penal  insostenible su actual concepción, y a los intentos siempre perniciosos de socavar la independencia judicial.
En otras muchas ocasiones Medel ha recordado, que tener acceso a una justicia independiente no es un privilegio, es un derecho fundamental de todos los ciudadanos europeos. Los poderes económicos y políticos no pueden cruzar el último límite de la separación de poderes, el principio único que garantiza el respeto de los derechos y libertades fundamentales ; que todos los europeos, ciudadanos o instituciones, independientemente de su origen o de su situación económica, son iguales ante la ley.
No podemos permanecer pasivos mientras la independencia del poder judicial se está poniendo bajo amenaza en toda Europa, es un deber de la ciudadanía oponerse a todos estos  intentos de injerencia. Se lo debemos a la memoria de Giovanni Falcone. Se lo debemos al futuro de Europa.
Gualtiero Michelini. Presidente de Medel.
Joaquim Bosch Grau, Portavoz de Jueces Para La Democracia
Alvaro García  Ortiz. Presidente de la Unión Progresista de Fiscales.
Is Europe under Siege?

Is Europe under Siege?

MEDEL declaration

 

Is Europe under Siege?

Dark clouds hang over Europe as threats to fundamental rights and freedoms arise from all countries and governments. In the last months, European governments – under the passivity of the European institutions – have carried out a series of measures aimed to destroy the basis of the rule of law.

 

  1. The lack of a common policy on migrants

The tragedy ongoing on the European shores continues and Europe is not finding a common solution to the constant death of innocents at the hand of human traffickers. As MEDEL recalled on several occasions (statements of Lampedusa and Athens), the European Charter of Fundamental Rights imposes on European states the duty of solidarity towards all humans, regardless of their origin or citizenship – exactly the opposite of what European authorities are doing.

Demagogic speeches of good intentions face now the cruel reality of facts – living conditions in migrant camps are inhuman, only a couple of hundred migrants have been replaced in EU countries and the alleged disappearance of thousands of children registered upon arrival on European soil and may now be in hands of child abduction networks.

The response of European governments, instead of being directed to protect migrants and refugees, has been in the opposite sense, frequently attacking their most basic rights.

The lack of a common policy for welcoming and registering migrants and refugees is no longer a mere sign of inefficiency of the European institutions – it’s a shame for all Europe and is proving to be a serious threat for the security of Europe: Europeans are not safer when you don’t provide migrants and asylum seekers perspectives of a decent life.

 

  1. The violation of fundamental freedoms in France

After the dreadful attacks in Paris, French authorities have put forward new legislation directed to protect citizens against terrorism. However, the fight against terrorism cannot be made on the expenses of fundamental freedoms of citizens. The Government wants to integrate in ordinary law the exceptional measures of the “state of emergency”. Derogation measures used in the fight against terrorism contaminate the law and the criminal procedure. The extension of the state of emergency, with the consequent increase of administrative acts that are not subject to judiciary control and the number of restrictive measures to fundamental freedoms that can be put in force through a mere administrative decision, is contrary to the rule of law. Searches by the police and by night decided by prefects, house arrests decided by the Minister of the Interior if a person is suspect of a link to terrorism, searches to vehicles and electronic devices are now allowed, in clear breach of fundamental rights. Adding to all of this, the question of deprivation of nationality for binational citizens put forward by the Government only pollutes the public debate.

 

  1. The attacks on the independence of justice in Poland, Romania and Turkey

All over Europe, governments have been carrying out attacks against the independence of justice at a scale that not so long ago was unimaginable.

In Poland, the Constitutional Tribunal has been paralyzed through ignoring its rulings, amendments of the law, and factual actions of politicians. In this way the Tribunal has stopped to be an effective element of the system guaranteeing protection of human rights and the rule of law. Judgments of the Constitutional Tribunal must be promulgated and respected. The blockade of the Constitutional Tribunal does not allow for an urgent assessment of several laws adopted in the last few months by the Parliament which deeply interfere into, inter alia, the right to privacy, the freedom of media, and the administration of justice. The adopted Law on the Police has expanded significantly the powers of police and special services to conduct surveillance without sufficient safeguards for the protection of the right to privacy, journalistic sources and information covered by professional secrecy. Public media, which in a democratic society should be independent and pluralistic, have been placed under direct control of the government which has the powers to appoint and dismiss the members of the supervisory and management boards of public service television and radio. The merger of the position of the Minister of Justice with the Prosecutor General, combined with almost unlimited competence of interfering into any criminal proceedings can undermine the fundamental guarantees of division of powers and the fair trial.

In Romania, a general of the Romanian Intelligence Service (SRI) has admitted that the courts became “tactical fields” for this secret service, that all the judges are profiled using behavioural patterns and that this secret intelligence agency is currently “maintaining its interest/attention until a final court decision is been reached in each case”. This raises serious concerns about the integrity of the judiciary system as a whole, as well as the independence of the judges. In almost a year since this scandal erupted, the Romanian authorities have failed to clarity the involvement of SRI in the judiciary process. The SRI Director stated publicly that this secret service agency is in partnership with the prosecutors to conduct criminal investigations, an activity that it is forbidden by the law. At the same time, invoking classified procedures and secret protocols, the Romanian authorities have failed to explain in a transparent way how they conducted the investigation to conclude that there are no undercover agents of any intelligence agencies among the magistrates. In the context that SRI is part of the criminal investigation and it is also involved in the courts, corroborated with the failure of authorities to clarify transparently these matters, this raises serious doubts about the respect for basic human rights and the guarantee of a fair and just trial of any person accused by the state. The most recent attacks to the Romanian Constitutional Court, for ruling unconstitutional the article used by prosecutors to delegate SRI to conduct acts of penal investigation, confirms that there is an unhealthy involvement of SRI in the judiciary process. The solution of the Romanian Government to fix this unconstitutional article in the law, by passing an emergency ordinance making SRI a “special organ” to conduct penal investigations, legalizes actually the involvement of a secret intelligence agency in the judiciary process which is undermining its independence. With SRI legally participating now in the penal investigation, and with SRI transforming the courts as their “tactical fields”, profiling judges and “maintaining their interest/attention until a final court decision is been reached in each case”, Romania is violating the human rights, independence of the judiciary, rule of law and separation of power principles.

In Turkey, for over a year judges Metin Özçelik and Mustafa Başer and prosecutors Süleyman Bağrıyanık, Ahmed Karaca, Aziz Takçıand Özcan Şişman are in detention only because of their judgments and for their professional judicial activity (judges Özçelik and Başer because of release orders they issued for police officers involved in anti-corruption investigations; prosecutors Bağrıyanık, Karaca, Takçı, and Şişman for investigations against illegal arm-smuggling). Requests for visiting them by international observers were rejected and when a representative of MEDEL tried to attend a hearing as international observer, it was decided that the trial was to be continued in camera, raising strong doubts about the compliance of the proceedings with the international standards of transparency and respect for the rule of law.

All these situations are notorious attempts of the executive power to control the judiciary, violating severely the fundamental rights and freedoms. The access to an independent judiciary is a fundamental right of any citizen and one of the cornerstones of the rule of law – to violate it is to put at risk the basis of all European values and standards.

 

Is Europe is under siege? Yes, but not by migrants or asylum seekers – by policies that risk to destroy the basic freedoms and the rule of law on which Europe was built.

Taking into consideration that the EU needs the support of Turkey tackling the refugee crisis, MEDEL expects that the European Union makes no concessions to the authoritarian regime in Turkey in regard with the rule of law, state of liberties and human rights, which are the fundamental values upon which the European Union is based and must be respected also by Turkey, which applied to join the EU.

Particularly in times of crisis, we must not abandon our democratic, social and humanitarian achievements. MEDEL therefore is committed to joining forces in the spirit of tolerance, solidarity, democracy and the rule of law in Europe.

 

The Council of Administration of MEDEL, gathered in Pisa:

  • Supports a Europe that protects human dignity and provides prospects for a harmonious society and a dialogue on cultural, religious and social diversity and the creation of forums for people to come into contact with one another;
  • Appeals for the rigorous prosecution of inhumane attacks by right-wing extremists on refugees and their accommodation, as well as on the police, the media, and volunteers;
  • Recalls the urgent need for the definition of a clear and humane common policy for migrants and refugees;
  • Calls on all European governments to immediately cease all attacks on individual liberties and fundamental rights;
  • Demands full respect for the independence of the judiciary, mainly by the Polish government, and demands the immediate release of the detained Turkish colleagues and the immediate ceasing of any kind of interference of secret services in the judiciary in Romania.

In defence of the public prosecutors’ right to professional association, their freedom of expression and freedom of action within the public sphere

In defence of the public prosecutors’ right to professional association, their freedom of expression and freedom of action within the public sphere

 

 

 

The Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) [Portuguese Professional Association of Public Prosecutors], through the public statements of its President António Ventinhas, a public prosecutor, has vigorously and angrily reacted in defence of the public prosecutors.

Such statements were made after a TV interview given by a former Prime Minister who is a defendant in pending criminal proceedings.

During that interview, both the public prosecutors conducting the investigation and the Public Prosecution Service itself were the subject of much comment capable of undermining their impartiality, integrity, probity and legitimacy.

 

SMMP’s President was subsequently object of a complaint submitted by that same former Prime Minister to the Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) [High Council of the Portuguese Public Prosecution Service] which decided by the majority of its members to conduct an inquiry intended to determine if the declarations of SMMP’s President could be matter of disciplinary liability.

 

 

  1. Considering that in a democratic Europe, unions and judicial professional associations have the right to intervene within the public sphere to safeguard the interests they represent in general, and the professional dignity of public prosecutors as well as the independence of the bodies in the justice system in particular.

 

  1. Considering that this legitimate intervention, essential for a democratic rule of law, cannot – and nor should it – be subject to restrictions or constraints that are only imposed on the scope of exercise of judicial functions in a specific case.

 

  1. Considering that the freedom of expression, which judicial professional associations can never renounce, is one of the most important values of a democratic rule of law, and that opposing that freedom as well as the public prosecutors’ democratic right to professional association is tantamount to denying the democratic rule of law itself.

 

  1. Considering that the attacks on the public prosecutors’ dignity and impartiality and on their right to professional association do not call for neutral responses, but rather for firm reactions carrying much conviction, as well as compulsory and legitimate, opportune and necessary reactions, against all forms of manipulation and of democratic regression, as well as against all types of threat to the independence of justice.

 

  1. Considering that legitimate and necessary reactions are above all required by moral indignation and public prosecutors’ courage to denounce manipulation, vilification and unacceptable disqualifications insidiously increased by haughtiness through the media.

 

  1. Considering that the right to indignation is a compromise with the democratic rule of law and its citizens and that the public prosecutors’ reputation and the social recognition for their work are vital for a pluralistic democracy, social peace and the defence of fundamental rights and freedoms.

 

  1. Recalling the case-law established by the ECtHR in the cases of Guja v. Moldova, 12 February 2008; Kudeshkina v. Russia, 26 February 2009; Heinisch v. Germany, 21 July 2011;VELLUTINI and MICHEL v. France, 6 October 2011; Aguilera Jiménez and Others v. Spain, 8 December 2008;MedžlisIslamskeZajedniceBrčko and Others v. Bosnia and Herzegovina, 13 October 2015; Ionită Romania (no. 30655/09); Keller v. Hungary, 4 April 2006; White v. Sweden, 19 September 2006;

 

  1. Recalling that on those many occasions the ECtHR has highlighted the judiciary’s special role in society, but that as the guarantor of justice, a fundamental value in a law-governed State, it must enjoy public confidence if it is to be successful in carrying out its duties. It may be necessary therefore to protect that trust and confidence against destructive attacks; and first and foremost, those that are essentially unfounded, particularly if we take into account the fact that the judges who have been criticized are subject to a duty of professionalsecrecy and confidentiality that prevents them from replying or limits their ability to respond.

 

  1. Recalling the recommendations of the Council of Europe: Recommendation CM/Rec (2014)7; Report on the freedom of expression of Judges, adopted by the Venice Commission, at its 103rd Plenary Session (Venice, 19-20 June 2015).

 

  1. RECALLING that the value of the public prosecutors’ freedom of expression is governed by some important international instruments on the independence of justice, such as Articles 8 and 9 of the Basic Principles on the independence of the Judiciary (UN, 1985) and Article 4 of the Recommendation Rec(94) 12 of the Committee of Ministers on the independence, efficiency and role of judges (Council of Europe) and this value must be defended against attacks from inside the judiciary just as much as against attacks from the outside.

 

  1. RECALLING the decision of the CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Inter-American Court of Human Rights) in the case LÓPEZ LONE Y OTROS VS. HONDURAS JUDGMENT OF 5 OCTOBER 2015.

 

MEDEL, gathered in Pisa on 12 March 2016, having been alerted of the facts above mentioned, adopts the following motion:

 

  • MEDEL reaffirms the freedom of expression and the public prosecutors’ freedom to form, join and take part in professional associations, as well as the freedom of their representatives in those associations.
  • MEDEL declares that having the representatives of judicial professional associations being intimidated, silenced or punished for exercising legitimately their freedom of expression and freedom of action within the public sphere to defend the independence of justice and the dignity of public prosecutors is unacceptable.
  • MEDEL declares that will follow with concern the result of the inquiry into the allegations made against SMMP’s President, hoping it is conducted in a way that respects the ECtHRcase-law above mentioned.

 

 

30 aniversario de MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés)

 

Solidaridad, dignidad, justicia

 

En junio de 1985, un grupo de magistrados europeos – jueces y fiscales – fundan MEDEL – Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés, basados en la firme creencia de que una Europa unida no podría limitarse a los mercados libres, y debía basarse en los derechos fundamentales y el estado de derecho de las sociedades democráticas.
Treinta años más tarde Europa ha cambiado de una manera que era difícilmente imaginable, – han caído los regímenes totalitarios , la democracia, con fronteras abiertas y la adhesión de nuevos Estados miembros a la Unión Europea. Sin embargo, la protección y promoción de los derechos fundamentales es aún hoy, como entonces fue, una lucha constante y esencial,  el progreso hacia la democracia no siempre se ha desarrollado como debería.

Comunicado de MEDEL en su 30 aniversario:

MEDEL manifiesto_30th anniversary FINAL ES

MEdel manifiesto en inglés

MEDEL recuerda su comunicado sobre nuevas reglas de inmigración.

MEDEL recuerda su comunicado sobre nuevas reglas de inmigración

 

De nuevo una tragedia ha  ocurrido en las puertas de Europa y los líderes europeos nuevamente reaccionan  con palabras de condolencia vagas, vacías y sin sentido .

Desde el comienzo de este año, se estima que 950 personas ya han perdido la vida tratando de cruzar el Mediterráneo y el Atlántico (a las Islas Canarias), agregando a las 3500 estimados durante el año 2014.

Como MEDEL recordó en octubre de 2013, en el preámbulo de la Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea, las naciones europeas han manifestado claramente que “La Unión está fundada en los valores universales, indivisibles de la dignidad humana, libertad, igualdad y solidaridad” y que el “Disfrute de estos derecho simplica responsabilidades y obligaciones con respecto a otras personas, a la comunidad humana y a lasgeneraciones futuras” .

Es el tiempo para que la Unión Europea pueda demostrar que no son palabras sin sentido. Miles de seres humanos sufren en puertas de Europa y no podemos permanecer pasivos.

La lucha contra el tráfico de seres humanos debe ser endurecida y debe reforzarse la cooperación con los países de origen, no sólo para detener esta actividad delictiva escandalosa, sino también para llevar ante la justicia  a los que se aprovechan de la desesperación y el desamparo de los seres humanos .

Pero esto no es suficiente. Europa debe cambiar sus leyes sobre inmigración y refugio, – es necesario, entre otros aspectos, para ayudar a los inmigrantes en su llegada  a Europa y para asegurar que los refugiados tengan acceso a la educación y a la formación profesional que son indispensables para integrarse a las sociedades de alta tecnología europeas y su mercado laboral, garantizando los refugiados no habrán de depender exclusivamente del bienestar social.

En su objetivo de promover el respeto de los derechos humanos sin importar raza, nacionalidad o ciudadanía, MEDEL recuerda su comunicado de octubre 2013 e insta a las instituciones de la UE y los Estados a miembros a actuar de inmediato, a fin de definir clara y reglas de inmigración claras y justas para  prevenir la tragedia en curso en las costas europeas .