CONTRA LA IMPUNIDAD DE LOS PLAZOS DE INSTRUCCIÓN

El próximo día 6 de diciembre, además de conmemorarse el 40 aniversario de la Constitución española, se cumplirán tres años desde que entró en vigor la nueva redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precepto que establece unos plazos tasados para la investigación judicial de los delitos. Asimismo, ese día será la fecha de vencimiento de la prórroga de las causas complejas incoadas con anterioridad a la entrada en vigor de la norma.

 

La ciudadanía tiene derecho a una justicia penal de calidad, ágil y sin dilaciones indebidas pero también tiene, preeminentemente, el derecho a que los jueces y tribunales tutelen eficazmente sus derechos. Sin embargo, establecer plazos tasados a la instrucción resulta perturbador y supone, sobre todo, un riesgo cierto de impunidad, una amenaza para la efectiva reparación de las víctimas.

 

Los operadores jurídicos -muy especialmente los fiscales- hemos instado mayoritariamente la derogación de este artículo. Por ello, el Partido Popular, el Partido Socialista, Unidos Podemos y Ciudadanos han asumido o propuesto directamente en sede parlamentaria la derogación de esta norma aún en vigor. Es por ello que solicitamos a los Grupos Parlamentarios que antes del 6 de diciembre desbloqueen cualquier iniciativa parlamentaria o proposición de ley que pretenda su derogación, así como al Gobierno de la Nación, en su caso, que utilice el instrumento legislativo de urgencia previsto en el artículo 86 de la Constitución para acabar así con las incuestionables disfunciones que el citado precepto genera en la Administración de justicia pero, sobre todo, para evitar el inequívoco riesgo de impunidad que conlleva.

 

 

El Secretariado de la UPF

 

 

 

Albacete, a 24 de octubre de 2018

COMUNICADO SOBRE EL PATROCINIO Y LA IMAGEN DE LAS ASOCIACIONES

COMUNICADO UPF- APIF SOBRE EL PATROCINIO Y LA IMAGEN DE LAS ASOCIACIONES

 

 

El patrocinio privado a las asociaciones de jueces y de fiscales puede dar una imagen distorsionada de la justicia y de nuestras profesiones, para evitarlo, y especialmente en momentos como este en el que parece clara la necesidad de mandar un mensaje a la sociedad sobre la absoluta independencia de la justicia,  nos parece interesante reabrir el debate sobre la conveniencia de recibir fondos de entidades con las que posteriormente es posible que existan intereses en conflicto

 

Entendemos que dichos patrocinios, más aún cuando se trata de entidades bancarias, tienen un efecto negativo sobre la imagen de absoluta imparcialidad que las Carreras Judicial y Fiscal deben proyectar a la ciudadanía, fundamento del riguroso régimen de incompatibilidades al que estamos sometidos. Es por ello que en el año 2010 la Unión Progresista de Fiscales asumió el compromiso ético de rechazar todo tipo de patrocinio o subvención privada, y lo ha venido manteniendo de manera estricta. Igualmente la APIF asumido también asociativamente, no ha recibido nunca patrocinio alguno. De la misma manera defendemos que estamos ante una cuestión deontológica que merece ser incluida en el futuro Código Ético de la Carrera Fiscal.

 

Por todo ello, con el fin de preservar la imagen de la Justicia, creemos que este compromiso ético ha de ser compartido por todas las asociaciones judiciales y fiscales, e invitamos a todas ellas a integrarlo. Para que ninguna sombra pueda oscurecer este servicio público para el que, día a día, Jueces y Fiscales trabajamos con vocación e implicación.

 

 

 

Albacete a 22 de octubre de 2018

COMUNICADO EN DEFENSA DEL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES

 Desde el más profundo y absoluto respeto a la labor parlamentaria y al legítimo ejercicio de la crítica política, queremos poner de manifiesto que en un Estado de Derecho no se puede permitir la intromisión en la vida íntima y particular de ningún ciudadano mediante la grabación de sus conversaciones, mantenidas hace más de nueve años, parciales, sin garantía alguna de integridad o veracidad e imposibles de contrastar, y que ello sirva como ariete para intentar obtener algún tipo de venganza o ventaja procesal.

Colocar en el mismo plano esas conversaciones -interesadamente publicitadas y reproducidas- y la dedicación profesional de quien lleva más de 25 años al servicio de la Justicia, asumiendo las más altas y peligrosas responsabilidades en la lucha contra todo tipo de terrorismo, es un ataque al Estado de Derecho y a sus servidores. Hemos de defendernos de quienes no creen en este Estado de Derecho y piensan que con sus maniobras al filo de la legalidad son capaces de alterar el normal funcionamiento de las instituciones.

Convertir la política en un lodazal de escarnio público con cuestiones que nunca debieron trascender a la opinión pública y cuya grabación y difusión no tiene justificación legítima alguna solo beneficia a quienes se aprovechan de ella o tratan de sacar partido a las debilidades del sistema.

 

Albacete, 26 de septiembre de 2018

El Secretariado Permanente

COMUNICADO EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INDEPENDENCIA DE LA JURISDICCIÓN ESPAÑOLA

La Unión Progresista de Fiscales, ante las noticias surgidas en los últimos días en relación con la interposición de una demanda contra el juez Pablo Llarena, quiere ratificar su compromiso en la defensa de la soberanía e independencia de la jurisdicción española.

Entendemos que resulta absolutamente inasumible, así como completamente improcedente, el intento de fiscalizar o enjuiciar, ante órganos judiciales extranjeros, la actividad jurisdiccional desarrollada por un magistrado español en el pleno ejercicio de sus funciones. El solo planteamiento de esta cuestión supone un grave atentado contra la soberanía del estado español y contra la independencia de sus órganos jurisdiccionales.

Manifestamos, consecuentemente, nuestra unidad en defensa del juez instructor así como la necesidad de que el estado español se persone en el procedimiento judicial iniciado en Bélgica a fin de alegar, como cuestión previa, la inmunidad de jurisdicción en relación al libre ejercicio de su funciones en el ámbito del proceso penal iniciado en España.

Secretariado Permanente

Albacete, 25 de agosto de 2018

COMUNICADO SOBRE EL DESARROLLO DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La Unión Progresista de Fiscales, en relación con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 6/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, quiere poner de manifiesto lo siguiente:

La violencia de género es uno de los problemas más graves y perentorios a los que se enfrenta nuestra sociedad, y su erradicación exige un firme compromiso de todos los Poderes del Estado y de todas las Administraciones Públicas. Por ello, desde la Unión Progresista de Fiscales siempre hemos mantenido la necesidad de que las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, aprobadas por el Congreso y el Senado en septiembre del pasado año, fueran urgentemente implementadas. Recordemos que, desde el año 2003, casi mil mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, y sus hijos e hijas menores de edad han sido también víctimas de esta abominable lacra.

Por ello, la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, resulta a todas luces necesario. Recordemos en primer lugar que la mayor parte de las situaciones de violencia de género permanecen aún soterradas, por lo que es vital proporcionar a las víctimas todo un sistema de asistencia y apoyo previo a la denuncia que les permita afrontar con la fortaleza necesaria un procedimiento penal.

Es más, la acreditación de la situación de violencia de género por vías distintas a las procesales no es ni mucho menos una novedad en nuestro ordenamiento jurídico. Ya el artículo 220 de la Ley General de la Seguridad Social recoge esta posibilidad a los efectos del reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad. También en la legislación autonómica encontramos esta posibilidad – Galicia, Cataluña, Castilla y León, Andalucía, Extremadura, La Rioja o Navarra, por ejemplo, lo contemplan – por lo que su admisión en la legislación estatal resulta imprescindible para lograr la necesaria armonización y evitar diferencias de trato que deriven en la existencia de víctimas de primera y de segunda e, incluso, en situaciones de desprotección en caso de cambio de residencia. 

En cuanto a la modificación introducida en el artículo 156 del Código Civil, queremos recordar también la importancia de hacer primar el superior interés del menor, evitando que el progenitor condenado o investigado por alguno de los delitos contemplados pueda obstaculizar la prestación de la necesaria asistencia psicológica a sus hijos e hijas menores, abocando a la víctima a acudir a un nuevo procedimiento judicial, lo que entendemos no se compadece con el espíritu de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, que ya recoge en su artículo 28.2 a) la previsión de la prestación de asistencia psicológica como medida de asistencia y apoyo a las víctimas y sus familiares.

Por fin, no debemos olvidar que estas reformas fueron consensuadas por todas las fuerzas políticas, cristalizando en el Pacto de Estado, cuya redacción fue también resultado del consenso entre la Delegación del Gobierno con la intervención del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género, Ministerio de Justicia y demás Ministerios del anterior Gobierno, así como de la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer.

La Unión Progresista de Fiscales reitera una vez más la imperiosa necesidad de implementar la totalidad de las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de sensibilización y prevención, pero también y sobremanera para la asistencia y protección de las mujeres víctimas de violencia de género, así como de dotar a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal de los medios suficientes para otorgar una respuesta penal ágil, contundente, y eficaz.

El Secretariado Permanente

24 de agosto de 2018

COMUNICADO SOBRE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE LA FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y MINISTRA DE JUSTICIA

La Unión Progresista de Fiscales expresa su satisfacción por la elección de María José Segarra Crespo como candidata a ser nombrada Fiscal General del Estado, al igual que nos congratulamos del reciente nombramiento de Dolores Delgado García como Ministra de Justicia.
Desde el cariño y el respeto a María José Segarra Crespo, entendemos que desde el momento en que comience a ostentar la más alta representación del Ministerio Fiscal es posible que  no comparta alguna de las propuestas o decisiones de su asociación. La independencia absoluta en el ejercicio de sus funciones -que tanto hemos reclamado de otros Fiscales Generales respecto del Ministerio de Justicia- habrá de serlo también desvinculándose de cualquier adscripción asociativa. Sin embargo, no por ello dejará de estar sometida a nuestra crítica siempre constructiva.
Nos encontramos ante una oportunidad histórica con el nombramiento de la nueva Ministra de Justicia y la reciente designación de la Fiscal General del Estado, una oportunidad para la Carrera y para la Justicia. Por ello, aun lamentando que tengan que dejar su cargo en el Consejo Fiscal, entendemos su marcha como un servicio a todos los Fiscales. Desde sus puestos pueden contribuir a alcanzar los objetivos que, de manera entusiasta, intentamos transmitir en la campaña para las elecciones al Consejo Fiscal. Por ello, saludamos la incorporación de Inés Herreros y Carlos García-Berro como nuevos Consejeros y anticipamos nuestra intención de velar, aún más si cabe, por los intereses de todos los Fiscales, de toda la Carrera Fiscal.
Albacete 14 de junio de 2018
El Secretariado Permanente de la UPF

COMUNICADO SOBRE LA HUELGA DE JUECES Y FISCALES

El 16 de junio de 2017 las cuatro asociaciones judiciales suscribimos un documento con “14 propuestas para la mejora de la Justicia” al que se han adherido la mayoría de juntas de jueces de España, mas de 3.500 jueces y juezas así como las tres asociaciones de fiscales que han incorporado cuatro específicas de su colectivo.
 
Dichas propuestas comprenden desde el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia: calidad y eficacia así como la mejora de las condiciones profesionales de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal. Junto a ello, la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios al efecto; la atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado; y el refuerzo de la independencia y autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal.
 
Unas son claramente competencia de los grupos parlamentarios, otras del Gobierno y el resto del Consejo General del Poder Judicial.
 
El balance no puede ser mas decepcionante en todos estos meses que llevamos de negociaciones. No hay siquiera un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia tras el fracaso de la Subcomisión creada al efecto. Y está pendiente de aprobación la Ley Orgánica sobre recuperación de permisos y vacaciones a los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal con enmiendas sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial.
 
Hasta la fecha, el gobierno no ha incrementado el número de jueces y fiscales a fin de ir equiparándolo a la media europea y no hay rastro de la racionalización de la planta judicial y fiscal, evitando la precarización de las últimas promociones. Tampoco se ha convocado la mesa de retribuciones que por ley debe de reunirse cada cinco años con el objeto de reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos ocho años. Nada se hace por mejorar el proceso de digitalización, y en particular su desigual aplicación en el territorio nacional.
 
El Consejo General del Poder Judicial ha hecho caso omiso a nuestra propuesta sobre nombramientos judiciales, conforme a criterios de mérito, capacidad, igualdad de género y transparencia. Y sigue sin cumplir con su obligación legal de fijar las cargas de trabajo, como le recuerda la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
 
Hoy muchos fiscales, jueces y juezas hemos decidido hacer huelga. Con ella queremos expresar nuestro profundo malestar con los responsables en materia de Justicia ante la dejación y abandono en el que se encuentra este servicio público. Reclamamos una Administración de Justicia del siglo XXI, de calidad y con medios e independiente. Lamentamos los perjuicios ocasionados a la ciudadanía por este paro.
 
22 de mayo de 2018
 
 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA
 
ASOCIACIÓN DE JUECES FRANCISCO DE VITORIA
 
ASOCIACIÓN JUECES Y JUEZAS POR LA DEMOCRACIA
 
ASOCIACIÓN DE JUECES “FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE”
 
ASOCIACIÓN DE FISCALES
 
UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES.
 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES​

COMUNICADO DE TODAS LAS ASOCIACIONES EN RELACIÓN CON LAS DECLARACIONES DEL MINISTRO DE JUSTICIA

El Ministro de Justicia, en unas nuevas declaraciones con motivo de la denominada sentencia de “La manada”, ha insinuado públicamente que debería haberse actuado preventivamente contra el magistrado que dictó el voto particular, verbalizando que el magistrado “tiene un problema” y que “todos los saben”, sembrando públicamente dudas sobre la capacidad y condición de dicho magistrado.

La intromisión del Ejecutivo en las labores que le corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial (tales como la tutela o el impulso de la labor disciplinaria) y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia.

Hoy es por el juicio de “la Manada” pero mañana puede serlo por cualquier actuación que no sea del agrado del Ministro o de su Gobierno. Éste es el verdadero peligro: la utilización de la resoluciones judiciales por el Ejecutivo y la confusión intencionada de intereses electorales con lo que debería ser su labor como miembro de un Poder del Estado, esto es, respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones.

Por eso, exigimos una vez más la dimisión del Ministro de Justicia, cuya reprobación ya fue demandada por otro de los Poderes del Estado, como es el Legislativo.

En Madrid a 30 de abril de 2018.

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA (APM)

ASOCIACIÓN DE JUECES FRANCISCO DE VITORIA

ASOCIACIÓN JUECES Y JUEZAS POR LA DEMOCRACIA

ASOCIACIÓN DE JUECES “FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE”

ASOCIACIÓN DE FISCALES

UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES

ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES

COMUNICADO SOBRE CONCURSOS DE TRASLADO Y AUTONOMÍA DEL MINISTERIO FISCAL

La Unión Progresista de Fiscales, ante las distintas vicisitudes que se han venido sucediendo con la resolución del concurso de traslado convocado por Orden JUS/1158/2017, de 24 de noviembre, quiere mostrar su absoluto rechazo al trato de total desconsideración que el Ministerio de Justicia ha dispensado, una vez más, a nuestra carrera. 

Y es que no sólo su inoperancia al no incluir en el anexo las plazas a resultas de Bilbao y Huelva ha generado un verdadero caos en la resolución del concurso, sino que además ha dilatado innecesariamente su publicación en el BOE, con el consiguiente quebranto para muchos compañeros que se han encontrado en una situación de total incertidumbre mucho más allá de lo aceptable.

Por otra parte, el Ministerio no ha informado de manera alguna a los fiscales del modo en que debían solicitar la retención por motivos de conciliación familiar, y ni siquiera les ha notificado de manera formal su concesión con carácter previo a la publicación, generando nuevos problemas e incertidumbres a los afectados.

Todo ello se une a la ya consolidada falta de creación de nuevas plazas que, además de los graves perjuicios que acarrea al servicio público de la Justicia y al digno ejercicio de nuestra función, conlleva grandes dificultades de movilidad geográfica para los Fiscales, con lo que se impide también la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, así como el desarrollo de nuestras legítimas aspiraciones profesionales.

Es por ello que este último maltrato no hace más que afianzarnos en nuestro compromiso de luchar por un Ministerio Fiscal decididamente desvinculado del Ministerio de Justicia, autónomo no sólo desde lo orgánico sino también desde lo funcional y organizativo. Una vez más, apostamos también por una Fiscalía General del Estado que haga valer ante el Ministerio, en esta y otras cuestiones, el peso que la importancia de nuestra institución merece y definitivamente ha de tener.

Albacete, a 21 de febrero de 2.018.

El Secretariado de la U.P.F.

COMUNICADO SOBRE DERECHOS LABORALES DE LA CARRERA FISCAL Y REUNIÓN INTERASOCIATIVA

La Unión Progresista de Fiscales considera que el progresivo y patente empeoramiento de las condiciones laborales de los miembros de la Carrera Fiscal, unido a la carencia de los medios necesarios para el desempeño digno de nuestra función constitucional, nos impide prestar al ciudadano el servicio público que deseamos, que precisa y que merece.

El Ministerio de Justicia, a quien reiteradamente se han trasladado las problemáticas y necesidades de los Fiscales para prestar a la ciudadanía una Justicia de calidad, ha venido desoyendo de manera sistemática nuestras reivindicaciones, continuando empecinadamente por una senda que no ha causado más que perjuicio no sólo a la Carrera Fiscal , sino a la administración de Justicia en general.

Como último ejemplo de lo anterior, el Ministerio ha vuelto a desoir los requerimientos formalmente efectuados de manera conjunta por todas las asociaciones de Jueces y Fiscales en fechas 19 y 31 de enero, tras el decepcionante resultado de las reuniones preparatorias de la Mesa de Retribuciones, convocándonos de nuevo a otra reunión perpetratoria para el día 22 de febrero, sin cumplir ni una sola de las condiciones que habíamos exigido. 

Por todo ello, creemos que es el momento de exigir con contundencia nuestros derechos y reinvindicaciones, en concreto:

1°. La inmediata convocatoria de la Mesa de Retribuciones prevista en la Ley 15/03, en los términos recogidos en el requerimiento conjunto de fecha 31 de enero,  en tanto la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años alcanza la elevada cifra del 15%.

2º. La mejora de las retribuciones por las guardias de permanencia y disponibilidad semanal, que no satisfacen ni el esfuerzo ni la dedicación ni la responsabilidad que supone este servicio.

3° La inmediata paralización de la implantación de la Fiscalía Digital. 

4° La derogación del artículo 324 de la Lecrim, que se ha demostrado completamente ineficaz para sus fines y que no ha provocado más que quebrantos en las Fiscalías y en los procedimientos, generando espacios de impunidad. 

Agotadas así todas las vías de diálogo y negociación, estimamos preciso iniciar conversaciones con el resto de asociaciones de Fiscales a fin de consensuar un catálogo de reinvindicaciones así como de medidas para dar visibilidad al conflicto, para lo que la Unión Progresista de Fiscales ya ha solicitado la celebración de una reunión con la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, y ello con el objeto de poder aunar posiciones con carácter previo a las conversaciones que al efecto deberán necesariamente producirse con todas las asociaciones judiciales.

Albacete, a 5 de febrero de 2.018.