COMUNICAD: DIMISIÓN Ministro de Justicia

La Unión Progresista de Fiscales pide la dimisión del Ministro de Justicia por cuestionar, fuera de sus competencias constitucionales y con un absoluto desconocimiento de la ley, el trabajo de nuestras compañeras, y amenazar con acciones contra ellas por discrepar del criterio de un superior. Es una intromisión intolerable en nuestro trabajo por parte del Ejecutivo y un desprecio a la autonomía del Ministerio Fiscal.

Comunicado UPF sobre el juicio 9N

La Unión Progresista de Fiscales se suma a lo expresado por la Fiscalía General del Estado y las otras asociaciones de Fiscales en su apoyo a la Fiscal Jefe de Barcelona en relación con los intolerables hechos acaecidos en las inmediaciones del Palacio de Justicia tras la conclusión del juicio del 9N.

La falta de respeto a las reglas del estado de Derecho repercuten de forma inquietante en la convivencia democrática que tantos años nos ha costado construir.

Aprovechamos la ocasión para expresar el reconocimiento a nuestro compañero Emilio Sánchez Ulled por su magnífico trabajo, rigor técnico y profesionalidad demostrados durante el desarrollo del juicio.

COMUNICADO UPF sobre el CEJ y la formación de Fiscales

Desde la UPF queremos expresar nuestra profunda preocupación por la situación de caos y desorganización en la que se encuentra el CEJ tras el nombramiento de su nuevo Director. Hemos pasado de tener en el Centro dos miembros de la Carrera Fiscal (Director y Fiscal Asesor) a no contar con ningún interlocutor operativo que permita coordinar contenidos, facilitar la organización y ejecución de los planes de formación y, sobre todo y especialmente, servir de enlace institucional entre el CEJ, en cuanto órgano de gestión, y la Carrera Fiscal.

Las disfunciones, que ya se están produciendo, afectan principalmente a los compañeros que están en el Curso de Formación Inicial, pues parece que el CEJ no es consciente de que no son alumnos universitarios sino Fiscales en prácticas, con las exigencias de rigor, respeto y seriedad que su formación requiere tanto en la organización, en los contenidos como en el trato. No olvidemos la transcendencia e importancia que tiene la formación de jueces y fiscales, que el Consejo de Europa (Consejo Consultivo de Fiscales Europeos) vincula directamente a la autonomía e independencia en el ejercicio de nuestras funciones así como a la calidad de nuestro trabajo.

Es evidente que el Ministerio de Justicia nos está dejando claro que el CEJ es su centro y que a ellos les corresponde las decisiones a la hora gastar el presupuesto destinado a la formación de los Fiscales y su voluntad no es otra que hacer del CEJ una estructura administrativa y burocrática destinada a la formación de “funcionarios”.

Desde aquí os animamos a transmitir a la Fiscalía General del Estado todas las quejas que tengáis en relación con el CEJ a fin de exigir una solución urgente a este despropósito.

En Santiago a 13 de febrero de 2017

COMUNICADO UPF Propuestas Consejo Fiscal de 3/2/2017

Tras el nombramiento de José Manuel Maza como Fiscal General del Estado y la primera toma de contacto que tuvo con el Consejo Fiscal el pasado mes de diciembre, hoy viernes 3 de febrero tendrá lugar una reunión del Pleno del Consejo en cuyo orden del día los vocales electos a propuesta de la Unión Progresista de Fiscales han incluido una serie de iniciativas para la mejora y progreso de la Institución y de las funciones diarias de los Fiscales. Estas propuestas son complementarias al respaldo de nuestra asociación al proyecto de atribución de la dirección de la investigación penal al Ministerio Público, reforma que secundamos con la ineludible condición de que venga acompañada de un Estatuto Orgánico que garantice la absoluta autonomía e independencia del Ministerio Fiscal, atributos indispensables para el mejor y más eficaz desarrollo de nuestras funciones constitucionales.

Como os anticipábamos, enunciamos a continuación las medidas que serán planteadas hoy en el seno del Consejo Fiscal por los vocales electos a propuesta de la U.P.F, que se desarrollarán en ésta y en sucesivas reuniones del Consejo y que entendemos satisfacen algunas de las no pocas y justas reivindicaciones de los compañeros ante los problemas y carencias que les aquejan en su labor cotidiana. Como no puede ser de otra manera, esta batería de propuestas está abierta a las sugerencias e iniciativas de todos y cada uno de vosotros, asociados o no, y os animamos desde aquí a que nos dirijáis cuantas inquietudes profesionales sean de interés para la Carrera Fiscal.

1. Propuestas de índole profesional:

– Establecimiento de un calendario reglado de concursos de traslados.
– Regulación del sistema de ascensos en la Carrera Fiscal ante la inexplicable y notable diferencia con la Carrera Judicial.
– Dotación de material y medios dignos y unificación en todo el territorio nacional de las condiciones de trabajo: despachos, códigos y textos legales, material de escritorio, herramientas informáticas, ratio de personal al servicio de la Fiscalía, desplazamientos para actos de carácter judicial o uso de videoconferencia, entre otros.
– Unificación para todas las Fiscalías de un sistema de gestión común.
– Baremación de las cargas de trabajo de los Fiscales.
– Implantación de un sistema automatizado de control de la productividad.
– Merma de las labores burocráticas de los Fiscales (datos estadísticos y de control) y definición de las labores competencia de la Oficina Fiscal.
– Mejora del sistema previsto para la concesión de comisiones de servicio internas y utilización de éstas para cubrir las plazas de refuerzo asignadas actualmente a abogados fiscales sustitutos, sin perjuicio de que éstos cubran las plazas de origen de los Fiscales comisionados.

2. Propuestas de naturaleza económica:

– Reclamación de las indemnizaciones correspondientes por el día de libranza no disfrutado tras la guardia anterior a su regulación legal.
– Negociación de una nueva Ley de retribuciones y recuperación del poder adquisitivo previo al Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo.
– Control y mejora del actual sistema de retribución de las plazas de Decano, incluidas las de las Secciones Territoriales.

3. Propuestas sobre LexNet y artículo 324 de la LECrim:

– Derogación del sistema de plazos de instrucción actual o suspensión o derogación de la Circular 5/2015 de la Fiscalía General del Estado sobre los plazos máximos de la fase de instrucción.
– No implantación de un sistema de gestión procesal o comunicación con los Juzgados hasta que su funcionamiento sea satisfactorio, sin que sea admisible la imposición del Ministerio de Justicia en esta materia.
– Implementación en todo el territorio nacional de procedimientos automatizados de control de causas penales.

4. Propuestas sobre formación:

– Control y transparencia de las decisiones de naturaleza formativa que actualmente asume la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.
– Diseño de un programa sobre formación continuada con la participación inexcusable en el Centro de Estudios Jurídicos de un miembro de la Carrera Fiscal.
– Participación de la Carrera e información a toda la plantilla sobre todas las comisiones de estudio en las que participen Fiscales designados a través de la Fiscalía General del Estado y, en especial, ante las propuestas legislativas en ciernes.

5. Propuestas de índole institucional:

– Elaboración de un nuevo Reglamento Orgánico del Ministerio Fiscal.
– Concesión de autonomía presupuestaria a la Fiscalía General del Estado.
– Asignación a la Fiscalía General del Estado de un “departamento” en el Boletín Oficial del Estado.
– Promoción y colaboración de la U.P.F. en la elaboración de un Código Ético del Ministerio Fiscal impulsado desde el Consejo.
– Fortalecimiento del Consejo Fiscal, dotando al mismo de mayor transparencia y publicidad en el orden del día de cada reunión del Pleno y de apoyo administrativo del que actualmente carece, así como determinando un calendario de convocatorias regulares.
– Potenciación de la participación de la Carrera Fiscal en las elecciones al Consejo con la inclusión de las Fiscalías de Área como sedes de mesa electoral.

 

Santiago, a 3 de febrero de 2017

CARTA de la U.P.F al próximo Fiscal General del Estado

Con motivo de la propuesta de nombramiento como Fiscal General del Estado de D. José Manuel Maza Martín, la Unión Progresista de Fiscales saluda a quien ocupará esta alta magistratura del Estado y quiere asimismo poner de manifiesto una serie de consideraciones:

 

  1. Felicitamos al nuevo Fiscal General del Estado por su designación y depositamos en él nuestra confianza con la esperanza de que durante su mandato se lleve a cabo -tras varios años de retroceso- el definitivo despegue de la institución cuya jefatura superior ostentará, así como de que los poderes públicos valoren nuevamente la importancia del Ministerio Fiscal en la mejora y progreso de la justicia y el desarrollo del estado de Derecho, dotándonos para ello de eficaces instrumentos, tanto personales, como materiales y procesales.

 

  1. Lamentamos el público desaire al que se ha visto sometida nuestra compañera y ex Fiscal General del Estado Dña. Consuelo Madrigal, a quien el propio Gobierno de España había manifestado públicamente su intención de revalidar en el cargo.

 

  1. Los requisitos para el cargo de Fiscal General del Estado son los de jurista de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión, con lo que la condición de magistrado u otra profesión jurídica ni añade ni resta méritos, como tampoco ser fiscal. Sin embargo, no nos parece positivo el mensaje que se traslada de que para que la Fiscalía sea autónoma deba ser dirigida por un magistrado. La autonomía e independencia del Fiscal General deriva del estatus legal de la propia institución y de la prohibición de injerencia del poder ejecutivo en las decisiones de los fiscales. La Fiscalía no es un instrumento del Gobierno, sino del Estado para el eficaz desempeño y cumplimiento de nuestras obligaciones legales y constitucionales, por más que la proposición para la designación del Fiscal General sea una decisión del Ejecutivo. A partir de ahí, deberá ser el Fiscal General del Estado quien garantice nuestra autonomía e independencia y es que, no pudiendo ser cesado ni removido durante su mandato, debe ser absolutamente impermeable a las decisiones y presiones externas, incluidas las de aquéllos que han determinado su nombramiento. Autonomía e independencia que no solo debe ser, sino también parecer ante los ojos de los ciudadanos.

 

  1. Las citadas notas de autonomía e independencia del Ministerio Fiscal han de ser esenciales para el mejor y más eficaz desarrollo de nuestras funciones, no solo frente al Ejecutivo -cuestión sobre la que de manera recurrente seguramente debamos insistir a lo largo de esta legislatura-, sino también frente a otros actores de la vida pública y, en especial, en el marco del proceso penal al que nos aboca necesariamente la imperiosa redacción de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así las cosas, la dirección de la investigación por parte de la Fiscalía con un control judicial sobre las garantías, la libertad, el aseguramiento de las fuentes de prueba personales y la acusación en ningún caso debe ser concebida como una instrucción delegada en la que cada una de las decisiones de los fiscales que hagan avanzar la investigación puedan ser objeto de recurso ante un juez. Un proceso penal concebido así supondría reproducir los vicios del obsoleto modelo inquisitivo que padecemos en nuestro país, resultaría ineficaz, entorpecería la acción de la justicia y únicamente favorecería a quienes tienen medios económicos para impugnar las decisiones del fiscal investigador. La necesaria tutela judicial en las materias antedichas no puede reconvertir al fiscal en un subordinado del denominado juez de garantías.

 

  1. Formación, reglas éticas, transparencia y medios materiales son imprescindibles para el trabajo de un fiscal. Insistimos en la necesidad de incrementar los recursos hasta alcanzar la deseada autonomía presupuestaria que garantice realmente nuestra independencia frente al Ministerio de Justicia.

 

La eficacia de la Fiscalía pasa también por la utilización de las nuevas tecnologías, cuya implementación ha de hacerse siempre teniendo en cuenta nuestras prioridades y despojando a los fiscales de tediosas e inútiles labores burocráticas que afectan directamente a la calidad de nuestro trabajo, al ambiente en nuestras oficinas y al tiempo efectivo dedicado a nuestro verdadero cometido como juristas.

 

  1. Nuestro propio estatuto profesional precisa de inmediato la adopción de reformas que permitan ejercitar nuestros derechos como trabajadores con plena seguridad jurídica. Es preciso, por consiguiente, la aprobación de un nuevo reglamento que contemple las realidades actuales y los derechos y obligaciones de los fiscales, y que ampare la participación y representación asociativa.

 

Éstos y otros muchos son los retos que nos aguardan. En nosotros tendrá siempre el Fiscal General del Estado la mejor disposición para colaborar en su consecución, así como la más alta lealtad institucional, pero también nuestro permanente celo y pública denuncia de aquello que desvíe el propósito de servir a los ciudadanos y procurar una eficaz administración de justicia.

 

 

En Santiago, a 16 de noviembre de 2016

 

El Secretariado Permanente de la U.P.F.

 

COMUNICADO U.P.F. sobre declaraciones del Ministro y nuevo F.G.E.

Las recientes manifestaciones del Ministro de Justicia en una conocida emisora de radio en las que afirmaba que “la Fiscalía puede recibir instrucciones por escrito del Gobierno” ponen en cuestión la idoneidad de Rafael Catalá para el ejercicio de su cargo en tanto en cuanto revelan un profundo desconocimiento de nuestra institución como órgano constitucional en defensa de la legalidad y del interés público, así como de la regulación estatutaria de las relaciones entre el Gobierno y la Fiscalía, más aún cuando -según el propio Ministro- uno de los retos más relevantes de la legislatura es abordar la asunción de la dirección de la investigación penal por el Ministerio Fiscal, función que exige avanzar hacia una escrupulosa autonomía, lo que resulta incompatible con la concepción de la Fiscalía -como órgano subordinado al poder Ejecutivo- que parece tener el máximo responsable del departamento de Justicia.

 

Asimismo, la Unión Progresista de Fiscales felicita a José Manuel Maza Martín por su próximo nombramiento como Fiscal General del Estado, deseándole los mejores éxitos profesionales pues redundarán en beneficio de la ciudadanía y del Ministerio Fiscal, confiando no atienda “las instrucciones” que de Rafael Catalá pudiera recibir como Ministro de Justicia.

 

 

COMUNICADO UPF sobre transparencia y nombramientos

La UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES, ante los recientes nombramientos de algunos miembros de la Carrera Fiscal vinculados por lazos familiares con quienes ocupan o han ocupado cargos de gran responsabilidad en el Ministerio Fiscal o en el Poder Judicial, se ve en la obligación de recordar que el informe sobre prevención de la corrupción en España del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (2014) recomendaba a España que en relación con los nombramientos discrecionales se reforzara la transparencia, con el fin de garantizar que estos nombramientos no pusieran en tela de juicio la independencia, imparcialidad y transparencia de los procesos de nombramiento.

La sombra de sospecha sobre los nombramientos para cargos públicos, si bien es deleznable en cualquier Administración Pública, es especialmente nefasta cuando a miembros del Ministerio Fiscal se refiere, que es una institución llamada a extremar las cautelas deontológicas por la misión que constitucionalmente tiene asignada en defensa de la legalidad y del interés público.

La promoción de Fiscales, Jueces y Magistrados debe someterse a procedimientos de máxima transparencia y estar en todo caso libre de cualquier tipo de injerencia por parte de grupos o familiares, basándose exclusivamente en criterios objetivos, públicos y preestablecidos, tal y como está contemplado en las Recomendaciones del Consejo de Europa a sus Estados miembros (Arts. 44 y ss. de la Recomendación CM/Rec (2010)12 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre los Jueces: independencia, eficiencia y responsabilidades, adoptada en su 101º Sesión el 6 de noviembre de 1997, adoptada el 17 de noviembre de 2010)

NOTA DE PRENSA tras últimas declaraciones del Ministro de Justicia

Desde la Unión Progresista de Fiscales asistimos atónitos a las manifestaciones efectuadas por el Ministro de Justicia en funciones -que también de Fomento- Rafael Catalá Polo en las que afirma que “la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya está dando los resultados que esperábamos”, resultados que no son otros que el descenso de un 41,7% de asuntos ingresados en los órganos de la jurisdicción penal en relación con el segundo trimestre del año pasado, según datos publicados por el C.G.P.J.

 

Recordamos al sr. Ministro en funciones que la reducción del número de asuntos que acceden a los juzgados de instrucción es consecuencia directa e inmediata de un motivo: muchos de los atestados policiales sin autor conocido ya no se remiten a los órganos judiciales; atestados cuya sencilla tramitación antes de la reforma en ningún caso suponía la causa principal del colapso que sufre actualmente la jurisdicción penal española.

 

Por el contrario, los jueces de instrucción y los fiscales han visto incrementada su carga de trabajo con el nuevo enjuiciamiento de un buen número de delitos leves que antes de la reforma de 2015 del Código Penal era competencia de los Juzgados de lo Penal, con la supresión de los fiscales y jueces sustitutos que cubrían bajas, licencias y excedencias y con la instauración de un sistema de plazos de instrucción que generó y sigue generando no solo un importante aumento de nuestras ocupaciones diarias, sino además un notable deterioro en las relaciones entre los responsables de su aplicación, para, en definitiva, no resultar sino una operación de mero marketing ministerial en un fracasado intento por terminar con las -desdeñadas por todos- dilaciones indebidas de los procesos penales.

 

COMUNICADO U.P.F. SOBRE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS

Tras los sucesos acaecidos la noche del pasado miércoles en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, la Unión Progresista de Fiscales quiere recordar que el internamiento regulado en el artículo 62 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, constituye una medida cautelar limitadora de un derecho fundamental como es el de la libertad, garantizado en el artículo 17 de nuestra Constitución, y que se aplica a personas que han incurrido en una infracción de naturaleza administrativa de las recogidas en dicha Ley. Debemos acabar ya con la genérica criminalización del migrante sin papeles.

 

Desde la Unión Progresista de Fiscales queremos además remarcar que aunque el artículo 60.2 de la Ley Orgánica 4/2000 establece que los centros de internamiento de extranjeros “no tendrán carácter penitenciario”, la regulación de su funcionamiento establecida por el Reglamento de 14 de marzo de 2014 -a todas luces decepcionante, parco e insuficiente, varios de cuyos artículos se vieron anulados por la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2015 por contravenir el derecho europeo, la Ley de Extranjería y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional- establece unas restricciones de derechos y un régimen interno muy similar al de un centro penitenciario.

 

Queremos recordar, asimismo, la necesidad de asegurar, de manera real y efectiva, a los extranjeros internados el disfrute de los derechos contemplados en el artículo 62 bis de la Ley de Extranjería -especialmente aquellos relacionados con la vida, integridad, salud y asistencia sanitaria-, así como garantizar que los centros cumplan con requisitos de habitabilidad respetuosos con la dignidad del ser humano, dotándolos de los medios necesarios y de personal cualificado, no siendo admisible el mantenimiento de centros de internamiento que no cumplan con dichos requisitos.

 

De especial relevancia, más ahora que nunca, resulta garantizar el derecho a la presentación de solicitudes de asilo por aquellos migrantes que pudieran resultar acreedores de protección internacional.

 

Finalmente, creemos que resulta necesaria la previsión de alternativas a los Centros de Internamiento de Extranjeros más respetuosas con los derechos fundamentales, tales como pisos tutelados o regímenes de acogimiento a través de asociaciones y organizaciones que tengan legalmente reconocidos entre sus fines la protección de las personas migrantes.

 

En definitiva, insistimos en que las garantías y el respeto a los derechos fundamentales deben exigirse siempre, cualquiera que sea el origen o condición de la persona. La dignidad humana siempre debe prevalecer y nunca condicionarse a su situación administrativa.

Por la inmediata liberación de jueces y fiscales detenidos en Turquía

MEDEL pide la liberación inmediata de los jueces y los fiscales detenidos en Turquía y se posiciona junto a los colegas asociados en YARSAV, muchos de los cuales han sido detenidos.

http://www.medelnet.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=247:medel-calls-for-immediate-release-of-judges-and-prosecutors-detained-in-turkey-and-stands-beside-colleagues-associated-in-yarsav&catid=57:europe&Itemid=179