Carta al Presidente de SMMP

Sr Presidente da Direcção del Sindicato dos Magistrados do Ministério Público,

La Unión Progresista de Fiscales quiere expresar su solidaridad y afecto a los compañeros del Sindicato del Ministerio Público Portugués.

La defensa de la profesionalidad de los fiscales portugueses no es únicamente una manifestación de la libertad de expresión y asociación por parte de los miembros del sindicato, sino un deber, un compromiso, no solamente con sus representados, sino también con los propios ciudadanos portugueses.

La sociedad tiene derecho a conocer la respuesta, incluso airada, y sin interferir en los hechos que son objeto de enjuiciamiento, de los representantes de quienes son continua e injustamente cuestionados con insinuaciones inadmisibles por la única tacha de realizar con rigor y eficacia su trabajo.

Los poderosos ven amplificadas sus insidias por los resortes mediáticos que pueden utilizar como altavoz a sus inaceptables descalificaciones. Los profesionales tenemos derecho a replicar y ser escuchados, nada de esto tiene que ver con el objeto del proceso, y mucho con la manipulación que es necesario denunciar.

Responder a ello es pues, obligado, legítimo y necesario en una sociedad democrática.

Como fiscales españoles nos sentimos muy cerca de nuestros colegas portugueses, y como ellos, hemos sentido y seguro que sentiremos, la necesidad de ser oídos sin que nadie nos lo impida.

Decía Goethe: El perro quisiera acompañarnos desde el establo; el eco de sus ladridos demuestra que cabalgamos”, en castellano decimos Ladran, luego cabalgamos, amigo Sancho, atribuyéndola a Don Quijote.

Un cordial saludo.
Álvaro García Ortiz, presidente.

CARTA de la UPF en relación con los recientes oficios remitidos por la F.G.E.

Con esta carta la Unión Progresista de Fiscales quiere poner de manifiesto el sentir de una parte importante de la plantilla de los fiscales de este país. No pretende ésta ser de lamento o de queja, sino que intenta trasladar a los órganos centrales de nuestra institución lo que aparenta ser para ellos lejano y ajeno.

Los planes de la Fiscalía General del Estado para el control de los procedimientos han causado un profundo malestar en la carrera, no solo en buena parte de la plantilla -sobre la que recae la mayor carga de trabajo-, sino también entre aquéllos que desde Fortuny denominan mandos intermedios y, cómo no, también en algunas jefaturas. Un importante número de compañeros manifiestan a quienes formamos parte de las asociaciones su honda decepción y su enojo.

La recepción el día de ayer de los oficios procedentes de la Inspección Fiscal y la Unidad de Apoyo en relación con el plan de control de las causas en tramitación en los juzgados a los efectos del art. 324 LECrim ha precipitado una corriente de frustración y rechazo al programa de actuación que tales oficios recogen. La previsión de que sean revisadas semanalmente “al menos” 25 causas por juzgado revela el lamentable desconocimiento de la Fiscalía General de la organización del trabajo en las distintas Fiscalías por cuanto que -parece que así lo debemos recordar- los fiscales deberán seguir atendiendo sus servicios de guardias, señalamientos ante los juzgados de Instrucción, de lo Penal y Audiencia Provincial, vistas civiles y demás servicios presenciales -incrementados tras las últimas reformas legales- cuyo reparto, con la plantilla actual, deja escasos días al mes para el despacho ordinario de papel que, con mucha frecuencia, termina siendo tramitado por los compañeros fuera de las horas de audiencia.

Asimismo, parece que los firmantes de los oficios señalados desconocen la posibilidad de que los juzgados no se avengan a remitir la causa al fiscal para su examen en el mismo momento en que éste la solicite para cumplimentar unas exigencias de control meramente internas, y que lo anteriormente dicho sobre la generalización del despacho de asuntos fuera de horas de audiencia impide la revisión de las causas en las propias dependencias del juzgado, práctica ésta que -por otra parte- resulta absolutamente indeseable e incompatible con la dignidad de la función del fiscal.

Tenemos la sensación de que desde el palacio del Marqués de Fontalba -sede de la Fiscalía General del Estado- no se percibe la realidad diaria de la misma manera a como se hace en cada una de las sedes de la Fiscalía del resto de España. Parece también que desde hace tiempo se ha roto alguna conexión y no hay sensibilidad ni conocimiento de la auténtica carga de trabajo y sentir de los fiscales. Estoicamente hemos venido soportando un aumento de funciones y tenemos la percepción de que en todas las reformas legislativas el fiscal es el comodín del legislador para acudir presto a cuanta diligencia judicial fuera llamado.

La presencia física del fiscal para atender distintos servicios y la creciente demanda de su intervención ha modificado sustancialmente nuestro trabajo. Nuestra presencia mediática ha aumentado y las exigencias de responsabilidad también. Esto nos prestigia pero también nos exige. Por eso necesitamos parar. No se nos puede pedir cada vez más y pretender que sostengamos a la institución con nuestro esfuerzo personal y voluntarista.

Sin embargo, desde nuestros órganos centrales, lejos de comprender esta realidad o defender nuestros legítimos derechos, parece que se nos exigen cuentas y deberes. En lugar de crecer en nuestra autonomía como profesionales, se nos trata como escolares, implantando un sistema de peonadas que no confía en nosotros, que nos exige más allá de lo que serían nuestras obligaciones legales y cuyo sentido parece que no es otro que dar justificación al Ministerio de los más que exiguos medios de apoyo previstos en la “relación de necesidades” que se adjunta, por otro lado, absolutamente insuficientes para abordar las nuevas funciones que se nos encomiendan no sólo por la Ley 41/15, sino por la propia Fiscalía General. Creemos que nunca la carrera fiscal se ha tenido que someter a esta contabilidad obligatoria dirigida desde la Fiscalía General, lamentamos que se banalice nuestro trabajo estableciendo quincenas de cumplimiento o números más propios de un trabajo en cadena que de un servicio público.

La carrera, los fiscales, esta asociación, nos preguntamos qué más se puede hacer para convencer a la Fiscal General y a su equipo de que este colectivo es capaz de afrontar todos los retos y desafíos que se le encomienden, que lo hace día a día en los juzgados, luchando contra un procedimiento obsoleto, lleno de trampas, sacando adelante las causas pese a la precariedad de medios, enfrentándose a presiones de todo tipo, a los poderosos que se defienden con sofisticadas armas procesales y materiales. Pero que ese esfuerzo será inútil y no será eficaz para el ciudadano y para el estado de derecho si no se hace procurando los medios, poniendo las condiciones y dando soporte material y profesional a nuestro trabajo. No queremos ser los campeones de las estadísticas, ni cumplir objetivos de una cadena de montaje, queremos cumplir con nuestra misión constitucional con eficacia y dignidad.

No se puede dar la espalda a la carrera, ni a la propia institución, nos sentimos defraudados y traicionados por la complicidad de la Fiscal General con el Ministro de Justicia. La conclusión es que somos un barco sin rumbo y sin capitán, a la deriva de las decisiones de un Ministerio de Justica que nos utiliza a coste cero para llevar a término una reforma que ya desde el informe del Consejo Fiscal del anteproyecto de ley era rechazada por la institución.

Como asociación es nuestra obligación transmitir a la Fiscal General y a sus colaboradores que estamos ante una situación crítica, indeseada por todos, y que la carrera fiscal necesita un liderazgo que apoye, entienda y asuma como propio el sentir de la plantilla, un liderazgo que lamentablemente echamos de menos y que nos ha colocado en esta delicada situación profesional.

Comunicado de apoyo a los fiscales de la Audiencia Nacional

La Unión Progresista de Fiscales, ante las críticas vertidas por una asociación de víctimas contra el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, quiere expresar su total apoyo a éste y a todos los compañeros que desde dicho órgano desempeñan sus funciones en condiciones de máxima dificultad y riesgo personal bajo su dirección. A estas alturas parece un sarcasmo cuestionar a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha impulsado con notable éxito el combate legal contra todas las formas de delincuencia y con pleno respeto a las garantías constitucionales. El amparo a las víctimas es, por añadidura, uno de sus principales cometidos y preocupaciones.

En relación a la organización terrorista ETA, es de dominio público cómo se han impulsado las investigaciones no solo contra los comandos operativos, sino también contra el entramado e infraestructuras de apoyo, propiciando la revisión de causas que permanecían archivadas a fin de agotar todas las posibilidades de investigación y persecución de los delitos. Por ello, ante las injustificadas críticas e insólitas peticiones de dicha asociación, la U.P.F. quiere manifestar su apoyo a los compañeros de la fiscalía de la Audiencia Nacional, a su jefatura, y a todos a quienes desde el Estado de Derecho encabezan un modelo de respuesta que debe ser reivindicado frente a otras tentaciones belicistas o que puedan restringir derechos fundamentales.

Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Comunicado UPF sobre la entrada en vigor del nuevo sistema de plazos de instrucción

Tras su reciente entrada en vigor el día 6 de diciembre de 2015, la Unión Progresista de Fiscales reitera su enérgico rechazo al sistema de plazos de instrucción instaurado por la Ley 41/2015 de modificación de la LECrim. al considerar incongruente el control por los fiscales de los plazos de las investigaciones judiciales.

Lamentamos que el análisis profundamente crítico realizado unánimemente por las asociaciones de fiscales y jueces, así como por más de mil doscientos fiscales españoles en una carta dirigida al Consejo Fiscal, no haya sido acogido por el actual Ministro de Justicia, rehusando -incluso- el aplazamiento solicitado del exiguo y sorprendente plazo de dos meses de entrada en vigor de la reforma hasta la necesaria dotación de medios para su debida aplicación práctica. En este sentido, desde nuestra asociación hemos manifestado insistentemente que el Ministerio Fiscal carece de recursos personales y herramientas informáticas que permitan controlar con rigor los tiempos de las investigaciones de los jueces de instrucción.

La instauración de esos nuevos plazos pone de manifiesto -una vez más- la absoluta improvisación del legislador con una reforma cuya acelerada entrada en vigor solamente puede justificarse en la voluntad de “vender” en plena campaña electoral una ficticia modernización de la justicia, escondiendo el vergonzoso trato dado a la misma y a sus profesionales en esta legislatura.

Asimismo, reiteramos nuestro público reproche al posicionamiento adoptado por la Fiscal General del Estado que, en una actitud claramente condescendiente con el Ministerio de Justicia, no ha liderado el desacuerdo y la crítica constructiva de un sobresaliente número de miembros de la carrera fiscal ante una reforma legislativa que no hace sino dificultar la investigación judicial y entorpecer la labor del Ministerio Fiscal en la promoción de la acción de la justicia.

En definitiva, consumada la entrada en vigor del nuevo sistema de plazos cuya implantación no va acompañada de la necesaria dotación de personal -por decisión del propio legislador- y atendiendo a las dificultades de la Fiscalía para controlar los plazos de los procedimientos no solo futuros, sino también en trámite -más de 700.000, según datos del propio C.G.P.J.-, la Unión Progresista de Fiscales lamenta y censura el incumplimiento por el Ministro de Justicia de los compromisos adquiridos ante el Consejo Fiscal el pasado día 20 de octubre de 2015, tanto de proporcionar al Ministerio Fiscal herramientas informáticas adecuadas para examinar el estado de los procedimientos judiciales, como de dictar la correspondiente instrucción a los letrados de la administración de justicia a fin de que faciliten a los fiscales la labor de control de los plazos de instrucción. Y es que la responsabilidad de esa tarea de inspección no recae en exclusiva en los integrantes de la carrera fiscal, sino también -e incluso en mayor medida- en los jueces que dirigen la instrucción y en los propios letrados de la administración de justicia a quienes legalmente corresponde poner en conocimiento de aquéllos el vencimiento de los términos judiciales.

Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Obituario Juanjo Márquez Bonvehí

A las 06,15 horas del día 6 de diciembre de 2015 falleció en Barcelona nuestro compañero y amigo Juan José Marquez Bonvehí. Para aquellos que tuvimos la tremenda suerte de que Juanjo se cruzara en nuestro camino no podemos más que sentirnos afortunados de haber estado a su lado y lamentamos profundamente su pérdida, transmitiendo nuestro más sentido pésame a su pareja y a sus familiares.

Juanjo estuvo durante más de 24 años al servicio de la Fiscalía de Menores de Barcelona, dedicando su tiempo y su vida a luchar por una causa en la que creia y por una jurisdicción a la que supo darle el reconocimiento que merecía, no en vano es y seguirá siendo un gran referente en esta jurisdicción.

Fue un gran jurista, un leal compañero y un jefe justo, cercano y generoso, sabía dar a cada persona lo que necesitaba, y sacaba de cada uno lo mejor que tenía dentro.

Querido Juanjo, te recordaremos siempre y tu memoria permanecerá imborrable entre todos nosotros; sabemos de la importancia que tuvo en tu vida la jurisdicción de menores, de tu esfuerzo, del sentido de la responsabilidad y del tiempo que le dedicaste para que todo fuera más eficaz y pudieramos llegar a todo; sabemos de tus noches en vela los días de guardia ideando nuevos planes de servicio, nuevos sistemas de trabajo, notas, memorias, informes y estadísiticas para mejorar porque siempre pensabas que todo se podía mejorar… Tu esfuerzo, querido compañero, no quedará en vano para los que tuvimos la suerte de trabajar día a día y codo a codo contigo. Nos has dejado un legado por el que seguiremos luchando, nos contagiaste de tu entusiasmo, de tu vocación y de “cómo se tenían que hacer las cosas”, y seguro que desde donde quiera que estés nos guiarás para recoger ese testigo.

Sara Gómez Expósito
Fiscal de la Fiscalía Provincial de Barcelona y asociada de la UPF

Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Foto de Domènec Umbert
www.elmundo.es

Comunicado UPF tras reunión con el Ministro de Justicia

Tras la reunión mantenida con el Ministro de Justicia, la UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES pone de manifiesto su profunda decepción por el resultado de la misma en la que una vez más nos hemos encontrado con la incapacidad absoluta del Ministerio de Justicia para escuchar y atender el clamor generalizado de todos los operadores jurídicos en contra de la entrada en vigor de la ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
 
Ha sido la propia sordera del Ministerio, de su iniciativa legislativa -que ha ignorado en el momento de la redacción del texto los consejos aportados por los órganos consultivos del Estado-, así como las prisas o urgencia política por “encajar” esta ley antes de que finalice la legislatura, lo que ha provocado este indeseable resultado.
 
En este caso, la firma de nada menos que 1.194 fiscales españoles y la unanimidad de las asociaciones de fiscales comprometiendo su voluntad para evitar la entrada en vigor de la norma, es un hecho que le resulta irrelevante al Ministerio, quien, pleno de soberbia jurídica, trata de darnos explicaciones sobre cómo aplicar la ley y promete, como parches de última hora, medios materiales insuficientes e ineficaces antes de la entrada en vigor de la norma y cuyo cumplimiento y efectividad el Ministro no está  en condiciones de asegurar ante el fin de su mandato.
 
La voluntad y necesidad de acortar los tiempos de instrucción es una evidencia que no necesita mas explicación pero el instrumento utilizado -la  reforma del art 324  de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada a través de la Ley 41/2015, de 5 de octubre- es técnicamente deficiente, jurídicamente confuso y procesalmente incongruente, incluso con visos de inconstitucionalidad en alguno de sus postulados. La ley plantea un reparto de papeles entre jueces y fiscales de otro modelo procesal y, sobre todo, parte de una realidad, la deteriorada  realidad del día a día de nuestras fiscalías y de los juzgados y tribunales, desconocida absolutamente por el Ministerio de Justicia y el legislador.
 
Lamentamos profundamente que la Fiscal General del Estado no encabece, como nos hubiera gustado, esta justa petición, y que le dé la espalda a la Carrera Fiscal en un momento inmejorable para demostrar nuestra autonomía e independencia del ejecutivo.
 
La justicia necesita buenos instrumentos para luchar contra la delincuencia compleja, necesita medios materiales, jueces, fiscales, peritos, investigadores, y necesita -también- que las leyes sean fiables, aplicables y técnicamente sostenibles. El fin del proceso penal es investigar el delito y perseguir a los culpables, pero con esta ley -en su actual planteamiento- corremos el riesgo de que quien se beneficie de los plazos no sea la sociedad ni la justicia ,y mucho menos las víctimas de los delitos, sino quienes evitan por todos los medios a su alcance ser investigados, quienes mayor interés tienen en dilatar los procesos y procurar su impunidad.
 
Por consiguiente, volvemos a solicitar -puesto que aún hay posibilidad de hacerlo y solamente depende de la voluntad del Ejecutivo- que antes del 5 de diciembre de 2015 el Gobierno aplace la entrada en vigor de la norma. Es una petición sensata, respetuosa con la separación de poderes y amparada en la voluntad de evitar las indeseables consecuencias de una ley que no deseamos sea recordada como la ley de punto final española.
 
Santiago de Compostela a 20 de octubre de 2015

Comunicado UPF contra la violencia machista.

 

La UPF  condena rotundamente la violencia machista que ya ha matado en 10 años a mas de 700 mujeres en España.

Tras los últimos acontecimientos violentos  sufridos por mujeres y sus hijas e hijos, víctimas de esta violencia machista y de las estructuras que las sostienen, desde la Unión Progresista de Fiscales entendemos indispensable que se priorice desde todos los sectores implicados y sus instituciones -educación, salud, servicios sociales, igualdad y justicia- políticas públicas orientadas a la prevención, formación, tratamiento y ayudas de las personas que se hallen inmersas en ese círculo de violencia, y de toda la sociedad en su conjunto.

Como ya venimos insistiendo, consideramos absolutamente imprescindible un pacto de estado y una férrea implicación del gobierno para que ponga todas las instituciones al servicio de la lucha contra esta lacra machista.
Recordamos que el reciente informe de fecha 24 de julio de la CEDAW (Convención de la ONU por la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres) resulta elocuente al señalar que “las medidas de austeridad financiera y económica” adoptadas por el Ejecutivo español han tenido “efectos negativos” sobre la mujer.

Por otro lado, ante estos ignominiosos acontecimientos entendemos esencial la reactivación de las funciones y competencias de la Fiscalía de Sala de violencia sobre la Mujer.

El Secretariado Permanente de la UPF 

 

Santiago de Compostela 13 de agosto de 2015

La Unión Progresista de Fiscales critica el exceso de reformas legislativas

En el último mes, coincidiendo con el final de esta legislatura, asistimos a la promulgación o entrada en vigor de  nuevas normas, un autentico sprint legislativo ante la llegada de las elecciones y que provoca cambios en materias tan importantes como, CÓDIGO PENAL, LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, LEY DEL JURADO,  LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA, LEY DEL MIEMBRO NACIONAL DE EUROJUST, LEY DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, CÓDIGO CIVIL, LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL ,LEY DEL REGISTRO CIVIL, CÓDIGO DE COMERCIO, LEY DE PATRIMONIO DEL ESTADO, LEY DEL NOTARIADO, LEY DE DEFENSA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, LEY HIPOTECARIA, y están previstas dos importantes modificaciones de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL y de nuevo de la LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.

Como ciudadanos y juristas mostramos una seria preocupación por esta prodigalidad reformista con iniciativas legislativas que inciden directamente en el ejercicio de nuestros derechos constitucionales, al tiempo que contravienen la más mínima seguridad jurídica.

En Santiago de Compostela a 9 de Julio de 2015

El Secretariado Permanente

Reformas legislativas y carrera fiscal.

Desde la Unión Progresista de Fiscales asistimos atónitos a las últimas reformas legislativas -Código Penal, Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y Ley de Enjuiciamiento Criminal- cuya publicación y entrada en vigor en el último tramo de la legislatura se precipitan de forma incomprensible. Como venimos apuntando, estas iniciativas legislativas, rechazadas por la mayor parte de los juristas de nuestro país, inciden negativamente en los derechos fundamentales de los ciudadanos. Incluso, la reforma penal implantada -con la introducción de los delitos leves- conlleva una drástica reducción de las garantías del justiciable. Pero es más, el excepcional plazo de tres meses de vacatio legis establecido por la L.O 1/2015 para la entrada en vigor de la reforma del Código Penal no ha permitido realizar con tiempo a los operadores jurídicos un análisis riguroso y en profundidad de las modificaciones introducidas, muchas de las cuales -algunas de ellas debidas a graves errores técnicos del legislador- suponen serias disfunciones en el ejercicio diario de nuestra profesión, además de generar una indeseable carga de trabajo adicional cuando, en teoría, una de las finalidades de la reforma no era sino aliviar el volumen de la actividad de Juzgados, Tribunales y Fiscalías.

Por el contrario, otras muchas reformas, que dependen únicamente de la voluntad del Ministerio de Justicia y que supondrían una evidente mejora de nuestros derechos laborales en el desempeño cotidiano de nuestro trabajo, se aplazan sine die o quedan directamente en el olvido. En este contexto, resulta oportuno insistir -y así lo denunciamos públicamente- que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aún adeuda a los funcionarios de la Administración de Justicia buena parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 y que, del mismo modo, el Ministerio de Justicia tiene pendiente de resolver reclamaciones efectuadas por el día de libranza no disfrutado tras la guardia y debe aclarar, además, qué ocurre con nuestros derechos pasivos en relación con otros cuerpos funcionariales del Estado.

Asimismo, la Unión Progresista de Fiscales quiere llamar la atención sobre otra cuestión fundamental que fue promesa y bandera del anterior Fiscal General del Estado, y que debería serlo de la actual,  cual es la pretendida autonomía del Ministerio Público y, en concreto, su autonomía presupuestaria. Así las cosas, la sujeción de la Carrera Fiscal al Ministerio de Justicia en materia de nombramientos, resoluciones, recursos y, especialmente, en cuestiones de índole presupuestaria, impiden que -en la práctica- el Ministerio Fiscal en España sea autónomo del poder ejecutivo.  Si a ello sumamos que la trasferencia en materia de provisión de medios materiales a las Comunidades Autónomas provoca indeseables diferencias entre Fiscalías, esa ansiada y necesaria autonomía resulta aún una mera quimera a la que, sin embargo, no estamos dispuestos a renunciar.

En Santiago de Compostela a 6 de julio de 2015

El Secretariado Permanente.

Rechazo a las últimas reformas legislativas

A escasos días de la entrada en vigor de la L.O 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal, la Unión Progresista de Fiscales reitera su enérgico rechazo a la reforma consumada que, además de incluir la denominada prisión permanente revisable, esto es, la cadena perpetua o el internamiento de por vida -incompatible y contraria al artículo 25.2 de la Constitución Española-, conlleva un aumento generalizado de las penas, fruto de una deriva legislativa político-criminal marcadamente reaccionaria.

 

Asimismo, la U.P.F reprueba la reforma operada en el Código Penal en relación con los denominados delitos leves, tanto por su deficiencia legislativa -degrada “de forma involuntaria” a la categoría de delitos leves hechos tipificados hasta ahora como menos graves-, como por la derivación a la vía administrativa de hechos penalmente reprochables y, por consiguiente, sin las correspondientes garantías del procedimiento penal.

 

Finalmente, debemos alertar que en la última etapa de la legislatura resulta notoria la voracidad legislativa del Gobierno con el reciente traslado al Senado del Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado por el Congreso de los Diputados. Como ya hemos apuntado en ocasiones anteriores, la reforma proyectada -lejos de implantar un nuevo marco procesal que abandone el arcaico sistema actual y evolucione hacia uno nuevo basado en la autonomía, la especialización y la celeridad- limita la duración de las investigaciones sumariales sin dotar a la justicia penal de los necesarios medios personales y materiales, lo que pone de manifiesto el absoluto desconocimiento del legislador sobre la realidad diaria de los Juzgados y Fiscalías de nuestro país, resultando una completa temeridad que el mero transcurso de un plazo pueda significar el fin de una instrucción, naturalmente sin éxito y encaminada a la posible impunidad de los hechos investigados.

Santiago de Compostela a 29 de junio de 2015

El Secretariado Permanente