COMUNICADO SOBRE LA HUELGA DE JUECES Y FISCALES

El 16 de junio de 2017 las cuatro asociaciones judiciales suscribimos un documento con “14 propuestas para la mejora de la Justicia” al que se han adherido la mayoría de juntas de jueces de España, mas de 3.500 jueces y juezas así como las tres asociaciones de fiscales que han incorporado cuatro específicas de su colectivo.
 
Dichas propuestas comprenden desde el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia: calidad y eficacia así como la mejora de las condiciones profesionales de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal. Junto a ello, la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios al efecto; la atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado; y el refuerzo de la independencia y autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal.
 
Unas son claramente competencia de los grupos parlamentarios, otras del Gobierno y el resto del Consejo General del Poder Judicial.
 
El balance no puede ser mas decepcionante en todos estos meses que llevamos de negociaciones. No hay siquiera un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia tras el fracaso de la Subcomisión creada al efecto. Y está pendiente de aprobación la Ley Orgánica sobre recuperación de permisos y vacaciones a los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal con enmiendas sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial.
 
Hasta la fecha, el gobierno no ha incrementado el número de jueces y fiscales a fin de ir equiparándolo a la media europea y no hay rastro de la racionalización de la planta judicial y fiscal, evitando la precarización de las últimas promociones. Tampoco se ha convocado la mesa de retribuciones que por ley debe de reunirse cada cinco años con el objeto de reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos ocho años. Nada se hace por mejorar el proceso de digitalización, y en particular su desigual aplicación en el territorio nacional.
 
El Consejo General del Poder Judicial ha hecho caso omiso a nuestra propuesta sobre nombramientos judiciales, conforme a criterios de mérito, capacidad, igualdad de género y transparencia. Y sigue sin cumplir con su obligación legal de fijar las cargas de trabajo, como le recuerda la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
 
Hoy muchos fiscales, jueces y juezas hemos decidido hacer huelga. Con ella queremos expresar nuestro profundo malestar con los responsables en materia de Justicia ante la dejación y abandono en el que se encuentra este servicio público. Reclamamos una Administración de Justicia del siglo XXI, de calidad y con medios e independiente. Lamentamos los perjuicios ocasionados a la ciudadanía por este paro.
 
22 de mayo de 2018
 
 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA
 
ASOCIACIÓN DE JUECES FRANCISCO DE VITORIA
 
ASOCIACIÓN JUECES Y JUEZAS POR LA DEMOCRACIA
 
ASOCIACIÓN DE JUECES “FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE”
 
ASOCIACIÓN DE FISCALES
 
UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES.
 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES​

COMUNICADO DE TODAS LAS ASOCIACIONES EN RELACIÓN CON LAS DECLARACIONES DEL MINISTRO DE JUSTICIA

El Ministro de Justicia, en unas nuevas declaraciones con motivo de la denominada sentencia de “La manada”, ha insinuado públicamente que debería haberse actuado preventivamente contra el magistrado que dictó el voto particular, verbalizando que el magistrado “tiene un problema” y que “todos los saben”, sembrando públicamente dudas sobre la capacidad y condición de dicho magistrado.

La intromisión del Ejecutivo en las labores que le corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial (tales como la tutela o el impulso de la labor disciplinaria) y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia.

Hoy es por el juicio de “la Manada” pero mañana puede serlo por cualquier actuación que no sea del agrado del Ministro o de su Gobierno. Éste es el verdadero peligro: la utilización de la resoluciones judiciales por el Ejecutivo y la confusión intencionada de intereses electorales con lo que debería ser su labor como miembro de un Poder del Estado, esto es, respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones.

Por eso, exigimos una vez más la dimisión del Ministro de Justicia, cuya reprobación ya fue demandada por otro de los Poderes del Estado, como es el Legislativo.

En Madrid a 30 de abril de 2018.

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA (APM)

ASOCIACIÓN DE JUECES FRANCISCO DE VITORIA

ASOCIACIÓN JUECES Y JUEZAS POR LA DEMOCRACIA

ASOCIACIÓN DE JUECES “FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE”

ASOCIACIÓN DE FISCALES

UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES

ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES

COMUNICADO SOBRE CONCURSOS DE TRASLADO Y AUTONOMÍA DEL MINISTERIO FISCAL

La Unión Progresista de Fiscales, ante las distintas vicisitudes que se han venido sucediendo con la resolución del concurso de traslado convocado por Orden JUS/1158/2017, de 24 de noviembre, quiere mostrar su absoluto rechazo al trato de total desconsideración que el Ministerio de Justicia ha dispensado, una vez más, a nuestra carrera. 

Y es que no sólo su inoperancia al no incluir en el anexo las plazas a resultas de Bilbao y Huelva ha generado un verdadero caos en la resolución del concurso, sino que además ha dilatado innecesariamente su publicación en el BOE, con el consiguiente quebranto para muchos compañeros que se han encontrado en una situación de total incertidumbre mucho más allá de lo aceptable.

Por otra parte, el Ministerio no ha informado de manera alguna a los fiscales del modo en que debían solicitar la retención por motivos de conciliación familiar, y ni siquiera les ha notificado de manera formal su concesión con carácter previo a la publicación, generando nuevos problemas e incertidumbres a los afectados.

Todo ello se une a la ya consolidada falta de creación de nuevas plazas que, además de los graves perjuicios que acarrea al servicio público de la Justicia y al digno ejercicio de nuestra función, conlleva grandes dificultades de movilidad geográfica para los Fiscales, con lo que se impide también la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, así como el desarrollo de nuestras legítimas aspiraciones profesionales.

Es por ello que este último maltrato no hace más que afianzarnos en nuestro compromiso de luchar por un Ministerio Fiscal decididamente desvinculado del Ministerio de Justicia, autónomo no sólo desde lo orgánico sino también desde lo funcional y organizativo. Una vez más, apostamos también por una Fiscalía General del Estado que haga valer ante el Ministerio, en esta y otras cuestiones, el peso que la importancia de nuestra institución merece y definitivamente ha de tener.

Albacete, a 21 de febrero de 2.018.

El Secretariado de la U.P.F.

COMUNICADO SOBRE DERECHOS LABORALES DE LA CARRERA FISCAL Y REUNIÓN INTERASOCIATIVA

La Unión Progresista de Fiscales considera que el progresivo y patente empeoramiento de las condiciones laborales de los miembros de la Carrera Fiscal, unido a la carencia de los medios necesarios para el desempeño digno de nuestra función constitucional, nos impide prestar al ciudadano el servicio público que deseamos, que precisa y que merece.

El Ministerio de Justicia, a quien reiteradamente se han trasladado las problemáticas y necesidades de los Fiscales para prestar a la ciudadanía una Justicia de calidad, ha venido desoyendo de manera sistemática nuestras reivindicaciones, continuando empecinadamente por una senda que no ha causado más que perjuicio no sólo a la Carrera Fiscal , sino a la administración de Justicia en general.

Como último ejemplo de lo anterior, el Ministerio ha vuelto a desoir los requerimientos formalmente efectuados de manera conjunta por todas las asociaciones de Jueces y Fiscales en fechas 19 y 31 de enero, tras el decepcionante resultado de las reuniones preparatorias de la Mesa de Retribuciones, convocándonos de nuevo a otra reunión perpetratoria para el día 22 de febrero, sin cumplir ni una sola de las condiciones que habíamos exigido. 

Por todo ello, creemos que es el momento de exigir con contundencia nuestros derechos y reinvindicaciones, en concreto:

1°. La inmediata convocatoria de la Mesa de Retribuciones prevista en la Ley 15/03, en los términos recogidos en el requerimiento conjunto de fecha 31 de enero,  en tanto la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años alcanza la elevada cifra del 15%.

2º. La mejora de las retribuciones por las guardias de permanencia y disponibilidad semanal, que no satisfacen ni el esfuerzo ni la dedicación ni la responsabilidad que supone este servicio.

3° La inmediata paralización de la implantación de la Fiscalía Digital. 

4° La derogación del artículo 324 de la Lecrim, que se ha demostrado completamente ineficaz para sus fines y que no ha provocado más que quebrantos en las Fiscalías y en los procedimientos, generando espacios de impunidad. 

Agotadas así todas las vías de diálogo y negociación, estimamos preciso iniciar conversaciones con el resto de asociaciones de Fiscales a fin de consensuar un catálogo de reinvindicaciones así como de medidas para dar visibilidad al conflicto, para lo que la Unión Progresista de Fiscales ya ha solicitado la celebración de una reunión con la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, y ello con el objeto de poder aunar posiciones con carácter previo a las conversaciones que al efecto deberán necesariamente producirse con todas las asociaciones judiciales.

Albacete, a 5 de febrero de 2.018.

 

COMUNICADO INFORMATIVO TRAS LA REUNIÓN CON EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Estimados/as compañeros/as,

Informamos que el Secretariado Permanente de la UPF se reunió en la mañana de ayer con el Fiscal General del Estado para trasladarle las principales problemáticas y retos a que nos enfrentamos. También le hemos hecho constar nuestra preocupación por la progresiva pérdida de derechos de los Fiscales, y hemos dejado patente nuestra postura de total oposición a la implantación de la Fiscalía Digital.

Aquí os dejamos un resumen de los temas tratados:

Autonomía: Le trasladamos la urgente necesidad de acometer una reforma estatutaria y reglamentaria del Ministerio Fiscal que garantice nuestra autonomía orgánica y funcional, siguiendo las recomendaciones del GRECO. Se incidió en la necesaria autonomía presupuestaria, avanzando hacia una progresiva desconexión del Ministerio, señalándose todos los problemas que origina la falta de un presupuesto propio. El FGE se mostró de acuerdo con estos planteamientos. Asimismo, y en relación con nuestra preocupación en materia de autonomía individual de los Fiscales, nos informó que la FGE está trabajando en la redacción de una Instrucción sobre las avocaciones y sustituciones del art. 23 y el ejercicio de la facultad de discrepar del art. 27 EOFM.

Formación: Expusimos los problemas que se vienen observando en los cursos de formación, así como el agravio comparativo que sufrimos con la carrera judicial en cuanto a alojamiento y dietas, derivada sin duda de nuestra falta de autonomía presupuestaria, proponiendo la reforma del RD 462/02.  Le trasladamos el desajuste que produce la eliminación del Fiscal asesor dependiente de FGE en el CEJ y la necesidad de contar por fin con un centro de estudios propio y una formación inicial conjunta. El FGE encontró razonables nuestras propuestas y nos manifestó su planteamiento de que, entre tanto, se designarán cuatro codirectores en el CEJ pertenecientes a cada uno de los cuerpos.

Justicia Digital: Se le enumeraron cada una de las graves deficiencias y trastornos que plantea en la Fiscalías donde se ha implantado, insistiendo en que el problema de fondo es de diseño y concepción, ya que es el modelo mismo el que no funciona. Se recordó que desde la Unidad de Apoyo no se ha adoptado medida alguna para llevar a efecto el acuerdo unánime del Consejo Fiscal y exigimos implicación y apoyo a la carrera en tan trascendente asunto, donde se debe hacer valer nuestro peso institucional. Señalamos que el reciente envío del manual de “Buenas Prácticas” no revela la intención de la Unidad de Apoyo de cuestionar siquiera los planes de implantación del Ministerio. Ante nuestra insistencia sobre el sentir generalizado de la Carrera, el Fiscal General nos propuso crear un grupo de trabajo con representantes de las asociaciones, la FGE y el Ministerio, a lo que no nos negamos, si bien dejando constancia de que deben mantenerse las exigencias de paralización.

Reforma procesal: El Fiscal General se mostró favorable a que el fiscal sea el director de la investigación penal, y nos participó que en el Ministerio se está trabajando principalmente sobre el modelo del anteproyecto de LECrim del ministro Caamaño y no sobre el borrador de Código Procesal Penal. Le recordamos nuevamente la necesidad de acometer las reformas en la institución y la dotación de medios suficientes.

Régimen de concursos y ascensos: Se expusieron las problemáticas que todos conocemos y nuestra reivindicación de un calendario reglado.

Ante la falta de tiempo suficiente para tratar con la debida profundidad tanto estas importantes materias como otras que sólo pudieron ser finalmente esbozadas (plazos de instrucción entre ellas), alcanzamos con el Fiscal General el compromiso de reunirnos de manera regular para efectuar un seguimiento de la situación y de las medidas que se fueran a adoptar.

 

Albacete, a 2 de febrero de 2.018.

El Secretariado Permanente de la UPF

COMUNICADO TRAS LA REUNIÓN PREPARATORIA DE LA COMISIÓN DE RETRIBUCIONES

En la mañana de ayer, y a iniciativa del Ministerio de Justicia, asistimos a una reunión  con todas las asociaciones de jueces y fiscales, la cual tenía por objeto, según la convocatoria preparar “una próxima reunión de la Comisión de retribuciones creada en la Disposición Adicional Primera de la Ley 15/2003, de 26 de mayo”,  que lleva casi diez años sin reunirse, y que no sabemos ni si será convocada ni cuándo, extremo que ni el propio Ministerio conoce.

Si eran poco esperanzadoras las expectativas antes de la reunión, ya que inicialmente ni siquiera los fiscales íbamos a ser convocados y lo fuimos por una decisión a última hora de la Secretaria de Estado convocante,  tras la misma la Unión Progresista de Fiscales quiere poner de manifiesto lo siguiente:

Hemos percibido  que al Ministerio le preocupan poco las retribuciones de los jueces y menos aún las de los fiscales, y trata de englobar esta cuestión en una consideración global de los juzgados y de las oficinas fiscales, lamentando según dice la negativa del Ministerio de Hacienda incluso a tratar muchos de los temas que sugerimos y de los que destacamos los siguientes:

–          Recuperación de la reducción de retribuciones padecida en 2010 como consecuencia de una “instrucción de servicios”, que el Gobierno utilizó para desarrollar el Decreto Ley de 20 de mayo sobre Medidas Extraordinarias para la reducción del déficit público, reducción muy superior a la media y que entendemos debe ser  restituida una vez superada la crisis.

–          Revisión de la retribución de las Guardias, particularmente de las que se realizan en fiscalías de área y pueblos, retribuidas a 40 € el día, importe inferior al coste de una hora de trabajo de un profesional no cualificado de la industria.

–          Supresión de los grupos de población 4 y 5 , que afecta especialmente a los fiscales de tercera categoría, cuyas perspectivas de promoción y traslados son muy limitadas en la actualidad .

–          Cobro del complemento adecuado por parte de los fiscales de segunda en plazas de tercera y de los de tercera en plazas de segunda.

–          Revisión global de las retribuciones de los fiscales de tercera categoría, punto en el que de nuevo insistimos que es injusto y absurdo que un abogado fiscal perciba menos salario que por ejemplo un agente de policía local.

Una justicia de calidad debe ir ligada unas retribuciones dignas para los fiscales, que tengan en cuenta además el rígido sistema de incompatibilidades y prohibiciones a que nos vemos sometidos en el ejercicio de nuestras funciones, y al nivel retributivo de otros cuerpos del Estado con similares exigencias y responsabilidad. Rechazamos la idea del Ministerio de englobar nuestras retribuciones y productividad al trabajo de otros funcionarios, muy respetable pero con unas exigencias de preparación, dedicación, esfuerzo y responsabilidad muy diferentes.

 La Unión Progresista de Fiscales continuará con su defensa decidida de las reivindicaciones profesionales de los fiscales y de sus condiciones de trabajo. Seguiremos reclamando del Ministerio un trato adecuado a nuestra función constitucional, unas retribuciones justas, unos medios suficientes, una  justicia digital de calidad, bien planificada y bien ejecutada, y todo ello con los pies en el suelo, sin demagogias  ni triunfalismos, a este Gobierno, y a los siguientes, y ello porque estamos convencidos de que  sólo así lograremos las condiciones para un servicio público de calidad, que revertirá sin duda en todos los ciudadanos.

Albacete, 13 de diciembre de 2017

El Secretariado Permanente de la UPF

COMUNICADO SOBRE FORTUNY DIGITAL

En la Unión Progresista de Fiscales tenemos conocimiento, tanto directamente como por los mensajes que los compañeros dejáis en las redes sociales, de la situación lamentable en que se encuentran todos los que están sufriendo la implantación de la Fiscalía Digital.

Pensamos que todos debemos implicarnos en esta lucha, que supone el cambio de los medios y sistemas de trabajo más importante desde el surgimiento de las nuevas tecnologías, y que marca un antes y un después en la Administración de Justicia como servicio público y como nuestra tarea diaria.

Y aunque la cuestión de los medios materiales, las famosas “surfaces”, su suministro, la permanencia o no de las CPUs en los despachos, etc. no es baladí, no podemos dejar que esos árboles no nos dejen ver el bosque. Nuestra reivindicación ha de centrarse en el problema de fondo, que es que la Fiscalía Digital tal y como está concebida, mal planteada y peor ejecutada, no se puede seguir implantado a la fuerza.

Nos produce gran satisfacción ver a los compañeros unidos y movilizados, como ya ocurrió en Valladolid, con el plante de los Fiscales y el inestimable apoyo de su entonces Fiscal Jefa. Pero no podemos olvidar que los fiscales de a pie no deben verse en la tesitura de afrontar solos estas reivindicaciones y problemas. Es innegable que la cuestión compete a la Fiscalía General del Estado como Institución, y deben ser sus responsables, en especial el Fiscal de Sala de la Unidad de Apoyo, quienes lideren esta lucha de la Carrera ante el Ministerio, y adopten una postura decidida y firme.

Desde la Unión Progresista de Fiscales tenemos claro que de este Ministerio de Justicia no podemos esperar nada. Eso ya lo vimos con la  reforma y entrada en vigor del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y ello a pesar de la histórica movilización que conseguimos desde nuestra asociación, con una recogida de firmas que unió a más de la mitad de la Carrera Fiscal.

Y en ese pulso nos faltó lo mismo que ahora, el apoyo inquebrantable del Fiscal General del Estado, de la Fiscalía General y de la Unidad de Apoyo.

A través de nuestros consejeros de la UPF, y también directamente por el Secretariado, hemos interpelado a los responsables en muchas ocasiones, y la única respuesta positiva que hemos obtenido ha sido el comunicado institucional del día 25 de octubre de 2017, que hasta el momento ha quedado sólo en palabras, sin que nos conste que se haya adoptado ninguna medida para su puesta en práctica, ni siquiera en la propia Fiscalía General, y menos aún en la Unidad de Apoyo, cuyo responsable está mucho más cerca de los planteamientos y la euforia ministerial que de la realidad diaria de las Fiscalías y los Fiscales.

Aun así, seguimos a la vanguardia de esta reivindicación y continuaremos haciéndolo, en la convicción de que es el único camino para conseguir una Justicia eficaz.

Albacete, 24 de enero de 2018

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales.

COMUNICADO SOBRE JUSTICIA DIGITAL

En su reunión de esta mañana, el Consejo Fiscal, con el asentimiento del Fiscal General del Estado, ha constatado que “Justicia Digital no es un sistema de expediente judicial integrado y que su funcionamiento es deficitario, impide trabajar de forma eficiente y eficaz”, por lo que ha exigido la inmediata paralización del plan de implantación establecido por el Ministerio de Justicia en tanto no exista un único sistema de gestión de fácil acceso, rápido y con garantía de autenticidad de las actuaciones, un auténtico expediente digital indexado, sin documentos escaneados sino integrados en el expediente, exigiendo que en los lugares donde se se iniciado la experiencia piloto se mantenga la remisión del expediente en papel, coexistiendo las remisiones telemáticas con el traslado del procedimiento.

Ante ello, la Unión Progresista de Fiscales considera urgente e inaplazable la inmediata paralización del proyecto de digitalización de las Fiscalías tal y como está diseñado en la actualidad, en consonancia con tal exigencia del Consejo Fiscal.

El Fiscal General del Estado no puede limitarse a trasladar al Ministerio de Justicia dicho acuerdo, no puede continuar haciendo seguidismo de la política del Ministro de Justicia, una política de derroche económico, que asciende ya a varias decenas de millones de euros, mal diseñada técnicamente, de espaldas al funcionamiento y las necesidades de las Fiscalías e indiferente al perjuicio que se pueda causar a los ciudadanos, sino que debe, como cabeza de la Carrera Fiscal, hacer suya esta exigencia por el bien de una Administración de Justicia eficaz y al servicio de la ciudadanía.

En estas condiciones, sería una grave irresponsabilidad mantener el proyecto y continuar con su implantación a tenor del calendario del Ministerio de Justicia, y ese mantenimiento pondría en riesgo el adecuado cumplimiento de la función del Ministerio Fiscal para supeditarla a intereses políticos. Creemos que la defensa de la ley y de la sociedad está por encima de ello.

La Unión Progresista de Fiscales defiende de forma decidida la Justicia Digital, la modernidad y las nuevas tecnologías aplicadas al proceso, pero desde un diseño avanzado, bien ejecutado y realista que elimine el papel y no lo multiplique, y con el que en definitiva la ciudadanía, para la que trabajamos, reciba una respuesta eficaz, técnica, rápida y acorde al siglo XXI.

Albacete, 25 de octubre de 2017.

COMUNICADO SOBRE SENTENCIA DESCANSO 11 HORAS

Ante la confusión generada por algunas informaciones inexactas, informamos que un representante de la UPF ya ha interpuesto una demanda de extensión de efectos de la sentencia firme de fecha 7 de marzo de 2017 dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de la Audiencia Nacional (PA 165/2016) a fin de reclamar el abono de las 11 horas de descanso no disfrutadas cada período de 24 horas en las guardias de permanencia o disponibilidad semanales, derecho reconocido en la citada sentencia a una magistrada y que viene consagrado en el artículo 3 de la Directiva 2003/88/CE relativa a determinados aspectos de la ordenación del trabajo.

El plazo para acudir a la extensión de efectos finalizará el mes de mayo de 2018, ex Art. 110.1.c) LRJCA, en tanto la citada sentencia ganó firmeza el mismo mes del año en curso. La sentencia reconoce el derecho al descanso diario de 11 horas no disfrutado por cada uno de los días que integran las guardias semanales realizadas por una magistrada en el período que estuvo como juez de refuerzo desde el 3 de mayo de 2011 hasta el 10 de septiembre de 2013. Entendemos que esta última data forma parte de la base de cálculo de la indemnización pero en ningún caso supone, como algún colectivo ha mencionado, el dies ad quem de la reclamación por cuanto la citada Resolución señala literalmente que “el artículo 5 de la Directiva 2003/88/CE nos dice que: Descanso semanal: Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores disfruten, por cada período de siete días, un descanso ininterrumpido de 24 horas a las que se añadirán las 11 horas de descanso diario establecidas en el artículo 3”. Por consiguiente, no seremos nosotros quienes aconsejemos una interpretación contraria a los intereses de la carrera y no sostenida aún por el propio Juzgado Central al que ya se han dirigido en extensión de efectos más de ochocientos magistrados de toda España.

Por otro lado, a la vista de las contradictorias decisiones adoptadas por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en las reclamaciones de indemnización por la libranza no disfrutada y para evitar que los compañeros se vean perjudicados por el instituto de la prescripción –tal y como sucedió en algún caso en las reclamaciones del día de libranza ante las ilusorias esperanzas que en su día nos transmitió el Ministerio de Justicia–, os proporcionamos adjunto un modelo de reclamación administrativa previa con el que podréis interrumpir la prescripción administrativa a la espera, si así lo deseáis, de la resolución que adopte el Juzgado Central núm. 3 en relación a la demanda de extensión de efectos presentada ya por un asociado de la UPF.

De esta manera, conoceremos directamente si el Juzgado Central Contencioso-Administrativo núm. 3 considera idéntica la situación jurídica entre juez y fiscal a efectos de la institución de la extensión de efectos, tesis puesta en duda incomprensiblemente por otro colectivo de la carrera fiscal, pues aún no conocemos ni una sola resolución judicial que deniegue la identidad entre ambas carreras a efectos retributivos (arts. 34, 42, 53 y DA 1ª EOMF) y la propia Administración General del Estado sostiene que la regulación de la Directiva 2003/88/CE es extensible a otros colectivos como los miembros de la carrera fiscal (STS, Sala de lo Contencioso, nº 663/2017, de 17 de abril; recurso nº 1492/2016).

Os recordamos, además, que si la Administración contesta vuestra reclamación previa –en el caso de la libranza no lo hizo–, debéis interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid o del domicilio de cada demandante, para lo que no es preciso asistencia letrada ni representación procesal.

Iremos informando a toda la carrera sobre cualquier acontecimiento relacionado con este tema puesto que, en caso de reconocerse judicialmente el derecho a ser indemnizado por el descanso ininterrumpido de 11 horas no consagrado aún en el ordenamiento jurídico interno, las cuantías a resarcir no son en absoluto desdeñables.

 

 

MODELO RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA DESCANSO 11 HORAS

 

COMUNICADO SOBRE LA INSOSTENIBLE JUSTICIA DIGITAL

La Unión Progresista de Fiscales, ante la difícil e insostenible situación en la que se encuentran las Fiscalías del territorio ministerio donde ya opera el proyecto “papel cero”/ justicia digital y en la que, sin duda alguna, se encontrarán las Fiscalías que de manera progresiva se incorporen al mismo, exige a los responsables de la Fiscalía General, Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Fiscal Jefe de la Inspección y Fiscal de Sala de la Unidad de Apoyo que procedan con carácter inmediato a arbitrar todos los medios posibles para dar cumplimiento al acuerdo del Consejo Fiscal de fecha 25 de octubre de 2017 en el que se decía:

 

“El Consejo Fiscal, compartida la opinión de que Justicia Digital no es un sistema de expediente digital integrado y que su funcionamiento es deficitario, impide trabajar de forma eficiente y eficaz, exige la inmediata paralización del plan de implantación establecido por el Ministerio de Justicia en tanto no exista un único sistema de gestión procesal integrado para órganos judiciales y Fiscales de fácil acceso, rápido y con garantía de autenticidad de las actuaciones, un auténtico expediente digital indexado, sin documentos escaneados sino integrados en el expediente.

 

Exigimos que en los lugares donde ya se ha iniciado la experiencia piloto Valladolid y Badajoz, cuando sea preceptivo que el Fiscal emita un dictamen, se proceda a la remisión del expediente en papel coexistiendo las remisiones telemáticas con el traslado del procedimiento.”

 

Este proyecto, cuya finalidad es principalmente político-mediática, adolece de una deficiente planificación e incompetente ejecución, y su implantación generará una demora innecesaria en el despacho de asuntos y, por tanto, un grave menoscabo de la eficacia y la calidad del trabajo de la Fiscalía con el correspondiente perjuicio para la sociedad y los ciudadanos.

 

Albacete, a 1 de diciembre de 2.017.

 

 

El Secretariado de la U.P.F.