COMUNICADO EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INDEPENDENCIA DE LA JURISDICCIÓN ESPAÑOLA

La Unión Progresista de Fiscales, ante las noticias surgidas en los últimos días en relación con la interposición de una demanda contra el juez Pablo Llarena, quiere ratificar su compromiso en la defensa de la soberanía e independencia de la jurisdicción española.

Entendemos que resulta absolutamente inasumible, así como completamente improcedente, el intento de fiscalizar o enjuiciar, ante órganos judiciales extranjeros, la actividad jurisdiccional desarrollada por un magistrado español en el pleno ejercicio de sus funciones. El solo planteamiento de esta cuestión supone un grave atentado contra la soberanía del estado español y contra la independencia de sus órganos jurisdiccionales.

Manifestamos, consecuentemente, nuestra unidad en defensa del juez instructor así como la necesidad de que el estado español se persone en el procedimiento judicial iniciado en Bélgica a fin de alegar, como cuestión previa, la inmunidad de jurisdicción en relación al libre ejercicio de su funciones en el ámbito del proceso penal iniciado en España.

Secretariado Permanente

Albacete, 25 de agosto de 2018

COMUNICADO SOBRE EL DESARROLLO DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La Unión Progresista de Fiscales, en relación con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 6/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, quiere poner de manifiesto lo siguiente:

La violencia de género es uno de los problemas más graves y perentorios a los que se enfrenta nuestra sociedad, y su erradicación exige un firme compromiso de todos los Poderes del Estado y de todas las Administraciones Públicas. Por ello, desde la Unión Progresista de Fiscales siempre hemos mantenido la necesidad de que las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, aprobadas por el Congreso y el Senado en septiembre del pasado año, fueran urgentemente implementadas. Recordemos que, desde el año 2003, casi mil mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, y sus hijos e hijas menores de edad han sido también víctimas de esta abominable lacra.

Por ello, la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, resulta a todas luces necesario. Recordemos en primer lugar que la mayor parte de las situaciones de violencia de género permanecen aún soterradas, por lo que es vital proporcionar a las víctimas todo un sistema de asistencia y apoyo previo a la denuncia que les permita afrontar con la fortaleza necesaria un procedimiento penal.

Es más, la acreditación de la situación de violencia de género por vías distintas a las procesales no es ni mucho menos una novedad en nuestro ordenamiento jurídico. Ya el artículo 220 de la Ley General de la Seguridad Social recoge esta posibilidad a los efectos del reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad. También en la legislación autonómica encontramos esta posibilidad – Galicia, Cataluña, Castilla y León, Andalucía, Extremadura, La Rioja o Navarra, por ejemplo, lo contemplan – por lo que su admisión en la legislación estatal resulta imprescindible para lograr la necesaria armonización y evitar diferencias de trato que deriven en la existencia de víctimas de primera y de segunda e, incluso, en situaciones de desprotección en caso de cambio de residencia. 

En cuanto a la modificación introducida en el artículo 156 del Código Civil, queremos recordar también la importancia de hacer primar el superior interés del menor, evitando que el progenitor condenado o investigado por alguno de los delitos contemplados pueda obstaculizar la prestación de la necesaria asistencia psicológica a sus hijos e hijas menores, abocando a la víctima a acudir a un nuevo procedimiento judicial, lo que entendemos no se compadece con el espíritu de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, que ya recoge en su artículo 28.2 a) la previsión de la prestación de asistencia psicológica como medida de asistencia y apoyo a las víctimas y sus familiares.

Por fin, no debemos olvidar que estas reformas fueron consensuadas por todas las fuerzas políticas, cristalizando en el Pacto de Estado, cuya redacción fue también resultado del consenso entre la Delegación del Gobierno con la intervención del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género, Ministerio de Justicia y demás Ministerios del anterior Gobierno, así como de la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer.

La Unión Progresista de Fiscales reitera una vez más la imperiosa necesidad de implementar la totalidad de las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de sensibilización y prevención, pero también y sobremanera para la asistencia y protección de las mujeres víctimas de violencia de género, así como de dotar a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal de los medios suficientes para otorgar una respuesta penal ágil, contundente, y eficaz.

El Secretariado Permanente

24 de agosto de 2018

COMUNICADO SOBRE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE LA FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y MINISTRA DE JUSTICIA

La Unión Progresista de Fiscales expresa su satisfacción por la elección de María José Segarra Crespo como candidata a ser nombrada Fiscal General del Estado, al igual que nos congratulamos del reciente nombramiento de Dolores Delgado García como Ministra de Justicia.
Desde el cariño y el respeto a María José Segarra Crespo, entendemos que desde el momento en que comience a ostentar la más alta representación del Ministerio Fiscal es posible que  no comparta alguna de las propuestas o decisiones de su asociación. La independencia absoluta en el ejercicio de sus funciones -que tanto hemos reclamado de otros Fiscales Generales respecto del Ministerio de Justicia- habrá de serlo también desvinculándose de cualquier adscripción asociativa. Sin embargo, no por ello dejará de estar sometida a nuestra crítica siempre constructiva.
Nos encontramos ante una oportunidad histórica con el nombramiento de la nueva Ministra de Justicia y la reciente designación de la Fiscal General del Estado, una oportunidad para la Carrera y para la Justicia. Por ello, aun lamentando que tengan que dejar su cargo en el Consejo Fiscal, entendemos su marcha como un servicio a todos los Fiscales. Desde sus puestos pueden contribuir a alcanzar los objetivos que, de manera entusiasta, intentamos transmitir en la campaña para las elecciones al Consejo Fiscal. Por ello, saludamos la incorporación de Inés Herreros y Carlos García-Berro como nuevos Consejeros y anticipamos nuestra intención de velar, aún más si cabe, por los intereses de todos los Fiscales, de toda la Carrera Fiscal.
Albacete 14 de junio de 2018
El Secretariado Permanente de la UPF

COMUNICADO SOBRE LA HUELGA DE JUECES Y FISCALES

El 16 de junio de 2017 las cuatro asociaciones judiciales suscribimos un documento con “14 propuestas para la mejora de la Justicia” al que se han adherido la mayoría de juntas de jueces de España, mas de 3.500 jueces y juezas así como las tres asociaciones de fiscales que han incorporado cuatro específicas de su colectivo.
 
Dichas propuestas comprenden desde el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia: calidad y eficacia así como la mejora de las condiciones profesionales de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal. Junto a ello, la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios al efecto; la atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado; y el refuerzo de la independencia y autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal.
 
Unas son claramente competencia de los grupos parlamentarios, otras del Gobierno y el resto del Consejo General del Poder Judicial.
 
El balance no puede ser mas decepcionante en todos estos meses que llevamos de negociaciones. No hay siquiera un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia tras el fracaso de la Subcomisión creada al efecto. Y está pendiente de aprobación la Ley Orgánica sobre recuperación de permisos y vacaciones a los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal con enmiendas sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial.
 
Hasta la fecha, el gobierno no ha incrementado el número de jueces y fiscales a fin de ir equiparándolo a la media europea y no hay rastro de la racionalización de la planta judicial y fiscal, evitando la precarización de las últimas promociones. Tampoco se ha convocado la mesa de retribuciones que por ley debe de reunirse cada cinco años con el objeto de reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos ocho años. Nada se hace por mejorar el proceso de digitalización, y en particular su desigual aplicación en el territorio nacional.
 
El Consejo General del Poder Judicial ha hecho caso omiso a nuestra propuesta sobre nombramientos judiciales, conforme a criterios de mérito, capacidad, igualdad de género y transparencia. Y sigue sin cumplir con su obligación legal de fijar las cargas de trabajo, como le recuerda la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
 
Hoy muchos fiscales, jueces y juezas hemos decidido hacer huelga. Con ella queremos expresar nuestro profundo malestar con los responsables en materia de Justicia ante la dejación y abandono en el que se encuentra este servicio público. Reclamamos una Administración de Justicia del siglo XXI, de calidad y con medios e independiente. Lamentamos los perjuicios ocasionados a la ciudadanía por este paro.
 
22 de mayo de 2018
 
 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA
 
ASOCIACIÓN DE JUECES FRANCISCO DE VITORIA
 
ASOCIACIÓN JUECES Y JUEZAS POR LA DEMOCRACIA
 
ASOCIACIÓN DE JUECES “FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE”
 
ASOCIACIÓN DE FISCALES
 
UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES.
 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES​

COMUNICADO DE TODAS LAS ASOCIACIONES EN RELACIÓN CON LAS DECLARACIONES DEL MINISTRO DE JUSTICIA

El Ministro de Justicia, en unas nuevas declaraciones con motivo de la denominada sentencia de “La manada”, ha insinuado públicamente que debería haberse actuado preventivamente contra el magistrado que dictó el voto particular, verbalizando que el magistrado “tiene un problema” y que “todos los saben”, sembrando públicamente dudas sobre la capacidad y condición de dicho magistrado.

La intromisión del Ejecutivo en las labores que le corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial (tales como la tutela o el impulso de la labor disciplinaria) y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia.

Hoy es por el juicio de “la Manada” pero mañana puede serlo por cualquier actuación que no sea del agrado del Ministro o de su Gobierno. Éste es el verdadero peligro: la utilización de la resoluciones judiciales por el Ejecutivo y la confusión intencionada de intereses electorales con lo que debería ser su labor como miembro de un Poder del Estado, esto es, respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones.

Por eso, exigimos una vez más la dimisión del Ministro de Justicia, cuya reprobación ya fue demandada por otro de los Poderes del Estado, como es el Legislativo.

En Madrid a 30 de abril de 2018.

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA (APM)

ASOCIACIÓN DE JUECES FRANCISCO DE VITORIA

ASOCIACIÓN JUECES Y JUEZAS POR LA DEMOCRACIA

ASOCIACIÓN DE JUECES “FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE”

ASOCIACIÓN DE FISCALES

UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES

ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES

COMUNICADO SOBRE CONCURSOS DE TRASLADO Y AUTONOMÍA DEL MINISTERIO FISCAL

La Unión Progresista de Fiscales, ante las distintas vicisitudes que se han venido sucediendo con la resolución del concurso de traslado convocado por Orden JUS/1158/2017, de 24 de noviembre, quiere mostrar su absoluto rechazo al trato de total desconsideración que el Ministerio de Justicia ha dispensado, una vez más, a nuestra carrera. 

Y es que no sólo su inoperancia al no incluir en el anexo las plazas a resultas de Bilbao y Huelva ha generado un verdadero caos en la resolución del concurso, sino que además ha dilatado innecesariamente su publicación en el BOE, con el consiguiente quebranto para muchos compañeros que se han encontrado en una situación de total incertidumbre mucho más allá de lo aceptable.

Por otra parte, el Ministerio no ha informado de manera alguna a los fiscales del modo en que debían solicitar la retención por motivos de conciliación familiar, y ni siquiera les ha notificado de manera formal su concesión con carácter previo a la publicación, generando nuevos problemas e incertidumbres a los afectados.

Todo ello se une a la ya consolidada falta de creación de nuevas plazas que, además de los graves perjuicios que acarrea al servicio público de la Justicia y al digno ejercicio de nuestra función, conlleva grandes dificultades de movilidad geográfica para los Fiscales, con lo que se impide también la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, así como el desarrollo de nuestras legítimas aspiraciones profesionales.

Es por ello que este último maltrato no hace más que afianzarnos en nuestro compromiso de luchar por un Ministerio Fiscal decididamente desvinculado del Ministerio de Justicia, autónomo no sólo desde lo orgánico sino también desde lo funcional y organizativo. Una vez más, apostamos también por una Fiscalía General del Estado que haga valer ante el Ministerio, en esta y otras cuestiones, el peso que la importancia de nuestra institución merece y definitivamente ha de tener.

Albacete, a 21 de febrero de 2.018.

El Secretariado de la U.P.F.

COMUNICADO SOBRE DERECHOS LABORALES DE LA CARRERA FISCAL Y REUNIÓN INTERASOCIATIVA

La Unión Progresista de Fiscales considera que el progresivo y patente empeoramiento de las condiciones laborales de los miembros de la Carrera Fiscal, unido a la carencia de los medios necesarios para el desempeño digno de nuestra función constitucional, nos impide prestar al ciudadano el servicio público que deseamos, que precisa y que merece.

El Ministerio de Justicia, a quien reiteradamente se han trasladado las problemáticas y necesidades de los Fiscales para prestar a la ciudadanía una Justicia de calidad, ha venido desoyendo de manera sistemática nuestras reivindicaciones, continuando empecinadamente por una senda que no ha causado más que perjuicio no sólo a la Carrera Fiscal , sino a la administración de Justicia en general.

Como último ejemplo de lo anterior, el Ministerio ha vuelto a desoir los requerimientos formalmente efectuados de manera conjunta por todas las asociaciones de Jueces y Fiscales en fechas 19 y 31 de enero, tras el decepcionante resultado de las reuniones preparatorias de la Mesa de Retribuciones, convocándonos de nuevo a otra reunión perpetratoria para el día 22 de febrero, sin cumplir ni una sola de las condiciones que habíamos exigido. 

Por todo ello, creemos que es el momento de exigir con contundencia nuestros derechos y reinvindicaciones, en concreto:

1°. La inmediata convocatoria de la Mesa de Retribuciones prevista en la Ley 15/03, en los términos recogidos en el requerimiento conjunto de fecha 31 de enero,  en tanto la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años alcanza la elevada cifra del 15%.

2º. La mejora de las retribuciones por las guardias de permanencia y disponibilidad semanal, que no satisfacen ni el esfuerzo ni la dedicación ni la responsabilidad que supone este servicio.

3° La inmediata paralización de la implantación de la Fiscalía Digital. 

4° La derogación del artículo 324 de la Lecrim, que se ha demostrado completamente ineficaz para sus fines y que no ha provocado más que quebrantos en las Fiscalías y en los procedimientos, generando espacios de impunidad. 

Agotadas así todas las vías de diálogo y negociación, estimamos preciso iniciar conversaciones con el resto de asociaciones de Fiscales a fin de consensuar un catálogo de reinvindicaciones así como de medidas para dar visibilidad al conflicto, para lo que la Unión Progresista de Fiscales ya ha solicitado la celebración de una reunión con la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, y ello con el objeto de poder aunar posiciones con carácter previo a las conversaciones que al efecto deberán necesariamente producirse con todas las asociaciones judiciales.

Albacete, a 5 de febrero de 2.018.

 

COMUNICADO INFORMATIVO TRAS LA REUNIÓN CON EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Estimados/as compañeros/as,

Informamos que el Secretariado Permanente de la UPF se reunió en la mañana de ayer con el Fiscal General del Estado para trasladarle las principales problemáticas y retos a que nos enfrentamos. También le hemos hecho constar nuestra preocupación por la progresiva pérdida de derechos de los Fiscales, y hemos dejado patente nuestra postura de total oposición a la implantación de la Fiscalía Digital.

Aquí os dejamos un resumen de los temas tratados:

Autonomía: Le trasladamos la urgente necesidad de acometer una reforma estatutaria y reglamentaria del Ministerio Fiscal que garantice nuestra autonomía orgánica y funcional, siguiendo las recomendaciones del GRECO. Se incidió en la necesaria autonomía presupuestaria, avanzando hacia una progresiva desconexión del Ministerio, señalándose todos los problemas que origina la falta de un presupuesto propio. El FGE se mostró de acuerdo con estos planteamientos. Asimismo, y en relación con nuestra preocupación en materia de autonomía individual de los Fiscales, nos informó que la FGE está trabajando en la redacción de una Instrucción sobre las avocaciones y sustituciones del art. 23 y el ejercicio de la facultad de discrepar del art. 27 EOFM.

Formación: Expusimos los problemas que se vienen observando en los cursos de formación, así como el agravio comparativo que sufrimos con la carrera judicial en cuanto a alojamiento y dietas, derivada sin duda de nuestra falta de autonomía presupuestaria, proponiendo la reforma del RD 462/02.  Le trasladamos el desajuste que produce la eliminación del Fiscal asesor dependiente de FGE en el CEJ y la necesidad de contar por fin con un centro de estudios propio y una formación inicial conjunta. El FGE encontró razonables nuestras propuestas y nos manifestó su planteamiento de que, entre tanto, se designarán cuatro codirectores en el CEJ pertenecientes a cada uno de los cuerpos.

Justicia Digital: Se le enumeraron cada una de las graves deficiencias y trastornos que plantea en la Fiscalías donde se ha implantado, insistiendo en que el problema de fondo es de diseño y concepción, ya que es el modelo mismo el que no funciona. Se recordó que desde la Unidad de Apoyo no se ha adoptado medida alguna para llevar a efecto el acuerdo unánime del Consejo Fiscal y exigimos implicación y apoyo a la carrera en tan trascendente asunto, donde se debe hacer valer nuestro peso institucional. Señalamos que el reciente envío del manual de “Buenas Prácticas” no revela la intención de la Unidad de Apoyo de cuestionar siquiera los planes de implantación del Ministerio. Ante nuestra insistencia sobre el sentir generalizado de la Carrera, el Fiscal General nos propuso crear un grupo de trabajo con representantes de las asociaciones, la FGE y el Ministerio, a lo que no nos negamos, si bien dejando constancia de que deben mantenerse las exigencias de paralización.

Reforma procesal: El Fiscal General se mostró favorable a que el fiscal sea el director de la investigación penal, y nos participó que en el Ministerio se está trabajando principalmente sobre el modelo del anteproyecto de LECrim del ministro Caamaño y no sobre el borrador de Código Procesal Penal. Le recordamos nuevamente la necesidad de acometer las reformas en la institución y la dotación de medios suficientes.

Régimen de concursos y ascensos: Se expusieron las problemáticas que todos conocemos y nuestra reivindicación de un calendario reglado.

Ante la falta de tiempo suficiente para tratar con la debida profundidad tanto estas importantes materias como otras que sólo pudieron ser finalmente esbozadas (plazos de instrucción entre ellas), alcanzamos con el Fiscal General el compromiso de reunirnos de manera regular para efectuar un seguimiento de la situación y de las medidas que se fueran a adoptar.

 

Albacete, a 2 de febrero de 2.018.

El Secretariado Permanente de la UPF

COMUNICADO TRAS LA REUNIÓN PREPARATORIA DE LA COMISIÓN DE RETRIBUCIONES

En la mañana de ayer, y a iniciativa del Ministerio de Justicia, asistimos a una reunión  con todas las asociaciones de jueces y fiscales, la cual tenía por objeto, según la convocatoria preparar “una próxima reunión de la Comisión de retribuciones creada en la Disposición Adicional Primera de la Ley 15/2003, de 26 de mayo”,  que lleva casi diez años sin reunirse, y que no sabemos ni si será convocada ni cuándo, extremo que ni el propio Ministerio conoce.

Si eran poco esperanzadoras las expectativas antes de la reunión, ya que inicialmente ni siquiera los fiscales íbamos a ser convocados y lo fuimos por una decisión a última hora de la Secretaria de Estado convocante,  tras la misma la Unión Progresista de Fiscales quiere poner de manifiesto lo siguiente:

Hemos percibido  que al Ministerio le preocupan poco las retribuciones de los jueces y menos aún las de los fiscales, y trata de englobar esta cuestión en una consideración global de los juzgados y de las oficinas fiscales, lamentando según dice la negativa del Ministerio de Hacienda incluso a tratar muchos de los temas que sugerimos y de los que destacamos los siguientes:

–          Recuperación de la reducción de retribuciones padecida en 2010 como consecuencia de una “instrucción de servicios”, que el Gobierno utilizó para desarrollar el Decreto Ley de 20 de mayo sobre Medidas Extraordinarias para la reducción del déficit público, reducción muy superior a la media y que entendemos debe ser  restituida una vez superada la crisis.

–          Revisión de la retribución de las Guardias, particularmente de las que se realizan en fiscalías de área y pueblos, retribuidas a 40 € el día, importe inferior al coste de una hora de trabajo de un profesional no cualificado de la industria.

–          Supresión de los grupos de población 4 y 5 , que afecta especialmente a los fiscales de tercera categoría, cuyas perspectivas de promoción y traslados son muy limitadas en la actualidad .

–          Cobro del complemento adecuado por parte de los fiscales de segunda en plazas de tercera y de los de tercera en plazas de segunda.

–          Revisión global de las retribuciones de los fiscales de tercera categoría, punto en el que de nuevo insistimos que es injusto y absurdo que un abogado fiscal perciba menos salario que por ejemplo un agente de policía local.

Una justicia de calidad debe ir ligada unas retribuciones dignas para los fiscales, que tengan en cuenta además el rígido sistema de incompatibilidades y prohibiciones a que nos vemos sometidos en el ejercicio de nuestras funciones, y al nivel retributivo de otros cuerpos del Estado con similares exigencias y responsabilidad. Rechazamos la idea del Ministerio de englobar nuestras retribuciones y productividad al trabajo de otros funcionarios, muy respetable pero con unas exigencias de preparación, dedicación, esfuerzo y responsabilidad muy diferentes.

 La Unión Progresista de Fiscales continuará con su defensa decidida de las reivindicaciones profesionales de los fiscales y de sus condiciones de trabajo. Seguiremos reclamando del Ministerio un trato adecuado a nuestra función constitucional, unas retribuciones justas, unos medios suficientes, una  justicia digital de calidad, bien planificada y bien ejecutada, y todo ello con los pies en el suelo, sin demagogias  ni triunfalismos, a este Gobierno, y a los siguientes, y ello porque estamos convencidos de que  sólo así lograremos las condiciones para un servicio público de calidad, que revertirá sin duda en todos los ciudadanos.

Albacete, 13 de diciembre de 2017

El Secretariado Permanente de la UPF

COMUNICADO SOBRE FORTUNY DIGITAL

En la Unión Progresista de Fiscales tenemos conocimiento, tanto directamente como por los mensajes que los compañeros dejáis en las redes sociales, de la situación lamentable en que se encuentran todos los que están sufriendo la implantación de la Fiscalía Digital.

Pensamos que todos debemos implicarnos en esta lucha, que supone el cambio de los medios y sistemas de trabajo más importante desde el surgimiento de las nuevas tecnologías, y que marca un antes y un después en la Administración de Justicia como servicio público y como nuestra tarea diaria.

Y aunque la cuestión de los medios materiales, las famosas “surfaces”, su suministro, la permanencia o no de las CPUs en los despachos, etc. no es baladí, no podemos dejar que esos árboles no nos dejen ver el bosque. Nuestra reivindicación ha de centrarse en el problema de fondo, que es que la Fiscalía Digital tal y como está concebida, mal planteada y peor ejecutada, no se puede seguir implantado a la fuerza.

Nos produce gran satisfacción ver a los compañeros unidos y movilizados, como ya ocurrió en Valladolid, con el plante de los Fiscales y el inestimable apoyo de su entonces Fiscal Jefa. Pero no podemos olvidar que los fiscales de a pie no deben verse en la tesitura de afrontar solos estas reivindicaciones y problemas. Es innegable que la cuestión compete a la Fiscalía General del Estado como Institución, y deben ser sus responsables, en especial el Fiscal de Sala de la Unidad de Apoyo, quienes lideren esta lucha de la Carrera ante el Ministerio, y adopten una postura decidida y firme.

Desde la Unión Progresista de Fiscales tenemos claro que de este Ministerio de Justicia no podemos esperar nada. Eso ya lo vimos con la  reforma y entrada en vigor del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y ello a pesar de la histórica movilización que conseguimos desde nuestra asociación, con una recogida de firmas que unió a más de la mitad de la Carrera Fiscal.

Y en ese pulso nos faltó lo mismo que ahora, el apoyo inquebrantable del Fiscal General del Estado, de la Fiscalía General y de la Unidad de Apoyo.

A través de nuestros consejeros de la UPF, y también directamente por el Secretariado, hemos interpelado a los responsables en muchas ocasiones, y la única respuesta positiva que hemos obtenido ha sido el comunicado institucional del día 25 de octubre de 2017, que hasta el momento ha quedado sólo en palabras, sin que nos conste que se haya adoptado ninguna medida para su puesta en práctica, ni siquiera en la propia Fiscalía General, y menos aún en la Unidad de Apoyo, cuyo responsable está mucho más cerca de los planteamientos y la euforia ministerial que de la realidad diaria de las Fiscalías y los Fiscales.

Aun así, seguimos a la vanguardia de esta reivindicación y continuaremos haciéndolo, en la convicción de que es el único camino para conseguir una Justicia eficaz.

Albacete, 24 de enero de 2018

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales.