CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO


Estimado Sr. Presidente del Gobierno de España: 

Desde la Unión Progresista de Fiscales, con la firme convicción de que concurren obvias razones de extraordinaria y urgente necesidad para la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, le pedimos que no se demore más la aprobación de dicha derogación vía Real Decreto-Ley, ante la imperiosa necesidad social de devolver a la ciudadanía sus legítimas expectativas de que el proceso penal esté al servicio del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. 

Por ello le pedimos, que a la mayor brevedad posible se apruebe dicha derogación. De forma que, en los sucesivo, puedan evitarse casos como el resuelto por la Audiencia Provincial de La Coruña que por aplicación de este precepto privó a una víctima de violencia de género de la posibilidad de que se uniera al procedimiento un importante informe practicado por el Instituto de Medicina Legal. Considerando el Tribunal que estos procedimientos no son complejos y que su instrucción, y muy a pesar de la falta de medios, debe ser agotada en el plazo de seis meses. 

Se comprueba así, que esta reforma operada en el año 2015 por el Partido Popular fijó unos plazos máximos de instrucción para las causas penales que, como reiteradamente hemos denunciado, está sirviendo como una vía de escape soterrada que facilita la impunidad de graves delitos, como lo son los de violencia contra las mujeres, corrupción u otros. 

Es visible y notorio que en estos más de tres años de vida del artículo 324, se ha abierto en nuestro país un espacio de impunidad que afecta de forma muy negativa al derecho a la tutela judicial efectiva, base de cualquier derecho social otorgado en nuestra Constitución. 

En la Unión Progresista de Fiscales nos consta el compromiso de la Ministra de Justicia en la búsqueda de la derogación de este artículo que socava fuertemente los cimientos de la justicia penal.  Y en esta línea, la Sra. Ministra, en fecha de 31 de enero de 2019, nos trasladó  a todas las asociaciones judiciales y fiscales que el único obstáculo que existía para no tramitar este Real Decreto-Ley consistía en la existencia de la iniciativa que, con este fin de la derogación, se estaba tramitando en el Congreso a iniciativa del Grupo Parlamentario Podemos. 

Teniendo en cuenta que, a día de hoy, dicho grupo parlamentario ha despejado dicho obstáculo retirando su proposición de ley, consideramos que el camino a la aprobación de dicho Real Decreto-Ley queda libre,  descansando bajo la sola responsabilidad del Gobierno. 

Por todo ello, apelando a la alta consideración del Servicio Público al que sirve, le rogamos que se haga efectivo los compromisos adquiridos y  que mediante la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal vía Real Decreto-Ley, se de luz a un proceso penal que responda con todas las garantías que exige nuestra constitución y que merecen las ciudadanas y ciudadanos de este país.

Secretariado de la UPF

CONTRA LA IMPUNIDAD

CHoy, 26 de febrero de 2019, el Grupo Parlamentario Confederal de UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA ha retirado su Proposición de Ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción, imaginamos que hastiados de comprobar cómo el plazo de presentación de enmiendas ha sido prorrogado hasta en 64 ocasiones por la manifiesta y patente voluntad de los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos de boicotear su aprobación y la consecuente derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El citado precepto fue introducido en 2015 por el Ministerio de Justicia del Gobierno Popular, liderado por el entonces ministro Rafael Catalá, y pese a la crítica unánime que suscitó por parte de todas las asociaciones de fiscales y jueces, la reforma conocida como Ley de punto final entró definitivamente en vigor el 6 de diciembre de 2015.   La impunidad derivada de esta reforma no tardó en llegar aunque tuvieron que ser sonados casos de corrupción política los que consiguieran que el foco mediático iluminase ante la opinión pública las nefastas consecuencias de la fijación de un plazo tasado de instrucción en el procedimiento penal español que, a diferencia de la mayoría de países occidentales, sigue anclado en la obsoleta figura del juez instructor. El caso Pasarelas en Murcia, el caso Colina rojaen Granada, el caso Conservatorio en Ceuta o el caso de la Federación Española de Baloncesto son ejemplos de presunta corrupción que han quedado impunes como consecuencia de los plazos de instrucción. Pero no solo la corrupción y los presuntos corruptos se benefician de la reforma del ex ministro Catalá. Todo tipo de delincuencia se aprovecha de una reforma que, lejos de acelerar nuestra justicia penal, dificulta y entorpece sumamente su labor.

Pese al compromiso de derogación asumido hace escasos meses ante los representantes de todas las asociaciones de fiscales y jueces por el Presidente del Partido Popular -Pablo Casado-, la pasada semana su Grupo Parlamentario ensalzó en el Congreso de los Diputados las “bondades” de los plazos de instrucción y rechazó su derogación. Queda claro, pues, el nulo interés que los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos tienen en poner fin a la impunidad que el artículo 324 genera.

Por consiguiente, ante la retirada de su Proposición de Ley por el Grupo Parlamentario de PODEMOS y siendo éste el único obstáculo para recurrir al Decreto Ley que la Ministra de Justicia comunicó el 31 de enero a todas las asociaciones profesionales, reclamamos públicamente al Gobierno de España que en la próxima reunión del Consejo de Ministros se apruebe un Real Decreto Ley que derogue el citado precepto en consonancia con la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista y aprobada por amplia mayoría en el Congreso de los Diputados el 13 de noviembre.

La necesidad no es urgente, es imperiosa, y hay tiempo suficiente para aprobar y convalidar un Real Decreto que se limite a derogar un precepto funesto para la justicia española: el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Porque la impunidad no puede seguir campando a sus anchas por la pasividad de nuestros gobernantes. Revelador es el retrato de quienes nada han hecho hasta ahora por acabar con ella. 

Secretariado Permanente de la UPF

COMUNICADO DE APOYO A LA SALUD Y VIDA DE LAS MUJERES

Ante las manifestaciones partidistas que, en relación al aborto, han sido realizadas por el Presidente del Partido Popular Pablo Casado a la agencia EFE, desde la Unión Progresista de Fiscales reiteramos nuestro histórico y enérgico rechazo ante cualquier movimiento que tenga como finalidad poner en peligro la salud y la vida de las mujeres en relación con el libre ejercicio de sus derechos reproductivos. 

Y así, consideramos inaceptable relacionar la economía y las pensiones con la libertad en el ejercicio de la maternidad, porque ese postulado constituye la esencia de un sistema de discriminación y violencia contra las mujeres que no solo perpetúa las más arraigadas estructuras patriarcales y machistas, sino que nos devuelve a la memoria preconstitucional del vejatorio trato que se dispensó a las mujeres.

Así mismo, compartimos nuestra firme convicción de que ninguna sociedad democrática puede renunciar a consolidar, respetar e implementar todos los mecanismos que tiene a su alcance para que el derecho a la vida, a la integridad, a la seguridad, a la libertad y a la igualdad de las mujeres sean plenamente reales y efectivos. Tal y como nos exige nuestra Constitución Española.

Albacete, 7 de Febrero de 2019

El Secretariado Permanente

DE NUEVO, SOBRE EL ART. 324 LECRIM Y LA IMPUNIDAD

La reforma en 2015 por el Partido Popular del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal fijó unos plazos máximos de instrucción de las causas penales que, como reiteradamente hemos denunciado, además de otros defectos, puede ser una vía de impunidad de graves delitos, particularmente los de corrupción.

Ante la  noticia conocida ayer relativa a la absolución en un presunto caso de corrupción en Murcia que afecta al expresidente de la Comunidad,  por haber  excedido el plazo de investigación, la Unión Progresista de Fiscales  quiere dejar claro que, tal y como hemos venido advirtiendo de forma insistente y reiterada desde 2015, la vigencia de un plazo máximo de investigación en nuestro país acrecienta los espacios de impunidad  y, en consecuencia, socava fuertemente los cimientos de la justicia penal. Lo ocurrido en Murcia es, quizás, el caso más mediático de archivo por causa de expiración del plazo del 324, pero ni es el primero producido, ni el último que se producirá.

Esa reforma operada en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal mediante Ley 41/2015 no solamente responde a una técnica legislativa nefasta que demuestra un absoluto desconocimiento del proceso penal por parte de quienes legislan, sino que, además, ha supuesto la creación de una nueva causa de extinción de la responsabilidad y prescripción encubierta de los delitos más complejos como son los relacionados con la corrupción.

Estamos a tiempo de detener este desatino procesal que pone en grave riesgo  la justicia penal mediante un  Decreto-Ley que derogue los plazos máximos de instrucción. Por todo lo anteriormente expuesto, de nuevo instamos del Gobierno y de los demás partidos políticos que cumplan su anunciado compromiso contra la corrupción y que procedan ya a iniciar, y a no paralizar indebidamente, el procedimiento legislativo oportuno para la derogación de este dislate procesal.

 

Albacete, 21 de diciembre de 2018

El Secretariado Permanente.

ARTÍCULO 324 LECRIM E IMPUNIDAD

La reforma en 2015 por el Partido Popular del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal fijó unos plazos máximos de instrucción de las causas penales que, como reiteradamente hemos denunciado, además de otros defectos, puede ser una vía de impunidad de graves delitos, particularmente los de corrupción.
 
Por ello, prácticamente desde su entrada en vigor ha sido duramente criticada esta reforma, y todo el arco parlamentario ha solicitado reiteradamente su derogación. Para ello, el Congreso de los Diputados tomó en consideración, en Mayo de 2017 una Proposición de Ley del Grupo Unidos Podemos en este sentido.
 
Iniciada su tramitación parlamentaria, ha resultado que en la Mesa del Congreso se ha impedido de hecho que tal iniciativa llegue a ser aprobada, y ello por la vía de la fijación y ampliación de los plazos de enmiendas.
 
Con ocasión de la reunión celebrada en el Congreso de los Diputados el día 3 de Septiembre de 2018 a iniciativa del Presidente del Partido Popular, y en presencia de los responsables de las 7 asociaciones de Fiscales y Jueces, la UPF le preguntó expresamente por esta cuestión, respondiendo el Sr. Casado que estaba a favor de la derogación del 324 LECrim. Sin embargo, el día 4 de septiembre se amplió el plazo de enmiendas y tras esta fecha, otras 10  veces.
 
En el día de ayer el Pleno del Congreso aprobó otra Proposición no de Ley con el mismo objeto con el voto en contra del Grupo Popular, y simultáneamente la ampliación número 54 del plazo de enmiendas, para una reforma que tiene doce palabras (Artículo único. Queda derogado el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
Desde la Unión Progresista de Fiscales apelamos a la responsabilidad en aras a disponer de una legislación que permita y no impida a jueces y fiscales perseguir los delitos, con medios adecuados y sin medidas legales que puedan favorecer la impunidad de los delincuentes.
 
Pero de mantenerse esta situación, entendemos que nuestra Constitución da vías para lograr el mismo objetivo: el próximo día 6 de diciembre vence el plazo máximo de 18 meses fijado para instruir las causas incoadas antes de su entrada en vigor, y es evidente por ello la urgencia y la necesidad precisas para derogar ese pernicioso artículo por la vía del Decreto-Ley.
 
 
Albacete, 14 de noviembre de 2018
El Secretariado Permanente.

CONTRA LA IMPUNIDAD DE LOS PLAZOS DE INSTRUCCIÓN

El próximo día 6 de diciembre, además de conmemorarse el 40 aniversario de la Constitución española, se cumplirán tres años desde que entró en vigor la nueva redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precepto que establece unos plazos tasados para la investigación judicial de los delitos. Asimismo, ese día será la fecha de vencimiento de la prórroga de las causas complejas incoadas con anterioridad a la entrada en vigor de la norma.

 

La ciudadanía tiene derecho a una justicia penal de calidad, ágil y sin dilaciones indebidas pero también tiene, preeminentemente, el derecho a que los jueces y tribunales tutelen eficazmente sus derechos. Sin embargo, establecer plazos tasados a la instrucción resulta perturbador y supone, sobre todo, un riesgo cierto de impunidad, una amenaza para la efectiva reparación de las víctimas.

 

Los operadores jurídicos -muy especialmente los fiscales- hemos instado mayoritariamente la derogación de este artículo. Por ello, el Partido Popular, el Partido Socialista, Unidos Podemos y Ciudadanos han asumido o propuesto directamente en sede parlamentaria la derogación de esta norma aún en vigor. Es por ello que solicitamos a los Grupos Parlamentarios que antes del 6 de diciembre desbloqueen cualquier iniciativa parlamentaria o proposición de ley que pretenda su derogación, así como al Gobierno de la Nación, en su caso, que utilice el instrumento legislativo de urgencia previsto en el artículo 86 de la Constitución para acabar así con las incuestionables disfunciones que el citado precepto genera en la Administración de justicia pero, sobre todo, para evitar el inequívoco riesgo de impunidad que conlleva.

 

 

El Secretariado de la UPF

 

 

 

Albacete, a 24 de octubre de 2018

COMUNICADO SOBRE EL PATROCINIO Y LA IMAGEN DE LAS ASOCIACIONES

COMUNICADO UPF- APIF SOBRE EL PATROCINIO Y LA IMAGEN DE LAS ASOCIACIONES

 

 

El patrocinio privado a las asociaciones de jueces y de fiscales puede dar una imagen distorsionada de la justicia y de nuestras profesiones, para evitarlo, y especialmente en momentos como este en el que parece clara la necesidad de mandar un mensaje a la sociedad sobre la absoluta independencia de la justicia,  nos parece interesante reabrir el debate sobre la conveniencia de recibir fondos de entidades con las que posteriormente es posible que existan intereses en conflicto

 

Entendemos que dichos patrocinios, más aún cuando se trata de entidades bancarias, tienen un efecto negativo sobre la imagen de absoluta imparcialidad que las Carreras Judicial y Fiscal deben proyectar a la ciudadanía, fundamento del riguroso régimen de incompatibilidades al que estamos sometidos. Es por ello que en el año 2010 la Unión Progresista de Fiscales asumió el compromiso ético de rechazar todo tipo de patrocinio o subvención privada, y lo ha venido manteniendo de manera estricta. Igualmente la APIF asumido también asociativamente, no ha recibido nunca patrocinio alguno. De la misma manera defendemos que estamos ante una cuestión deontológica que merece ser incluida en el futuro Código Ético de la Carrera Fiscal.

 

Por todo ello, con el fin de preservar la imagen de la Justicia, creemos que este compromiso ético ha de ser compartido por todas las asociaciones judiciales y fiscales, e invitamos a todas ellas a integrarlo. Para que ninguna sombra pueda oscurecer este servicio público para el que, día a día, Jueces y Fiscales trabajamos con vocación e implicación.

 

 

 

Albacete a 22 de octubre de 2018

COMUNICADO EN DEFENSA DEL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES

 Desde el más profundo y absoluto respeto a la labor parlamentaria y al legítimo ejercicio de la crítica política, queremos poner de manifiesto que en un Estado de Derecho no se puede permitir la intromisión en la vida íntima y particular de ningún ciudadano mediante la grabación de sus conversaciones, mantenidas hace más de nueve años, parciales, sin garantía alguna de integridad o veracidad e imposibles de contrastar, y que ello sirva como ariete para intentar obtener algún tipo de venganza o ventaja procesal.

Colocar en el mismo plano esas conversaciones -interesadamente publicitadas y reproducidas- y la dedicación profesional de quien lleva más de 25 años al servicio de la Justicia, asumiendo las más altas y peligrosas responsabilidades en la lucha contra todo tipo de terrorismo, es un ataque al Estado de Derecho y a sus servidores. Hemos de defendernos de quienes no creen en este Estado de Derecho y piensan que con sus maniobras al filo de la legalidad son capaces de alterar el normal funcionamiento de las instituciones.

Convertir la política en un lodazal de escarnio público con cuestiones que nunca debieron trascender a la opinión pública y cuya grabación y difusión no tiene justificación legítima alguna solo beneficia a quienes se aprovechan de ella o tratan de sacar partido a las debilidades del sistema.

 

Albacete, 26 de septiembre de 2018

El Secretariado Permanente

COMUNICADO EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INDEPENDENCIA DE LA JURISDICCIÓN ESPAÑOLA

La Unión Progresista de Fiscales, ante las noticias surgidas en los últimos días en relación con la interposición de una demanda contra el juez Pablo Llarena, quiere ratificar su compromiso en la defensa de la soberanía e independencia de la jurisdicción española.

Entendemos que resulta absolutamente inasumible, así como completamente improcedente, el intento de fiscalizar o enjuiciar, ante órganos judiciales extranjeros, la actividad jurisdiccional desarrollada por un magistrado español en el pleno ejercicio de sus funciones. El solo planteamiento de esta cuestión supone un grave atentado contra la soberanía del estado español y contra la independencia de sus órganos jurisdiccionales.

Manifestamos, consecuentemente, nuestra unidad en defensa del juez instructor así como la necesidad de que el estado español se persone en el procedimiento judicial iniciado en Bélgica a fin de alegar, como cuestión previa, la inmunidad de jurisdicción en relación al libre ejercicio de su funciones en el ámbito del proceso penal iniciado en España.

Secretariado Permanente

Albacete, 25 de agosto de 2018

COMUNICADO SOBRE EL DESARROLLO DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La Unión Progresista de Fiscales, en relación con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 6/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, quiere poner de manifiesto lo siguiente:

La violencia de género es uno de los problemas más graves y perentorios a los que se enfrenta nuestra sociedad, y su erradicación exige un firme compromiso de todos los Poderes del Estado y de todas las Administraciones Públicas. Por ello, desde la Unión Progresista de Fiscales siempre hemos mantenido la necesidad de que las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, aprobadas por el Congreso y el Senado en septiembre del pasado año, fueran urgentemente implementadas. Recordemos que, desde el año 2003, casi mil mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, y sus hijos e hijas menores de edad han sido también víctimas de esta abominable lacra.

Por ello, la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, resulta a todas luces necesario. Recordemos en primer lugar que la mayor parte de las situaciones de violencia de género permanecen aún soterradas, por lo que es vital proporcionar a las víctimas todo un sistema de asistencia y apoyo previo a la denuncia que les permita afrontar con la fortaleza necesaria un procedimiento penal.

Es más, la acreditación de la situación de violencia de género por vías distintas a las procesales no es ni mucho menos una novedad en nuestro ordenamiento jurídico. Ya el artículo 220 de la Ley General de la Seguridad Social recoge esta posibilidad a los efectos del reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad. También en la legislación autonómica encontramos esta posibilidad – Galicia, Cataluña, Castilla y León, Andalucía, Extremadura, La Rioja o Navarra, por ejemplo, lo contemplan – por lo que su admisión en la legislación estatal resulta imprescindible para lograr la necesaria armonización y evitar diferencias de trato que deriven en la existencia de víctimas de primera y de segunda e, incluso, en situaciones de desprotección en caso de cambio de residencia. 

En cuanto a la modificación introducida en el artículo 156 del Código Civil, queremos recordar también la importancia de hacer primar el superior interés del menor, evitando que el progenitor condenado o investigado por alguno de los delitos contemplados pueda obstaculizar la prestación de la necesaria asistencia psicológica a sus hijos e hijas menores, abocando a la víctima a acudir a un nuevo procedimiento judicial, lo que entendemos no se compadece con el espíritu de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, que ya recoge en su artículo 28.2 a) la previsión de la prestación de asistencia psicológica como medida de asistencia y apoyo a las víctimas y sus familiares.

Por fin, no debemos olvidar que estas reformas fueron consensuadas por todas las fuerzas políticas, cristalizando en el Pacto de Estado, cuya redacción fue también resultado del consenso entre la Delegación del Gobierno con la intervención del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género, Ministerio de Justicia y demás Ministerios del anterior Gobierno, así como de la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer.

La Unión Progresista de Fiscales reitera una vez más la imperiosa necesidad de implementar la totalidad de las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de sensibilización y prevención, pero también y sobremanera para la asistencia y protección de las mujeres víctimas de violencia de género, así como de dotar a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal de los medios suficientes para otorgar una respuesta penal ágil, contundente, y eficaz.

El Secretariado Permanente

24 de agosto de 2018