DECLARACIÓN DE PALMA – MEDEL

Declaración de Palma , 11 de marzo de 2017, Palma de Mallorca . España.

Complemento  a la declaración de Paris, 22/10/2016.

Asistimos como espectadores impasibles, a diario, a las duras imágenes de la muerte en las aguas del mar o en las fronteras de nuestros países. Todas las personas tenemos una crónica de la emigración en nuestro árbol genealógico, en nuestra familia, todos los seres humanos somos el resultado de la voluntad o la necesidad de cambiar, de lugar, de nación, de continente. La historia de la humanidad no es sino  la historia de las migraciones.

Permitiendo en silencio estas muertes, anestesiados después de cada noticia o cada reportaje, acostumbrados e insensibles al impacto visual de la tragedia, nos limitamos a cambiar de canal, apagamos el televisor y seguimos nuestra rutina diaria.

Nos alejamos, ponemos distancia al sufrimiento de quienes son como nosotros. Convivimos con esa  injusticia y consentimos que miles de personas pierdan su vida, comprometan su dignidad y anulen su condición humana solamente por buscar un destino mejor. El futuro será implacable con nosotros porque hemos tolerado, estamos tolerando esta inacabable tragedia.

Desde MEDEL, desde nuestra condición de profesionales, desde nuestro cómodo estatus de JUECES Y FISCALES estamos obligados a combatir, proponer soluciones, alzar la voz, y no permitir que nuestra nuestra conciencia, que nuestro sentido de la justicia, que nuestro respeto a la dignidad del ser humano permanezca aletargado,  lucharemos por ello. Lucharemos por ellos y por ellas.

Medel quiere reconocer a aquellos que con su propio esfuerzo salvan la vidas de los migrantes y los refugiados.

Medel reclama la colaboración de FRONTEX para que proporcione la ayuda indispensable para el rescate de vidas humanas.

 

 

 

MEDEL

COMUNICADO DÍA DE LA MUJER 2017

Con ocasión de la celebración del 8 de marzo, Día de la Mujer, desde la UPF queremos hacer hincapié en dos cuestiones esenciales para la consecución de la igualdad efectiva entre los sexos: el derecho de las mujeres a ocupar los espacios públicos y privados en condiciones de seguridad, y la representación paritaria de mujeres y hombres en los puestos de toma de decisiones.
 
Respecto a la primera de las cuestiones, la UPF condena enérgicamente una vez más la lacra de la violencia machista, que tan sólo en los dos primeros meses del 2017 se ha cobrado ya un total de 21 víctimas mortales (16 mujeres, según cifras oficiales), y cuya prevalencia en nuestro país recordemos que ya fue objeto de reproche por el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer en sus informes de 24 de julio de 2015.
 
Hemos de lamentar la falta de perspectiva de género con la que la LO 1/15 abordó la reforma del Código Penal, desoyendo así, entre otras, las prescripciones del Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, al no incluir esta  circunstancia en la redacción de los tipos específicos, por lo que la motivación de género únicamente se puede introducir a través de la apreciación de la circunstancia agravante genérica del artículo 22.4 del Código Penal, con las dificultades probatorias que la misma conlleva. Creemos que los feminicidios han de ser tipificados y castigados como tales.
 
Tenemos que señalar también la necesidad de avanzar en la protección de las víctimas, mediante, entre otras medidas, la implementación de las Unidades de Valoración Integral Forense en todas las Comunidades Autónomas dotadas con profesionales debidamente formados y en número suficiente, y la promoción de la aplicación del Protocolo Médico Forense de Valoración del Riesgo. Asismismo, resulta imprescindible la adecuada protección de los menores como víctimas también de la violencia de género.
 
En el Día de la Mujer tenemos que recordar asimismo la persistencia del llamado “techo de cristal” en los ámbitos político, social, laboral, económico o académico, e insistir en que la representación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de toma de decisiones es indicador privilegiado de la calidad democrática de los países.
 
Las carreras Judicial y Fiscal no escapan a esta realidad de infrarrepresentación femenina. En el Tribunal Supremo tan sólo un 12% de sus Magistrados son mujeres, y ninguna mujer ostenta una presidencia de Sala. Un solo Tribunal Superior de Justicia está presidido por una Magistrada y únicamente nueve Audiencias Provinciales tienen una Presidenta mujer. En el Tribunal Constitucional el porcentaje de representación femenina es del 18% con dos Magistradas.
 
En cuanto a la Carrera Fiscal, a pesar de que el 63% de sus miembros son mujeres, en 2016 tan sólo ostentaban el 28% de los cuadros directivos, situación que, lejos de resolverse con el natural paso del tiempo, va enquistándose a través de un marcado carácter descendente en representación femenina, puesto que en el año 2013 el porcentaje era del 65%-35%, del 68%-32% en 2014 y del 70%-30% en 2015. Y ello a pesar de que en 2016 las Fiscales representaban el 52% de los miembros de la Carrera entre los 51 y 60 años, porcentaje que asciende al 69% en la franja de edad que va abarca de los 41 a 50 años.
 
Se hace imprescindible a efectos de resolver este desequilibrio la adopción de medidas efectivas para la conciliación de la vida personal, familiar y profesional que no supongan únicamente asistir a la mujer en la compatibilización del trabajo productivo y reproductivo, sino que además avancen hacia la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las labores de cuidado, trascendiendo roles y estereotipos de género. Imperioso resulta pues el desarrollo reglamentario del artículo 52 EOMF en materia de permisos y licencias de maternidad, paternidad y para la conciliación de la vida familiar y profesional respetuosos con aquellos principios y con la existencia de otros tipos de familia distintas del modelo tradicional.
 
En este sentido, desde la UPF queremos resaltar nuestro compromiso con la labor de la Comisión de Igualdad del Consejo Fiscal creada en aplicación de la LO 3/07 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, y con la promoción por parte de nuestros Vocales de las funciones y objetivos de la misma. Queremos recordar que el trabajo de la UPF en dicha Comisión posibilitó en su momento la sustitución por razón de maternidad de una de las Consejeras por otra Fiscal de la misma candidatura; se reguló la presentación de candidaturas paritarias en las elecciones al Consejo; se instó además al Ministro de Justicia para la modificación del criterio en la concesión de permisos por acumulación de horas de lactancia en jornadas completas encomendando a la Inspección el apoyo de estas peticiones; se expresó la conveniencia de que figurara alguna compañera Fiscal en la Comisión de Expertos encargada de los trabajos de preparación del Borrador de reforma del EOMF; se propuso en el informe del Consejo Fiscal sobre el borrador del Reglamento de la Carrera Fiscal la plenitud de derechos durante los períodos de licencia de maternidad y paternidad, un régimen de sustituciones tanto durante el período de licencia como de vacaciones una vez concluído este, y la regulación de la licencia de paternidad por tiempo de cuatro semanas, con posiblidad de reducción de jornada y sustitución del tiempo de lactancia por permiso retribuído, independientemente de la existencia o no de otro cónyuge o pareja y de la situación laboral de éste o ésta. Finalmente, se promovió la elaboración de un Plan de Igualdad a fin de identificar los ámbitos prioritarios de actuación. Sin embargo, aún queda mucho por hacer y por ello desde la UPF nos hemos de mostrar siempre comprometidos con los valores de la igualdad, tanto dentro como fuera de la Carrera Fiscal.
 
Finalmente, hemos de destacar la vital importancia de la transparencia en los nombramientos discrecionales para identificar la posible existencia de un sesgo de género en los mismos que abunde en la señalada infrarepresentación de las mujeres. Sólo mediante la publicidad de los currículos de los y las candidatas y la motivación suficiente de las decisiones podremos comprobar que las designaciones para los cargos responden únicamente a los principios de mérito y capacidad consagrados en el artículo 103.3 de la Constitución, y que los citados sesgos de género no han supuesto la relegación de una candidata más meritoria.

COMUNICADO UPF TRAS EL PLENO DEL CONSEJO FISCAL DE 22/2/2017

Tras la reciente reunión del Pleno del Consejo Fiscal, la Unión Progresista de Fiscales quiere felicitar a los compañeros y, en especial, a las compañeras que han sido nombrados/as para los distintos cargos de la Carrera Fiscal y desearles lo mejor en el futuro porque sus éxitos profesionales serán los nuestros, los de todos y todas los Fiscales.

 

Sin embargo, éste es uno de los comunicados que la Unión Progresista de Fiscales no hubiera querido publicar. Después de un largo período de interinidad en la jefatura de la Fiscalía General del Estado y tras la sorpresa por el nombramiento del nuevo Fiscal General, confiábamos que su mandato, claramente orientado a liderar un cambio de modelo procesal, supusiera -de una manera clara y rotunda- el afianzamiento de la autonomía del Ministerio Fiscal respecto al Poder Ejecutivo. Desgraciadamente no parece que vaya a ser así. Consideramos que algunos de los nombramientos y la no renovación en sus plazas de algunos de nuestros compañeros, casualmente en su mayoría asociados de la UPF, supone un claro retroceso en la pretendida autonomía del Ministerio Fiscal, pues tales decisiones solo pueden explicarse desde un interés eminentemente político e ideológico.

 

Es significativo que personalidades irreemplazables como Javier Zaragoza, cuyos esfuerzos, conocimientos y contactos en materia antiterrorista son en sí mismos un patrimonio de la Fiscalía española, sea relevado en momentos en los que entendemos imprescindible su contribución a la lucha contra el terrorismo internacional. De la misma manera que únicamente se puede explicar por motivos ideológicos el relevo de Juan Calparsoro al frente de la Fiscalía Superior del País Vasco; parece un castigo a los años de dedicación al servicio del estado de Derecho y la democracia española en una coyuntura tan complicada como ha sido la culminación del proceso de paz, contribuyendo con su lealtad institucional al momento histórico del fin de la violencia en el País Vasco y la derrota del terrorismo. Es especial el caso de Murcia, en el que si algún ejemplo había que dar a la sociedad para apuntalar la confianza en la Fiscalía era mantener al Fiscal Superior frente a las intolerables presiones y la imagen de nuestra Institución que han tratado de dar algunos políticos. Pues bien, Manuel Bernal no acudirá como Fiscal Superior el día 6 de marzo a la toma de declaración en calidad de investigado del todavía Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia. La ciudadanía y los propios Fiscales hemos entendido el mensaje. Finalmente, uno de los peajes exigidos por el Ministro de Justicia al nuevo Fiscal General del Estado era un cambio en la jefatura de la Unidad de Apoyo, pues al finalizar el mandato de Consuelo Madrigal había una manifiesta confrontación con el equipo ministerial debido a la gestión del control de los plazos de instrucción del artículo 324 de la LECrim y, sobre todo, por la precipitada implantación y a espaldas de la Fiscalía y los Fiscales de las nuevas soluciones tecnológicas de comunicación y gestión digital. Ese fielato ha sido también cobrado por el Ministerio de Justicia con la no renovación por el Fiscal General de José Luis Bueren.

 

Nuestro máximo respeto a todos los compañeros y compañeras que han sido nombrados. Nuestra crítica no es un demérito para ellos y ellas, sino una llamada de alerta para constatar que el modelo de Fiscalía al que aspira la Unión Progresista de Fiscales es el de profesionales integrados en una institución al servicio de los ciudadanos, sin deudas que pagar a la clase política y con una total y absoluta autonomía del Poder Ejecutivo. Trataremos de que esto sea siempre así y denunciaremos públicamente cualesquiera cuestionamientos a la profesionalidad de los y las Fiscales y los ataques a nuestra independencia por injerencias o intromisiones externas.

 

COMUNICADO DIMISIÓN Ministro de Justicia

La Unión Progresista de Fiscales pide la dimisión del Ministro de Justicia por cuestionar, fuera de sus competencias constitucionales y con un absoluto desconocimiento de la ley, el trabajo de nuestras compañeras, y amenazar con acciones contra ellas por discrepar del criterio de un superior. Es una intromisión intolerable en nuestro trabajo por parte del Ejecutivo y un desprecio a la autonomía del Ministerio Fiscal.

Comunicado UPF sobre el juicio 9N

La Unión Progresista de Fiscales se suma a lo expresado por la Fiscalía General del Estado y las otras asociaciones de Fiscales en su apoyo a la Fiscal Jefe de Barcelona en relación con los intolerables hechos acaecidos en las inmediaciones del Palacio de Justicia tras la conclusión del juicio del 9N.

La falta de respeto a las reglas del estado de Derecho repercuten de forma inquietante en la convivencia democrática que tantos años nos ha costado construir.

Aprovechamos la ocasión para expresar el reconocimiento a nuestro compañero Emilio Sánchez Ulled por su magnífico trabajo, rigor técnico y profesionalidad demostrados durante el desarrollo del juicio.

COMUNICADO UPF sobre el CEJ y la formación de Fiscales

Desde la UPF queremos expresar nuestra profunda preocupación por la situación de caos y desorganización en la que se encuentra el CEJ tras el nombramiento de su nuevo Director. Hemos pasado de tener en el Centro dos miembros de la Carrera Fiscal (Director y Fiscal Asesor) a no contar con ningún interlocutor operativo que permita coordinar contenidos, facilitar la organización y ejecución de los planes de formación y, sobre todo y especialmente, servir de enlace institucional entre el CEJ, en cuanto órgano de gestión, y la Carrera Fiscal.

Las disfunciones, que ya se están produciendo, afectan principalmente a los compañeros que están en el Curso de Formación Inicial, pues parece que el CEJ no es consciente de que no son alumnos universitarios sino Fiscales en prácticas, con las exigencias de rigor, respeto y seriedad que su formación requiere tanto en la organización, en los contenidos como en el trato. No olvidemos la transcendencia e importancia que tiene la formación de jueces y fiscales, que el Consejo de Europa (Consejo Consultivo de Fiscales Europeos) vincula directamente a la autonomía e independencia en el ejercicio de nuestras funciones así como a la calidad de nuestro trabajo.

Es evidente que el Ministerio de Justicia nos está dejando claro que el CEJ es su centro y que a ellos les corresponde las decisiones a la hora gastar el presupuesto destinado a la formación de los Fiscales y su voluntad no es otra que hacer del CEJ una estructura administrativa y burocrática destinada a la formación de “funcionarios”.

Desde aquí os animamos a transmitir a la Fiscalía General del Estado todas las quejas que tengáis en relación con el CEJ a fin de exigir una solución urgente a este despropósito.

En Santiago a 13 de febrero de 2017

COMUNICADO UPF Propuestas Consejo Fiscal de 3/2/2017

Tras el nombramiento de José Manuel Maza como Fiscal General del Estado y la primera toma de contacto que tuvo con el Consejo Fiscal el pasado mes de diciembre, hoy viernes 3 de febrero tendrá lugar una reunión del Pleno del Consejo en cuyo orden del día los vocales electos a propuesta de la Unión Progresista de Fiscales han incluido una serie de iniciativas para la mejora y progreso de la Institución y de las funciones diarias de los Fiscales. Estas propuestas son complementarias al respaldo de nuestra asociación al proyecto de atribución de la dirección de la investigación penal al Ministerio Público, reforma que secundamos con la ineludible condición de que venga acompañada de un Estatuto Orgánico que garantice la absoluta autonomía e independencia del Ministerio Fiscal, atributos indispensables para el mejor y más eficaz desarrollo de nuestras funciones constitucionales.

Como os anticipábamos, enunciamos a continuación las medidas que serán planteadas hoy en el seno del Consejo Fiscal por los vocales electos a propuesta de la U.P.F, que se desarrollarán en ésta y en sucesivas reuniones del Consejo y que entendemos satisfacen algunas de las no pocas y justas reivindicaciones de los compañeros ante los problemas y carencias que les aquejan en su labor cotidiana. Como no puede ser de otra manera, esta batería de propuestas está abierta a las sugerencias e iniciativas de todos y cada uno de vosotros, asociados o no, y os animamos desde aquí a que nos dirijáis cuantas inquietudes profesionales sean de interés para la Carrera Fiscal.

1. Propuestas de índole profesional:

– Establecimiento de un calendario reglado de concursos de traslados.
– Regulación del sistema de ascensos en la Carrera Fiscal ante la inexplicable y notable diferencia con la Carrera Judicial.
– Dotación de material y medios dignos y unificación en todo el territorio nacional de las condiciones de trabajo: despachos, códigos y textos legales, material de escritorio, herramientas informáticas, ratio de personal al servicio de la Fiscalía, desplazamientos para actos de carácter judicial o uso de videoconferencia, entre otros.
– Unificación para todas las Fiscalías de un sistema de gestión común.
– Baremación de las cargas de trabajo de los Fiscales.
– Implantación de un sistema automatizado de control de la productividad.
– Merma de las labores burocráticas de los Fiscales (datos estadísticos y de control) y definición de las labores competencia de la Oficina Fiscal.
– Mejora del sistema previsto para la concesión de comisiones de servicio internas y utilización de éstas para cubrir las plazas de refuerzo asignadas actualmente a abogados fiscales sustitutos, sin perjuicio de que éstos cubran las plazas de origen de los Fiscales comisionados.

2. Propuestas de naturaleza económica:

– Reclamación de las indemnizaciones correspondientes por el día de libranza no disfrutado tras la guardia anterior a su regulación legal.
– Negociación de una nueva Ley de retribuciones y recuperación del poder adquisitivo previo al Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo.
– Control y mejora del actual sistema de retribución de las plazas de Decano, incluidas las de las Secciones Territoriales.

3. Propuestas sobre LexNet y artículo 324 de la LECrim:

– Derogación del sistema de plazos de instrucción actual o suspensión o derogación de la Circular 5/2015 de la Fiscalía General del Estado sobre los plazos máximos de la fase de instrucción.
– No implantación de un sistema de gestión procesal o comunicación con los Juzgados hasta que su funcionamiento sea satisfactorio, sin que sea admisible la imposición del Ministerio de Justicia en esta materia.
– Implementación en todo el territorio nacional de procedimientos automatizados de control de causas penales.

4. Propuestas sobre formación:

– Control y transparencia de las decisiones de naturaleza formativa que actualmente asume la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.
– Diseño de un programa sobre formación continuada con la participación inexcusable en el Centro de Estudios Jurídicos de un miembro de la Carrera Fiscal.
– Participación de la Carrera e información a toda la plantilla sobre todas las comisiones de estudio en las que participen Fiscales designados a través de la Fiscalía General del Estado y, en especial, ante las propuestas legislativas en ciernes.

5. Propuestas de índole institucional:

– Elaboración de un nuevo Reglamento Orgánico del Ministerio Fiscal.
– Concesión de autonomía presupuestaria a la Fiscalía General del Estado.
– Asignación a la Fiscalía General del Estado de un “departamento” en el Boletín Oficial del Estado.
– Promoción y colaboración de la U.P.F. en la elaboración de un Código Ético del Ministerio Fiscal impulsado desde el Consejo.
– Fortalecimiento del Consejo Fiscal, dotando al mismo de mayor transparencia y publicidad en el orden del día de cada reunión del Pleno y de apoyo administrativo del que actualmente carece, así como determinando un calendario de convocatorias regulares.
– Potenciación de la participación de la Carrera Fiscal en las elecciones al Consejo con la inclusión de las Fiscalías de Área como sedes de mesa electoral.

 

Santiago, a 3 de febrero de 2017

CARTA de la U.P.F al próximo Fiscal General del Estado

Con motivo de la propuesta de nombramiento como Fiscal General del Estado de D. José Manuel Maza Martín, la Unión Progresista de Fiscales saluda a quien ocupará esta alta magistratura del Estado y quiere asimismo poner de manifiesto una serie de consideraciones:

 

  1. Felicitamos al nuevo Fiscal General del Estado por su designación y depositamos en él nuestra confianza con la esperanza de que durante su mandato se lleve a cabo -tras varios años de retroceso- el definitivo despegue de la institución cuya jefatura superior ostentará, así como de que los poderes públicos valoren nuevamente la importancia del Ministerio Fiscal en la mejora y progreso de la justicia y el desarrollo del estado de Derecho, dotándonos para ello de eficaces instrumentos, tanto personales, como materiales y procesales.

 

  1. Lamentamos el público desaire al que se ha visto sometida nuestra compañera y ex Fiscal General del Estado Dña. Consuelo Madrigal, a quien el propio Gobierno de España había manifestado públicamente su intención de revalidar en el cargo.

 

  1. Los requisitos para el cargo de Fiscal General del Estado son los de jurista de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión, con lo que la condición de magistrado u otra profesión jurídica ni añade ni resta méritos, como tampoco ser fiscal. Sin embargo, no nos parece positivo el mensaje que se traslada de que para que la Fiscalía sea autónoma deba ser dirigida por un magistrado. La autonomía e independencia del Fiscal General deriva del estatus legal de la propia institución y de la prohibición de injerencia del poder ejecutivo en las decisiones de los fiscales. La Fiscalía no es un instrumento del Gobierno, sino del Estado para el eficaz desempeño y cumplimiento de nuestras obligaciones legales y constitucionales, por más que la proposición para la designación del Fiscal General sea una decisión del Ejecutivo. A partir de ahí, deberá ser el Fiscal General del Estado quien garantice nuestra autonomía e independencia y es que, no pudiendo ser cesado ni removido durante su mandato, debe ser absolutamente impermeable a las decisiones y presiones externas, incluidas las de aquéllos que han determinado su nombramiento. Autonomía e independencia que no solo debe ser, sino también parecer ante los ojos de los ciudadanos.

 

  1. Las citadas notas de autonomía e independencia del Ministerio Fiscal han de ser esenciales para el mejor y más eficaz desarrollo de nuestras funciones, no solo frente al Ejecutivo -cuestión sobre la que de manera recurrente seguramente debamos insistir a lo largo de esta legislatura-, sino también frente a otros actores de la vida pública y, en especial, en el marco del proceso penal al que nos aboca necesariamente la imperiosa redacción de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así las cosas, la dirección de la investigación por parte de la Fiscalía con un control judicial sobre las garantías, la libertad, el aseguramiento de las fuentes de prueba personales y la acusación en ningún caso debe ser concebida como una instrucción delegada en la que cada una de las decisiones de los fiscales que hagan avanzar la investigación puedan ser objeto de recurso ante un juez. Un proceso penal concebido así supondría reproducir los vicios del obsoleto modelo inquisitivo que padecemos en nuestro país, resultaría ineficaz, entorpecería la acción de la justicia y únicamente favorecería a quienes tienen medios económicos para impugnar las decisiones del fiscal investigador. La necesaria tutela judicial en las materias antedichas no puede reconvertir al fiscal en un subordinado del denominado juez de garantías.

 

  1. Formación, reglas éticas, transparencia y medios materiales son imprescindibles para el trabajo de un fiscal. Insistimos en la necesidad de incrementar los recursos hasta alcanzar la deseada autonomía presupuestaria que garantice realmente nuestra independencia frente al Ministerio de Justicia.

 

La eficacia de la Fiscalía pasa también por la utilización de las nuevas tecnologías, cuya implementación ha de hacerse siempre teniendo en cuenta nuestras prioridades y despojando a los fiscales de tediosas e inútiles labores burocráticas que afectan directamente a la calidad de nuestro trabajo, al ambiente en nuestras oficinas y al tiempo efectivo dedicado a nuestro verdadero cometido como juristas.

 

  1. Nuestro propio estatuto profesional precisa de inmediato la adopción de reformas que permitan ejercitar nuestros derechos como trabajadores con plena seguridad jurídica. Es preciso, por consiguiente, la aprobación de un nuevo reglamento que contemple las realidades actuales y los derechos y obligaciones de los fiscales, y que ampare la participación y representación asociativa.

 

Éstos y otros muchos son los retos que nos aguardan. En nosotros tendrá siempre el Fiscal General del Estado la mejor disposición para colaborar en su consecución, así como la más alta lealtad institucional, pero también nuestro permanente celo y pública denuncia de aquello que desvíe el propósito de servir a los ciudadanos y procurar una eficaz administración de justicia.

 

 

En Santiago, a 16 de noviembre de 2016

 

El Secretariado Permanente de la U.P.F.

 

COMUNICADO U.P.F. sobre declaraciones del Ministro y nuevo F.G.E.

Las recientes manifestaciones del Ministro de Justicia en una conocida emisora de radio en las que afirmaba que “la Fiscalía puede recibir instrucciones por escrito del Gobierno” ponen en cuestión la idoneidad de Rafael Catalá para el ejercicio de su cargo en tanto en cuanto revelan un profundo desconocimiento de nuestra institución como órgano constitucional en defensa de la legalidad y del interés público, así como de la regulación estatutaria de las relaciones entre el Gobierno y la Fiscalía, más aún cuando -según el propio Ministro- uno de los retos más relevantes de la legislatura es abordar la asunción de la dirección de la investigación penal por el Ministerio Fiscal, función que exige avanzar hacia una escrupulosa autonomía, lo que resulta incompatible con la concepción de la Fiscalía -como órgano subordinado al poder Ejecutivo- que parece tener el máximo responsable del departamento de Justicia.

 

Asimismo, la Unión Progresista de Fiscales felicita a José Manuel Maza Martín por su próximo nombramiento como Fiscal General del Estado, deseándole los mejores éxitos profesionales pues redundarán en beneficio de la ciudadanía y del Ministerio Fiscal, confiando no atienda “las instrucciones” que de Rafael Catalá pudiera recibir como Ministro de Justicia.

 

 

COMUNICADO UPF sobre transparencia y nombramientos

La UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES, ante los recientes nombramientos de algunos miembros de la Carrera Fiscal vinculados por lazos familiares con quienes ocupan o han ocupado cargos de gran responsabilidad en el Ministerio Fiscal o en el Poder Judicial, se ve en la obligación de recordar que el informe sobre prevención de la corrupción en España del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (2014) recomendaba a España que en relación con los nombramientos discrecionales se reforzara la transparencia, con el fin de garantizar que estos nombramientos no pusieran en tela de juicio la independencia, imparcialidad y transparencia de los procesos de nombramiento.

La sombra de sospecha sobre los nombramientos para cargos públicos, si bien es deleznable en cualquier Administración Pública, es especialmente nefasta cuando a miembros del Ministerio Fiscal se refiere, que es una institución llamada a extremar las cautelas deontológicas por la misión que constitucionalmente tiene asignada en defensa de la legalidad y del interés público.

La promoción de Fiscales, Jueces y Magistrados debe someterse a procedimientos de máxima transparencia y estar en todo caso libre de cualquier tipo de injerencia por parte de grupos o familiares, basándose exclusivamente en criterios objetivos, públicos y preestablecidos, tal y como está contemplado en las Recomendaciones del Consejo de Europa a sus Estados miembros (Arts. 44 y ss. de la Recomendación CM/Rec (2010)12 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre los Jueces: independencia, eficiencia y responsabilidades, adoptada en su 101º Sesión el 6 de noviembre de 1997, adoptada el 17 de noviembre de 2010)