COMUNICADO U.P.F. Día Internacional de la Mujer

Desde la Unión Progresista de Fiscales queremos unirnos a la celebración del Día Internacional de la Mujer recordando la necesidad de seguir luchando por la igualdad real y efectiva de las mujeres en todos los ámbitos de la convivencia social.

Se hace imprescindible remarcar el retroceso que en materia de igualdad de género hemos venido sufriendo en nuestro país en los últimos años, especialmente desde el inicio de la crisis económica, lo que nos ha valido el suspenso en el último informe del CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer).

En materia laboral, a título de ejemplo, asistimos a un constante aumento de la brecha salarial entre hombres y mujeres, que ha pasado a situarse en el 24%, el porcentaje más alto de los últimos cinco años. Recordemos también que el 70% de los contratados a tiempo parcial en España son mujeres, lo que ha de ponerse necesariamente en relación con la muy distinta dedicación a las labores domésticas y de cuidado de menores y dependientes no remuneradas, ya que de media se estima una dedicación mensual de 9 horas en los hombres frente a 26 horas en las mujeres.

Resulta imprescindible, así, retomar las acciones precisas a fin de combatir los estereotipos de género desde su origen mismo, muy especialmente a través de la educación y la formación en la materia, alcanzar la efectiva paridad en el ámbito laboral y social y garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres.

Sin embargo, el reto más acuciante sin duda sigue siendo la lucha contra la violencia de género que en su manifestación más grave, el asesinato, nos trae la vergonzosa y desesperante cifra de 1.054 mujeres asesinadas por violencia machista desde 1999, 11 de ellas tan sólo en los dos primeros meses de este año. Se hace precisa cada vez más y con mayor urgencia la adopción de los medios necesarios para la implementación de la Ley Integral y una adecuada dotación presupuestaria para ello, puesto que las partidas destinadas a la actuación contra la violencia de género se han visto reducidas en un 21% desde el año 2011.

La igualdad de la mujer y la lucha contra la violencia machista es un asunto de Estado y así entendemos que debe ser tratado.

En un día como hoy, muy especialmente, echamos de menos la presencia personal e institucional de nuestra compañera Soledad Cazorla y su labor al frente de la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer.

 

Santiago, a 8 de marzo de 2016

Secretariado Permanente de la U.P.F.

COMUNICADO conjunto sobre día de libranza tras la guardia

Queridos/as compañeros/as,

 

Las tres asociaciones de fiscales -Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales queremos informaros conjuntamente sobre la reclamación de indemnizaciones derivadas del trabajo realizado el día siguiente al de guardia, esto es, del que hemos venido llamando día de libranza, previsto en el artículo 54 del Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, introducido en virtud de Acuerdo de 15 de octubre de 2013 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

 

A principios del año pasado se iniciaron una serie de contactos entre las tres asociaciones con la idea de transmitir una opinión conjunta a la carrera en un tema que nos afecta a todos. Finalmente, se acordó que un compañero de la Asociación de Fiscales realizaría una reclamación para que posteriormente el resto de fiscales pudieran pedir la extensión de efectos de una eventual respuesta afirmativa, dicho procedimiento se encuentra aún en fase administrativa, al no haberse pronunciado la Administración.

 

Como ya sabréis, las sentencias núm. 10/2015 y 112/2014 de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 y 5, respectivamente, de la Audiencia Nacional han reconocido el derecho de dos jueces a recibir una indemnización tras realizar guardias de ocho días sin derecho de descanso posterior.

 

Asimismo, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado recientemente -sentencia de fecha 8 de febrero de 2016- el recurso de casación en interés de ley interpuesto por la Abogacía del Estado contra la primera de las sentencias antedichas, impugnación que pretendía impedir la extensión de efectos de la resolución confirmada o la interposición de nuevos recursos con idéntica pretensión, confirmando de esta manera el Alto Tribunal el derecho al cobro de los días de libranza no disfrutados. Este pronunciamiento nos lleva a considerar la oportunidad de que todos los fiscales reclamen en vía administrativa dicha indemnización.

 

Al amparo del artículo 110 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, un buen número de jueces y magistrados han solicitado ya la extensión de efectos de la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional con un sencillo formulario. En nuestro caso, el de los fiscales, tenemos también la posibilidad de explorar esta vía, si bien no resultará sencillo conseguir esa extensión de efectos por cuanto parece discutible que los fiscales se hallen en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo, es decir, los jueces.

 

A la vista de la situación actual, lo que parece ineludible es que debemos realizar cuanto antes la reclamación administrativa previa toda vez que el artículo 25 de la Ley General Presupuestaria prevé un plazo de prescripción de cuatro años del derecho a exigir el pago de obligaciones ya reconocidas. Es decir, cuanto antes hagamos la reclamación administrativa, menos días salientes de guardia por indemnizar perderemos. Y es que debemos tener en cuenta que el período de reclamación tiene como dies ad quem el 29 de octubre de 2013, fecha de entrada en vigor del Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial que reconoció el derecho de descanso tras la guardia, trasponiendo así en nuestro ordenamiento la Directiva 2003/88 CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre.

 

Una vez presentada la reclamación en vía administrativa, si ésta es desestimada por la Administración, tendremos dos meses para presentar el correspondiente recurso contencioso-administrativo, que se iniciará mediante demanda al tratarse de un procedimiento abreviado. En caso contrario, es decir, si nos encontramos ante un silencio administrativo, no tendremos que sujetarnos a plazo alguno para interponer recurso ante la jurisdicción contenciosoadministrativa, conforme a la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en fecha 10 de abril de 2014.

 

Por ello es importante recordar que si hay resolución expresa denegando, eso abre la vía contenciosa y por lo tanto, comienza a correr el plazo para interponer el recurso, con lo que, el que estando en esta situación dejara transcurrir dicho plazo sin recurrir, se puede entender que consiente el acto, es decir, que perdería su derecho.

 

Esto quiere decir, que si la administración no contesta a nuestra reclamación, nada perdemos, pero si lo hace en sentido negativo, estamos obligados a interponer recurso Contencioso- Administrativo contra esa resolución.

 

Asimismo, debemos destacar que, conforme al artículo 23.3 de la Ley 29/1998 -introducido por la reciente Ley 42/2015, de 5 de octubre-, podremos comparecer en el procedimiento contencioso-administrativo sin necesidad de representación procesal y asistencia letrada.

 

Debemos destacar que las reclamaciones de haberes -en doscientos (200) euros ha sido valorado el día de privación de descanso- son reclamaciones individuales, no colectivas; por ello, las asociaciones no podemos interponer una demanda colectiva por todos los fiscales o por todos sus asociados, sino que nos limitamos a informar lo que entendemos puede ser beneficioso para todos los compañeros, dejando claro que la decisión de reclamar es una decisión que cada fiscal debe asumir individualmente.

 

Pondremos a vuestra disposición un modelo para que los compañeros que así lo deseen puedan solicitar o reclamar en vía administrativa. Sin embargo, queremos advertir que este modelo es un simple formulario elaborado por nosotros y que la decisión de utilizarlo y, por consiguiente, emprender el camino que os hemos apuntado es responsabilidad individual de cada fiscal.

 

Aunque todo es discutible, recomendamos que se reclame la indemnización de las guardias semanales de 8 días de permanencia, idéntico supuesto al reconocido a los jueces, y también las guardias semanales de disponibilidad, las guardias de 24 horas (menos Madrid y Barcelona), así como todas las de menores, sean de disponibilidad o permanencia.

COMUNICADO sobre aplicación del sistema de plazos e implantación de LEXNET

Tras poco más de dos meses desde la entrada en vigor del nuevo sistema de plazos de instrucción, la Unión Progresista de Fiscales vuelve a alzar la voz para criticar públicamente la situación en que se encuentran actualmente los miembros de la carrera fiscal en una suerte de enloquecedora revisión generalizada de todas las causas penales en trámite.
 
Desde nuestra asociación seguimos insistiendo en que los fiscales no podemos garantizar un control efectivo de todos y cada uno de los procedimientos penales ante la carencia de herramientas informáticas automatizadas y, lo que incluso resulta más preocupante, la ausencia de unos criterios uniformes de la Fiscalía General del Estado que permitan una actuación homogénea en todas las Fiscalías.
 
A la vista del abrumador rechazo al sistema actual de plazos, el Ministerio de Justicia optó por dotar provisionalmente a la Fiscalía de ochenta plazas de personal interino, trasladando así a la opinión pública que ese refuerzo en la plantilla corregiría las deficiencias de un sistema de plazos como el implantado. Pues bien, afirmamos que esa dotación de medios personales no ha resuelto el problema generado por una extravagante reforma legal, y es que en muchos casos las Fiscalías han debido acudir a la contratación de personal interino profano o escasamente cualificado para el ejercicio de las funciones diarias de un fiscal, debido en buena parte a la merma de las bolsas de sustitutos como consecuencia de la supresión por este mismo Ministerio de un sistema de sustituciones externas a todas luces imprescindible. Pero es más, esa gratuita asignación ministerial no resuelve el problema en el caso de bajas, licencias, permisos, vacaciones o cambios de lote de trabajo de los fiscales titulares, cuya sola y única voluntariedad e inversión de tiempo no remunerado colma las nuevas exigencias legales y suple las endémicas carencias de nuestra carrera.
 
Asimismo, la U.P.F. censura el tratamiento dispensado a los fiscales por el Ministerio de Justicia, que en lugar de tratar al Ministerio Fiscal como un órgano con personalidad jurídica propia integrado en el Poder Judicial con autonomía funcional, nos confunde con un cuerpo de la Administración General del Estado, con una pieza más de su Ministerio, sometiendo a las Fiscalías “agraciadas” con la provisión de personal de refuerzo a un control mensual de los procedimientos penales revisados, a una absurda “inspección de kilometraje”, e imponiendo a los fiscales la elaboración de inoperantes estadísticas, de cargas burocráticas impropias de nuestra función cuasi jurisdiccional con la sola finalidad de acreditar el cumplimiento de unos objetivos -desconocidos, por cierto- que prorroguen esa dotación de personal, labores para las que ya están previstos estatutariamente determinados órganos de la Fiscalía General.
 
Finalmente, la Unión Progresista de Fiscales solicita de manera formal la suspensión de la aplicación del sistema de LEXNET en las Fiscalías, no porque estemos en contra de los avances tecnológicos, sino porque su implantación parece responder más a las demandas de los proveedores informáticos que a las necesidades de la justicia. Y es que se está acometiendo una reforma en nuestra forma de trabajo de manera apresurada e improvisada con los fines exclusivamente publicitarios de vender el logro del “papel cero” en los juzgados. Un bonito eslogan lejos de la realidad. Su implantación se realiza con una deficiente formación de fiscales y funcionarios, sin firma electrónica, permitiendo el acceso a los datos personales de fiscales y funcionarios en los envíos y, sobre todo, sin tener la seguridad de que se garantiza la confidencialidad de todos los datos judiciales.
No entendemos que no se haya realizado una auditoría o evaluación mesurada sobre su implantación en estos meses, al contrario, todo se ha hecho con prisas y de manera improvisada. Pero, sobre todo, estamos sometiendo a los ciudadanos a retrasos en sus procedimientos, pues ellos son los conejillos de indias de esta implantación que naufraga entre caídas del sistema y posibles pérdidas de datos que inciden directamente en los procedimientos y en los derechos de las personas.
En definitiva, la Justicia, lejos de mejorar en calidad, eficacia y rapidez como sería de desear en la era de la información, se ve sometida de nuevo a un desafortunado retroceso por la mala gestión de medios y la precaria capacidad organizativa de quienes no han sido capaces de diseñar un servicio público como el ciudadano se merece. 

 

Carta al Presidente de SMMP

Sr Presidente da Direcção del Sindicato dos Magistrados do Ministério Público,

La Unión Progresista de Fiscales quiere expresar su solidaridad y afecto a los compañeros del Sindicato del Ministerio Público Portugués.

La defensa de la profesionalidad de los fiscales portugueses no es únicamente una manifestación de la libertad de expresión y asociación por parte de los miembros del sindicato, sino un deber, un compromiso, no solamente con sus representados, sino también con los propios ciudadanos portugueses.

La sociedad tiene derecho a conocer la respuesta, incluso airada, y sin interferir en los hechos que son objeto de enjuiciamiento, de los representantes de quienes son continua e injustamente cuestionados con insinuaciones inadmisibles por la única tacha de realizar con rigor y eficacia su trabajo.

Los poderosos ven amplificadas sus insidias por los resortes mediáticos que pueden utilizar como altavoz a sus inaceptables descalificaciones. Los profesionales tenemos derecho a replicar y ser escuchados, nada de esto tiene que ver con el objeto del proceso, y mucho con la manipulación que es necesario denunciar.

Responder a ello es pues, obligado, legítimo y necesario en una sociedad democrática.

Como fiscales españoles nos sentimos muy cerca de nuestros colegas portugueses, y como ellos, hemos sentido y seguro que sentiremos, la necesidad de ser oídos sin que nadie nos lo impida.

Decía Goethe: El perro quisiera acompañarnos desde el establo; el eco de sus ladridos demuestra que cabalgamos”, en castellano decimos Ladran, luego cabalgamos, amigo Sancho, atribuyéndola a Don Quijote.

Un cordial saludo.
Álvaro García Ortiz, presidente.

CARTA de la UPF en relación con los recientes oficios remitidos por la F.G.E.

Con esta carta la Unión Progresista de Fiscales quiere poner de manifiesto el sentir de una parte importante de la plantilla de los fiscales de este país. No pretende ésta ser de lamento o de queja, sino que intenta trasladar a los órganos centrales de nuestra institución lo que aparenta ser para ellos lejano y ajeno.

Los planes de la Fiscalía General del Estado para el control de los procedimientos han causado un profundo malestar en la carrera, no solo en buena parte de la plantilla -sobre la que recae la mayor carga de trabajo-, sino también entre aquéllos que desde Fortuny denominan mandos intermedios y, cómo no, también en algunas jefaturas. Un importante número de compañeros manifiestan a quienes formamos parte de las asociaciones su honda decepción y su enojo.

La recepción el día de ayer de los oficios procedentes de la Inspección Fiscal y la Unidad de Apoyo en relación con el plan de control de las causas en tramitación en los juzgados a los efectos del art. 324 LECrim ha precipitado una corriente de frustración y rechazo al programa de actuación que tales oficios recogen. La previsión de que sean revisadas semanalmente “al menos” 25 causas por juzgado revela el lamentable desconocimiento de la Fiscalía General de la organización del trabajo en las distintas Fiscalías por cuanto que -parece que así lo debemos recordar- los fiscales deberán seguir atendiendo sus servicios de guardias, señalamientos ante los juzgados de Instrucción, de lo Penal y Audiencia Provincial, vistas civiles y demás servicios presenciales -incrementados tras las últimas reformas legales- cuyo reparto, con la plantilla actual, deja escasos días al mes para el despacho ordinario de papel que, con mucha frecuencia, termina siendo tramitado por los compañeros fuera de las horas de audiencia.

Asimismo, parece que los firmantes de los oficios señalados desconocen la posibilidad de que los juzgados no se avengan a remitir la causa al fiscal para su examen en el mismo momento en que éste la solicite para cumplimentar unas exigencias de control meramente internas, y que lo anteriormente dicho sobre la generalización del despacho de asuntos fuera de horas de audiencia impide la revisión de las causas en las propias dependencias del juzgado, práctica ésta que -por otra parte- resulta absolutamente indeseable e incompatible con la dignidad de la función del fiscal.

Tenemos la sensación de que desde el palacio del Marqués de Fontalba -sede de la Fiscalía General del Estado- no se percibe la realidad diaria de la misma manera a como se hace en cada una de las sedes de la Fiscalía del resto de España. Parece también que desde hace tiempo se ha roto alguna conexión y no hay sensibilidad ni conocimiento de la auténtica carga de trabajo y sentir de los fiscales. Estoicamente hemos venido soportando un aumento de funciones y tenemos la percepción de que en todas las reformas legislativas el fiscal es el comodín del legislador para acudir presto a cuanta diligencia judicial fuera llamado.

La presencia física del fiscal para atender distintos servicios y la creciente demanda de su intervención ha modificado sustancialmente nuestro trabajo. Nuestra presencia mediática ha aumentado y las exigencias de responsabilidad también. Esto nos prestigia pero también nos exige. Por eso necesitamos parar. No se nos puede pedir cada vez más y pretender que sostengamos a la institución con nuestro esfuerzo personal y voluntarista.

Sin embargo, desde nuestros órganos centrales, lejos de comprender esta realidad o defender nuestros legítimos derechos, parece que se nos exigen cuentas y deberes. En lugar de crecer en nuestra autonomía como profesionales, se nos trata como escolares, implantando un sistema de peonadas que no confía en nosotros, que nos exige más allá de lo que serían nuestras obligaciones legales y cuyo sentido parece que no es otro que dar justificación al Ministerio de los más que exiguos medios de apoyo previstos en la “relación de necesidades” que se adjunta, por otro lado, absolutamente insuficientes para abordar las nuevas funciones que se nos encomiendan no sólo por la Ley 41/15, sino por la propia Fiscalía General. Creemos que nunca la carrera fiscal se ha tenido que someter a esta contabilidad obligatoria dirigida desde la Fiscalía General, lamentamos que se banalice nuestro trabajo estableciendo quincenas de cumplimiento o números más propios de un trabajo en cadena que de un servicio público.

La carrera, los fiscales, esta asociación, nos preguntamos qué más se puede hacer para convencer a la Fiscal General y a su equipo de que este colectivo es capaz de afrontar todos los retos y desafíos que se le encomienden, que lo hace día a día en los juzgados, luchando contra un procedimiento obsoleto, lleno de trampas, sacando adelante las causas pese a la precariedad de medios, enfrentándose a presiones de todo tipo, a los poderosos que se defienden con sofisticadas armas procesales y materiales. Pero que ese esfuerzo será inútil y no será eficaz para el ciudadano y para el estado de derecho si no se hace procurando los medios, poniendo las condiciones y dando soporte material y profesional a nuestro trabajo. No queremos ser los campeones de las estadísticas, ni cumplir objetivos de una cadena de montaje, queremos cumplir con nuestra misión constitucional con eficacia y dignidad.

No se puede dar la espalda a la carrera, ni a la propia institución, nos sentimos defraudados y traicionados por la complicidad de la Fiscal General con el Ministro de Justicia. La conclusión es que somos un barco sin rumbo y sin capitán, a la deriva de las decisiones de un Ministerio de Justica que nos utiliza a coste cero para llevar a término una reforma que ya desde el informe del Consejo Fiscal del anteproyecto de ley era rechazada por la institución.

Como asociación es nuestra obligación transmitir a la Fiscal General y a sus colaboradores que estamos ante una situación crítica, indeseada por todos, y que la carrera fiscal necesita un liderazgo que apoye, entienda y asuma como propio el sentir de la plantilla, un liderazgo que lamentablemente echamos de menos y que nos ha colocado en esta delicada situación profesional.

Comunicado de apoyo a los fiscales de la Audiencia Nacional

La Unión Progresista de Fiscales, ante las críticas vertidas por una asociación de víctimas contra el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, quiere expresar su total apoyo a éste y a todos los compañeros que desde dicho órgano desempeñan sus funciones en condiciones de máxima dificultad y riesgo personal bajo su dirección. A estas alturas parece un sarcasmo cuestionar a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha impulsado con notable éxito el combate legal contra todas las formas de delincuencia y con pleno respeto a las garantías constitucionales. El amparo a las víctimas es, por añadidura, uno de sus principales cometidos y preocupaciones.

En relación a la organización terrorista ETA, es de dominio público cómo se han impulsado las investigaciones no solo contra los comandos operativos, sino también contra el entramado e infraestructuras de apoyo, propiciando la revisión de causas que permanecían archivadas a fin de agotar todas las posibilidades de investigación y persecución de los delitos. Por ello, ante las injustificadas críticas e insólitas peticiones de dicha asociación, la U.P.F. quiere manifestar su apoyo a los compañeros de la fiscalía de la Audiencia Nacional, a su jefatura, y a todos a quienes desde el Estado de Derecho encabezan un modelo de respuesta que debe ser reivindicado frente a otras tentaciones belicistas o que puedan restringir derechos fundamentales.

Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Comunicado UPF sobre la entrada en vigor del nuevo sistema de plazos de instrucción

Tras su reciente entrada en vigor el día 6 de diciembre de 2015, la Unión Progresista de Fiscales reitera su enérgico rechazo al sistema de plazos de instrucción instaurado por la Ley 41/2015 de modificación de la LECrim. al considerar incongruente el control por los fiscales de los plazos de las investigaciones judiciales.

Lamentamos que el análisis profundamente crítico realizado unánimemente por las asociaciones de fiscales y jueces, así como por más de mil doscientos fiscales españoles en una carta dirigida al Consejo Fiscal, no haya sido acogido por el actual Ministro de Justicia, rehusando -incluso- el aplazamiento solicitado del exiguo y sorprendente plazo de dos meses de entrada en vigor de la reforma hasta la necesaria dotación de medios para su debida aplicación práctica. En este sentido, desde nuestra asociación hemos manifestado insistentemente que el Ministerio Fiscal carece de recursos personales y herramientas informáticas que permitan controlar con rigor los tiempos de las investigaciones de los jueces de instrucción.

La instauración de esos nuevos plazos pone de manifiesto -una vez más- la absoluta improvisación del legislador con una reforma cuya acelerada entrada en vigor solamente puede justificarse en la voluntad de “vender” en plena campaña electoral una ficticia modernización de la justicia, escondiendo el vergonzoso trato dado a la misma y a sus profesionales en esta legislatura.

Asimismo, reiteramos nuestro público reproche al posicionamiento adoptado por la Fiscal General del Estado que, en una actitud claramente condescendiente con el Ministerio de Justicia, no ha liderado el desacuerdo y la crítica constructiva de un sobresaliente número de miembros de la carrera fiscal ante una reforma legislativa que no hace sino dificultar la investigación judicial y entorpecer la labor del Ministerio Fiscal en la promoción de la acción de la justicia.

En definitiva, consumada la entrada en vigor del nuevo sistema de plazos cuya implantación no va acompañada de la necesaria dotación de personal -por decisión del propio legislador- y atendiendo a las dificultades de la Fiscalía para controlar los plazos de los procedimientos no solo futuros, sino también en trámite -más de 700.000, según datos del propio C.G.P.J.-, la Unión Progresista de Fiscales lamenta y censura el incumplimiento por el Ministro de Justicia de los compromisos adquiridos ante el Consejo Fiscal el pasado día 20 de octubre de 2015, tanto de proporcionar al Ministerio Fiscal herramientas informáticas adecuadas para examinar el estado de los procedimientos judiciales, como de dictar la correspondiente instrucción a los letrados de la administración de justicia a fin de que faciliten a los fiscales la labor de control de los plazos de instrucción. Y es que la responsabilidad de esa tarea de inspección no recae en exclusiva en los integrantes de la carrera fiscal, sino también -e incluso en mayor medida- en los jueces que dirigen la instrucción y en los propios letrados de la administración de justicia a quienes legalmente corresponde poner en conocimiento de aquéllos el vencimiento de los términos judiciales.

Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Obituario Juanjo Márquez Bonvehí

A las 06,15 horas del día 6 de diciembre de 2015 falleció en Barcelona nuestro compañero y amigo Juan José Marquez Bonvehí. Para aquellos que tuvimos la tremenda suerte de que Juanjo se cruzara en nuestro camino no podemos más que sentirnos afortunados de haber estado a su lado y lamentamos profundamente su pérdida, transmitiendo nuestro más sentido pésame a su pareja y a sus familiares.

Juanjo estuvo durante más de 24 años al servicio de la Fiscalía de Menores de Barcelona, dedicando su tiempo y su vida a luchar por una causa en la que creia y por una jurisdicción a la que supo darle el reconocimiento que merecía, no en vano es y seguirá siendo un gran referente en esta jurisdicción.

Fue un gran jurista, un leal compañero y un jefe justo, cercano y generoso, sabía dar a cada persona lo que necesitaba, y sacaba de cada uno lo mejor que tenía dentro.

Querido Juanjo, te recordaremos siempre y tu memoria permanecerá imborrable entre todos nosotros; sabemos de la importancia que tuvo en tu vida la jurisdicción de menores, de tu esfuerzo, del sentido de la responsabilidad y del tiempo que le dedicaste para que todo fuera más eficaz y pudieramos llegar a todo; sabemos de tus noches en vela los días de guardia ideando nuevos planes de servicio, nuevos sistemas de trabajo, notas, memorias, informes y estadísiticas para mejorar porque siempre pensabas que todo se podía mejorar… Tu esfuerzo, querido compañero, no quedará en vano para los que tuvimos la suerte de trabajar día a día y codo a codo contigo. Nos has dejado un legado por el que seguiremos luchando, nos contagiaste de tu entusiasmo, de tu vocación y de “cómo se tenían que hacer las cosas”, y seguro que desde donde quiera que estés nos guiarás para recoger ese testigo.

Sara Gómez Expósito
Fiscal de la Fiscalía Provincial de Barcelona y asociada de la UPF

Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Foto de Domènec Umbert
www.elmundo.es

Comunicado UPF tras reunión con el Ministro de Justicia

Tras la reunión mantenida con el Ministro de Justicia, la UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES pone de manifiesto su profunda decepción por el resultado de la misma en la que una vez más nos hemos encontrado con la incapacidad absoluta del Ministerio de Justicia para escuchar y atender el clamor generalizado de todos los operadores jurídicos en contra de la entrada en vigor de la ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
 
Ha sido la propia sordera del Ministerio, de su iniciativa legislativa -que ha ignorado en el momento de la redacción del texto los consejos aportados por los órganos consultivos del Estado-, así como las prisas o urgencia política por “encajar” esta ley antes de que finalice la legislatura, lo que ha provocado este indeseable resultado.
 
En este caso, la firma de nada menos que 1.194 fiscales españoles y la unanimidad de las asociaciones de fiscales comprometiendo su voluntad para evitar la entrada en vigor de la norma, es un hecho que le resulta irrelevante al Ministerio, quien, pleno de soberbia jurídica, trata de darnos explicaciones sobre cómo aplicar la ley y promete, como parches de última hora, medios materiales insuficientes e ineficaces antes de la entrada en vigor de la norma y cuyo cumplimiento y efectividad el Ministro no está  en condiciones de asegurar ante el fin de su mandato.
 
La voluntad y necesidad de acortar los tiempos de instrucción es una evidencia que no necesita mas explicación pero el instrumento utilizado -la  reforma del art 324  de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada a través de la Ley 41/2015, de 5 de octubre- es técnicamente deficiente, jurídicamente confuso y procesalmente incongruente, incluso con visos de inconstitucionalidad en alguno de sus postulados. La ley plantea un reparto de papeles entre jueces y fiscales de otro modelo procesal y, sobre todo, parte de una realidad, la deteriorada  realidad del día a día de nuestras fiscalías y de los juzgados y tribunales, desconocida absolutamente por el Ministerio de Justicia y el legislador.
 
Lamentamos profundamente que la Fiscal General del Estado no encabece, como nos hubiera gustado, esta justa petición, y que le dé la espalda a la Carrera Fiscal en un momento inmejorable para demostrar nuestra autonomía e independencia del ejecutivo.
 
La justicia necesita buenos instrumentos para luchar contra la delincuencia compleja, necesita medios materiales, jueces, fiscales, peritos, investigadores, y necesita -también- que las leyes sean fiables, aplicables y técnicamente sostenibles. El fin del proceso penal es investigar el delito y perseguir a los culpables, pero con esta ley -en su actual planteamiento- corremos el riesgo de que quien se beneficie de los plazos no sea la sociedad ni la justicia ,y mucho menos las víctimas de los delitos, sino quienes evitan por todos los medios a su alcance ser investigados, quienes mayor interés tienen en dilatar los procesos y procurar su impunidad.
 
Por consiguiente, volvemos a solicitar -puesto que aún hay posibilidad de hacerlo y solamente depende de la voluntad del Ejecutivo- que antes del 5 de diciembre de 2015 el Gobierno aplace la entrada en vigor de la norma. Es una petición sensata, respetuosa con la separación de poderes y amparada en la voluntad de evitar las indeseables consecuencias de una ley que no deseamos sea recordada como la ley de punto final española.
 
Santiago de Compostela a 20 de octubre de 2015