PREMIO JESÚS VICENTE CHAMORRO 2017

Los próximos días 2 y 3 de junio celebraremos en León nuestro XXXII Congreso bajo el lema “Por la autonomía de la Fiscalía en su compromiso ciudadano“.

En él debatiremos sobre una propuesta de código ético de los Fiscales progresistas, así como sobre el modelo de autonomía del Ministerio Fiscal y sus garantías, cuestiones todas ellas de suma relevancia y desgraciadamente en entredicho durante los últimos meses.

Asimismo, con inmensa satisfacción concederemos nuestro premio anual Jesús Vicente Chamorro al FONDO DE BECAS SOLEDAD CAZORLA dirigido a los hijos e hijas de mujeres asesinadas por la violencia de género, dependientes económicamente y en situación de necesidad.

Web: http://www.fundacionmujeres.es/becassoledadcazorla/  Colabora con ell@s!

 

COMUNICADO UPF SOBRE FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

Ante los últimos hechos e informaciones publicadas y tras la celebración del último Consejo Fiscal, la Unión Progresista de Fiscales quiere manifestar:

 

1º. La percepción que ha podido transmitirse de una Fiscalía plegada al servicio de intereses políticos o de los poderosos no se corresponde con la realidad, sino que -más al contrario- avalamos que nuestra institución está integrada por magníficos profesionales que con dignidad, mucho empeño y pocos medios ejercen su función constitucional como servidores públicos en defensa exclusivamente de la legalidad y los derechos de los ciudadanos.

 

2º. El actual Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, claramente mejorable y necesitado de reforma, ofrece un marco de autonomía funcional nada desdeñable. Nos corresponde a todos, pero fundamentalmente a quien ocupa las más altas responsabilidades en la Carrera, hacerlo real y efectivo para evitar cualesquiera injerencias externas. El Fiscal General del Estado, los Fiscales Jefes, vocales del Consejo Fiscal y resto de Fiscales debemos ejercer nuestra autonomía en el ámbito de nuestras respectivas responsabilidades de forma motivada y transparente.

 

3º. Pobre respuesta a lo que estamos viviendo estos días daríamos si nos limitásemos simplemente a denunciar la existencia de filtraciones, a solicitar que éstas se esclarezcan y se ponga fin a las mismas. Por supuesto que debe ponerse coto a aquellas filtraciones que persigan móviles espurios e infrinjan la legalidad pero lo que estamos viviendo es algo de mucho mayor calado. Nos hallamos ante un cuestionamiento de la motivación de los nombramientos habidos en los más altos cargos de nuestra carrera, así como del funcionamiento de una de las piezas claves de nuestra institución como es la Fiscalía Anticorrupción, está en juego un correcto entendimiento del principio de jerarquía del Ministerio Fiscal y, en definitiva, se está poniendo en tela de juicio la autonomía de la institución. En esta situación no se puede mirar a otro lado y eludir la realidad del problema.

 

Por ello, entendemos que este clima de sospecha generalizada sobre la independencia y autonomía de los fiscales exigía una acción inmediata, contundente y firme del Fiscal General del Estado para recuperar la credibilidad perdida por la institución. Requería fundadas explicaciones del Fiscal General tanto a la opinión pública, como al conjunto de los fiscales que, atónitos, asistimos a un serial informativo que desprestigia nuestro trabajo. Ahora ya no solo exigimos explicaciones, sino que demandamos decisiones, hechos y resoluciones que visualicen esa autonomía y ayuden a recuperar nuestra credibilidad perdida ante la ciudadanía.

 

4º. La divulgación de una supuesta grabación telefónica en las investigaciones derivadas de la operación “Lezo” -que confirma el rumor transmitido por la UPF al Fiscal General del Estado sobre la preferencia de un determinado fiscal- reabre alguna de las incógnitas que deberán ser explicadas, tanto sobre la idoneidad del candidato -ya marcado por su apariencia de parcialidad-, como sobre la conveniencia de tomar por sí mismo decisiones en el marco de esta misma investigación; y, más aún, con tener prevista una reacción institucional cuando estos hechos fueran conocidos por la opinión pública. Ha fallado el antes, el durante y el después, sobre todo, en la inexistente política de comunicación de la Fiscalía General del Estado.

 

5º. Las conversaciones telefónicas difundidas implican que no solo los fiscales sino la sociedad en su conjunto nos cuestionemos la motivación de los nombramientos habidos en los cargos de mayor responsabilidad de la Carrera Fiscal. Por ello exigimos fortalecer la autonomía de nuestra institución, reivindicando en consecuencia una baremación de méritos y capacidad, motivación y transparencia para los nombramientos de libre designación, atribución al Ministerio Fiscal de autonomía organizativa y presupuestaria y regulación de la necesaria publicidad y transparencia en las relaciones del Fiscal General y los Fiscales Superiores con los respectivos Gobiernos.

 

6º. La tensa situación generada por el nuevo Fiscal Jefe Anticorrupción con los demás integrantes de una Fiscalía que le era del todo ajena cuestiona su idoneidad para continuar en el cargo y, en consecuencia, manifestamos:

 

  • El principio de dependencia jerárquica por el que se rige el Ministerio Fiscal no debe ser concebido como fundamento para la imposición de criterios individuales o particulares, sino que -conciliado en todo caso con la autonomía y responsabilidad de cada fiscal en los procedimientos que asume- tiene por misión mantener la unidad de actuación de la Fiscalía y corregir posibles errores o excesos.

 

  • La discrepancia jurídica tutelada en el artículo 27 de nuestro Estatuto Orgánico es un derecho elemental para el ejercicio de nuestra profesión, por lo que apoyamos expresa y públicamente a los compañeros encargados de la operación “Lezo” ante cualquier intento por la jefatura de que se sientan incómodos en la Fiscalía Especial en la que prestan sus servicios como consecuencia de la utilización por su parte del mecanismo de garantía de la discrepancia técnico-jurídica. Consideramos inaceptable que se ejerza presión alguna sobre los fiscales en cualquier caso pero, menos si cabe, cuando activan los mecanismos de disenso estatutariamente establecidos.

 

  • La prudencia exhibida por los dos anteriores Fiscales Jefes de la Fiscalía Anticorrupción es un atributo indispensable que debe caracterizar el desempeño de un cargo de tamaña trascendencia. Por ello, resultan totalmente desafortunadas e incomprensibles para la ciudadanía y los propios fiscales las apresuradas decisiones adoptadas en el seno de la Fiscalía Especial por el nuevo Fiscal Jefe Anticorrupción en el marco, además, del actual descrédito mediático de la institución.

 

Por todo lo expuesto, la Unión Progresista de Fiscales muestra su más firme apoyo a todos nuestros compañeros y compañeras cuyo trabajo y dedicación haya sido cuestionado directa o indirectamente por una errónea concepción del principio de jerarquía. Al mismo tiempo, desde su Secretariado Permanente reclamamos al Fiscal General que, conforme al artículo 41.5 EOMF, proponga al Gobierno de la Nación que remueva o cese al Fiscal Jefe Anticorrupción, quien ha demostrado su falta de idoneidad para dirigir un colectivo profesional como es la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Igualmente, no podemos sino reprobar la intervención hasta la fecha del Fiscal General del Estado, quien ha evidenciado no saber gestionar la compleja y delicada coyuntura en la que los acontecimientos le han colocado, revelando asimismo que su inexperiencia y falta de conocimiento de la Carrera Fiscal nos distancia no solo de una necesaria reforma del proceso penal, sino de lo que es más importante, la confianza de los ciudadanos en el servicio público que presta la Fiscalía.

COMUNICADO VOCALES UPF CONSEJO FISCAL

Comunicado suscrito por los vocales electos Eduardo Esteban Rincón, Sofía Puente Santiago y Fernando Rodriguez Rey

 

Consejo Fiscal 3 y 4 de Mayo 2017

 

Los tres vocales electos que suscriben el presente comunicado hemos sometido a debate en el Consejo Fiscal la situación vivida en la Fiscalía Especial contra la corrupción y criminalidad organizada (FAC) y hemos planteado al Fiscal General la conveniencia de remover al actual Fiscal Jefe de esa Fiscalía.

 

Debemos recordar que los tres vocales ya expresamos nuestro parecer (sobre la falta de idoneidad del Sr. Moix para ejercer dicha jefatura ) en el Consejo celebrado el pasado 22-2-2017 dando nuestro apoyo a otros Fiscales que también optaban a esa plaza.

 

No podemos permanecer ajenos a lo que ocurre a nuestro alrededor. No podemos ignorar que las conversaciones (telefónicas) que recientemente se han hecho públicas dañan la credibilidad del Fiscal Jefe y ponen en cuestión la necesaria e imprescindible apariencia de imparcialidad que ha de revestir a quien ostenta un cargo de tal responsabilidad.

 

Al mismo tiempo, la forma en la que ha ejercido hasta ahora sus funciones como Fiscal Jefe, su gestión del principio de jerarquía en el conocido como caso “Lezo” y el trato dado a uno de los Fiscales encargados del asunto tras la invocación del art 27 del EOMF reflejan una concepción de la Jefatura que no solo no compartimos (sino que rechazamos)

 

La confianza que los ciudadanos deben tener en que desde el Ministerio Fiscal no se busca otro fin que no sea cumplir y hacer cumplir la ley y perseguir el delito y a quienes lo cometen pasa inexorablemente  por la remoción del Sr Moix cuya credibilidad y por ende la de la FAC se ha visto seriamente comprometida ante buena parte de los ciudadanos

 

 

COMUNICADO UPF SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El primero de los fines y valores fundacionales de la Unión Progresista de Fiscales -consagrado ya hace más de treinta años en el artículo 7 de sus estatutos- es el de promover la defensa y plena realización de los principios, derechos y libertades consagrados en la Constitución, y entre ellos está, como no puede ser de otra manera, el derecho fundamental a la libertad de expresión.

 

En ocasiones, viendo la interpretación que de la Carta Magna se hace por el Parlamento, los Tribunales de Justicia  o, incluso, la propia Fiscalía a la que pertenecemos, cabe preguntarse si no estamos retrocediendo en la consideración y perfeccionamiento de los valores que definen una democracia.

 

La madurez de una sociedad también se mide por la capacidad de la ciudadanía de tolerar incluso aquello que personalmente nos puede parecer repulsivo o infame, así como por no reaccionar de manera desproporcionada a aquello que nos parece incluso intolerable, quizá porque cuando nos enfrentemos de verdad a lo que consideramos inmoral o inadmisible nos habremos quedado sin respuesta.

 

Una sociedad democrática no puede pretender que los medios de comunicación moderen escrupulosamente sus palabras; que un humorista, antes de contagiar su risa, piense en las consecuencias de sus chistes; que un artista disfrace o vista sus creaciones; que la metáfora sustituya sistemáticamente a la realidad; que las viñetas mordaces circulen de manera clandestina. Si eso llega a ocurrir, si reivindicamos ese objetivo, le daremos la espalda a los valores de una sociedad democrática libre y adulta, y no será ella la que tenga que cambiar, sino todos nosotros en la interpretación y aplicación de la norma. Para que esta sociedad crea en la Justicia debemos procurar una decidida defensa de los valores constitucionales -libertad, igualdad, justicia y pluralismo político- y de los derechos fundamentales, aquellos derechos que hace más de treinta años tanto nos costó conquistar.

 

Secretariado Permanente.

Santiago de Compostela, a 7 de abril de 2017

DECLARACIÓN DE PALMA – MEDEL

Declaración de Palma , 11 de marzo de 2017, Palma de Mallorca . España.

Complemento  a la declaración de Paris, 22/10/2016.

Asistimos como espectadores impasibles, a diario, a las duras imágenes de la muerte en las aguas del mar o en las fronteras de nuestros países. Todas las personas tenemos una crónica de la emigración en nuestro árbol genealógico, en nuestra familia, todos los seres humanos somos el resultado de la voluntad o la necesidad de cambiar, de lugar, de nación, de continente. La historia de la humanidad no es sino  la historia de las migraciones.

Permitiendo en silencio estas muertes, anestesiados después de cada noticia o cada reportaje, acostumbrados e insensibles al impacto visual de la tragedia, nos limitamos a cambiar de canal, apagamos el televisor y seguimos nuestra rutina diaria.

Nos alejamos, ponemos distancia al sufrimiento de quienes son como nosotros. Convivimos con esa  injusticia y consentimos que miles de personas pierdan su vida, comprometan su dignidad y anulen su condición humana solamente por buscar un destino mejor. El futuro será implacable con nosotros porque hemos tolerado, estamos tolerando esta inacabable tragedia.

Desde MEDEL, desde nuestra condición de profesionales, desde nuestro cómodo estatus de JUECES Y FISCALES estamos obligados a combatir, proponer soluciones, alzar la voz, y no permitir que nuestra nuestra conciencia, que nuestro sentido de la justicia, que nuestro respeto a la dignidad del ser humano permanezca aletargado,  lucharemos por ello. Lucharemos por ellos y por ellas.

Medel quiere reconocer a aquellos que con su propio esfuerzo salvan la vidas de los migrantes y los refugiados.

Medel reclama la colaboración de FRONTEX para que proporcione la ayuda indispensable para el rescate de vidas humanas.

 

 

 

MEDEL

COMUNICADO DÍA DE LA MUJER 2017

Con ocasión de la celebración del 8 de marzo, Día de la Mujer, desde la UPF queremos hacer hincapié en dos cuestiones esenciales para la consecución de la igualdad efectiva entre los sexos: el derecho de las mujeres a ocupar los espacios públicos y privados en condiciones de seguridad, y la representación paritaria de mujeres y hombres en los puestos de toma de decisiones.
 
Respecto a la primera de las cuestiones, la UPF condena enérgicamente una vez más la lacra de la violencia machista, que tan sólo en los dos primeros meses del 2017 se ha cobrado ya un total de 21 víctimas mortales (16 mujeres, según cifras oficiales), y cuya prevalencia en nuestro país recordemos que ya fue objeto de reproche por el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer en sus informes de 24 de julio de 2015.
 
Hemos de lamentar la falta de perspectiva de género con la que la LO 1/15 abordó la reforma del Código Penal, desoyendo así, entre otras, las prescripciones del Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, al no incluir esta  circunstancia en la redacción de los tipos específicos, por lo que la motivación de género únicamente se puede introducir a través de la apreciación de la circunstancia agravante genérica del artículo 22.4 del Código Penal, con las dificultades probatorias que la misma conlleva. Creemos que los feminicidios han de ser tipificados y castigados como tales.
 
Tenemos que señalar también la necesidad de avanzar en la protección de las víctimas, mediante, entre otras medidas, la implementación de las Unidades de Valoración Integral Forense en todas las Comunidades Autónomas dotadas con profesionales debidamente formados y en número suficiente, y la promoción de la aplicación del Protocolo Médico Forense de Valoración del Riesgo. Asismismo, resulta imprescindible la adecuada protección de los menores como víctimas también de la violencia de género.
 
En el Día de la Mujer tenemos que recordar asimismo la persistencia del llamado “techo de cristal” en los ámbitos político, social, laboral, económico o académico, e insistir en que la representación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de toma de decisiones es indicador privilegiado de la calidad democrática de los países.
 
Las carreras Judicial y Fiscal no escapan a esta realidad de infrarrepresentación femenina. En el Tribunal Supremo tan sólo un 12% de sus Magistrados son mujeres, y ninguna mujer ostenta una presidencia de Sala. Un solo Tribunal Superior de Justicia está presidido por una Magistrada y únicamente nueve Audiencias Provinciales tienen una Presidenta mujer. En el Tribunal Constitucional el porcentaje de representación femenina es del 18% con dos Magistradas.
 
En cuanto a la Carrera Fiscal, a pesar de que el 63% de sus miembros son mujeres, en 2016 tan sólo ostentaban el 28% de los cuadros directivos, situación que, lejos de resolverse con el natural paso del tiempo, va enquistándose a través de un marcado carácter descendente en representación femenina, puesto que en el año 2013 el porcentaje era del 65%-35%, del 68%-32% en 2014 y del 70%-30% en 2015. Y ello a pesar de que en 2016 las Fiscales representaban el 52% de los miembros de la Carrera entre los 51 y 60 años, porcentaje que asciende al 69% en la franja de edad que va abarca de los 41 a 50 años.
 
Se hace imprescindible a efectos de resolver este desequilibrio la adopción de medidas efectivas para la conciliación de la vida personal, familiar y profesional que no supongan únicamente asistir a la mujer en la compatibilización del trabajo productivo y reproductivo, sino que además avancen hacia la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las labores de cuidado, trascendiendo roles y estereotipos de género. Imperioso resulta pues el desarrollo reglamentario del artículo 52 EOMF en materia de permisos y licencias de maternidad, paternidad y para la conciliación de la vida familiar y profesional respetuosos con aquellos principios y con la existencia de otros tipos de familia distintas del modelo tradicional.
 
En este sentido, desde la UPF queremos resaltar nuestro compromiso con la labor de la Comisión de Igualdad del Consejo Fiscal creada en aplicación de la LO 3/07 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, y con la promoción por parte de nuestros Vocales de las funciones y objetivos de la misma. Queremos recordar que el trabajo de la UPF en dicha Comisión posibilitó en su momento la sustitución por razón de maternidad de una de las Consejeras por otra Fiscal de la misma candidatura; se reguló la presentación de candidaturas paritarias en las elecciones al Consejo; se instó además al Ministro de Justicia para la modificación del criterio en la concesión de permisos por acumulación de horas de lactancia en jornadas completas encomendando a la Inspección el apoyo de estas peticiones; se expresó la conveniencia de que figurara alguna compañera Fiscal en la Comisión de Expertos encargada de los trabajos de preparación del Borrador de reforma del EOMF; se propuso en el informe del Consejo Fiscal sobre el borrador del Reglamento de la Carrera Fiscal la plenitud de derechos durante los períodos de licencia de maternidad y paternidad, un régimen de sustituciones tanto durante el período de licencia como de vacaciones una vez concluído este, y la regulación de la licencia de paternidad por tiempo de cuatro semanas, con posiblidad de reducción de jornada y sustitución del tiempo de lactancia por permiso retribuído, independientemente de la existencia o no de otro cónyuge o pareja y de la situación laboral de éste o ésta. Finalmente, se promovió la elaboración de un Plan de Igualdad a fin de identificar los ámbitos prioritarios de actuación. Sin embargo, aún queda mucho por hacer y por ello desde la UPF nos hemos de mostrar siempre comprometidos con los valores de la igualdad, tanto dentro como fuera de la Carrera Fiscal.
 
Finalmente, hemos de destacar la vital importancia de la transparencia en los nombramientos discrecionales para identificar la posible existencia de un sesgo de género en los mismos que abunde en la señalada infrarepresentación de las mujeres. Sólo mediante la publicidad de los currículos de los y las candidatas y la motivación suficiente de las decisiones podremos comprobar que las designaciones para los cargos responden únicamente a los principios de mérito y capacidad consagrados en el artículo 103.3 de la Constitución, y que los citados sesgos de género no han supuesto la relegación de una candidata más meritoria.

COMUNICADO UPF TRAS EL PLENO DEL CONSEJO FISCAL DE 22/2/2017

Tras la reciente reunión del Pleno del Consejo Fiscal, la Unión Progresista de Fiscales quiere felicitar a los compañeros y, en especial, a las compañeras que han sido nombrados/as para los distintos cargos de la Carrera Fiscal y desearles lo mejor en el futuro porque sus éxitos profesionales serán los nuestros, los de todos y todas los Fiscales.

 

Sin embargo, éste es uno de los comunicados que la Unión Progresista de Fiscales no hubiera querido publicar. Después de un largo período de interinidad en la jefatura de la Fiscalía General del Estado y tras la sorpresa por el nombramiento del nuevo Fiscal General, confiábamos que su mandato, claramente orientado a liderar un cambio de modelo procesal, supusiera -de una manera clara y rotunda- el afianzamiento de la autonomía del Ministerio Fiscal respecto al Poder Ejecutivo. Desgraciadamente no parece que vaya a ser así. Consideramos que algunos de los nombramientos y la no renovación en sus plazas de algunos de nuestros compañeros, casualmente en su mayoría asociados de la UPF, supone un claro retroceso en la pretendida autonomía del Ministerio Fiscal, pues tales decisiones solo pueden explicarse desde un interés eminentemente político e ideológico.

 

Es significativo que personalidades irreemplazables como Javier Zaragoza, cuyos esfuerzos, conocimientos y contactos en materia antiterrorista son en sí mismos un patrimonio de la Fiscalía española, sea relevado en momentos en los que entendemos imprescindible su contribución a la lucha contra el terrorismo internacional. De la misma manera que únicamente se puede explicar por motivos ideológicos el relevo de Juan Calparsoro al frente de la Fiscalía Superior del País Vasco; parece un castigo a los años de dedicación al servicio del estado de Derecho y la democracia española en una coyuntura tan complicada como ha sido la culminación del proceso de paz, contribuyendo con su lealtad institucional al momento histórico del fin de la violencia en el País Vasco y la derrota del terrorismo. Es especial el caso de Murcia, en el que si algún ejemplo había que dar a la sociedad para apuntalar la confianza en la Fiscalía era mantener al Fiscal Superior frente a las intolerables presiones y la imagen de nuestra Institución que han tratado de dar algunos políticos. Pues bien, Manuel Bernal no acudirá como Fiscal Superior el día 6 de marzo a la toma de declaración en calidad de investigado del todavía Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia. La ciudadanía y los propios Fiscales hemos entendido el mensaje. Finalmente, uno de los peajes exigidos por el Ministro de Justicia al nuevo Fiscal General del Estado era un cambio en la jefatura de la Unidad de Apoyo, pues al finalizar el mandato de Consuelo Madrigal había una manifiesta confrontación con el equipo ministerial debido a la gestión del control de los plazos de instrucción del artículo 324 de la LECrim y, sobre todo, por la precipitada implantación y a espaldas de la Fiscalía y los Fiscales de las nuevas soluciones tecnológicas de comunicación y gestión digital. Ese fielato ha sido también cobrado por el Ministerio de Justicia con la no renovación por el Fiscal General de José Luis Bueren.

 

Nuestro máximo respeto a todos los compañeros y compañeras que han sido nombrados. Nuestra crítica no es un demérito para ellos y ellas, sino una llamada de alerta para constatar que el modelo de Fiscalía al que aspira la Unión Progresista de Fiscales es el de profesionales integrados en una institución al servicio de los ciudadanos, sin deudas que pagar a la clase política y con una total y absoluta autonomía del Poder Ejecutivo. Trataremos de que esto sea siempre así y denunciaremos públicamente cualesquiera cuestionamientos a la profesionalidad de los y las Fiscales y los ataques a nuestra independencia por injerencias o intromisiones externas.

 

COMUNICADO DIMISIÓN Ministro de Justicia

La Unión Progresista de Fiscales pide la dimisión del Ministro de Justicia por cuestionar, fuera de sus competencias constitucionales y con un absoluto desconocimiento de la ley, el trabajo de nuestras compañeras, y amenazar con acciones contra ellas por discrepar del criterio de un superior. Es una intromisión intolerable en nuestro trabajo por parte del Ejecutivo y un desprecio a la autonomía del Ministerio Fiscal.

Comunicado UPF sobre el juicio 9N

La Unión Progresista de Fiscales se suma a lo expresado por la Fiscalía General del Estado y las otras asociaciones de Fiscales en su apoyo a la Fiscal Jefe de Barcelona en relación con los intolerables hechos acaecidos en las inmediaciones del Palacio de Justicia tras la conclusión del juicio del 9N.

La falta de respeto a las reglas del estado de Derecho repercuten de forma inquietante en la convivencia democrática que tantos años nos ha costado construir.

Aprovechamos la ocasión para expresar el reconocimiento a nuestro compañero Emilio Sánchez Ulled por su magnífico trabajo, rigor técnico y profesionalidad demostrados durante el desarrollo del juicio.

COMUNICADO UPF sobre el CEJ y la formación de Fiscales

Desde la UPF queremos expresar nuestra profunda preocupación por la situación de caos y desorganización en la que se encuentra el CEJ tras el nombramiento de su nuevo Director. Hemos pasado de tener en el Centro dos miembros de la Carrera Fiscal (Director y Fiscal Asesor) a no contar con ningún interlocutor operativo que permita coordinar contenidos, facilitar la organización y ejecución de los planes de formación y, sobre todo y especialmente, servir de enlace institucional entre el CEJ, en cuanto órgano de gestión, y la Carrera Fiscal.

Las disfunciones, que ya se están produciendo, afectan principalmente a los compañeros que están en el Curso de Formación Inicial, pues parece que el CEJ no es consciente de que no son alumnos universitarios sino Fiscales en prácticas, con las exigencias de rigor, respeto y seriedad que su formación requiere tanto en la organización, en los contenidos como en el trato. No olvidemos la transcendencia e importancia que tiene la formación de jueces y fiscales, que el Consejo de Europa (Consejo Consultivo de Fiscales Europeos) vincula directamente a la autonomía e independencia en el ejercicio de nuestras funciones así como a la calidad de nuestro trabajo.

Es evidente que el Ministerio de Justicia nos está dejando claro que el CEJ es su centro y que a ellos les corresponde las decisiones a la hora gastar el presupuesto destinado a la formación de los Fiscales y su voluntad no es otra que hacer del CEJ una estructura administrativa y burocrática destinada a la formación de “funcionarios”.

Desde aquí os animamos a transmitir a la Fiscalía General del Estado todas las quejas que tengáis en relación con el CEJ a fin de exigir una solución urgente a este despropósito.

En Santiago a 13 de febrero de 2017