CARTA de la U.P.F al próximo Fiscal General del Estado

Con motivo de la propuesta de nombramiento como Fiscal General del Estado de D. José Manuel Maza Martín, la Unión Progresista de Fiscales saluda a quien ocupará esta alta magistratura del Estado y quiere asimismo poner de manifiesto una serie de consideraciones:

 

  1. Felicitamos al nuevo Fiscal General del Estado por su designación y depositamos en él nuestra confianza con la esperanza de que durante su mandato se lleve a cabo -tras varios años de retroceso- el definitivo despegue de la institución cuya jefatura superior ostentará, así como de que los poderes públicos valoren nuevamente la importancia del Ministerio Fiscal en la mejora y progreso de la justicia y el desarrollo del estado de Derecho, dotándonos para ello de eficaces instrumentos, tanto personales, como materiales y procesales.

 

  1. Lamentamos el público desaire al que se ha visto sometida nuestra compañera y ex Fiscal General del Estado Dña. Consuelo Madrigal, a quien el propio Gobierno de España había manifestado públicamente su intención de revalidar en el cargo.

 

  1. Los requisitos para el cargo de Fiscal General del Estado son los de jurista de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión, con lo que la condición de magistrado u otra profesión jurídica ni añade ni resta méritos, como tampoco ser fiscal. Sin embargo, no nos parece positivo el mensaje que se traslada de que para que la Fiscalía sea autónoma deba ser dirigida por un magistrado. La autonomía e independencia del Fiscal General deriva del estatus legal de la propia institución y de la prohibición de injerencia del poder ejecutivo en las decisiones de los fiscales. La Fiscalía no es un instrumento del Gobierno, sino del Estado para el eficaz desempeño y cumplimiento de nuestras obligaciones legales y constitucionales, por más que la proposición para la designación del Fiscal General sea una decisión del Ejecutivo. A partir de ahí, deberá ser el Fiscal General del Estado quien garantice nuestra autonomía e independencia y es que, no pudiendo ser cesado ni removido durante su mandato, debe ser absolutamente impermeable a las decisiones y presiones externas, incluidas las de aquéllos que han determinado su nombramiento. Autonomía e independencia que no solo debe ser, sino también parecer ante los ojos de los ciudadanos.

 

  1. Las citadas notas de autonomía e independencia del Ministerio Fiscal han de ser esenciales para el mejor y más eficaz desarrollo de nuestras funciones, no solo frente al Ejecutivo -cuestión sobre la que de manera recurrente seguramente debamos insistir a lo largo de esta legislatura-, sino también frente a otros actores de la vida pública y, en especial, en el marco del proceso penal al que nos aboca necesariamente la imperiosa redacción de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así las cosas, la dirección de la investigación por parte de la Fiscalía con un control judicial sobre las garantías, la libertad, el aseguramiento de las fuentes de prueba personales y la acusación en ningún caso debe ser concebida como una instrucción delegada en la que cada una de las decisiones de los fiscales que hagan avanzar la investigación puedan ser objeto de recurso ante un juez. Un proceso penal concebido así supondría reproducir los vicios del obsoleto modelo inquisitivo que padecemos en nuestro país, resultaría ineficaz, entorpecería la acción de la justicia y únicamente favorecería a quienes tienen medios económicos para impugnar las decisiones del fiscal investigador. La necesaria tutela judicial en las materias antedichas no puede reconvertir al fiscal en un subordinado del denominado juez de garantías.

 

  1. Formación, reglas éticas, transparencia y medios materiales son imprescindibles para el trabajo de un fiscal. Insistimos en la necesidad de incrementar los recursos hasta alcanzar la deseada autonomía presupuestaria que garantice realmente nuestra independencia frente al Ministerio de Justicia.

 

La eficacia de la Fiscalía pasa también por la utilización de las nuevas tecnologías, cuya implementación ha de hacerse siempre teniendo en cuenta nuestras prioridades y despojando a los fiscales de tediosas e inútiles labores burocráticas que afectan directamente a la calidad de nuestro trabajo, al ambiente en nuestras oficinas y al tiempo efectivo dedicado a nuestro verdadero cometido como juristas.

 

  1. Nuestro propio estatuto profesional precisa de inmediato la adopción de reformas que permitan ejercitar nuestros derechos como trabajadores con plena seguridad jurídica. Es preciso, por consiguiente, la aprobación de un nuevo reglamento que contemple las realidades actuales y los derechos y obligaciones de los fiscales, y que ampare la participación y representación asociativa.

 

Éstos y otros muchos son los retos que nos aguardan. En nosotros tendrá siempre el Fiscal General del Estado la mejor disposición para colaborar en su consecución, así como la más alta lealtad institucional, pero también nuestro permanente celo y pública denuncia de aquello que desvíe el propósito de servir a los ciudadanos y procurar una eficaz administración de justicia.

 

 

En Santiago, a 16 de noviembre de 2016

 

El Secretariado Permanente de la U.P.F.

 

COMUNICADO U.P.F. sobre declaraciones del Ministro y nuevo F.G.E.

Las recientes manifestaciones del Ministro de Justicia en una conocida emisora de radio en las que afirmaba que “la Fiscalía puede recibir instrucciones por escrito del Gobierno” ponen en cuestión la idoneidad de Rafael Catalá para el ejercicio de su cargo en tanto en cuanto revelan un profundo desconocimiento de nuestra institución como órgano constitucional en defensa de la legalidad y del interés público, así como de la regulación estatutaria de las relaciones entre el Gobierno y la Fiscalía, más aún cuando -según el propio Ministro- uno de los retos más relevantes de la legislatura es abordar la asunción de la dirección de la investigación penal por el Ministerio Fiscal, función que exige avanzar hacia una escrupulosa autonomía, lo que resulta incompatible con la concepción de la Fiscalía -como órgano subordinado al poder Ejecutivo- que parece tener el máximo responsable del departamento de Justicia.

 

Asimismo, la Unión Progresista de Fiscales felicita a José Manuel Maza Martín por su próximo nombramiento como Fiscal General del Estado, deseándole los mejores éxitos profesionales pues redundarán en beneficio de la ciudadanía y del Ministerio Fiscal, confiando no atienda “las instrucciones” que de Rafael Catalá pudiera recibir como Ministro de Justicia.

 

 

COMUNICADO UPF sobre transparencia y nombramientos

La UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES, ante los recientes nombramientos de algunos miembros de la Carrera Fiscal vinculados por lazos familiares con quienes ocupan o han ocupado cargos de gran responsabilidad en el Ministerio Fiscal o en el Poder Judicial, se ve en la obligación de recordar que el informe sobre prevención de la corrupción en España del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (2014) recomendaba a España que en relación con los nombramientos discrecionales se reforzara la transparencia, con el fin de garantizar que estos nombramientos no pusieran en tela de juicio la independencia, imparcialidad y transparencia de los procesos de nombramiento.

La sombra de sospecha sobre los nombramientos para cargos públicos, si bien es deleznable en cualquier Administración Pública, es especialmente nefasta cuando a miembros del Ministerio Fiscal se refiere, que es una institución llamada a extremar las cautelas deontológicas por la misión que constitucionalmente tiene asignada en defensa de la legalidad y del interés público.

La promoción de Fiscales, Jueces y Magistrados debe someterse a procedimientos de máxima transparencia y estar en todo caso libre de cualquier tipo de injerencia por parte de grupos o familiares, basándose exclusivamente en criterios objetivos, públicos y preestablecidos, tal y como está contemplado en las Recomendaciones del Consejo de Europa a sus Estados miembros (Arts. 44 y ss. de la Recomendación CM/Rec (2010)12 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre los Jueces: independencia, eficiencia y responsabilidades, adoptada en su 101º Sesión el 6 de noviembre de 1997, adoptada el 17 de noviembre de 2010)

NOTA DE PRENSA tras últimas declaraciones del Ministro de Justicia

Desde la Unión Progresista de Fiscales asistimos atónitos a las manifestaciones efectuadas por el Ministro de Justicia en funciones -que también de Fomento- Rafael Catalá Polo en las que afirma que “la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya está dando los resultados que esperábamos”, resultados que no son otros que el descenso de un 41,7% de asuntos ingresados en los órganos de la jurisdicción penal en relación con el segundo trimestre del año pasado, según datos publicados por el C.G.P.J.

 

Recordamos al sr. Ministro en funciones que la reducción del número de asuntos que acceden a los juzgados de instrucción es consecuencia directa e inmediata de un motivo: muchos de los atestados policiales sin autor conocido ya no se remiten a los órganos judiciales; atestados cuya sencilla tramitación antes de la reforma en ningún caso suponía la causa principal del colapso que sufre actualmente la jurisdicción penal española.

 

Por el contrario, los jueces de instrucción y los fiscales han visto incrementada su carga de trabajo con el nuevo enjuiciamiento de un buen número de delitos leves que antes de la reforma de 2015 del Código Penal era competencia de los Juzgados de lo Penal, con la supresión de los fiscales y jueces sustitutos que cubrían bajas, licencias y excedencias y con la instauración de un sistema de plazos de instrucción que generó y sigue generando no solo un importante aumento de nuestras ocupaciones diarias, sino además un notable deterioro en las relaciones entre los responsables de su aplicación, para, en definitiva, no resultar sino una operación de mero marketing ministerial en un fracasado intento por terminar con las -desdeñadas por todos- dilaciones indebidas de los procesos penales.

 

COMUNICADO U.P.F. SOBRE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS

Tras los sucesos acaecidos la noche del pasado miércoles en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, la Unión Progresista de Fiscales quiere recordar que el internamiento regulado en el artículo 62 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, constituye una medida cautelar limitadora de un derecho fundamental como es el de la libertad, garantizado en el artículo 17 de nuestra Constitución, y que se aplica a personas que han incurrido en una infracción de naturaleza administrativa de las recogidas en dicha Ley. Debemos acabar ya con la genérica criminalización del migrante sin papeles.

 

Desde la Unión Progresista de Fiscales queremos además remarcar que aunque el artículo 60.2 de la Ley Orgánica 4/2000 establece que los centros de internamiento de extranjeros “no tendrán carácter penitenciario”, la regulación de su funcionamiento establecida por el Reglamento de 14 de marzo de 2014 -a todas luces decepcionante, parco e insuficiente, varios de cuyos artículos se vieron anulados por la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2015 por contravenir el derecho europeo, la Ley de Extranjería y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional- establece unas restricciones de derechos y un régimen interno muy similar al de un centro penitenciario.

 

Queremos recordar, asimismo, la necesidad de asegurar, de manera real y efectiva, a los extranjeros internados el disfrute de los derechos contemplados en el artículo 62 bis de la Ley de Extranjería -especialmente aquellos relacionados con la vida, integridad, salud y asistencia sanitaria-, así como garantizar que los centros cumplan con requisitos de habitabilidad respetuosos con la dignidad del ser humano, dotándolos de los medios necesarios y de personal cualificado, no siendo admisible el mantenimiento de centros de internamiento que no cumplan con dichos requisitos.

 

De especial relevancia, más ahora que nunca, resulta garantizar el derecho a la presentación de solicitudes de asilo por aquellos migrantes que pudieran resultar acreedores de protección internacional.

 

Finalmente, creemos que resulta necesaria la previsión de alternativas a los Centros de Internamiento de Extranjeros más respetuosas con los derechos fundamentales, tales como pisos tutelados o regímenes de acogimiento a través de asociaciones y organizaciones que tengan legalmente reconocidos entre sus fines la protección de las personas migrantes.

 

En definitiva, insistimos en que las garantías y el respeto a los derechos fundamentales deben exigirse siempre, cualquiera que sea el origen o condición de la persona. La dignidad humana siempre debe prevalecer y nunca condicionarse a su situación administrativa.

Por la inmediata liberación de jueces y fiscales detenidos en Turquía

MEDEL pide la liberación inmediata de los jueces y los fiscales detenidos en Turquía y se posiciona junto a los colegas asociados en YARSAV, muchos de los cuales han sido detenidos.

http://www.medelnet.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=247:medel-calls-for-immediate-release-of-judges-and-prosecutors-detained-in-turkey-and-stands-beside-colleagues-associated-in-yarsav&catid=57:europe&Itemid=179

COMUNICADO SOBRE LAS CONVERSACIONES DEL MINISTRO DEL INTERIOR

COMUNICADO DE LA UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES SOBRE LAS CONVERSACIONES DEL MINISTRO DEL INTERIOR

 

 

La UPF, al igual que el conjunto de la sociedad española, ha tenido acceso a través de un medio de comunicación a las conversaciones que en octubre de 2014 mantuvieron el Ministro del Interior y el Director de la Oficina Antifraude de Cataluña.

 

El contenido de las conversaciones unido a la relevancia institucional de quienes las mantuvieron causa perplejidad y una honda preocupación. Reflejan un inaceptable cuestionamiento del principio de separación de poderes, una reprobable utilización de las instituciones con fines políticos y una apartamiento del principio de objetividad que debe guiar la actuación de los responsables públicos.

 

Tenemos la certeza de que los fiscales que han intervenido en los casos a los que se alude en las conversaciones han actuado y resuelto con objetividad, profesionalidad y sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad. Los archivos acordados por estos fiscales en esos asuntos son buena prueba de ello. En las Fiscalías no se “afina” nada, sino que, con arreglo a los principios constitucionales consagrados en el art. 124 CE, se ejercen con profesionalidad las funciones que la ley encomienda al Ministerio Fiscal.

 

Finalmente, esperamos y reclamamos que por parte de la Fiscalía General del Estado y, en su caso, por los órganos judiciales se esclarezca el origen y circunstancias en que se produjeron las grabaciones y se valore el propio contenido de las conversaciones depurando las responsabilidades a que hubiere lugar.

 

 

En Santiago, a 7 de Julio de 2016

 

Secretariado Permanente de la U.P.F.

COMUNICADO conjunto por la derogación del art. 324 LECrim

UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES, JUECES PARA LA DEMOCRACIA y SINDICATO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
POR LA DEROGACIÓN DEL ART 324, SISTEMA DE PLAZOS DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.

COMUNICADO CONJUNTO

Transcurridos 6 meses desde la entrada en vigor del nuevo art 324 de la LECrim es momento de hacer balance de las consecuencias que ha tenido o puede tener para la administración de justicia. Las deficiencias de su redacción, la falta de encaje sistemático en nuestro sistema procesal y la ausencia de un criterio único en su interpretación han llevado al limite a los juzgados de instrucción y a las fiscalías. Si se pretendía una agilización de la justicia este no es el camino. En los próximos meses veremos como el riesgo generado por la entrada en vigor de la ley no se compensa con el escaso bagaje obtenido, que básicamente va a consistir en el archivo de causas que estaban ya sin actividad en los juzgados. Sin embargo, es posible que aumente la perdida de calidad del sistema, las dificultades de la investigación y el número de recursos en instrucción y, por tanto , el tiempo de tramitación de los procesos.

Desde todas las asociaciones firmantes, con responsabilidad, lamentamos ante la ciudadanía la imagen que por esta situación se pueda estar proyectando de la justicia, en la que los/las Letrados/as de la Administración de Justicia, los/las Fiscales, los/las Jueces/zas y Magistrados/as y el resto de los funcionarios/as que integran la misma, son la garantía profesional de que trabajando en común y evitando estériles enfrentamientos a los que indirectamente nos ha conducido esta reforma, velaremos en conciencia por los intereses de todos. Incluso en la aplicación de reformas como la que evaluamos en este escrito, al tiempo que pedimos su derogación cuando se constituya el nuevo gobierno y las Cortes Generales.

CONCLUSIONES XXXI CONGRESO UPF Barcelona

 

CONCLUSIONES XXXI CONGRESO U.P.F.

 

Barcelona, 3 y 4 de junio de 2016

 

 

 

  1. Código ético.

 

Sin perjuicio de valorar positivamente la iniciativa de la Fiscalía General del Estado en la formulación de un Código Ético, la Unión Progresista de Fiscales quiere hacer una propuesta alternativa al texto oficial, entendiendo que ha de ser un texto no jurídico, en el sentido de que no contenga derechos/obligaciones/sanciones; que nazca de nosotros y no de la jerarquía o ni siquiera de los órganos propios del Ministerio Público, sino del compromiso de los fiscales; que sea fruto de un proceso de reflexión abierto a los expertos, a los fiscales y a la sociedad; que huya de las declaraciones grandilocuentes; que refleje lo que somos y lo que nos gustaría ser. Los fiscales progresistas tenemos mucho que decir en cuanto a compromiso social. Esta es una oportunidad para actualizar el ideario de nuestra asociación que se reclama progresista.

 

 

  1. Política informativa de la Fiscalía General del Estado, LEXNET y plazos de instrucción.

 

La reforma del artículo 324 de la LECrim es el mejor ejemplo de algunos de los despropósitos legislativos del actual Gobierno en relación con la justicia. Mal concebida, mal redactada y mal interpretada, la entrada en vigor de sus consecuencias está ocasionando importantes desajustes en los profesionales de la justicia y provocando indeseados enfrentamientos entre los letrados de la Administración de Justicia, los jueces de instrucción y los fiscales, en buena parte consecuencia del desafortunado planteamiento asumido por la Circular de la Fiscalía General del Estado. En una carrera sin sentido para dar una estadística positiva a los medios de comunicación, el Ministro de Justicia ha sido capaz de movilizar a todos los juzgados de España en su propio beneficio para lavar electoralmente su deteriorada imagen. El Consejo General del Poder Judicial parece aspirar a quedarse al margen de esta manipulación de la justicia y de esta clara intromisión en la independencia judicial.

 

La implantación del sistema LEXNET revela el absoluto desprecio del Ministerio de Justicia a la función del Ministerio Fiscal y al funcionamiento de las fiscalías y pone de manifiesto las carencias internas de la propia Fiscalía, la absoluta precariedad de medios y nuestra total dependencia de las decisiones del Ministerio de Justicia pues, pese a las promesas del inicio de legislatura, nada se ha concretado en cuanto a nuestra autonomía presupuestaria, más necesaria que nunca ante las arbitrariedades y chantajes del Ministerio. Mostramos nuestra preocupación por la falta de seguridad y confidencialidad del sistema Lexnet que hace accesible la información a personas e instituciones ajenas al procedimiento.

 

La Fiscal General y la Fiscalía General del Estado han sido incapaces de responder adecuadamente a estos monumentales desafíos, pese a que el acuerdo y la disposición de la carrera fiscal en ambos temas era unánime. Creemos que ha faltado liderazgo, firmeza y acierto en algunas decisiones y también, una vez más, en la política de comunicación de la institución, ausente en los momentos más necesarios y prescindible en otros.

 

 

  1. Pacto de Estado por la Justicia.

 

La justicia en nuestro país continúa siendo hoy en día uno de los pilares más olvidados de nuestro Estado de Derecho, una de las asignaturas pendientes del legislador. Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular aún en funciones ha desmantelado estos últimos años su ya de por sí maltrecha condición. No podemos sino calificar como nefasta la labor desarrollada por los dos Ministros que han dirigido el Departamento de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón y Rafael Catalá.

 

La ciudadanía aspira a alcanzar progresos y mejoras y la justicia no debe quedarse rezagada. La indignación y desmoralización ciudadana con los numerosos casos de corrupción que salpican diariamente los informativos hacen necesaria, hoy más que nunca, una justicia sólida, eficiente, dotada de los recursos imprescindibles y provista de la necesaria independencia y autonomía para alcanzar sus verdaderos fines como servicio público. La Unión Progresista de Fiscales persiste en su reclamación de atribuir al Ministerio Fiscal, en condiciones de efectiva autonomía, la dirección de la investigación penal.

 

Una justicia ágil y de calidad precisa de financiación tanto en medios personales como materiales; requiere un número de jueces, fiscales, funcionarios y personal colaborador técnico y cualificado proporcional a las necesidades actuales, así como herramientas informáticas optimizadas y, especialmente, compartidas por las oficinas judiciales y fiscales, evitando así la actual descoordinación. Pero la justicia penal, además de inversión, requiere independencia y transparencia, y el Ministerio Público, en particular, autonomía funcional, organizativa y presupuestaria frente al Ejecutivo de turno para un mejor desarrollo de sus funciones constitucionales, evitando así de una vez las tan indeseables sospechas de injerencia política.

 

 

  1. Derechos sociales.

 

La Unión Progresista de Fiscales muestra nuevamente su alarma ante el desmantelamiento sistemático del Estado social con merma de derechos laborales y sociales. Así, denuncia la práctica supresión de la negociación colectiva, el aumento de la siniestralidad laboral derivado de los recortes en las políticas de seguridad y salud laboral, las indebidas injerencias en el derecho de huelga, la criminalización de la protesta social, la falta de generalización de la asistencia jurídica gratuita en las jurisdicciones social, contencioso y mercantil y la falta de reforma de la legislación hipotecaria y mercantil que mitigue los riesgos del sobreendeudamiento de las familias y excluya la posibilidad de pérdida de la vivienda habitual.

 

Ante un aumento intolerable de la desigualdad (el 29,2% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social) abogamos por la constitucionalización de un mínimo de gasto social que garantice un estándar de igualdad y cohesión social.

 

 

  1. Uso del lenguaje.

 

La defensa por el Ministerio Fiscal de los principios de objetividad, imparcialidad e igualdad ha de exigirse no sólo en el fondo de su actuación ante los Tribunales, sino también en la forma, por lo que el lenguaje utilizado en los escritos que presente ha de reflejar su compromiso con los valores constitucionales, especialmente con el derecho a la dignidad de la persona y con el principio de no discriminación, desechando términos o expresiones que perpetúen estereotipos de cualquier clase.

 

 

  1. Refugiados.

 

La Unión Progresista de Fiscales muestra su solidaridad con las personas migrantes que huyen de conflictos bélicos y buscan asilo en Europa y condena la política adoptada hasta el momento por la Unión Europea en la materia. Manifestamos nuestro rechazo al acuerdo alcanzado con Turquía, que vulnera la normativa tanto internacional como europea en materia de derechos humanos y de derecho de asilo, y reclamamos una implicación del Gobierno de España tanto a nivel legislativo como humanitario.

 

 

  1. Tratado Transatlántico de Comercio de Inversión.

 

La Unión Progresista de Fiscales muestra su preocupación ante los avances en la negociación del TTIP y CETA entre la Unión Europea y Estados Unidos y Canadá, dado el riesgo de merma de derechos sociales que dichos Tratados representan. Especialmente preocupante resulta la inclusión de los Tribunales de Arbitraje (ISDS), carentes de legitimidad democrática alguna, que suponen socavar la soberanía del Estado para legislar en materia económica, social, ambiental y de desarrollo.

 

 

  1. Transparencia.

 

La Unión Progresista de Fiscales considera que urge desarrollar los trabajos para la puesta en funcionamiento del portal de transparencia del Ministerio Fiscal en la página web www.fiscal.es, así como el efectivo cumplimiento de los compromisos sobre publicidad e información asumidos por la Fiscalía General del Estado.

 

Es necesario que, sin demora, se facilite información sobre la agenda institucional como mínimo del Fiscal General del Estado, Inspección, Secretaría Técnica, Unidad de Apoyo, Fiscales de Sala y Fiscales jefes territoriales.

 

Resulta ineludible dar adecuada publicidad a las compatibilidades reconocidas a los fiscales en los términos establecidos en el art. 57.5 del EOMF y en la legislación especial, así como a aquellas actividades que, aun no requiriendo de concesión formal de compatibilidad, derivan de la condición de fiscal.

Reclamamos la máxima transparencia en las comunicaciones entre los Gobiernos central y autonómicos y el Fiscal General del Estado y Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas, transparencia que igualmente ha de presidir las avocaciones de asuntos por los Fiscales Jefes que se regulan en el art. 23 del EOMF.

 

El cumplimiento que se está dando a las medidas de transparencia e información recogidas en el Acuerdo del Consejo Fiscal de 20 de mayo de 2015 es en algunos aspectos defectuoso. El orden del día de los Consejos y el listado de peticionarios de plazas de nombramiento discrecional debe remitirse a los fiscales con la suficiente antelación. Del mismo modo, debe hacerse efectiva la publicación de los currículos normalizados de los aspirantes a esas plazas y de los planes de actuación con los que aspiran a las mismas. También ha de facilitarse el acceso de los fiscales y las asociaciones a los informes y documentación no reservada que se trata en el Consejo Fiscal y que afecta al conjunto del funcionamiento y organización de la Carrera Fiscal.

 

Los nombramientos discrecionales del Fiscal General del Estado deben plasmarse en resoluciones que, conforme a la reciente doctrina del Tribunal Supremo, incorporen la debida motivación, siendo insuficiente la mera remisión a las actas del Consejo Fiscal.

 

Reiteramos la necesidad de dar publicidad a la financiación con la que las asociaciones de fiscales desarrollan cada una de sus actividades. Su situación económica y las fuentes de financiación pública y, en su caso, privada, ha de ser accesible y publicarse en la página web del Ministerio Fiscal.

 

 

  1. Libertad de expresión y Ley Mordaza.

 

Transcurrido más de un año desde la publicación de la L.O. 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana -la denominada ley mordaza-, la Unión Progresista de Fiscales reclama una interpretación constitucional de la misma para salvaguardar los derechos fundamentales y libertades públicas consagrados en la Carta Magna, garantizando la libertad de expresión, información, manifestación y reunión pacífica.

 

Consideramos reprobable que una ley de tan importante trascendencia fuese aprobada sin consenso parlamentario y desoyendo tanto al propio Sindicato Unificado de Policía que denunció la existencia de términos sin concretar que deja al criterio y responsabilidad de los propios agentes muchas de las sanciones, como a la crítica de cinco relatores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los cuales firmaron un comunicado en el que expusieron que “los derechos a manifestarse pacíficamente y a expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”.

 

 

  1. Modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

 

La Unión Progresista de Fiscales, preocupada por la elevada cifra sumergida de hechos que se cometen y no se denuncian por las víctimas de los delitos de odio y discriminación, tal y como ponen de manifiesto prestigiosos y reconocidos organismos internacionales como la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea, exige del Gobierno de España la urgente modificación de la legislación de extranjería a fin de que las personas extranjeras que carecen de permiso de residencia en nuestro país y que hayan sido víctimas de este tipo de delitos obtengan dicho permiso para residir en España y ello con el fin de que puedan sentirse más seguros, evitar el temor a una probable expulsión de territorio nacional si acuden a una comisaría a denunciar el delito del que han sido víctimas, facilitando con ello una mayor confianza en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y en Jueces y Fiscales  para denunciar hechos sufridos y favoreciendo así su eficaz persecución.

 

 

  1. Modelo de Fiscal de la U.P.F.

 

La UPF lamenta tener que reiterar la Conclusión aprobada hace dos años en el Congreso de Cádiz en relación a la modificación del sistema procesal penal atribuyendo a los fiscales la dirección de la investigación penal e insiste una vez más en la necesidad de realizar reformas legislativas que garanticen una configuración del Ministerio Fiscal español verdaderamente conforme a los principios y valores constitucionales, asegurando su autonomía orgánica y funcional, real y efectiva, y un papel en el proceso penal homologable al de los sistemas democráticos desarrollados de nuestro entorno.

 

 

POR UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE EN EUROPA

POR UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE EN EUROPA

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Por una justicia independiente en Europa

En el  aniversario del asesinato de Giovanni Falcone por la Mafia en 1992, MEDEL marca el día 23 de mayo como el día de la alerta por el estado de la Justicia en Europa. En esta fecha, se nos invita a reflexionar sobre la necesidad de una justicia independiente y eficaz en todo el continente y su importancia para la salvaguarda de las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos europeos.
En la última década,  muchos de los problemas  que han salido a la luz han llevado a una creciente desconfianza de los ciudadanos hacia el proyecto de integración europea: la crisis económica y financiera; la amenaza del  terrorismo; el fenómeno de la migración. A pesar de estos problemas, y de la decepcionante respuesta dada a los mismos por los gobiernos nacionales y las propias instituciones europeas pese al peligro que suponen para la integración,  cualquier análisis sobre estos temas demanda la existencia de un poder judicial independiente  capaz de proteger las libertades básicas y derechos de todos los ciudadanos.
Con la excusa de abordar el problema del insuficiente crecimiento económico, la Unión Europea y los Estados Unidos están negociando secretamente un acuerdo de libre comercio, según la cual, entre otras medidas, se está considerando la creación de sistema de resolución de conflictos ajeno al control judicial de los países. Esto supone equiparar a las corporaciones multinacionales al mismo nivel que los Estados soberanos, basado en la  errónea presunción de que los tribunales nacionales de los Estados miembros no pueden otorgar protección jurídica efectiva a los inversores extranjeros. 
Medel ( Magistrados europeos para la libertad y la democracia), en su comunicado emitido hoy mismo, afirma que no existe ninguna justificación objetiva o base jurídica para la creación de este nuevo  Tribunal y que todos los ciudadanos europeos deberían estar seriamente preocupados por esta propuesta. Un tribunal de arbitraje privado que reemplace a los tribunales de los Estados no puede establecerse mas que para  favorecer  los intereses de la codicia corporativa multinacional. Este tribunal concederá legalmente a las multinacionales diferentes privilegios; entre otros tendrán el de poder imponer sanciones a los Estados y, al mismo tiempo, no serán responsables ante los ciudadanos, al no tener que cumplir con las reglas del juego democrático y no afrontar las consecuencias sociales de sus decisiones .
La lucha contra el terrorismo, por otro lado, ha llevado a la adopción de medidas que ponen en peligro la libertad de los ciudadanos europeos sin que ello sea la panacea para resolver el problema de la seguridad. Como MEDEL subrayada en su declaración de Pisa de marzo pasado, la utilización de medidas excepcionales no puede convertirse en una excusa para prolongar los estados de emergencia, cuya vigencia ilimitada no puede ser vista como una situación normal en una sociedad democrática.
Añadimos a todo esto,  y en un intento de desviar la atención de la desastrosa respuesta de instituciones y los gobiernos europeos a la crisis de la migración,  que la UE ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno turco que  nos avergüenza a  todos. Y se ha formalizado olvidando intencionadamente que el gobierno Turco no respeta la separación de poderes y la independencia del poder judicial, como pone de manifiesto el traslado de jueces y fiscales sin  su consentimiento; la prisión y  y destitución de jueces y fiscales por realizar su trabajo y las propias declaraciones públicas contra los jueces realizadas por el Presidente turco.
Estos son sólo algunos ejemplos preocupantes de las amenazas a las que se  enfrenta el poder judicial en Europa. Hay muchas otras, algunas graves, como las inaceptables medidas adoptadas por el poder ejecutivo en el poder judicial en Polonia con la paralización del Tribunal Constitucional, o la interferencia de los servicios secretos en el poder judicial rumano.
En España, la Justicia, al igual que otros servicios públicos , ha sido maltratada por la crisis económica, sin que se ponga remedio por parte del poder político a una situación endémica de precariedad de medios , a una perdida progresiva de libertades y derechos sociales y políticos , a un proceso penal  insostenible su actual concepción, y a los intentos siempre perniciosos de socavar la independencia judicial.
En otras muchas ocasiones Medel ha recordado, que tener acceso a una justicia independiente no es un privilegio, es un derecho fundamental de todos los ciudadanos europeos. Los poderes económicos y políticos no pueden cruzar el último límite de la separación de poderes, el principio único que garantiza el respeto de los derechos y libertades fundamentales ; que todos los europeos, ciudadanos o instituciones, independientemente de su origen o de su situación económica, son iguales ante la ley.
No podemos permanecer pasivos mientras la independencia del poder judicial se está poniendo bajo amenaza en toda Europa, es un deber de la ciudadanía oponerse a todos estos  intentos de injerencia. Se lo debemos a la memoria de Giovanni Falcone. Se lo debemos al futuro de Europa.
Gualtiero Michelini. Presidente de Medel.
Joaquim Bosch Grau, Portavoz de Jueces Para La Democracia
Alvaro García  Ortiz. Presidente de la Unión Progresista de Fiscales.