Por la inmediata liberación de jueces y fiscales detenidos en Turquía

MEDEL pide la liberación inmediata de los jueces y los fiscales detenidos en Turquía y se posiciona junto a los colegas asociados en YARSAV, muchos de los cuales han sido detenidos.

http://www.medelnet.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=247:medel-calls-for-immediate-release-of-judges-and-prosecutors-detained-in-turkey-and-stands-beside-colleagues-associated-in-yarsav&catid=57:europe&Itemid=179

COMUNICADO SOBRE LAS CONVERSACIONES DEL MINISTRO DEL INTERIOR

COMUNICADO DE LA UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES SOBRE LAS CONVERSACIONES DEL MINISTRO DEL INTERIOR

 

 

La UPF, al igual que el conjunto de la sociedad española, ha tenido acceso a través de un medio de comunicación a las conversaciones que en octubre de 2014 mantuvieron el Ministro del Interior y el Director de la Oficina Antifraude de Cataluña.

 

El contenido de las conversaciones unido a la relevancia institucional de quienes las mantuvieron causa perplejidad y una honda preocupación. Reflejan un inaceptable cuestionamiento del principio de separación de poderes, una reprobable utilización de las instituciones con fines políticos y una apartamiento del principio de objetividad que debe guiar la actuación de los responsables públicos.

 

Tenemos la certeza de que los fiscales que han intervenido en los casos a los que se alude en las conversaciones han actuado y resuelto con objetividad, profesionalidad y sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad. Los archivos acordados por estos fiscales en esos asuntos son buena prueba de ello. En las Fiscalías no se “afina” nada, sino que, con arreglo a los principios constitucionales consagrados en el art. 124 CE, se ejercen con profesionalidad las funciones que la ley encomienda al Ministerio Fiscal.

 

Finalmente, esperamos y reclamamos que por parte de la Fiscalía General del Estado y, en su caso, por los órganos judiciales se esclarezca el origen y circunstancias en que se produjeron las grabaciones y se valore el propio contenido de las conversaciones depurando las responsabilidades a que hubiere lugar.

 

 

En Santiago, a 7 de Julio de 2016

 

Secretariado Permanente de la U.P.F.

COMUNICADO conjunto por la derogación del art. 324 LECrim

UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES, JUECES PARA LA DEMOCRACIA y SINDICATO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
POR LA DEROGACIÓN DEL ART 324, SISTEMA DE PLAZOS DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.

COMUNICADO CONJUNTO

Transcurridos 6 meses desde la entrada en vigor del nuevo art 324 de la LECrim es momento de hacer balance de las consecuencias que ha tenido o puede tener para la administración de justicia. Las deficiencias de su redacción, la falta de encaje sistemático en nuestro sistema procesal y la ausencia de un criterio único en su interpretación han llevado al limite a los juzgados de instrucción y a las fiscalías. Si se pretendía una agilización de la justicia este no es el camino. En los próximos meses veremos como el riesgo generado por la entrada en vigor de la ley no se compensa con el escaso bagaje obtenido, que básicamente va a consistir en el archivo de causas que estaban ya sin actividad en los juzgados. Sin embargo, es posible que aumente la perdida de calidad del sistema, las dificultades de la investigación y el número de recursos en instrucción y, por tanto , el tiempo de tramitación de los procesos.

Desde todas las asociaciones firmantes, con responsabilidad, lamentamos ante la ciudadanía la imagen que por esta situación se pueda estar proyectando de la justicia, en la que los/las Letrados/as de la Administración de Justicia, los/las Fiscales, los/las Jueces/zas y Magistrados/as y el resto de los funcionarios/as que integran la misma, son la garantía profesional de que trabajando en común y evitando estériles enfrentamientos a los que indirectamente nos ha conducido esta reforma, velaremos en conciencia por los intereses de todos. Incluso en la aplicación de reformas como la que evaluamos en este escrito, al tiempo que pedimos su derogación cuando se constituya el nuevo gobierno y las Cortes Generales.

CONCLUSIONES XXXI CONGRESO UPF Barcelona

 

CONCLUSIONES XXXI CONGRESO U.P.F.

 

Barcelona, 3 y 4 de junio de 2016

 

 

 

  1. Código ético.

 

Sin perjuicio de valorar positivamente la iniciativa de la Fiscalía General del Estado en la formulación de un Código Ético, la Unión Progresista de Fiscales quiere hacer una propuesta alternativa al texto oficial, entendiendo que ha de ser un texto no jurídico, en el sentido de que no contenga derechos/obligaciones/sanciones; que nazca de nosotros y no de la jerarquía o ni siquiera de los órganos propios del Ministerio Público, sino del compromiso de los fiscales; que sea fruto de un proceso de reflexión abierto a los expertos, a los fiscales y a la sociedad; que huya de las declaraciones grandilocuentes; que refleje lo que somos y lo que nos gustaría ser. Los fiscales progresistas tenemos mucho que decir en cuanto a compromiso social. Esta es una oportunidad para actualizar el ideario de nuestra asociación que se reclama progresista.

 

 

  1. Política informativa de la Fiscalía General del Estado, LEXNET y plazos de instrucción.

 

La reforma del artículo 324 de la LECrim es el mejor ejemplo de algunos de los despropósitos legislativos del actual Gobierno en relación con la justicia. Mal concebida, mal redactada y mal interpretada, la entrada en vigor de sus consecuencias está ocasionando importantes desajustes en los profesionales de la justicia y provocando indeseados enfrentamientos entre los letrados de la Administración de Justicia, los jueces de instrucción y los fiscales, en buena parte consecuencia del desafortunado planteamiento asumido por la Circular de la Fiscalía General del Estado. En una carrera sin sentido para dar una estadística positiva a los medios de comunicación, el Ministro de Justicia ha sido capaz de movilizar a todos los juzgados de España en su propio beneficio para lavar electoralmente su deteriorada imagen. El Consejo General del Poder Judicial parece aspirar a quedarse al margen de esta manipulación de la justicia y de esta clara intromisión en la independencia judicial.

 

La implantación del sistema LEXNET revela el absoluto desprecio del Ministerio de Justicia a la función del Ministerio Fiscal y al funcionamiento de las fiscalías y pone de manifiesto las carencias internas de la propia Fiscalía, la absoluta precariedad de medios y nuestra total dependencia de las decisiones del Ministerio de Justicia pues, pese a las promesas del inicio de legislatura, nada se ha concretado en cuanto a nuestra autonomía presupuestaria, más necesaria que nunca ante las arbitrariedades y chantajes del Ministerio. Mostramos nuestra preocupación por la falta de seguridad y confidencialidad del sistema Lexnet que hace accesible la información a personas e instituciones ajenas al procedimiento.

 

La Fiscal General y la Fiscalía General del Estado han sido incapaces de responder adecuadamente a estos monumentales desafíos, pese a que el acuerdo y la disposición de la carrera fiscal en ambos temas era unánime. Creemos que ha faltado liderazgo, firmeza y acierto en algunas decisiones y también, una vez más, en la política de comunicación de la institución, ausente en los momentos más necesarios y prescindible en otros.

 

 

  1. Pacto de Estado por la Justicia.

 

La justicia en nuestro país continúa siendo hoy en día uno de los pilares más olvidados de nuestro Estado de Derecho, una de las asignaturas pendientes del legislador. Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular aún en funciones ha desmantelado estos últimos años su ya de por sí maltrecha condición. No podemos sino calificar como nefasta la labor desarrollada por los dos Ministros que han dirigido el Departamento de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón y Rafael Catalá.

 

La ciudadanía aspira a alcanzar progresos y mejoras y la justicia no debe quedarse rezagada. La indignación y desmoralización ciudadana con los numerosos casos de corrupción que salpican diariamente los informativos hacen necesaria, hoy más que nunca, una justicia sólida, eficiente, dotada de los recursos imprescindibles y provista de la necesaria independencia y autonomía para alcanzar sus verdaderos fines como servicio público. La Unión Progresista de Fiscales persiste en su reclamación de atribuir al Ministerio Fiscal, en condiciones de efectiva autonomía, la dirección de la investigación penal.

 

Una justicia ágil y de calidad precisa de financiación tanto en medios personales como materiales; requiere un número de jueces, fiscales, funcionarios y personal colaborador técnico y cualificado proporcional a las necesidades actuales, así como herramientas informáticas optimizadas y, especialmente, compartidas por las oficinas judiciales y fiscales, evitando así la actual descoordinación. Pero la justicia penal, además de inversión, requiere independencia y transparencia, y el Ministerio Público, en particular, autonomía funcional, organizativa y presupuestaria frente al Ejecutivo de turno para un mejor desarrollo de sus funciones constitucionales, evitando así de una vez las tan indeseables sospechas de injerencia política.

 

 

  1. Derechos sociales.

 

La Unión Progresista de Fiscales muestra nuevamente su alarma ante el desmantelamiento sistemático del Estado social con merma de derechos laborales y sociales. Así, denuncia la práctica supresión de la negociación colectiva, el aumento de la siniestralidad laboral derivado de los recortes en las políticas de seguridad y salud laboral, las indebidas injerencias en el derecho de huelga, la criminalización de la protesta social, la falta de generalización de la asistencia jurídica gratuita en las jurisdicciones social, contencioso y mercantil y la falta de reforma de la legislación hipotecaria y mercantil que mitigue los riesgos del sobreendeudamiento de las familias y excluya la posibilidad de pérdida de la vivienda habitual.

 

Ante un aumento intolerable de la desigualdad (el 29,2% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social) abogamos por la constitucionalización de un mínimo de gasto social que garantice un estándar de igualdad y cohesión social.

 

 

  1. Uso del lenguaje.

 

La defensa por el Ministerio Fiscal de los principios de objetividad, imparcialidad e igualdad ha de exigirse no sólo en el fondo de su actuación ante los Tribunales, sino también en la forma, por lo que el lenguaje utilizado en los escritos que presente ha de reflejar su compromiso con los valores constitucionales, especialmente con el derecho a la dignidad de la persona y con el principio de no discriminación, desechando términos o expresiones que perpetúen estereotipos de cualquier clase.

 

 

  1. Refugiados.

 

La Unión Progresista de Fiscales muestra su solidaridad con las personas migrantes que huyen de conflictos bélicos y buscan asilo en Europa y condena la política adoptada hasta el momento por la Unión Europea en la materia. Manifestamos nuestro rechazo al acuerdo alcanzado con Turquía, que vulnera la normativa tanto internacional como europea en materia de derechos humanos y de derecho de asilo, y reclamamos una implicación del Gobierno de España tanto a nivel legislativo como humanitario.

 

 

  1. Tratado Transatlántico de Comercio de Inversión.

 

La Unión Progresista de Fiscales muestra su preocupación ante los avances en la negociación del TTIP y CETA entre la Unión Europea y Estados Unidos y Canadá, dado el riesgo de merma de derechos sociales que dichos Tratados representan. Especialmente preocupante resulta la inclusión de los Tribunales de Arbitraje (ISDS), carentes de legitimidad democrática alguna, que suponen socavar la soberanía del Estado para legislar en materia económica, social, ambiental y de desarrollo.

 

 

  1. Transparencia.

 

La Unión Progresista de Fiscales considera que urge desarrollar los trabajos para la puesta en funcionamiento del portal de transparencia del Ministerio Fiscal en la página web www.fiscal.es, así como el efectivo cumplimiento de los compromisos sobre publicidad e información asumidos por la Fiscalía General del Estado.

 

Es necesario que, sin demora, se facilite información sobre la agenda institucional como mínimo del Fiscal General del Estado, Inspección, Secretaría Técnica, Unidad de Apoyo, Fiscales de Sala y Fiscales jefes territoriales.

 

Resulta ineludible dar adecuada publicidad a las compatibilidades reconocidas a los fiscales en los términos establecidos en el art. 57.5 del EOMF y en la legislación especial, así como a aquellas actividades que, aun no requiriendo de concesión formal de compatibilidad, derivan de la condición de fiscal.

Reclamamos la máxima transparencia en las comunicaciones entre los Gobiernos central y autonómicos y el Fiscal General del Estado y Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas, transparencia que igualmente ha de presidir las avocaciones de asuntos por los Fiscales Jefes que se regulan en el art. 23 del EOMF.

 

El cumplimiento que se está dando a las medidas de transparencia e información recogidas en el Acuerdo del Consejo Fiscal de 20 de mayo de 2015 es en algunos aspectos defectuoso. El orden del día de los Consejos y el listado de peticionarios de plazas de nombramiento discrecional debe remitirse a los fiscales con la suficiente antelación. Del mismo modo, debe hacerse efectiva la publicación de los currículos normalizados de los aspirantes a esas plazas y de los planes de actuación con los que aspiran a las mismas. También ha de facilitarse el acceso de los fiscales y las asociaciones a los informes y documentación no reservada que se trata en el Consejo Fiscal y que afecta al conjunto del funcionamiento y organización de la Carrera Fiscal.

 

Los nombramientos discrecionales del Fiscal General del Estado deben plasmarse en resoluciones que, conforme a la reciente doctrina del Tribunal Supremo, incorporen la debida motivación, siendo insuficiente la mera remisión a las actas del Consejo Fiscal.

 

Reiteramos la necesidad de dar publicidad a la financiación con la que las asociaciones de fiscales desarrollan cada una de sus actividades. Su situación económica y las fuentes de financiación pública y, en su caso, privada, ha de ser accesible y publicarse en la página web del Ministerio Fiscal.

 

 

  1. Libertad de expresión y Ley Mordaza.

 

Transcurrido más de un año desde la publicación de la L.O. 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana -la denominada ley mordaza-, la Unión Progresista de Fiscales reclama una interpretación constitucional de la misma para salvaguardar los derechos fundamentales y libertades públicas consagrados en la Carta Magna, garantizando la libertad de expresión, información, manifestación y reunión pacífica.

 

Consideramos reprobable que una ley de tan importante trascendencia fuese aprobada sin consenso parlamentario y desoyendo tanto al propio Sindicato Unificado de Policía que denunció la existencia de términos sin concretar que deja al criterio y responsabilidad de los propios agentes muchas de las sanciones, como a la crítica de cinco relatores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los cuales firmaron un comunicado en el que expusieron que “los derechos a manifestarse pacíficamente y a expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”.

 

 

  1. Modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

 

La Unión Progresista de Fiscales, preocupada por la elevada cifra sumergida de hechos que se cometen y no se denuncian por las víctimas de los delitos de odio y discriminación, tal y como ponen de manifiesto prestigiosos y reconocidos organismos internacionales como la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea, exige del Gobierno de España la urgente modificación de la legislación de extranjería a fin de que las personas extranjeras que carecen de permiso de residencia en nuestro país y que hayan sido víctimas de este tipo de delitos obtengan dicho permiso para residir en España y ello con el fin de que puedan sentirse más seguros, evitar el temor a una probable expulsión de territorio nacional si acuden a una comisaría a denunciar el delito del que han sido víctimas, facilitando con ello una mayor confianza en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y en Jueces y Fiscales  para denunciar hechos sufridos y favoreciendo así su eficaz persecución.

 

 

  1. Modelo de Fiscal de la U.P.F.

 

La UPF lamenta tener que reiterar la Conclusión aprobada hace dos años en el Congreso de Cádiz en relación a la modificación del sistema procesal penal atribuyendo a los fiscales la dirección de la investigación penal e insiste una vez más en la necesidad de realizar reformas legislativas que garanticen una configuración del Ministerio Fiscal español verdaderamente conforme a los principios y valores constitucionales, asegurando su autonomía orgánica y funcional, real y efectiva, y un papel en el proceso penal homologable al de los sistemas democráticos desarrollados de nuestro entorno.

 

 

POR UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE EN EUROPA

POR UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE EN EUROPA

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Por una justicia independiente en Europa

En el  aniversario del asesinato de Giovanni Falcone por la Mafia en 1992, MEDEL marca el día 23 de mayo como el día de la alerta por el estado de la Justicia en Europa. En esta fecha, se nos invita a reflexionar sobre la necesidad de una justicia independiente y eficaz en todo el continente y su importancia para la salvaguarda de las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos europeos.
En la última década,  muchos de los problemas  que han salido a la luz han llevado a una creciente desconfianza de los ciudadanos hacia el proyecto de integración europea: la crisis económica y financiera; la amenaza del  terrorismo; el fenómeno de la migración. A pesar de estos problemas, y de la decepcionante respuesta dada a los mismos por los gobiernos nacionales y las propias instituciones europeas pese al peligro que suponen para la integración,  cualquier análisis sobre estos temas demanda la existencia de un poder judicial independiente  capaz de proteger las libertades básicas y derechos de todos los ciudadanos.
Con la excusa de abordar el problema del insuficiente crecimiento económico, la Unión Europea y los Estados Unidos están negociando secretamente un acuerdo de libre comercio, según la cual, entre otras medidas, se está considerando la creación de sistema de resolución de conflictos ajeno al control judicial de los países. Esto supone equiparar a las corporaciones multinacionales al mismo nivel que los Estados soberanos, basado en la  errónea presunción de que los tribunales nacionales de los Estados miembros no pueden otorgar protección jurídica efectiva a los inversores extranjeros. 
Medel ( Magistrados europeos para la libertad y la democracia), en su comunicado emitido hoy mismo, afirma que no existe ninguna justificación objetiva o base jurídica para la creación de este nuevo  Tribunal y que todos los ciudadanos europeos deberían estar seriamente preocupados por esta propuesta. Un tribunal de arbitraje privado que reemplace a los tribunales de los Estados no puede establecerse mas que para  favorecer  los intereses de la codicia corporativa multinacional. Este tribunal concederá legalmente a las multinacionales diferentes privilegios; entre otros tendrán el de poder imponer sanciones a los Estados y, al mismo tiempo, no serán responsables ante los ciudadanos, al no tener que cumplir con las reglas del juego democrático y no afrontar las consecuencias sociales de sus decisiones .
La lucha contra el terrorismo, por otro lado, ha llevado a la adopción de medidas que ponen en peligro la libertad de los ciudadanos europeos sin que ello sea la panacea para resolver el problema de la seguridad. Como MEDEL subrayada en su declaración de Pisa de marzo pasado, la utilización de medidas excepcionales no puede convertirse en una excusa para prolongar los estados de emergencia, cuya vigencia ilimitada no puede ser vista como una situación normal en una sociedad democrática.
Añadimos a todo esto,  y en un intento de desviar la atención de la desastrosa respuesta de instituciones y los gobiernos europeos a la crisis de la migración,  que la UE ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno turco que  nos avergüenza a  todos. Y se ha formalizado olvidando intencionadamente que el gobierno Turco no respeta la separación de poderes y la independencia del poder judicial, como pone de manifiesto el traslado de jueces y fiscales sin  su consentimiento; la prisión y  y destitución de jueces y fiscales por realizar su trabajo y las propias declaraciones públicas contra los jueces realizadas por el Presidente turco.
Estos son sólo algunos ejemplos preocupantes de las amenazas a las que se  enfrenta el poder judicial en Europa. Hay muchas otras, algunas graves, como las inaceptables medidas adoptadas por el poder ejecutivo en el poder judicial en Polonia con la paralización del Tribunal Constitucional, o la interferencia de los servicios secretos en el poder judicial rumano.
En España, la Justicia, al igual que otros servicios públicos , ha sido maltratada por la crisis económica, sin que se ponga remedio por parte del poder político a una situación endémica de precariedad de medios , a una perdida progresiva de libertades y derechos sociales y políticos , a un proceso penal  insostenible su actual concepción, y a los intentos siempre perniciosos de socavar la independencia judicial.
En otras muchas ocasiones Medel ha recordado, que tener acceso a una justicia independiente no es un privilegio, es un derecho fundamental de todos los ciudadanos europeos. Los poderes económicos y políticos no pueden cruzar el último límite de la separación de poderes, el principio único que garantiza el respeto de los derechos y libertades fundamentales ; que todos los europeos, ciudadanos o instituciones, independientemente de su origen o de su situación económica, son iguales ante la ley.
No podemos permanecer pasivos mientras la independencia del poder judicial se está poniendo bajo amenaza en toda Europa, es un deber de la ciudadanía oponerse a todos estos  intentos de injerencia. Se lo debemos a la memoria de Giovanni Falcone. Se lo debemos al futuro de Europa.
Gualtiero Michelini. Presidente de Medel.
Joaquim Bosch Grau, Portavoz de Jueces Para La Democracia
Alvaro García  Ortiz. Presidente de la Unión Progresista de Fiscales.
PREMIO “JESÚS VICENTE CHAMORRO” 2016: PROACTIVA OPEN ARMS

PREMIO “JESÚS VICENTE CHAMORRO” 2016: PROACTIVA OPEN ARMS

Nuestro premio “JESÚS VICENTE CHAMORRO” 2016 tiene un destinatario admirable: PROACTIVA OPEN ARMS, una ONG de de socorristas de Badalona que se dedican a salvar vidas en el mar. Llevan meses en la isla de Lesbos (Grecia) proporcionando ayuda y asistencia humanitaria a los refugiados sirios.

https://www.proactivaopenarms.org/

PROACT

NOTA DE PRENSA tras comunicado Consejo Fiscal

NOTA DE PRENSA U.P.F.

La Unión Progresista de Fiscales se congratula del acuerdo al que ha llegado el Consejo Fiscal  sobre la aplicación dell art 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que ya ha sido ya difundido a los medios. La unanimidad del Consejo no es sino el reflejo del sentir de la Carrera Fiscal, y el resultado de una desastrosa forma de legislar, interpretar y ejecutar una norma. Ojalá hubiera alguna manera razonable y jurídicamente sostenible para salir de este callejón sin salida al que nos ha llevado la irresponsabilidad de quien ha legislado pensando en su rédito electoral y no en los ciudadanos, auténticos perjudicados de esta malograda reforma. Los fiscales seguiremos trabajando por que el daño a la justicia sea el menor posible.

COMUNICADO DEL CONSEJO FISCAL sobre los plazos de instrucción

COMUNICADO DEL CONSEJO FISCAL

 

1. El Consejo Fiscal valora y reconoce públicamente el enorme esfuerzo  desarrollado por los fiscales a lo largo de estos últimos meses, en condiciones muchas veces difíciles, revisando la tramitación de las causas, en cumplimiento  de lo establecido en el artículo 324 de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

2. El Consejo Fiscal considera que el problema surge por la falta de atribución definitiva de la investigación de los delitos al Ministerio Fiscal. La Ley de Enjuiciamiento criminal atribuye al titular del órgano jurisdiccional la dirección de la instrucción y al Letrado de la Administración de Justicia, el impulso y la custodia de los procedimientos. La actual tesitura no permite a los fiscales asumir con seguridad la parcela de responsabilidad que les corresponde en la tramitación en plazo de los procedimientos penales.

3. Considerando los medios actuales, los términos del artículo 324 resultan de difícil o imposible cumplimiento, máxime en ausencia de la prometida instrucción al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

4. Con la información disponible las fiscalías no pueden conocer el cambiante volumen de asuntos pendientes en los juzgados españoles, datos que sólo constan en cada uno de ellos de modo que no es posible asegurar con certeza que a 6 de junio se hayan revisado todas las causas en tramitación, ni que el control pueda seguir realizándose en el futuro de manera completa.

5. Solicitamos que se adopten las medidas adecuadas para corregir esta situación.

Consideraciones y propuesta sobre el cumplimiento del art.324 LECrim

CONSIDERACIONES Y PROPUESTA DE LA UPF PARA DISCUSIÓN Y PRONUNCIAMIENTO POR EL CONSEJO FISCAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ART. 324 LECRIM

 

 

En estas fechas nos parece oportuno trasladar formalmente al Consejo Fiscal y a la Fiscal General del Estado que el día 6 de junio los fiscales no estamos en condiciones de  garantizar la revisión de todas las causas y por lo tanto la correcta aplicación del contenido del  artículo 324 de la LECrim. Por este motivo planteamos introducir el presente escrito en el orden del día del Consejo Fiscal del 18 de mayo para su discusión y debate ante el órgano de representación de toda la carrera fiscal.

 

El cumplimento de los nuevos plazos de instrucción plantea varias cuestiones:

 

 

PRIMERA. Causas cuyo plazo de instrucción vence el 6 de junio de 2016.

 

  1. En todas las fiscalías se está haciendo un esfuerzo muy importante, independientemente de los resultados, para conseguir revisar el mayor número de causas posible. Este esfuerzo, que no aparece realmente reflejado en ninguna estadística, es difícil de visualizar desde los órganos centrales o, incluso, desde los puestos de coordinación o servicios especiales de algunas fiscalías, pero resulta patente y notorio para cualquier compañero que se encargue de la llevanza de un juzgado de instrucción.

 

La dedicación y empeño de muchos fiscales por intentar cumplir con la revisión de las causas es encomiable y debería ser objeto de elogio público tanto por la Fiscal General del Estado como por nuestros compañeros del Consejo Fiscal.

 

  1. Más pronto que tarde se nos recordará -o, incluso, reprochará- que no se han cumplido los objetivos de revisión, que no hemos conseguido revisar todas las causas penales en fase de instrucción antes del día 6 de junio. Por eso, porque no llegamos ni vamos a llegar, debemos prepararnos para anticipar a la sociedad, a los juzgados y a nosotros mismos que, pese al encomiable esfuerzo realizado -sin ninguna repercusión, por cierto, en el módulo variable de nuestro sueldo como es la productividad-, no podremos cumplir el objetivo pretendido.

 

Esta es la realidad que debemos afrontar. En las actuales condiciones y en la fecha en que nos hallamos no podemos escondernos detrás de cifras y estadísticas tan solo aparentes, y es que la tarea de proporcionar mensualmente a la Fiscalía General del Estado el número de procedimientos revisados está exenta de cualquier tipo de control, siendo su única y exclusiva finalidad mantener unos refuerzos de personal interino en muchas ocasiones profano en las funciones diarias de un fiscal y cuya voluntariosa participación poco o nada aporta a los fines para los que han sido nombrados, todo ello fruto de la lamentable escasez de fiscales sustitutos como consecuencia de una previa reforma legal criticada duramente por nuestra asociación. A lo anterior debemos sumar -en una parte no menor de los casos y pese a las promesas del Ministro de Justicia en funciones- la nula colaboración recibida por los letrados de la administración de justicia a quienes legalmente corresponde la obligación de controlar los términos judiciales. Como de igual manera debemos insistir en la carencia de unas herramientas informáticas que nos permitan conocer con exactitud el estado de todos los procedimientos, todo lo cual ha determinado las precarias condiciones -incluso para el buen nombre de la propia Institución- en que los fiscales hemos asumido la tarea de controlar los plazos de instrucción, personándonos físicamente en las oficinas judiciales y mendigando -literalmente- que los funcionarios de las oficinas judiciales nos faciliten sus expedientes para poder llevar a cabo el control exigido.

 

Es por todo ello que entendemos resulta preciso que por parte de la más alta instancia de la carrera fiscal se comunique anticipada y públicamente la imposibilidad de la Fiscalía de revisar todas las causas penales. Si no lo hacemos desde la propia institución y con antelación al día 6 de junio, de poco o nada van a servir nuestras quejas individuales cuando este reproche se reproduzca en cada uno de los procedimientos.

 

 

            SEGUNDA. Sobre los motivos que nos han llevado a esta situación.

 

  1. Desde la entrada en vigor de la Ley 41/2015 advertimos -de manera casi unánime- que llegaría la situación en que ahora nos hallamos; por tanto, no es momento ahora de repetir el “ya te lo dije”,  sino de analizar las razones o causas por las que no podemos garantizar que todos los procedimientos sean revisados.

 

La imposibilidad inicial de proporcionar una cifra concreta de las causas que era preciso revisar hacía no solo predecible sino inevitable esta situación. Así, no siendo capaces de conocer siquiera el número concreto de procedimientos en trámite, mal -muy mal- podríamos determinar el objeto concreto de nuestra actuación y la complejidad de la tarea.

 

Así, dependiendo de las fuentes de datos, el número de procedimientos a revisar variaba hasta en un arco de 200.000 causas. Esto puso de manifiesto otra cuestión ya sabida, pero no por ello menos obvia: el absoluto fracaso de la aplicación Fortuny como sistema de registro de la Fiscalía. Pero es más, ni siquiera las cifras del Consejo General del Poder Judicial o de los puntos neutros eran fiables para poder conocer la realidad.

 

En un sistema procesal como el que tenemos cualquier “foto fija” es una foto trucada o distorsionada, pues los procedimientos evolucionan, se sobreseen, se reabren o se inhiben, dando lugar a unos números y estadísticas difíciles de controlar. De ahí que no hayamos podido hacer nunca un cálculo real y que ahora no podamos tener un control efectivo del número de causas que nos quedan por revisar. De ello es -o debiera ser- consciente la Fiscalía General pues hay una enorme diferencia entre justificar el cumplimiento de objetivos ante el Ministerio y garantizar que los fiscales estemos en condiciones de revisar en tiempo todas las causas penales.

 

  1. Lamentamos profundamente lo poco que han ayudado al respecto las soluciones aportadas por la Circular 5/2015 de la Fiscalía General del Estado y es que de forma sorprendente (a la vista del informe del Consejo Fiscal y de la propia Secretaría Técnica sobre el proyecto de ley) prevé justificaciones y precedentes que nos conducen a una carga procesal que bien hubiera podido suavizar o relativizar en favor del trabajo y la responsabilidad de los fiscales. Baste como ejemplo para ilustrar la anterior afirmación la cita sacada de contexto que la citada Circular hace de la Instrucción 2/2008 de la Fiscalía General en la que literalmente se afirmaba que “el hecho de que no se le dé traslado de las actuaciones no puede esgrimirse como excusa para justificar la inactividad del fiscal, una vez remitido el correspondiente parte de incoación o una vez conozca por cualquier medio la existencia del procedimiento”. Esta Instrucción de 2008 no se refería, ni por asomo, a un supuesto parecido al establecido por el nuevo artículo 324 de la LECrim -que impone una carga procesal al fiscal sometida a un plazo-, sino al necesario control de las causas como labor genérica del fiscal y entre cuyas posibilidades de control estaría la intervención en las mismas aunque no se nos hubiera dado traslado o notificación alguna.

 

En definitiva, hubiera sido deseable que la Circular elaborada por la Fiscalía General hubiera contemplado otras posibilidades diferentes -que las había-, pues la definitivamente asumida multiplica nuestras obligaciones y responsabilidades en el control de los plazos y aumenta exponencialmente la carga de trabajo en muchas fiscalías ya de por sí excesiva.

 

  1. La situación actual también nos ha llevado a una delicada situación con el cuerpo de letrados de la administración de justicia -antes secretarios judiciales-. Desde este cuerpo de funcionarios se nos contempla como una “parte” ajena al funcionamiento de la administración de justicia y no se nos hace partícipes -pero sí responsables- de la tramitación y control de los procedimientos. Esta circunstancia no favorece la imprescindible colaboración con los juzgados, aun no prevista legalmente. Así, solo la cercanía y relación personal y, por supuesto, la profesionalidad de muchos letrados suavizan los rigores de la aplicación de la ley.

 

Sin embargo, el control efectivo de las causas requiere la colaboración, complicidad e implicación de los juzgados de instrucción. En muchas ocasiones comprobamos y sufrimos que no se produce esa necesaria participación; en algunos casos -como decimos- por ese distanciamiento o falta de comprensión de nuestro trabajo (algo de autocrítica tendremos también que hacer los fiscales), pero en otras ocasiones por circunstancias totalmente aleatorias pero inevitables en nuestra vida laboral, como pueden ser los concursos traslados, cambio de funcionarios, de letrados, de titulares de juzgados, interinidades, sustituciones, períodos de baja o simplemente vacaciones. La ley no ha previsto instrumentos legales para solucionar este importantísimo obstáculo y por ello la buena voluntad de los fiscales para el control de las causas no es suficiente para garantizar el objetivo que se nos ha encomendado.

 

  1. De nuevo vuelven a ponerse de manifiesto las carencias de la aplicación Fortuny, totalmente insuficiente para registrar la actividad de la Fiscalía, cuando mucho menos para controlar la actividad de los juzgados. Es por ello que la única manera de controlar y, a la vez, colaborar eficazmente con la justicia y cumplir nuestra misión legal y constitucional es compartir registro y tramitación con los órganos judiciales; este debería ser, y no otro ,el empeño de la Fiscalía.

 

  1. Podemos añadir otros factores adicionales, algunos coyunturales, como las propias fechas en las que nos encontramos, tradicionalmente de mucha carga de trabajo, o la proximidad del mes de agosto, (que no suspenderá el plazo) u otros endémicos, como la falta de motivación en las oficinas de fiscalía originada por el alto contenido repetitivo y burocrático de las dinámicas de trabajo. Factores externos, como la diferente repercusión que han tenido los remedios procesales que prometía la nueva legislación, Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, y concretamente el  art artículo 284 en la gestión de los delitos sin autor, que en determinados territorios no ha tenido el reflejo esperado  en la posibilidad del control de causas por la fiscalía. Y por ultimo la implantación de LEXNET, en territorio ministerio y en algunas comunidades autónomas, que ha traído de cabeza a los propios fiscales jefes y a las oficinas ,  complicando así la gestión de ambos obstáculos en el día a día del trabajo ordinario.

 

TERCERA. Sobre el control futuro de las causas en tramitación cuyos plazos de instrucción vencen progresivamente a partir del día 6 de junio.

 

  1. Además de lo señalado con anterioridad, existe otra circunstancia adicional perturbadora para la labor de los fiscales en su tarea asignada de control de plazos, y es que carecemos de instrumento o guía alguna para controlar las causas “vivas”. En cada fiscalía se sigue un sistema diferente, todos ellos manuales, sistemas de almacenamiento de carpetillas y acumulación de fotocopias -contrarios, por tanto, a la pretendida modernidad de la justicia que el actual Ministerio “vende” a la ciudadanía-. Se trata de una concepción, para nosotros equivocada, consistente en reproducir en los archivos de las fiscalías una copia completa de los archivos judiciales, algo que sería relativamente sencillo con un expediente electrónico que funcionase de forma óptima y no a modo de experimento como sucede con LEXNET en otros procedimientos.

 

  1. Argumentar que la última actualización de Fortuny permite el control temporal de causas sería muy relativo, pues solo permite el control de las causas ya registradas en fiscalía, no de todas las existentes en los juzgados, y se trataría de un control solo de números pues los fiscales debemos solicitar los procedimientos al juzgado para su efectiva revisión.

 

  1. ¿Qué ocurrirá en los casos en que el juzgado de instrucción no colabore? De nuevo la responsabilidad del control del plazo recaerá sobre el fiscal pues será, en definitiva, él a quien corresponderá acusar o solicitar el sobreseimiento, y será él sobre quien pesarán las consecuencias de no solicitar a tiempo las diligencias o la prórroga de las causas con la interpretación realizada por la Circular de la Fiscalía General.

 

Se nos podrá argumentar también que se están implantando mejoras, y es cierto, pero esas mejoras llegan tarde y se están ensayando en tiempo real, cuando las consecuencias de la aplicación de la ley se podrán visualizar en poco tiempo.

 

 

En conclusión, es momento de que reconozcamos públicamente el trabajo y voluntarioso esfuerzo desarrollado por los fiscales a lo largo de estos últimos meses y que, pese a ello y como repetidamente fue anticipado por el propio Consejo Fiscal en su informe sobre el proyecto de ley y por las asociaciones de fiscales y jueces, no será posible revisar todos los procedimientos en trámite y, por tanto, asegurar un control efectivo de todas y cada una de las causas, por lo que inevitablemente habrá que afrontar en cada uno de estos casos las consecuencias procesales que procedan.

                      

Secretariado UPF, 16 de mayo de 2016.