POR UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE EN EUROPA

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Por una justicia independiente en Europa

En el  aniversario del asesinato de Giovanni Falcone por la Mafia en 1992, MEDEL marca el día 23 de mayo como el día de la alerta por el estado de la Justicia en Europa. En esta fecha, se nos invita a reflexionar sobre la necesidad de una justicia independiente y eficaz en todo el continente y su importancia para la salvaguarda de las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos europeos.
En la última década,  muchos de los problemas  que han salido a la luz han llevado a una creciente desconfianza de los ciudadanos hacia el proyecto de integración europea: la crisis económica y financiera; la amenaza del  terrorismo; el fenómeno de la migración. A pesar de estos problemas, y de la decepcionante respuesta dada a los mismos por los gobiernos nacionales y las propias instituciones europeas pese al peligro que suponen para la integración,  cualquier análisis sobre estos temas demanda la existencia de un poder judicial independiente  capaz de proteger las libertades básicas y derechos de todos los ciudadanos.
Con la excusa de abordar el problema del insuficiente crecimiento económico, la Unión Europea y los Estados Unidos están negociando secretamente un acuerdo de libre comercio, según la cual, entre otras medidas, se está considerando la creación de sistema de resolución de conflictos ajeno al control judicial de los países. Esto supone equiparar a las corporaciones multinacionales al mismo nivel que los Estados soberanos, basado en la  errónea presunción de que los tribunales nacionales de los Estados miembros no pueden otorgar protección jurídica efectiva a los inversores extranjeros. 
Medel ( Magistrados europeos para la libertad y la democracia), en su comunicado emitido hoy mismo, afirma que no existe ninguna justificación objetiva o base jurídica para la creación de este nuevo  Tribunal y que todos los ciudadanos europeos deberían estar seriamente preocupados por esta propuesta. Un tribunal de arbitraje privado que reemplace a los tribunales de los Estados no puede establecerse mas que para  favorecer  los intereses de la codicia corporativa multinacional. Este tribunal concederá legalmente a las multinacionales diferentes privilegios; entre otros tendrán el de poder imponer sanciones a los Estados y, al mismo tiempo, no serán responsables ante los ciudadanos, al no tener que cumplir con las reglas del juego democrático y no afrontar las consecuencias sociales de sus decisiones .
La lucha contra el terrorismo, por otro lado, ha llevado a la adopción de medidas que ponen en peligro la libertad de los ciudadanos europeos sin que ello sea la panacea para resolver el problema de la seguridad. Como MEDEL subrayada en su declaración de Pisa de marzo pasado, la utilización de medidas excepcionales no puede convertirse en una excusa para prolongar los estados de emergencia, cuya vigencia ilimitada no puede ser vista como una situación normal en una sociedad democrática.
Añadimos a todo esto,  y en un intento de desviar la atención de la desastrosa respuesta de instituciones y los gobiernos europeos a la crisis de la migración,  que la UE ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno turco que  nos avergüenza a  todos. Y se ha formalizado olvidando intencionadamente que el gobierno Turco no respeta la separación de poderes y la independencia del poder judicial, como pone de manifiesto el traslado de jueces y fiscales sin  su consentimiento; la prisión y  y destitución de jueces y fiscales por realizar su trabajo y las propias declaraciones públicas contra los jueces realizadas por el Presidente turco.
Estos son sólo algunos ejemplos preocupantes de las amenazas a las que se  enfrenta el poder judicial en Europa. Hay muchas otras, algunas graves, como las inaceptables medidas adoptadas por el poder ejecutivo en el poder judicial en Polonia con la paralización del Tribunal Constitucional, o la interferencia de los servicios secretos en el poder judicial rumano.
En España, la Justicia, al igual que otros servicios públicos , ha sido maltratada por la crisis económica, sin que se ponga remedio por parte del poder político a una situación endémica de precariedad de medios , a una perdida progresiva de libertades y derechos sociales y políticos , a un proceso penal  insostenible su actual concepción, y a los intentos siempre perniciosos de socavar la independencia judicial.
En otras muchas ocasiones Medel ha recordado, que tener acceso a una justicia independiente no es un privilegio, es un derecho fundamental de todos los ciudadanos europeos. Los poderes económicos y políticos no pueden cruzar el último límite de la separación de poderes, el principio único que garantiza el respeto de los derechos y libertades fundamentales ; que todos los europeos, ciudadanos o instituciones, independientemente de su origen o de su situación económica, son iguales ante la ley.
No podemos permanecer pasivos mientras la independencia del poder judicial se está poniendo bajo amenaza en toda Europa, es un deber de la ciudadanía oponerse a todos estos  intentos de injerencia. Se lo debemos a la memoria de Giovanni Falcone. Se lo debemos al futuro de Europa.
Gualtiero Michelini. Presidente de Medel.
Joaquim Bosch Grau, Portavoz de Jueces Para La Democracia
Alvaro García  Ortiz. Presidente de la Unión Progresista de Fiscales.
PREMIO “JESÚS VICENTE CHAMORRO” 2016: PROACTIVA OPEN ARMS

PREMIO “JESÚS VICENTE CHAMORRO” 2016: PROACTIVA OPEN ARMS

Nuestro premio “JESÚS VICENTE CHAMORRO” 2016 tiene un destinatario admirable: PROACTIVA OPEN ARMS, una ONG de de socorristas de Badalona que se dedican a salvar vidas en el mar. Llevan meses en la isla de Lesbos (Grecia) proporcionando ayuda y asistencia humanitaria a los refugiados sirios.

https://www.proactivaopenarms.org/

PROACT

NOTA DE PRENSA tras comunicado Consejo Fiscal

NOTA DE PRENSA U.P.F.

La Unión Progresista de Fiscales se congratula del acuerdo al que ha llegado el Consejo Fiscal  sobre la aplicación dell art 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que ya ha sido ya difundido a los medios. La unanimidad del Consejo no es sino el reflejo del sentir de la Carrera Fiscal, y el resultado de una desastrosa forma de legislar, interpretar y ejecutar una norma. Ojalá hubiera alguna manera razonable y jurídicamente sostenible para salir de este callejón sin salida al que nos ha llevado la irresponsabilidad de quien ha legislado pensando en su rédito electoral y no en los ciudadanos, auténticos perjudicados de esta malograda reforma. Los fiscales seguiremos trabajando por que el daño a la justicia sea el menor posible.

COMUNICADO DEL CONSEJO FISCAL sobre los plazos de instrucción

COMUNICADO DEL CONSEJO FISCAL

 

1. El Consejo Fiscal valora y reconoce públicamente el enorme esfuerzo  desarrollado por los fiscales a lo largo de estos últimos meses, en condiciones muchas veces difíciles, revisando la tramitación de las causas, en cumplimiento  de lo establecido en el artículo 324 de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

2. El Consejo Fiscal considera que el problema surge por la falta de atribución definitiva de la investigación de los delitos al Ministerio Fiscal. La Ley de Enjuiciamiento criminal atribuye al titular del órgano jurisdiccional la dirección de la instrucción y al Letrado de la Administración de Justicia, el impulso y la custodia de los procedimientos. La actual tesitura no permite a los fiscales asumir con seguridad la parcela de responsabilidad que les corresponde en la tramitación en plazo de los procedimientos penales.

3. Considerando los medios actuales, los términos del artículo 324 resultan de difícil o imposible cumplimiento, máxime en ausencia de la prometida instrucción al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

4. Con la información disponible las fiscalías no pueden conocer el cambiante volumen de asuntos pendientes en los juzgados españoles, datos que sólo constan en cada uno de ellos de modo que no es posible asegurar con certeza que a 6 de junio se hayan revisado todas las causas en tramitación, ni que el control pueda seguir realizándose en el futuro de manera completa.

5. Solicitamos que se adopten las medidas adecuadas para corregir esta situación.

Consideraciones y propuesta sobre el cumplimiento del art.324 LECrim

CONSIDERACIONES Y PROPUESTA DE LA UPF PARA DISCUSIÓN Y PRONUNCIAMIENTO POR EL CONSEJO FISCAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ART. 324 LECRIM

 

 

En estas fechas nos parece oportuno trasladar formalmente al Consejo Fiscal y a la Fiscal General del Estado que el día 6 de junio los fiscales no estamos en condiciones de  garantizar la revisión de todas las causas y por lo tanto la correcta aplicación del contenido del  artículo 324 de la LECrim. Por este motivo planteamos introducir el presente escrito en el orden del día del Consejo Fiscal del 18 de mayo para su discusión y debate ante el órgano de representación de toda la carrera fiscal.

 

El cumplimento de los nuevos plazos de instrucción plantea varias cuestiones:

 

 

PRIMERA. Causas cuyo plazo de instrucción vence el 6 de junio de 2016.

 

  1. En todas las fiscalías se está haciendo un esfuerzo muy importante, independientemente de los resultados, para conseguir revisar el mayor número de causas posible. Este esfuerzo, que no aparece realmente reflejado en ninguna estadística, es difícil de visualizar desde los órganos centrales o, incluso, desde los puestos de coordinación o servicios especiales de algunas fiscalías, pero resulta patente y notorio para cualquier compañero que se encargue de la llevanza de un juzgado de instrucción.

 

La dedicación y empeño de muchos fiscales por intentar cumplir con la revisión de las causas es encomiable y debería ser objeto de elogio público tanto por la Fiscal General del Estado como por nuestros compañeros del Consejo Fiscal.

 

  1. Más pronto que tarde se nos recordará -o, incluso, reprochará- que no se han cumplido los objetivos de revisión, que no hemos conseguido revisar todas las causas penales en fase de instrucción antes del día 6 de junio. Por eso, porque no llegamos ni vamos a llegar, debemos prepararnos para anticipar a la sociedad, a los juzgados y a nosotros mismos que, pese al encomiable esfuerzo realizado -sin ninguna repercusión, por cierto, en el módulo variable de nuestro sueldo como es la productividad-, no podremos cumplir el objetivo pretendido.

 

Esta es la realidad que debemos afrontar. En las actuales condiciones y en la fecha en que nos hallamos no podemos escondernos detrás de cifras y estadísticas tan solo aparentes, y es que la tarea de proporcionar mensualmente a la Fiscalía General del Estado el número de procedimientos revisados está exenta de cualquier tipo de control, siendo su única y exclusiva finalidad mantener unos refuerzos de personal interino en muchas ocasiones profano en las funciones diarias de un fiscal y cuya voluntariosa participación poco o nada aporta a los fines para los que han sido nombrados, todo ello fruto de la lamentable escasez de fiscales sustitutos como consecuencia de una previa reforma legal criticada duramente por nuestra asociación. A lo anterior debemos sumar -en una parte no menor de los casos y pese a las promesas del Ministro de Justicia en funciones- la nula colaboración recibida por los letrados de la administración de justicia a quienes legalmente corresponde la obligación de controlar los términos judiciales. Como de igual manera debemos insistir en la carencia de unas herramientas informáticas que nos permitan conocer con exactitud el estado de todos los procedimientos, todo lo cual ha determinado las precarias condiciones -incluso para el buen nombre de la propia Institución- en que los fiscales hemos asumido la tarea de controlar los plazos de instrucción, personándonos físicamente en las oficinas judiciales y mendigando -literalmente- que los funcionarios de las oficinas judiciales nos faciliten sus expedientes para poder llevar a cabo el control exigido.

 

Es por todo ello que entendemos resulta preciso que por parte de la más alta instancia de la carrera fiscal se comunique anticipada y públicamente la imposibilidad de la Fiscalía de revisar todas las causas penales. Si no lo hacemos desde la propia institución y con antelación al día 6 de junio, de poco o nada van a servir nuestras quejas individuales cuando este reproche se reproduzca en cada uno de los procedimientos.

 

 

            SEGUNDA. Sobre los motivos que nos han llevado a esta situación.

 

  1. Desde la entrada en vigor de la Ley 41/2015 advertimos -de manera casi unánime- que llegaría la situación en que ahora nos hallamos; por tanto, no es momento ahora de repetir el “ya te lo dije”,  sino de analizar las razones o causas por las que no podemos garantizar que todos los procedimientos sean revisados.

 

La imposibilidad inicial de proporcionar una cifra concreta de las causas que era preciso revisar hacía no solo predecible sino inevitable esta situación. Así, no siendo capaces de conocer siquiera el número concreto de procedimientos en trámite, mal -muy mal- podríamos determinar el objeto concreto de nuestra actuación y la complejidad de la tarea.

 

Así, dependiendo de las fuentes de datos, el número de procedimientos a revisar variaba hasta en un arco de 200.000 causas. Esto puso de manifiesto otra cuestión ya sabida, pero no por ello menos obvia: el absoluto fracaso de la aplicación Fortuny como sistema de registro de la Fiscalía. Pero es más, ni siquiera las cifras del Consejo General del Poder Judicial o de los puntos neutros eran fiables para poder conocer la realidad.

 

En un sistema procesal como el que tenemos cualquier “foto fija” es una foto trucada o distorsionada, pues los procedimientos evolucionan, se sobreseen, se reabren o se inhiben, dando lugar a unos números y estadísticas difíciles de controlar. De ahí que no hayamos podido hacer nunca un cálculo real y que ahora no podamos tener un control efectivo del número de causas que nos quedan por revisar. De ello es -o debiera ser- consciente la Fiscalía General pues hay una enorme diferencia entre justificar el cumplimiento de objetivos ante el Ministerio y garantizar que los fiscales estemos en condiciones de revisar en tiempo todas las causas penales.

 

  1. Lamentamos profundamente lo poco que han ayudado al respecto las soluciones aportadas por la Circular 5/2015 de la Fiscalía General del Estado y es que de forma sorprendente (a la vista del informe del Consejo Fiscal y de la propia Secretaría Técnica sobre el proyecto de ley) prevé justificaciones y precedentes que nos conducen a una carga procesal que bien hubiera podido suavizar o relativizar en favor del trabajo y la responsabilidad de los fiscales. Baste como ejemplo para ilustrar la anterior afirmación la cita sacada de contexto que la citada Circular hace de la Instrucción 2/2008 de la Fiscalía General en la que literalmente se afirmaba que “el hecho de que no se le dé traslado de las actuaciones no puede esgrimirse como excusa para justificar la inactividad del fiscal, una vez remitido el correspondiente parte de incoación o una vez conozca por cualquier medio la existencia del procedimiento”. Esta Instrucción de 2008 no se refería, ni por asomo, a un supuesto parecido al establecido por el nuevo artículo 324 de la LECrim -que impone una carga procesal al fiscal sometida a un plazo-, sino al necesario control de las causas como labor genérica del fiscal y entre cuyas posibilidades de control estaría la intervención en las mismas aunque no se nos hubiera dado traslado o notificación alguna.

 

En definitiva, hubiera sido deseable que la Circular elaborada por la Fiscalía General hubiera contemplado otras posibilidades diferentes -que las había-, pues la definitivamente asumida multiplica nuestras obligaciones y responsabilidades en el control de los plazos y aumenta exponencialmente la carga de trabajo en muchas fiscalías ya de por sí excesiva.

 

  1. La situación actual también nos ha llevado a una delicada situación con el cuerpo de letrados de la administración de justicia -antes secretarios judiciales-. Desde este cuerpo de funcionarios se nos contempla como una “parte” ajena al funcionamiento de la administración de justicia y no se nos hace partícipes -pero sí responsables- de la tramitación y control de los procedimientos. Esta circunstancia no favorece la imprescindible colaboración con los juzgados, aun no prevista legalmente. Así, solo la cercanía y relación personal y, por supuesto, la profesionalidad de muchos letrados suavizan los rigores de la aplicación de la ley.

 

Sin embargo, el control efectivo de las causas requiere la colaboración, complicidad e implicación de los juzgados de instrucción. En muchas ocasiones comprobamos y sufrimos que no se produce esa necesaria participación; en algunos casos -como decimos- por ese distanciamiento o falta de comprensión de nuestro trabajo (algo de autocrítica tendremos también que hacer los fiscales), pero en otras ocasiones por circunstancias totalmente aleatorias pero inevitables en nuestra vida laboral, como pueden ser los concursos traslados, cambio de funcionarios, de letrados, de titulares de juzgados, interinidades, sustituciones, períodos de baja o simplemente vacaciones. La ley no ha previsto instrumentos legales para solucionar este importantísimo obstáculo y por ello la buena voluntad de los fiscales para el control de las causas no es suficiente para garantizar el objetivo que se nos ha encomendado.

 

  1. De nuevo vuelven a ponerse de manifiesto las carencias de la aplicación Fortuny, totalmente insuficiente para registrar la actividad de la Fiscalía, cuando mucho menos para controlar la actividad de los juzgados. Es por ello que la única manera de controlar y, a la vez, colaborar eficazmente con la justicia y cumplir nuestra misión legal y constitucional es compartir registro y tramitación con los órganos judiciales; este debería ser, y no otro ,el empeño de la Fiscalía.

 

  1. Podemos añadir otros factores adicionales, algunos coyunturales, como las propias fechas en las que nos encontramos, tradicionalmente de mucha carga de trabajo, o la proximidad del mes de agosto, (que no suspenderá el plazo) u otros endémicos, como la falta de motivación en las oficinas de fiscalía originada por el alto contenido repetitivo y burocrático de las dinámicas de trabajo. Factores externos, como la diferente repercusión que han tenido los remedios procesales que prometía la nueva legislación, Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, y concretamente el  art artículo 284 en la gestión de los delitos sin autor, que en determinados territorios no ha tenido el reflejo esperado  en la posibilidad del control de causas por la fiscalía. Y por ultimo la implantación de LEXNET, en territorio ministerio y en algunas comunidades autónomas, que ha traído de cabeza a los propios fiscales jefes y a las oficinas ,  complicando así la gestión de ambos obstáculos en el día a día del trabajo ordinario.

 

TERCERA. Sobre el control futuro de las causas en tramitación cuyos plazos de instrucción vencen progresivamente a partir del día 6 de junio.

 

  1. Además de lo señalado con anterioridad, existe otra circunstancia adicional perturbadora para la labor de los fiscales en su tarea asignada de control de plazos, y es que carecemos de instrumento o guía alguna para controlar las causas “vivas”. En cada fiscalía se sigue un sistema diferente, todos ellos manuales, sistemas de almacenamiento de carpetillas y acumulación de fotocopias -contrarios, por tanto, a la pretendida modernidad de la justicia que el actual Ministerio “vende” a la ciudadanía-. Se trata de una concepción, para nosotros equivocada, consistente en reproducir en los archivos de las fiscalías una copia completa de los archivos judiciales, algo que sería relativamente sencillo con un expediente electrónico que funcionase de forma óptima y no a modo de experimento como sucede con LEXNET en otros procedimientos.

 

  1. Argumentar que la última actualización de Fortuny permite el control temporal de causas sería muy relativo, pues solo permite el control de las causas ya registradas en fiscalía, no de todas las existentes en los juzgados, y se trataría de un control solo de números pues los fiscales debemos solicitar los procedimientos al juzgado para su efectiva revisión.

 

  1. ¿Qué ocurrirá en los casos en que el juzgado de instrucción no colabore? De nuevo la responsabilidad del control del plazo recaerá sobre el fiscal pues será, en definitiva, él a quien corresponderá acusar o solicitar el sobreseimiento, y será él sobre quien pesarán las consecuencias de no solicitar a tiempo las diligencias o la prórroga de las causas con la interpretación realizada por la Circular de la Fiscalía General.

 

Se nos podrá argumentar también que se están implantando mejoras, y es cierto, pero esas mejoras llegan tarde y se están ensayando en tiempo real, cuando las consecuencias de la aplicación de la ley se podrán visualizar en poco tiempo.

 

 

En conclusión, es momento de que reconozcamos públicamente el trabajo y voluntarioso esfuerzo desarrollado por los fiscales a lo largo de estos últimos meses y que, pese a ello y como repetidamente fue anticipado por el propio Consejo Fiscal en su informe sobre el proyecto de ley y por las asociaciones de fiscales y jueces, no será posible revisar todos los procedimientos en trámite y, por tanto, asegurar un control efectivo de todas y cada una de las causas, por lo que inevitablemente habrá que afrontar en cada uno de estos casos las consecuencias procesales que procedan.

                      

Secretariado UPF, 16 de mayo de 2016.

COMUNICADO U.P.F. Día Internacional de la Mujer

Desde la Unión Progresista de Fiscales queremos unirnos a la celebración del Día Internacional de la Mujer recordando la necesidad de seguir luchando por la igualdad real y efectiva de las mujeres en todos los ámbitos de la convivencia social.

Se hace imprescindible remarcar el retroceso que en materia de igualdad de género hemos venido sufriendo en nuestro país en los últimos años, especialmente desde el inicio de la crisis económica, lo que nos ha valido el suspenso en el último informe del CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer).

En materia laboral, a título de ejemplo, asistimos a un constante aumento de la brecha salarial entre hombres y mujeres, que ha pasado a situarse en el 24%, el porcentaje más alto de los últimos cinco años. Recordemos también que el 70% de los contratados a tiempo parcial en España son mujeres, lo que ha de ponerse necesariamente en relación con la muy distinta dedicación a las labores domésticas y de cuidado de menores y dependientes no remuneradas, ya que de media se estima una dedicación mensual de 9 horas en los hombres frente a 26 horas en las mujeres.

Resulta imprescindible, así, retomar las acciones precisas a fin de combatir los estereotipos de género desde su origen mismo, muy especialmente a través de la educación y la formación en la materia, alcanzar la efectiva paridad en el ámbito laboral y social y garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres.

Sin embargo, el reto más acuciante sin duda sigue siendo la lucha contra la violencia de género que en su manifestación más grave, el asesinato, nos trae la vergonzosa y desesperante cifra de 1.054 mujeres asesinadas por violencia machista desde 1999, 11 de ellas tan sólo en los dos primeros meses de este año. Se hace precisa cada vez más y con mayor urgencia la adopción de los medios necesarios para la implementación de la Ley Integral y una adecuada dotación presupuestaria para ello, puesto que las partidas destinadas a la actuación contra la violencia de género se han visto reducidas en un 21% desde el año 2011.

La igualdad de la mujer y la lucha contra la violencia machista es un asunto de Estado y así entendemos que debe ser tratado.

En un día como hoy, muy especialmente, echamos de menos la presencia personal e institucional de nuestra compañera Soledad Cazorla y su labor al frente de la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer.

 

Santiago, a 8 de marzo de 2016

Secretariado Permanente de la U.P.F.

COMUNICADO conjunto sobre día de libranza tras la guardia

Queridos/as compañeros/as,

 

Las tres asociaciones de fiscales -Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales queremos informaros conjuntamente sobre la reclamación de indemnizaciones derivadas del trabajo realizado el día siguiente al de guardia, esto es, del que hemos venido llamando día de libranza, previsto en el artículo 54 del Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, introducido en virtud de Acuerdo de 15 de octubre de 2013 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

 

A principios del año pasado se iniciaron una serie de contactos entre las tres asociaciones con la idea de transmitir una opinión conjunta a la carrera en un tema que nos afecta a todos. Finalmente, se acordó que un compañero de la Asociación de Fiscales realizaría una reclamación para que posteriormente el resto de fiscales pudieran pedir la extensión de efectos de una eventual respuesta afirmativa, dicho procedimiento se encuentra aún en fase administrativa, al no haberse pronunciado la Administración.

 

Como ya sabréis, las sentencias núm. 10/2015 y 112/2014 de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 y 5, respectivamente, de la Audiencia Nacional han reconocido el derecho de dos jueces a recibir una indemnización tras realizar guardias de ocho días sin derecho de descanso posterior.

 

Asimismo, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado recientemente -sentencia de fecha 8 de febrero de 2016- el recurso de casación en interés de ley interpuesto por la Abogacía del Estado contra la primera de las sentencias antedichas, impugnación que pretendía impedir la extensión de efectos de la resolución confirmada o la interposición de nuevos recursos con idéntica pretensión, confirmando de esta manera el Alto Tribunal el derecho al cobro de los días de libranza no disfrutados. Este pronunciamiento nos lleva a considerar la oportunidad de que todos los fiscales reclamen en vía administrativa dicha indemnización.

 

Al amparo del artículo 110 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, un buen número de jueces y magistrados han solicitado ya la extensión de efectos de la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional con un sencillo formulario. En nuestro caso, el de los fiscales, tenemos también la posibilidad de explorar esta vía, si bien no resultará sencillo conseguir esa extensión de efectos por cuanto parece discutible que los fiscales se hallen en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo, es decir, los jueces.

 

A la vista de la situación actual, lo que parece ineludible es que debemos realizar cuanto antes la reclamación administrativa previa toda vez que el artículo 25 de la Ley General Presupuestaria prevé un plazo de prescripción de cuatro años del derecho a exigir el pago de obligaciones ya reconocidas. Es decir, cuanto antes hagamos la reclamación administrativa, menos días salientes de guardia por indemnizar perderemos. Y es que debemos tener en cuenta que el período de reclamación tiene como dies ad quem el 29 de octubre de 2013, fecha de entrada en vigor del Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial que reconoció el derecho de descanso tras la guardia, trasponiendo así en nuestro ordenamiento la Directiva 2003/88 CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre.

 

Una vez presentada la reclamación en vía administrativa, si ésta es desestimada por la Administración, tendremos dos meses para presentar el correspondiente recurso contencioso-administrativo, que se iniciará mediante demanda al tratarse de un procedimiento abreviado. En caso contrario, es decir, si nos encontramos ante un silencio administrativo, no tendremos que sujetarnos a plazo alguno para interponer recurso ante la jurisdicción contenciosoadministrativa, conforme a la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en fecha 10 de abril de 2014.

 

Por ello es importante recordar que si hay resolución expresa denegando, eso abre la vía contenciosa y por lo tanto, comienza a correr el plazo para interponer el recurso, con lo que, el que estando en esta situación dejara transcurrir dicho plazo sin recurrir, se puede entender que consiente el acto, es decir, que perdería su derecho.

 

Esto quiere decir, que si la administración no contesta a nuestra reclamación, nada perdemos, pero si lo hace en sentido negativo, estamos obligados a interponer recurso Contencioso- Administrativo contra esa resolución.

 

Asimismo, debemos destacar que, conforme al artículo 23.3 de la Ley 29/1998 -introducido por la reciente Ley 42/2015, de 5 de octubre-, podremos comparecer en el procedimiento contencioso-administrativo sin necesidad de representación procesal y asistencia letrada.

 

Debemos destacar que las reclamaciones de haberes -en doscientos (200) euros ha sido valorado el día de privación de descanso- son reclamaciones individuales, no colectivas; por ello, las asociaciones no podemos interponer una demanda colectiva por todos los fiscales o por todos sus asociados, sino que nos limitamos a informar lo que entendemos puede ser beneficioso para todos los compañeros, dejando claro que la decisión de reclamar es una decisión que cada fiscal debe asumir individualmente.

 

Pondremos a vuestra disposición un modelo para que los compañeros que así lo deseen puedan solicitar o reclamar en vía administrativa. Sin embargo, queremos advertir que este modelo es un simple formulario elaborado por nosotros y que la decisión de utilizarlo y, por consiguiente, emprender el camino que os hemos apuntado es responsabilidad individual de cada fiscal.

 

Aunque todo es discutible, recomendamos que se reclame la indemnización de las guardias semanales de 8 días de permanencia, idéntico supuesto al reconocido a los jueces, y también las guardias semanales de disponibilidad, las guardias de 24 horas (menos Madrid y Barcelona), así como todas las de menores, sean de disponibilidad o permanencia.

COMUNICADO sobre aplicación del sistema de plazos e implantación de LEXNET

Tras poco más de dos meses desde la entrada en vigor del nuevo sistema de plazos de instrucción, la Unión Progresista de Fiscales vuelve a alzar la voz para criticar públicamente la situación en que se encuentran actualmente los miembros de la carrera fiscal en una suerte de enloquecedora revisión generalizada de todas las causas penales en trámite.
 
Desde nuestra asociación seguimos insistiendo en que los fiscales no podemos garantizar un control efectivo de todos y cada uno de los procedimientos penales ante la carencia de herramientas informáticas automatizadas y, lo que incluso resulta más preocupante, la ausencia de unos criterios uniformes de la Fiscalía General del Estado que permitan una actuación homogénea en todas las Fiscalías.
 
A la vista del abrumador rechazo al sistema actual de plazos, el Ministerio de Justicia optó por dotar provisionalmente a la Fiscalía de ochenta plazas de personal interino, trasladando así a la opinión pública que ese refuerzo en la plantilla corregiría las deficiencias de un sistema de plazos como el implantado. Pues bien, afirmamos que esa dotación de medios personales no ha resuelto el problema generado por una extravagante reforma legal, y es que en muchos casos las Fiscalías han debido acudir a la contratación de personal interino profano o escasamente cualificado para el ejercicio de las funciones diarias de un fiscal, debido en buena parte a la merma de las bolsas de sustitutos como consecuencia de la supresión por este mismo Ministerio de un sistema de sustituciones externas a todas luces imprescindible. Pero es más, esa gratuita asignación ministerial no resuelve el problema en el caso de bajas, licencias, permisos, vacaciones o cambios de lote de trabajo de los fiscales titulares, cuya sola y única voluntariedad e inversión de tiempo no remunerado colma las nuevas exigencias legales y suple las endémicas carencias de nuestra carrera.
 
Asimismo, la U.P.F. censura el tratamiento dispensado a los fiscales por el Ministerio de Justicia, que en lugar de tratar al Ministerio Fiscal como un órgano con personalidad jurídica propia integrado en el Poder Judicial con autonomía funcional, nos confunde con un cuerpo de la Administración General del Estado, con una pieza más de su Ministerio, sometiendo a las Fiscalías “agraciadas” con la provisión de personal de refuerzo a un control mensual de los procedimientos penales revisados, a una absurda “inspección de kilometraje”, e imponiendo a los fiscales la elaboración de inoperantes estadísticas, de cargas burocráticas impropias de nuestra función cuasi jurisdiccional con la sola finalidad de acreditar el cumplimiento de unos objetivos -desconocidos, por cierto- que prorroguen esa dotación de personal, labores para las que ya están previstos estatutariamente determinados órganos de la Fiscalía General.
 
Finalmente, la Unión Progresista de Fiscales solicita de manera formal la suspensión de la aplicación del sistema de LEXNET en las Fiscalías, no porque estemos en contra de los avances tecnológicos, sino porque su implantación parece responder más a las demandas de los proveedores informáticos que a las necesidades de la justicia. Y es que se está acometiendo una reforma en nuestra forma de trabajo de manera apresurada e improvisada con los fines exclusivamente publicitarios de vender el logro del “papel cero” en los juzgados. Un bonito eslogan lejos de la realidad. Su implantación se realiza con una deficiente formación de fiscales y funcionarios, sin firma electrónica, permitiendo el acceso a los datos personales de fiscales y funcionarios en los envíos y, sobre todo, sin tener la seguridad de que se garantiza la confidencialidad de todos los datos judiciales.
No entendemos que no se haya realizado una auditoría o evaluación mesurada sobre su implantación en estos meses, al contrario, todo se ha hecho con prisas y de manera improvisada. Pero, sobre todo, estamos sometiendo a los ciudadanos a retrasos en sus procedimientos, pues ellos son los conejillos de indias de esta implantación que naufraga entre caídas del sistema y posibles pérdidas de datos que inciden directamente en los procedimientos y en los derechos de las personas.
En definitiva, la Justicia, lejos de mejorar en calidad, eficacia y rapidez como sería de desear en la era de la información, se ve sometida de nuevo a un desafortunado retroceso por la mala gestión de medios y la precaria capacidad organizativa de quienes no han sido capaces de diseñar un servicio público como el ciudadano se merece.