MODELO RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA DESCANSO 11 HORAS

D/Dña. ……..……., Fiscal de segunda/tercera categoría, destinado en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma/ Provincial/ de Área/ Sección Territorial de ……..…., con DNI núm. …..……. y con domicilio a efectos de notificaciones en la citada Fiscalía, sita en la …………..

 

EXPONGO:

1º. Que desde el día (fecha cuatro años anterior a la presentación de la reclamación) hasta la fecha de la presente reclamación he venido realizando en mi cometido profesional guardias de ocho días ininterrumpidos.

 

2º. Que en las guardias de permanencia/disponibilidad realizadas hasta la fecha no me han sido reconocidas 11 horas de descanso diario consecutivas en el curso de cada período de 24 horas, pese a que el artículo 5 de la Directiva 2003/88 CE reconoce que “los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores disfruten, por cada período de siete días, de un período mínimo de descanso ininterrumpido de 24 horas, a las que se añadirán las 11 horas de descanso diario establecidas en el artículo 3”. Por su parte, el artículo 3 de la citada Directiva comunitaria dispone que “los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores disfruten de un período mínimo de descanso diario de 11 horas consecutivas en el curso de cada período de 24 horas”.

 

3º. El Acuerdo de 15 de octubre de 2013 por el que se modifica el Reglamento 1/2005 sobre Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales no regula el derecho al descanso diario de 11 horas consecutivas en el curso de cada período de 24 horas de guardia.

 

4º. La Directiva Comunitaria 2003/88 CE, de 4 de noviembre de 2003, es de directa aplicación en el ordenamiento jurídico interno, en tanto que conforme a su Artículo 27 y al Anexo I, parte B), ha transcurrido sobradamente ya el plazo para su transposición a nuestro ordenamiento jurídico.

 

5º. La sentencia firme núm. 36/2016 dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo núm. 3 de la Audiencia Nacional, recaída en el Procedimiento Abreviado núm. 165/2016, ha reconocido a favor de una Magistrada recurrente el derecho a una indemnización en compensación por las horas de descanso adicionales no disfrutadas durante las guardias de ocho días prestadas.

 

6º. Es por ello que, no habiendo podido disfrutar del legítimo derecho al descanso diario de 11 horas consecutivas en los períodos de guardias de ocho días realizados durante los cuatro años anteriores al presente escrito, reclamo de la Administración la indemnización correspondiente.

 

7º. A los efectos de determinar la cantidad concreta en función del número de guardias realizadas, siendo el órgano al que me dirijo la entidad pagadora que posee la acreditación de las mismas y en base a las cuales ya procedió a su remuneración ordinaria, solicito se tenga por realizada la acreditación de las guardias prestadas durante los últimos cuatro años y, en todo caso, que por dicho órgano se concrete el número de guardias y la cuantía indemnizatoria que me corresponde.

 

Por lo tanto, SUPLICO del Ministerio de Justicia la estimación de la presente reclamación administrativa y la correspondiente indemnización por las horas de descanso no disfrutadas durante los servicios de guardia realizados hasta la fecha de presentación de este escrito.

 

 

En ………., a ……………… de 2017

 

Fdo. …………….

 

EXCMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

CARTA de la UPF en relación con los recientes oficios remitidos por la F.G.E.

Con esta carta la Unión Progresista de Fiscales quiere poner de manifiesto el sentir de una parte importante de la plantilla de los fiscales de este país. No pretende ésta ser de lamento o de queja, sino que intenta trasladar a los órganos centrales de nuestra institución lo que aparenta ser para ellos lejano y ajeno.

Los planes de la Fiscalía General del Estado para el control de los procedimientos han causado un profundo malestar en la carrera, no solo en buena parte de la plantilla -sobre la que recae la mayor carga de trabajo-, sino también entre aquéllos que desde Fortuny denominan mandos intermedios y, cómo no, también en algunas jefaturas. Un importante número de compañeros manifiestan a quienes formamos parte de las asociaciones su honda decepción y su enojo.

La recepción el día de ayer de los oficios procedentes de la Inspección Fiscal y la Unidad de Apoyo en relación con el plan de control de las causas en tramitación en los juzgados a los efectos del art. 324 LECrim ha precipitado una corriente de frustración y rechazo al programa de actuación que tales oficios recogen. La previsión de que sean revisadas semanalmente “al menos” 25 causas por juzgado revela el lamentable desconocimiento de la Fiscalía General de la organización del trabajo en las distintas Fiscalías por cuanto que -parece que así lo debemos recordar- los fiscales deberán seguir atendiendo sus servicios de guardias, señalamientos ante los juzgados de Instrucción, de lo Penal y Audiencia Provincial, vistas civiles y demás servicios presenciales -incrementados tras las últimas reformas legales- cuyo reparto, con la plantilla actual, deja escasos días al mes para el despacho ordinario de papel que, con mucha frecuencia, termina siendo tramitado por los compañeros fuera de las horas de audiencia.

Asimismo, parece que los firmantes de los oficios señalados desconocen la posibilidad de que los juzgados no se avengan a remitir la causa al fiscal para su examen en el mismo momento en que éste la solicite para cumplimentar unas exigencias de control meramente internas, y que lo anteriormente dicho sobre la generalización del despacho de asuntos fuera de horas de audiencia impide la revisión de las causas en las propias dependencias del juzgado, práctica ésta que -por otra parte- resulta absolutamente indeseable e incompatible con la dignidad de la función del fiscal.

Tenemos la sensación de que desde el palacio del Marqués de Fontalba -sede de la Fiscalía General del Estado- no se percibe la realidad diaria de la misma manera a como se hace en cada una de las sedes de la Fiscalía del resto de España. Parece también que desde hace tiempo se ha roto alguna conexión y no hay sensibilidad ni conocimiento de la auténtica carga de trabajo y sentir de los fiscales. Estoicamente hemos venido soportando un aumento de funciones y tenemos la percepción de que en todas las reformas legislativas el fiscal es el comodín del legislador para acudir presto a cuanta diligencia judicial fuera llamado.

La presencia física del fiscal para atender distintos servicios y la creciente demanda de su intervención ha modificado sustancialmente nuestro trabajo. Nuestra presencia mediática ha aumentado y las exigencias de responsabilidad también. Esto nos prestigia pero también nos exige. Por eso necesitamos parar. No se nos puede pedir cada vez más y pretender que sostengamos a la institución con nuestro esfuerzo personal y voluntarista.

Sin embargo, desde nuestros órganos centrales, lejos de comprender esta realidad o defender nuestros legítimos derechos, parece que se nos exigen cuentas y deberes. En lugar de crecer en nuestra autonomía como profesionales, se nos trata como escolares, implantando un sistema de peonadas que no confía en nosotros, que nos exige más allá de lo que serían nuestras obligaciones legales y cuyo sentido parece que no es otro que dar justificación al Ministerio de los más que exiguos medios de apoyo previstos en la “relación de necesidades” que se adjunta, por otro lado, absolutamente insuficientes para abordar las nuevas funciones que se nos encomiendan no sólo por la Ley 41/15, sino por la propia Fiscalía General. Creemos que nunca la carrera fiscal se ha tenido que someter a esta contabilidad obligatoria dirigida desde la Fiscalía General, lamentamos que se banalice nuestro trabajo estableciendo quincenas de cumplimiento o números más propios de un trabajo en cadena que de un servicio público.

La carrera, los fiscales, esta asociación, nos preguntamos qué más se puede hacer para convencer a la Fiscal General y a su equipo de que este colectivo es capaz de afrontar todos los retos y desafíos que se le encomienden, que lo hace día a día en los juzgados, luchando contra un procedimiento obsoleto, lleno de trampas, sacando adelante las causas pese a la precariedad de medios, enfrentándose a presiones de todo tipo, a los poderosos que se defienden con sofisticadas armas procesales y materiales. Pero que ese esfuerzo será inútil y no será eficaz para el ciudadano y para el estado de derecho si no se hace procurando los medios, poniendo las condiciones y dando soporte material y profesional a nuestro trabajo. No queremos ser los campeones de las estadísticas, ni cumplir objetivos de una cadena de montaje, queremos cumplir con nuestra misión constitucional con eficacia y dignidad.

No se puede dar la espalda a la carrera, ni a la propia institución, nos sentimos defraudados y traicionados por la complicidad de la Fiscal General con el Ministro de Justicia. La conclusión es que somos un barco sin rumbo y sin capitán, a la deriva de las decisiones de un Ministerio de Justica que nos utiliza a coste cero para llevar a término una reforma que ya desde el informe del Consejo Fiscal del anteproyecto de ley era rechazada por la institución.

Como asociación es nuestra obligación transmitir a la Fiscal General y a sus colaboradores que estamos ante una situación crítica, indeseada por todos, y que la carrera fiscal necesita un liderazgo que apoye, entienda y asuma como propio el sentir de la plantilla, un liderazgo que lamentablemente echamos de menos y que nos ha colocado en esta delicada situación profesional.

REFLEXION TRAS UN AÑO DE REFORMA LABORAL

Las sucesivas reformas del Estatuto de los Trabajadores comenzadas en el año 2010, con la mas decisiva llevada a cabo por la ley 3/2012 de 6 de julio, y el Real Decreto de 3 de agosto de 2013, han supuesto, un cambio radical en las relaciones entre empresas y trabajadores; cambio radical, que en la práctica supone un desmantelamiento del derecho del trabajo, entendiendo como tal, el que regula las relaciones entre ambas partes, lo que supone, un paso en el desmantelamiento del estado social que formula la Constitución Española de 1978 en su artículo 1.1, y en su preámbulo al señalar la garantía de convivencia conforme a un orden económico y social justo.
La modificación constitucional llevada a cabo en el art. 135, establece la “prioridad absoluta” en el pago de los créditos destinados a satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública; prioridad absoluta que no puede significar otra cosa que subordinar el pago del coste de la política social, al pago de los intereses y el capital de la deuda pública. Subordinar es la palabra constitucionalmente consolidada.
En esta línea, la citada ley 2/2012, llamada de la reforma laboral, o que mejor dicho debería denominarse de derogación parcial (o esencial?) del Estatuto de los Trabajadores, en su exposición de motivos señala expresamente y sin ningún disimulo que va encaminada a tranquilizar a los mercados internacionales “…que contemplan la situación de nuestro mercado de trabajo con enorme desasosiego…”, a la vez que dicha reforma es reclamada “…por todas las instituciones económicas mundiales y europeas…”, y que en el momento actual nos hace temer no sea suficiente, oídas recientes declaraciones de la Sra. Gerente del FMI., reclamando profundizar en dichas medidas.
Así pues situados ante un escenario en el que hay que hacer frente a una enorme deuda pública en la que se incluye la necesaria devolución del rescate bancario, cifrado en unos 41.500 millones de euros (4,0 puntos de PIB), con la prioridad absoluta que establece la Constitución, obliga a las Administraciones Públicas a recortar drásticamente la financiación de los servicios públicos y la investigación, la llamada reforma laboral va a afectar duramente a los trabajadores laborales de la Administración, y en este sentido se dirige.
De igual modo, la reforma laboral carga contra los trabajadores haciendo desaparecer sus derechos o minimizándoles, para evitar el desasosiego que muestran los mercados, encarnados en insaciables multinacionales que se mueven como depredadores de derechos en un mercado globalizado, que buscan mayor competitividad con cargo en exclusiva al factor de producción que constituyen el esfuerzo y los salarios de los trabajadores, degradando el derecho al trabajo y los derechos alcanzados tras largos y duros años de reivindicación.
De este modo, precisamente, la reforma constitucional, ha abierto la puerta a estas políticas que afectan al estado social rompiendo el orden económico y social justo, y subordinando, también, los derechos contenidos en los artículos 28 (libertad sindical), 35 (derecho al trabajo), 37.1 (negociación Colectiva), 40 (política de empleo), entre otros, a decisiones de carácter macroeconómico, o directamente interviniendo en las relaciones jurídicas de equilibrio entre trabajadores y empresarios, para sosegar a los mercados.
Muestra de estos desequilibrios propiciados constitucional y legalmente, son entre otros:
– el abaratamiento del despido improcedente, (art. 56 del ET –reduce las indemnizaciones y elimina los salarios de tramitación),
– un despido objetivo colectivo mas fácil e injusto (art. 51 ET, basta la disminución de ingresos o ventas tres trimestres consecutivos o la disminución de beneficios o de la facturación, reduciendo la indemnización a 20 días/año y un máximo de 12 mensualidades),
– al igual que en el sector público (disposición adicional vigésima, cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes), lo que conecta inmediatamente con las decisiones políticas de dotación de partidas presupuestarias para los distintos servicios.
– un despido objetivo individual, también mas barato e injusto (art. 52 del ET. Ahora también, y además de las ya contempladas y de las derivadas de la inadaptación al puesto de trabajo, por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos (ej: 12 días de baja por enfermedad), siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses. (ej: 32 días de baja en todo el año),
– movilidad geográfica también mas fácil para la empresa y mas barata (art. 40 ET) que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa, así como las contrataciones referidas a la actividad empresarial, y podrá dar lugar a la extinción de su contrato, percibiendo una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades.),
– la posibilidad de modificar sustancialmente las condiciones de trabajo (salario, horario, principalmente art. 41 ET),
– la pérdida de capacidad negociadora de los sindicatos (sometidos a su vez a un proceso de deslegitimación), como se pone de manifiesto en la regulación de los arts. 87.1, que establece que se podrá proceder, previo desarrollo de un período de consultas en los términos del art. 41.4, a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, sea este de sector o de empresa, que afecten a las materias que se indican en el artículo.
– la pérdida de la ultractividad de los Convenios, cuando expresa que transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación. (art. 86.3 ultº pº)‏, y si no lo hubiera directamente el Estatuto de los Trabajadores ya convenientemente reformado.
Todas estas modificaciones, se sustentan en la existencia de “razones económicas técnicas organizativas o de producción”, conceptos tan indeterminados como flexibles, debiendo significarse, que la decisión última queda en manos del empresario, al haberse eliminado la intervención de la autoridad laboral, de modo que es el empresario el que notifica a los trabajadores la decisión, frente a la que se puede reclamar en conflicto colectivo o individualmente, pero ante la que la Jurisdicción tiene un muy reducido margen de interpretación, al no poder valorar la proporcionalidad de la medida sino la existencia o no de la causa o el cumplimiento de los requisitos formales.

Sin embargo los proclamados objetivos de la reforma laboral no se han conseguido (o sí?, – la exposición de motivos nos dice que “La gravedad de la situación económica y del empleo descrita exige adoptar una reforma que proporcione a los operadores económicos y laborales un horizonte de seguridad jurídica y confianza en el que desenvolverse con certeza para conseguir recuperar el empleo”); pero la realidad es la que es:
– Se ha producido la destrucción de 1.354.644 de empleos.
– Se ha pasado de una destrucción de 788 empleos diarios a que cada día 1.918 personas asalariadas pierdan su trabajo. Una disminución de 596.404 asalariados y un aumento de 136.663 trabajadores independientes en las mismas actividades.
– El número de activos ha descendido en 363.600.
– El 50,8% de las personas paradas lleva más de un año sin empleo (3.043.546 personas); el 32,7 por ciento lleva más de dos años sin empleo y el 22,1 por ciento lleva más de tres años.(1)

En definitiva, hay menos ocupación, más desempleo y mayor precariedad laboral; puede que haya mas competitividad y menos desasosiego en los mercados, pero hemos perdido derechos que se habían conquistado tras muchos años de reivindicación y lucha por las generaciones que nos precedieron; y junto a esto, se ha empobrecido la sociedad, se han agrandado las diferencias sociales, se reducen los servicios sociales básicos, sanidad, educación investigación….

Lo podemos permitir?

(1) (Fuente Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla La Mancha).

Satisfacción ante la sentencia del TJCE en materia de desahucios

COMUNICADO

La Unión Progresista de Fiscales quiere manifestar públicamente su satisfacción por la sentencia del TJCE que declara la inadecuación de la legislación española en materia de ejecución hipotecaria a la normativa comunitaria sobre cláusulas abusivas, entendiendo que el sistema procesal español vulnera la protección de los consumidores regulada en la Directiva de 1993.
La U.P.F. ha manifestado reiteradamente su posición contraria a la legislación hipotecaria vigente en nuestro país y ha convertido la necesidad de su modificación en uno de los argumentos básicos en el que fundamentar las protestas en contra de la actual situación de la Administración de Justicia, llevadas a cabo en los últimos meses.
Por ello, pedimos al Poder Ejecutivo y Legislativo que, con base en esta sentencia y en el art. 47 de la constitución que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, acometan una profunda reforma del sistema hipotecario español, garantizando la protección de este derecho fundamental y paliando las consecuencias del drama social que, esta legislación en el contesto de la actual crisis económica, esta provocando en nuestro país.
Asimismo instamos a jueces, magistrados, fiscales y secretarios a que hagan una interpretación progresista y valiente de la referida resolución, aplicando los criterios que en la misma se contienen en los procedimientos de ejecución hipotecaria en tramitación, protegiendo, en la medida de lo posible, los derechos de los consumidores que en la actualidad constituyen la parte más vulnerable y desprotegida en dichos procedimientos.

La Fiscalía desde sus élites.

La Fiscalía desde sus élites.

Recomendamos el libro “La Fiscalía desde sus élites”,  un libro del compañero Manuel Jesús Dolz Lago, fiscal del Tribunal Supremo que se puede adquirir en la página de Amazón.

El autor nos habla de su libro:

“Conocer la historia de una Institución es un elemento básico para comprenderla y valorarla. El Ministerio Fiscal, desde su moderna configuración en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos, cuyas raíces se encuentran en el movimiento ilustrado nacido a partir de la Revolución Francesa a finales del S-XVIII, desarrollado posteriormente en los siglos XIX y XX, precisa en el presente siglo XXI, que sea comprendido y valorado en sus justos términos. Por ello, se ofrece la presente obra consistente en unas breves biografías de los fiscales que firmaron las Memorias anuales desde su origen en 1883 hasta nuestros días, con la finalidad de conocer la pequeña historia de aquellos que dirigieron la Institución desde aquella época hasta la actualidad, con objeto de contribuir modestamente a la elaboración de la gran historia de la Fiscalía, mucho más amplia que la de sus jefaturas, al ser en realidad aquella un Cuerpo colectivo, formado por miles de funcionarios, cuyas pequeñas biografías en definitiva explicarían mejor su composición y funcionamiento al servicio de los ciudadanos.”

Policía científica y errores. Por Manuel-Jesús Dolzt Lago

Policía Científica y errores, Manuel-Jesús Dolz Lago – Levante-EMV 22 09 12

POLICÍA CIENTÍFICA Y ERRORES

 

(Publicado en el diario Levante-EMV el 22 septiembre 2012)

 

Por Manuel-Jesús Dolz Lago

Fiscal del Tribunal Supremo

 

Un error sólo se convierte en falta cuando se persevera en él

Ernest Jünger

 

La investigación de paradero de los niños Ruth y Josédesaparecidos en Córdoba, en el conocido como el caso Bretón, para referirse al padre de los niños y, por ahora, único procesado por doble asesinato, entre otras cuestiones, ha puesto de relieve lo que, al parecer, ha sido un error policial de entidad en la identificación de los huesos hallados en una hoguera provocada por Bretón en la finca de sus padres, llamada curiosamente “Las Quemadillas”.

 

Este error, sin duda, ha afectado al prestigio de nuestra Policía Científica, en concreto, a la que está incardinada en el Cuerpo Nacional de Policía, dado que el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil no se ha visto concernido. Igualmente, por extensión, este error hace necesaria una pequeña reflexión sobre las pruebas científicas en las investigaciones penales, dado que una primera pericial científica, procedente de la Comisaría General de Policía Científica, fue desvirtuada por otras periciales científicas presentadas por la madre de los niños y por las ya encargadas desde el propio Ministerio del Interior.

 

Las pruebas científicas en las investigaciones penales son un signo de modernidad, de superación de viejos modelos de investigación penal anclados en el sistema inquisitivo, que tiene como eje central la tortura para obtener lo que se ha denominado la prueba reina, es decir, la confesión del reo.

 

Históricamente, ese sistema inquisitivo fue el propio de la Inquisición española (1478-1834) y de todos los derechos regios medievales. En teoría, con la abolición de la Inquisición en 1834 desapareció, pero sabemos que, en la práctica, desgraciadamente, fue habitual en los períodos dictatoriales, como en el régimen franquista, afortunadamente superado con la transición política y la Constitución española de 1978. También, antes del régimen franquista, la tortura fue utilizada para obtener confesiones, que después resultaron ser falsas, recuérdese el famoso Crimen de Cuenca (1918) Por desgracia,durante nuestro régimen constitucional, ya como práctica delictiva, ha sido empleada al menos en los casos que hemos conocido por condenas penales a los policías que la han practicado y al propio Estado español por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en diferentes asuntos (por ejemplo, caso Mikel Iribarren, 2009) El hecho de que exista una Convención de la ONU contra la Tortura(1984) y organismos internacionales que velan por la prohibición de la misma, no puede pasar desapercibido para concluir que la tortura sigue instalada en el escenario de algunas investigaciones penales y que es necesario acudir a otros medios de investigación respetuosos con la defensa y la protección de los derechos humanos, como son las pruebas científicas.

 

Mediante estas pruebas, ajustándose a los métodos científicos, inspirados en los principios de imparcialidad y objetividad, se tratan de averiguar las causas de los hechos a través de sus efectos (de esta idea parte el Teorema de Bayes, 1702-1761). Ciertamente, cuando se investiga un delito, como datos objetivos, se tienen los vestigios o rastros que ha dejado el mismo. Desde esos vestigios, según su naturaleza, aplicando la ciencia, se tratan de determinar las causas físicas porque las jurídicas precisan todo un proceso judicial, rodeado de necesarias las garantías, entre la que destaca la presunción de inocencia,y un juicio conforme a nuestra legislación penal.

 

El caso Daubert contra las farmacéuticas en el año 1993 en USA hizo que la Corte Suprema estableciera unos criterios acerca de la evidencia científica para admitir dichas pruebas en el proceso. Criterios que pasan por su constatación en el mundo científico. Ahora bien, la ciencia, como toda obra humana, no es perfecta y así es necesario en toda prueba científica que se establezca suratio de error. Es decir, en términos llanos, qué grado de desacierto conlleva o, lo que es lo mismo, qué fiabilidad tiene.

 

Con el propósito de determinar ese grado de fiabilidad científica a efectos de su valoración jurídica y posibles reformas legislativas, en la Universidad de Alcalá de Henares (Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales) dirigí una investigación desde los años 2009 a 2011, con grandes profesionales de la propia Universidad, de la Comisaría General de Policía Científica, del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que ha dado como resultado la obra La prueba pericial científica, Edisofer, 2012. En ella se examinan todas las pruebas científicas realizadas por los laboratorios oficiales, a saber, acústica, biológicas (ADN), antropología, balística y trazas instrumentales, documentoscopia, entomología forense, fibras, fotográficas, histopatología, incendios, informática forense, lofoscopia, pinturas, residuos de disparo, suelos, flora y fauna, tecnología de la imagen, toxicología, químicas y drogas, llegándose a diferentes conclusiones según el tipo de prueba, dado que el estado de la ciencia no es el mismo en cada una de ellas. También, se destaca la importancia que tienen para su fiabilidad una serie de factores que seria prolijo ahora detallar pero qué abarcan desde cómo se toma el vestigio o la muestra hasta las condiciones de los laboratorios oficiales que realizan los análisis, pasando por la cadena de custodia.

 

El Informe emitido por la National Academy of Sciences de USA en 2009, puso de relieve la necesidad de ser críticos con las pruebas científicas, si bien en un contexto diferente al nuestro. En la misma línea, el Consejo de Europa emitió un importante informe sobre las pruebas científicas en Europa en 2010 (Informe Champod), año en que la Unión Europea dedicó un Seminario sobre la misma. Nuestra Policía Científica, que ya tiene una experiencia de 101 años, es una de las más acreditadas del mundo. Está presente en los principales organismos internacionales de Laboratorios forenses(ENFSI). Sus especialistas son reclamados para la resolución de complejos problemas de investigación penal de otros países. Ha descubierto errores del FBI que han servido para que éste mejore sus protocolos de actuación y que están detallados en la literatura científica (caso del 11 M, de Brandon Mayfield).

 

 

Ahora, sin perder ese prestigio tan justamente merecido en la utilización de métodos de investigación penal respetuosos con los derechos humanos, tiene que pasar el cáliz del presumible error cometido en este caso, lo que, sin duda, la hará más fuerte en su misión de protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, en la que todos confiamos, siendo conscientes que como seres humanos nadie está libre de errores pero que lo importante es corregirlos y prevenirlos.No olviden: “rectificar es de sabios”.

 

 

 

 

 

 

Un proyecto lamentable de ley de tasas, para dejarnos sin justicia.

Artículo escrito por Andrés de la Oliva y Verónica del Carpio. (Publicado en Hay derecho?)

 

Está en tramitación parlamentaria un Proyecto de ley en verdad tremendo, por el que se regulan determinadas tasas en la Administración de Justicia.  Si el Proyecto acaba en ley, se cercenará la posibilidad de tutela judicial en perjuicio de los más débiles. No abundaremos, para este blog, en consideraciones jurídicas elementales, relativas tanto al derecho a la tutela judicial efectiva, del art. 24.1 CE, que sería frontalmente contrariado, como al art. 119 de nuestra Norma Fundamental, cuyo espíritu no puede ser más opuesto a impedir el acceso a la Justicia a quien no disponga de amplios recursos económicos para litigar, que es lo que resulta del proyecto legislativo. Vamos a los hechos del proyecto: se pretende que se abonen al Estado unas tasas judiciales altísimas como requisito para acceder a los tribunales en todas las jurisdicciones excepto la penal. Las tasas se imponen a cualquier persona, sea física o jurídica y si es física, sólo se exime a quienes tengan ingresos inferiores a 12.780€ anuales y computando no solo los del propio interesado sino los de su unidad familiar (doble del IPREM, límite para derecho a justicia gratuita). La crisis económica es un puro pretexto porque ninguna consideración económica es aceptable como fundamento de unas tasas tan rotundamente restrictivas del acceso a la Justicia.

 

Se proyecta que se paguen como tasas unas sumas de dinero que pueden muy fácilmente alcanzar los varios millares de euros por interponer una demanda civil (efecto del sistema de cálculo escogido en el procedimiento ordinario: sumar a un fijo de tasa de 300 euros el porcentaje del 0,5% de la cuantía procesal, que, por ejemplo, tratándose de un inmueble, es el precio de mercado del inmueble, y tratándose de una reclamación de cantidad, la cantidad reclamada). Se proyecta que un trabajador o un pensionista que ve desestimada su demanda en el Juzgado de lo social pague 500 euros por recurrir. Se proyecta que la tasa por impugnar una multa de tráfico sea de importe superior a la propia multa. Impunidad del poderoso de cualquier clase (también del Estado) y ley del más fuerte.No sería ya una justicia de dos velocidades, sino una justicia exclusiva para quienes puedan pagar esas tasas y ninguna justicia para el que no pueda. Y también se vería afectado directamente otro derecho constitucional; porque la protección al consumidor está en la Constitución y en las normas europeas, y nadie va a defenderse del abuso de las grandes empresas si sigue adelante el proyecto, que, además de tasas altísimas para pleitos cotidianos, impone también tasas en asuntos pequeños, como los de consumo, que directamente disuaden de reclamar, por ser mayor la tasa que el importe reclamado.

 

El preámbulo del proyecto hace referencia a la Sentencia del Tribunal Constitucional 20/2012, de 16 de febrero de 2012, para fundamentar la constitucionalidad de tasas judiciales. Pero -¡atención a la grosera manipulación, peor que la mentira!- esa sentencia, y otras tres del TC que el preámbulo no menciona, se referían a la legislación precedente, que imponía tasas módicas a personas jurídicas, tasas de unos 70 euros a sociedades mercantiles de gran facturación. El Tribunal Constitucional, con cita de jurisprudencia europea, declara la constitucionalidad de las tasas y del mecanismo de contribuir al sostenimiento de la Administración de Justicia  si, y solo si las tasas no significan una barrera al acceso a la jurisdicción y matizando que se referían al caso concreto. Que no se dé curso a una demanda por no pagar una tasa módica, proporcionada y asumible es constitucional, pero que se impida la defensa con tasas desproporcionadas, disuasorias y desorbitadas, imposibles de pagar para un significativo porcentaje de población, es inconstitucional e infringe los convenios internacionales.

 

Como las tasas no se modulan en función de la capacidad económica, las sufrirán las clases medias; y serán ellas quienes se encuentren ante una barrera infranqueable e inconstitucional. Si es que en realidad entra en la clase media una familia que sobrevive con los 1.100€ mensuales fijados por el proyecto como límite para exención de tasas, o si de verdad se diferencia en algo de quien gana un euro menos y por tanto se beneficia de la exención. A las empresas les resulta irrelevante la tasa –a diferencia de los particulares, la tasa es gasto fiscalmente deducible, como lo son  el IVA y las minutas de los profesionales que intervienen, abogado y procurador, con manifiesta desigualdad procesal-, y al deudor en concurso se le exime, y al Estado también, sea cual sea su forma.

 

El proyecto no prevé más mecanismo  sobre la capacidad económica que la inadmisión de plano por el secretario judicial del escrito al que deba acompañarse la autoliquidación (por cierto: ¿con o sin algún tipo de recurso al juez?). Bastante trabajo tienen ya los secretarios judiciales, a quienes se encarga comprobar que se acompaña la autoliquidación de las tasas actuales, como para colapsar del todo los Juzgados imponiéndoles la comprobación individual de la capacidad económica de cada justiciable. Pero que sea inviable en la práctica graduar las tasas por nivel de ingresos si es el secretario el encargado de ese control no afecta al hecho de que imponer tasas altas a cualquiera sin tener en cuenta la capacidad económica resulta inconstitucional y contrario a los convenios internacionales.

 

Naturalmente que hay quien demanda sin ningún fundamento. Los abusos existen, y por eso también prevé desde siempre el Derecho Procesal la figura jurídica de la condena en costas a los litigantes temerarios. Si el legislador quiere que se contribuya al sostenimiento de la Administración de Justicia, con el repetido pretexto de una (discutible) hiperjudicialización de la sociedad española, que imponga esa carga a quien de verdad da lugar a pleitos innecesarios, es decir, a quien pierda el pleito con condena en costas y, además, sea declarado temerario. Que el querulante pague tasas, y, si se quiere, además multas, cuando sea condenado y en ese momento; pero que no se cargue a todo justiciable sistemáticamente con tasas como si demandar fuera un lujo o un capricho y no un derecho constitucional de primer orden. Ningún pleito es deseable en sí mismo, como tampoco una intervención quirúrgica por una apendicitis o un cáncer; pero a nadie que sufre una apendicitis jurídica o un cáncer jurídico se le puede reprochar que busque el remedio para ello, un remedio que está en la Constitución y que protegen los convenios internacionales

 

Se prevé que las tasas sean incluidas en la condena en costas del que sea condenado, y por tanto quien tuvo que adelantarlas (si se lo permitía su capacidad económica, que si no, se quedó sin pleito o sin recurso, y sin derecho) podría en teoría recuperarlas del contrario perdedor. Pero no solo existe –y se aplica- la posibilidad legal de que no haya condena en costas en caso de asuntos dudosos (y entonces el litigante contrario es con frecuencia insolvente y por tanto la  recuperación resulta imposible), sino que además esa solución de que pague el que pierda tampoco es necesariamente justa. Perder un juicio no significa siempre que la postura procesal fuera infundada; y no es lo mismo perder y ser condenado -o no- a costas, que perder con declaración expresa de temeridad y mala fe. Con leyes muchas y malas, en vez de pocas y buenas, y opiniones jurídicas para todos los gustos en cualquier tema, y muchas con fundamento, de modo que se sostiene una postura procesal al amparo de doctrina y jurisprudencia y, sin embargo, se pierde el pleito, pero no por eso se está necesariamente abusando de recursos públicos. La propia técnica legislativa frecuentemente defectuosa fomenta los pleitos con la inseguridad jurídica que origina.

 

Y al hilo de la cuestión de la inseguridad jurídica que propicia el mismo legislador, hay otro aspecto preocupante en el proyecto de ley: que -dejando ahora a un lado el espinoso asunto de la muy discutibleautonomización de nuestra Justicia- ya hay tasas judiciales autonómicas en Cataluña por Ley Ley catalana 5/2012 (título III bis, capítulo I) e inminentes en la Comunidad Valenciana. En lo que respecta a su contenido, la ley catalana es razonable por dos motivos: por número de exenciones en materias, justiciables y jurisdicciones –por ejemplo, nada en laboral ni Derecho de Familia en sentido amplio- y por imponer cuotas muy inferiores a las estatales, de modo que no puede decirse que esas tasas impidan el acceso a la jurisdicción a la generalidad de la población. Así, por demanda de un juicio ordinario, 120 euros fijos de tasa autonómica, frente a las  cuantías que llegan muy fácilmente a miles de euros de tasa nacional al establecerse un fijo de tasa estatal de 300 y sumarse el variable del 0,5% de la cuantía procesal. El proyecto de tasas estatales especifica que se impone la  tasa en todo el ámbito nacional, sin perjuicio de las tasas autonómicas “que puedan exigir las Comunidades autónomas en ejercicio de sus respectivas competencias financieras, las cuales no podrán gravar los mismos hechos imponibles”. Pero la ley catalana, que también se establece “sin perjuicio de las tasas y otros tributos de carácter estatal que puedan exigirse” en efecto parece que sí grava los mismos hechos imponibles que la estatal: interposición de demanda, de reconvención, monitorio, apelación, etc.Quien deba acudir a la jurisdicción en Cataluña –no necesariamente catalanes, que el sistema procesal obliga a demandar en todo el territorio nacional, donde las leyes indican en el caso concreto- tendrá que pagar la tasa autonómica y además la tasa estatal, mientras se aclara el conflicto de competencias; y otro tanto en la Comunidad Valenciana. Perjudicado inmediato: el justiciable. El Estado y la Comunidad Autónoma gravan y cobran, y después, dentro de un incierto número de años, el justiciable que haya pagado duplicado conseguirá quizá la devolución de ingresos indebidos (¿cuál de las dos tasas sobra?); y el justiciable privado de jurisdicción por motivos económicos al sumarse dos tasas se quedó sin su derecho.

 

En definitiva, el legislador no debe en ningún caso aprobar el proyecto en los inconstitucionales e injustos términos en los que está planteado, y esperemos que se imponga el sentido común. En caso contrario los efectos serán inmediatos y graves, además de la indefensión provocada por la impunidad del más poderoso y la desprotección frente a la arbitrariedad del Estado, dos conflictos de competencias en momento nada oportuno y avalancha de recursos al Tribunal Constitucional cuando empiecen a ser rechazadas peticiones que no adjunten el justificante de la tasa: aumento inmediato del número de asuntos penales, pues al estar esa jurisdicción exenta de tasa, se intentará esa vía cuando se vea la menor posibilidad; el Derecho del Consumo convertido en papel mojado; alteración de la paz social, pues habrá quien no pudiendo defenderse en los juzgados haga uso del inadmisible sistema de tomarse de justicia por su mano; significativa elevación de las primas de las pólizas de seguros que cubran defensa jurídica; y fomento del despacho de abogados “a la estadounidense” que financien a sus clientes a cambio de un elevado porcentaje del resultado, sistema éste, por cierto, que lejos de disuadir de pleitos temerarios, más bien los fomenta.Por principio negamos la mayor de que haya de aprobarse una ley de tasas judiciales, cuyo mismo concepto evoca ingratas y superadas épocas, pero si en efecto de verdad resultara indispensable aprobarlas, que lo sea con un sistema muy distinto: que pague el temerario, que para eso ha dado lugar a un pleito inútil o, en todo caso, que pague el condenado en costas, si hay tal condena y cuando la haya; que se rebajen radicalmente a cuantías muy módicas las tasas fijas y se eliminen por completo las variables, además de suprimir las tasas en la jurisdicción laboral y ampliar las exenciones por materias en lo civil y en lo contencioso-administrativo.