MODELO RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA DESCANSO 11 HORAS

D/Dña. ……..……., Fiscal de segunda/tercera categoría, destinado en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma/ Provincial/ de Área/ Sección Territorial de ……..…., con DNI núm. …..……. y con domicilio a efectos de notificaciones en la citada Fiscalía, sita en la …………..

 

EXPONGO:

1º. Que desde el día (fecha cuatro años anterior a la presentación de la reclamación) hasta la fecha de la presente reclamación he venido realizando en mi cometido profesional guardias de ocho días ininterrumpidos.

 

2º. Que en las guardias de permanencia/disponibilidad realizadas hasta la fecha no me han sido reconocidas 11 horas de descanso diario consecutivas en el curso de cada período de 24 horas, pese a que el artículo 5 de la Directiva 2003/88 CE reconoce que “los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores disfruten, por cada período de siete días, de un período mínimo de descanso ininterrumpido de 24 horas, a las que se añadirán las 11 horas de descanso diario establecidas en el artículo 3”. Por su parte, el artículo 3 de la citada Directiva comunitaria dispone que “los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores disfruten de un período mínimo de descanso diario de 11 horas consecutivas en el curso de cada período de 24 horas”.

 

3º. El Acuerdo de 15 de octubre de 2013 por el que se modifica el Reglamento 1/2005 sobre Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales no regula el derecho al descanso diario de 11 horas consecutivas en el curso de cada período de 24 horas de guardia.

 

4º. La Directiva Comunitaria 2003/88 CE, de 4 de noviembre de 2003, es de directa aplicación en el ordenamiento jurídico interno, en tanto que conforme a su Artículo 27 y al Anexo I, parte B), ha transcurrido sobradamente ya el plazo para su transposición a nuestro ordenamiento jurídico.

 

5º. La sentencia firme núm. 36/2016 dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo núm. 3 de la Audiencia Nacional, recaída en el Procedimiento Abreviado núm. 165/2016, ha reconocido a favor de una Magistrada recurrente el derecho a una indemnización en compensación por las horas de descanso adicionales no disfrutadas durante las guardias de ocho días prestadas.

 

6º. Es por ello que, no habiendo podido disfrutar del legítimo derecho al descanso diario de 11 horas consecutivas en los períodos de guardias de ocho días realizados durante los cuatro años anteriores al presente escrito, reclamo de la Administración la indemnización correspondiente.

 

7º. A los efectos de determinar la cantidad concreta en función del número de guardias realizadas, siendo el órgano al que me dirijo la entidad pagadora que posee la acreditación de las mismas y en base a las cuales ya procedió a su remuneración ordinaria, solicito se tenga por realizada la acreditación de las guardias prestadas durante los últimos cuatro años y, en todo caso, que por dicho órgano se concrete el número de guardias y la cuantía indemnizatoria que me corresponde.

 

Por lo tanto, SUPLICO del Ministerio de Justicia la estimación de la presente reclamación administrativa y la correspondiente indemnización por las horas de descanso no disfrutadas durante los servicios de guardia realizados hasta la fecha de presentación de este escrito.

 

 

En ………., a ……………… de 2017

 

Fdo. …………….

 

EXCMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

INFORMACIÓN SENTENCIA FISCALES SEGUNDA CATEGORÍA EN PLAZA DE TERCERA

Hemos tenido conocimiento de la firmeza de la sentencia de fecha 7 de marzo de 2017 dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo núm. 3 de la Audiencia Nacional (Procedimiento Abreviado núm. 165/2016) en la que se reconoce el derecho de una Magistrada a ser indemnizada en compensación por las 11 horas de descanso consecutivas no disfrutadas en el curso de cada período de 24 horas de guardia de ocho días realizado, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Directiva 2003/88/CE.

Según información facilitada por el propio Juzgado, la citada sentencia ganó firmeza en fecha 8 de mayo de 2017 por lo que aquellos que os encontréis en idéntica situación de realización de guardias de permanencia podéis interponer demanda de extensión de efectos de la citada resolución durante el plazo de un año.

Para interponer la demanda de extensión de efectos es necesario recabar detalle justificativo de las guardias realizadas durante los cuatro años previos a la demanda. Este listado detallado os lo proporcionará el propio Ministerio de Justicia o las Gerencias Territoriales correspondientes con las que os podéis poner en contacto con un simple correo electrónico.

La demanda de extensión puede ser presentada directamente por cada interesado/a al tratarse de una cuestión en materia de personal (art. 23.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa), pero igualmente puede acudirse a un letrado colegiado para su tramitación.

Si elegís esta segunda opción, os facilitamos los datos del letrado colaborador de la UPF -José María de Castro (Chema)-, que ha tramitado un buen número de extensiones de efectos del día de libranza, para que, si lo deseáis, os tramite igualmente esta solicitud de extensión de efectos: número de teléfono 609.174.700 y dirección de correo electrónico decastro.josemaria@gmail.com.

En caso de que optéis por la vía de la representación procesal y técnica, no es preciso que acudáis a una Notaría para otorgar el poder; el letrado de la Admón. de Justicia del Juzgado decano de vuestro partido judicial o el del Servicio Común Procesal de vuestro partido os lo puede hacer al instante y sin coste alguno mediante una comparecencia apud acta. Si queréis hacer uso del letrado colaborador de la UPF, debéis apoderar al procurador Ángel Martín Gutiérrez, indicando el procedimiento arriba indicado.

INFORMACIÓN SENTENCIA FISCALES SEGUNDA CATEGORÍA EN PLAZA DE TERCERA

En fecha 7 de julio de 2017 la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Madrid ha dictado una sentencia de suma relevancia para todos aquellos fiscales que, perteneciendo a la segunda categoría, ocupan plaza de tercera, esto es, cobran el complemento de destino de una plaza de abogado-fiscal.

La citada sentencia dictada en el recurso núm. 217/2016 estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una compañera a través del abogado de la Unión Progresista de Fiscales, José María de Castro Llorente. La sentencia –que aún no es firme pues contra ella cabe recurso de casación– declara el derecho de la fiscal recurrente, pese a ocupar una plaza de tercera categoría, a percibir con carácter retroactivo y en adelante el complemento de destino de segunda categoría mientras siga desempeñando las mismas funciones que sus compañeros que ocupan plaza de segunda categoría, y ello bajo el razonable argumento de que “a identidad de funciones y cometidos, idénticas retribuciones complementarias, con independencia del nombramiento formal para un puesto de trabajo distinto del que efectivamente se desempeña”.

Si estáis interesados, para cualquier duda, consulta o aclaración podéis poneros en contacto con el abogado de la Unión Progresista de Fiscales José María de Castro Llorente (tfno: 609.17.47.00; mail: decastro.josemaria@gmail.com), al que muchos de vosotros ya conoceréis por tramitar un buen número de extensiones de efectos por el día de libranza tras la guardia.

AMPLIACIÓN:

No queremos patrimonializar esta cuestión, ni mucho menos, pero consideramos imprescindible transmitir la noticia y proporcionar información sobre este tema a todos los compañeros/as de la carrera por cuanto, ante una posible extensión de efectos futura de la sentencia del TSJ de Madrid, la reclamación administrativa previa que hagáis vinculará la retroactividad de vuestra reclamación a través de la demanda de extensión de efectos, y es que el período objeto de reclamación se ciñe a los cuatro años anteriores a la solicitud efectuada en vía administrativa. La razón de esta publicidad, por tanto, no es otra que transmitir a los compañeros que puedan acogerse en su día a una eventual extensión de efectos que interrumpan cuanto antes la prescripción administrativa.

Por consiguiente, aunque la sentencia del TSJ de Madrid no sea firme todavía, es aconsejable que los compañeros que se hallan en la situación descrita (fiscales de segunda que ocupen plaza de tercera) hagan cuanto antes la reclamación administrativa previa por si finalmente la sentencia estimatoria de la demanda de la compañera deviene firme por inadmisión o desestimación del previsible recurso de casación que interponga la Abogacía del Estado. Es decir, si finalmente el TS no casa la sentencia, cada mes que transcurra sin efectuarse la reclamación administrativa previa, será una mensualidad perdida de complemento de destino de segunda categoría. Eso sí, debéis tener presente que si la Administración desestima expresamente la reclamación administrativa previa (en el caso de la libranza no ha habido resolución expresa sino silencio administrativo), habría que acudir a la vía del recurso contencioso-administrativo, aunque si finalmente la sentencia del TSJ de Madrid gana firmeza, se podría desistir de ese recurso y acudir a la extensión de efectos que resulta más ventajosa.

Finalmente, deciros que el letrado de la UPF –José María de Castro Llorente– puede proporcionaros un modelo de reclamación administrativa previa y de certificación de vuestro Fiscal jefe para facilitaros la presentación de la reclamación.

INFORMACIÓN SOBRE EL PERMISO DE PATERNIDAD

La Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 1 de enero de 2017, prevé en su Exposición de Motivos que “en aras a una política positiva hacia la figura del padre, que permita incentivar la implicación de los hombres en las responsabilidades familiares, la presente Ley plantea la ampliación del período de paternidad a cuatro semanas, exclusivo para el padre”, extendiendo así el permiso de paternidad de los trabajadores que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, fijó en su momento en trece días de duración, ampliable en caso de parto múltiple.

La citada Ley 9/2009 modificó varias normas de rango legal. Así las cosas, dio nueva regulación al artículo 48.bis del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores que pasó a establecer que “en los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) de esta Ley, el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante cuatro semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples”, previsión que pasó a formar parte posteriormente del artículo 48.7 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, precepto que dispone que “en los supuestos de nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d), el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato por paternidad durante cuatro semanas ininterrumpidas, ampliables en los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples”. Igualmente, la reseñada ley modificó el artículo 30.1.a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública que pasó a establecer que “se concederán permisos por las siguientes causas justificadas: a) Por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, cuatro semanas a disfrutar por el padre a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción”.

En consonancia con las modificaciones introducidas por la Ley 9/2009, el artículo 49.c) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público estableció que “en todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes condiciones mínimas: c) Permiso de paternidad por el nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo: tendrá una duración de cuatro semanas, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción”.

Pues bien, con seis años de retraso en su entrada en vigor -inicialmente prevista para el 1 de enero de 2011-, la Ley 9/2009 amplió el plazo del permiso de paternidad a los trabajadores tanto del sector privado como público hasta el plazo de cuatro semanas a fin de favorecer y fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en nuestro país, objetivos marcados por la Directiva 2010/18/UE del Consejo de 8 de marzo de 2010 por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental de 18 de junio de 2009 que establece disposiciones mínimas para facilitar la conciliación de las responsabilidades familiares y profesionales a los trabajadores con hijos.

Por lo que a los miembros de la carrera fiscal se refiere, el régimen aplicable hasta la fecha ha sido, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el previsto para jueces y magistrados en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento de la Carrera Judicial. En este sentido, el artículo 373.6 LOPJ dispone que “por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, el juez o magistrado tendrá derecho a disfrutar de un permiso de paternidad de quince días, a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción”. Por su parte, el artículo 221.1 del Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial prevé que “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 373.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los jueces y magistrados tendrán derecho a un permiso de paternidad de quince días por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, a disfrutar por el padre o el otro progenitor, a partir de la fecha de nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial constitutiva de la adopción”. Este régimen del permiso de paternidad para jueces y fiscales fue introducido en la LOPJ en virtud de la L.O 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que establecía un permiso de paternidad para el citado colectivo superior en dos días al resto de empleados públicos y trabajadores del sector privado, cuyo permiso de paternidad tenía una extensión de trece días.

El ya citado artículo 52 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que “los miembros del Ministerio Fiscal gozarán de los permisos y licencias, y del régimen de recompensas, que reglamentariamente se establezcan, inspirados unos y otros en lo dispuesto para Jueces y Magistrados por la Ley Orgánica del Poder Judicial”. Por consiguiente, no habiendo una regulación expresa sobre los permisos y licencias de los fiscales -en tanto en cuanto el Reglamento Orgánico del Ministerio Fiscal de 1969 ni siquiera consagra el permiso de paternidad de los fiscales-, tales permisos han venido concediéndose sobre la base de la normativa prevista para jueces y magistrados en la LOPJ y el Reglamento de la Carrera Judicial, bajo el paraguas del precepto ut supra y de lo dispuesto en la Disposición Adicional 1ª del EOMF que dispone que “en cuanto a la adquisición y pérdida de la condición de miembro de la Carrera Fiscal, incapacidades, situaciones administrativas, deberes y derechos, incompatibilidades, prohibiciones y responsabilidades de los mismos, será de aplicación supletoria lo dispuesto para Jueces y Magistrados en la Ley Orgánica del Poder Judicial”. De ello resulta que en materia de licencias y permisos, incluida entre los derechos de los miembros del Ministerio Fiscal y de la Carrera Judicial, se ha venido estableciendo una homologación entre los mismos (v. gr. Auto 31-10-2002 de la sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, rec. 53/2002).

Tras la entrada en vigor el 1-1-2017 de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, la Sala de Gobierno del TSJ de Galicia planteó una consulta sobre la duración del permiso de paternidad en la carrera judicial, adoptando la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en fecha 16 de febrero de 2017 el siguiente acuerdo: “1.3-13- A la vista de la consulta planteada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre de la duración para los/as jueces y magistrados del permiso de paternidad y en concreto sobre su posible extensión a cuatro semanas como consecuencia de la entrada en vigor el pasado 1 de enero de 2017 de la Ley 9/2009 por la que se establece esa duración para los empleados públicos, la Comisión Permanente acuerda: 1.- Considerar que la duración del permiso de paternidad para jueces y magistrados a la luz de lo dispuesto en el artículo 373.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con el artículo 122 de la Constitución Española es de quince días. 2.- Instar al Gobierno de la Nación por conducto del Ministerio de Justicia para que impulse la modificación legislativa pertinente con el fin de ampliar la duración del permiso de paternidad a cuatro semanas, y equiparar con ello el régimen de dicho permiso para los miembros de la Carrera Judicial con el régimen general previsto en el artículo 48, apartado 7, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el artículo 49, c) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público”.

En idéntico sentido al que se acaba de apuntar se viene pronunciando hasta la fecha el Ministerio de Justicia en relación a los permisos de paternidad solicitados por miembros de la carrera fiscal, al conceder a los fiscales tras el nacimiento de un hijo los quince días previstos en la LOPJ por considerar que estamos expresamente excluidos del ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público.

No obstante lo anterior, resulta oportuno poner de relevancia la previsión contenida en el artículo 377 LOPJ cuando dice que “reglamentariamente se desarrollará el régimen jurídico de las licencias y permisos, determinando la autoridad a quien corresponde otorgarlos y su duración, y cuanto no se halle establecido en la presente ley”, es decir, cabría sostener que el régimen de las licencias y permisos en la carrera judicial y, en consecuencia, en la fiscal, se encuentra excluido de la reserva de ley orgánica en tanto en cuanto la propia LOPJ prevé en su artículo 377 que dicho régimen se desarrollará reglamentariamente. Además de lo expuesto, la Ley 9/2009, de 6 de octubre, que amplía la duración del permiso de paternidad a las cuatro semanas podría resultar de aplicación preferente a jueces y fiscales frente a la norma prevista en la LOPJ en cuanto norma legal posterior a la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, ley orgánica ésta que introdujo en su DA 3ª el permiso de paternidad de quince días para jueces y magistrados en ejercicio de las competencias sobre legislación procesal, de acuerdo con el artículo 149.1.6.ª CE (DF 1ª) y, por tanto, sobre una base excluida del ámbito de ley orgánica. En definitiva, la interpretación que excluye la reserva de ley orgánica en la materia de constante referencia no es solo un posicionamiento hermenéutico acogido por la Unión Progresista de Fiscales, sino que fue la exégesis plasmada por el propio Consejo General del Poder Judicial en el Acuerdo de su Comisión Permanente, entre otros, de 30 de enero de 2007 (asunto 38º), en virtud del cual extendió el permiso de paternidad a diez días de un magistrado, en lugar de los tres días previstos para jueces y magistrados en aquella fecha en el entonces vigente artículo 373.5 LOPJ, y ello al considerar de aplicación preferente a éstos la Ley 30/1984 de Medidas para la Reforma de la Función Pública -conforme a la redacción vigente en aquella fecha en virtud de la modificación operada por la Ley 21/2006, de 20 de junio, que preveía un permiso de paternidad de diez días para los funcionarios públicos-. Pero, incluso más allá, el propio CGPJ acogía tal interpretación integradora destacando que la misma “favorece el criterio básico de homologación del estatuto de los Jueces y Magistrados con las normas comunes que rigen el resto de los funcionarios públicos, criterio éste recogido en la propia Exposición de Motivos de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

En definitiva, a la vista de la dualidad normativa sobre el permiso de paternidad para las carreras judicial y fiscal y para el resto de empleados públicos, interpretación utilizada hasta la fecha tanto por el CGPJ como por el Ministerio de Justicia para denegar su ampliación temporal, la Unión Progresista de Fiscales insta al Ministerio de Justicia a través del Consejo Fiscal y el Fiscal General del Estado a la realización de una interpretación integradora de las normas en conflicto en el sentido apuntado ut supra y la consiguiente ampliación del permiso de paternidad para los fiscales a cuatro semanas de duración, en tanto en cuanto la aplicación de diferente regulación entre funcionarios públicos resulta absolutamente injustificada e irrazonable, y es que la divergencia tan sustancial de plazo del permiso entre las diversas regulaciones en una contingencia común y sin especiales peculiaridades como es la paternidad carece de justificación objetiva y razonable y podría vulnerar el artículo 14 CE por una desigual, injustificada, irrazonable y discriminatoria regulación legal.

Por su parte, remarcar que los fiscales que se encuentren ante tal tesitura por denegación de las cuatro semanas del permiso de paternidad tienen expedita en el plazo de dos meses desde su notificación la vía del recurso contencioso-administrativo ante la resolución de la Subdirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal, incluso con la posible petición al Tribunal competente de plantear al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad del artículo 373.6 LOPJ por vulneración del principio de igualdad entre funcionarios públicos, en tanto en cuanto el artículo 49.c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, norma dictada al amparo del artículo 149.1.18ª CE, constituye una de las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas aplicable a todos los funcionarios públicos.

Cualquier compañero que se encuentre o pueda encontrarse en un futuro próximo ante tales circunstancias puede ponerse en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico secretariadoupf@gmail.com.

INFORMACIÓN SOBRE LA EXTENSIÓN DE EFECTOS DEL DÍA DE LIBRANZA

A continuación os trasladamos la siguiente información para los que aún no hayáis solicitado la extensión de efectos de alguna de las sentencias estimatorias de los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra la denegación en vía administrativa (expresa o por silencio) del abono del día de libranza no disfrutado tras las guardias de permanencia o disponibilidad de ocho días anteriores a la fecha 29/10/2013, día de entrada en vigor del Acuerdo del Pleno del CGPJ de 15/10/2013 por el que se modificaba el Reglamento 1/2005 sobre los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales y que regulaba el citado derecho al descanso.

Como bien sabéis, son varias las sentencias de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo que estiman los recursos interpuestos por compañeros en esta materia. A fecha de hoy hemos recopilado varias sentencias (de los Centrales 3, 4, 5, 8 y 10), habiendo sido alguna de ellas objeto de recurso de casación en interés de ley por la Abogacía del Estado. Este último dato es importante porque alarga el plazo para solicitar la extensión de efectos en el caso, al menos, de dos sentencias (de los Centrales 4 y 10) por cuanto los autos del TS archivando la casación en interés de ley son en ambos casos de noviembre de 2016, lo que amplía la posibilidad de pedir la extensión de efectos hasta noviembre de 2017.

Dicho esto y restando, por consiguiente, tiempo más que suficiente para solicitar la extensión de efectos -siempre y cuando se haya efectuado previamente reclamación en vía administrativa-, desde la UPF hemos tomado la decisión de presentar un escrito de solicitud al Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo núm. 4. Decimos esto porque un opción razonable es quedar a la espera de la resolución que emita este Juzgado para con posterioridad, si resulta favorable, podáis acudir a este mismo Juzgado Central núm. 4 con todas las garantías de que vuestra solicitud va a ser estimada en su totalidad. La elección de este juzgado viene motivada por la claridad de su sentencia de fecha 14/7/2016 (PA 34/2016), porque fue objeto de casación en interés de ley (archivado por la Sección 1ª de la Sala 3ª del TS en virtud de auto de fecha 10/11/2016, lo que alarga el plazo para la solicitud de extensión de la sentencia) y por cuanto ya contamos con un auto de extensión de efectos del mismo Juzgado Central núm. 4 relativa a un juez que resulta favorable al mismo en todos sus extremos; y es que ya os adelantamos que algún otro Juzgado Central no ha satisfecho la suma solicitada desde la reclamación administrativa previa, sino desde el escrito solicitando la extensión de efectos (caso del Juzgado Central núm. 5, por ejemplo), con lo que la cuantía a indemnizar se reduce considerablemente.

El plazo estimado de resolución de la solicitud de extensión de efectos es de dos o tres meses por lo que nos comprometemos a ponéroslo en conocimiento en cuanto nos lo notifiquen para que podáis acudir a este Juzgado con todas las garantías, si es que finalmente resulta favorable a nuestros intereses.

Para los que no queráis esperar a la resolución de nuestra solicitud de extensión de efectos, los datos de la sentencia sobre la que pediremos la extensión son los ya citados: sentencia de fecha 14/7/2016 del Juzgado Central núm. 4, dictada en su PA 34/2016.

Por otro lado, el letrado que colabora habitualmente con la Unión Progresista de Fiscales (José María de Castro Llorente) y que gestionó en su día la extensión de efectos de algunos compañeros delegados de la Fiscalía Anticorrupción que no cobraban el complemento específico, se ha ofrecido a tramitar la solicitud de extensión a cualquier Fiscal -con independencia de que esté asociado o no a la UPF-. La representación por medio de letrado y procurador, pese a que no es preceptiva conforme a lo dispuesto en el art. 23.3 LRJCA, sí facilita toda esta tarea, en tanto en cuanto tras la solicitud y posterior informe de viabilidad que debe emitir la Administración, la ley prevé un trámite de alegaciones por plazo de cinco días con los consiguientes inconvenientes de plazos y presentaciones. Sin perjuicio de que, obviamente, cada uno puede utilizar la fórmula que desee o, en su caso, el letrado que tenga por conveniente y con la exclusiva intención de facilitaros los trámites, os ponemos en conocimiento que el letrado reseñado nos ha ofrecido unos precios muy ajustados, sin pacto de quota litis ni porcentajes sobre la cantidad reclamada, sino que su oferta es la siguiente: no cobra honorarios, si se condena en costas a la Administración; y cobra como honorarios -con independencia de la suma reclamada y con posterioridad a la liquidación por la Administración al Fiscal que obtenga la extensión de efectos- las siguientes cuantías: 136 euros por la asistencia letrada y 52 euros por la intervención del procurador (más IVA en vigor).

El correo electrónico de contacto del citado letrado es: decastro.josemaria@gmail.com. Si algún compañero quiere efectuar ya la solicitud, este abogado nos ha comentado que comenzará a gestionarlo a finales de este mismo mes de marzo por cuanto la próxima semana tiene un pleito de suma relevancia y no estará disponible.

Asimismo, os indicamos aquí todo lo que necesitáis para efectuar la solicitud de extensión de efectos y que os aconsejamos vayáis recabando:

– Detalle justificativo de las guardias realizadas entre los cuatro años previos a la reclamación administrativa y el día 29/10/2013 (fecha de entrada en vigor de la reforma que consagró el derecho a la libranza).
Este listado detallado os lo proporcionará el propio Ministerio de Justicia o las Gerencias Territoriales correspondientes con las que os podéis poner en contacto con un simple correo electrónico. En caso de que vuestra Gerencia Territorial os ponga algún problema para certificaros las guardias, será suficiente la certificación de vuestro Fiscal jefe.
Si algún compañero no hizo en su día la reclamación administrativa, debería pedir ya la extensión de efectos por cuanto el plazo a indemnizar va disminuyendo en su caso cada día que pasa (a partir del 29/10/2017 los que no hayan reclamado en vía administrativa no podrán reclamar nada).

– Certificación de vuestro Fiscal jefe en el que se certifique que en el plazo de las guardias cuyo derecho a la libranza reclamáis no habéis disfrutado del día de libranza por no estar regulado expresamente en la normativa al respecto para las carreras judicial y fiscal.

– Copia sellada de la reclamación administrativa previa efectuada en su día ante el Ministerio o la Gerencia Territorial. Si no la conserváis, la Gerencia os enviará por correo electrónico certificado con la fecha de la reclamación.

– Poder a un procurador concreto y determinado, si optáis por la vía de la representación procesal y técnica. No es preciso que acudáis a una notaría para otorgar el poder; el letrado de la Admón. de Justicia del Juzgado decano de vuestro partido judicial o el letrado de la Admón. de Justicia del Servicio Común Procesal de vuestro partido os lo puede hacer al instante y sin coste alguno mediante una comparecencia apud acta.
Si queréis hacer uso del letrado de la UPF que os mencionamos, debéis apoderar al procurador Ángel Martín Gutiérrez y el procedimiento para el que le otorgáis el poder de representación y que así debéis hacer constar es el ya mencionado: Procedimiento Abreviado núm. 34/2016 del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Madrid. Si finalmente decidís esperar a la resolución de este Juzgado sobre nuestra solicitud, no hagáis todavía el poder por si finalmente hay que solicitar la extensión a otro Juzgado Central.

Por último, deciros que para cualquier duda que os surja al respecto o cualquier dato que necesitéis podéis poneros en contacto con nosotros en la siguiente dirección de correo electrónico creada al efecto: extensionefectosupf@gmail.com.

CARTA de la UPF en relación con los recientes oficios remitidos por la F.G.E.

Con esta carta la Unión Progresista de Fiscales quiere poner de manifiesto el sentir de una parte importante de la plantilla de los fiscales de este país. No pretende ésta ser de lamento o de queja, sino que intenta trasladar a los órganos centrales de nuestra institución lo que aparenta ser para ellos lejano y ajeno.

Los planes de la Fiscalía General del Estado para el control de los procedimientos han causado un profundo malestar en la carrera, no solo en buena parte de la plantilla -sobre la que recae la mayor carga de trabajo-, sino también entre aquéllos que desde Fortuny denominan mandos intermedios y, cómo no, también en algunas jefaturas. Un importante número de compañeros manifiestan a quienes formamos parte de las asociaciones su honda decepción y su enojo.

La recepción el día de ayer de los oficios procedentes de la Inspección Fiscal y la Unidad de Apoyo en relación con el plan de control de las causas en tramitación en los juzgados a los efectos del art. 324 LECrim ha precipitado una corriente de frustración y rechazo al programa de actuación que tales oficios recogen. La previsión de que sean revisadas semanalmente “al menos” 25 causas por juzgado revela el lamentable desconocimiento de la Fiscalía General de la organización del trabajo en las distintas Fiscalías por cuanto que -parece que así lo debemos recordar- los fiscales deberán seguir atendiendo sus servicios de guardias, señalamientos ante los juzgados de Instrucción, de lo Penal y Audiencia Provincial, vistas civiles y demás servicios presenciales -incrementados tras las últimas reformas legales- cuyo reparto, con la plantilla actual, deja escasos días al mes para el despacho ordinario de papel que, con mucha frecuencia, termina siendo tramitado por los compañeros fuera de las horas de audiencia.

Asimismo, parece que los firmantes de los oficios señalados desconocen la posibilidad de que los juzgados no se avengan a remitir la causa al fiscal para su examen en el mismo momento en que éste la solicite para cumplimentar unas exigencias de control meramente internas, y que lo anteriormente dicho sobre la generalización del despacho de asuntos fuera de horas de audiencia impide la revisión de las causas en las propias dependencias del juzgado, práctica ésta que -por otra parte- resulta absolutamente indeseable e incompatible con la dignidad de la función del fiscal.

Tenemos la sensación de que desde el palacio del Marqués de Fontalba -sede de la Fiscalía General del Estado- no se percibe la realidad diaria de la misma manera a como se hace en cada una de las sedes de la Fiscalía del resto de España. Parece también que desde hace tiempo se ha roto alguna conexión y no hay sensibilidad ni conocimiento de la auténtica carga de trabajo y sentir de los fiscales. Estoicamente hemos venido soportando un aumento de funciones y tenemos la percepción de que en todas las reformas legislativas el fiscal es el comodín del legislador para acudir presto a cuanta diligencia judicial fuera llamado.

La presencia física del fiscal para atender distintos servicios y la creciente demanda de su intervención ha modificado sustancialmente nuestro trabajo. Nuestra presencia mediática ha aumentado y las exigencias de responsabilidad también. Esto nos prestigia pero también nos exige. Por eso necesitamos parar. No se nos puede pedir cada vez más y pretender que sostengamos a la institución con nuestro esfuerzo personal y voluntarista.

Sin embargo, desde nuestros órganos centrales, lejos de comprender esta realidad o defender nuestros legítimos derechos, parece que se nos exigen cuentas y deberes. En lugar de crecer en nuestra autonomía como profesionales, se nos trata como escolares, implantando un sistema de peonadas que no confía en nosotros, que nos exige más allá de lo que serían nuestras obligaciones legales y cuyo sentido parece que no es otro que dar justificación al Ministerio de los más que exiguos medios de apoyo previstos en la “relación de necesidades” que se adjunta, por otro lado, absolutamente insuficientes para abordar las nuevas funciones que se nos encomiendan no sólo por la Ley 41/15, sino por la propia Fiscalía General. Creemos que nunca la carrera fiscal se ha tenido que someter a esta contabilidad obligatoria dirigida desde la Fiscalía General, lamentamos que se banalice nuestro trabajo estableciendo quincenas de cumplimiento o números más propios de un trabajo en cadena que de un servicio público.

La carrera, los fiscales, esta asociación, nos preguntamos qué más se puede hacer para convencer a la Fiscal General y a su equipo de que este colectivo es capaz de afrontar todos los retos y desafíos que se le encomienden, que lo hace día a día en los juzgados, luchando contra un procedimiento obsoleto, lleno de trampas, sacando adelante las causas pese a la precariedad de medios, enfrentándose a presiones de todo tipo, a los poderosos que se defienden con sofisticadas armas procesales y materiales. Pero que ese esfuerzo será inútil y no será eficaz para el ciudadano y para el estado de derecho si no se hace procurando los medios, poniendo las condiciones y dando soporte material y profesional a nuestro trabajo. No queremos ser los campeones de las estadísticas, ni cumplir objetivos de una cadena de montaje, queremos cumplir con nuestra misión constitucional con eficacia y dignidad.

No se puede dar la espalda a la carrera, ni a la propia institución, nos sentimos defraudados y traicionados por la complicidad de la Fiscal General con el Ministro de Justicia. La conclusión es que somos un barco sin rumbo y sin capitán, a la deriva de las decisiones de un Ministerio de Justica que nos utiliza a coste cero para llevar a término una reforma que ya desde el informe del Consejo Fiscal del anteproyecto de ley era rechazada por la institución.

Como asociación es nuestra obligación transmitir a la Fiscal General y a sus colaboradores que estamos ante una situación crítica, indeseada por todos, y que la carrera fiscal necesita un liderazgo que apoye, entienda y asuma como propio el sentir de la plantilla, un liderazgo que lamentablemente echamos de menos y que nos ha colocado en esta delicada situación profesional.

REFLEXION TRAS UN AÑO DE REFORMA LABORAL

Las sucesivas reformas del Estatuto de los Trabajadores comenzadas en el año 2010, con la mas decisiva llevada a cabo por la ley 3/2012 de 6 de julio, y el Real Decreto de 3 de agosto de 2013, han supuesto, un cambio radical en las relaciones entre empresas y trabajadores; cambio radical, que en la práctica supone un desmantelamiento del derecho del trabajo, entendiendo como tal, el que regula las relaciones entre ambas partes, lo que supone, un paso en el desmantelamiento del estado social que formula la Constitución Española de 1978 en su artículo 1.1, y en su preámbulo al señalar la garantía de convivencia conforme a un orden económico y social justo.
La modificación constitucional llevada a cabo en el art. 135, establece la “prioridad absoluta” en el pago de los créditos destinados a satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública; prioridad absoluta que no puede significar otra cosa que subordinar el pago del coste de la política social, al pago de los intereses y el capital de la deuda pública. Subordinar es la palabra constitucionalmente consolidada.
En esta línea, la citada ley 2/2012, llamada de la reforma laboral, o que mejor dicho debería denominarse de derogación parcial (o esencial?) del Estatuto de los Trabajadores, en su exposición de motivos señala expresamente y sin ningún disimulo que va encaminada a tranquilizar a los mercados internacionales “…que contemplan la situación de nuestro mercado de trabajo con enorme desasosiego…”, a la vez que dicha reforma es reclamada “…por todas las instituciones económicas mundiales y europeas…”, y que en el momento actual nos hace temer no sea suficiente, oídas recientes declaraciones de la Sra. Gerente del FMI., reclamando profundizar en dichas medidas.
Así pues situados ante un escenario en el que hay que hacer frente a una enorme deuda pública en la que se incluye la necesaria devolución del rescate bancario, cifrado en unos 41.500 millones de euros (4,0 puntos de PIB), con la prioridad absoluta que establece la Constitución, obliga a las Administraciones Públicas a recortar drásticamente la financiación de los servicios públicos y la investigación, la llamada reforma laboral va a afectar duramente a los trabajadores laborales de la Administración, y en este sentido se dirige.
De igual modo, la reforma laboral carga contra los trabajadores haciendo desaparecer sus derechos o minimizándoles, para evitar el desasosiego que muestran los mercados, encarnados en insaciables multinacionales que se mueven como depredadores de derechos en un mercado globalizado, que buscan mayor competitividad con cargo en exclusiva al factor de producción que constituyen el esfuerzo y los salarios de los trabajadores, degradando el derecho al trabajo y los derechos alcanzados tras largos y duros años de reivindicación.
De este modo, precisamente, la reforma constitucional, ha abierto la puerta a estas políticas que afectan al estado social rompiendo el orden económico y social justo, y subordinando, también, los derechos contenidos en los artículos 28 (libertad sindical), 35 (derecho al trabajo), 37.1 (negociación Colectiva), 40 (política de empleo), entre otros, a decisiones de carácter macroeconómico, o directamente interviniendo en las relaciones jurídicas de equilibrio entre trabajadores y empresarios, para sosegar a los mercados.
Muestra de estos desequilibrios propiciados constitucional y legalmente, son entre otros:
– el abaratamiento del despido improcedente, (art. 56 del ET –reduce las indemnizaciones y elimina los salarios de tramitación),
– un despido objetivo colectivo mas fácil e injusto (art. 51 ET, basta la disminución de ingresos o ventas tres trimestres consecutivos o la disminución de beneficios o de la facturación, reduciendo la indemnización a 20 días/año y un máximo de 12 mensualidades),
– al igual que en el sector público (disposición adicional vigésima, cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes), lo que conecta inmediatamente con las decisiones políticas de dotación de partidas presupuestarias para los distintos servicios.
– un despido objetivo individual, también mas barato e injusto (art. 52 del ET. Ahora también, y además de las ya contempladas y de las derivadas de la inadaptación al puesto de trabajo, por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos (ej: 12 días de baja por enfermedad), siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses. (ej: 32 días de baja en todo el año),
– movilidad geográfica también mas fácil para la empresa y mas barata (art. 40 ET) que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa, así como las contrataciones referidas a la actividad empresarial, y podrá dar lugar a la extinción de su contrato, percibiendo una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades.),
– la posibilidad de modificar sustancialmente las condiciones de trabajo (salario, horario, principalmente art. 41 ET),
– la pérdida de capacidad negociadora de los sindicatos (sometidos a su vez a un proceso de deslegitimación), como se pone de manifiesto en la regulación de los arts. 87.1, que establece que se podrá proceder, previo desarrollo de un período de consultas en los términos del art. 41.4, a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, sea este de sector o de empresa, que afecten a las materias que se indican en el artículo.
– la pérdida de la ultractividad de los Convenios, cuando expresa que transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación. (art. 86.3 ultº pº)‏, y si no lo hubiera directamente el Estatuto de los Trabajadores ya convenientemente reformado.
Todas estas modificaciones, se sustentan en la existencia de “razones económicas técnicas organizativas o de producción”, conceptos tan indeterminados como flexibles, debiendo significarse, que la decisión última queda en manos del empresario, al haberse eliminado la intervención de la autoridad laboral, de modo que es el empresario el que notifica a los trabajadores la decisión, frente a la que se puede reclamar en conflicto colectivo o individualmente, pero ante la que la Jurisdicción tiene un muy reducido margen de interpretación, al no poder valorar la proporcionalidad de la medida sino la existencia o no de la causa o el cumplimiento de los requisitos formales.

Sin embargo los proclamados objetivos de la reforma laboral no se han conseguido (o sí?, – la exposición de motivos nos dice que “La gravedad de la situación económica y del empleo descrita exige adoptar una reforma que proporcione a los operadores económicos y laborales un horizonte de seguridad jurídica y confianza en el que desenvolverse con certeza para conseguir recuperar el empleo”); pero la realidad es la que es:
– Se ha producido la destrucción de 1.354.644 de empleos.
– Se ha pasado de una destrucción de 788 empleos diarios a que cada día 1.918 personas asalariadas pierdan su trabajo. Una disminución de 596.404 asalariados y un aumento de 136.663 trabajadores independientes en las mismas actividades.
– El número de activos ha descendido en 363.600.
– El 50,8% de las personas paradas lleva más de un año sin empleo (3.043.546 personas); el 32,7 por ciento lleva más de dos años sin empleo y el 22,1 por ciento lleva más de tres años.(1)

En definitiva, hay menos ocupación, más desempleo y mayor precariedad laboral; puede que haya mas competitividad y menos desasosiego en los mercados, pero hemos perdido derechos que se habían conquistado tras muchos años de reivindicación y lucha por las generaciones que nos precedieron; y junto a esto, se ha empobrecido la sociedad, se han agrandado las diferencias sociales, se reducen los servicios sociales básicos, sanidad, educación investigación….

Lo podemos permitir?

(1) (Fuente Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla La Mancha).

Satisfacción ante la sentencia del TJCE en materia de desahucios

COMUNICADO

La Unión Progresista de Fiscales quiere manifestar públicamente su satisfacción por la sentencia del TJCE que declara la inadecuación de la legislación española en materia de ejecución hipotecaria a la normativa comunitaria sobre cláusulas abusivas, entendiendo que el sistema procesal español vulnera la protección de los consumidores regulada en la Directiva de 1993.
La U.P.F. ha manifestado reiteradamente su posición contraria a la legislación hipotecaria vigente en nuestro país y ha convertido la necesidad de su modificación en uno de los argumentos básicos en el que fundamentar las protestas en contra de la actual situación de la Administración de Justicia, llevadas a cabo en los últimos meses.
Por ello, pedimos al Poder Ejecutivo y Legislativo que, con base en esta sentencia y en el art. 47 de la constitución que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, acometan una profunda reforma del sistema hipotecario español, garantizando la protección de este derecho fundamental y paliando las consecuencias del drama social que, esta legislación en el contesto de la actual crisis económica, esta provocando en nuestro país.
Asimismo instamos a jueces, magistrados, fiscales y secretarios a que hagan una interpretación progresista y valiente de la referida resolución, aplicando los criterios que en la misma se contienen en los procedimientos de ejecución hipotecaria en tramitación, protegiendo, en la medida de lo posible, los derechos de los consumidores que en la actualidad constituyen la parte más vulnerable y desprotegida en dichos procedimientos.