COMUNICADO INFORMATIVO TRAS LA REUNIÓN CON EL FGE

Estimados/as compañeros/as,

Informamos que el Secretariado Permanente de la UPF se reunió en la mañana de ayer con el Fiscal General del Estado para trasladarle las principales problemáticas y retos a que nos enfrentamos. También le hemos hecho constar nuestra preocupación por la progresiva pérdida de derechos de los Fiscales, y hemos dejado patente nuestra postura de total oposición a la implantación de la Fiscalía Digital.

Aquí os dejamos un resumen de los temas tratados:

Autonomía: Le trasladamos la urgente necesidad de acometer una reforma estatutaria y reglamentaria del Ministerio Fiscal que garantice nuestra autonomía orgánica y funcional, siguiendo las recomendaciones del GRECO. Se incidió en la necesaria autonomía presupuestaria, avanzando hacia una progresiva desconexión del Ministerio, señalándose todos los problemas que origina la falta de un presupuesto propio. El FGE se mostró de acuerdo con estos planteamientos. Asimismo, y en relación con nuestra preocupación en materia de autonomía individual de los Fiscales, nos informó que la FGE está trabajando en la redacción de una Instrucción sobre las avocaciones y sustituciones del art. 23 y el ejercicio de la facultad de discrepar del art. 27 EOFM.

Formación: Expusimos los problemas que se vienen observando en los cursos de formación, así como el agravio comparativo que sufrimos con la carrera judicial en cuanto a alojamiento y dietas, derivada sin duda de nuestra falta de autonomía presupuestaria, proponiendo la reforma del RD 462/02.  Le trasladamos el desajuste que produce la eliminación del Fiscal asesor dependiente de FGE en el CEJ y la necesidad de contar por fin con un centro de estudios propio y una formación inicial conjunta. El FGE encontró razonables nuestras propuestas y nos manifestó su planteamiento de que, entre tanto, se designarán cuatro codirectores en el CEJ pertenecientes a cada uno de los cuerpos.

Justicia Digital: Se le enumeraron cada una de las graves deficiencias y trastornos que plantea en la Fiscalías donde se ha implantado, insistiendo en que el problema de fondo es de diseño y concepción, ya que es el modelo mismo el que no funciona. Se recordó que desde la Unidad de Apoyo no se ha adoptado medida alguna para llevar a efecto el acuerdo unánime del Consejo Fiscal y exigimos implicación y apoyo a la carrera en tan trascendente asunto, donde se debe hacer valer nuestro peso institucional. Señalamos que el reciente envío del manual de “Buenas Prácticas” no revela la intención de la Unidad de Apoyo de cuestionar siquiera los planes de implantación del Ministerio. Ante nuestra insistencia sobre el sentir generalizado de la Carrera, el Fiscal General nos propuso crear un grupo de trabajo con representantes de las asociaciones, la FGE y el Ministerio, a lo que no nos negamos, si bien dejando constancia de que deben mantenerse las exigencias de paralización.

Reforma procesal: El Fiscal General se mostró favorable a que el fiscal sea el director de la investigación penal, y nos participó que en el Ministerio se está trabajando principalmente sobre el modelo del anteproyecto de LECrim del ministro Caamaño y no sobre el borrador de Código Procesal Penal. Le recordamos nuevamente la necesidad de acometer las reformas en la institución y la dotación de medios suficientes.

Régimen de concursos y ascensos: Se expusieron las problemáticas que todos conocemos y nuestra reivindicación de un calendario reglado.

Ante la falta de tiempo suficiente para tratar con la debida profundidad tanto estas importantes materias como otras que sólo pudieron ser finalmente esbozadas (plazos de instrucción entre ellas), alcanzamos con el Fiscal General el compromiso de reunirnos de manera regular para efectuar un seguimiento de la situación y de las medidas que se fueran a adoptar.

 

Albacete, a 2 de febrero de 2.018.

El Secretariado Permanente de la UPF

COMUNICADO SOBRE FORTUNY DIGITAL

En la Unión Progresista de Fiscales tenemos conocimiento, tanto directamente como por los mensajes que los compañeros dejáis en las redes sociales, de la situación lamentable en que se encuentran todos los que están sufriendo la implantación de la Fiscalía Digital.

Pensamos que todos debemos implicarnos en esta lucha, que supone el cambio de los medios y sistemas de trabajo más importante desde el surgimiento de las nuevas tecnologías, y que marca un antes y un después en la Administración de Justicia como servicio público y como nuestra tarea diaria.

Y aunque la cuestión de los medios materiales, las famosas “surfaces”, su suministro, la permanencia o no de las CPUs en los despachos, etc. no es baladí, no podemos dejar que esos árboles no nos dejen ver el bosque. Nuestra reivindicación ha de centrarse en el problema de fondo, que es que la Fiscalía Digital tal y como está concebida, mal planteada y peor ejecutada, no se puede seguir implantado a la fuerza.

Nos produce gran satisfacción ver a los compañeros unidos y movilizados, como ya ocurrió en Valladolid, con el plante de los Fiscales y el inestimable apoyo de su entonces Fiscal Jefa. Pero no podemos olvidar que los fiscales de a pie no deben verse en la tesitura de afrontar solos estas reivindicaciones y problemas. Es innegable que la cuestión compete a la Fiscalía General del Estado como Institución, y deben ser sus responsables, en especial el Fiscal de Sala de la Unidad de Apoyo, quienes lideren esta lucha de la Carrera ante el Ministerio, y adopten una postura decidida y firme.

Desde la Unión Progresista de Fiscales tenemos claro que de este Ministerio de Justicia no podemos esperar nada. Eso ya lo vimos con la  reforma y entrada en vigor del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y ello a pesar de la histórica movilización que conseguimos desde nuestra asociación, con una recogida de firmas que unió a más de la mitad de la Carrera Fiscal.

Y en ese pulso nos faltó lo mismo que ahora: el apoyo inquebrantable del Fiscal General del Estado, de la Fiscalía General y de la Unidad de Apoyo.

A través de nuestros consejeros de la UPF, y también directamente por el Secretariado, hemos interpelado a los responsables en muchas ocasiones, y la única respuesta positiva que hemos obtenido ha sido el comunicado institucional del día 25 de octubre de 2017, que hasta el momento ha quedado sólo en palabras, sin que nos conste que se haya adoptado ninguna medida para su puesta en práctica, ni siquiera en la propia Fiscalía General, y menos aún en la Unidad de Apoyo, cuyo responsable está mucho más cerca de los planteamientos y la euforia ministerial que de la realidad diaria de las Fiscalías y los Fiscales.

Aun así, seguimos a la vanguardia de esta reivindicación y continuaremos haciéndolo, en la convicción de que es el único camino para conseguir una Justicia eficaz.

Albacete, 24 de enero de 2018

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales.

POR UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE EN EUROPA

POR UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE EN EUROPA

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Por una justicia independiente en Europa

En el  aniversario del asesinato de Giovanni Falcone por la Mafia en 1992, MEDEL marca el día 23 de mayo como el día de la alerta por el estado de la Justicia en Europa. En esta fecha, se nos invita a reflexionar sobre la necesidad de una justicia independiente y eficaz en todo el continente y su importancia para la salvaguarda de las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos europeos.
En la última década,  muchos de los problemas  que han salido a la luz han llevado a una creciente desconfianza de los ciudadanos hacia el proyecto de integración europea: la crisis económica y financiera; la amenaza del  terrorismo; el fenómeno de la migración. A pesar de estos problemas, y de la decepcionante respuesta dada a los mismos por los gobiernos nacionales y las propias instituciones europeas pese al peligro que suponen para la integración,  cualquier análisis sobre estos temas demanda la existencia de un poder judicial independiente  capaz de proteger las libertades básicas y derechos de todos los ciudadanos.
Con la excusa de abordar el problema del insuficiente crecimiento económico, la Unión Europea y los Estados Unidos están negociando secretamente un acuerdo de libre comercio, según la cual, entre otras medidas, se está considerando la creación de sistema de resolución de conflictos ajeno al control judicial de los países. Esto supone equiparar a las corporaciones multinacionales al mismo nivel que los Estados soberanos, basado en la  errónea presunción de que los tribunales nacionales de los Estados miembros no pueden otorgar protección jurídica efectiva a los inversores extranjeros. 
Medel ( Magistrados europeos para la libertad y la democracia), en su comunicado emitido hoy mismo, afirma que no existe ninguna justificación objetiva o base jurídica para la creación de este nuevo  Tribunal y que todos los ciudadanos europeos deberían estar seriamente preocupados por esta propuesta. Un tribunal de arbitraje privado que reemplace a los tribunales de los Estados no puede establecerse mas que para  favorecer  los intereses de la codicia corporativa multinacional. Este tribunal concederá legalmente a las multinacionales diferentes privilegios; entre otros tendrán el de poder imponer sanciones a los Estados y, al mismo tiempo, no serán responsables ante los ciudadanos, al no tener que cumplir con las reglas del juego democrático y no afrontar las consecuencias sociales de sus decisiones .
La lucha contra el terrorismo, por otro lado, ha llevado a la adopción de medidas que ponen en peligro la libertad de los ciudadanos europeos sin que ello sea la panacea para resolver el problema de la seguridad. Como MEDEL subrayada en su declaración de Pisa de marzo pasado, la utilización de medidas excepcionales no puede convertirse en una excusa para prolongar los estados de emergencia, cuya vigencia ilimitada no puede ser vista como una situación normal en una sociedad democrática.
Añadimos a todo esto,  y en un intento de desviar la atención de la desastrosa respuesta de instituciones y los gobiernos europeos a la crisis de la migración,  que la UE ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno turco que  nos avergüenza a  todos. Y se ha formalizado olvidando intencionadamente que el gobierno Turco no respeta la separación de poderes y la independencia del poder judicial, como pone de manifiesto el traslado de jueces y fiscales sin  su consentimiento; la prisión y  y destitución de jueces y fiscales por realizar su trabajo y las propias declaraciones públicas contra los jueces realizadas por el Presidente turco.
Estos son sólo algunos ejemplos preocupantes de las amenazas a las que se  enfrenta el poder judicial en Europa. Hay muchas otras, algunas graves, como las inaceptables medidas adoptadas por el poder ejecutivo en el poder judicial en Polonia con la paralización del Tribunal Constitucional, o la interferencia de los servicios secretos en el poder judicial rumano.
En España, la Justicia, al igual que otros servicios públicos , ha sido maltratada por la crisis económica, sin que se ponga remedio por parte del poder político a una situación endémica de precariedad de medios , a una perdida progresiva de libertades y derechos sociales y políticos , a un proceso penal  insostenible su actual concepción, y a los intentos siempre perniciosos de socavar la independencia judicial.
En otras muchas ocasiones Medel ha recordado, que tener acceso a una justicia independiente no es un privilegio, es un derecho fundamental de todos los ciudadanos europeos. Los poderes económicos y políticos no pueden cruzar el último límite de la separación de poderes, el principio único que garantiza el respeto de los derechos y libertades fundamentales ; que todos los europeos, ciudadanos o instituciones, independientemente de su origen o de su situación económica, son iguales ante la ley.
No podemos permanecer pasivos mientras la independencia del poder judicial se está poniendo bajo amenaza en toda Europa, es un deber de la ciudadanía oponerse a todos estos  intentos de injerencia. Se lo debemos a la memoria de Giovanni Falcone. Se lo debemos al futuro de Europa.
Gualtiero Michelini. Presidente de Medel.
Joaquim Bosch Grau, Portavoz de Jueces Para La Democracia
Alvaro García  Ortiz. Presidente de la Unión Progresista de Fiscales.

COMUNICADO DEL CONSEJO FISCAL sobre los plazos de instrucción

COMUNICADO DEL CONSEJO FISCAL

 

1. El Consejo Fiscal valora y reconoce públicamente el enorme esfuerzo  desarrollado por los fiscales a lo largo de estos últimos meses, en condiciones muchas veces difíciles, revisando la tramitación de las causas, en cumplimiento  de lo establecido en el artículo 324 de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

2. El Consejo Fiscal considera que el problema surge por la falta de atribución definitiva de la investigación de los delitos al Ministerio Fiscal. La Ley de Enjuiciamiento criminal atribuye al titular del órgano jurisdiccional la dirección de la instrucción y al Letrado de la Administración de Justicia, el impulso y la custodia de los procedimientos. La actual tesitura no permite a los fiscales asumir con seguridad la parcela de responsabilidad que les corresponde en la tramitación en plazo de los procedimientos penales.

3. Considerando los medios actuales, los términos del artículo 324 resultan de difícil o imposible cumplimiento, máxime en ausencia de la prometida instrucción al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

4. Con la información disponible las fiscalías no pueden conocer el cambiante volumen de asuntos pendientes en los juzgados españoles, datos que sólo constan en cada uno de ellos de modo que no es posible asegurar con certeza que a 6 de junio se hayan revisado todas las causas en tramitación, ni que el control pueda seguir realizándose en el futuro de manera completa.

5. Solicitamos que se adopten las medidas adecuadas para corregir esta situación.

Comunicado UPF sobre la entrada en vigor del nuevo sistema de plazos de instrucción

Tras su reciente entrada en vigor el día 6 de diciembre de 2015, la Unión Progresista de Fiscales reitera su enérgico rechazo al sistema de plazos de instrucción instaurado por la Ley 41/2015 de modificación de la LECrim. al considerar incongruente el control por los fiscales de los plazos de las investigaciones judiciales.

Lamentamos que el análisis profundamente crítico realizado unánimemente por las asociaciones de fiscales y jueces, así como por más de mil doscientos fiscales españoles en una carta dirigida al Consejo Fiscal, no haya sido acogido por el actual Ministro de Justicia, rehusando -incluso- el aplazamiento solicitado del exiguo y sorprendente plazo de dos meses de entrada en vigor de la reforma hasta la necesaria dotación de medios para su debida aplicación práctica. En este sentido, desde nuestra asociación hemos manifestado insistentemente que el Ministerio Fiscal carece de recursos personales y herramientas informáticas que permitan controlar con rigor los tiempos de las investigaciones de los jueces de instrucción.

La instauración de esos nuevos plazos pone de manifiesto -una vez más- la absoluta improvisación del legislador con una reforma cuya acelerada entrada en vigor solamente puede justificarse en la voluntad de “vender” en plena campaña electoral una ficticia modernización de la justicia, escondiendo el vergonzoso trato dado a la misma y a sus profesionales en esta legislatura.

Asimismo, reiteramos nuestro público reproche al posicionamiento adoptado por la Fiscal General del Estado que, en una actitud claramente condescendiente con el Ministerio de Justicia, no ha liderado el desacuerdo y la crítica constructiva de un sobresaliente número de miembros de la carrera fiscal ante una reforma legislativa que no hace sino dificultar la investigación judicial y entorpecer la labor del Ministerio Fiscal en la promoción de la acción de la justicia.

En definitiva, consumada la entrada en vigor del nuevo sistema de plazos cuya implantación no va acompañada de la necesaria dotación de personal -por decisión del propio legislador- y atendiendo a las dificultades de la Fiscalía para controlar los plazos de los procedimientos no solo futuros, sino también en trámite -más de 700.000, según datos del propio C.G.P.J.-, la Unión Progresista de Fiscales lamenta y censura el incumplimiento por el Ministro de Justicia de los compromisos adquiridos ante el Consejo Fiscal el pasado día 20 de octubre de 2015, tanto de proporcionar al Ministerio Fiscal herramientas informáticas adecuadas para examinar el estado de los procedimientos judiciales, como de dictar la correspondiente instrucción a los letrados de la administración de justicia a fin de que faciliten a los fiscales la labor de control de los plazos de instrucción. Y es que la responsabilidad de esa tarea de inspección no recae en exclusiva en los integrantes de la carrera fiscal, sino también -e incluso en mayor medida- en los jueces que dirigen la instrucción y en los propios letrados de la administración de justicia a quienes legalmente corresponde poner en conocimiento de aquéllos el vencimiento de los términos judiciales.

Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Artículo publicado en el diario EL MUNDO por el Secretariado de la UPF

Artículo publicado en el diario EL MUNDO por el Secretariado de la UPF

El día 6 de octubre se publicó en el BOE una reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en virtud de la cual se introducía por vez primera en el ordenamiento español un inequívoco plazo preclusivo para la instrucción judicial, dejando atrás el ilusorio plazo de un mes que establecía nuestra longeva ley procesal en su artículo 324.

Esta reforma legal, criticada de forma unánime por todas las asociaciones de fiscales y jueces, determina inicialmente un plazo de seis meses para la práctica de diligencias de instrucción, permitiendo prorrogar las investigaciones en supuestos estrictamente tasados, tanto en lo que al tiempo se refiere, como a las causas en que debe apoyarse esa moratoria. Asimismo, la Ley otorga al fiscal -casi en exclusiva- la potestad para solicitar esas prórrogas, no permitiendo que sea el propio juez -que es quien investiga- que pueda dilatar o ampliar los plazos de su propia investigación.

Así las cosas, esta reforma conllevará -a buen seguro- perniciosas consecuencias procesales toda vez que, transcurridos los nuevos plazos, la investigación habrá de concluir necesariamente, abriéndose entonces una segunda fase procesal en la que se deberá tomar la decisión de continuar el procedimiento o, por el contrario, archivarlo, teniendo exclusivamente en cuenta para ello el material probatorio que hubiere podido obtenerse en esa fase preliminar acotada en el tiempo.

Como decíamos anteriormente, y sin perjuicio de la distinta valoración que pueda hacerse respecto de otros aspectos de la reforma, resulta cuando menos llamativo que tanto fiscales como jueces nos hayamos posicionado en contra de los nuevos plazos de instrucción, tanto por la deficiente y equívoca redacción del novedoso precepto, como por lo incoherente que resulta su implementación en el sistema procesal penal español -anclado en la anticuada figura del juez de instrucción napoleónico frente a los modernos sistemas del Derecho comparado que atribuyen al Ministerio Público la dirección de la investigación-, así como por el anormal y sospechosamente exiguo plazo de entrada en vigor -dos meses desde su publicación y una vez disuelto el Parlamento-.

Las asociaciones de jueces y fiscales hemos calificado mayoritariamente la reforma como “ley de punto final” por cuando imponer un límite a la instrucción, un plazo inamovible, puede provocar -como apuntábamos- el archivo de procedimientos o la formulación de acusaciones insuficientemente fundadas para esclarecer los hechos delictivos y sus responsables. Ello puede suponer, por consiguiente, que las investigaciones de procedimientos complejos, como -entre otros muchos- los relativos a delincuencia organizada, corrupción política y económica o blanqueo de capitales, corran el riesgo de ser prematuramente terminadas, sin poder profundizar así en los delicados entramados que los enmascaran.

Fiscales y jueces entendimos que la única salida para esta ley tramitada sin consenso -a todas luces inaplicable, no sólo por lo ya manifestado por las asociaciones, sino también por lo expuesto por los órganos consultivos del Estado, entre ellos el Consejo Fiscal, antes de su aprobación parlamentaria- era aplazar su entrada en vigor hasta que se dotara a fiscalías y juzgados de medios materiales, personales e informáticos ante la endémica e indigna carencia de recursos en la Administración de Justicia española.

El pasado 21 de octubre se publicó en este periódico una severa -e incomprensible por sus innecesarios e insolentes epítetos- respuesta del Ministerio de Justicia a las legítimas críticas y reivindicaciones de todas las asociaciones de fiscales y jueces emitida a través de una carta abierta firmada -entre otros- por miembros del gabinete del ministro y algún letrado defensor de varios imputados en la ‘trama Gürtel’, con el adulador calificativo de “magnífica reforma procesal”. Censuramos que se ataque sin paliativos a nuestro colectivo y que, desde el sencillo mirador de la teórica -completamente alejada de la realidad diaria y al servicio del poder establecido-, se permitan deslizar comentarios tan ofensivos hacia el trabajo diario de jueces y fiscales.

Como ya hemos dicho, la redacción de la ley es muy defectuosa y la falta de rigor técnico del texto resulta patente. Es más, el propio ministro la ha llegado a calificar de “disonante”, prometiendo medios para parchear este grave dislate legal, aun a sabiendas de que no lo puede cumplir por cuanto se halla al final de su mandato y los Presupuestos Generales del Estado ya han sido aprobados por el Parlamento de la Nación. El ministro al parecer está dispuesto a desobedecer a su propia ley, que en su disposición adicional sobre previsión de costes dice: “Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal”.

Pero es más, la pretensión de extender el sistema de plazos a los procedimientos ya iniciados y pendientes de finalizar que se encuentran actualmente en fase de investigación, supondría revisar más de 700.000 causas que actualmente penden en los juzgados de instrucción de toda España. Poner el contador al cero es una misión de imposible cumplimiento con un mínimo de eficacia, salvo que lo que se pretenda realmente sea dar carpetazo a las mismas, y archivar finalmente muchas de ellas sin concluir la investigación. Y todo ello, por supuesto, contando con los medios de gestión documental de una justicia del siglo XIX, de manera casi amanuense.

Por todo lo apuntado, seguimos insistiendo en la necesidad de aplazar la entrada en vigor de la reforma. Todos deseamos una Justicia penal moderna y ágil. Si subrayamos que esta reforma de la ley procesal penal es una “ley de punto final” no lo hacemos -como apuntan los ilustres profesores y especialistas en Derecho procesal que suscribieron la mencionada carta al ministro- por intereses corporativistas e inmovilistas, como tampoco -y mucho menos- por esa velada insinuación de abulia u holgazanería que se desprende del texto en cuestión, mostrando -además- sus firmantes un inquietante desconocimiento de la vertebración de la Fiscalía y de las muchas funciones que los fiscales desarrollan en España al margen del ámbito estrictamente penal -a diferencia de otros países de nuestro entorno-, como es el caso de los procesos civiles y de familia, contencioso-administrativos y sociales, en la jurisdicción de menores y en la jurisdicción voluntaria o en la protección de personas con discapacidad, entre otros muchos.

Del mismo modo, esta petición de aplazamiento de entrada en vigor no es -como se nos achaca- ni menos democrática, ni menos respetuosa con la separación de poderes, que la decisión que tomó en su momento este mismo ministro de Justicia, aplazando la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil. En aquella ocasión valoró con atino las dificultades que suponía su entrada en vigor, en este caso -el de la Lecrim-, pese a las continuas y rigurosas advertencias, persevera en su inexplicable -o sí- obcecación.

No creemos que la Justicia, los ciudadanos, o las víctimas, en especial las víctimas, esperen ni deseen las aciagas consecuencias que desgraciadamente auguramos tras la próxima entrada en vigor de la reforma legal que hemos expuesto sucintamente. El sistema de plazos implantado no encaja en el modelo de proceso penal español. Y esto no sólo lo dice la Unión Progresista de Fiscales. Afortunadamente, los especialistas en Derecho procesal penal no sólo son los firmantes de la carta, ni en las cátedras de éstos reside de forma exclusiva el saber sobre la materia. Quienes a diario aplicamos el Derecho -con idéntico o mejor conocimiento que quienes lo imparten en las aulas- no podemos compartir el contenido de aquella carta y lamentamos que determinados docentes demuestren, tristemente, su lejanía de la realidad y de la práctica forense cotidiana, así como el lamentable déficit que ello supone en la formación de los futuros profesionales de la Justicia.

Firman este artículo los miembros del Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales: Álvaro García Ortiz, fiscal delegado Medioambiente de Galicia; Diego Villafañe Díez, fiscal de la sección territorial de la Fiscalía de Hospitalet de Llobregat, Fiscalía Provincial de Barcelona; Emilio Manuel Fernández García, fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; Carlos García-Berro Montilla, fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid; Eduardo Esteban Rincón, fiscal de la Fiscalía del Tribunal Constitucional; Fernando Rodríguez Rey, fiscal delegado de Extranjería de Cataluña; Virginia García Aller, fiscal de la Fiscalía de Área de Vilanova i la Geltrú – Gavà; Francisca Asunción Valenzuela Fernández, fiscal de la Sección Territorial de Linares de la Fiscalía Provincial de Jaén; y María de las Heras García, fiscal adscrita a la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado.

Comunicado UPF tras reunión con el Ministro de Justicia

Tras la reunión mantenida con el Ministro de Justicia, la UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES pone de manifiesto su profunda decepción por el resultado de la misma en la que una vez más nos hemos encontrado con la incapacidad absoluta del Ministerio de Justicia para escuchar y atender el clamor generalizado de todos los operadores jurídicos en contra de la entrada en vigor de la ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
 
Ha sido la propia sordera del Ministerio, de su iniciativa legislativa -que ha ignorado en el momento de la redacción del texto los consejos aportados por los órganos consultivos del Estado-, así como las prisas o urgencia política por “encajar” esta ley antes de que finalice la legislatura, lo que ha provocado este indeseable resultado.
 
En este caso, la firma de nada menos que 1.194 fiscales españoles y la unanimidad de las asociaciones de fiscales comprometiendo su voluntad para evitar la entrada en vigor de la norma, es un hecho que le resulta irrelevante al Ministerio, quien, pleno de soberbia jurídica, trata de darnos explicaciones sobre cómo aplicar la ley y promete, como parches de última hora, medios materiales insuficientes e ineficaces antes de la entrada en vigor de la norma y cuyo cumplimiento y efectividad el Ministro no está  en condiciones de asegurar ante el fin de su mandato.
 
La voluntad y necesidad de acortar los tiempos de instrucción es una evidencia que no necesita mas explicación pero el instrumento utilizado -la  reforma del art 324  de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada a través de la Ley 41/2015, de 5 de octubre- es técnicamente deficiente, jurídicamente confuso y procesalmente incongruente, incluso con visos de inconstitucionalidad en alguno de sus postulados. La ley plantea un reparto de papeles entre jueces y fiscales de otro modelo procesal y, sobre todo, parte de una realidad, la deteriorada  realidad del día a día de nuestras fiscalías y de los juzgados y tribunales, desconocida absolutamente por el Ministerio de Justicia y el legislador.
 
Lamentamos profundamente que la Fiscal General del Estado no encabece, como nos hubiera gustado, esta justa petición, y que le dé la espalda a la Carrera Fiscal en un momento inmejorable para demostrar nuestra autonomía e independencia del ejecutivo.
 
La justicia necesita buenos instrumentos para luchar contra la delincuencia compleja, necesita medios materiales, jueces, fiscales, peritos, investigadores, y necesita -también- que las leyes sean fiables, aplicables y técnicamente sostenibles. El fin del proceso penal es investigar el delito y perseguir a los culpables, pero con esta ley -en su actual planteamiento- corremos el riesgo de que quien se beneficie de los plazos no sea la sociedad ni la justicia ,y mucho menos las víctimas de los delitos, sino quienes evitan por todos los medios a su alcance ser investigados, quienes mayor interés tienen en dilatar los procesos y procurar su impunidad.
 
Por consiguiente, volvemos a solicitar -puesto que aún hay posibilidad de hacerlo y solamente depende de la voluntad del Ejecutivo- que antes del 5 de diciembre de 2015 el Gobierno aplace la entrada en vigor de la norma. Es una petición sensata, respetuosa con la separación de poderes y amparada en la voluntad de evitar las indeseables consecuencias de una ley que no deseamos sea recordada como la ley de punto final española.
 
Santiago de Compostela a 20 de octubre de 2015

COMUNICADO DEL CONSEJO FISCAL SOBRE REFORMA LECrim

Queridos compañeros

 

El Consejo Fiscal de esta mañana tenía una repercusión especial para la Carrera y por esa razón nos apresuramos a dar cuenta de su desarrollo, marcado por la recepción de una carta firmada por un importantísimo porcentaje de miembros de la Carrera y por la presencia del Ministro de Justicia en la sede de la Fiscalía General del Estado coincidiendo con nuestra reunión.

 

Compartimos el ponderado contenido de la carta que recibimos, felicitamos  a quienes han tomado la iniciativa y a todos cuantos han participado activamente en ella y agradecemos a todos quienes la han suscrito. Como no podía ser de otra manera, todos los vocales electos del Consejo somos sensibles a la petición y hemos actuado como una sola voz, respondiendo a la demanda.

 

El Ministerio Fiscal actúa con inquebrantable sujeción a la ley y ha cumplido y cumplirá con responsabilidad y dedicación cuantas funciones se le atribuyen legalmente.

 

Ratificamos el contenido de nuestro informe de 2 de enero de 2015 de la entonces proyectada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en particular sobre el establecimiento de los plazos de instrucción y que se ha plasmado en la Ley 41/2015 y en el que literalmente se decía: “La pretendida modificación del art. 324 de la LECrim. tiene como finalidad la fijación de plazos máximos de instrucción, lo que no resulta  propio del sistema procesal penal español actual sino  del sistema acusatorio puro con instrucción del Fiscal en exclusiva y libre de injerencias durante un plazo determinado. En el sistema actual el establecimiento de  un plazo de instrucción con monopolio del Fiscal de la facultad de solicitar  la prórroga del mismo resulta un contrasentido, al hallarse la instrucción dirigida por el Juez”. Y los informes del Consejo Fiscal responden a criterios estrictamente técnicos que eviten situaciones que perjudiquen los derechos de los ciudadanos o el interés social y este párrafo no es una excepción.

 

La presencia del Ministro de Justicia obedece a su petición ante la Comisión de Coordinación de la Fiscalía General del Estado, interrumpiendo el Consejo Fiscal su sesión, momento que aprovechamos para transmitir al Ministro la inquietud de la Carrera.

 

Hemos solicitado al Ministro de Justicia la urgente puesta en marcha  de una propuesta legislativa dirigida a extender el plazo de entrada en vigor de la Ley. Hemos expresado que con la actual dotación de plantilla, personal colaborador y medios materiales y tecnológicos, el Ministerio Fiscal no está en condiciones de asegurar el eficaz cumplimiento de la normativa de plazos procesales.

 

En el estado actual de la legislatura, con las Cortes Generales a punto de su disolución, si es que procede su modificación, no hay oportunidad realista de redactar el art. 324 LECrim de una manera ponderada suficientemente

COMUNICADO CONJUNTO SOBRE REFORMA LECrim

COMUNICADO CONJUNTO SOBRE REFORMA LECrim

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JUECES PARA LA DEMOCRACIA, ASOCIACIÓN DE FISCALES, ASOCIACIÓN DE JUECES FRANCISCO DE VITORIA, FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE, ASOCIACIÓN PROFESIONAL E INDEPENDIENTE DE FISCALES y UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES


La Ley 41/2015 de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, publicada en el BOE el pasado día 6 de octubre, introduce para la finalización de la instrucción lo que en su Preámbulo denomina “plazos máximos realistas cuyo transcurso sí provoca consecuencias procesales” en sustitución del “exiguo e inoperante plazo de un mes del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal“. Dichos plazos son de seis y dieciocho meses, “según se trate de un asunto sencillo o complejo“. La nueva redacción del artículo atribuye, además, al Ministerio Fiscal el impulso procesal para la solicitud de la prórroga de los anteriores plazos cuando en los mismos no pueda completarse la instrucción.
Establecer un plazo límite sujeto a control en nuestro modelo procesal -en el que la investigación está en manos del juez instructor- puede resultar absurdo, pues es el propio juez quien ha de controlar la realización efectiva en plazo de sus propias diligencias procesales, como es también absurdo otorgar al Ministerio Fiscal, en régimen de monopolio, la facultad de pedir prórrogas a quién está dirigiendo y controlando la investigación cuando puede haber desacuerdos en la misma o, incluso, desconocer el contenido o la existencia de dicha investigación.
Ello coloca a los miembros del Ministerio Fiscal en una irresoluble tesitura, al resultar de imposible cumplimiento el mandato legal con los medios personales y materiales con que se cuenta en la actualidad, y a los jueces de instrucción en un delicado papel en el que, dirigiendo ellos la instrucción, carecen de la capacidad para prolongarla en el tiempo, si no es tras la petición del fiscal.
En definitiva, el legislador ha confundido tanto el modelo procesal como el papel de los actores, lo que lleva a su último extremo la falta de coherencia de la reforma.
Por si esto fuera poco, su entrada en vigor está prevista en el plazo de dos meses desde su publicación. Así, el 5 de diciembre se aplicará a todos los procedimientos vigentes, es decir, habrá que revisar todas las causas penales que se encuentran en fase de instrucción en todos los juzgados de España, teniendo éstos que atender la carga de trabajo ordinaria, y todo ello -como dice la propia ley- sin necesidad de habilitación presupuestaria alguna.
Es por lo tanto, una auténtica ley de punto final de la que va a resultar la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados y, por ello, las asociaciones firmantes solicitan la suspensión de la entrada en vigor de la reforma hasta que, al menos, no se cuente en todo el territorio nacional con los medios personales, materiales e informáticos que posibiliten el cumplimiento de la norma.
 15 de octubre de 2015

 

COMUNICADO SOBRE LA REFORMA PROCESAL, POSTURA DE LA AF Y LA UPF EN EL PRÓXIMO CONSEJO FISCAL.

La Ley 41/201 de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, publicada en el BOE el pasado día 6 de octubre, introduce para la finalización de la instrucción lo que, en su Preámbulo, denomina “plazos máximos realistas, cuyo transcurso sí provoca consecuencias procesales”, en sustitución del “exiguo e inoperante plazo de un mes del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
Dichos plazos son los de seis y dieciocho meses, “según se trate de un asunto sencillo o complejo”. La nueva redacción del artículo atribuye, además, al Ministerio Fiscal el impulso procesal para la solicitud de prórroga de los anteriores plazos cuando en los mismos no pueda completarse la instrucción.
Como ya dijo el Consejo Fiscal en su informe de fecha 22 de enero 2015: “ La fijación de un plazo máximo de instrucción o investigación tiene razón de ser y es propia del sistema “acusatorio puro”: instrucción del Fiscal en exclusiva y libre de injerencias durante un periodo tasado de tiempo. El control de la duración de la investigación , que en realidad se concreta en el control de la necesidad justificada de seguir investigando más allá de un plazo razonable, corresponde al Juez quien decide si la investigación está razonablemente agotada o hay razones para prorrogarla. Establecer un plazo límite sujeto a control en nuestro modelo procesal en el que la investigación está en manos del Juez Instructor  puede resultar hasta absurdo por razones tales como que el propio Juez ha de controlar la realización efectiva en plazo de sus propias diligencias procesales,  que el Fiscal ostente, en régimen de monopolio, la facultad de pedir prórrogas a quien está dirigiendo y controlando la investigación cuando puede no compartir el curso de la misma o incluso no conocerlo. Por tanto, hasta que no se produzca la necesaria reforma del proceso penal español tal medida de limitación temporal sujeta a control carece de sentido,  de utilidad y resulta de difícil aplicación práctica por lo que el Consejo Fiscal solicita su supresión”.
Las fundadas razones expuestas por el Consejo Fiscal no han sido, sin embargo, atendidas en la reforma legislativa, colocando con ello a los miembros del Ministerio Fiscal en una irresoluble tesitura, al resultar de imposible cumplimiento el mandato legal con los medios personales y  materiales con que se cuenta, puestoque, además, la obtención de datos que pueda realizar el Fiscal depende exclusivamente de la información que quiera facilitarle el Juzgado, sin que pueda asegurarse la bondad de los mismos.
La Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales quieren expresamente apoyar el informe emitido por sus consejeros, en la absoluta seguridad de que seguirá siendo la postura que, frente al Ministerio, se mantenga en el próximo Consejo Fiscal del día 20 de octubre, y desde las dos ejecutivas y de acuerdo con los  consejeros  elegidos en sus listas,  anunciamos que  se va  a solicitar en el mismo,  la suspensión de la entrada en vigor del referido artículo en tanto no se cuente en todo el territorio nacional con los medios personales, materiales e informáticos, que posibiliten el cumplimiento de la norma.
Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales.
Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales.