Comunicada sobre reanudación actividad judicial

Ante la situación generada por la pandemia del Covid-19 y las instrucciones de reanudación de la actividad judicial, la Unión Progresista de Fiscales manifiesta su más absoluta preocupación ante ciertas medidas que se empiezan a tomar y que podrían no garantizar la seguridad y la salud, no solo de la carrera fiscal, sino de cuantas personas profesionales y usuarias de la justicia deban acudir a las dependencias de las distintas fiscalías y órganos judiciales.

Por eso interesamos que la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial exijan a las administraciones competentes que garanticen las medidas de higiene y salubridad que nos permitan ejercer nuestra función constitucional en condiciones dignas y con plenas garantías, suministrando los equipos de protección personal que sean necesarios y las medidas de seguridad necesarias en todas las instalaciones judiciales y salas de vistas.

Madrid a 30 de abril de 2020

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Comunicado tras reunión con el Ministro de Justicia de 22 de Abril de 2020

En el día de hoy se ha mantenido por parte del Ministro de Justicia una reunión en la que también se encontraban presentes Francisco de Borja Vargues, secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Concepción López Yuste, directora general para el Servicio Público de Justicia con las representaciones de las asociaciones de fiscales, representada la Unión Progresista de Fiscales por nuestra presidenta Teresa Peramato.

En primer lugar, agradecer que por parte del Ministro de Justicia, haya querido exponer su plan de actuación, sin perjuicio de reiterar lo ya manifestado en nuestro comunicado, en este momento es imprescindible escuchar a todos los operadores jurídicos, porque solo de una manera conjunta, y con la participación de todos, saldremos de esta crisis.

Por parte del Ministro de Justicia ha manifestado, se ha recordado que de conformidad con la disposición adicional decimonovena del Real Decreto Ley 11/2018 se aprobará a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo máximo de 15 días una vez se haya dejado sin efecto la declaración del estado de alarma y de las prórrogas del mismo, un Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo así como en el ámbito de los Juzgados de lo mercantil con la finalidad de contribuir al objetivo de una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis.

Asimismo ha manifestado que esta pendiente la voluntad de aprobar un Real Decreto que comprenderá diferentes áreas, partiendo desde el consenso pero en todo caso teniendo en cuanta los requisitos de extraordinaria necesidad que exige la CE., ampliando la actuación telemática de todos los puestos de trabajo de la administración de justicia (teletrabajo), volviendo a manifestar que se está trabajando en una modificación de la ley Procesal Penal así como del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Por parte de la Unión Progresista de Fiscales se han expuesto como medidas fundamentales:

La imprescindible derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal toda vez que, una vez que se reactiven los plazos procesales, va a ser más difícil el control los plazos de instrucción previstos en ese precepto y mayor el riesgo de impunidad. En este punto, y por parte del Ministro ha manifestado que ya existe una tramitación legislativa para su derogación. Desde la UPF hemos de lamentar este posicionamiento dado que la derogación del artículo 324 de la Lecrim era ya urgente con anterioridad a esta pandemia, y sus efectos se han visto, y se verán en el futuro con el archivo de múltiples causas (muchas de ellas de corrupción), ante la imposibilidad de control de los plazos por parte de las/los fiscales.

Se ha insistido en la necesidad de proveer de equipos de protección sanitaria para el desarrollo de nuestro trabajo, tanto mascarillas, guantes como hidrogeles, así como implantar medidas que permitan ejercer nuestro trabajo en condiciones de seguridad y atendiendo a las recomendaciones sanitarias. En este aspecto consideramos que es obligación del Ministerio de Justicia, garantizar que todas las personas que trabajamos en la Administración de Justicia, así como todas aquellas personas que acudan a los Juzgados y Fiscalías de toda España, lo hagan en condiciones de seguridad y salubridad.

Se ha solicitado la revisión al alza los porcentajes de dotaciones presenciales recogidas en el anexo de la resolución de 13 de abril del M. de Justicia siempre respetando las recomendaciones sanitarias a fin de garantizar la salud del personal de la administración de justicia y de los usuarios y garantizando la distancia de seguridad aconsejable Impulsar la modificación del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, en lo relativo a las notificaciones electrónicas al Ministerio Fiscal, a fin de que la fecha de recepción de los actos de comunicación que se practiquen al Ministerio Fiscal por medios electrónicos coincida con el momento en que la/el fiscal asignado lo tenga a su disposición y que hasta el 31/12/2020 la fecha de recepción no pueda ser superior a diez días naturales desde su descarga automática en la oficina, así como una racionalización de las notificaciones que se envían al Ministerio Fiscal.

Dadas las circunstancias se hace necesario que todas las jurisdicciones habiliten el mes de agosto para la práctica generalizada de actuaciones. Ello determinaría que la distribución de las vacaciones entre los/las Fiscales fuera equitativa para que en todos los meses de verano existiera un número suficiente de profesionales para atender a todos los señalamientos y demás actuaciones. Tanto la tramitación escrita como las actuaciones orales deberían seguir el mismo ritmo optimizado a consecuencia de la coordinación referida, en todo lo que queda de año a fin de dar salida a la acumulación registrada a consecuencia de la pandemia.

En último lugar desde la Unión Progresista de Fiscales hemos ofrecido nuestra más absoluta colaboración para ayudar en todo aquello que sea necesario para adoptar medidas para salir de esta crisis en beneficio de toda la carrera, así como de las personas que acuden a la Administración de Justicia.

Madrid a 22 de Abril de 2020.

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Comunicado reunión con la Fiscal General de 21 de Abril de 2020

En el día de hoy se ha mantenido por parte de la Fiscal General del Estado una reunión con los representantes de las Asociaciones de Fiscales en la que de manera telemática se no han expuesto, en la que también se encontraban presentes el Fiscal Jefe de la Unidad de Apoyo, el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, el Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica, así como miembros de la Unidad de Apoyo.

En dicha reunión se no ha expuesto por parte de la Fiscal General sus planes de actuación y las medidas insistiendo en que se ha activado un nuevo sistema organizativo que se va a proyectar en el futuro, con actuaciones dinámicas y flexibles, emitiendo decreto generales y transversales que permitan, ayuden y contribuyan a la adaptación por parte de los respectivos Fiscales Jefes a las circunstancias personales y materiales de cada fiscalía.

Por parte de la Unión Progresista de Fiscales se han expuesto como medidas fundamentales:

La imprescindible derogación del artículo 324 de la Lecrim, entendido que en este momento, y dada la situación actual una vez se reactiven los plazos, se producirá una situación de imposibilidad de control, con circunstancias que pueden generar impunidad.

Se ha insistido en la necesidad de proveer de equipos de protección sanitaria, para el desarrollo de nuestro trabajo, tanto mascarillas, guantes como hidrogeles, así como implantar medidas que permitan ejercer nuestro trabajo en condiciones de seguridad y atendiendo a las recomendaciones sanitarias.

Se ha solicitado la revisión al alza los porcentajes de dotaciones presenciales recogidas en el anexo de la resolución de 13 de abril del M. de Justicia siempre respetando las recomendaciones sanitarias a fin de garantizar la salud del personal de la administración de justicia y de los usuarios y garantizando la distancia de seguridad aconsejable Impulsar la modificación del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, en lo relativo a las notificaciones electrónicas al Ministerio Fiscal, a fin de que la fecha de recepción de los actos de comunicación que se practiquen al Ministerio Fiscal por medios electrónicos sea el momento en que el fiscal asignado lo tenga a su disposición y que hasta el 31/12/2020 la fecha de recepción no pueda ser superior a diez días naturales desde su descarga automática en la oficina, así como una racionalización de las notificaciones que se envían al Ministerio Fiscal.

En concordancia con el criterio 8.ii del apartado QUINTO del Decreto de la FGE de 15 de abril en el que se prevé que se evitará cualquier tipo de actividad presencial de “[l]as/los fiscales con necesidades de conciliación de la vida personal y familiar suficientemente acreditada por tener a su cargo menores de edad o mayores dependientes y se vean afectadas/os por el cierre de centros educativos, de mayores o de atención especializada”, podría hacerse una distribución de trabajo de manera que ,en las semanas en la que se prevé que la actividad escolar y de los centros de asistencia y de apoyo no se haya retomado, las actuaciones presenciales sean atendidas por los fiscales que no tengan esas responsabilidades o no tengan posibilidades de atenderlas sin perjuicio de los derechos de las personas afectadas, compensando esa atención con una mayor participación de los primeros en actuaciones que se puedan despachar a distancia y que no requieran asistencia presencial y, ello, sin perjuicio de que a estos compañeros y compañeras se le dé prioridad para disfrutar de sus vacaciones durante esas fechas escolares con la actividad suspendida a consecuencia del COVID 19

Asimismo hemos indicado que se han registrado situaciones difícilmente asumibles dado que no se está procediendo al nombramiento de sustitutos externos para cubrir bajas y licencias; la situación es grave en algunas fiscalías y se agravará de cara a la reactivación de la tramitación procesal por lo que interesamos que se proceda al nombramiento de sustitutos no sólo para tales casos y que se potencien las sustituciones internas y externas como medida para abordar la situación a la que hemos sido abocados por la pandemia y las necesarias medidas acordadas

Por parte de la Fiscal General una vez escuchadas a todas las asociaciones, nos ha manifestado que la reincorporación se hará de forma escalonada, de acuerdo con las recomendaciones sanitarias y primando siempre la seguridad de Fiscales, funcionarios y otros profesionales y de los usuarios. Ha manifestado su apoyo a la mayoría de nuestras propuestas, manifestando que en los próximos días se recibirían nuevos equipos de protección en las diferentes sedes de las Fiscalías.

También ha indicado en cuanto a los alumnos de la 58ª promoción, se ha acordado junto con ellos, realizar un periodo de prácticas de cuatro semanas presenciales, una vez se alza el estado de alarma, tras el cual se realizará un concurso restringido para ellos.

En último lugar desde la Unión Progresista de Fiscales hemos ofrecido nuestra más absoluta colaboración para ayudar en todo aquello que sea necesario para adoptar medidas para salir de esta crisis en beneficio de todos los compañeros, así como de las personas que acuden a la Administración de Justicia.

Madrid a 21 de Abril de 2020.

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

COMUNICADO EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, AMPARANDO LAS DEVOLUCIONES EN CALIENTE

La sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de fecha 13 de Febrero de 2020, supone un brutal retroceso en el reconocimiento de los derechos humanos de los migrantes, así como una ostensible disminución de la protección y tutela que este mismo Tribunal tenía reconocida a estas personas en situación de vulnerabilidad.

La interpretación que realiza la Gran Sala, para apreciar que no ha existido violación, al considerar que dichas personas se colocan deliberadamente en una situación ilegal, al no hacer uso de las vías legales de acceso, conlleva como primera consecuencia el despojo de los derechos inherentes que toda persona tiene por el mero hecho de serlo. Derechos reconocidos en el art. 4 del Protocolo nº 4 (sobre prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros) y del art. 13, (sobre el derecho a un recurso efectivo), ambos, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la propia jurisprudencia constante de dicho tribunal.

Precisamente los hechos objeto del fallo, (la devolución en caliente de dos migrantes africanos que saltaron la valla de Melilla en 2014), determinaron la condena de España por sentencia de este tribunal de fecha 3 de octubre de 2017, por vulneración de los preceptos citados.

 La sentencia parte de la premisa, errónea y equivocada, que la decisión, por parte de la persona migrante, de no hacer uso de las vías legales, es deliberada. Sin embargo, la tozuda realidad se impone, demostrando que esas vías legales (oficinas de asilo en el paso fronterizo, representaciones diplomáticas y consulares en sus países de origen) suponen un mayor obstáculo que las alambradas, por su inexistencia o inoperancia y masificación.

En cualquier caso, dicha interpretación permite que personas a las que se les pudiera reconocer el derecho de asilo, sean despojadas del mismo, acordándose la expulsión sin resolución administrativa, sin ser identificadas, oídas sobre sus circunstancias personales, sin ser informadas de los derechos que les asisten y los procedimientos que les amparan. 

Los denominados “rechazos en frontera” introducidos por la disposición final primera de la Ley de Seguridad Ciudadana sitúan a las personas al margen de las garantías y procedimientos establecidos y vulneran el derecho a la dignidad y los derechos que les son inherentes, tal y como reconoce el art. 10 de la C.E., por lo que deben ser expulsados de nuestro ordenamiento jurídico.

Madrid a 15 de Febrero de 2020

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

COMUNICADO UPF

El 13 de diciembre de 2019, nuestro compañero Álvaro Garcia Ortiz (ex presidente de la UPF, vocal del Consejo Fiscal y Fiscal Delegado de Medioambiente de Galicia) participó en nombre de la Union Progresista de Fiscales en la mesa redonda “Unha Galicia sostenible”, organizada por el Partido Socialista de Galicia, junto a la presidenta de ADIF y los catedráticos de Política Económica y Ecología de la Universidad de Vigo. En ella, se trató la problemática de los incendios forestales en esa comunidad autónoma y se formularon diversas propuestas de mejora para el servicio público de la Justicia.

Ante los artículos publicados recientemente por varios medios de comunicación, las manifestaciones vertidas por el portavoz de un partido político y, en especial, tras las declaraciones realizadas por el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, , la Unión Progresista de Fiscales quiere poner de manifiesto lo siguiente:

Primero: Como reconoce nuestro ordenamiento jurídico español, la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo de Europa, las y los miembros del Ministerio Fiscal tienen  derecho efectivo a la libertad de expresión, de creencias, de asociación y de reunión. Y especialmente, tienen derecho a tomar parte en cualquier debate público que verse sobre derecho y administración de justicia, así como sobre promoción o protección de los derechos humanos.  Sin que, por tanto, puedan ser señalados por ejercer sus derechos constitucionales ni puedan sufrir impedimento en el desarrollo de su carrera profesional.

Segundo: Lamentamos que el vicepresidente ejecutivo de la Xunta de Galicia se convierta en censor de las actividades de los fiscales. Queremos resaltar que, como miembro del Gobierno de Galicia, el Sr. Rueda no es quién para pedir explicaciones sobre la actuación de un fiscal en el legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y reunión, así como al libre y pleno desarrollo de su derecho asociativo como integrante de la carrera fiscal.

Tercero. La única instancia que, en su caso, podría pedir algún tipo de explicación a nuestro compañero es la propia Fiscalía General del Estado, a través de la Inspección Fiscal, único órgano con capacidad de limitar o sancionar las conductas de los fiscales. Esta institución, que fue consultada previamente, no puso reparo alguno a la participación de nuestro compañero en dicho acto.

Cuarto: Ejercer la censura desde su posición institucional, como hace el vicepresidente gallego, por el hecho de participar en una mesa redonda que parece no ser de su agrado, sí supone una intromisión inaceptable que cuestiona la contrastada profesionalidad de este fiscal y dice mucho de su concepción del Estado de derecho, en que el ejercicio de la libertad de expresión parece solamente limitado a quienes no siguen sumisamente sus dictados, argumentos y razonamientos políticos.

Quinto: La UPF comparte todo su potencial humano e intelectual al servicio del progreso social. No es la primera ni será la última vez que nuestros asociados participen y colaboren en cuantas acciones requieran de nuestra experiencia, propuestas y convicciones sobre el perfeccionamiento de la administración de Justicia, la defensa y plena realización de los derechos y libertades de la ciudadanía y la promoción del interés social. 

Madrid, a 18 de diciembre de 2019

Secretariado Permanente de la UPF

MANIFIESTO DE LA UPF EN EL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Con motivo del DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, la UPF quiere recordar a las 1027 mujeres que desde el año 2003 han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas, 51 de las cuales lo han sido a lo largo de este año, y a todas aquellas que fueron asesinadas en otros ámbitos a manos de hombres por el simple hecho de ser mujer. Queremos solidarizarnos con sus hijas e hijos y con los familiares que sufren cada día su pérdida y dar nuestra mano a todas las mujeres y niñas que están sufriendo cualquier clase de violencia fisca, psicológica, sexual o económica, en cualquier esfera de sus vidas.
Animamos a toda la sociedad a que manifieste su intolerancia más absoluta a la violencia de género y su rechazo hacia el maltratador; a que reaccione activamente ante cualquiera de estos actos, apoyando a las víctimas y denunciando estos hechos que son, siempre y sin excepción, un grave atentado a los derechos humanos.
Reconocemos el trabajo de las asociaciones de mujeres y demás organizaciones de la sociedad civil siempre en alerta y al lado de las mujeres y de sus hijos e hijas, e instamos a las administraciones, instituciones y organismos implicados en la lucha contra la violencia de género para que no den un paso atrás y sigan impulsando las medidas necesarias para su erradicación y para seguir avanzando hasta conseguir la igualdad absoluta entre hombres y mujeres. A que reaccionen activamente frente a esos posicionamientos ideológicos contrarios a los derechos de las mujeres, negacionistas de la incontestable existencia de la violencia que sufren las mujeres por el sólo hecho de serlo, y que aborden una estrategia que permita de forma efectiva contrarrestar ese fenómeno para, no solo impedir que se retroceda en el avance iniciado hace ya más de 15 años, sino también que se garantice ese progreso mejorando la actuación en prevención, protección, recuperación y reparación de las víctimas, y en la investigación y sanción de los actos violentos que, insistimos, son un atentado a la vida, a la seguridad, a la libertad, y la dignidad de las mujeres y un obstáculo para el desarrollo de una sociedad democrática.
La UPF permanecerá siempre vigilante y actuará con conciencia crítica ante cualquier actuación que pueda perjudicar a las mujeres víctimas en su protección y apoyo, o que suponga un retroceso o impedimento en la investigación o sanción de los actos violentos o, por supuesto y muy especialmente, en la prevención que, como verdadero factor de protección, está fuertemente vinculado a la educación y a la formación en igualdad y respeto desde las más tempranas edades.
Madrid, 25 de noviembre de 2019
El Secretariado

COMUNICADO EN DEFENSA DEL DERECHO DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA CARRERA FISCAL

En el comunicado institucional emitido tras la última reunión del Consejo Fiscal celebrada el pasado jueves 14 de noviembre se hace constar que los Vocales electos a propuesta de la Asociación de Fiscales, representantes también de todos los compañeros y compañeras de la carrera fiscal, preguntaron a la Fiscal General del Estado si había llevado a cabo alguna actuación respecto de un compañero por dos mensajes que había publicado recientemente en la red social Twitter y que, en caso contrario, la Inspección Fiscal adoptase las medidas oportunas al entender que esos “tuits” podían poner en entredicho la honradez profesional de los Fiscales y Magistrados que intervinieron en el juicio del “procés” y la propia imparcialidad de la Administración de Justicia.
Desde la Unión Progresista de Fiscales asistimos atónitos a esta afirmación realizada por quienes en lugar de actuar como representantes de todos los Fiscales, parecen erigirse en inquisidores que denuncian formalmente a un compañero e instan la incoación de un expediente disciplinario por la publicación de unos comentarios en Twitter, en relación con la acusación formulada por el Ministerio Fiscal en el juicio del “procés” y con anterioridad a la notificación de la sentencias del Tribunal Supremo.
Sin entrar a valorar el contenido de unos comentarios privados realizados en una red social, nos parece inaudito y digno de censura el señalamiento y denuncia a quien no comparte las ideas, argumentos o posicionamientos jurídicos de otros y así lo crítica públicamente. Trasladar a la carrera fiscal este clima de crispación social contribuye a proyectar una imagen equivocada del Ministerio Fiscal, donde el pleno reconocimiento al trabajo de los y las compañeras debe conjugarse con los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución –también a los fiscales- y, muy singularmente, con la libertad de expresión. Madrid, a 20 de Noviembre de 2019 El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales.

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO


Estimado Sr. Presidente del Gobierno de España: 

Desde la Unión Progresista de Fiscales, con la firme convicción de que concurren obvias razones de extraordinaria y urgente necesidad para la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, le pedimos que no se demore más la aprobación de dicha derogación vía Real Decreto-Ley, ante la imperiosa necesidad social de devolver a la ciudadanía sus legítimas expectativas de que el proceso penal esté al servicio del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. 

Por ello le pedimos, que a la mayor brevedad posible se apruebe dicha derogación. De forma que, en los sucesivo, puedan evitarse casos como el resuelto por la Audiencia Provincial de La Coruña que por aplicación de este precepto privó a una víctima de violencia de género de la posibilidad de que se uniera al procedimiento un importante informe practicado por el Instituto de Medicina Legal. Considerando el Tribunal que estos procedimientos no son complejos y que su instrucción, y muy a pesar de la falta de medios, debe ser agotada en el plazo de seis meses. 

Se comprueba así, que esta reforma operada en el año 2015 por el Partido Popular fijó unos plazos máximos de instrucción para las causas penales que, como reiteradamente hemos denunciado, está sirviendo como una vía de escape soterrada que facilita la impunidad de graves delitos, como lo son los de violencia contra las mujeres, corrupción u otros. 

Es visible y notorio que en estos más de tres años de vida del artículo 324, se ha abierto en nuestro país un espacio de impunidad que afecta de forma muy negativa al derecho a la tutela judicial efectiva, base de cualquier derecho social otorgado en nuestra Constitución. 

En la Unión Progresista de Fiscales nos consta el compromiso de la Ministra de Justicia en la búsqueda de la derogación de este artículo que socava fuertemente los cimientos de la justicia penal.  Y en esta línea, la Sra. Ministra, en fecha de 31 de enero de 2019, nos trasladó  a todas las asociaciones judiciales y fiscales que el único obstáculo que existía para no tramitar este Real Decreto-Ley consistía en la existencia de la iniciativa que, con este fin de la derogación, se estaba tramitando en el Congreso a iniciativa del Grupo Parlamentario Podemos. 

Teniendo en cuenta que, a día de hoy, dicho grupo parlamentario ha despejado dicho obstáculo retirando su proposición de ley, consideramos que el camino a la aprobación de dicho Real Decreto-Ley queda libre,  descansando bajo la sola responsabilidad del Gobierno. 

Por todo ello, apelando a la alta consideración del Servicio Público al que sirve, le rogamos que se haga efectivo los compromisos adquiridos y  que mediante la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal vía Real Decreto-Ley, se de luz a un proceso penal que responda con todas las garantías que exige nuestra constitución y que merecen las ciudadanas y ciudadanos de este país.

Secretariado de la UPF

DOLORES DELGADO GARCÍA. CANDIDATA DE UPF AL CONSEJO FISCAL.

Soy candidata al Consejo Fiscal, mi actual destino es la Fiscalía de la Audiencia Nacional y coordino el Área Antiterrorista.

Creo firmemente en nuestra Carrera y en el esfuerzo realizado cada día en la defensa del interés general. Precisamente por ello, necesitamos dignificar nuestro trabajo sea cual fuere el destino ocupado. El Consejo Fiscal, órgano esencial de nuestra institución, debe contribuir a ello. Un cauce para decir NO a una justicia digital inoperante; para decir NO a un irracional 324; para decir SI a la transparencia institucional; para decir SI a la objetividad y mérito en los nombramientos; para tener el protagonismo que como principales actores procesales nos corresponde, tanto en número de plazas como en desarrollo normativo…

En fin, compañer@s, hay mucho por mejorar y esta en nuestra mano conseguirlo…

 

Dolores Delgado

ÁLVARO GARCÍA ORTIZ. CANDIDATO DE UPF AL CONSEJO FISCAL.

No es tarea fácil tratar de resumir en poco espacio las razones y los proyectos que motivan mi participación en las elecciones al  Consejo Fiscal, pero si entre todos los aspectos que como candidatura  desarrollaremos en campaña, tuviera que escoger uno, sin duda este sería el de intentar que el Consejo Fiscal fuera el referente, el punto de Unión, ( Progresista), entre la Carrera y el Fiscal General, entre los fiscales y la Fiscalía Genera

Después de cuatro años al frente de la Unión Progresista de Fiscales una de la preocupaciones  mas relevantes ha sido la de percibir la enorme distancia que existe entre Fortuny, la sede de la Fiscalía General del Estado, y el trabajo diario de los y las  fiscales en cada una de nuestros destinos, especialmente en las denominadas fiscalías territoriales. También , y puede que tributario de lo anterior, el desapego o incluso desconocimiento por nuestra parte de un órgano tan importante como es el Consejo Fiscal , y la mirada desconfiada, plagada de tópicos, del interesante trabajo que se realiza en su seno.

Precisamente por eso, creo honestamente, que hay una labor muy importante que hacer, y que solamente con una representación valiente, sin ataduras, sin deudas pendientes que pagar o que cobrar, puede realizar. Llevar la voz de los fiscales al Consejo Fiscal, pero también acercar el Consejo Fiscal a todas las fiscalías. Esa es la única manera de progresar juntos.

Necesitamos tu apoyo para una candidatura fuerte, con peso,  y que nos ayude a recuperar el orgullo de ser fiscales, el orgullo de pertenecer a la Carrera Fiscal.

Álvaro García