Fortuni cumple diez años.

 

No hace mucho ha llegado a mis manos un impagable documento –más bien, folleto informativo- del momento en que se implantó en Fiscalía nuestra aplicación informática, el Fortuny de nuestras desdichas. Leyéndolo, he recordado que lo ví en su día, pero hace tanto tiempo, nada menos que 10 años, que no lo recordaba bien. Pero pasada una década, es un buen momento para releerlo.

Entre sus ventajas, anunciaba: aprovechar el registro realizado por el órgano judicial, seguimiento y control de expedientes en Fiscalía, elaboración de dictámenes partiendo de sus plantillas, estadísticas y listados, entorno gráfico, utilidades y funcionamiento intuitivo y fácil de manejar. Me quedo ojiplática y boquiabierta a un tiempo, tratando de ver si en este tiempo hemos percibido esas ventajas. La respuesta es imaginable para cualquiera, pero vayamos por partes.

Lo de aprovechar el registro del órgano judicial da ganas de reír de solo leerlo. Nunca ha existido conexión alguna con los registros del Juzgado, y parece que nos hemos resignado a que no la haya. Hace un tiempo, declaraba el Juez Decano de Valencia que Fiscalía y Juzgados no se hablaban, dicho sea en términos estrictamente informáticos, claro está. Y tenía toda la razón.

Lo del control, parece ser un inconveniente más que una ventaja, puesto que los mayores problemas se suscitan hoy para intentar hacer coincidir los datos del programa con los de otros montones de estadísticas que hemos de rellenar. También lo de las planillas o modelos ha sido papel mojado, puesto que no hay más que echar un vistazo a esos modelos para opinar, al margen de que algunos hacen referencia a tipos ya derogados; el modelo más usado es el recurrente “texto libre”, que nos ofrece la pantalla totalmente virgen. En la vida real se siguen usando los documentos que cada uno tiene, y se cortan y copian sobre el programa, lo que no hace en la práctica sino reduplicar el trabajo. Y más aún en lugares como Valencia, en los que la sustitución por razones económicas del Word (con el que trabaja el programa) por el gratuito Libreoffice ha generado importantes problemas de incompatibilidad, por añadidura.

Pero lo peor es lo de las estadísticas y listados. Sólo con que nos menten a cualquier Fiscal el estadillo, se nos ponen los pelos verdes. Porque el programa no ha hecho desparecer la odiosa obligación mensual de introducir manualmente los datos en un programa diferente, tras haberlo ido anotando a mano a diario con la minuciosidad de un monje amanuense. El folleto en cuestión dice textualmente “genera automáticamente las estadísticas mensuales por fiscal, las anuales de la fiscalía y una memoria que calcula el volumen de trabajo”. Pues que nos digan dónde, porque de automático nada. Seguimos haciendo los estadillos, mensuales no a no, la memoria y todo lo que nos demandan. Y, como mucho, hay que comparar con lo que dice Fortuny que nunca, nunca, coincide. Así que acaba dando más trabajo todavía.

Y, para acabar el repaso, en lo de la intuición mejor ni entro. Un montón de pantallas, un reducídisimo tiempo de espera o unos ítems rígidos, son sólo algunos de los hitos de esas supuesta intutividad. Es decir, después de diez años, no ha cumplido nada, o casi nada, por no ser demasiado negativa. Me quedo con la frase de una compañera: el programa debería trabajar para nosotros, pero somos nosotros quienes trabajamos para él.

¿Están mejor por los Juzgados?, cabría preguntarse, aunque más bien sea una pregunta retórica. Obviamente, el primer inconveniente es ese divorcio del que hablaba respecto de la aplicación de Fiscalía. Y la cosa es tremenda: no se trata sólo de las dificultades que nos supone para trabajar a jueces y fiscales, que ahorraríamos mucho tiempo y, sobre todo, muchas llamadas y desplazamientos, sino de que este divorcio supone un gasto de tiempo y de esfuerzo personal inasumible cuando tan necesitados estamos. Los funcionarios de los Juzgados registran un asunto que, cuando viaja a Fiscalía, se vuelve a registrar, con los mimos datos, en programa distinto. Que, por supuesto, no está interconectado con el anterior. Horas de trabajo tiradas a la basura, nada menos.

Pero ahí no acaba todo. Las diferentes Comunidades Autónomas cuentan con diferentes programas informáticos, distintos a su vez de aquéllas que no tienen competencias transferidas. Ello genera un mapa informático tan variopinto como sea imaginable. Comunidades, como cuentan de Canarias, con sistemas compatibles, otras con un sistema común al Ministerio pero incompatibles con las Comunidades de competencias transferidas, y otras que solo se hablan consigo mismas. Si a ello unimos otros registros como el relativo a las órdenes de protección que llevan los Secretarios Judiciales, y otras aplicaciones a las que sólo entran a través de la página del Consejo General del Poder Judicial (un ejemplo reciente, el de la orden de protección europea), el panorama es desolador. Y no parece tener visos de mejorar. Aunque ojala me equivoque- Al fi y al cabo, la esperanza es lo último que se pierde.

 

 

 

SUSANA GISBERT GRIFO

Fiscal (Fiscalía Provincial de Valencia)

 

Benito se jubila.

Benito se jubila.

La Fiscalía de Pontevedra preparó un merecido homenaje a uno de nuestros miembros más destacados con motivo de su jubilación, Benito Montero Prego. Montero se jubila el próximo día 11 de octubre. El día 3,  en  una comida homenaje en Cambados, se le honró como merece, en su querida Casa Rosita. Una numerosa representación de la UPF acudió al homenaje, y desde aquí queremos felicitar a Benito, al que esperamos en el próximo Congreso en Ibiza para entregarle el pin de nuestra asociación. Suerte en tu nueva etapa!!!

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VIOLENCIA DE GÉNERO: ¿HEMOS BAJADO LA GUARDIA?

Acabamos de pasar un verano aciago para la violencia de género. El número de mujeres asesinadas se ha incrementado en una escalada funesta, hasta el punto de llegar a haber hasta cuatro muertes en poco más de 48 horas, y ya alcanzamos una media anual que supera la de una víctima mortal por semana.
Al mismo tiempo, la ONU ha hecho una declaración de condena a nuestro país por el caso de un padre que acabó con la vida de su hija menor cuando estaba disfrutando del régimen de visitas, que no le había sido restringido a pesar de estar incurso en varios procedimientos por maltrato a la madre de la menor. Aunque en este caso, justo es reconocer que los hechos a que se refiere sucedieron antes de la entrada en vigor de la Ley integral contra la Violencia de género (LO 1/2004), y que la situación actual es, aunque mejorable, radicalmente distinta.
Pero lo que está claro es que, a la vista de los resultados, algo, o mucho más que algo, ha fallado. Y es tiempo de abordarlo, para tratar de evitar que tan horrendos resultados sigan repitiéndose en una espiral sin fin. Sin que sean suficientes anuncios sobre inminentes reformas legislativas que, como en la mayoría de casos, tan solo inciden en el aspecto punitivo de la cuestión por la vía de modificaciones express del Código Penal, que olvidan el carácter de ultima ratio propio del Derecho Penal.
De otra parte, aunque recientemente se ha aprobado el Estatuto de Víctimas, tampoco podemos perder de vista que ello responde a compromisos internacionales y, sobre todo, que este tipo de medidas quedan en disposiciones meramente programáticas si no vienen acompañadas de los medios personales y materiales necesarios para su desarrollo.
Por eso, urge preguntarse si hemos bajado la guardia como ciudadanos y como sociedad. E ir más allá, y preguntarnos si la hemos bajado en nuestra labor como fiscales, y si hemos percibido otro tanto entre la judicatura.
En cuanto a la sociedad, hay que reconocer con honestidad que, poco a poco, ha venido disminuyendo la sensibilidad respecto a estos temas. Que, por un proceso en parte consustancial al ser humano, nos hemos ido acostumbrando a escuchar este tipo de noticias hasta el punto de que no nos afecten, o que no lo hagan tanto como antes. Como si fuera algo inevitable y nos hubiéramos resignado a ello. Y sólo se vuelve a reaccionar cuando el mazazo nos da en plenas narices, y asesinan a una mujer de nuestra ciudad o de nuestro pueblo. Y hasta en esto se nota, porque cada vez se restringen más esos minutos de silencio multitudinarios de antaño y quedan limitados al Ayuntamiento al que pertenecía la víctima. Y otro tanto cabe decir de las redes sociales, imperio de la inmediatez como ningún otro. Y aunque a cada muerte suele suceder un rosario de manifestaciones de repulsa, cada vez son menos, y, sobre, todo, cada vez es menor su duración y su impacto, y basta con cualquier otro acontecimiento, por baladí que sea, que distraiga la atención, para que desaparezcan la mayoría de estas manifestaciones.
Pero la culpa no es sólo del ciudadano, Los poderes públicos tienen una importante cuota de responsabilidad por el descenso de las campañas de sensibilización, por la reducción de los recursos destinados a asistir a las víctimas, y por una actitud que ha dejado de ser tan beligerante como debiera. Sin que hayan sido capaces de percibir que el cacareado descenso de las denuncias no correspondía a un descenso real del fenómeno, sino a una disminución de las posibilidades de denunciar. Y por ello es por lo que, precisamente, ese descenso en el número de denuncias no se ha correspondido con un descenso correlativo del número de muertes, sino más bien lo contrario. Y eso no puede ser interpretado de otro modo que como un paso atrás. Lo que viene corroborado, sin duda alguna, por el hecho objetivo de que la gran mayoría de las víctimas mortales no habían denunciado jamás.
Otro de los puntos clave viene dado, a mi juicio, por la actitud de los medios de comunicación. La prensa, que desde hace mucho tiempo había devenido en uno de los bastiones de la lucha contra la violencia de género, también parece haberse relajado en este punto. Y al margen de las informaciones puntuales sobre cada uno de los casos y la ya obligatoria referencia al 016, cada vez parece tener menos interés en presentar otros aspectos que se habían forjado como buenas prácticas, tales como incidir en la necesidad de denuncia, contar experiencias positivas en la lucha contra este mal o dar a conocer las pautas o posibilidades de ayuda para las mujeres que sufren maltrato. Pero las exigencias de una actividad que tiene la doble vertiente de negocio y de función social hacen inevitable que a veces prime el primero sobre la segunda.
Pero ¿y nosotros? ¿También hemos bajado la guardia? La respuesta no es fácil, pero sería hipócrita negarlo sin más. Porque también debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad cuando todo ha fallado de un modo tan estrepitoso. Es cierto que, con la entrada en vigor de la Ley Integral, se desplegó un esfuerzo titánico en especialización y en medios personales. Se creó la Fiscalía de Sala de Violencia de Género, se crearon las secciones especiales en todas las fiscalías y se realizó una apuesta en materia de formación como pocas veces se había hecho. Pero a día de hoy, la verdad es que da un poco la sensación de que hemos perdido fuelle, de que nos hemos quedado a mitad de un camino que se empezó a recorrer con energía. Y, por ejemplo, cada vez son menos los cursos para fiscales en esta materia, más allá de los encuentros anuales de delegados, y parece decrecer la motivación en esta materia-
De otra parte, el parón radical en la creación de juzgados ha congelado toda iniciativa de culminar el iniciado proceso de especialización. Y siguen existiendo los juzgados mixtos en que la supuesta especialización consistió en un mero añadido de esas funciones sobre las ya existentes. Lo que se hace extensivo a los fiscales que despachan los mismos, con todos los inconvenientes que conllevan. Y sigue habiendo ciudades donde los Juzgados de lo Penal carecen de especialización y las Salas no tienen otra que la expresa asignación de los asuntos en esta materia, sin que hayan exigido ni acreditado sus miembros nada en este sentido. Y tampoco hay guardias de violencia de género en gran parte de los partidos judiciales, y donde las hay, son pésimamente retribuidas o, al menos, lo son siempre en mucha menor cuantía que las de los compañeros de Instrucción. Como si se tratara de una jurisdicción de segunda división, como todavía parecen pensar algunos.
Y a eso se une -¿por qué no admitirlo?- una cierta prevención o desdén por parte de compañeros que despachan otro tipo de asuntos hacia quienes nos dedicamos a tan delicada materia. Más de una vez he oído eso de que esto es algo muy sencillo, porque sólo usamos un par de artículos del Código Penal, o que se trabaja menos, o que no nos llevamos trabajo a casa. Como si tuviéramos que justificarnos o demostrar algo que no se exige a los demás. Y no se trata de una impresión mía, que me consta que es algo que han percibido otros compañeros que navegan en el mismo barco.
Y luego, siempre pendiendo sobre nuestras cabezas, está la sombra de las supuestas denuncias falsas que, por más que se demuestre que son numéricamente anecdóticas, no deja de cernir su sombra sobre esta jurisdicción, alentadas por algún sector interesado en hacerlas valer como una realidad alarmante.
La ley integral, después de casi diez años de su entrada en vigor, sigue siendo una buena ley. Mejorable, desde luego, sobre todo en determinados aspectos penales cuya técnica jurídica no es tan exquisita como sería deseable, pero buena. Y todavía lo sería mejor si dejara de hipertrofiarse la parte penal en detrimento de una casi total atrofia de otras partes de la misma, tan importantes como la vertiente social, educativa o de prevención. Para que el derecho penal tuviera de verdad ese carácter de última ratio que le corresponde.
En definitiva, es más que posible que nuestra Ley integral, después de una década, necesite una buena capa de chapa y pintura para dejarla lustrosa y realmente útil. Pero es posible también que a nosotros también nos venga bien esa capa de chapa y pintura. Para que nuestro trabajo sea lustroso y realmente útil. Porque las víctimas lo merecen.

SUSANA GISBERT GRIFO
Fiscal
(Fiscalía Provincial de Valencia)

Ley Mordaza y sus repercusiones para los fiscales (I) por Susana Gisbert.

Como todos sabemos, se ha escrito y hablado mucho acerca de las previsibles consecuencias de lo establecido en el Anteproyecto de LOPJ y su repercusión sobre la libertad de expresión de los jueces y sus asociaciones, y sobre la libertad de expresión en general. Un paso atrás, sin ningún género de dudas. Pero ¿qué consecuencias tendría esto en el Ministerio Fiscal?. Una cuestión a plantear que no sido suficientemente debatida.
A este respecto llama la atención la prohibición para jueces y asociaciones judiciales, consagrada en el artículo 49, de hacer valoraciones sobre asuntos pendientes ante los tribunales y sobre las resoluciones judiciales, desarrollando lo que al respecto dice la Exposición de Motivos.
Asimismo, y teniendo en cuenta que el EOMF establece entre las funciones del Ministerio Fiscal, en su artículo 4.5, la de” informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan” y que la Instrucción FGE 3/05 desarrolla la materia de relaciones del Ministerio Fiscal con los medios de comunicación, me planteo si dicho de la LOPJ en proyecto pueden suponer alguna interferencia en las labores del Ministerio Fiscal a este particular.
En primer término, en cuanto a lo regulado bajo el epígrafe de “emisión de noticias”, establece el art. 49 Anteproyecto LOPJ que “los Jueces y las Asociaciones judiciales se abstendrán de hacer valoraciones de actualidad en los medios de comunicación sobre los asuntos pendientes ante los tribunales y sobre las resoluciones judiciales, si bien aquéllos podrán hacer comentarios de índole doctrinal o científica en publicaciones o foros especializados.”
Lo primero que cabe preguntarse es la razón de esta norma, en especial en lo que afecta a las asociaciones judiciales. Y si ello será extrapolable también a las asociaciones de fiscales, claro está. Si se acude a la Exposición de Motivos, la respuesta es, más que parca, casi inexistente. Así, la misma fundamenta tal prohibición en el “fin de proteger la independencia del órgano judicial competente”, añadiendo, a modo de aclaración que “administrar justicia no puede convertirse, sin grave quebranto de la independencia judicial, en una actividad colectivamente valorada por el resto de la judicatura en los medios de comunicación”
Pues bien, teniendo en cuenta que la misma norma establece con carácter general, en su número 1 una cláusula específica de salvaguarda de la libertad de expresión, al decir que la emisión de noticias y opiniones “no estará sometida a más límites que los que con carácter general rigen para la libertad de información y expresión”, parece que lo establecido en el número 2, ya transcrito, constituye una excepción, aunque no se configure expresamente como tal, al derecho a la libertad de expresión y a recibir información veraz consagrado en el artículo 20 CE. Dicha limitación subjetiva de un derecho fundamental ha de tener por causa una tan poderosa que lo justifique. Entonces, habrá que preguntarse si la razón argüída en la Exposición de Motivos, esto es, evitar la valoración colectiva por parte del resto de la judicatura, tiene suficiente peso para ello, y también si con esa prohibición se logra el fin pretendido.
En cuanto a la primera de las cuestiones planteadas, esto es, si la evitación de un supuesto debate colectivo por parte de la judicatura de una causa en trámite o una resolución judicial es una razón que justifique la limitación a la libertad de opinión de un colectivo como el judicial –y el fiscal, si se entendiera aplicable-, la respuesta entiendo que ha de venir necesariamente relacionada con la segunda cuestión. En principio, prohibir que los jueces expresen su opinión puede sustraer al ciudadano su derecho a recibir información veraz ya que, privados de oír a quienes están en condiciones de proporcionarla, pueden acabar disponiendo de una información sesgada que provenga de otra fuente menos preparada. Asimismo, debería concretarse qué se entiende por medio de comunicación, si únicamente afecta los medios tradicionales –prensa, radio, televisión- o se amplía a otros canales de comunicación como son las redes sociales, una vía cada día más poderosa y rápida de transmitir todo tipo de información y/o opinión. Si se incluyen las mismas, sería casi como poner puertas al campo, habida cuenta la posibilidad de crear cuentas anónimas, y tampoco puede pretenderse averiguar la identidad del titular de cualquier cuenta de la que pueda sospecharse su pertenencia a un miembro de la carrera judicial.
La segunda cuestión sería determinar la eficacia de tal limitación o prohibición a los fines pretendidos, esto es, evitar el debate acerca de determinadas cuestiones que se están conociendo en los tribunales. Y a este particular, entiendo que la respuesta ha de ser necesariamente negativa, porque, teniendo en cuenta las posibilidades actuales –lícitas e incluso ilícitas- de acceso a la información y a las resoluciones en cuestión, y la libertad de las partes para transmitirla y para opinar, el debate podría suscitarse en cualquier modo, eso sí, sin que en modo alguno pudieran escucharse las opiniones más autorizadas, por lo que la información que llegaría al ciudadano podría no ser tan veraz e imparcial como seria de desear. Entiendo que una concreta regulación de los límites del secreto de sumario, tanto el llamado explícito como implícito, podría cubrir de una manera mucho más eficaz el fin pretendido, y no se privaría al ciudadano de determinadas opiniones, especialmente, cuando de asociaciones judiciales se trate.
Por otro lado, y en cuanto a lo que a los Fiscales afecta, la cuestión a dilucidar es si la prohibición atinente a los jueces y a las asociaciones judiciales puede entenderse extensiva a los fiscales y a sus respectivas asociaciones, dada la aplicación supletoria de la LOPJ en todo lo que no esté específicamente previsto en su Estatuto Orgánico. De interpretarse de esta manera, podría entrar en colisión con lo preceptuado en el artículo 4.5 del EOMF, que atribuye al Ministerio Fiscal la función de informar a la opinión pública. De entenderse, por el contrario, que el precepto no es de aplicación extensiva a los fiscales, devendría ineficaz para el fin pretendido, puesto que sí podría suscitarse el debate sobre las cuestiones, aún cuando los jueces y sus asociaciones no pudieran entrar en él.
Por último, cabe hacer referencia a la excepción consignada en el propio precepto, referente a las publicaciones o foros especializados, donde sí se pueden hacer comentarios de índole doctrinal o científica. Llama la atención en primer término la indeterminación de los conceptos, tanto el de “publicaciones o foros especializados” como el de los “comentarios de índole doctrinal o científicos”. En cuanto a la naturaleza de la publicación, cabría cuestionarse qué características concretas debe tener la misma para entenderse incluida en la categoría de “especializada” y quién es el competente para decidir si la tiene o no, máxime en un tiempo como el actual en que las publicaciones digitales abarcan un amplio abanico de temáticas. Otro tanto podría decirse de los “foros especializados”, concepto todavía más indeterminado. En segundo lugar, y en el mismo sentido, habría que conocer cómo se determina el contenido presuntamente científico o doctrinal de un comentario y de qué depende que así se considere. Y en tercer lugar, si esta especialidad justifica la excepción de la excepción a la libertad de expresión, y si ello no podría acabar generando el debate entre la judicatura que era lo que pretendidamente se trataba de evitar.
Por todo ello, hay que concluir alertando del peligro para las libertades que la entrada en vigor de tal precepto, no sólo en cuanto a su limitación a los miembros de la judicatura, sino también por sus repercusiones en el Ministerio Fiscal. Un claro retroceso que debería evitarse.

Sustiticiones y maternidad; Un desastre más.

 

Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, junto con  el Real Decreto 700/2013, de 20 de septiembre,  contemplan como previsión normativa, que las  sustituciones que se produzcan en el seno de la carrera judicial y Fiscal sean cubiertas por Jueces y Fiscales, todos ellos integrantes de las respectivas carreras profesionales, a cambio de una retribución. La misma,  está destinada a regular las retribuciones  derivadas de las actuaciones accidentales o esporádicas en la carreras judicial y fiscal, buscando para ello el máximo equilibrio posible entre la situación presupuestaria actual y la dignidad de la función que se retribuye, se trata, por lo tanto de la realización de funciones ajenas a las propias del puesto de trabajo.

La instrucción 2013 sobre el régimen de sustituciones de la carrera Fiscal, aplica el nuevo régimen  de sustituciones internas a las licencias por paternidad y maternidad, en la carrera Fiscal.

El Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial, en el artículo 104 nº 2, dispone, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que el llamamiento de los jueces sustitutos tendrá lugar en los supuestos en que no sea posible la sustitución ordinaria entre titulares prevista en los artículos 210 y 211 de dicha Ley……… la ausencia prolongada del titular por causa de licencia por enfermedad o por maternidad, siempre que, en todos estos casos, no fuera posible la intervención de los jueces de adscripción territorial o de los jueces en prácticas ( equiparables a sustituciones externas)…..

De donde se desprende que en los supuesto de licencia por maternidad, no se aplica a la Carrera Judicial el régimen de sustitución interna sino que se llamará a un juez de adscripción territorial o juez en prácticas, o cuando no existan, a un sustituto externo.

Por lo que no se entiende porqué a la carrera Fiscal se le impone este agravio comparativo, que es contrario a lo previsto  en la Disposición adicional primera del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

La necesidad de dar respuesta a cualquier circunstancia que pueda significar una discriminación por razón del embarazo o la maternidad, es una constante en nuestras leyes,  y en las sentencias del Tribunal Constitucional, y en las TEDH.

La idea de que la maternidad no se vea como “una carga” por los compañeros,  es lo que motivó la reforma de la LGSS por la LO 3/07,  asumiendo el INSS el coste empresarial, debido a  su trascendencia social,  los costes derivados  tanto de las licencias por  maternidad-paternidad, como de riesgo por embarazo y lactancia y  que se bonifiquen las cotizaciones de los/as trabajadoras contratadas para su sustitución, incluyendo a la trabajadora por cuenta propia.

Ello significa, que la maternidad, no es una contingencia más, y para prevenir, que pueda originar discriminación alguna, su pago se hace público. De la misma manera, para impedir que un embarazo pueda significar  motivo de discriminación en la carrera fiscal,  el “ coste” de la contingencia, debería estar contemplada como un supuesto de sustitución externa.

Además, el derecho de la mujer a la maternidad, para su pleno desarrollo, precisa de unas garantías de protección o exención de cualquier perjuicio derivado de su ejercicio, ese es el sentido del  principio de prevención,  que la Directiva de 5 de julio de 2006, impuso y desarrolla.

La ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, “para la igualdad efectiva de mujeres y hombres” , en los artículos 51, 44 y 56 disponen como principio rector de la Administración, en el ámbito de sus respectivas competencias, que deberán, de facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y  el respeto a la promoción profesional, evitando cualquier discriminación en su ejercicio.

El Estatuto del empleado público en su Artículo 14 j contempla como  uno de los derechos individuales.

“La adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.”

Toda esta normativa es contraria al establecimiento de un régimen  de sustituciones  interno, aplicable cuando un o una Fiscal solicitan una licencia por maternidad o paternidad.  Consideramos que el nuevo régimen no supone una medida favorecedora de la conciliación familiar,  por las siguientes razones:

Para las y los Fiscales que lo solicitan, el ejercicio de su derecho va a suponer, un gravamen para sus compañeras y compañeros que ven incrementada de esta forma notablemente su carga de trabajo, lo que no invita en absoluto a fomentar la conciliación ni la procreación.

Para los y las Fiscales que han de cubrir el régimen de sustituciones, también,  ya que el incremento de esta carga de trabajo supone una mayor restricción de su tiempo para atender a sus propias familias.

Por lo tanto, esta medida si bien puede ser impuesta como respuesta a una política de eficiencia presupuestaria,  acaba  y contradice toda la normativa destinada a fomentar la conciliación y la protección de la familia.

Las excepciones apoyadas por la FGE al régimen de sustituciones internas, establecidas en la instrucción y en el decreto, en diferentes fiscalías provinciales, son mayoritariamente en supuestos de licencias por maternidad. Entendemos, pues  que con buen criterio, deben extenderse a todas las licencias por maternidad  las sustituciones externas.

Secretariado Unión Progresista de Fiscales.