CARTA de la UPF en relación con los recientes oficios remitidos por la F.G.E.

Con esta carta la Unión Progresista de Fiscales quiere poner de manifiesto el sentir de una parte importante de la plantilla de los fiscales de este país. No pretende ésta ser de lamento o de queja, sino que intenta trasladar a los órganos centrales de nuestra institución lo que aparenta ser para ellos lejano y ajeno.

Los planes de la Fiscalía General del Estado para el control de los procedimientos han causado un profundo malestar en la carrera, no solo en buena parte de la plantilla -sobre la que recae la mayor carga de trabajo-, sino también entre aquéllos que desde Fortuny denominan mandos intermedios y, cómo no, también en algunas jefaturas. Un importante número de compañeros manifiestan a quienes formamos parte de las asociaciones su honda decepción y su enojo.

La recepción el día de ayer de los oficios procedentes de la Inspección Fiscal y la Unidad de Apoyo en relación con el plan de control de las causas en tramitación en los juzgados a los efectos del art. 324 LECrim ha precipitado una corriente de frustración y rechazo al programa de actuación que tales oficios recogen. La previsión de que sean revisadas semanalmente “al menos” 25 causas por juzgado revela el lamentable desconocimiento de la Fiscalía General de la organización del trabajo en las distintas Fiscalías por cuanto que -parece que así lo debemos recordar- los fiscales deberán seguir atendiendo sus servicios de guardias, señalamientos ante los juzgados de Instrucción, de lo Penal y Audiencia Provincial, vistas civiles y demás servicios presenciales -incrementados tras las últimas reformas legales- cuyo reparto, con la plantilla actual, deja escasos días al mes para el despacho ordinario de papel que, con mucha frecuencia, termina siendo tramitado por los compañeros fuera de las horas de audiencia.

Asimismo, parece que los firmantes de los oficios señalados desconocen la posibilidad de que los juzgados no se avengan a remitir la causa al fiscal para su examen en el mismo momento en que éste la solicite para cumplimentar unas exigencias de control meramente internas, y que lo anteriormente dicho sobre la generalización del despacho de asuntos fuera de horas de audiencia impide la revisión de las causas en las propias dependencias del juzgado, práctica ésta que -por otra parte- resulta absolutamente indeseable e incompatible con la dignidad de la función del fiscal.

Tenemos la sensación de que desde el palacio del Marqués de Fontalba -sede de la Fiscalía General del Estado- no se percibe la realidad diaria de la misma manera a como se hace en cada una de las sedes de la Fiscalía del resto de España. Parece también que desde hace tiempo se ha roto alguna conexión y no hay sensibilidad ni conocimiento de la auténtica carga de trabajo y sentir de los fiscales. Estoicamente hemos venido soportando un aumento de funciones y tenemos la percepción de que en todas las reformas legislativas el fiscal es el comodín del legislador para acudir presto a cuanta diligencia judicial fuera llamado.

La presencia física del fiscal para atender distintos servicios y la creciente demanda de su intervención ha modificado sustancialmente nuestro trabajo. Nuestra presencia mediática ha aumentado y las exigencias de responsabilidad también. Esto nos prestigia pero también nos exige. Por eso necesitamos parar. No se nos puede pedir cada vez más y pretender que sostengamos a la institución con nuestro esfuerzo personal y voluntarista.

Sin embargo, desde nuestros órganos centrales, lejos de comprender esta realidad o defender nuestros legítimos derechos, parece que se nos exigen cuentas y deberes. En lugar de crecer en nuestra autonomía como profesionales, se nos trata como escolares, implantando un sistema de peonadas que no confía en nosotros, que nos exige más allá de lo que serían nuestras obligaciones legales y cuyo sentido parece que no es otro que dar justificación al Ministerio de los más que exiguos medios de apoyo previstos en la “relación de necesidades” que se adjunta, por otro lado, absolutamente insuficientes para abordar las nuevas funciones que se nos encomiendan no sólo por la Ley 41/15, sino por la propia Fiscalía General. Creemos que nunca la carrera fiscal se ha tenido que someter a esta contabilidad obligatoria dirigida desde la Fiscalía General, lamentamos que se banalice nuestro trabajo estableciendo quincenas de cumplimiento o números más propios de un trabajo en cadena que de un servicio público.

La carrera, los fiscales, esta asociación, nos preguntamos qué más se puede hacer para convencer a la Fiscal General y a su equipo de que este colectivo es capaz de afrontar todos los retos y desafíos que se le encomienden, que lo hace día a día en los juzgados, luchando contra un procedimiento obsoleto, lleno de trampas, sacando adelante las causas pese a la precariedad de medios, enfrentándose a presiones de todo tipo, a los poderosos que se defienden con sofisticadas armas procesales y materiales. Pero que ese esfuerzo será inútil y no será eficaz para el ciudadano y para el estado de derecho si no se hace procurando los medios, poniendo las condiciones y dando soporte material y profesional a nuestro trabajo. No queremos ser los campeones de las estadísticas, ni cumplir objetivos de una cadena de montaje, queremos cumplir con nuestra misión constitucional con eficacia y dignidad.

No se puede dar la espalda a la carrera, ni a la propia institución, nos sentimos defraudados y traicionados por la complicidad de la Fiscal General con el Ministro de Justicia. La conclusión es que somos un barco sin rumbo y sin capitán, a la deriva de las decisiones de un Ministerio de Justica que nos utiliza a coste cero para llevar a término una reforma que ya desde el informe del Consejo Fiscal del anteproyecto de ley era rechazada por la institución.

Como asociación es nuestra obligación transmitir a la Fiscal General y a sus colaboradores que estamos ante una situación crítica, indeseada por todos, y que la carrera fiscal necesita un liderazgo que apoye, entienda y asuma como propio el sentir de la plantilla, un liderazgo que lamentablemente echamos de menos y que nos ha colocado en esta delicada situación profesional.

Fortuni cumple diez años.

 

No hace mucho ha llegado a mis manos un impagable documento –más bien, folleto informativo- del momento en que se implantó en Fiscalía nuestra aplicación informática, el Fortuny de nuestras desdichas. Leyéndolo, he recordado que lo ví en su día, pero hace tanto tiempo, nada menos que 10 años, que no lo recordaba bien. Pero pasada una década, es un buen momento para releerlo.

Entre sus ventajas, anunciaba: aprovechar el registro realizado por el órgano judicial, seguimiento y control de expedientes en Fiscalía, elaboración de dictámenes partiendo de sus plantillas, estadísticas y listados, entorno gráfico, utilidades y funcionamiento intuitivo y fácil de manejar. Me quedo ojiplática y boquiabierta a un tiempo, tratando de ver si en este tiempo hemos percibido esas ventajas. La respuesta es imaginable para cualquiera, pero vayamos por partes.

Lo de aprovechar el registro del órgano judicial da ganas de reír de solo leerlo. Nunca ha existido conexión alguna con los registros del Juzgado, y parece que nos hemos resignado a que no la haya. Hace un tiempo, declaraba el Juez Decano de Valencia que Fiscalía y Juzgados no se hablaban, dicho sea en términos estrictamente informáticos, claro está. Y tenía toda la razón.

Lo del control, parece ser un inconveniente más que una ventaja, puesto que los mayores problemas se suscitan hoy para intentar hacer coincidir los datos del programa con los de otros montones de estadísticas que hemos de rellenar. También lo de las planillas o modelos ha sido papel mojado, puesto que no hay más que echar un vistazo a esos modelos para opinar, al margen de que algunos hacen referencia a tipos ya derogados; el modelo más usado es el recurrente “texto libre”, que nos ofrece la pantalla totalmente virgen. En la vida real se siguen usando los documentos que cada uno tiene, y se cortan y copian sobre el programa, lo que no hace en la práctica sino reduplicar el trabajo. Y más aún en lugares como Valencia, en los que la sustitución por razones económicas del Word (con el que trabaja el programa) por el gratuito Libreoffice ha generado importantes problemas de incompatibilidad, por añadidura.

Pero lo peor es lo de las estadísticas y listados. Sólo con que nos menten a cualquier Fiscal el estadillo, se nos ponen los pelos verdes. Porque el programa no ha hecho desparecer la odiosa obligación mensual de introducir manualmente los datos en un programa diferente, tras haberlo ido anotando a mano a diario con la minuciosidad de un monje amanuense. El folleto en cuestión dice textualmente “genera automáticamente las estadísticas mensuales por fiscal, las anuales de la fiscalía y una memoria que calcula el volumen de trabajo”. Pues que nos digan dónde, porque de automático nada. Seguimos haciendo los estadillos, mensuales no a no, la memoria y todo lo que nos demandan. Y, como mucho, hay que comparar con lo que dice Fortuny que nunca, nunca, coincide. Así que acaba dando más trabajo todavía.

Y, para acabar el repaso, en lo de la intuición mejor ni entro. Un montón de pantallas, un reducídisimo tiempo de espera o unos ítems rígidos, son sólo algunos de los hitos de esas supuesta intutividad. Es decir, después de diez años, no ha cumplido nada, o casi nada, por no ser demasiado negativa. Me quedo con la frase de una compañera: el programa debería trabajar para nosotros, pero somos nosotros quienes trabajamos para él.

¿Están mejor por los Juzgados?, cabría preguntarse, aunque más bien sea una pregunta retórica. Obviamente, el primer inconveniente es ese divorcio del que hablaba respecto de la aplicación de Fiscalía. Y la cosa es tremenda: no se trata sólo de las dificultades que nos supone para trabajar a jueces y fiscales, que ahorraríamos mucho tiempo y, sobre todo, muchas llamadas y desplazamientos, sino de que este divorcio supone un gasto de tiempo y de esfuerzo personal inasumible cuando tan necesitados estamos. Los funcionarios de los Juzgados registran un asunto que, cuando viaja a Fiscalía, se vuelve a registrar, con los mimos datos, en programa distinto. Que, por supuesto, no está interconectado con el anterior. Horas de trabajo tiradas a la basura, nada menos.

Pero ahí no acaba todo. Las diferentes Comunidades Autónomas cuentan con diferentes programas informáticos, distintos a su vez de aquéllas que no tienen competencias transferidas. Ello genera un mapa informático tan variopinto como sea imaginable. Comunidades, como cuentan de Canarias, con sistemas compatibles, otras con un sistema común al Ministerio pero incompatibles con las Comunidades de competencias transferidas, y otras que solo se hablan consigo mismas. Si a ello unimos otros registros como el relativo a las órdenes de protección que llevan los Secretarios Judiciales, y otras aplicaciones a las que sólo entran a través de la página del Consejo General del Poder Judicial (un ejemplo reciente, el de la orden de protección europea), el panorama es desolador. Y no parece tener visos de mejorar. Aunque ojala me equivoque- Al fi y al cabo, la esperanza es lo último que se pierde.

 

 

 

SUSANA GISBERT GRIFO

Fiscal (Fiscalía Provincial de Valencia)

 

Benito se jubila.

Benito se jubila.

La Fiscalía de Pontevedra preparó un merecido homenaje a uno de nuestros miembros más destacados con motivo de su jubilación, Benito Montero Prego. Montero se jubila el próximo día 11 de octubre. El día 3,  en  una comida homenaje en Cambados, se le honró como merece, en su querida Casa Rosita. Una numerosa representación de la UPF acudió al homenaje, y desde aquí queremos felicitar a Benito, al que esperamos en el próximo Congreso en Ibiza para entregarle el pin de nuestra asociación. Suerte en tu nueva etapa!!!

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VIOLENCIA DE GÉNERO: ¿HEMOS BAJADO LA GUARDIA?

Acabamos de pasar un verano aciago para la violencia de género. El número de mujeres asesinadas se ha incrementado en una escalada funesta, hasta el punto de llegar a haber hasta cuatro muertes en poco más de 48 horas, y ya alcanzamos una media anual que supera la de una víctima mortal por semana.
Al mismo tiempo, la ONU ha hecho una declaración de condena a nuestro país por el caso de un padre que acabó con la vida de su hija menor cuando estaba disfrutando del régimen de visitas, que no le había sido restringido a pesar de estar incurso en varios procedimientos por maltrato a la madre de la menor. Aunque en este caso, justo es reconocer que los hechos a que se refiere sucedieron antes de la entrada en vigor de la Ley integral contra la Violencia de género (LO 1/2004), y que la situación actual es, aunque mejorable, radicalmente distinta.
Pero lo que está claro es que, a la vista de los resultados, algo, o mucho más que algo, ha fallado. Y es tiempo de abordarlo, para tratar de evitar que tan horrendos resultados sigan repitiéndose en una espiral sin fin. Sin que sean suficientes anuncios sobre inminentes reformas legislativas que, como en la mayoría de casos, tan solo inciden en el aspecto punitivo de la cuestión por la vía de modificaciones express del Código Penal, que olvidan el carácter de ultima ratio propio del Derecho Penal.
De otra parte, aunque recientemente se ha aprobado el Estatuto de Víctimas, tampoco podemos perder de vista que ello responde a compromisos internacionales y, sobre todo, que este tipo de medidas quedan en disposiciones meramente programáticas si no vienen acompañadas de los medios personales y materiales necesarios para su desarrollo.
Por eso, urge preguntarse si hemos bajado la guardia como ciudadanos y como sociedad. E ir más allá, y preguntarnos si la hemos bajado en nuestra labor como fiscales, y si hemos percibido otro tanto entre la judicatura.
En cuanto a la sociedad, hay que reconocer con honestidad que, poco a poco, ha venido disminuyendo la sensibilidad respecto a estos temas. Que, por un proceso en parte consustancial al ser humano, nos hemos ido acostumbrando a escuchar este tipo de noticias hasta el punto de que no nos afecten, o que no lo hagan tanto como antes. Como si fuera algo inevitable y nos hubiéramos resignado a ello. Y sólo se vuelve a reaccionar cuando el mazazo nos da en plenas narices, y asesinan a una mujer de nuestra ciudad o de nuestro pueblo. Y hasta en esto se nota, porque cada vez se restringen más esos minutos de silencio multitudinarios de antaño y quedan limitados al Ayuntamiento al que pertenecía la víctima. Y otro tanto cabe decir de las redes sociales, imperio de la inmediatez como ningún otro. Y aunque a cada muerte suele suceder un rosario de manifestaciones de repulsa, cada vez son menos, y, sobre, todo, cada vez es menor su duración y su impacto, y basta con cualquier otro acontecimiento, por baladí que sea, que distraiga la atención, para que desaparezcan la mayoría de estas manifestaciones.
Pero la culpa no es sólo del ciudadano, Los poderes públicos tienen una importante cuota de responsabilidad por el descenso de las campañas de sensibilización, por la reducción de los recursos destinados a asistir a las víctimas, y por una actitud que ha dejado de ser tan beligerante como debiera. Sin que hayan sido capaces de percibir que el cacareado descenso de las denuncias no correspondía a un descenso real del fenómeno, sino a una disminución de las posibilidades de denunciar. Y por ello es por lo que, precisamente, ese descenso en el número de denuncias no se ha correspondido con un descenso correlativo del número de muertes, sino más bien lo contrario. Y eso no puede ser interpretado de otro modo que como un paso atrás. Lo que viene corroborado, sin duda alguna, por el hecho objetivo de que la gran mayoría de las víctimas mortales no habían denunciado jamás.
Otro de los puntos clave viene dado, a mi juicio, por la actitud de los medios de comunicación. La prensa, que desde hace mucho tiempo había devenido en uno de los bastiones de la lucha contra la violencia de género, también parece haberse relajado en este punto. Y al margen de las informaciones puntuales sobre cada uno de los casos y la ya obligatoria referencia al 016, cada vez parece tener menos interés en presentar otros aspectos que se habían forjado como buenas prácticas, tales como incidir en la necesidad de denuncia, contar experiencias positivas en la lucha contra este mal o dar a conocer las pautas o posibilidades de ayuda para las mujeres que sufren maltrato. Pero las exigencias de una actividad que tiene la doble vertiente de negocio y de función social hacen inevitable que a veces prime el primero sobre la segunda.
Pero ¿y nosotros? ¿También hemos bajado la guardia? La respuesta no es fácil, pero sería hipócrita negarlo sin más. Porque también debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad cuando todo ha fallado de un modo tan estrepitoso. Es cierto que, con la entrada en vigor de la Ley Integral, se desplegó un esfuerzo titánico en especialización y en medios personales. Se creó la Fiscalía de Sala de Violencia de Género, se crearon las secciones especiales en todas las fiscalías y se realizó una apuesta en materia de formación como pocas veces se había hecho. Pero a día de hoy, la verdad es que da un poco la sensación de que hemos perdido fuelle, de que nos hemos quedado a mitad de un camino que se empezó a recorrer con energía. Y, por ejemplo, cada vez son menos los cursos para fiscales en esta materia, más allá de los encuentros anuales de delegados, y parece decrecer la motivación en esta materia-
De otra parte, el parón radical en la creación de juzgados ha congelado toda iniciativa de culminar el iniciado proceso de especialización. Y siguen existiendo los juzgados mixtos en que la supuesta especialización consistió en un mero añadido de esas funciones sobre las ya existentes. Lo que se hace extensivo a los fiscales que despachan los mismos, con todos los inconvenientes que conllevan. Y sigue habiendo ciudades donde los Juzgados de lo Penal carecen de especialización y las Salas no tienen otra que la expresa asignación de los asuntos en esta materia, sin que hayan exigido ni acreditado sus miembros nada en este sentido. Y tampoco hay guardias de violencia de género en gran parte de los partidos judiciales, y donde las hay, son pésimamente retribuidas o, al menos, lo son siempre en mucha menor cuantía que las de los compañeros de Instrucción. Como si se tratara de una jurisdicción de segunda división, como todavía parecen pensar algunos.
Y a eso se une -¿por qué no admitirlo?- una cierta prevención o desdén por parte de compañeros que despachan otro tipo de asuntos hacia quienes nos dedicamos a tan delicada materia. Más de una vez he oído eso de que esto es algo muy sencillo, porque sólo usamos un par de artículos del Código Penal, o que se trabaja menos, o que no nos llevamos trabajo a casa. Como si tuviéramos que justificarnos o demostrar algo que no se exige a los demás. Y no se trata de una impresión mía, que me consta que es algo que han percibido otros compañeros que navegan en el mismo barco.
Y luego, siempre pendiendo sobre nuestras cabezas, está la sombra de las supuestas denuncias falsas que, por más que se demuestre que son numéricamente anecdóticas, no deja de cernir su sombra sobre esta jurisdicción, alentadas por algún sector interesado en hacerlas valer como una realidad alarmante.
La ley integral, después de casi diez años de su entrada en vigor, sigue siendo una buena ley. Mejorable, desde luego, sobre todo en determinados aspectos penales cuya técnica jurídica no es tan exquisita como sería deseable, pero buena. Y todavía lo sería mejor si dejara de hipertrofiarse la parte penal en detrimento de una casi total atrofia de otras partes de la misma, tan importantes como la vertiente social, educativa o de prevención. Para que el derecho penal tuviera de verdad ese carácter de última ratio que le corresponde.
En definitiva, es más que posible que nuestra Ley integral, después de una década, necesite una buena capa de chapa y pintura para dejarla lustrosa y realmente útil. Pero es posible también que a nosotros también nos venga bien esa capa de chapa y pintura. Para que nuestro trabajo sea lustroso y realmente útil. Porque las víctimas lo merecen.

SUSANA GISBERT GRIFO
Fiscal
(Fiscalía Provincial de Valencia)