RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL SECRETARIADO PERMANENTE DE LA UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES CELEBRADA EL DÍA 25/6/2007 EN BARCELONA

 

1.- Informe sobre provisión de destinos en la Carrera Fiscal, plazas convocadas por orden jus/1635/2007.

1.- Fiscal del Tribunal Constitucional. El Secretariado se pronuncia a favor de la candidatura de Francisco Javier Comyn Rodríguez.

2.- Fiscal de la Fiscalía Especial Antidroga. El Secretariado deja en este punto plena libertad de actuación a los miembros del Consejo Fiscal para valorar la mejor opción

3.- Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Castellón. El Secretariado, por unanimidad, se pronuncia a favor de la candidatura de Francisco Javier Carceller Fabregat.

4.- Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Pontevedra. El Secretariado, por unanimidad, se pronuncia a favor de la candidatura de Augusto Santalo Rios.

2.- Consejo Fiscal.

El Secretariado Permanente toma nota de la situación creada por la modificación del orden del día de la sesión del Consejo Fiscal programada para el día 26 de junio, en Barcelona. El cambio del orden del día viene motivado por una petición de los consejeros pertenecientes a la Asociación de Fiscales, a raíz de la publicación por el diario El Mundo de un artículo de prensa en su edición de fecha de 15 de junio de 2007, en el que se relata como una maniobra del Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, la presentación de una enmienda del Grupo Socialista en el Senado al texto del artículo 13 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en tramitación, que implicaría que los ascensos discrecionales a la primera categoría siguieran literalmente la misma normativa que el resto de asuntos sometidos al Consejo Fiscal, a saber, que los decidiera el Fiscal General del Estado, previo informe del consejo Fiscal. Según el rotativo, la actuación del Ministro vendría motivada por el ánimo de venganza del mismo contra el Consejo Fiscal, por no haber sido apoyado en su día por la mayoría de este órgano, cuando solicitó la Jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, para la que fue finalmente nombrado Eduardo Fungairiño, que no había obtenido ningún voto. 

Con este precedente, los consejeros de la Asociación de Fiscales, en un claro intento de sabotear el Consejo Fiscal que, por vez primera, se celebraba en Barcelona, solicitaron que se pospusieran el resto de puntos del orden del día y se abordase monográficamente este asunto.

Ante este estado de cosas, el Secretariado Permanente es unánime en considerar que la publicación del artículo y la consiguiente reacción de la Asociación de Fiscales obedece a un intento de desatar una polémica estéril, visto que tras las dos Sentencias dictadas por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el “asunto Fungairiño”, una de ellas en pleno de 13 de abril de 1998, la dicción literal del artículo 13 del EOMF, en lo relativo a los ascensos a la primera categoría, había sido matizada en el sentido de que el Consejo Fiscal no vincula al Fiscal General del Estado, que puede nombrar a quien considere oportuno, siempre que cumpla con los requisitos objetivos del puesto. Por tanto, el conforme al informe se ha convertido, por la propia interpretación jurisprudencial del precepto en previo informe. A mayor abundamiento, dicha doctrina jurisprudencial ha sido, en los años posteriores, asumida de forma totalmente pacífica, ya que ningún ascenso a la primera categoría acordado por el Fiscal General ha sido recurrido, pese a que varios de ellos no han contado con el voto favorable de la mayoría del consejo Fiscal. Ello, además, es coherente con la configuración del Consejo Fiscal como un órgano meramente consultivo, posición siempre defendida por la UPF.

El Secretariado considera que la posición de los consejeros de la UPF debe centrarse en que el Consejo Fiscal, como órgano de asesoramiento del Fiscal General, no tiene competencia sino para informar los Proyectos de Ley que le sean remitidos por el Gobierno, pero en ningún caso la tiene para inmiscuirse en el trámite parlamentario, o para dirigir al órgano depositario de la soberanía nacional recomendaciones o censuras de ninguna clase, por lo que no procede en absoluto que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre la enmienda en cuestión. Igualmente, sobre el fondo de la cuestión, el Secreatariado se muestra partidario de que se proponga el establecimiento de un sistema bien de baremación objetiva, bien de necesidad de motivar los ascensos que se acuerden en contra de la opinión mayoritaria, lo implicaría la adopción de sistemas clásicos de evitación de la arbitrariedad en la adopción de decisiones de carácter discrecional, y posibilitaría, en su caso, un mayor control jurisdiccional de las resoluciones adoptadas.

3.- Delegado de Medio Ambiente en Sevilla.

La Fiscal Jefe de Sevilla, María José Segarra, como consecuencia de la designación de un Delegado de la Jefatura en materia de Medio Ambiente, ha sido objeto de varios artículos de prensa en los que se la acusa de forma muy virulenta de imponer una línea ideológica en la Fiscalía de Sevilla al servicio de la Fiscalía General del Estado, y por ende del Gobierno de la Nación, de promover a puestos de responsabilidad a Fiscales afines y de laminar a los miembros o simpatizantes de la asociación de Fiscales, olvidando, por cierto, que el propio candidato de la Fiscal Jefe, Javier Rufino, es miembro de la Asociación de Fiscales.

El Secretariado Permanente toma nota de la situación y queda a la espera de ulteriores informaciones sobre el desenlace de la cuestión, mostrando su disposición para hacer público, en el momento que se le requiera para ello, su más cerrado y explícito apoyo a María José Segarra, en esta cuestión, y en defensa de toda su trayectoria en la Jefatura de Sevilla.
 
4.- Organización interna.

El Secretariado Permanente, con el fin de responder de forma más efectiva y de lograr una rápida presencia en los medios con un mensaje claro, cuando ello fuere necesario, acuerda que, con independencia de los cargos orgánicos, cada vocal asumirá la responsabilidad más inmediata en un tema concreto que, por razón de sus actividades en Fiscalía, domine de forma efectiva, resultando de ello la siguiente distribución interna:

Gabriela Bravo: presidencia, menores, siniestralidad laboral y formación.
Miguel Ángel Arias: vicepresidencia, tesorería, inmigración y MEDEL.
Pilar Fernández: violencia de género.
Luis del Río: anticorrupción.
Eduardo Esteban: derechos fundamentales y página web.
Emilio Sánchez Ulled: reforma procesal.
Ana Gil: Consejo Fiscal.
José María Casado: Consejo Fiscal.
Adrián Salazar: Consejo Fiscal y medio ambiente.
Julio Cano: secretaría y medio ambiente.

Esta distribución lo es sin perjuicio de la capacidad plena de todos los miembros del Secretariado de actuar de forma autónoma en todos los asuntos, en especial en sus respectivas áreas geográficas o secciones territoriales, como viene siendo tradicional.