En los primeros días de noviembre, el día 5, la UPF fue convocada por el Ministerio y al día siguiente en la Unidad de apoyo de la FGE, con la Comisión que está elaborando conjuntamente las normas de desarrollo del Estatuto Fiscal (esta reunión fue el día 6 y fue conjunta con las tres asociaciones, con el fin de informar a las asociaciones de los planes de futuro y previo al trámite formal de informe que realizarán por escrito cuando el proyecto ya tenga forma. Las conclusiones que nos expusieron son:

FASES: La idea es cumplir lo señalado en el Estatuto que fija un plazo de un año (vencería el 11 de octubre de 2008), para el “despliegue” de la nueva plantilla. Pretenden hacerlo en dos fases, la primera acabaría en febrero y la segunda, más incierta por el proceso electoral, pero siempre antes del 11 de octubre. En la Fiscalía han hecho un importante trabajo de acopio de datos fiables que determinen el real volumen de trabajo de las distintas Fiscalías.

FISCALIAS SUPERIORES DE CC.AA.: Pretenden desdoblar, creando las jefaturas y tenencias de las Audiencias Provinciales, en las ciudades donde se encuentren los Fiscales Jefes de TSJ que automáticamente adquieren la denominación de Fiscales Superiores de CCAA. Nuevamente lo remiten a dos fases, en la primera, en febrero se desdoblarán las Fiscalías que son pluriprovinciales y, de las uniprovinciales, sólo Madrid. Cabría un ampliación posterior a las otras uniprovinciales según se vaya viendo la necesidad o no, ya que el Estatuto permite que recaigan en la misma persona la doble condición de Jefe. La postura de la AF fue de tender al desdoblamiento general (“cuantas más mejor”, fue su conclusión), Desde la UPF pensamos, de acuerdo con la Comisión, que es mejor ser realistas y estudiar bien las necesidades de cada caso, para evitar crear algo que no sea necesario y además para siempre.
Respecto a las plantillas de las Fiscalías de las CCAA, había ciertas discrepancias entre el Ministerio y la Comisión de la Fiscalía, en el Ministerio hablan de unas 20 plazas para toda España y en la Fiscalía piden unas 28, con la pretensión de que se cree al menos una plaza en cada Fiscalía que se desdoble. Parece que esta es la opinión que se acabará imponiendo, que a nosotros nos parece sensata (a título de ejemplo se hablaba de 5 plazas en Madrid, 4 en Cataluña, 1 en Extremadura, etc... todo ello en función de los criterios de volumen de trabajo elaborados ene se trabajo que antes mencionábamos)

JEFATURAS DE AREA: De las 86 adscripciones que actualmente existen unas se convertirán en Areas, con su jefatura, y las otras automáticamente en Secciones territoriales, a cuya cabeza estará un Decano. En la primera fase el Ministerio parece restringir las Areas a crear a las llamadas “legales”, ess decir aquellas que según el Estatuto tienen que crearse forzosamente, las de los lugares donde haya desplazada una sección de la A. Provincial. Estas son 10, y están en dudas con algunas, por criterio de insularidad (Fuerteventura, Lanzarote e Ibiza). La Fiscalía comparte este criterio y ya, tras consulta con los distintos jefes, ha elaborado un ranking para posteriores ampliaciones que eleva esas 10 a 32. las asociaciones como desconocemos el alcance de esos trabajos elaborados por la Fiscalía, no estamos en condiciones de pronunciarnos, lo que no quiere decir que no nos parezca un poco cicatero en el número de 10, ya que hay algunas que, por su indudable carga de trabajo, deberían  crearse ya, sin esperas.

FISCALIAS DE SALA ASOCIADAS A LA FGE: También en esta fase de Febrero se quieren crear las plantillas  de estas Fiscalías, que ahora están en una situación poco estable, ya que no existen como tales esas plazas (Fiscalía de medio ambiente, de extranjeros, de seguridad vial, etc...)

RETRIBUCIONES: Los Fiscales Jefes de Area se equipararan a los Presidentes de Sección de la A. Provincial ( que es equiparable al Teniente Fiscal) debido a que existirán donde haya una Sección desplazada. Respecto a los Decanos de Secciones territoriales y de secciones de especialidad, también tienen que tener su contrapartida económica, pero no resulta fácil su equiparación. Nos aseguran, tanmto el Ministerio como la Fiscalía que están trabajando el asunto, incluso con la posibiliadad de recurrir a la productividad para este apartado, que tiene que ser mayor qu el de coordinador, pues en otro caso es posible que los que ya cobran la coordinación no muestren mucho interés en asumir la responsabilidad de ser Decanos.
En lo relativo al tema de los coordinadores es el mas espinoso, aunque nos garantizan que no habrá pérdida de ningún puesto de coordinador, en la actualidad son unas 573 plazas, que tienen un determinado complemento económico. Lo que se pretende es que los complementos respondan a razones de responsabilidad o trabajo, de aquí que las distintas plazas de Jefe de area o Decano que se vayan creando suponga una igual disminución de igual de la plantilla de coordinadores, pero manteniendo siempre el número global de plazas con complemento. Incluso el efecto que puede tener trasformar algunas Fiscalía de TSJ en Fiscalía de A. Provincial, (ya sabeís que en las FTSJ la proporción de coordinadores con las palzas de 2ª es de 1 a 2, mientras que en las FAP la proporción es de 1 a 3 ), también quieren hacerlo con respeto a derechos adquiridos y manteniendo el porcentaje global en la carrera. En esta materia se mostraban especialmente sensibles en la Inspección, como no puede ser de otra forma. Desde luego la UPF se compromete a estar “ojo avizor” para evitar que se nos cuele algún gol.

TRASLADOS FORZOSOS: Aunque no se toca para nada este tema en el desarrollo que se plantea desde el Ministerio, preguntamos por ello y nos dijeron que el desarrollo reglamentario del Estatuto no es ahora una preferencia, que habrá que abordarlo en el futuro. Desde la UPF creemos que deberíamos plantear un debate más profundo que tal vez deba llevar a la desaparición de las categorías, tal como nos consta que han insinuado desde las asociaciones d jueces, tema al que no se muestra del todo reacio el Ministerio.

IDIOMAS: La valoración del idioma cooficial de la CCAA, allá donde existe, es el que nos pareció menos resuelto por el Ministerio, la postura de la UPF se resume en que el idioma sí como merito pero no como requisito (esto lo acordamos en el Congreso de La Coruña/A Coruña).