CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE LOS SECRETARIADOS DE JpD y UPF

Palma de Mallorca, 10 de noviembre de 2006

JUSTICIA Y POLÍTICA

Sin menoscabo del derecho de todos los ciudadanos a criticar las resoluciones judiciales, reclamamos, especialmente de los políticos y periodistas, que dichas críticas se circunscriban al aspecto jurídico de las resoluciones judiciales y las actuaciones de los Fiscales.

Son inaceptables las continuas declaraciones públicas que pretenden presionar a Jueces y Fiscales con menoscabo de la independencia de los primeros y la imparcialidad de los segundos, para conseguir de sus actuaciones ventajas partidistas.

Es inevitable que las resoluciones judiciales y las actuaciones fiscales provoquen efectos en la vida social y política, pero a ambos le es exigible que sus actuaciones se guíen por criterios exclusivamente jurídicos. En la realidad de cada día, sin embargo, se ven excepcionales actuaciones, en el ámbito del proceso, que no se entienden si no es desde una adscripción partidista, alejándose de una interpretación razonable del Derecho.

SINIESTRALIDAD LABORAL

El derecho de los trabajadores a un ambiente de trabajo sano y seguro, se ve diariamente conculcado en nuestro pais.

Es necesario que no sólo las empresas y los trabajadores adopten las medidas de seguridad e higiene preceptivas para garantizar el correcto desempeño de su trabajo, sino también que la Administración dote de medios suficientes y racionalice las funciones de la Inspección de trabajo así como que impulse el nombramiento de fiscales especiales sobre esta materia e intensifique la formación de los jueces evitando la dispersión jurisdiccional y recalcando la importancia de la función que deben desempeñar dirigida a la tutela del derecho a la salud de los trabajadores. Igualmente, que se incremente la coordinación con la Policía y con la Inspección de Trabajo en la persecución de estos delitos.

Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales consideran urgente que la sociedad enfrente el gravísimo problema de la siniestralidad laboral, exigiendo que se garantice la seguridad en le trabajo, creando una cultura real de prevención, aumentando la sensibilidad de todos frente a los riesgos laborales y desterrando la idea de que los accidentes son inevitables. Acabar con tanto sufrimiento es tarea de todos y responsabilidad especial de los Poderes Públicos.

MEDIO AMBIENTE. CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

Insistimos en la importancia de la persecución de los delitos contra el medio ambiente mediante la dotación de los medios necesarios para que los fiscales especialistas en esta materia puedan contar con el apoyo material y personal que el desempeño su actividad exija, así como reclamamos el apoyo necesario a los órganos judiciales, para que puedan llevar a cabo una eficaz investigación de dicho tipo de delitos sin dilaciones indebidas.

La protección del medio ambiente y la confianza en el Estado social y democrático de derecho se van deteriorando.

Pedimos una implicación de todas las administraciones en la regeneración de la política urbanística

Reclamamos del ejecutivo la elaboración de un plan de acción contra la corrupción urbanística que, abordando toda complejidad del fenómeno, no olvide que sin Fiscalías especializadas y órganos judiciales suficientes en número y adecuadamente dotados, la impunidad continuará siendo una invitación para que muchos continúen por la lucrativa senda del deterioro de nuestro entorno.

RENOVACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Los Secretariados de JpD y UPF han decidido trasladar a la opinión pública y a los grupos parlamentarios la necesidad de que el Consejo General del Poder Judicial sea renovado siguiendo los plazos legalmente previstos, en particular a la vista del progresivo deterioro y la pérdida del papel institucional del actual Consejo.

El día 7 de noviembre venció el mandato del Consejo y es imprescindible iniciar las gestiones para su renovación.

El Consejo General del Poder Judicial es una de las máximas instituciones del Estado de Derecho y no puede quedar supeditado a la estrategia de tensión política que en ocasiones mueve a los partidos.

REFORMA DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO FISCAL

Para afrontar las funciones de instrucción del proceso penal en el futuro, es necesario incrementar las garantías de imparcialidad del Ministerio Fiscal, alejando a esta institución de toda sospecha y asegurando a los ciudadanos un servicio público más eficiente.

El proyecto de reforma garantiza esa mayor eficacia con un mejor despliegue territorial, adaptado al estado de las autonomías, y profesional. Sin embargo, en el ámbito de la imparcialidad, es necesario un grado de autonomía mucho mayor del que se ofrece que afecte al Fiscal General respecto del Gobierno que le nombra y ampare a todos los miembros del Ministerio Fiscal en su actuación diaria.

A esta decepción se añade el incomprensible mantenimiento del artículo 5 que fue calificado, cuando se modificó en el año 2003, como de mordaza a la capacidad investigadora del Fiscal. Era de esperar de un Gobierno progresista que, tal como se comprometió, cuando era oposición, recuperara dicha capacidad investigadora, imprescindible ante la gran cantidad de escándalos urbanísticos y de corrupción que son especialmente apropiados para la investigación por el Fiscal.