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Barcelona, 29 de enero de 2009.
NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓN QUE LAS ASOCIACIONES DE FISCALES HEMOS MANTENIDO CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA EL DÍA 28 DE ENERO DE 2009
I.- Introducción, valoración general de la reunión y posición frente a las protestas judiciales.
El Ministerio de Justicia convocó a las asociaciones de fiscales a una reunión el día 28 de enero con la finalidad de “examinar el estado de situación y las reformas legales y organizativas para la implantación de la nueva oficina judicial, así como otras iniciativas previstas para esta legislatura, sin perjuicio de las cuestiones que puedan ser propuestas por las Asociaciones de Fiscales, en el interés siempre de la mejora de la Administración de Justicia y del servicio a los ciudadanos”.
Ante dicha convocatoria, las tres asociaciones de fiscales, AF, UPF y APIF, consensuaron un documento de trabajo conjunto que se hizo llegar oportunamente al Ministerio, al tiempo que era difundido entre sus respectivos asociados.
Por parte de la Unión Progresista de Fiscales participaron en dicha reunión el Presidente Emilio Sánchez y la Vocal del Secretariado Pilar Fernández. Con la presente nota pasamos a dar cuenta detallada del contenido de la reunión.
Valoración general de la reunión:
Las tres asociaciones coincidieron en una valoración general de la reunión, y se acordó que fuera expuesta por una única voz, en este caso el Presidente de la AF, sin perjuicio de intervenciones particularizadas en el debate posterior. Así:
Por una parte valoramos positivamente la disposición del Ministerio de Justicia, habiendo apuntado expresamente el Ministro que no consideraba irrealizable ninguna de las propuestas formuladas en el documento conjunto con la salvedad, al menos por el momento, de las cuestiones puramente retributivas.
En cuanto a la valoración de la respuesta concreta dada a cada uno de los contenidos de la propuesta conjunta de las asociaciones, hay algún matiz negativo: así, se obtuvo información de específicas actuaciones en curso para la mejora de la Justicia y el compromiso, con plazos, para acometer otras nuevas, a las que más adelante se hará referencia, todo lo cual se valoró positivamente; ahora bien, la respuesta dada a la cuestión de las sustituciones entre fiscales y la planificación en el aumento de plazas resultó más imprecisa, lo cual consideramos negativo.
Por otra parte, no está de más indicar –aunque a ello se hace referencia más detallada en los párrafos siguientes- que durante la reunión el Ministro apuntó –como una suerte de “globos sonda”- ciertas ideas en materia de cuestiones retributivas y de selección que nos parecieron preocupantes y así lo expresamos, a pesar de la indefinición en las mismas.
Posición de la Unión Progresista de Fiscales frente a posibles paros o protestas:
Finalmente, en cuanto a la posibilidad de adherirse a las huelgas, paros y protestas convocadas por ciertos sectores de la judicatura y las asociaciones judiciales, o de convocar actos propios en el mismo sentido, cada asociación expuso su posición concreta, pues existían discrepancias al respecto. La Unión Progresista de Fiscales reiteró su absoluto rechazo a la huelga, y en cuanto a los “paros” o “protestas”, expresó su desacuerdo con los mismos, pues oscurecen el debate de fondo y desorientan al ciudadano al situar el debate en términos de una suerte de “reivindicación” gremial cuando en realidad se trata de una cuestión de política de Estado en la que todos los Poderes se hallan implicados, como es su obligación frente a los ciudadanos. El Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales considera que la vía para poner de manifiesto las deficiencias de la justicia y expresar la necesidad inaplazable de solucionarlas es, precisamente, la que estamos siguiendo como asociación: formular propuestas concretas, trabajar con las instituciones estatales que diseñan la política judicial y tienen a su cargo los medios materiales con los que ejercemos nuestras funciones y expresar con contundencia en los medios de comunicación y foros sociales nuestras consideraciones, para general conocimiento. Porque no somos depositarios únicos del interés en que la justicia funcione. Porque son los ciudadanos los que tienen que exigir responsabilidad política a sus gobernantes. Por tanto, a no ser que la mayoría de asociados decida otra cosa y sin perjuicio de la actitud individual que cada asociado decida adoptar, el Secretariado de la UPF no va a convocar ni apoyar acto de protesta alguno en las formas propuestas por otros colectivos.
II.- Resumen de la respuesta ministerial a las propuestas de las asociaciones de fiscales para la mejora de la justicia:
- Abordar de forma global las deficiencias estructurales.
1º) Creación de plazas
El Ministerio reconoció la necesidad de realizar un estudio de cargas de trabajo (para lo cual existe una comisión estadística que se encamina a la creación de un nuevo sistema de registro unificado entre juzgados y fiscalías) y de la evolución de los territorios –lo cual lleva implícito que no se estaba haciendo-, tal como se solicitaba, aunque se negó por el momento a establecer ratio ninguna entre la creación de nuevos órganos judiciales y plazas de fiscal, amparándose precisamente en la necesidad de dicho estudio, cuya realización se comprometió a realizar, aunque sin indicar plazo ni modo. Anunció el Ministro la creación en los próximos cuatro años de 400 plazas de fiscales, a 100 por año. Se le realizó la observación de que el mero incremento cuantitativo, sin acompasamiento a la creación de órganos judiciales, no bastaba. Finalmente, avanzó el Ministro la previsión de una reforma de la Ley de Planta en 2009, previo estudio de la evolución demográfica de los territorios, aplicando el mecanismo previsto en el art. 35 LOPJ.
Cabe concluir por tanto que la respuesta ministerial no ha resultado todo lo satisfactoria que esperábamos a los efectos de mitigar la insuficiencia histórica de plazas de fiscales desde un punto de vista racional y conforme con cargas de trabajo reales y en paralelo a la creación de nuevos órganos jurisdiccionales.
2º) Infraestructuras
El Ministro aseguró que en los nuevos modelos de edificios judiciales se contempla adecuadamente a las fiscalías, y detalló las obras de mejora en edificios concretos que se hallan en curso.
3º/ Medios informáticos
En el área informática afirmó el Ministro que compartía plenamente el análisis realizado en el documento de las asociaciones, y anunció –como ya había anunciado a los jueces- el incremento en 20 millones de euros el presupuesto preexistente para tecnología (que era de 72 millones de euros). Pasó a continuación a detallar los trabajos en curso en materia informática, indicando que el suplemento presupuestario indicado permitiría su aceleración adelantando su implantación a diciembre de 2009:
Mejora / implantación de registros centralizados (antecedentes, medidas cautelares, etc.).
Sistema de comunicación LEXNET. Se trata de un sistema de transmisión telemática de comunicaciones, notificaciones, documentos, etc.
Programa de gestión procesal MINERVA, para la nueva oficina judicial.
En 2009 se va a crear un Consorcio administrativo con las CC.AA. con competencias transferidas, para el desarrollo y sostenimiento conjunto de aplicaciones informáticas, destinándole 6 millones de euros.
Sistema de gestión FORTUNY para la Fiscalía. Se indicó que su tecnología va por delante de la de MINERVA, pero que se pretende que una vez implantados se establezcan sistemas de interacción entre ambos, integrando los sistemas respectivos de gestión procesal. Dicho objetivo lo señaló el Ministro para 2011 ó 2012.
Se preveía la oficina judicial “sin papel” para 2010, habiéndose programado experiencias piloto en la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.
El problema detectado por las asociaciones, y así se le indicó al Ministro, es que todas estas aplicaciones iban a implantarse en los territorios dependientes del Ministerio y en aquellas CC.AA que se agregaran voluntariamente al sistema, suscitándose la cuestión de la incompatibilidad con aquellas CC.AA. que decidieran no “agregarse” al mismo. Se apuntó la necesidad de conversaciones políticas de alto nivel para evitar tan indeseable resultado.
4º) Oficina Fiscal:
El Ministro asumió plenamente la necesidad de una oficina fiscal, y comprometió su creación. Para ello anunció la voluntad de crear un grupo de trabajo conjunto del Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado encaminado a estudiar su diseño, el cual debería constituirse durante 2009, en cualquier caso antes del verano, con vistas a preparar su desarrollo reglamentario para 2010. Las asociaciones propusieron, y se aceptó, participar en dicho grupo de trabajo.
Las asociaciones manifestaron su satisfacción por el anuncio de tan trascendental empeño, y se insistió en su disposición a colaborar en los trabajos preparatorios. Por otra parte las asociaciones pusieron de manifiesto la necesidad de establecer en su día los mecanismos oportunos para la coordinación con la oficina judicial, y que por el momento resultaría también adecuada la presencia de representantes de la fiscalía en las unidades de gestión y prever la posibilidad de hacer uso de determinados servicios comunes.
- Regular adecuadamente la formación y las sustituciones
1º) Formación inicial y continuada de los fiscales
En lo relativo a la formación inicial de los fiscales manifestó el Ministro su intención de mejorar el diseño de las prácticas, al tiempo que recalcó la preocupación que generaba la reducción que se ha constatado en el número de opositores. A continuación apuntó que se estaba trabajando en un modelo mixto en el que, manteniendo el acceso mediante oposición, se añadiera al mismo alguna mejora.
Esta última manifestación generó intranquilidad en las asociaciones, que no consiguieron mayores precisiones en cuanto a las intenciones concretas del Ministerio. Pareció en cierto modo un “globo sonda” que no pretendía otra cosa que “palpar” cuál fuera la reacción asociativa ante un anuncio tan impreciso. La respuesta de las asociaciones fue, desde la imprecisión de lo manifestado, mostrar en cualquier caso el más absoluto rechazo a la eliminación del sistema de oposición, por cuanto se consideraba el filtro más objetivo y neutro posible, sin perjuicio de que se mejorara el período de formación posterior al mismo.
2º) Sustituciones
Ante la pretensión de las asociaciones de que se reconociera para el cuerpo de fiscales un sistema de sustituciones semejante al de la carrera judicial, el Ministro respondió que dicho sistema no está dando los resultados deseados entre los jueces, por lo que un sistema de “bolsa” de titulares para sustituciones no parece resultar viable.
La respuesta asociativa fue, en primer lugar, precisar que lo que planteamos no es un sistema de “bolsa”, sino el reconocimiento para los fiscales de un mecanismo que ya se reconoce a los jueces, mediante el establecimiento reglamentario de un listado de causas de sustitución para que a través de los fiscales jefes respectivos pueda asignarse un sustituto titular para supuestos de corta duración.
- Medidas de conciliación familiar
En materia de medidas de conciliación familiar, el Ministro manifestó que no lo consideraba una prioridad, amparándose en que la flexibilidad en los horarios propia de nuestro trabajo permitía una gran adaptación a las circunstancias. Indicó, por otra parte, que se mostraba de acuerdo con la supresión del ascenso forzoso para los jueces
Las asociaciones, y en particular la UPF, indicaron que la aproximación ministerial a la cuestión resultaba demasiado simplista, por cuanto la flexibilidad horaria, que sin duda se corresponde a la esencia de nuestra función, no puede eximir de la necesidad de contemplar mecanismos concretos de conciliación adaptados a nuestras particulares circunstancias, lo cual merece como mínimo un estudio pormenorizado.
- Cumplimiento de la Ley de Retribuciones
Las asociaciones, reconociendo la difícil situación económica actual, pidieron la reanudación de los trabajos de la Comisión de Retribuciones, a fin de sentar los criterios de adecuación que puedan tener plasmación efectiva en el futuro, una vez la coyuntura económica lo permita
El Ministro indicó que para 2009 no resultaba posible ir más allá del incremento de un 5’08% de media, porcentaje que resulta de la agregación del incremento del 2% inicialmente previsto para este año más el incremento derivado de la equiparación de las pagas extraordinarias que se halla en curso. Ahora bien, informó de que sí se abordaría el pago de las guardias de violencia doméstica, donde la cuantía para jueces y fiscales resultaría lógicamente más elevada que la correspondiente a los funcionarios.
El Ministerio propuso reanudar los trabajos de la Comisión la primera quincena de febrero del presente año.
Por otra parte y en lo referente a las retribuciones variables, el Ministro apuntó que su diseño iba a ser reconsiderado en el sentido de vincular la productividad a la función, del mismo modo que en los jueces se pretendía vincularla al órgano más que a la persona.
Del mismo modo que en materia de selección, insinuó el Ministro –de nuevo, a modo de “globo sonda”- que la necesidad, cierta, de adaptar la norma retributiva a las nuevas categorías derivadas del reciente despliegue orgánico del Ministerio Fiscal pudiera generar la necesidad de abordar un diseño completamente nuevo de las retribuciones para los fiscales, manteniendo siempre vigente el principio de equiparación con los jueces.
Ante esta manifestación se respondió que desde luego no podíamos ofrecer respuesta a algo que no se detalla, pero que desde luego, reconociendo la necesidad de acoger nuevos supuestos en la ley de retribuciones conforme a los nuevos cargos creados –como por otra parte se hizo con los jueces, por ejemplo, con los decanos- las asociaciones se opondrían a romper el principio de equiparación con la carrera judicial. Y en lo relativo a las retribuciones variables, las asociaciones recordaron que ya se habían pronunciado en su día a favor de la modulación del criterio estrictamente productivista en su determinación, con incorporación de previsiones basadas en consideraciones objetivas.
Esperamos que la presente nota resulte de utilidad en cuanto que da cumplida información de los puntos abordados en la reunión con el Ministerio, las previsiones de éste y la posición asociativa al respecto. El Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales está por supuesto abierto a todos vuestros comentarios, propuestas y sugerencias para futuras reuniones de trabajo, donde seguiremos intentando contribuir en lo posible a la mejora de la administración de justicia. |