NOTA DE LA UNION PROGRESISTA DE FISCALES
ACERCA DE LOS ATAQUES POLÍTICOS Y MEDIÁTICOS AL PROCESO QUE SE ESTÁ SIGUIENDO EN EL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5 DERIVADO DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA TRAMA DE CORRUPCIÓN “GÜRTEL”

La Unión Progresista de Fiscales quiere manifestar expresamente su apoyo a la Fiscalía Anticorrupción y al Juzgado de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional en sus investigaciones acerca de la trama de corrupción político-empresarial revelada por la operación “Gürtel”, frente a los ataques políticos y mediáticos que se están produciendo.

La excusa utilizada en tales ataques no es sino una anécdota que, eso sí, revela torpeza estética y política, respectivamente, en sus protagonistas pero de ningún modo constituye un fundamento que permita deslegitimar la investigación en curso.

Nada en el avatar procesal de las investigaciones permite inferir una actuación desviada del Derecho, ni intencionalidad alguna que vaya más allá del descubrimiento y persecución de delitos que por su propia naturaleza atentan a la esencia del funcionamiento del Estado democrático. Resulta un desafuero afirmar gratuitamente que la causa en curso supone un ataque a un partido político determinado, sin perjuicio del hecho, innegable, de que algunos destacados militantes del mismo se hallen indiciariamente implicados de forma individual en los delitos objeto de investigación.

Los ataques políticos y mediáticos que el Juez de Instrucción y la Fiscalía Anticorrupción están recibiendo son, por desgracia, una muestra de las presiones e interferencias que sistemáticamente aparecen, sin distinción de orientación política, cuando se investigan hechos de corrupción. En el presente caso constituyen un ataque a las instituciones absolutamente injustificado e irresponsable, especialmente lamentable cuando proviene de altos responsables políticos.

Da la impresión de que se intenta desviar la atención frente a conductas gravísimas para la sociedad. Curiosamente, de los sectores que piden mano dura contra delitos de menor trascendencia social, olvidando que una de las mayores conquistas del Estado democrático de derecho es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, con indepedencia de su nivel económico o de su adscripción a una u otra fuerza política. Sin igualdad no hay justicia.