En Barcelona, a 23  de marzo de 2009.

Sr. Ministro de Justicia.
Madrid.

               Estimado sr. Ministro:

               Con ocasión de su reciente incorporación al Ministerio de Justicia el Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales quiere ofrecerle, como siempre ha hecho con los sucesivos titulares del organismo, su completa disponibilidad a proporcionar opinión y valoración técnica en aquellos asuntos donde nuestra aportación pueda resultar útil, siempre en aras del correcto ejercicio de las responsabilidades del Ministerio Público y con el objetivo de una idónea administración de justicia al servicio de los ciudadanos.

                  No es fácil el momento que la administración de justicia está atravesando. Sus costuras se han resentido, más aun, a raíz de una aparente dilución de lo que debería ser política de Estado en una suerte de protesta gremial, con la consiguiente desorientación ciudadana. Pero esta desafortunada coyuntura no debe servir de excusa para obviar lo evidente, que es la tradicional endeblez de las estructuras propias de la administración de justicia, frente a la cual la capacidad de trabajo individual de los profesionales que la integramos no va a poder estirarse ilimitadamente.

                  Los organismos que rigen el Estado deben ejercer sus responsabilidades para que la estructura funcione de manera socialmente adecuada. En su ámbito de actuación el Ejecutivo debe emprender de una vez por todas, en permanente diálogo técnico, las mejoras organizativas, estructurales, tecnológicas y presupuestarias que el servicio a la ciudadanía exige, con pleno respeto a la independencia judicial en el ejercicio ordinario de la función jurisdiccional.

                      Y es aquí, precisamente, donde la Unión Progresista de Fiscales formula su principal reproche, que es la inexistencia de una visión global acerca de qué se pretende para la administración de justicia y la ausencia de la necesaria valentía política para acometer las reformas oportunas. No se ha conseguido articular es un acuerdo estable entre las principales fuerzas políticas a la hora de emprender las reformas necesarias, ni se ha abordado seriamente la coordinación de actuaciones a nivel autonómico en las materias transferidas.

                        La Unión Progresista de Fiscales quiere aportar propuestas constructivas de mejora, lejos de cualquier maximalismo y conscientes de las dificultades temporales y económicas que presenta la colosal tarea de adecuar la justicia al siglo XXI. En cualquier caso hay que rehuir los parches normativos u organizativos inconexos, así como las actuaciones precipitadas a golpe de titular de prensa. Se necesitan propuestas meditadas y articuladas en un todo armónico. Tres grandes ámbitos podemos señalar como necesitados de actuación:

1. Por supuesto, el remedio de las deficiencias estructurales –medios personales y materiales- en la administración de justicia.
2. El desarrollo de la oficina judicial (con especial atención a la racionalización y coordinación de señalamientos, potenciando la función del Secretario como impulsor y ordenador del procedimiento sin merma de la estricta función jurisdiccional que corresponde al juez, y con criterios nítidos de delimitación de funciones entre ambos), así como la creación, de una vez por todas, de una “oficina de la fiscalía”.
3. La reforma procesal penal.

                     En cuanto a los dos primeros puntos, el pasado mes de enero las tres asociaciones de fiscales remitieron conjuntamente al Ministerio de Justicia un documento donde se formulaban propuestas, ya con un relativo grado de detalle. Entendemos que dicho documento es un razonable punto de partida que atentamente sometemos a su consideración, remitiéndolo como documento adjunto a la presente carta

                      Por lo que se refiere a la reforma procesal penal, la Unión Progresista de Fiscales viene defendiendo una reforma legislativa que finalmente consagre de forma plena el principio acusatorio y configure un nuevo modelo de procedimiento previo al juicio penal cuya dirección recaiga en el Ministerio  Público, con el control externo de un Juez de Garantías. Es escasa la información hasta ahora proporcionada por el Ministerio acerca del contenido de la reforma que al parecer está en estudio, pero de lo conocido hasta el momento puede ya inferirse que se plantea un sistema “híbrido” que no consideramos ni adecuado ni eficaz. Sin perjuicio de ofrecerle mayor detalle en un futuro acerca de nuestras propuestas, como documento adjunto acompañamos las conclusiones del curso organizado el pasado mes de noviembre por la UPF en colaboración con la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos, donde se contienen, creemos, interesantes bases en esta materia.

          Insisto, pues, en nuestra disposición a la colaboración en todo aquello que redunde en el perfeccionamiento de la administración de justicia y su funcionamiento socialmente adecuado.

              Aprovecho la ocasión, sr. Ministro, para expresarle en nombre del Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales el testimonio de la más distinguida consideración.

FDO.: Emilio Jesús Sánchez Ulled.                      
Presidente de la Unión Progresista de Fiscales.