El Gobierno no apoya el Fiscal General Europeo (y elude sus compromisos internacionales contra la corrupción)

El incremento y la internacionalización de la criminalidad organizada ha conducido a adoptar varias iniciativas tendentes a coordinar eficazmente las investigaciones y las acciones judiciales de los Estado de la Unión Europea. Así, cabe destacar, los magistrados de enlace, que determinaron la constitución, el 22 de abril de 1996 de la red judicial europea y, finalmente, el grupo de juristas europeos denominado Eurojust, creado en octubre de 1999 por el Consejo Europeo de Tampere (Finlandia). Pero no puede ignorarse que estos avances se encuentran con serios obstáculos entre los que debe resaltarse las diferencias, a veces profundas, de los sistemas procesales y del derecho penal de cada uno de los Estados. Sólo este obstáculo, entre otros muchos, favorece la impunidad de dicha criminalidad que se aprovecha de la debilidad que generan unos ordenamientos desiguales para reaccionar eficazmente. Ante este estado de cosas, que se manifestaba especialmente grave ante la creciente gravedad de los fraudes comunitarios, con una singular incidencia en España, el Parlamento europeo tomó la iniciativa de encomendar a un grupo de expertos en un Proyecto de disposiciones penales y procesales para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea que, finalmente se tradujo en el Corpus Iuris. Uno de los elementos esenciales de ese Proyecto era la institucionalización de un Fiscal General europeo definido en el artículo 18.2 del Corpus. Y su rasgo más característico era precisamente su “independencia”, tanto respecto de los órganos comunitarios como de los Gobiernos nacionales, independencia que posteriormente ha definido la posición del Fiscal en otras instancias internacionales. Así, el artículo 42 del Estatuto de Roma de 17 de julio de 1998 sobre el Tribunal Penal Internacional dice: “El Fiscal no solicita ni acepta instrucciones de ninguna fuente externa”, fórmula casi idéntica a la comprendida en el artículo 16.2 del Estatuto del Tribunal Penal de La Haya para los crímenes de la exYugoslavia. En el segundo estudio sobre el Corpus Iuris, Delmas-Marty ha dicho: “ El Parlamento europeo denuncia desde hace años el absurdo de abrir la frontera a los delincuentes y cerrarla a los órganos encargados de la represión...”, llamando a la necesidad de hallar normas jurídicas específicas para hacer frente a la delincuencia que no sólo opera en Europa, sino contra Europa. La consecuencia más importante de lo expuesto es que la Comisión Europea, haciendo suya una resolución ampliamente mayoritaria del Parlamento europeo, asumió la figura del Fiscal General europeo para garantizar desde una Institución comunitaria la protección de los intereses financieros de la Unión Europea ante un fraude que supera ampliamente los mil millones de euros. Así consta en la Comunicación de 29 de septiembre de 2000 titulada “Contribución complementaria de la Comisión a la Conferencia intergubernamental sobre las reformas institucionales. La protección penal de los intereses financieros de la Comunidad: el Fiscal Europeo” (ver anexo). No es cuestión ahora de analizar con detalle dicha Comunicación. Pero sí señalar que resalta el fraccionamiento del espacio penal europeo y el carácter inadecuado de los métodos clásicos de cooperación judicial. Y para superar la expresada situación plantea y así se llevó a la Cumbre de Niza de diciembre de 2000, la constitución de un Fiscal europeo añadiendo al Tratado de la Unión Europea el artículo 280.bis. Los rasgos esenciales de dicho precepto son dos: del mandato será de seis años no renovable y, sobre todo, “en el cumplimiento de su tarea no solicitará ni aceptará ninguna instrucción”. La Comisión Europea plantea, pues, un modelo de Fiscal que representa un serio avance hacia la autonomía real del Ministerio Fiscal, especialmente respecto de los poderes políticos y económicos. La Cumbre de Niza, con asentimiento del Gobierno español, no asumió la propuesta, que sufrirá un serio retraso ya que parece quedar aplazada hasta el 2004. Por tanto, el Congreso de la U.P.F. denuncia que el Gobierno español, con independencia de la posición de otros Estados, ha contribuido a dificultar el proceso de construcción de las instituciones comunitarias. Hay también razones fundadas para interpretar que dicho rechazo alcanza también al modelo de Fiscal que se propugnaba. Sobre todo, cuando en el reciente Pacto de Estado sobre la Justicia se mantiene íntegramente la concepción actual del Fiscal General del Estado, dado que el Gobierno, más allá de una interpretación formal del Estatuto, parece necesitarlo como un instrumento real e inmediato de sus intereses. Pese a los resultados adversos de la Cumbre de Niza, el Parlamento europeo, a quien expresamos nuestro apoyo, en la Resolución A5-0078/2001, ha vuelto a reiterar a la Comisión Europea, sobre la base del artículo 280 del Tratado de la Unión Europea, la exigencia de un Fiscal europeo. ASIMISMO, EL CONGRESO DE LA U.P.F. CONSTATA: El Consejo de Europa está impulsando importantes iniciativas en la lucha contra la corrupción. Por una parte, ha constituido, desde el 1 de mayo de 1999, el Grupo de Estados contra la Corrupción –GRECO- y, sobre todo, ha adoptado en noviembre de 1998 una Convención penal sobre la Corrupción que constituye el único instrumento internacional de ámbito europeo en la materia.

La Convención ha sido firmada por treinta y nueve Estados, nueve de los cuales ya la han ratificado (siendo preciso para que entre en vigor catorce ratificaciones). Pues bien, el Gobierno español, apartándose de la actitud adoptada por todos los estados europeos no ha firmado aún dicho tratado, alineándose con Estados como Andorra, Armenia, Azerbaijan, Liechtensten, San Marino y Turquía, que tampoco lo han firmado. El Congreso de la U.P.F. entiende que el Gobierno español no solo se ha distanciado de sus compromisos como miembro del GRECO sino, sobre todo, de su exigible cooperación al esfuerzo de la Comunidad Internacional contra la corrupción.

EL CONGRESO, FINALMENTE, DENUNCIA LO SIGUIENTE:

El Consejo de Europa, desde la Constitución del Grupo de Estados contra la Corrupción –GRECO-, el 1 de mayo de 1999, ha puesto en marcha un proceso de evaluación de los Estados miembros en relación a la política anticorrupción, tanto en el marco normativo como institucional. El Consejo, hace aproximadamente un año, decidió proceder a la evaluación de la política española en esta materia . La Fiscalía Especial, en calidad de expertos, ha venido participando activamente en todo el proceso, manteniendo, una activa relación con los miembros del Consejo de Europa que visitaron España para obtener la información adecuada. El Ministerio de Justicia ha admitido siempre la presencia de la Fiscalía Especial en ése proceso y estaba prevista su presencia para el próximo 11 de junio en Estrasburgo en que se aprobará el Informe definitivo del Consejo de Europa sobre la política anticorrupción en España. Inopinadamente, el Ministerio de Justicia ha decidido que la Fiscalía Especial no esté presente en dicha reunión, por razones aparentemente formales, que no se corresponden con el significado propio de la presencia de la Fiscalía Especial en todo este proceso.

El Congreso de la U.P.F. entiende que constituye una ingerencia inadmisible del Poder Ejecutivo en el funcionamiento y las responsabilidades propias de un órgano del Ministerio Fiscal, ingerencia que no es sino una manifestación más de la falta de autonomía de la Institución.

OTROS COMUNICADOS DEL XVI CONGRESO DE LA UPF

El Congreso de la UPF apoya la labor profesional desempeñada por los compañeros miembros de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo y Carlos Castresana condenando una vez más las actitudes y declaraciones de determinados imputados que tienen por verdadero objeto, más allá de desacreditar personalmente a los afectados, eludir sus responsabilidades penales y obstruir el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. La UPF lamenta la falta de respuesta del Fiscal General del Estado y de la Junta de Fiscales de Sala ante ataques tan graves y continuados contra una institución que cumple una función tan relevante en la defensa del Estado de Derecho y reitera que el legislador debe realizar las reformas legales necesarias que permitan perseguir penalmente de oficio tales conductas, como ocurre en todos las democracias desarrolladas.

El Congreso de la U.P.F., expresa, desde la memoria viva de Luis Portero García, Fiscal-Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, su rotunda repulsa a su asesinato por la banda terrorista ETA, y reitera con especial énfasis su compromiso activo con la defensa del Estado de Derecho y de los principios democráticos que lo informan así como su deseo de que, se ponga fin a la violencia terrorista. Al mismo tiempo manifiesta su solidaridad y su apoyo a su viuda y a sus hijos con el deseo profundo y firme de que cesen definitivamente ataques que además de romper la convivencia democrática causan tan grave daño a las personas que los sufren.

LA UNION PROGRESISTA DE FISCALES, reunida en Asamblea Plenaria a través del XVI Congreso, en relación al compañero Serafín García Zarandieta: 

LAMENTA profundamente la ausencia obligada del mismo, manifestándole su más sincera solidaridad y deseándole una pronta recuperación. RECUERDA su permanente compromiso con el Estado Social de Derecho, su lucha por la implantación de la Democracia y la conquista de las libertades públicas; así como su aportación inestimable a la elaboración del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a la fundación de esta Asociación y en la redacción de los Estatutos de la UPF, y en todos y cada uno de los Congresos de la misma, y especialmente la defensa de los valores y principios asociativos tanto desde el ejercicio de sus responsabilidades individuales como miembro de la Carrera Fiscal como desde su condición de vocal en el Consejo Fiscal en una etapa especialmente significativa para la consolidación de la sociedad democrática y la defensa de los derechos fundamentales.

CONSTATA y AGRADECE la ejemplaridad de su actuación diaria, y su condición de trabajador infatigable en las diversas Fiscalías en las que ha servido.

SE COMPROMETE A APOYAR en las instancias procedentes la consecución del pleno disfrute de los derechos que le corresponden en su proceso de rehabilitación.

El Congreso aprueba apoyar la digna actuación en el llamado “asunto Piqué”, sin entrar en el fondo del mismo, del Fiscal Bartolomé Vargas, al tiempo de exigir al Fiscal General del Estado que no se produzcan hechos como los que, en una oportunidad anterior, condujeron a su relevo con vulneración de lo establecido en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, no debiendo olvidar que, conforme al mismo, es él y ningún otro Fiscal, en los que no ha de ampararse, el Jefe directo de la Fiscalía del Tribunal Supremo y debiendo, en consecuencia, asumir sus responsabilidades.

Málaga a 9 de junio de 2001