Gabriela Bravo se reunió con la Conselleria de Justicia ante la escasez de medios en las Fiscalías
(25-01-08, LEVANTE)

Los fiscales denuncian que en Alzira y Gandia hay 250 causas paralizadas por falta de funcionarios

R. Laguna /E. Press, Valencia.  Las condiciones insalubres de la Fiscalía de Alicante, la escasez de funcionarios en las fiscalías de Gandia y Alzira, que ha paralizado 250 causas judiciales, o la inadecuación de los despachos en la Ciudad de la Justicia son algunas de las quejas que ha trasladado a la Conselleria de Justicia la presidenta y portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Gabriela Bravo.

En una reunión mantenida con la secretaria autonómica de Justicia, Patricia Montagud, y el director general, Antonio Gastaldi, la presidenta de la UPF insistió en que el personal que trabaja en la Fiscalía de Alicante está "hacinado en unos despachos en los que puede cohabitar cualquier cosa menos personas".

Bravo les invitó a visitar las instalaciones de la Fiscalía de Alicante para que busquen soluciones que "no pasan por poner una primera piedra para la construcción de una maravillosa Ciudad de la Justicia". Al mismo tiempo, lamentaba que los políticos sólo se preocupan de "hacer obras faraónicas porque el ciudadano lo ve y son rentables electoralmente".

También, se refirió a la Fiscalía de Valencia y lamentó que desde que se construyó el edificio, en 2004, "se ha obligado a los fiscales a compartir despachos internos que no reúnen las condiciones mínimas de salud" ya que, destacó, en la mayoría no hay ni entrada ni salida de aire, y la luz es "obligatoriamente" artificial ya que éstos "no dan a la calle". En este edificio, rodeado de cristales por los cuatro costados, "no hay ningún profesional con un despacho en la Ciudad de la Justicia al que lo hayan condenado a la oscuridad como se ha hecho con los 30 fiscales", dijo.

Respecto a los fiscales de Alzira, lamentó la falta de funcionarios, lo que ha generado 250 causas judiciales paralizadas. Seis compañeros deben hacer su trabajo en una habitación de 20 metros cuadrados y los funcionarios en otra de 25, "compartiendo espacio con las causas". En Gandia, ironizó con que la situación es "casi de película de Almodóvar", ya que los fiscales "cohabitan en un piso y sólo les falta pagar una comunidad de propietarios".

La portavoz de UPF expuso esta situación a la Conselleria de Justicia quien, puntualizó, "carga la culpa contra el Ministerio", al tiempo que le advertían de que el dinero es escaso.