Los fiscales rechazan una rebaja de la edad penal a los dieciséis años
(06-11-07, LEVANTE –EMV)

El ex fiscal jefe del TSJ de Cataluña José María Mena y la fiscal de Menores de Valencia y presidenta nacional de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Gabriela Bravo, coincidieron ayer en rechazar la rebaja de la edad penal de los 18 a los 16 años por considerar que la actual legislación «es un acierto» y «funciona bien». Mena y Bravo participaron en el curso «Plan Extraordinario. Los menores del siglo XXI. Perspectiva jurídica y social», organizado por la UPF en Alicante.

Ambos fueron preguntados por la propuesta lanzada por el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, quien la pasada semana apostó por rebajar la edad penal ante el incremento de «hechos graves» cometidos por los jóvenes a edades cada vez más tempranas.

Bravo aseguró no estar de acuerdo con la rebaja de la edad penal y ha consideró «un acierto» que esté fijada en los 18 años. También reconoció que a veces existe «una sensación de impunidad» provocada por «la carencia de medios, de centros apropiados y de educadores».

Por su parte, Mena afirmó que «la justicia del menor funciona muy bien» y que «no hace falta dedicarse a la represión pura y dura a partir de los 16 años». En su opinión, los fiscales realizan un «gran esfuerzo» y han encontrado «sistemas alternativos a la represión penal, con experiencias brillantes de conciliación y alternativas a la imposición de penas».

Mena aseguró que «sólo con la represión penal no se resuelven los problemas», porque el sistema penal sólo puede actuar sobre lo que ya ha ocurrido. Mena destacó que los fenómenos de violencia de grupos («skin-head», «latin king») se han agravado en los últimos años en la medida en que la juventud «es un fenómeno de masas creciente, con acceso al consumo y al dominio territorial».

Bravo se refirió a las situaciones de acoso escolar y apuntó que «no se ha registrado un incremento desmesurado en los últimos años, sino que antes era un problema invisible». A su juicio, la solución pasa por centrarse en el entorno educativo para educar «contribuyendo al desarrollo personal, en el respeto a los derechos humanos y a vivir en tolerancia e igualdad».

La fiscal coordinadora de la Fiscalía de Menores de Valencia, Teresa Gisbert, se refirió a la prostitución y destacó que, aunque existe un rechazo y castigo para la pedofilia, la prostitución de jóvenes carece «casi de rechazo social». Gisbert dijo que para eliminar esta práctica en niñas es necesario eliminarla en mayores y jóvenes, y ha abogado por «perseguir y castigar a quienes se aprovechan de estas situaciones mejorando las penas».

Por ello, Gabriela Bravo se mostró convencida de que la decisión se ha tomado a la vista de las pruebas contenidas en el informe redactado por las fuerzas de seguridad tras meses de investigación.

Aunque es complicado que ambas formaciones puedan ser ilegalizadas por la vía de la Ley de Partidos antes de las próximas elecciones generales, Bravo precisó que la suspensión de actividades que puede decretar la Audiencia Nacional ya impediría en la práctica su concurrencia a los comicios.

Tanto por la vía de la Ley de Partidos como por la vía judicial penal, dijo, las posibilidades de actuación de ambas formaciones quedarán "muy mermadas".