Endurecimiento de las penas. Cadena perpetua, un paso atrás" (Gabriela Bravo, D. Público, 01-04-08)

Resulta difícil sustraernos al dolor que duramente nos golpea estos días. La muerte violenta e injusta de cualquier ser humano nos envuelve en un sentimiento de repudia e indignación que se incrementa cuando se trata de personas especialmente vulnerables como Mari Luz, una niña de cinco años.

El rechazo social que acontecimientos tan dolorosos provoca en nuestra sociedad ha de servir para abrir el debate, desde la reflexión serena, sobre la eficacia del sistema, pero no para hacer propuestas desde posiciones alejadas de nuestro orden constitucional, que persiguen fines puramente vindicativos y sitúan el eje del problema lejos de la realidad.

Esas propuestas, carentes de rigor jurídico empobrecen el discurso político y ocasionan un grave deterioro a la Justicia Penal.

Trasladar a la opinión publica la falsa idea de que el problema de la delincuencia radica en la débil respuesta penal que nuestro Código Penal ofrece, es gravemente perjudicial no sólo para el ciudadano que percibe una gran inseguridad jurídica, sino también para el Estado de derecho.

El endurecimiento de las penas, que ciertas voces demandan, se percibe como una amenaza al carácter subsidiario de nuestro Derecho Penal, propuestas alejadas de políticas criminales coherentes con los parámetros que han de presidir un Estado que, además de ser de derecho, se adjetiva por imperativo constitucional como social y democrático.

Toda respuesta punitiva ha de estar presidida por los fines de la pena que nuestra Constitución establece, y alejarse de fines oportunistas , mediáticos o electoralistas.

Nuestro ordenamiento jurídico ha de mantener proscritas penas como la cadena perpetua, que en sí mismas constituyen un grave retroceso y una quiebra a nuestras garantías constitucionales.

Conjugar los fines de reinserción y reeducación con la privación de libertad de una persona para toda su vida no tiene encaje constitucional y choca frontalmente con los pilares básicos de un Estado de derecho.

Es necesario recordar que España es uno de los países de la Unión Europea con menor tasa de delincuencia, pero con uno de los índices más altos de población penitenciaria.

La madurez democrática y el pleno desarrollo del Estado de Derecho pasa inexcusablemente por impulsar una política criminal acorde a nuestra Carta Magna, alejada de propuestas vindicativas que solo servirían para transformar un Estado social en un Estado policial.