Pinochet. Una detención para la historia
(16-10-08, Noticias de Guipozkoa)

Hace diez años, Pinochet era detenido en Londres en cumplimiento de una orden dictada por el juez Baltasar Garzón. La noticia dio la vuelta al mundo pero, sobre todo, dio esperanza a las víctimas y al sueño de una Justicia universal que no deja impunes los crímenes.

Augusto Pinochet gobernó con mano de hierro sobre los chilenos desde que en 1973 perpetrara un golpe de Estado contra el legítimo gobierno de Salvador Allende. Su dictadura, con la muerte y desaparición de miles de personas, es ya parte de la historia más negra de Latinoamérica y de la humanidad. En 1988, los chilenos votaron en plebiscito contra su continuidad al frente del país. En 1990, entregó el poder. Desde ese momento, España intentó sin lograrlo llevar al dictador ante la justicia.

El Derecho Internacional cambió tras la detención de Pinochet. Diez años después, uno de los abogados que ejercieron la acusación en la causa contra Pinochet, Manuel Ollé; uno de los letrados que llevaron la defensa del dictador en España, Fernando Escardó; una representante de la Fiscalía y la hermana de una de las víctimas del régimen chileno, el sacerdote alicantino Antonio Llidó Mengual, hablan de lo que supuso aquello.

Todos coinciden en que el arresto del militar constituyó un gran impulso para la Justicia penal internacional, y hasta Escardó -que entonces defendió la falta de competencia española para enjuiciar a su cliente- admite que hoy "Garzón hubiera recibido más apoyo, habría tenido éxito y se habría juzgado a Pinochet en España", aunque admite que no sabe cuál habría sido el veredicto.

"Quiero aclarar que nunca defendí el hecho de que Pinochet no hubiera cometido crímenes, sólo me esforcé en negar la competencia de España en unos hechos ocurridos en Chile", dice Escardó, que asegura que "entonces la Justicia penal internacional era un embrión de lo que es hoy".

Pinochet, que entonces tenía 82 años y hacía ya ocho que había dejado la presidencia de Chile, fue arrestado en una clínica de Londres, donde se recuperaba de una operación de hernia discal, a petición de la Justicia española, que quería interrogarle acerca de los crímenes contra la humanidad cometidos bajo su régimen y durante la dictadura argentina.

"La verdad es que fue una sorpresa y una gran alegría. En ese momento pensamos que habíamos conseguido justicia al fin", recuerda Josefa Llidó, cuyo hermano Antonio fue detenido en Santiago de Chile el 1 de octubre de 1974 y llevado luego a un centro de torturas y a un campo de concentración antes de desaparecer.

rechazada la extradición La hermana del sacerdote dice que la detención del dictador "fue un gran logro", pese al regusto amargo que le dejó el final de la historia, con el regreso de Pinochet a Chile el 2 de marzo de 2000 después de que el Gobierno británico denegara su extradición a España al considerar que su salud no le permitía afrontar un proceso judicial.

Su lucha, de hecho, no finalizó -o casi- hasta el pasado 22 de septiembre, cuando un juez chileno condenó a cuatro militares retirados a siete años de prisión por el secuestro de su hermano. La acusación de homicidio no prosperó porque el cadáver no ha aparecido.

Por aquel entonces, la Fiscalía, dirigida por Jesús Cardenal y con Eduardo Fungairiño al frente del Ministerio Público en la Audiencia Nacional, mantenía que España no era competente para juzgar lo ocurrido en Chile y Argentina, y sostuvo esa postura incluso después de que -los días 4 y 5 de noviembre de 1998- la sala de lo penal de este tribunal dijera lo contrario.

Sin embargo, no todos los fiscales pensaban así. Es el caso de Dolores Delgado, que como miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) fue una de las redactoras en 1996 de la querella contra las Juntas Militares argentinas, a la que siguió otra contra Pinochet. "Garzón estaba de guardia ese día y me dijo que debía enviar el asunto a reparto. Días después, le tocó a él mismo instruir la querella y se puso muy contento", dice Delgado, que destaca que la orden de detención de Pinochet "fue una de las decisiones más personalistas que ha podido tomar el juez, porque estaba solo".

"La investigación salió adelante por voluntarismo puro, por creerse las cosas y por el empeño en tirar hacia adelante", asegura la fiscal, que subraya la importancia de la decisión de la Audiencia Nacional de declararse competente: "Garzón dibujó la puerta y la sala de lo penal la abrió". El magistrado sí contó con el impulso de las acusaciones populares, representadas por letrados como Manuel Ollé, que afirma que el arresto de Pinochet "supuso el nacimiento de un derecho penal internacional que permitió recuperar los juicios de Nuremberg para establecer que los crímenes contra la humanidad no deben quedar en la impunidad".

Ollé está convencido de que la petición de extradición del dictador "fue un acierto" y de que gracias a esa decisión "se han producido muchos cambios en países como Argentina, que anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y ya está juzgando a los responsables de los crímenes de lesa humanidad". Para este abogado, "conseguir la detención de Augusto Pinochet ha sido la mejor y la más hermosa de todas mis experiencias profesionales".