La UPF avisa a Caamaño del malestar de los fiscales y anuncia «protestas»
(18-01-10, ABC)

Se queja de que el plan de modernización margina a la Fiscalía y de la «indefinición» del Gobierno sobre la reforma que dará la instrucción penal al Ministerio Público

Han pasado diez meses desde que el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Emilio Sánchez Ulled, diera la bienvenida por escrito al entonces recién estrenado ministro de Justicia, Francisco Caamaño. En otra carta, fechada el pasado día 7, el tono cambia de forma radical y los parabienes de marzo de 2009 dejan paso ahora a una dura y seria advertencia. Los fiscales de esta asociación están a la espera de una respuesta.

Sánchez Ulled pone de manifiesto en el escrito la «franca desazón, cuando no abierta irritación» del colectivo de fiscales por la actitud de Justicia respecto de tres cuestiones que considera de gran importancia, pues le afectan de forma directa. Y no descarta, según afirma al final de la misiva, una «protesta asociativa» cuya fórmula está aún por determinar. El presidente de la UPF cita como primer elemento que causa preocupación entre los fiscales «la escasa atención prestada al Ministerio Público en el plan estratégico para la modernización del sistema de Justicia impulsado por el Ministerio».

En segundo lugar, «la indefinición en materia de reforma procesal penal y eventual atribución al fiscal de la dirección del procedimiento», lo que debería ir acompañado paralelamente, dice, por el «necesario refuerzo del principio de autonomía, interna y externa, del Ministerio Público». Una vieja exigencia de la carrera fiscal en la que se encuentra muy implicado el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien ya ha solicitado al Ejecutivo la necesidad de dejar en manos de los fiscales la instrucción del proceso penal.

Retribuciones

El tercer y último motivo del descontento de la UPF se refiere a la sospecha de que se produzca una «ruptura del principio legalmente establecido de equiparación con la carrera judicial, en particular en materia retributiva».

Cada uno de estos puntos son «ya de por sí preocupantes individualmente considerados». De ahí que «su combinación resulta de todo punto alarmante» pues, advierte Sánchez Ulled, lleva a «interpretar» que el Ministerio que dirige Caamaño se encuentra en «una estrategia, intencionalmente buscada o no, de burocratización y degradación institucional del Ministerio Público». Ello, unido a las perspectivas de una reforma del sistema procesal penal, resulta aún «más inquietante».

Después, viene la advertencia de la asociación, que desde la llegada del PSOE al Gobierno se ha caracterizado por su prudencia, actitud que el presidente de la UPF hace valer en su escrito. En ese contexto, en el que los fiscales se sienten olvidados por el Ejecutivo, se inserta el temor ante un cambio en el sistema retributivo. Esa es, dice la carta, la «verdadera línea roja» y «puede ser el detonante que incendie el descontento latente».

La UPF cree que «la conjunción» de todos esos factores «puede acabar desembocando en una seria lesión del Ministerio Público», cuya autonomía resulta imprescindible para «la efectiva independencia» de la actuación judicial.