La defensa impugna el "insostenible" e "infundado" auto del juez Varela
Un selecto grupo de juristas internacionales, en el que se encuentran la fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte o el juez chileno Juan Guzmán, que abrió varias causas al dictador Augusto Pinochet, han confirmado su disposición a declarar a favor del juez Baltasar Garzón en el proceso que sigue contra él Tribunal Supremo por su investigación del franquismo. El abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, presentó ayer un recurso de apelación directo a la Sala Penal contra el auto del instructor Luciano Varela, que considera "insostenible", "infundado" e "incomprensible", además de orientado a "descalificar en todo" la actuación de Garzón.
Entre las "omisiones y errores" del auto de Varela, el defensor de Garzón subraya el "completo silencio" respecto de la querella de Falange Española, para explicar que las asociaciones de víctimas del franquismo "no pueden intervenir en esta causa, pero Falange Española, sí". El abogado critica que se hayan entregado, a solicitud de Manos Limpias, todos los anexos sobre localización de fosas y los listados de miles de desaparecidos.
El recurso subraya que una resolución en la que Varela atribuye a Garzón un "empeño doloso" en seguir el proceso del franquismo fue firmada en realidad por el sustituto de Garzón, Santiago Pedraz, "como se habría apreciado en un examen atento y objetivo de las actuaciones". También menciona algunas equivocaciones de Varela en las fechas, dado su empeño en "escudriñar rastros de otras ilicitudes". El abogado replica al instructor que nunca hubo "11 meses de inactividad" procesal de la causa sobre el franquismo, ya que, en ese periodo, se dictaron 14 resoluciones, se proveyeron 19 escritos y se alcanzaron 435 folios de actuaciones.
En su "manifiesta contradicción" y su "visión sesgada", Varela imputa en el mismo periodo de tiempo a Garzón una "inactividad procesal" y una "desmedida investigación" porque el instructor incurre reiteradamente en las mismas trampas argumentales: "Cualquier comportamiento posible del juez Garzón es culpable". El retraso en esa época se debe a la "baja por ansiedad y estrés" del funcionario encargado, "como consta en las actuaciones".
Martínez-Fresneda insiste en que los crímenes del franquismo no fueron delitos "políticos" amnistiados en 1977, sino "crímenes contra la Humanidad". El abogado se pregunta si un juez debe valorar la "finalidad política" de los delitos si no quiere verse acusado de prevaricador. En ese sentido, recuerda que, en 1995, la Audiencia Provincial de Madrid ya declaró que la Ley de Amnistía no podía evitar el juicio por el asesinato del estudiante Enrique Ruano ocurrido en 1969. Así, los jueces que tramitaron aquel proceso "serían tan prevaricadores como Garzón". |
