El Congreso inicia la reforma del Código Penal.- Justicia anuncia la modificación del enjuiciamiento criminal e insiste en que los fiscales asuman la instrucción
El Congreso de los Diputados comienza hoy el trámite para modificar el Código Penal con el apoyo seguro de Partido Popular y CiU. El problema es que ambos grupos han presentado iniciativas que, en principio, resultan inasumibles para el Ejecutivo, en concreto la figura de una cadena perpetua revisable que propone el partido de Rajoy y la propuesta de los catalanes de que la acumulación de faltas constituya delito.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha reiterado de inconstitucional la propuesta del PP, al que ha acusado de contradecirse en sus iniciativas. En una entrevista en la cadena SER, Caamaño ha recordado que la Carta Magna consagra las penas privativas de libertad a la "reeducación y reinserción social" del reo, algo que no cumple la cadena perpetua
Caamaño ha acusado al PP de "puentear" la Constitución al plantear la revisión de la pena y de ser contradictoria con otras medidas ya aprobadas, como el cumplimiento íntegro de penas para delitos especialmente graves. "Si hay penas de 20 ó 30 años", ha señalado el titular de Justicia, "no parece lógico que haya otras pretendidamente más largas pero revisables".
Además, pese a reconocer que existe un problema al respecto, el ministro ha rechazado la nueva regulación de la multirreincidencia introducida en una enmienda por CiU que endurece el tratamiento de los pequeños delitos y faltas para que los autores de hurtos vayan a la cárcel.
Según Caamaño existe un problema técnico porque pretender que la acumulación de faltas sea delito es una medida contraria a los juicios rápidos. El ministro ha explicado que las faltas "una vez que son juzgadas ya no computan" por lo que habría que elegir: "o juicio rápido o acumulación".
El Gobierno pretende atender a este problema con otra fórmula, la de convertir automáticamente en delito este tipo de faltas cuando estén cometidas por grupos organizados.
Enjuiciamiento
Por otro lado, Caamaño ha anunciado durante la entrevista que el Gobierno quiere que se apruebe antes del final de la presente legislatura la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, según ha recordado, data de finales del siglo XIX.
Caamaño ha recordado que la LEC es la "gran ley procesal" con "2.000 artículos complejos" y que "regula el 70% de los asuntos que llegan a los tribunales" por lo que se trata de "modificar en gran medida la justicia española".
El ministro ha reconocido que debate se centra sobre todo en quién es el responsable de la instrucción de los sumarios. España es, junto a Francia, el único país europeo que deja esta labora al juez pero el Ejecutivo insiste en la necesidad de traspasar el papel de investigación al fiscal "y que la función del juez sea la de control".
El PSOE recupera así una idea que ha generado una gran polémica en la judicatura en los últimos años
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