En noviembre de 2008, la Fiscalía de Valencia solicitó a todos los ayuntamientos de la provincia información sobre las infracciones urbanísticas detectadas en sus respectivos términos municipales. Casi dos años y medio después, algunos de esos consistorios, catorce, siguen sin responder, pese a que el Ministerio Público les remitió un segundo escrito solicitando su colaboración para poner coto al urbanismo descontrolado. Ahora, las cosas han cambiado. Entre los alcaldes cunde el miedo. Es el «efecto Montroi».
La reciente operación contra la delincuencia urbanística en esta localidad por la construcción masiva de chalés ilegales y, sobre todo, la imputación del alcalde, el socialista Antonio Polo, ha supuesto un aldabonazo para los regidores que se habían mostrado menos colaboradores: han desempolvado los escritos de la Fiscalía, que hasta ahora dormían el sueño de los justos, para evitar correr la misma suerte que el munícipe de Montroi. Quieren eludir una acusación por desobediencia.
Dudas de última hora
En los últimos días son varios los ayuntamientos que han contactado con el Ministerio Público para justificar el retraso en el envío de la documentación requerida, para plantear dudas sobre peticiones hasta ahora ignoradas persistentemente o para solicitar aclaraciones sobre el contenido de los mismas y sobre las necesidades concretas de la Fiscalía, pese que al escrito que les fue enviado es sumamente preciso.
En él, el Ministerio Público pedía a los 268 Ayuntamientos de Valencia que «remitan listado de los expedientes sancionadores incoados por construcciones en suelo no urbanizable desde el 10 de diciembre de 2004», fecha de entrada en vigor de la Ley de Suelo No Ubanizable. Ahora, la Fiscalía les aclara que ya sólo le interesan los expedientes abiertos a partir del 2007, porque las infracciones urbanísticas cometidas con anterioridad han prescrito. Han transcurrido tres años.
El alcalde de Montroi está dentro del grupo de alcaldes que nunca respondió a la Fiscalía; ni al primer requerimiento. Imputado por los delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y desobediencia, Polo dice que que ignoró las peticiones del Ministerio Público porque no entendió bien lo que éste le pedía; alega que pensó que el fiscal sólo quería datos de construcciones ilegales en suelo protegido y las que hay en Montroi, casi un centenar, son ilegales pero se levantan sobre suelo no urbanizable que no tiene ninguna protección. Lo cierto es que la Fiscalía, en su oficio, no estableció ninguna distinción; quería saber de unas y de otras porque construir en suelo no urbanizable es delito, sea protegido o no. Y los alcaldes están obligados a poner en conocimiento de la Fiscalía las infracciones susceptibles de ser perseguidas por la vía penal. Las menos graves se sustancian en la vía administrativa. Es el Consistorio el que debe sancionarlas. Polo no realizó gestión alguna para que el Minsiterio Público le sacara de dudas.
Efecto dominó
El miedo a correr la misma suerte que Polo traspasa los límites de la provincia. Los ecos de la campaña de la Fiscalía de Valencia han llegado a Castellón y Alicante, por mor de la intervención de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).
La Fiscalía se dirigió a la FVMP para que desde esta organización se concienciase a los alcaldes para que ejerzan sus competencias en materia de urbanismo, para que apliquen su potestad sancionadora. Se pedía también que se recordase a los munícipes las responsabilidades penales en las que podían incurrir en el caso de hacer dejación de funciones.
Al tratarse de una organización de ámbito autonómico, la FVMP ha hecho llegar a todos los ayuntamientos de la Comunidad el escrito de la Fiscalía de Valencia. Las de Alicante y Castellón han empezado ya a recibir las primeros listados de infracciones urbanísticas remitidas por algunos municipios, circunstancia ésta que les ha obligado a sumarse a la campaña contra el urbanismo ilegal promovida por la Sección de Medio Ambiente de Valencia. |
