Pese a haber mantenido una decena de mesas de negociación, el Ministerio de Justicia y los funcionarios adscritos al mismo siguen sin llegar a un acuerdo en materia salarial. La huelga iniciada por unos nueve mil trabajadores de la Administración de Justicia en siete comunidades autónomas (Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Asturias, Baleares, Murcia, Extremadura), Ceuta y Melilla y los órganos centrales de Madrid cumple su octava semana.

En concreto, desde que los agentes sociales comenzaran el paro el 4 de febrero, el número de actuaciones judiciales suspendidas, entre juicios, vistillas y comparecencias, superará estos días las 111.000. Y lo peor aún está por llegar. Lejos de divisarse un horizonte favorable a una solución, la situación no hace sino empeorar y cada una de las partes están desenvainando sus espadas.

Por un lado, los agentes sociales, que mantienen sus protestas diarias, están preparando una tercera manifestación «a nivel estatal y mayor que las anteriores» para este sábado. «No puede ser que el Ministerio siga sin convocarnos a una nueva mesa de negociación para acercar posiciones tras más de cuatro semanas», denunció ayer Javier Hernández, portavoz de CC.OO.

Para este responsable sindical, el titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, se ha tomado este asunto «de carácter alarmante» con una «frivolidad inusitada, mostrándose incapaz de resolver el conflicto». En el otro bando, desde Justicia se dice seguir a la espera de que los representantes de CC.OO., UGT, CSI-CSIF y STAJ, aporten una contrapropuesta. Bermejo, tras reunirse con los secretarios de Gobierno de los órganos centrales y de los Tribunales Superiores de Justicia de las regiones afectadas, tendrá hoy su primera comparecencia pública en sede ministerial sobre esta huelga.

Tras cuestionarse la habilidad de Bermejo para poner fin a los paros, fuentes consultadas por ABC ven en este gesto un intento por parte del ministro de afrontar el problema de primera mano y promover así su candidatura para mantenerse al frente del Departamento de Justicia. En el encuentro con los secretarios de Gobierno, se estudiarán las «medidas a adoptar» por el «incumplimiento», en opinión del Ministerio, de los servicios mínimos fijados.

Descuentos como presión

De hecho, como anticipo de ese fuego cruzado que se avecina, Justicia anunció el pasado martes que descontará a los funcionarios en huelga los días no trabajados. Unos descuentos que serán cercanos a la diferencia salarial que reclaman. Los agentes sociales respondieron que «nadie ha podido demostrar que los servicios mínimos se estén incumpliendo» y reprocharon al Ministerio que no respete aquí «la presunción de inocencia que tanto esgrime en otros casos».