Reclama que la Audiencia pueda juzgar a las mafias de la inmigración

No fue su reaparición en público tras la sentencia por los atentados del 11-M, pero la expectación no hubiera sido mayor. El manifiesto crítico con la política criminal propuesta por el PP (que él mismo firmó junto a un centenar de jueces) y el despido de su mujer como jefa de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a cuenta del libro que escribió sobre el juicio por los atentados de Madrid le han situado en los últimos meses en el disparadero. Él ha optado por el silencio y ayer, durante un desayuno informativo en Madrid organizado por Nueva Economía Forum, Javier Gómez Bermúdez pasó de puntillas sobre cualquier cuestión relativa al 11-M. Sí habló, y mucho, de terrorismo islamista y de las nuevas competencias que, en su opinión, debería asumir la Audiencia Nacional: los delitos informáticos transnacionales, el tráfico ilegal de personas y los delitos contra el patrimonio histórico.

El presidente de la Sala de lo Penal apostó también por la tipificación de dos nuevos delitos: la difusión de propaganda y conocimientos terroristas (que permitiría luchar con mayor eficacia contra el adoctrinamiento yihadista) y la financiación terrorista (hoy en día una modalidad de la colaboración con organización terrorista). Todo con el objetivo de hacer frente, entre otras cosas, al proselitismo yihadista en internet, «que funciona como un campo de entrenamiento virtual».

A escuchar a Gómez Bermúdez acudieron, entre otros, Baltasar Garzón (que recurrió su nombramiento como presidente de la Sala de lo Penal, puesto para el que también se postuló); Alfonso Guevara, compañero de tribunal en el juicio del 11-M; el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.

Gómez Bermúdez terció en la polémica acerca de la posibilidad de que los fiscales dirijan la investigación judicial, algo que según él «no es efectivo y no tiene ningún sentido» una vez que el juez ha tomado las riendas de la instrucción.

Del manifiesto contra el PP, por último, se limitó a decir (sin nombrarlo expresamente) que «una cosa es la ideología de un juez y otra distinta que sus decisiones deba adoptarlas por motivos ideológicos».