El presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió durante su discurso como candidato a la investidura, a reformar la Administración pública de Justicia, proyecto que calificó como “crucial e inaplazable” y ofreció un pacto con el mayor consenso posible para renovar el Tribunal Constitucional y el CCGPJ, asuntos irresueltos en la pasada legislatura.

 Zapatero consideró que el "diagnóstico" sobre las deficiencias del sistema judicial ya está claro, por lo que hay que dedicar la legislatura a corregirlas y a alcanzar una Justicia ágil, transparente, responsable y fiel a los valores constitucionales. “No hay razón ni interés ni resistencia que pueda prevalecer sobre el clamor de los ciudadanos”, dijo. En primer lugar, señaló, "es preciso gobernar mejor el Poder Judicial" porque es al CGPJ al que le corresponde "constitucionalmente" velar porque el sistema funcione. El candidato socialista prometió, "como remedio excepcional", el cese automático de los vocales cuando concluya su mandato y que el CGPJ será renovado con una elección de sus vocales de forma "transparente, avalada por la garantía democrática de su idoneidad y capacidad". "Todos debemos evitar que se produzcan situaciones de bloqueo institucional como la que hemos vivido", añadió.

El presidente en funciones hizo una mención, en su apartado de los temas de Justicia, a "trágicos fallos del sistema que han permitido hechos que nunca debieron ocurrir y por los que todos nos sentimos deudores con quienes los han padecido", en clara alusión a la cadena de errores que permitieron la libertad del presunto asesino de Mari Luz Cortés. "Tengo una idea clara de lo que ambiciono para España, y en esa idea no caben fallos judiciales clamorosos, procedimientos que se eternizan, ni un gobierno de la justicia que desatienda el derecho de los ciudadanos por ocuparse de asuntos corporativos o de controversias partidistas", sentenció.

Anunció asimismo la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de las leyes procesales pendientes de la pasada Legislatura y avanzó su intención de desarrollar los Consejos de Justicia en las Comunidades Autónomas "de conformidad con el principio constitucional de unidad del Poder Judicial" con el objeto de conocer más de cerca los problemas de la Administración de Justicia en cada zona de España. El presidente del Gobierno en funciones abogó por dotar de más medios a la justicia y poner en marcha la Oficina Judicial, dentro del propósito de distribuir de forma más racional las cargas de trabajo. En este ámbito, el próximo Gobierno promoverá la modificación de la Ley de Planta y Demarcación de acuerdo con las Comunidades Autónomas.

Igualmente, dijo que se seguirá invirtiendo en el Plan de Nuevas Tecnologías para agilizar los trámites y garantizar el acceso de los ciudadanos a los asuntos judiciales. También prometió la "interconexión integral de la información entre todos los responsables".

También apostó por el fortalecimiento de los Tribunales Superiores de Justicia y la modernización del recurso de casación, con el objeto de que el Tribunal Supremo "pueda ser el máximo órgano de unificación de doctrina y, por tanto, garantía máxima de la igualdad e todos los ciudadanos en aplicación de la Ley". El presidente se refirió a otros proyectos de ley, entre ellos el de la Ley Integral de Igualdad de Trato.