La mafia policial de Coslada cobraba a las prostitutas en dinero o en orgías

MIGUEL OLIVER. MADRID. El Ejecutivo regional ha dado órdenes a sus servicios jurídicos para que se personen como acusación particular en la trama de corrupción policial de Coslada. La Comunidad de Madrid cuenta con «muchos policías» locales pagados en dicho municipio a través del proyecto de seguridad de las Bescam. «Entendemos —apuntan fuentes regionales— que somos posibles perjudicados porque se han utilizado medios nuestros para fines delictivos».

De los 142 policías locales de Coslada, 70 pertenecen a las Bescam. Entre 2005 y 2007, la Comunidad aportó 7,8 millones de euros para implantar este servicio de seguridad en el municipio, mientras que para los próximos diez años (de 2008 a 2018) tiene previsto destinar otros 35 millones. Además, ha aportado 16 vehículos policiales entre los que se encuentran todoterrenos, motocicletas y patrulleras.

Aunque todavía no se conocen las identidades de los 26 detenidos, el Gobierno autonómico da prácticamente por hecho que entre los implicados se encuentren varios agentes de las Bescam.

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, exigió ayer «una explicación urgente» a las autoridades locales de Coslada, a la vez que recordó que el alcalde del municipio, Ángel Viveros (PSOE), es el máximo responsable de la Policía Local. «Se trata —dijo— de un asunto muy grave y preocupante. Hay que exigir toda la transparencia y responsabilidad. Se trata de un asunto que tiene una apariencia grave. El jefe de la Policía Local de Coslada es el alcalde y, por tanto, es responsabilidad y competencia exclusiva suya. Debe facilitar todas las actuaciones para llegar hasta el fondo de los hechos que allí se hayan producido o se estén produciendo».

Seguir el caso «muy de cerca»

Fuentes del Ejecutivo regional manifestaron ayer a ABC que seguirán «muy de cerca» el caso, ya que quieren conocer si el Ayuntamiento de Coslada ha utilizado de forma fraudulenta todos los medios que la Comunidad ha puesto al servicio del municipio para garantizar su seguridad.

Aunque todavía no se pueden confirmar de forma concreta, la intención de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid es presentar el escrito de acusación antes de que concluya el mes de mayo para comenzar ya las pesquisas.

CARLOS HIDALGO. MADRID. Un total de 26 agentes de la Policía Local de Coslada, incluido su jefe, Ginés Jiménez Buendía, fueron detenidos ayer en el marco de la llamada «operación Bloque» contra una presunta trama de corrupción y extorsión a establecimientos de ocio y a prostitutas. Al cierre de esta edición, la Policía Nacional buscaba a otros cuatro agentes, supuestamente implicados en el caso, y que estaban en paradero desconocido. Uno de los arrestados es el guardaespaldas del alcalde cosladeño, Ángel Viveros (PSOE). Se trata de la segunda fase de la operación, ya que la primera se desarrolló, como ya informó ABC en primicia (27-04-08), el pasado mes, con la desarticulación de un grupo rumano de explotadores de meretrices.

Las pesquisas arrancaron hace dos meses. El Grupo XVI de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada de Madrid y la Policía rumana iba tras una banda liderada por dos hermanos rumanos, de 26 y 27 años, y otro compatriota, que habían traído a cinco chicas de su país para que se prostituyeran en la región, y una vez aquí las extorsionaban.

Los agentes del Grupo XVI, ya en el marco de la «operación Bloque», detuvieron a los hermanos en Alcalá de Henares, y el tercer implicado cayó en la misma localidad. El pasado jueves se detuvo a la madre de los dos cabecillas.

Ya entonces, los agentes de la UDEV y de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de Madrid (Udyco) sabían que detrás de este grupo delictivo había algo mucho más importante: una supuesta trama de corrupción policial en el Cuerpo municipal de Coslada.

Las cinco prostitutas, al saber que sus explotadores habían sido detenidos, «cantaron»: y además, señalaron a algunos miembros de la Policía Local de Coslada.

Así es como se desencadenó la segunda fase de la «operación Bloque». Por un lado, se investiga si, como se ha denunciado, algunos agentes cobraban a las chicas por dejarlas ejercer en la calle, les pedían dinero o, incluso, que les pagaran con relaciones sexuales. El otro flanco de la investigación es el de la extorsión a locales de alterne, de ocio y establecimientos en general. Los investigadores recabaron el testimonio de numerosos comerciantes, y todos apuntaban en un sentido: la extorsión.

La Fiscalía de Alcalá de Henares denunció los hechos al Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid. el juez ordenó a la Policía desencadenar la operación. El jefe de la Policía Local fue arrestado en su domicilio, y en el registro se intervinieron cinco armas cortas y tres carabinas, sin licencias, y 18.000 euros en efectivo.

Mafias policiales

Esta es la quinta operación de estas características que se pone en marcha en 2008: las otras afectaron al jefe de la Policía Local de Conil (Cádiz), dos policías nacionales de Melilla, un ex inspector jefe de la Policía y dos guardias civiles en Barcelona, y cuatro mandos de la Udyco en Málaga, Marbella y Fuengirola.