El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha anunciado la creación en 2009 de 75 nuevas plazas de fiscal en toda España y 23 nuevas unidades judiciales en las seis comunidades que aún no tienen transferidas esas competencias: las dos Castillas, Murcia, Baleares, Extremadura y La Rioja.
Bermejo ha señalado en Murcia esta mañana que aún no se ha decidido cómo será el reparto territorial de esos nuevos fiscales, y detalló que el próximo año habrá seis nuevas unidades judiciales en Murcia, otra media docena en Castilla y León, cinco en Castilla-La Mancha, tres en Baleares, dos en Extremadura y una en La Rioja.
El ministro avanzó también que durante esta legislatura, con la nueva ley de Planta y Demarcación se pretende hacer realidad la "naufragada" iniciativa de unir partidos judiciales para los juzgados de violencia machista, "con el fin de ofrecer un mejor servicio público a los ciudadanos", según sus palabras.
Durante su visita a Murcia, el ministro comprobó el sistema informático de gestión procesal Minerva, en fase piloto en esta región para ejecuciones en la jurisdicción penal, que se prevé que se aplique en pruebas en todos los juzgados de instrucción, de lo penal y de violencia sobre la mujer de España a partir de la segunda quincena de agosto.
Debido a su buen funcionamiento, Fernández Bermejo dijo que el ministerio estudia también la extensión a toda España del sistema de subastas judiciales de inmuebles por internet y de la unidad de gestión rápida de desahucios que ya están en marcha en Murcia. Así mismo, anunció que durante la presidencia española de la Unión Europea, en el primer semestre de 2010, el Gobierno pretende proponer que se aplique en sus 27 países el sistema de e-apostillas.
Se trata de una iniciativa electrónica que se sigue en Murcia desde 2007 para agilizar trámites, de forma que documentos oficiales, administrativos, notariales o certificaciones de autoridades o funcionarios de un país puedan ser usados con plenos efectos en otro Estado extranjero.
Es un sello, una apostilla, para la legalización de firmas por internet promovido por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en 1961 y apoyado por Naciones Unidas, que en Murcia se aplica ahora sólo a casos de adopción internacional de hijos, pero que prevé extenderse a todos los documentos públicos presentados ante los tribunales.
El ministerio, aseguró Fernández Bermejo, está estudiando "muy a fondo" esta "interesante" herramienta para compatibilizar su uso con el de la firma electrónica sin que se solapen. |
