La UPF, ante el proceso de depuración ideológica que el Gobierno ha iniciado en el Ministerio Fiscal la pasada semana, lamenta el uso que de la mayoría absoluta hace el Partido Popular, bien usando sus propias siglas, bien a través de organizaciones satélites o subordinadas, para ocupar las instituciones públicas como si fueran de su propiedad, en lugar de limitarse a gestionarlas en beneficio de sus auténticos titulares, que son los españoles.
Ahora el Partido Popular ha iniciado en la Carrera Fiscal un proceso de discriminación basada en las afinidades ideológicas o políticas con las que desde el Poder se etiqueta a sus miembros, que recuerda a la Administración del siglo XVIII, y utilizando oportunamente la mayoría de la que goza en el Consejo Fiscal, ha removido a los fiscales Jiménez Villarejo y Fernández Bermejo, cuya capacidad profesional nadie ha puesto en duda, sustituyéndolos por dos fiscales cuyo mérito definitivo para acceder a sus nuevos cargos parece ser, con independencia de sus aptitudes profesionales y a juzgar por las propias manifestaciones públicas del Fiscal General, la perspectiva de que resulten menos molestos que sus antecesores para quien los propone y los nombra, o el hecho de que en el pasado se hayan mostrado más próximos a la defensa de los intereses del actual Gobierno, del partido que lo sustenta o de sus integrantes.
Al mismo tiempo se mantiene en sus puestos, obviamente por idénticos motivos, a otros Fiscales, como el Fiscal Jefe del caso “Prestige”, a pesar de haber sido recientemente sancionado por una falta de indignidad en el ejercicio de su función por haberse apartado de los principios constitucionales que rigen la actuación del Ministerio Fiscal.
Es obvio por ello que nos encontramos ante un supuesto más de utilización totalitaria del Poder, que no ha sido otorgado por la Constitución ni por los ciudadanos al Partido en el Gobierno para que proceda a la depuración política de las instituciones, y en particular de la Administración de Justicia, sino para fortalecer y preservar los principios de pluralismo, imparcialidad y tolerancia que son condición esencial para la democracia.
En suma, la U.P.F quiere poner en conocimiento de la opinión publica la grave situación actual del Ministerio Fiscal, institución que ha sido tomada al abordaje por el Partido Popular y sus organizaciones afines con fines espurios y, sin duda, alejados de los principios y fines constitucionales que presiden su actuación, con lo que ello supone para el funcionamiento de nuestra Administración de Justicia y por ello para el mantenimiento de nuestro Estado de Derecho, que, como proclama el artículo 1 de la Constitución, propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.