1.- SINIESTRALIDAD LABORAL
- España sigue estando a la cabeza de Europa en numero de muertos y de lesionados en el trabajo. El drama social y humano que conlleva, impone la necesidad de asumir un compromiso por parte de los poderes públicos, y de los operadores de la justicia para superar esa pasividad y dar una respuesta eficaz que permita combatir y erradicar esta lacra social. Solo así se cumplirán las exigencias constitucionales y comunitarias.
- El protocolo firmado estos días, por el Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía, al que se han sumado los sindicatos, y no la CEOE, se percibe por la Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia, como un avance positivo en la lucha contra este grave problema, pues el Estado de derecho no puede permanecer pasivo ante esta realidad insostenible.
- Si importante es aunar los esfuerzos en torno a la lucha contra la siniestralidad, no lo es menos, la necesidad de dar una respuesta económica pronta y eficaz cuando el accidente se ha materializado, con el fin de evitar la doble victimización de los perjudicados, enfrentados no solo ante su contingencia personal sino también a la insolvencia de los presuntos responsables. Para asegurar las responsabilidades civiles, y que estas dejen de ser un problema añadido a la tragedia humana, instamos al Gobierno a que inicie los tramites necesarios, para que con la máxima urgencia se regule un SEGURO OBLIGATORIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, que proporcione una cobertura efectiva e inmediata cuando el el siniestro laboral ocurra.
2.- ESTATUTO ORGANICO DEL MINISTERIO FISCAL
- La UPF y JpD valora positivamente la reforma del EOMF en cuanto supone un fortalecimiento y modernización de la Institución adaptando su organigrama estructural a las nuevas demandas sociales y al modelo territorial de la Constitución y avanzando en su autonomía al reconocerle personalidad jurídica propia y cierta participación en materia presupuestaria.
- No obstante, persisten los limites a la capacidad investigadora del Ministerio Fiscal, lo cual constituye un verdadero obstáculo a esa apuesta por el reforzamiento de la Institución y su desarrollo, que dificulta su avance en el cumplimiento de su labor investigadora dentro de un marco equilibrado de garantías acordes a las exigencias constitucionales, vislumbrándose una aparente desconfianza hacia la Institución.
3.- INMIGRACION
La UPF y JpD expresan su preocupación por el drama humano que constituye la inmigración irregular y su doloroso coste en vidas. Es necesario plantear la inmigración como una realidad social que afecta a un gran numero de personas que se enfrentan a situaciones de riesgo, por la precariedad laboral, la desconfianza o incluso la xenofobia que genera la desigualdad de oportunidades y de derechos en que se encuentran las personas inmigrantes, olvidando que muchos de ellos desempeñan trabajos que nadie quiere hacer y contribuyen al progreso económico, social y cultural de la sociedad en que se integran.
Queremos hacer un llamamiento a los gobernantes ,para que se conciencien de la necesidad de encontrar vías legales que permitan la integración de estas personas apostando, ante todo, por el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de los inmigrantes.
Consideramos inaplazable:
- El desarrollo de medidas estrictas y efectivas para combatir la explotación de los inmigrantes, resaltando de forma especial la situación de las muchas mujeres inmigrantes obligadas a prostituirse y los menores de edad que con frecuencia son utilizados por adultos para la mendicidad o comisión de actividades delictivas, quedado excluidos del sistema educativo.
- Reforzar la implicación de la Administración Publica, frente a situaciones de riesgo y desamparo en que se encuentran los menores que son utilizados para los fines citados anteriormente.
- Coordinación de políticas de inmigración a nivel europeo, incrementando las inversiones en los países de origen, para evitar el trafico ilegal de personas y hacer posible el derecho a no emigrar.
4.- IGUALDAD
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Constatada la existencia en las carreras Judicial y Fiscal de un número de hombres y mujeres con igualdad de méritos y capacidades, reclamamos que se adopten las medidas pertinentes para que la política de nombramientos en relación a los cargos de libre designación garantice una representación democrática, fiel reflejo de esa realidad, que implique la participación de las mujeres jueces y fiscales en los procesos de toma de decisiones que afecten al desenvolvimiento efectivo de las funciones propias de sus cargos, con un papel activo en los órganos de poder.
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Exigimos que se introduzca en los planes de formación de la carrera judicial y fiscal, cursos orientados al conocimiento y aplicación tanto de la normativa nacional e internacional como de las políticas públicas adoptadas en materia de igualdad.
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Reclamamos se garantice, a las mujeres integrantes de las carreras judicial y fiscal, la regulación de las medidas adecuadas, para que puedan disfrutar de su maternidad, en igualdad de condiciones al resto de las mujeres trabajadoras, sin que ello suponga un obstáculo a su promoción profesional .
5.- INDEPENDENCIA JUDICIAL
Todo Estado de Derecho requiere por esencia una justicia administrada de forma independiente, solo así responderá a la demanda social y será capaz de inspirar confianza a la opinión pública.
La Asociación judicial Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales llaman la atención sobre las habituales manifestaciones de determinados partidos políticos y medios de comunicación pretendiendo que el Ministerio Público inste acciones, o los Jueces realicen interpretaciones de la Ley acordes con sus intereses políticos.
Rechazamos, por tanto, toda manifestación política o mediática que, más allá de la legítima crítica, pretenda determinar o influir en las decisiones del Ministerio Fiscal o en las resoluciones judiciales.
El rechazo a cualquier interferencia en el ámbito de decisión de Jueces y Fiscales es un deber de todos los profesionales, que estamos obligados a salvaguardar. Las garantías de independencia e imparcialidad judicial nos exigen vigilancia ante todo intento de manipulación externa, y también que alejemos de nosotros cualquier prejuicio, autocensura o intento de intervenir en la actividad política con decisiones marcadas por la arbitrariedad.
Es por ello que solicitamos un CGPJ fuerte, que haga bandera de la defensa de la independencia judicial, siendo a su vez ejemplo en su propia actuación institucional, y plenamente leal con las demás instituciones del Estado.
Propugnamos el fortalecimiento de la imparcialidad del Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones, para lo cual resultara imprescindible, garantizar la necesaria transparencia y publicidad en el ejercicio del principio de jerarquía, que le es propio, en especial en aquellos asuntos que se vean implicados poderes fácticos o políticos.
6.- REINVINDICACIONES SINDICALES
Entendemos que urge promover las necesarias reformas del ordenamiento jurídico para que a los Jueces y Fiscales se les aplique el mismo régimen jurídico en materia de protección social y conciliación de la vida laboral y familiar del que ya disponen la función pública y los trabajadores por cuenta ajena, además de elaborar un estatuto profesional a la manera del Estatuto del Juez propiciado por el Consejo de Europa. En tal sentido propugnamos la unidad de acción de las asociaciones suscribientes y reivindicamos las siguientes medidas:
- Creación de un nuevo sistema de sustituciones por jueces/fiscales volantes.
- Adopción de medidas profesionales en supuestos de violencia de género.
- Reducción/flexibilización de jornada por guarda legal.
- Creación de guarderías infantiles en edificios de la Administración de Justicia.
- Medidas de jubilación anticipada o con reducción de jornada.
- Indemnización por finalización del servicio profesional.
- Aplicación a las vacaciones del incremento por antigüedad.
- Supresión del ascenso forzoso.
- Creación de planes de salud laboral y de prevención de riesgos laborales.
- Creación de un seguro de vida por fallecimiento o incapacidad permanente.
- Creación de un seguro de responsabilidad civil y defensa jurídica.
- Creación de un permiso de 6 meses/un año con retribuciones básicas para actividades de formación o de pausa personal.
7.- RENOVACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
El pasado 7 de noviembre de 2006 finalizó el mandato del actual CGPJ. Han transcurrido más de 10 meses desde que Congreso y Senado debieron renovar aquel órgano constitucional, sin que tal eventualidad haya tenido lugar, aunque tímidamente los Grupos Parlamentarios hayan retomado las negociaciones para proceder a la designación de los nuevos Vocales.
Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales quieren transmitir a los ciudadanos y a la opinión pública que a lo largo de este período hemos constatado cómo se ha ido deteriorando el gobierno del Poder Judicial, tanto por la errática dinámica en que ha entrado en el ejercicio de sus funciones, con paralización del desempeño de algunas de sus competencias (por ejemplo, nombramiento de altos cargos) con repercusión en el conjunto del funcionamiento del Poder Judicial, como por la falta de solución a problemas candentes que repercuten en el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional (módulos de rendimiento) y la ausencia de proyectos futuros, connatural a esa situación de interinidad en la que se halla. Además, se está produciendo un claro perjuicio para el funcionamiento de la Administración de Justicia y, por ende, para el servicio público que se ofrece a los ciudadanos.
Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales ante esta situación no pueden permanecer impasibles y por ello:
1.- Piden a los Vocales del Consejo General del Poder Judicial que dimitan de sus cargos.
2.- Instan a los Grupos Parlamentarios, especialmente al Partido Popular, a que se superen todos los obstáculos existentes para llevar a cabo la renovación de ese órgano constitucional.
3.- Consideran que las bases sentadas por los Grupos Parlamentarios para realizar la designación del nuevo Consejo, esto es, pluralidad política y asociativa, dentro de la representatividad parlamentaria, constituyen un buen punto de partida para el nombramiento de los nuevos Vocales.
8.- VIOLENCIA DE GÉNERO
La violencia de género constituye uno de los ataques más flagrantes contra derechos humanos de las mujeres como la igualdad, la libertad, la seguridad, la vida y la no discriminación. Al legislador le corresponde establecer las medidas de sensibilización e intervención en todos los ámbitos, no solo el judicial sino en el plano educativo, en los medios de comunicación, a nivel sanitario, laboral y económico dirigidas a la erradicación de esta lacra social.
El 15 de diciembre de 2.006 se aprobó el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, en el ámbito de la Ley Integral, al mismo tiempo que se hacía un balance del primer año de vigencia de la Ley Orgánica.
Con la aprobación de dicho Plan y la aplicación de las medidas, contenidas en el, se contribuirá a prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las víctimas. Dentro de dichas medidas hacemos hincapié en la importancia de la creación de las Unidades de Valoración Forense Integral en todo el territorio del Estado, completando por tanto su creación donde no se hubieran implantado, con el fin de aportar información sobre la repercusión de la violencia en la integridad física y psicológica de la víctima, así como circunstancias personales del denunciado y factores de riesgo de reiteración delictiva, que ayude a determinar el procedimiento adecuado en cada caso. Se constata la inidoneidad del procedimiento para el enjuiciamiento rápido en los supuestos de delitos de violencia habitual, dada la escasez de tiempo de la que se dispone para recoger las pruebas necesarias.
También estimamos imprescindible la formación y especialización continuada y obligatoria de todos los profesionales que intervienen en la respuesta contra la violencia de género.
La adopción de medidas integrales de ayuda a la mujer han de ser efectivas, sin que la cuestión geográfica pueda constituir un factor discriminatorio.
Es imprescindible que el Estado garantice la cohesión de las políticas de protección a las víctimas en todas las Comunidades Autónomas y que éstas se comprometan a poner a disposición de los jueces y fiscales los medios necesarios para poder adoptar medidas eficaces, para evitar situación de desigualdad en el ejercicio de sus derechos.
En Pontevedra, a 28 de septiembre de 2007