Barcelona, 22 de abril de 2009.
Las asociaciones de fiscales fuimos convocadas a una reunión con el Ministro de Justicia, que tuvo lugar ayer día 21 de abril. Además del Ministro, estuvieron presentes, entre otros altos cargos del Ministerio, el Secretario de Estado y el Secretario General. Concurrieron representantes de las tres asociaciones de fiscales, por parte de la UPF asistió su presidente.
Paso a daros cuenta del contenido de la reunión y la valoración que me permito realizar sobre la misma.
Contenido de la reunión:
La reunión comenzó con una breve exposición por parte del sr. Ministro en la que resaltó el momento histórico que para la administración de justicia podemos estar viviendo, y su voluntad firme de buscar consensos políticos a la hora de abordar reformas estructurales y procesales, dando a entender lo viable de tales consensos.
En cuanto a cuestiones concretas, por el sr. Ministro se hizo referencia a las siguientes:
- La imprescindible labor de compatibilización de sistemas informáticos entre Fiscalías, entre Juzgados y entre Juzgados y Fiscalías, poniendo de manifiesto la dificultad adicional derivada del hecho de que las Comunidades Autónomas con competencias transferidas tienen implantados sus propios sistemas.
- La intención de potenciar la labor del Centro de Estudios Jurídicos y como muestra de ello la designación de su nueva directora, Lourdes Rodríguez Rey, hasta ahora Fiscal Jefe de León.
- La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reformulando el papel del Fiscal y del Juez, sin desaparición de la figura del Juez de Instrucción y potenciando la fase intermedia del procedimiento como depuradora de la acusación y de la legalidad de la prueba admisible para el juicio. Igualmente, hizo referencia a la necesaria articulación de una efectiva doble instancia penal, la nueva casación y el papel que deban desempeñar los TSJ.
Por las tres asociaciones se puso de manifiesto al sr. Ministro la plena vigencia del documento conjunto que en su día se elaboró y que contenía los puntos en los que las asociaciones de fiscales consideraban que se debía incidir para la mejora de la administración de justicia, y a continuación los representantes de cada asociación hicieron los comentarios que consideraron oportunos.
Por parte de la UPF, su presidente realizó las siguientes manifestaciones:
- En cuanto a la compatibilización de sistemas informáticos, se expuso la idea de que tal vez iba siendo hora de abandonar la idea de “compatibilización” entre sistemas distintos e intentar de una vez la creación de una plataforma informática única para la administración de justicia en su conjunto, con diferentes niveles de acceso territorial u objetivo según la categoría y competencia del usuario, al modo en que está establecido en otros sectores de la administración, como por ejemplo la tributaria o el sistema de salud.
- Por lo que se refiere al CEJ, tras mostrar satisfacción por la designación de su nueva directora, se manifestó la necesidad de reconfigurar la formación inicial de los fiscales, que se ha visto postergada y ciertamente minusvalorada en relación con la diseñada para los jueces, dando lugar a una injusta disparidad entre uno y otro sistema. Problema básico que se vio agravado por la gestión de la anterior directora del centro, dando lugar a un programa de formación inicial que ha perjudicado a los compañeros que actualmente se hallan en la escuela, a quienes se han ofrecido contenidos desconectados de la finalidad a la que el centro debe servir.
- La necesidad de plantear adecuadamente la creación de plazas de fiscales, coordinándola con el programa de creación de plazas de jueces, dentro del contexto de revisión de la planta judicial que se halla en curso.
- La perentoria necesidad de abordar seriamente la creación de una oficina fiscal.
- En cuanto a la reforma procesal, que se erigió en tema central de la reunión, se hizo una apuesta clara por un cambio en el procedimiento previo al juicio, mediante la creación de un verdadero Fiscal encargado de la investigación preliminar, con dirección efectiva de una verdadera policía judicial y bajo el control externo de un juez de garantías encargado de velar por el respeto de los derechos fundamentales en aquellas medidas y diligencias que puedan restringirlos, así como encargado de realizar un “juicio de acusación”, sustantivo y adjetivo, en la fase intermedia del procedimiento. Se expresó la completa oposición a una reforma que consista en un mero “parcheado” de la regulación vigente, y se expresó el temor de que los comentarios realizados por el propio Ministro en la prensa revelaran que, en realidad, se fuera a convertir al fiscal en un mero “adjunto” al juez de instrucción, a quien minuta los asuntos y propone diligencias.
- También se indicó que, aun comprendiendo la difícil situación económica, el sistema retributivo necesitaba ser revisado mediante los trabajos de la Comisión prevista legalmente, revisión que no implicaba necesariamente reivindicaciones salariales inviables en la actual coyuntura económica pero sí un estudio serio de los conceptos retributivos y la inclusión de las nuevas categorías creadas a raíz del despliegue territorial.
Establecido así el debate, la respuesta ministerial fue la siguiente:
- Voluntad de implicar a las asociaciones en todos los trabajos del Ministerio, a través de los oportunos grupos de trabajo y comprometiéndose a proporcionar en breve un calendario de reuniones de los mismos, antes del verano.
Los grupos de trabajo se centrarían en cuatro ejes: la formación, las cuestiones relativas a la planta y la oficina fiscal, el nuevo reglamento del Ministerio Fiscal y la reforma procesal penal.
- Tomar nota de la importancia del CEJ, y asumir el compromiso de abordar seriamente la formación inicial y continuada de los fiscales.
- En cuanto a la Comisión de Retribuciones, el Ministro reconoció que no tenían la previsión de convocarla, al menos en breve. Aunque manifestó que se intentaría dar respuesta inmediata a la retribución de las nuevas figuras creadas a raíz del despliegue territorial, así como las guardias de violencia doméstica.
- Reforma procesal: en un contexto de llamamientos al realismo acerca de lo que pueda hacerse en un clima de necesario consenso político, poca información concreta se dio acerca de los planes del Ministerio al respecto. Se hizo una alusión, razonable, a la necesidad de replantear la fase intermedia como verdadero filtro de la acusación y momento oportuno para resolver las cuestiones relativas a la vulneración de derechos fundamentales en la investigación, evitando que dichas cuestiones puedan plantearse mucho tiempo después al inicio del juicio. Pero se dejó en total indefinición cuál vaya a ser el papel real del fiscal y el juez en el nuevo diseño. Aunque con apuntes preocupantes, pues desde luego podía inferirse que ninguna intención existía de configurar una verdadera investigación preliminar a cargo del fiscal sino que, muy al contrario, se mantendría al juez de instrucción a su frente.
- Afirmó el Ministro su apuesta decidida por los jueces y fiscales profesionales y titulares, también para posibles órganos “de proximidad”.
- Insistió en la previsión de llegar a 426 nuevas plazas de fiscales para toda la legislatura.
Valoración:
Quedó claro el talante dialogante y conciliador del Ministro, pero poco más. Se aprecia, como no podía ser de otro modo, una continuidad en los planes del Ministerio. Pero también la continuidad en la indefinición o, lo que sería peor, la voluntad de no informarnos de las líneas generales de sus proyectos, en especial por lo que se refiere a la reforma procesal penal.
Sí se palpaba el convencimiento de que la reforma procesal penal iba a producirse en cualquier caso. Ahora bien, no conociendo ni siquiera las líneas básicas de lo que se pretende –porque no las hay o porque, habiéndolas, no se quiere comunicarlas- y pudiendo inferir que no figura en los planes del ministerio el cambio histórico que supondría la consagración del fiscal a cargo de la investigación preliminar y del juez de garantías como control externo de la misma, creo que podemos fundadamente temer que se termine por promover un sistema “híbrido” donde el fiscal se acabe convirtiendo en un mero gestor del trabajo del juez de instrucción. Ciertamente que poco o nada puede aportar este cambio a la efectividad de la administración de justicia penal.
Espero que la presente nota resulte de utilidad en cuanto que da cumplida información de los puntos abordados en la reunión con el Ministerio, las previsiones de éste y la posición asociativa al respecto. El Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales está por supuesto abierto a todos vuestros comentarios, propuestas y sugerencias para futuras reuniones de trabajo, donde seguiremos intentando contribuir en lo posible a la mejora de la administración de justicia.
Emilio Sánchez.
Presidente de la Unión Progresista de Fiscales.