La UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES, ante los recientes nombramientos de algunos miembros de la Carrera Fiscal vinculados por lazos familiares con quienes ocupan o han ocupado cargos de gran responsabilidad en el Ministerio Fiscal o en el Poder Judicial, se ve en la obligación de recordar que el informe sobre prevención de la corrupción en España del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (2014) recomendaba a España que en relación con los nombramientos discrecionales se reforzara la transparencia, con el fin de garantizar que estos nombramientos no pusieran en tela de juicio la independencia, imparcialidad y transparencia de los procesos de nombramiento.

La sombra de sospecha sobre los nombramientos para cargos públicos, si bien es deleznable en cualquier Administración Pública, es especialmente nefasta cuando a miembros del Ministerio Fiscal se refiere, que es una institución llamada a extremar las cautelas deontológicas por la misión que constitucionalmente tiene asignada en defensa de la legalidad y del interés público.

La promoción de Fiscales, Jueces y Magistrados debe someterse a procedimientos de máxima transparencia y estar en todo caso libre de cualquier tipo de injerencia por parte de grupos o familiares, basándose exclusivamente en criterios objetivos, públicos y preestablecidos, tal y como está contemplado en las Recomendaciones del Consejo de Europa a sus Estados miembros (Arts. 44 y ss. de la Recomendación CM/Rec (2010)12 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre los Jueces: independencia, eficiencia y responsabilidades, adoptada en su 101º Sesión el 6 de noviembre de 1997, adoptada el 17 de noviembre de 2010)