• Tras el reciente 44 aniversario de la Constitución española de 1978, esperábamos que los distintos responsables institucionales fueran capaces de estar a la altura de lo que exige una auténtica democracia. Creíamos que iban a cesar los bloqueos y las descalificaciones, que se permitiría la renovación de las instituciones constitucionales
  y que se actuaría con responsabilidad y altura de miras.

Lo que ha sucedido, sin embargo, dista mucho de lo que cabría esperar de quienes deben ser, más que nadie, respetuosos con la ley. Tras cuatro años de bloqueo del Partido Popular para la renovación del Consejo General el Poder Judicial, un grupo de vocales de este órgano sigue su misma senda obstruccionista, e impide la renovación del Tribunal Constitucional. Sin otra explicación que el seguidismo partidista, han sometido su condición de juristas y jueces a intereses de partido, impidiendo que el máximo garante de los derechos fundamentales pueda completarse y trabajar con plena eficacia.

Ese doble boicot ha provocado la lógica reacción de los demócratas que reclaman que se cumpla con la ley y con las previsiones constitucionales respecto a la renovación periódica del CGPJ y el Tribunal Constitucional. Y este último, dividido y fracturado, ha dictado -por primera vez en nuestra historia reciente- una polémica resolución que agrava la crisis institucional a los que nos han arrastrado quienes irresponsablemente tienen secuestradas las instituciones.

El 20 de diciembre está convocado un pleno del CGPJ que podría acabar con esa situación, renovando definitivamente el Tribunal Constitucional. En caso de no hacerlo, será necesario actuar con responsabilidad, sometimiento al Estado de Derecho y altura de miras, propiciando una reforma legislativa específica que ponga fin a las maniobras de quienes se han encastillado en las instituciones y no piensan abandonarlas pese a que su mandato caducó.

Reclamamos, en consecuencia, que los grupos parlamentarios propongan una proposición de ley que propicie el nombramiento de dos magistraturas al Tribunal Constitucional por el CGPJ, superando la indebida prolongación de funciones que se mantiene contra ley y derecho. Pedimos a las presidencias de Congreso y Senado que propicien, por todos los medios legales, los periodos de sesiones necesarios para salir, cuanto antes, de la grave crisis institucional a la que nos han conducido quienes se apropian de las instituciones y desprecian la ley.

Finalmente llamamos a la responsabilidad. Democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos, son conceptos inseparables que garantizan el progreso y la estabilidad de las sociedades. Estos valores están hoy firmemente arraigados en la sociedad española como vacuna a la insensatez, el sectarismo y tacticismo que degradan las instituciones, con desprecio insultante al patrimonio de todos.

Madrid, 20 de diciembre de 2022

JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA Y UNION PROGRESISTA DE FISCALE