COMUNICADO ANTEPROYECTO LEY MEMORIA DEMOCRÁTICA

La UPF saluda la reciente aprobación del anteproyecto de ley de Memoria Democrática como un gran avance para la necesaria normalización democrática, a fin de superar nuestras graves carencias en el cumplimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tal como nos han recordado reiteradamente los más altos Organismos Internacionales fiscalizadores de los DDHH.

Así, el proyecto legislativo trata de garantizar el derecho esencial de las víctimas de la más graves violaciones de DDHH sucedidas tras el golpe de Estado de 1936 y la Dictadura franquista hasta la vigencia de la actual CE, a la verdad, justicia, reparación y no repetición, con referencia expresa al Derecho internacional de los derechos humanos, lo que es inequívoco en la consideración del carácter imprescriptible e inamnistiable de los crímenes de lesa humanidad, y su sujeción al principio especial de legalidad internacional, con interdicción absoluta de la impunidad.   

No obstante, para confirmar estos principios de forma expresa e inequívoca, sería deseable que, durante la tramitación parlamentaria, en el articulado de la ley se hiciera una referencia expresa a que la investigación de estos crímenes conllevará, cuando proceda, el enjuiciamiento de sus responsables y su castigo penal, tal como prevé el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 15.2) y el Convenio Europeo de DDHH (art. 7.2), ambos ratificados por España, a los que señala además el art. 10.2 de la CE.

Madrid a 17 de septiembre de 2020

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

COMUNICADO DE LOS VOCALES DE LA LISTA DE LA UPF DEL CONSEJO FISCAL CELEBRADO LOS DÍAS 29 Y 30 DE JULIO DE 2020.

Queridas compañeras y compañeros: En los días 29 y 30 de julio de 2020 se celebró un nuevo Pleno del Consejo Fiscal, en el que se combinó la forma telemática y la presencial.

Nada más empezar el Consejo Fiscal, los vocales de la lista de la Asociación de Fiscales manifestaron su malestar al no haberse incluido junto a la convocatoria del Consejo Fiscal, la totalidad de la documentación que debía ser objeto de estudio, alegando que se les hace muy gravoso el estudio de la abundante documentación que debe ser revisada para la preparación de los plenos.


El Excmo. Sr. Fiscal Jefe inspector explicó que, si bien la casi totalidad de ladocumentación se presentó en plazo, los documentos presentado con posterioridad fue por razones ajenas a la Inspección. Los vocales de la lista de la Unión Progresista de Fiscales intervinimos para manifestar que dada la importancia de las cuestiones que se debaten en el Consejo Fiscal, es razonable que ofrezcamos todo el esfuerzo necesario para dotarnos decierta flexibilidad frente al rigor de los plazos, así como para dedicarnos al estudio que sea necesario en cada caso.


En primer lugar, se informó, para su posterior nombramiento por la FiscalGeneral del Estado, los Delegados Autonómicos de Protección de Datos.En este caso, el apoyo del Pleno del Consejo Fiscal fue unánime ya quetodas las Comunidades Autónomas presentaron una única candidatura, con excepción de Canarias y Valencia (se presentaron dos candidatos) y Galicia (no hubo candidato).

La Fiscal General del Estado, con el apoyo unánime del Pleno, propone a lassiguientes compañeras y compañeros como delegados autonómicos: EnAndalucía al Ilmo. Sr. D. Gabriel González Fernández, Fiscal de la FiscalíaProvincial de Sevilla. En Aragón al Ilmo. Sr. D. José Francisco Martínez Sánchez, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Huesca. En Asturias al Ilmo. Sr. D. Miguel Rodríguez Marcos, Fiscal de dicha Fiscalía autonómica. En Canarias al Ilmo. Sr. D. Ernesto Vieira Morante, Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias. En Cantabria a la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Calvo García, Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria. En Castilla La Mancha al Ilmo. Sr. D. Emilio Frías Martínez, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Albacete. En Castilla y León a la Ilma. Sra. Dña. Ester Mateos Fernández, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Salamanca. En Cataluña al Ilmo. Sr. D. Abel Carmelo Andrade Ortiz, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Barcelona. En la Comunidad Valenciana la Ilma. Sra. Dña. María Dolores Villanueva Pelluch, Fiscal de la Fiscalía Provincial deValencia. En Extremadura el Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Galán Miguel, Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En las Illes Balears el Ilmo. Sr. D. Jaime Guasp Ferrer, Fiscal de dicha Fiscalía autonómica. En La Rioja el Ilmo. Sr. D. Juan José Pina Lanao, Fiscal de dicha Fiscalía autonómica. En Madrid la Ilma. Sra. Dña. Elena Agüero Ramón-Llil, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Barcelona. En Murcia la Ilma. Sra. Dña. Juana María Jiménez Fernández, Fiscal de dicha Fiscalía autonómica En Navarra la Ilma. Sra. Dña. María del Campo Irañeta, Fiscal de dicha Fiscalía autonómica. En el País Vasco el Ilmo. Sr. D. Antonio Cortés Rojo, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Bizkaia.

En el territorio de Galicia no se presentó ninguna candidatura, por lo que (conforme con lo dispuesto en la Instrucción no 2/2019, sobre la protección de datos en el ámbito del Ministerio Fiscal) el responsable hasta ahora en esa materia continuará desempeñando sus funciones.


En el siguiente punto del orden del día que se trató, el Consejo Fiscalinformó de modo favorable y por unanimidad la aprobación de una plaza en comisión de servicios en la Fiscalía Especial Antidroga.


En el punto del orden del día referido a la intervención del Ministerio Fiscal en el Servicio Navarro de Ejecución Penal (Orden Foral 12/2020, del Consejero de Políticas Migratorias y Justicia), el Consejo Fiscal desestimó tal posibilidad al entenderla no procedente por las funciones encomendadas al Ministerio Fiscal en el citado Servicio, alejadas de las propias de información y colaboración que son propias de la Institución.

En relación a los nombramientos discrecionales convocados en la OrdenJUS/621/2020, de 6 de julio, la Fiscal General del Estado anunció que haría las siguientes propuestas:


Fiscalía del Tribunal Supremo (dos plazas): Excma. Sra. Dña. MaríaLourdes Rodríguez Rey, actual Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con el apoyo de seis vocales. (Cuatro votos de los vocales de la lista de la Unión Progresista de Fiscales y dos de los vocales natos.) Y la Ilma. Sra. Dña. Rosa María Pérez Martínez, Fiscal adjunta al Fiscal de Sala de Seguridad Vial, con el apoyo de nueve votos. (Tres votos de los vocales de la lista de la Unión Progresista de Fiscales, cinco votos de la lista de la Asociación de Fiscales y uno de uno de los vocales natos.)Los candidatos: Ilmo. Sr. D. Francisco Javier de Torres Martínez, con plaza
en la actualidad en comisión de servicios en la Fiscalía del Tribunal Supremo, obtuvo cinco votos de los vocales de la lista de la Asociación de Fiscales. La Ilma. Sra. Dña. Gema García Hernández, Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid obtuvo un voto de un vocal de la lista de la Unión Progresista de Fiscales. La Ilma. Sra. Dña. María Luzón Cánovas, Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid obtuvo un voto de uno de los vocales natos.

Tenencia Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de IllesBalears: Ilmo. Sr. D. Julio Cano Antón, Fiscal de dicha Fiscalía autonómica, con cinco votos. Tres votos de los vocales de la lista de la Unión Progresista de Fiscales y dos votos de los vocales natos. Un vocal electivo, a propuesta de la Unión Progresista de Fiscales, se abstuvo en esta votación

El Ilmo. Sr. D. José Díaz Cappa, Fiscal también de la Fiscalía balear, recibióel apoyo de los cinco vocales de la lista de la Asociación de Fiscales.

Jefatura de la Fiscalía Provincial de Alicante: Ilmo. Sr. D. JorgeRabasa Dolado, actual Fiscal Jefe de dicha Fiscalía Provincial, con el apoyo de siete vocales (cinco de los vocales de la Asociación de Fiscales y los dos vocales natos).

El Ilmo. Sr. D. Felipe Briones Vives, Fiscal de la mencionada Fiscalía deAlicante, recibió cuatro votos a su favor, de los vocales de la lista de la UnióProgresista de Fiscales.

Jefatura de la Fiscalía Provincial de Ávila: Ilmo. Sr. D. Francisco JavierRojo López, actual Fiscal Jefe de dicha Fiscalía Provincial y candidato único con apoyo unánime del Consejo Fiscal.

Jefatura de la Fiscalía Provincial de Ourense: Ilma. Sra. Dña. Eva Reguero Rodríguez, Fiscal de dicha Fiscalía Provincial, con el apoyo de seis vocales (cuatro de la Unión Progresista de Fiscales y los dos de los vocales natos)

El Ilmo. Sr. D. Julián Francisco Javier Pardinas Sanz, Teniente Fiscal de la referida Fiscalía gallega, recibió el apoyo de los cinco vocales de la Asociación de Fiscales.

Jefatura de la Fiscalía Provincial de Segovia: Ilma. Sra. Dña. María Inmaculada Martínez García, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Segovia, con el apoyo de nueve vocales (cuatro de los vocales de la Unión Progresista de Fiscales, tres de los vocales de la Asociación de Fiscales y los dos de los vocales natos).

La Ilma. Sra. Dña. Elena Martín Mayo, Teniente Fiscal de la misma Fiscalía recibió el apoyo de dos vocales de la lista de la Asociación de Fiscales.

Jefatura de la Fiscalía Provincial de Soria: Ilma. Sra. Dña. María José Burgos Monje, Fiscal de dicha Fiscalía Provincial y candidata única con el apoyo unánime del Consejo Fiscal.

Jefatura de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife: Ilma. Sra.Dña. María Farnés Martínez Frigola, Teniente Fiscal de dicha fiscalía, con el apoyo de seis vocales (cuatro de los vocales de la lista de la Unión Progresista de Fiscales y los dos de los vocales natos).

El Ilmo. Sr. D. Alejandro Salinas Casado, Fiscal igualmente de la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife, contó con cinco votos a su favor de los vocales de la Asociación de Fiscales.

Jefatura de la Fiscalía Provincial de Teruel: Ilma. Sra. Dña. María Isabel Buj Romero, Teniente Fiscal de dicha Fiscalía Provincial, con el apoyo unánime del Consejo Fiscal.

Jefatura de la Fiscalía de Área de Dos Hermanas: Ilma. Sra. Dña.María Amparo Camacho Rubio, Fiscal de dicha Fiscalía de Área, con el apoyo de seis vocales (cuatro de la lista de la Unión Progresista de Fiscales y uno de los vocales natos)

El Ilmo. Sr. D. Arturo Nicás Caballero, Fiscal igualmente de la Fiscalía de Área de Dos Hermanas, recibió el apoyo de los cinco vocales de la Asociación de Fiscales y uno de los vocales natos 

Jefatura de la Fiscalía de Área de Ceuta: Ilma. Sra. Dña. Silvia Rojas Rodríguez, Fiscal de dicha Fiscalía de Área y candidata única, con el voto unánime del Consejo Fiscal.

Jefatura de la Fiscalía de Área de Marbella: Ilmo. Sr. D. Julio ÁngelMartínez Carazo, Fiscal Jefe de dicha Fiscalía de Área y candidato único, con el apoyo unánime del Consejo Fiscal.

Jefatura de la Fiscalía de Área de Arrecife de Lanzarote-Puerto delRosario: Ilma. Sra. Dña. María Yolanda López Gómez, Fiscal Jefe de dicha Fiscalía de Área y candidata única, con el apoyo unánime del Consejo Fiscal.

Jefatura de la Fiscalía de Área de Ponferrada: Ilmo. Sr. D. Jacinto Fernández Villalba, Fiscal Jefe de dicha Fiscalía de Área y candidato único, con el apoyo unánime del Consejo Fiscal.

Jefatura de la Fiscalía de Área de Manresa-Igualada: Ilmo. Sr. D.Francisco José Córcoles Sánchez, Fiscal de la mencionada Fiscalía de Área, con el apoyo unánime del Consejo Fiscal.

Jefatura de la Fiscalía de Área de Mataró: Ilma. Sra. Dña. MontserratPoderoso Martínez, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Barcelona, con el apoyo de seis vocales del Consejo Fiscal (cuatro vocales de la Unión Progresista de fiscales y los dos votos de los fiscales natos).

El Ilmo. Sr. D. Luis Manuel García Cantón, actual Fiscal Jefe de la mencionada Fiscalía de Área, recibió el apoyo para su renovación de los cinco vocales de la Asociación de Fiscales.

Jefatura de la Fiscalía de Área de Vilanova i La Geltru: Ilma. Sra.Dña. Ana Mireya Gómez Baquero, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Barcelona, con el apoyo de seis vocales (cuatro vocales de la Unión Progresista de fiscales y los dos votos de los fiscales natos).

La Ilma. Sra. Dña. Susana Romero Carrascal, actual Fiscal Jefe de la mencionada Fiscalía de Área, recibió el apoyo para su renovación de los cinco vocales de la Asociación de Fiscales.

Jefatura de la Fiscalía de Área de Benidorm: Ilma. Sra. Dña. María Isabel Medina Vázquez, Fiscal de dicha Fiscalía de Área y candidata única, con el apoyo unánime del Consejo Fiscal.


Con respecto a los nombramientos discrecionales, la vocal y los vocales electivos a propuesta de la Unión Progresista de Fiscales, fieles a nuestro compromiso por el servicio público que presta la carrera, seguimos prestando nuestro apoyo en base a criterios exclusivos de mérito y capacidad.

En esta línea, os participamos que no consideramos que el escalafón, por sí solo, agote el mérito y la capacidad constitucionalmente exigida y, por tanto, la valoración que realizamos atiende a:

Capacidad para desempeñar, de forma concreta, el cargo.
Currículum Vitae de la candidatura.
Plan de desarrollo para el cargo, en todos aquellos casos en que sea preceptivo.

Como recoge el comunicado de los vocales electivos a propuesta de la Unión Progresista de Fiscales de fecha 13 de marzo de 2019 y en la línea de la reforma de la LOPJ que ha establecido un plazo máximo de 10 años para los cargos de Presidencia de la AN, TSJ y AP, creemos que las jefaturas en la Carrera Fiscal no pueden ser considerados cargos vitalicios.

Al revés, creemos que la no perpetuidad en el cargo es saludable para el óptimo devenir de nuestra institución, para el servicio público que prestamos y para las legítimas expectativas de las compañeras y compañeros.


En este Consejo Fiscal hemos comprobado como las candidaturas que se presentaban de forma alternativa a aquellas compañeras y compañeros que llevaban más de 10 años trabajando como jefes, han sido extraordinariamente solventes en capacidad, currículum y con ideas eficaces y novedosas para el desempeño de las jefaturas, con una apuesta clara por la perspectiva en género y con un importante enfoque en materia de derechos humanos y protección de las personas más vulnerables de nuestra sociedad.

Sin embargo, somos conscientes de las pocas perspectivas de promoción profesional que ofrece la carrera fiscal y por eso, nos comprometemos a seguir revindicando y trabajando para obtener
mejoras profesionales en este sentido.

En el apartado de ruegos y preguntas, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo tomó la palabra para informar al Consejo Fiscal sobre los extremos que le habían sido preguntados por la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales en una carta abierta dirigida a él, en relación a las denuncias y querellas presentadas por particulares contra el Gobierno en los últimos meses.

Así, aclaró que -de conformidad con el criterio sostenido en las normas de reparto del Tribunal Supremo vigente desde que fueron aprobadas por la Excma Sra. Dña. Consuelo Madrigal como Fiscal General del Estado- las causas contra miembros del Gobierno, Magistrados y Fiscales ante el Tribunal Supremo son asumidas directamente por él, sin que haya habido modificación alguna desde entonces, de suerte que este es el criterio que se aplica a las causas en cuestión

En este mismo apartado la Fiscal General del Estado tomó la palabra para recordar que el Consejo Fiscal es el órgano de representación de la carrera, facultado para dirigir a la Fiscal General del Estado cuántas peticiones y solicitudes relativas a su competencia se consideren oportunas.

En relación a esta intervención, las y los vocales de la Asociación de Fiscales no realizaron pregunta, ni pidieron aclaración alguna. Limitándose a manifestar que ellos son los vocales electivos de la Asociación de Fiscales y que las explicaciones se deben a la ejecutiva de dicha asociación.

Por último, el Pleno del Consejo Fiscal, a propuesta de la Comisión de Igualdad, acordó una comunicación sobre una noticia publicada en el medio de comunicación “La Voz de Galicia”.

El día 28 de julio de 2020, la Fiscal Jefa de Área de Vigo se puso en contactocon la Comisión de Igualdad del Consejo Fiscal para dar traslado de una noticia publicada en un medio de comunicación local “La voz de Galicia” relacionada con la enfermedad producida por el Covid-19 y que tituló como: “Una fiscala de vacaciones provoca un brote de Covid en Vigo” y “Siete contagiados en el brote de la fiscala que volvió de Asturias de vacaciones y asistió a un funeral en Vigo”.

La Comisión de Igualdad del Consejo Fiscal elevó esta queja al Pleno al considerar que la noticia publicada en el medio de comunicación “La voz de Galicia» incumplía con la obligación que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres impone a todos los medios de comunicación, cuando en su artículo 39.1 establece que los medios de comunicación social de titularidad privada deben respetar la igualdad entre mujeres y hombres evitando cualquier forma de discriminación.

Como consecuencia de ello, se aprobó por unanimidad el siguiente comunicado: “El Pleno del Consejo Fiscal ante las noticias publicadas por el medio de comunicación “La Voz de Galicia” en relación a la enfermedad del Covid19 y a su posible afectación en la fiscalía de Galicia en fecha de 28 de julio de 2020, quiere expresar su pesar por el tratamiento estereotipado que se le ha dado a esa información. Recordamos que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres impone a todos los medios de comunicación en su artículo 39.1, el deber de respetar la igualdad entre mujeres y hombres evitando cualquier forma de discriminación.”

Vista la excepcionalidad de la situación en la que nos encontramos no ha sido fijada fecha concreta para el próximo Pleno del Consejo Fiscal.

Los vocales electivos a propuesta de la Unión Progresista de Fiscales

Aurelio Blanco Peñalver.
Carlos García-Berro Montilla
Inés Herreros Hernández
Eduardo Navarro Domínguez


Madrid, 7 de Septiembre de 2020

Por la renovación democrática del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo.

La Unión Progresista de Fiscales insta a todas las fuerzas parlamentarias para que cumplan con el mandato constitucional de renovación de tres de las más importantes instituciones democráticas: El Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

Estos tres órganos constitucionales, que forman parte de la estructura democrática de nuestro país, deben ser renovados sin demora porque ningún poder del estado puede sustraerse al mandato de la ley.

Nuestra democracia se fortalece a través del normal desenvolvimiento de nuestras Instituciones constitucionales, por eso, el incumplimiento de las leyes que las regulan debilita nuestra democracia.

El Consejo General del Poder Judicial, regulado en el artículo 122 de nuestra Constitución, está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo y veinte miembros que deben ser renovados cada cinco años. Estamos a la espera de la renovación de los miembros del Consejo Del Poder Judicial desde el mes de noviembre de 2018.

El Tribunal Constitucional, regulado en el artículo 159 de nuestra Constitución, consta de 12 miembros por un período de nueve años que deben ser renovados por terceras partes cada tres años. Estamos a la espera de la renovación de cuatro de los miembros del Tribunal Constitucional desde el mes de noviembre del año 2019.

El Defensor del Pueblo es reconocido por el artículo 54 de la Constitución Española que remite su regulación a una Ley Orgánica (LO 3/1981) que establece que el cargo de Defensor del Pueblo sea renovado cada cinco años. El cargo del Defensor del Pueblo está vacante desde el mes de julio del año 2017, quedando en funciones el Adjunto Primero de la Defensora anterior.

El órgano del gobierno de los jueces (CGPJ), el Tribunal guardián de nuestra Constitución (T.C) y el Alto Comisionado de las Cortes para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución (D.P) no pueden permanecer en esta situación más tiempo, porque nuestra Constitución es clara en cuanto al tiempo que sus miembros pueden desempeñar sus cargos.

La no renovación de estos órganos constitucionales no es una opción. Nuestra Constitución obliga a todos los poderes públicos y por tanto al Congreso de las Diputadas y Diputados y al Senado a cumplir con sus obligaciones. Considerar que esta obligación pueda ser eludida por razones de oportunidad partidista o de otra naturaleza o, incluso que puedan ser utilizados dichos nombramientos como una moneda de cambio para conseguir otras finalidades, es una falta de respeto a nuestra Constitución y a la ciudadanía a la que estas Cámaras representan.

La legitimidad de las Instituciones está en juego, por eso creemos que el incumplimiento de las leyes que regulan estos órganos constitucionales nos debilita como sociedad y nos coloca fuera del marco constitucional.

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales Madrid a 30 de Agosto de 2020

CIERRE DE PROSTÍBULOS Y ABOLICIÓN DE LA PROSTITUCIÓN

Con motivo de la pandemia y de la expansión del virus algunas Comunidades Autónomas han
acordado el cierre de los prostíbulos, medida que sin lugar a duda aplaudimos e interesamos se
haga extensiva a todo el territorio nacional; no obstante, no se puede desconocer que con el
cierre de los prostíbulos crece exponencialmente la vulnerabilidad de las mujeres por lo que, sin
perjuicio de la necesidad de la concreta actuación legislativa a la que haremos referencia a
continuación, entendemos que el cierre de los prostíbulos debe venir acompañado de aquellas
otras medidas de seguridad y de carácter asistencial que sean precisas para proteger a las
mujeres y niñas prostituidas ante esta situación.
Al margen de la excepcionalidad que supone la crisis sanitaria a la que nos enfrentamos, la UPF
exige al Gobierno en general y al Ministerio de Igualdad en particular, que se pongan en marcha
inmediatamente los trámites legislativos para promulgar una ley integral contra la Trata y la
explotación sexual y las normas que resulten precisas para abolir la prostitución.
No podemos olvidar que la mayoría de las personas que se encuentran en situación de
prostitución son mujeres y niñas (la prostitución masculina es residual) que viven en contextos
de pobreza; en muchas ocasiones son migrantes o de diversas razas o nacionalidades por lo que
sufren múltiples discriminaciones.
La prostitución, que es una práctica vinculada con la trata y con la pobreza, determina que las
mujeres, lejos de ser consideradas como sujetos con derechos, sean representadas
socioculturalmente como un objeto a disposición de otros para satisfacer sus deseos. Es una
forma de esclavitud que tiene su origen en las desigualdades sociales y ha de ser entendida
como una manifestación más de “violencia sexual”.
La ausencia de regulación se erige en aceptación y contribuye a la normalización del acceso de
los hombres al cuerpo de la mujer a cambio de dinero u otra prestación. Su prohibición, además
de los efectos positivos comprobados en aquellos países en los que así se ha regulado, producirá
un efecto socio-pedagógico importantísimo contribuyendo al cambio de mentalidad de la
sociedad en su conjunto y al rechazo definitivo de uno de los atentados más graves a la igual
dignidad de las mujeres.

Madrid a 22 de agosto de 2020.
El secretariado Permanente

DERECHO A LA ACOGIDA

La Unión Progresista de Fiscales muestra su indignación ante la noticia conocida en el día de hoy de que más de 400 personas (incluidas niñas y niños) han quedado fuera del sistema de protección para migrantes, al negarse la Junta de Andalucía a realizarles la prueba PCR necesaria para dotarles del amparo y la acogida legalmente establecido.

La negativa de la Junta de Andalucía a realizar estas pruebas supone una incomprensible dejación de su obligación y coloca a las personas migrantes en una situación de absoluta vulnerabilidad, poniendo en riesgo la salud y contribuyendo a la estigmatización de este colectivo.  

Tristemente, esta acción, sirve para alimentar las prácticas discursivas que dibujan un imaginario colectivo excluyente y de rechazo hacía las personas migrantes, lo que supone una de las causas principales de racismo en nuestro país.

Recordamos que, como recoge el artículo 10.1 de la Constitución Española, el reconocimiento a la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento de nuestro orden político y nuestra paz social.

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Madrid a 18 de Agosto de 2020

NFORMACIÓN SOBRE LA REUNIÓN DEL CONSEJO FISCAL DE 25 DE JUNIO DE 2020

A continuación, los Vocales electivos a propuesta de la UPF os informamos de las cuestiones de mayor relevancia suscitadas tras la celebración del Pleno del Consejo Fiscal:
El pleno de desarrolló con la presencia de todos sus miembros a excepción de una de las vocales electivas por la lista de la Asociación de Fiscales.
Primero: En relación a la cobertura del cargo de Delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal, los cuatro Vocales de la Unión Progresista de Fiscales y los dos vocales natos apoyamos el nombramiento del Ilustrísimo Sr. D. Agustín Hidalgo de Morillo Jiménez. Los cuatro vocales de la Asociación de Fiscales apoyaron a la Ilustrísima Sra. Dña Elena Agüero Ramón-Llin.
La Fiscal General designará al Ilmo. Sr. D. Agustín Hidalgo de Morillo Jiménez, Fiscal de la Inspección Fiscal, Delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal.
Segundo: El Consejo Fiscal informó sobre el baremo de productividad y su posible modificación.
La vocal y los vocales de la UPF hemos solicitado, en numerosas ocasiones, un proceso de revisión global del modelo de productividad. Por eso, hemos acogido con mucha expectación la propuesta realizada por la Inspección Fiscal de abordar un proceso de estudio para la revisión global del modelo actual de productividad.
A este respecto, el Consejo Fiscal se mostró unánime.
También se debatió un informe presentado por la Inspección Fiscal en el que, de forma coyuntural, se proponía algún pequeño cambio en la forma de puntuar el complemento variable para incentivar determinadas prácticas dirigidas a paliar el impacto de la crisis sanitaria.
El Consejo Fiscal informó favorablemente la modificación con el siguiente contenido:

● Las conformidades previas al señalamiento del juicio oral recibirán 25 puntos.
● Los dictámenes de calificación del concurso recibirán 20 puntos si se trata de concursos culpables y 10 si son fortuitos.
● En materia de cooperación jurídica internacional se incluyen, con una baremación de 10 puntos, actuaciones no contempladas: utilización de la videoconferencia para las declaraciones de investigados, testigos, celebraciones de juicios orales, reuniones relacionadas… ● Se modifica la norma 146 vigente en la actualidad -relativa a funciones y actividades de especial dedicación-, en el sentido de que, en atención a las circunstancias excepcionales que han recaído sobre los órganos territoriales del Ministerio Fiscal con ocasión de la crisis sanitaria y de la declaración del estado de alarma, se pueda tener en cuenta por la Jefatura a quienes de las plantillas hayan tenido que atender a exigencias especiales y extraordinarias.

Los vocales de la UPF hemos valorado positivamente que de forma excepcional y para poder abordar las situaciones derivadas de la incidencia de la pandemia en la actividad judicial, se flexibilice el sistema de forma que se permita a las jefaturas, de forma temporal, valorar el mayor esfuerzo realizado en cada una de las plantillas. Siempre de forma transparente, motivada y con conocimiento de las respectivas plantillas.

Este punto fue aprobado con los votos a favor de los vocales de la lista de la Unión Progresista de Fiscales y el de los dos fiscales natos.

Así mismo, insistimos en la necesaria transparencia que este sistema debe tener y para ello insistimos en la necesidad de que las jefaturas motiven debidamente las propuestas de modificación que se elevan al Ministerio y dicha motivación sea puesta en conocimiento de toda la plantilla.

También hemos instado a la Fiscal General del Estado para que en la web de la Fiscalía General del Estado se recoja una pestaña específica sobre esta materia que recoja toda la normativa que la regula.

Tercero: El Consejo Fiscal informó de modo favorable por mayoría, seis votos a favor y cuatro en contra, la designación realizada por el Fiscal Superior de Galicia de designación de un representante del Ministerio Fiscal para el despacho de un asunto concreto y se decidió por unanimidad encargar a la Inspección Fiscal un estudio sobre los posibles criterios que han de manejarse por las jefaturas para la designación de asuntos específicos, conforme con lo previsto en los artículos 22.4 y 26 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
Cuarto: Ante una consulta de compatibilidad formulada por un compañero fiscal, el Consejo Fiscal informó, de forma unánime, en el sentido de considerar que el cargo concreto de Vocal o Secretario de la Junta Directiva del organismo privado consultado es incompatible con la realización del cargo fiscal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57.8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Quinto: En relación a la propuesta de sanción disciplinaria y la de inidoneidad de dos fiscales sustitutos, el Consejo Fiscal manifestó su conformidad en ambos casos.
Sexto: El Consejo Fiscal emitió informe sobre la Oficina Fiscal de la Fiscalía Provincial de Córdoba que fue aprobado por mayoría.
Séptimo: La Fiscal General del Estado nos trasladó información al Consejo Fiscal sobre las actuaciones realizadas o dirigidas desde la Fiscalía General ante la declaración del estado de alarma derivado de la crisis sanitaria del COVID-19. Para ello, comparecieron en el Consejo Fiscal el Fiscal Jefe de la Técnica, Excmo Sr. D. Álvaro García Ortiz y la Fiscal perteneciente a la Unidad de Apoyo, Ilma Sra. Dña. Esmeralda Rasillo López.
El próximo pleno del Consejo Fiscal se celebrará previsiblemente a partir de la tercera semana del mes de julio y se realizarán nombramientos discrecionales. La Fiscal General aclaró que se realizarían comenzando por aquellas plazas que se consideren más necesarias, en atención a las circunstancias concretas.
Madrid a 25 de junio de 2020.

Aurelio Blanco Peñalver.
Carlos García-Berro Montilla.
Inés Herreros Hernández
Eduardo Navarro Domínguez.

Comunicado sobre la propuesta de reforma del artículo 324 de la Lecrim

La UPF lamenta profundamente la noticia de que la Comisión de Justicia del Congreso haya acordado por mayoría reformar el art. 324 de la LECrim en lugar de optar por su derogación, que es lo que esta asociación ha venido reivindicando desde la publicación de la L. 42/2015 que le dio el contenido actual.
Si bien se agradece que se atribuya a los jueces la responsabilidad de controlar los plazos de instrucción, alargar estos por seis meses no resuelve los problemas pues, el apartado tercero de la reforma propuesta prevé la nulidad de aquellas diligencias de investigación que se hayan practicado fuera del plazo inicial de 12 meses sin acordarse la prórroga o revocada esta por el órgano superior.
Las consecuencias de tal previsión pueden ser nefastas y afectar no solo al Ministerio Fiscal, al poner en entredicho su principal función- la de perseguir de forma imparcial la comisión de los delitos- sino también a las víctimas que pueden resultar perjudicadas por el archivo provocado por la imposibilidad de concluir la investigación y, además, al propio investigado que puede sufrir la consecuencia de que diligencias de investigación que le benefician resulten nulas.
Además, seguimos asistiendo a un distanciamiento de los plazos de investigación con los plazos de prescripción de los delitos. Deberemos explicar a la ciudadanía por qué puede dejar de investigarse un delito que no ha prescrito. Estamos más ante un problema de medios que de plazos y, sobre todo, de modelo de justicia penal. Este país tiene derecho a contar con un sistema de justicia penal racional y coherente. ¿Por qué el plazo de investigación de un delito no puede ser idéntico al de prescripción, que tiene en cuenta la gravedad y, por tanto, las necesidades procesales de su investigación y enjuiciamiento?
Por otra parte, como ya hemos advertido reiteradamente, nuestro ordenamiento penal y la jurisprudencia proponen soluciones suficientes para atenuar de forma más o menos intensa la responsabilidad penal por los delitos en los que la investigación se haya demorado más allá de lo razonable. El propio TJUE considera contrario al Derecho de la Unión Europea la fijación de plazos máximos de investigación en los estados nacionales cuando ha tenido que proteger sus propios bienes jurídicos (En este sentido, Asunto C-612 15, de 5 de junio de 2018).
Los ciudadanos y ciudadanas de este país han de saber que si, finalmente, se acuerda mantener plazos cortos de investigación, las consecuencias procesales serán funestas para la persecución de los delitos sin perjuicio de que, el Ministerio Fiscal intente, como siempre, cumplir de la manera más efectiva sus funciones con los mecanismos procesales puestos a su disposición a fin de conseguir la mejor y más justa respuesta para los afectados y para la sociedad en su conjunto.
Madrid, 26 de junio de 2020
El Secretariado Permanente.

COMUNICADO PLAZOS DE INSTRUCCIÓN

Ante el comunicado dado a conocer por Juezas y Jueces para la Democracia relativo a los plazos de investigación del art. 324 Lecr, la UPF estima necesario realizar las siguientes consideraciones.

Desde la entrada en vigor de los plazos de investigación en 2015, la UPF ha venido insistiendo de forma reiterada sobre las nefastas consecuencias que tendría una normativa de esta naturaleza en los procedimientos penales, desgraciadamente el tiempo nos ha dado la razón. De forma incesante aparecen noticias dando cuenta del archivo de procedimientos o imposibilidad de continuar la investigación en casos relacionados con la corrupción, y es que como bien se sabe la interpretación de una cuestión tan importante como el plazo de investigación del delito se ha dejado en manos de las Audiencias Provinciales que establecen criterios diferentes según las secciones, con merma evidente del principio de seguridad jurídica. La mayoría de resoluciones mantiene que se trata de plazos claros, preclusivos, lo que no ocurría con el plazo de un mes que previó la Lecr. en su redacción original, en consecuencia la imposibilidad de practicar más diligencias (a favor o en contra del acusado) pone en riesgo el derecho a la tutela judicial efectiva que también asiste al Ministerio Fiscal y con ello se pone en entredicho su principal función: la de perseguir de forma imparcial la comisión de los delitos, y por extensión el derecho de toda  la sociedad a perseguirlos por tratarse de los ataques más graves e intolerables al ordenamiento jurídico.

El sistema propuesto tampoco ha supuesto una agilización extraordinaria de las investigaciones, puesto que estamos más ante un problema de medios que de plazos y, sobre todo de modelo de justicia penal. No en vano muchas de las instrucciones son prorrogadas a solicitud del Ministerio Fiscal, justamente porque no pueden ser finalizadas en los tiempos propuestos por la norma procesal y los delitos de instrucción sencilla ya venían investigándose en un período relativamente corto de tiempo.

 El sistema vigente de plazos  presenta además una disfuncionalidad que lo invalida de forma permanente, en tanto en cuanto encomienda el control al Ministerio Fiscal, quien sin embargo no tiene atribuida como misión principal la investigación de los delitos.  

Por otra parte, la introducción de los plazos procesales de investigación no ha tenido en cuenta el plazo de prescripción de los delitos, que sin embargo ha ido agravándose en las últimas reformas del CP. En consecuencia, asistimos a un distanciamiento entre los plazos de investigación con los plazos de prescripción de los delitos y deberemos explicar a la ciudadanía, por qué puede dejar de investigarse un delito que no ha prescrito.

La UPF comparte la inquietud de la sociedad ante la respuesta tardía de la justicia penal pero la ciudadanía debe saber claramente que este sistema de plazos no resuelve la complejidad de las investigaciones, por las razones ya expresadas. Por otra parte nuestro ordenamiento penal y la jurisprudencia proponen soluciones suficientes para atenuar de forma más o menos intensa los delitos en los que la investigación se haya demorado más allá de lo razonable.

Así lo mantiene el TJUE, que considera contrario al Derecho de la Unión Europea la fijación de plazos máximos de investigación en los estados nacionales. En este sentido el Asunto C-612 15, de 5 de junio de 2018, en el que se perseguía un delito contra los intereses financieros de la Unión y el código procesal de Bulgaria (norma nacional) que preveía dos años de investigación, lo ha declarado contrario al art. 325 TFUE , que obliga a los Estados miembros a combatir el fraude y toda actividad ilegal, con medidas disuasorias y capaces de protección eficaz.

 Así las cosas, mientras no se modifique el modelo procesal penal y se atribuya la investigación al Ministerio Fiscal, no cabe otra posibilidad que solicitar la derogación del art. 324 como la medida más razonable, teniendo en cuenta que el sistema penal debe garantizar la protección de los ciudadanos a través de un proceso justo

Madrid a 8 de Junio de 2020

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA. DERECHOA A CUIDAR Y SER CUIDADO

El necesario cierre de los colegios y la crisis de las residencias de personas de la tercera edad nos coloca en un escenario en el que, si no abordamos prontas soluciones, serán las mujeres las que acaben pagando, con sus derechos y oportunidades, esta factura.

Por eso, la Unión Progresista de Fiscales considera que desde todos los agentes sociales y políticos debe abordarse un debate profundo que nos
conduzca a propuestas de solución estructural para afrontar la necesaria
corresponsabilidad y la conciliación, sin que esta caiga mayoritariamente
sobre la espalda de las mujeres

La situación de crisis sanitaria y económica que atravesamos ha puesto de
manifiesto, con más fuerza que nunca, la necesidad de sostener la vida a base de cuidar y ser cuidados. Nos apremia la necesidad de organizarnos de forma sostenible para, desde posiciones igualitarias, satisfacer las necesidades de atención a nuestra infancia, y a nuestras personas mayores y dependientes.


Nos urge, como sociedad, superar la falsa dicotomía entre producción y
cuidados para encontrar soluciones realistas que, no solo, descarguen de las mujeres la responsabilidad de las tareas de cuidado, sino que nos permitan el disfrute de una vida digna. Como reza el contenido del Plan de Igualdad de la Fiscalía General del Estado creemos que este debate debe analizarse desde el favorecimiento del ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Y como manifestación
de los derechos de las mujeres y de los hombres, la libre configuración de su tiempo para promover la corresponsabilidad a través del reparto de las obligaciones familiares, las tareas domésticas y el cuidado de personas dependientes mediante la individualización de los derechos y la prohibición de discriminación basada en su libre ejercicio.


Madrid a 12 de Mayo de 2020

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

DECLARACIÓN DE MEDEL SOBRE LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ALEMÁN DE 5 DE MAYO DE 2020.

El Tribunal Constitucional alemán (TCA) ha emitido el 5 de mayo de 2020, su tan esperada decisión sobre el programa de compra de bonos del Banco Central Europeo. Más allá de la cuestión del cumplimiento de los tratados del programa de ayuda financiera de Bruselas, esta decisión es interpretada por algunass/os como una amenaza potencial para el ordenamiento jurídico de la Unión Europea (UE) en la medida en que, parece poner en entredicho la autoridad de las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y, a través de ella, la supremacía del Derecho de la Unión.

Sin minimizar el impacto futuro de la decisión de tan respetado Tribunal, MEDEL desea subrayar que nunca puede ser considerada como algún tipo de justificación para los ataques contra el Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial que se han llevado a cabo en Estados como Hungría o Polonia. En primer lugar, y contrariamente a lo que han afirmado algunes/os, el TCA no pretende desobedecer el Derecho de la UE en favor de los valores nacionales. Por el contrario, su decisión tiene por objeto reforzar el Derecho de la UE en un caso en el que, a su juicio, el TJUE no lo ha protegido suficientemente. Por tanto, esta decisión trata de respetar y proteger la legislación de la UE, no de atacarla. Los gobiernos reaccionarios de algunos Estados miembros, que se han opuesto constantemente y han desafiado los valores fundamentales de la Unión Europea, no pueden encontrar amparo en esta decisión.

En segundo lugar, la decisión del Tribunal alemán, lejos de cuestionar la construcción de Europa, insta a las Instituciones de la UE y a los Estados miembros a profundizarla. Pero para avanzar en esta dirección, debemos construir una auténtica comunidad de valores y derechos, basada en la solidaridad y el respeto de los derechos fundamentales, no solo en un espacio económico común. Esta decisión nos recuerda que Europa necesita líderes políticos que puedan asumir sus responsabilidades y tener el valor de tomar las decisiones que nos permitan profundizar la democracia europea, como lo hicieron los fundadores de la UE hace 70 años. Por esta razón, de nuevo, no puede ser invocada dicha decisión por los gobiernos reaccionarios de algunos Estados miembros. Por último, y sobre todo, independientemente de las críticas que le podamos dirigir, la decisión del Tribunal Constitucional alemán sólo ha sido posible porque se trata de un verdadero tribunal, independiente del poder ejecutivo, compuesto por jueces/zas nombrados por sus méritos y experiencia, decidiendo exclusivamente sobre una base jurídica sólida e independiente. Por esta razón, los gobiernos reaccionarios de algunos Estados miembros, que constantemente cuestionaban la independencia del poder judicial y del Estado de Derecho, mediante el nombramiento de jueces/zas políticos/as en sus Tribunales constitucionales, no pueden escudarse en esta decisión.

6 de mayo de 2020