COMUNICADO DE LOS VOCALES DE LA LISTA DE LA UPF DEL CONSEJO FISCAL CELEBRADO EL DÍA 26.01.2023

Queridas compañeras y compañeros,

Ha sido éste un consejo fiscal breve, pero muy informativo respecto de cuestiones de sumo interés para toda la carrera.

1. Como sabéis por el orden del día, hemos recibido la visita del Director de transformación digital del Mº de Justicia, quien nos ha informadosobre los diferentes proyectos en marcha destinados a modernizar, agilizar y simplificar los instrumentos digitales al servicio de  la Fiscalía. Medidas que, aun cuando son de aplicación en el territorio-Ministerio, pretenden beneficiar a todo el mapa geográfico.

Entre las mismas cabe destacar:

●       Previsión de una partida de 5 millones de euros –derivada de fondos europeos- atribuida en exclusiva a la FGE, de los que 3 ½ mill irán destinados a un nuevo sistema de información (SIMF) con el que se pretenden superar las rémoras de Fortuny y reforzar la interoperabilidad con los sistemas de información autonómicos. Cuestión ésta que se hará a distinto nivel en función de la mayor o menor bondad de éstos: implantación al 100% (Asturias, por ej), integración de módulos o acceso a datos.

En cuanto a los tiempos, se pretende su progresiva ejecutividad con la idea de que empiece a ser operativo antes de su completa implantación, para lo que se  prevén unos 3-4 años.

●       Avances normativos con la Ley de Eficiencia digital (que repercutirá en nuestros “estadillos”), Ley de Eficiencia procesal y de Eficiencia organizativa.

●       SIMF orientado al dato; esto es, que genere alertas sobre los cambios que se produzcan en los datos (por ej: hojas histórico-penales).

●       Subsistema de información ACCEDA: sobre acceso controlado y seguro por medios electrónicos a los documentos judiciales electrónicos en los que sea parte el fiscal.

●       Proyectos específicos, tal como el de Víctimas vulnerables y protección de menores.

●       En materia de Inteligencia Artifical (IA), se trabaja en herramientas esenciales que llevamos tiempo demandando: búsqueda inteligente, anonimización de datos (ya activa) o textualización de vistas.

●       Robotización: sistema de IA sobre cuestiones mecánicas que no requieren valoración jurídica (ej: liquidaciones de condena) y automatización de procesos (se ha comenzado con la Fiscalía de Cooperación internacional)

●       “Cuadro de mandos”: sistema de gestión de personal, nóminas… donde se incluye un apartado referido a la estadística que generará los “estadillos” de forma mecánica.

●       CAU: un área especial de atención a la Fiscalía, conscientes de los desajustes que ha habido en el último año, derivados de una deficiente atención por la antigua empresa subcontratada.

Por parte del FGE se ha pedido que se realicen campañas informativas sobre los instrumentos que ya están en uso y son desconocidos por los fiscales, respecto de lo que se ha comunicado que ya tienen confeccionadas “píldoras informativas”.

Para la implantación y desarrollo de estos programas se está llevando a cabo un piloto en la Fiscalía Provincial de Guadalajara.

2. A continuación se ha aprobado por unanimidad el Proyecto de RD por el que se amplía la plantilla orgánica del MºFiscal para adecuarla a las necesidades existentes.

El proyecto final asume el borrador confeccionado por la Secretaria Técnica asistida de la Unidad de apoyo, limitándose a añadir que las 70 plazas debieran ser 70 + 6, referidas estas últimas a las dos fiscalías de sala con sus cuatro adjuntos, en lugar de detraerlas de aquel paquete.

Sobre esta cuestión, ha informado la Jefa de la Inspección Fiscal que era, precisamente, el acuerdo al que se había llegado inicialmente con el Ministerio, sin perjuicio de lo que finalmente haya resuelto éste.

Se ha tratado específicamente la necesidad de desdoblamiento de las fiscalías uniprovinciales, debate que –informa el FGE- se abrió a la carrera y que constituye, asimismo, criterio de la propia Fiscalía General. Con ello se aumentan las aspiraciones de los compañeros y se refuerzan las plantillas.

3. En lo referente a una solicitud de compatibilidad, instada por una compañera para impartir clase todos los miércoles en una universidad a más de 300Km de su puesto de trabajo, si bien la propuesta de informe de la Inspección Fiscal era desestimatoria, se ha concedido la solicitud con el voto de los consejeros de las listas de la Apif y AF.

Por nuestra parte, siendo lógicos partidarios de favorecer el desarrollo profesional paralelo de los fiscales, consideramos que debe supeditarse al ejercicio de nuestra función, que es un servicio público que debe ser garantizado. Autorizar, en este caso, la compatibilidad supondrá reestructurar los servicios de la plantilla, con la consiguiente afectación del resto de compañeros, al margen de que implica hacer descansar esta duplicidad laboral, no en el sistema, sino en la buena fe y flexibilidad de terceros.

4. En el caso de otra compañera, se trataba de una solicitud de amparo frente al trato recibido por parte de un juez en prácticas no tuteladas durante el desarrollo de los servicios de guardia. Y, aun cuando quiso expresar que se había sentido completamente amparada y respaldada activamente tanto por su fiscal jefe como por la Fiscal Superior, se ha resuelto por unanimidad concederle desde el Consejo Fiscal asimismo el amparo solicitado. 

 5. En lo referente a la modificación de la RPT de Sevilla, consistente en la concesión de un refuerzo con más de tres años de antigüedad, la razón de publicarse con retraso ha sido simplemente una desafortunada disfunción, según ha informado la Fiscal Jefe de la Inspección.

6. Ninguna objeción se ha planteado al respecto, como tampoco en cuanto al siguiente punto, relativo a la relación de convenios de colaboración y serie de viajes al extranjero efectuados por miembros de la plantilla.

7. En lo referente a las decisiones tomadas en el día previo al Consejo fiscal por la Comisión de productividad, Beatriz Sánchez Carreras  y Santiago Mena han informado que se acordó:

●       Mantener, como parte de la productividad, los desplazamientos entre sedes de una misma fiscalía siempre que haya cambio de partido judicial, lo que responde a la Norma nº 56.

●       No estimar la propuesta de la Fiscalía de Sala de Discapacidad y Mayores,  de incluir en los estadillos de productividad un nuevo apartado para incorporar los dictámenes e informes de los Fiscales que despachen las cuestiones de revisión de sentencias establecidas en la Disposición Transitoria 5ª de la Ley 8/2021, de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

8. Por último, el FGE ha informado al Consejo sobre una serie de cuestiones de variada índole:

●       La inminente publicación de dos decretos que afectan a:

o   La especialidad de delitos económicos: la plaza de coordinador de delitos económicos se va a mantener con la fisonomía que ostenta en la actualidad, dado que dotarla de la condición de Fiscal de Sala sin una estructura de fiscales adscritos carecería de sentido, postura compartida por el fiscal que tiene asumidas las competencias y que ha ejercido el protagonismo a la hora de confeccionar el decreto.

o   Ante la parálisis circunstancial que padece la Fiscalía Togada, derivada del estancamiento tanto del Tribunal Militar Central como de la Sala V del TS, el FGE ha optado por delegar en la Fiscal de Sala, Dolores Delgado, las competencias en materia de derechos humanos con la finalidad de que atienda cuestiones perentorias que venía ejerciendo, y con mucho esfuerzo añadido por la saturación que sufre, la Secretaría Técnica.

●       En lo referente a las Instrucciones emitidas para unificación de criterios a raíz de las modificaciones del Código Penal en materia de malversación y delitos contra a libertad sexual,  ha expuesto que su justificación se encuentra en la necesidad que había de fijar de manera inmediata el criterio de la Fiscalía. No obstante, se están confeccionando las correspondientes circulares por la Secretaría Técnica. 

         Por otra parte, ha querido aclarar que todos los decretos de naturaleza sustantiva que emite el FGE descansan sobre los borradores que efectúa la Secretaría Técnica, y que son sometidos al criterio de los Fiscales de Sala jefes de lo penal, a la Teniente fiscal del Tribunal Supremo, así como se intenta incorporar a algún fiscal con especial conocimiento en las cuestiones controvertidas de que se trate (por ej, informe del Fiscal de  T.C. en lo referente a la ley del “Sí es sí” y al Fiscal jefe de anticorrupción en cuanto a la malversación).

●       En cuanto a la conversión de las 219 plazas de fiscales, ha informado que el Mº de Justicia ha desestimado, con el informe de la Abogacía del Estado, la propuesta de la Fiscalía, consistente en que saliera a concurso un número de plazas igual a las plazas a convertir.  A raíz de esto, el Consejo Fiscal ha acordado que la FGE inste al Mª la urgente adopción de la iniciativa por la que opte a fin de que comience a beneficiar cuanto antes a los compañeros que resulten adjudicatarios.

●       En materia de concursos, se ha informado la próxima convocatoria de:

o   un concurso en febrero de alrededor de 30-34 plazas.

o   Otro concurso en febrero, donde se ofertarán las fiscalías de Sala, adjuntos y algunas más a determinar.

o   Un tercer concurso de 64 plazas, con fecha todavía no determinada.

La razón de que la FGE y la Inspección Fiscal hayan descartado un único concurso de cerca de 100 plazas ha sido que implicaría esperar al aumento de plantilla, y esto lo situaría en una fecha cercana al verano, circunstancia que ocurrió el año pasado y fue muy criticada por los compañeros por los desajustes que provocó en materia de conciliación familiar (búsqueda de colegios…).

●       A continuación, ha expuesto que existe un real decreto, el nº 93/2006 de 3 de febrero, por el que se regula el sistema de información del Mº Fiscal, desaprovechado hasta el momento.

         De acuerdo con su art. 8, la Comisión nacional que regula está integrada por: el FGE (que la preside), el Secretario de Estado de Justicia, dos Consejeros de Justicia de comunidades autónomas, un vocal del Consejo General del Poder Judicial, el Fiscal Inspector Jefe, el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, el Fiscal de Sala de la unidad de apoyo al Fiscal General del Estado y un fiscal designado por el FGE, oído el Consejo Fiscal.

La importancia de esta Comisión, y la posibilitad de que sea convocada por su presidente cuando se considere necesario, otorga una vía adicional a la Fiscalía de hacerse escuchar.

●       La pretensión de la Fiscalía General de retomar la Instrucción que regule a los fiscales SIMF -iniciativa iniciada y abandonada en su día-, con la finalidad de regular su régimen de actuación y designación. 

●       La integración de una nueva fiscal adscrita a la Fiscalía de Medioambiente, la compañera Carmen de la Fuente, antigua fiscal jefe de Cartagena.

Con verdadera vocación de servicio público y de ayudar a mejorar esta carrera y nuestros derechos,

Burgos y Sevilla, 27 de enero de 2023

Los representantes de la UPF ante el Consejo Fiscal 

Santiago Mena Cerdá y Yolanda Ortiz Mallol

COMUNICADO SOBRE LOS ASCENSOS EN LA CARRERA FISCAL

La Unión Progresista de Fiscales quiere felicitar a los 77 compañeros/as que han ascendido a la categoría de Fiscal en virtud del Real Decreto 45/2023, de 24 de enero publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado.

Hay que indicar que estos fiscales han tardado 11 años, 9 meses y 2 días en ascender desde que tomaron posesión como abogados fiscales, cuando la media de los últimos 27 años era ascender en unos 5 años y 2 meses.

La mayoría de ascensos responde a la ampliación de plantilla del Real Decreto 306/2022, de 3 de mayo con el que se crearon 52 plazas de la categoría segunda. A pesar que dicho RD se publicó el 4 de mayo, no ha sido hasta el día de hoy que 77 compañeros/as de la promoción 50ª han ascendido. Incluso, algunos de los ascendidos lo hacen con una antigüedad de enero de 2022. Es decir que podrían haber ascendido hace un año, pero el Ministerio de Justicia no lo ha querido así.

Esta situación produce graves consecuencias para los fiscales que esperan ascender habiendo plazas de 2ª vacantes. Por un lado, económicas, y es que conforme el art. 28 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2022, entre ambas categorías hay una diferencia salarial de 239,04 euros mensuales, los cuales han dejado de percibir los fiscales por cada mes que han tardado en ascender. Por el otro, la tardanza en ascender impide que los fiscales que tiene la categoría segunda puedan concursar a plazas discrecionales para determinados órganos de la fiscalía, mermando sus expectativas de promoción profesional.

Una vez más, comparándolo con la carrera judicial, el Ministerio de Justicia nos trata de forma diferente y desfavorable. Mientras que durante el 2022 hubo sólo un Real Decreto de ascenso (RD 155/2022, de 22 de febrero), en la carrera judicial hubo 4 Acuerdos de la Comisión Permanente del CGPJ para ascender a jueces a la categoría de magistrado (acuerdos de 26.1.2022, 23.3.2022, 15.9.2’22 y

1.12.2022).

El Ministerio de Justicia no se puede escudar en que en la carrera fiscal siempre ha habido un ascenso al año, puesto que en los años 1998 a 2002, 2004 a 2007, 2009, 2010 i 2013 hubo entre 2 y 5 ascensos al año.

Por ello, la Unión Progresista de Fiscales solicita al Ministerio de Justicia que promueva un mínimo de 4 ascensos al año para no mermar los derechos económicos, la promoción profesional de la carrera fiscal y para garantizar una equivalencia con la carrera judicial.

Las Palmas de la Gran Canaria, 25 de enero de 2023

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

ISIDORA SOLIS «DORI»

ISIDORA SOLIS «DORI»

Hoy se jubila Isidora Solís, nuestra compañera Dori, después de 40 años en ejercicio, de los que 28 lo han sido como Teniente Fiscal de la Fiscalía provincial de Huelva.

Cruz de San Raimundo, ha vivido siempre ajena a los formalismos, las solemnidades y las alabanzas.

Siendo una jovencísima fiscal, fue socia fundadora de la UPF para defender una visión de la carrera que la ha acompañado desde entonces: sometiendo la Ley a la Justicia.

Mujer comprometida y exigente, dotada de un singular sentido común, ha tratado siempre por igual a los profesionales y compañeros con los que compartía su día a día: desde la sencillez y la madurez y con una clarísima vocación de servicio público.

Su UPF le desea mucha felicidad en esta nueva etapa

COMUNICADO DE LOS VOCALES A PROPUESTA DE LA UPF DEL CONSEJO FISCAL CELEBRADO EL 15.12.2022

Comunicado/comunicación de los vocales de la Unión Progresista de Fiscales sobre las cuestiones tratadas en el Pleno del Consejo Fiscal de 15 de diciembre de 2022.

El Pleno se desarrolló a lo largo de la mañana y de la tarde del 15 de diciembre de 2022.


Antes de entrar en el desarrollo de los puntos incorporados al orden del día, el Excmo. Sr. Fiscal General anunció que, por parte de la FGE (Unidad de Apoyo), se está trabajando en el desarrollo de una nueva herramienta de textualización, sobre la que se pretende informar al Pleno del Consejo Fiscal en próxima reunión.

Seguidamente se debatieron informes del Consejo Fiscal sobre tres anteproyectos de ley:

1.- Anteproyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa. 

El Consejo aprueba el informe elaborado por la Secretaría Técnica.

2.- Anteproyecto de Ley de información clasificada.

Tras el estudio del informe elaborado por la Secretaría Técnica y del redactado por el Fiscal de Sala Jefe de la Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, la mayoría del Pleno del Consejo optó por proponer el segundo, anunciándose voto particular por parte de los Consejeros natos y de los vocales de la Unión Progresista de Fiscales para proponer el informe elaborado por la Secretaría Técnica.


3.-Anteproyecto de Ley de Creación de la actividad administrativa independiente de defensa del cliente financiero.

El borrador de informe de la Secretaría Técnica fue aprobado por unanimidad del Pleno.

En el segundo bloque de temas tratados podemos incluir los siguientes:


Planes de Inspección para 2023 de la Inspección Fiscal y los Fiscales Superiores.


La Excma. Sra. Fiscal Jefa de la Inspección Fiscal dio cuenta de los planes de visitas de inspección que llevarán a cabo en 2023. Expone la necesidad de coordinar este plan con el de los Fiscales Superiores al objeto de evitar duplicidades de trabajo.

Indica que la guía de trabajo que supone el Protocolo de Inspección aprobado en octubre de 2021 es muy útil, tanto para los inspectores como para los Fiscales Jefes y el resto de Fiscales.


Pone de manifiesto el gran trabajo de los integrantes de la Inspección Fiscal a la vista del escaso número de efectivos de la plantilla: 10 Fiscales (Fiscal Inspectora, Teniente Fiscal y ocho Fiscales). También esta plantilla está infradotada. Para soslayar estas dificultades la Inspección Fiscal realiza en ocasiones inspecciones vía remoto (telemáticas) con las dificultades que ello entraña.

Seguidamente se personó en el Pleno la Excma. Sra. Fiscal Jefa de la Unidad de Apoyo para informar sobre el estado de la situación, respecto de la posibilidad técnica del volcado automático de los estadillos de productividad.

En la actualidad es inviable, tanto técnicamente como administrativamente, a la vista de la existencia de diversas Consejerías de Justicia de las Comunidades Autónomas con transferencias de Justicia y del propio Ministerio de Justicia. Actualmente tenemos 13 sistemas informáticos en el país. Se puso de manifiesto la necesidad de fijar objetivos y plantear qué queremos que sea la productividad.


La Fiscal de la Unidad de Apoyo anunció que se está trabajando en la interconexión de Fortuny y Ainoa para realizar el “traslado” de una aplicación a la otra, a ser posible a partir del primer trimestre de 2023.


El Fiscal General del Estado anunció que esta cuestión será tratada en un Pleno monográfico del Consejo Fiscal.


Igualmente se pospusieron otras cuestiones como la propuesta por la Fiscal de Sala de Personas con Discapacidad y Mayores sobre la inclusión en los estadillos de productividad de los informes de revisión previstos en la Disposición Transitoria 5ª de la Ley 8/2021, así como de la inclusión en estadillos de los desplazamientos de los Fiscales de Área a sedes distintas de las de su destino. Sobre estas materias deberá conocer primeramente la Comisión de Productividad y seguidamente el Pleno del Consejo.

Se planteaba la petición de información sobre los trabajos llevados a cabo por la Comisión de reconversión de 219 plazas de tercera en segunda categoría. Debido a la complejidad de la problemática que ello genera y con el objeto de buscar la mejor solución consensuada, quedó pospuesta la toma de decisión.

El Consejo fue informado por la Excma. Sra. Fiscal Inspectora sobre las plazas de Fiscales en expectativa de destino que afecta a la LX Promoción de Fiscales. 

La Inspección es consciente de las dificultades que genera la situación, tanto para los Fiscales en expectativa como para los propias Fiscalías que deben solucionar los problemas de efectivos con Fiscales sustitutos y/o de refuerzo.


El Consejo Fiscal estudió la solicitud de un compañero Fiscal para formar parte del Consejo Editorial de un blog privado dedicado al estudio de temas jurídico-políticos.

La mayoría del Consejo denegó esa pretensión.

Seguidamente se informó por la Fiscal Inspectora sobre el presupuesto ejecutado en el ejercicio de 2021 en relación con las sustituciones en la Carrera Fiscal.

El último apartado de este bloque; la posible modificación de la RPT de la Oficina Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Illes Balears, quedó pospuesto para una posterior sesión.


En el bloque dedicado a la resolución del Concurso discrecional convocado para provisión de destinos vacantes en la Carrera Fiscal (Orden JUS/1001/2022, de 19 de octubre) informamos: 


Como cuestión previa el Fiscal General del Estado explicó que en fechas anteriores a la reunión del Consejo Fiscal ha venido realizando entrevistas con los candidatos a las plazas ofertadas en el concurso discrecional, de forma voluntaria para los solicitantes y enteramente confidencial. El contenido de estas fue pactado, con preguntas establecidas previamente y de carácter general. Explicó que su pretensión fue evitar la costumbre histórica de llamadas y/o visitas a la FGE de los candidatos sin un mínimo de igualdad.


Sostuvo, que en el futuro pretende seguir con esta dinámica, ofreciendo al Pleno del Consejo Fiscal la posibilidad del visionado de las grabaciones de las mentadas entrevistas en aras a dar mayor inmediación y trasparencia al proceso concursal.


Las realizadas en el proceso actual (Orden JUS/1001/2022, de 19 de octubre) no se ofrecen al Pleno, porque ese fue el compromiso con los candidatos.


Las plazas ofertadas a las que concursaba un único peticionario fueron informadas favorablemente por unanimidad del Consejo Fiscal, aceptándose por el Fiscal del Estado proponerlos como tal.

Purificación Sobrino Garrido – Teniente Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Valentín José de la Iglesia Palacios – Teniente Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de la Rioja.


David Campeyo Soler – Fiscal Jefe de la Fiscalía de Área de Cartagena.


Mónica Arias Domínguez – Fiscal Jefa de la Fiscalía de Área de Alcalá de Henares.

Por unanimidad del Consejo, se propuso para Fiscal de la Audiencia Nacional a Manuel Campoy Miñarro.

El Fiscal General del Estado propondrá para ser Fiscal del Tribunal Supremo (Sección Social), a Juan Calixto Galán Cáceres, que contó con siete votos, cuatro de los vocales de la AF, y los vocales natos. Francisco Ramón Sánchez Melgarejo contó con dos votos de la AF y uno de UPF y Javier Comyn Rodríguez un voto de UPF. 


El candidato propuesto por el Fiscal General del Estado para la plaza de Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Tenerife fue Jose Luis Sánchez-Jáuregui Alcaide que contó con dos votos de los Consejeros de UPF y los tres de los vocales natos. Carlos Mª Eguíluz Casanovas, obtuvo siete votos, seis de AF y uno de APIF.


Para la Jefatura de la Fiscalía Provincial de Bizkaia fue propuesta Ana María Soler Ibarra que contó con los dos votos de la UPF y los tres de los vocales natos. Jesús María Izaguirre Gerricagoitia obtuvo seis votos de AF y uno de la APIF.


El Fiscal General del Estado propuso a Francisco Ortega Silva como Fiscal Jefe de la Fiscalía de Área de Mérida, quien contó con los dos votos de UPF y tres de los Consejeros natos.

El otro candidato José Luis Jaúdenes Casaubón obtuvo siete votos, seis de la AF y uno de APIF.


En el trámite de ruegos y preguntas por parte de los Consejeros de la UPF se planteó el estudio de la dinamización de las Fiscalías mediante la renovación de la Jefaturas una vez transcurrido el segundo mandato, así como la necesidad de someter a debate la conveniencia de la renovación de las delegaciones y coordinaciones especiales tras un periodo de diez años destinado en ellas.

Se planteó la conveniencia de convocar y resolver tres concursos de traslado al año. La Inspectora aseguró que el año 2023 se realizarán tres concursos.

Con verdadera vocación de servicio público y de ayudar a mejorar esta carrera y nuestros derechos.

Burgos y Sevilla, 20 de Diciembre de 2022

Los representantes de la UPF ante el Consejo Fiscal 

Santiago Mena Cerdá y Yolanda Ortiz Mallol

MODIFICACIONES AL CODIGO PENAL

La Unión Progresista de Fiscales, en relación a las últimas y diversas modificaciones del Código Penal, quiere mostrar su firme oposición a la técnica legislativa utilizada, que priva de los preceptivos informes del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, así como impide el debate público, prudente y sosegado que debe preceder a tan importantes cambios normativos.

Los informes de los superiores órganos consultores del estado no son un simple tramite, son un elemento fundamental para dotarles de una mayor técnica legislativa y advertir de las posibles consecuencias en su aplicación

El Código Penal es una norma fundamental del Estado de Derecho y sus modificaciones, no pueden realizarse de manera apresurada, deben realizarse siempre atendiendo el interés general de toda la ciudadanía y con los más elevados estándares de técnica legislativa

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de diciembre de 2022

El Secretariado Permanente de la UPF

COMUNICADO SOBRE LA NO RENOVACIÓN DEL CGPJ

La Unión Progresista de Fiscales denuncia la actuación del Partido Popular que, una vez más, impide la renovación del C.G.P.J. Esta situación de bloqueo coloca nuestro estado de derecho en una situación de crisis sin precedentes.


Por eso, reiterando la petición que está asociación realizó en comunicado de 30 de julio de 2021, instamos a los miembros del Consejo General del Poder Judicial para que, en un ejercicio de coherencia, dignidad y responsabilidad constitucional, dimitan en bloque para facilitar así la ya, inaplazable, renovación del C.G.P.J.


Las Palmas de Gran Canaria, 28 de octubre de 2022

CONCLUSIONES XXXVI CONGRESO UPF TOLEDO 2022

AFGANISTÁN.

La Unión Progresista de Fiscales, con extraordinaria preocupación, denuncia la situación que atraviesan desde el mes de agosto de 2021 las y los juristas de Afganistán – jueces, fiscales y defensores de derechos humanos- que se encuentran en la actualidad desplazados en Emiratos Árabes, Irán, Turquía y Pakistán.

Recordamos que estas personas, a través del servicio público que han prestado en ese país, promovieron en él el estado de derecho con el apoyo de la comunidad internacional.

Denunciamos el olvido que estas personas están sufriendo por parte del Gobierno de España y el abandono en el que se ha dejado a las embajadas españolas en las que se tramitan su protección internacional. De esta forma se ha vaciado de contenido el artículo 38 de la Ley de Asilo 12/2009 de 30 de octubre relativo a la solicitudes de protección internacional en embajadas y consulados.

Con la firme convicción de que concurren razones obvias de extraordinaria y urgente necesidad interesamos del Gobierno de España:

1° Que se de curso, sin demora, a la aplicación del artículo 38 de la Ley de Asilo 12/2009.

2° Que se aplique la Recomendación n°32 de la CEDAW sobre la necesidad de aplicar la perspectiva de género para el caso de las solicitudes de protección internacional de las mujeres.

3° Se refuercen las embajadas de los países donde estas personas afganas se encuentran desplazadas y en evidente situación de peligro para sus vidas.

MEDIO AMBIENTE.

El medio ambiente es un bien jurídico colectivo de rango constitucional a cuya protección nos debemos como fiscales, en el ámbito penal y el administrativo, por disposición del artículo 45 de nuestra Constitución.

La preocupación por la protección del medio ambiente ante la evidencia científica de los peligros derivados del cambio climático y el consiguiente calentamiento global es también, desde hace décadas, objeto de atención en diversos instrumentos y organizaciones internacionales. Desde la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992), pasando por el fundamental Protocolo de Kioto (1998), el Acuerdo de París (2015) y las diferentes Cumbres sobre el Clima (entre ellas la de Madrid 2019). El grado cumplimiento de estos acuerdos en orden a la reducción de emisiones y al intento de controlar el calentamiento global ha sido diverso.

Sin embargo, desde la UPF observamos con alarmante preocupación el auge de posiciones políticas que, so pretexto de la situación económica y la crisis energética, derivadas de los factores que ya todos conocemos, propugnan, desde posturas ideológicas negacionistas o postergacionistas al respecto del cambio climático, el incumplimiento de los objetivos derivados de tales compromisos internacionales, en aras de la protección de la economía, estableciendo una contraposición falaz entre sostenibilidad económica y climática.

Que la situación no admite demora es algo sobre lo que no hay debate en la comunidad científica. La falta de adopción de medidas frente al calentamiento global, habida cuenta de las consecuencias en las que dicho fenómeno se traduce (multiplicación de fenómenos meteorológicos extremos, olas de calor, inundaciones, sequías prolongadas, incendios forestales de sexta generación, de los que hemos tenido buenos ejemplos este año en nuestro país, aumento del nivel del mar, entre otros) no supone un alivio para la economía, más bien lo contrario.

En este sentido, no cabe admitir como solución válida la vuelta a medios de producción de energía particularmente contaminantes como el carbón, o como la energía nuclear, por el problema de la gestión de los residuos y sus altos riesgos. Se debe continuar en la senda de propugnar como objetivo el desarrollo de las energías renovables, únicas que permiten asegurar el cumplimiento de los objetivos sin consecuencias nocivas para el planeta.

Por otra parte, ante la ola de incendios extremadamente graves sucedido en nuestro país en este año, agravados sin duda por las condiciones climatológicas consecuencia del cambio climático y el abandono del mundo rural, la UPF hace un llamamiento a las administraciones competentes para que avancen en medidas con eficacia real para combatirlos, cuales son el desarrollo de políticas que promuevan la vuelta al mundo rural, la implementación de un modelo de gestión del monte público adecuado a la nueva realidad, el desarrollo de un modelo eficaz de prevención aumentando las actuales dotaciones, la adopción de planes de prevención y la exigencia de planes de autoprotección en aquellos casos en los que legalmente proceda, el incremento de los medios de detección y extinción de incendios y su permanencia a lo largo del año, habida cuenta de que el riesgo de incendios ya no se concreta en los meses estivales.

Hay que ser consciente de que los incendios forestales son inevitables, pero es a la administración a quien le corresponde evitar que sus consecuencias sean catastróficas, tanto desde el punto de vista de pérdidas personales como en el coste ecológico y económico.

SÁHARA OCCIDENTAL.

El Reino de España sigue siendo la potencia colonial del Sáhara Occidental. Como tal, y con base en los arts. 73 y 74 de la Carta de la ONU, el Gobierno de España tiene como deber inexcusable la defensa del autogobierno saharaui y carece del derecho a alinearse con las tesis anexionistas de Marruecos. España no puede defender la autonomía del Sáhara Occidental dentro del Estado marroquí. El Sáhara Occidental es un caso de descolonización inacabada, por lo que permanece incólume el derecho de la población autóctona a pronunciarse sobre su destino, que debe inexorablemente incluir la opción de la independencia.

EXPECTATIVA DE DESTINO.

La expectativa de destino es una figura que debería tener un carácter excepcional y se está implantando con un carácter general, lo que provoca incertidumbre a la persona afectada y también a la fiscalía a la que accede. Lamentamos que esta situación de expectativa de destino vaya a continuar con la última promoción nº 60⁰.

El desconocimiento de esta figura y de sus funciones, supone que, en algunas ocasiones, no se tiene la plenitud de funciones que correspondería como fiscal titular y se les ofrezca condiciones laborales de peor calidad que a los titulares.

Los y las fiscales en expectativa de destino tienen la obligación de concursar, sin saber cuándo y dónde se producirá, lo que supone una importante incertidumbre, hasta que se acceda a la plaza en titularidad, lo que dificulta la integración en la plantilla en un momento vital tan crucial como es el inicio de la andadura profesional.

Por eso, proponemos la creación de plazas orgánicas para tantos fiscales como ingresen en la plantilla.

También proponemos que, durante el tiempo que se extienda esta situación, desde la Fiscalía General del Estado se den instrucciones a las distintas fiscalías para que haya una unidad de criterio que garantice la igualdad de estos compañeros con el resto de la plantilla en relación a los lotes de trabajo, servicios y retribución.

No podemos obviar que los fiscales que salen de CEJ son fiscales de carrera que merecen, como no puede ser de otro modo, que sean recibidos y tratados, desde un primer momento, como iguales al resto de plantilla.

CONLUSIÓN SOBRE LA CONCILIACIÓN POR ESCOLARIZACIÓN EN LOS CONCURSOS DE TRASLADOS.

La Unión Progresista de Fiscales siempre ha creído firmemente en la conciliación familiar y laboral, por eso instamos a la FGE a que sea sensible con las situaciones familiares de los integrantes de la carrera fiscal y, en concreto:

Primero. Que interprete el término “escolarización” en relación a la retención por conciliación en los concursos de traslados que se regula en el art. 71.4 del Reglamento del Ministerio Fiscal de forma amplia y que comprenda las distintas etapas educativas que recoge el art. 3.2 de la Ley Orgánica de Educación como hasta hace poco ha hecho en sus precedentes.

Segundo. Que la FGE no limite la retención por escolarización en un máximo de 6 meses (plazo que se establece sólo por necesidades de trabajo en la fiscalía de origen), hacerlo así supone una interpretación contraria a la finalidad de la norma y contrario a la conciliación. La retención por conciliación debe durar hasta la finalización del curso escolar.

Tercero. Que la FGE extreme el celo en razonar los casos de denegación de la retención por conciliación por escolarización, ya que las únicas razones de oposición son “las necesidades del servicio y de los intereses generales relacionados con la necesidad de proveer los destinos vacantes para asegurar el buen funcionamiento de las fiscalías”.

Es por ello, que la FGE debería denegar la retención de forma especialmente argumentada sólo cuando la perturbación del servicio o el buen funcionamiento de la fiscalía sea grave y no pueda solucionarse a través del sistema de sustituciones del RD 147/2022.

CONLUSIÓN SOBRE LA LACTANCIA ACUMULADA Y LA LACTANCIA EN LOS CASOS DE PARTOS MÚLTIPLES

La Unión Progresista de Fiscales siempre ha creído firmemente en la conciliación familiar y laboral, por ello insta al Ministerio de Justicia a:

Primero. Que interprete y aplique el artículo 104 a) del Reglamento del Ministerio Fiscal de forma que los días hábiles para calcular los días de lactancia acumulada sean los días hábiles desde el nacimiento del hijo/a y hasta que éste cumpla los 12 meses.

Para ello el Ministerio debe abandonar el criterio actual que sostiene que los días para el cálculo de los días de lactancia acumulada son los días hábiles que hay entre la finalización del permiso de maternidad/paternidad y hasta que el hijo/a tiene 12 meses.

La interpretación que hasta ahora ha mantenido el Ministerio implica que si la madre biológica se coge las 16 semanas de maternidad seguidas después del parto y el otro progenitor las 6 primeras obligatorias de paternidad después del parto y las 10 restantes cuando acabe la madre su maternidad, la madre biológica gozará de más días de lactancia que el otro progenitor.

Ello supone, como ha declarado la jurisprudencia, una consolidación de la división sexista y una perpetuación del reparto tradicional en las responsabilidades familiares ya que al tener la madre biológica más días de lactancia que el padre es aquélla quien asume más responsabilidad en la función parental, hasta el punto de que a una fiscal le han reconocido casi 20 días de lactancia y a su marido, también fiscal, sólo 1,6 días de lactancia.

Segundo. Que interprete y aplique la expresión “se incrementará proporcionalmente” el periodo de lactancia en casos de parto múltiple (art. 104 a. párrafo 2o del RMF en el sentido de conceder el doble de tiempo en caso de gemelos, el triple en caso de trillizos y así sucesivamente tal y como ha declarado la jurisprudencia.

Para ello debe abandonar la interpretación restrictiva, alegal y contraria a la conciliación de la vida laboral y familiar de añadir a la lactancia mecánicamente dos  semanas más, puesto que este criterio está previsto para el permiso de maternidad/paternidad (arts. 99.2 y 101.2 párrafo 2o del RMF), pero no para la lactancia y su resultado es reducir los días de lactancia de las y los fiscales.

RÉGIMEN RETRIBUTIVO DE LA CARRERA FISCAL

Los Ministerios de Hacienda y Justicia han acordado la suspensión de la “comisión para la adecuación periódica de las retribuciones de los miembros de la carrera judicial y fiscal”. Ante ello, la Unión Progresista de Fiscales muestra su preocupación por este nuevo incumplimiento ya que la propia Ley 15/2003, del régimen retributivo de la carrera judicial y fiscal establece en la disposición adicional primera que dicha comisión debería reunirse cada 5 años, previsión que o se ha materializado desde la aprobación de la Ley hace más de 19 años.

En el marco de dicha reunión la UPF quería reivindicar, como ya lo ha hecho en otros foros, las siguientes líneas de actuación.

1.- La eliminación de los grupos de población IV y V de la Ley citada.

2.- La actualización de la retribución de las guardias sobre todo en aquellas guardias de carácter semanal y el pago de las guardias de violencia sobre la mujer en aquellos partidos judiciales donde no se remunera.

3.- La consolidación del trienio conforme a la categoría que se tenga en ese momento y no conforme a la categoría de acceso.

4.- El aumento hasta el 5% de la partida prevista para la productividad que permita un mayor reparto entre toda la carrera fiscal.

Por ello, la Unión Progresista de Fiscales solicitamos que se vuelva a convocar la mesa de retribuciones y se cite a todas las partes implicadas.

ASCENSOS A LA SEGUNDA CATEGORÍA EN LA CARRERA FISCAL.

La actual situación de los ascensos a la categoría 2ª resulta un problema importante en la carrera fiscal que crea desigualdad entre los miembros que la conforman. En los últimos años los plazos para ascender se han ido incrementando de una forma vergonzosa que no ha ido acompañada de creación de nuevas plazas de 2ª categoría.

Esta tardanza en ascender tiene consecuencias retributivas para los fiscales que dejan de cobrar el sueldo base correspondiente a la categoría fiscal y efectos de carrera profesional, puesto que se les vetan distintos puestos dentro de la estructura de la Fiscalía.

La situación es todavía más grave si la comparamos con la carrera judicial, donde los jueces representan el 10,3 % y los abogados fiscales el 29,4 %.

En los presupuestos generales del estado del año 2022, se presupuestó la transformación de 219 plazas de la categoría de abogado fiscal de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal en plazas de la categoría fiscal, siendo que a día de hoy no se tiene noticias del resultado de dicha transformación.

Por ello, la Unión Progresista de Fiscales instamos al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General del Estado para que trabajen intensa y conjuntamente con las asociaciones de fiscales porque el mismo es de vital importancia para el devenir de la carrera fiscal, sin que se pueda dejar escapar esta oportunidad.

INCREMENTO RETRIBUTIVO DE LA REMUNERACIÓN DE LAS GUARDIAS SEMANALES.

En la Unión Progresista de Fiscales consideramos que debe ser una prioridad la revisión de la remuneración de los servicios de guardia semanal, en aras a garantizar la dignidad de la función de las y los fiscales, en los términos del artículo 402 de la LOPJ, considerando no sólo la insuficiencia de la subida que anualmente experimenta la retribución de tal servicio, sino, y particularmente, la manifiesta exigüidad de las cuantías que inicialmente se establecieron en la Orden PRE/1416/2003, de 3 de junio, que acepta injustificables diferencias salariales según la duración del servicio de guardia, en detrimento de las guardias que se prestan en fiscalías habitualmente con menor plantilla que en las grandes ciudades y que suponen, no obstante, una mayor periodicidad en la prestación del servicio estas ciudades y que suponen, no obstante, una mayor periodicidad en la prestación del servicio para los mismos: las guardias semanales.

Consideramos del todo intolerable que mientras el IPC se ha incrementado en un 66,6% desde el año 2003, la retribución de los servicios de guardia semanal lo haya hecho en un mero 19,8%, lo que supone apenas 53,5 euros en 20 años; y que, a diferencia de las guardias de 24 horas, en la retribución de los servicios de guardia semanal no se contemplen de manera específica los festivos que la semana abarca.

Por todo ello, exigimos la subida de la retribución de los servicios de guardia semanal en un 40% debiendo adicionarse 58,75 euros por cada sábado, domingo y festivo que la semana incluya, tal y como ya sucede en las guardias de 24h.

DELEGACIÓN POR PARTE DEL FGE A LA FISCALÍA DE SALA CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER DE LAS COMPETENCIAS DE SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE CRITERIOS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA SEXUAL.

El Convenio de Estambul (Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica de 2011), impuso a los estados parte la obligación de adoptar “… las medidas legislativas o de otro tipo necesarias, de conformidad con los principios fundamentales de los derechos humanos y teniendo en cuenta la perspectiva de género en este tipo de violencia, para garantizar una investigación y un procedimiento efectivos por los delitos previstos en el presente Convenio” (art. 49), exigiendo así una respuesta especializada no solo a la violencia que sufre la mujer en el ámbito de la pareja o expareja sino también a esas otras formas de violencia que sufren las mujeres por razón de género en otros ámbitos, público o privado.

Esta exigencia fue asumida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por unanimidad por el Congreso de los Diputados y el Senado en diciembre de 2017, en concreto, en la medida 84 del Informe de la Subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados que recogió como propuesta de actuación “[a]ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra las mujeres contenidos en el Convenio de Estambul”.

Siguiendo esa senda, en la L.O. 10/2022 de Garantía Integral de la libertad sexual, la especialización en la respuesta a todas las formas de violencia sexual es una constante a lo largo de su articulado y para conseguir ese propósito, en la disposición final 20ª, dispone que en el plazo de un año a contar de la entrada en vigor de la ley, el gobierno tiene que remitir a las Cortes Generales un proyecto de modificación de la LOPJ y del EOMF para revisar las competencias de los juzgados de violencia y de la Fiscalía contra la violencia sobre la mujer. La perspectiva de género e interseccionalidad para que garantizar todas las acciones judiciales, medidas de protección y de apoyo y servicios para las víctimas, se erige en el enfoque principal de la Ley.

Sin necesidad de esperar a que se lleven a cabo las reformas apuntadas, la Fiscalía General del Estado puede adoptar otras medidas, de acuerdo con el art. 49 del Convenio de Estambul, por las que se adelante esa respuesta especializada a las violencias sexuales, en concreto y de conformidad con el art. 22-3 del EOMF, puede delegar en la Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer las funciones supervisión y coordinación de criterios de actuación en materia de violencia sexual, aprovechando, desde ya, su experiencia en la aplicación de la perspectiva de género y de la niñez, tanto en la interpretación como en la aplicación de las leyes y en el tratamiento de las víctimas de violencias machistas.

Por todo ello, y sin perjuicio de exigir celeridad en la remisión y tramitación del proyecto de ley que revise las competencias de los Juzgados de violencia sobre la Mujer y de las Fiscalía especializada, lo que permitirá dar una respuesta especializada global, proponemos al Excmo. Sr. FGE que delegue en la Fiscal de Sala contra la violencia sobre la Mujer las competencias de supervisión y coordinación de criterios de actuación en materia de violencia sexual que se refiere la LO 1/2022, poniéndose así la Fiscalía, una vez más, a la vanguardia en la respuesta especializada ante una de las más graves manifestaciones de discriminación por razón de género.

TRANSEXUALIDAD Y DERECHO AL NOMBRE.

La transexualidad es una realidad social que ha estado marginada y discriminada. Las dificultades que sufren estas personas en su cotidianidad son múltiples en todos los ámbitos de su vida personal, familiar, laboral y social.

El derecho al nombre forma parte de la dignidad de las personas y del libre desarrollo de su personalidad, así como del principio constitucional de igualdad y del derecho fundamental de prohibición de discriminación.

Las personas transexuales que todavía no han efectuado o culminado los trámites legales para acomodar su nombre registral tienen derecho a ser tratadas en todos los ámbitos de su vida diaria, y por tanto también en sus relaciones con las diferentes administraciones públicas, por el nombre que habitualmente usan conforme a su identidad de género sentida, todo ello sin perjuicio del

cumplimiento de las exigencias propias que comporta la necesaria seguridad jurídica.

La Unión Progresista de Fiscales insta a la Fiscalía General del Estado para que imparta en la carrera fiscal las pautas necesarias que permitan garantizar el pleno ejercicio de dicho derecho a las personas transexuales tanto en sus intervenciones orales como comunicaciones escritas.

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

1. Reclamar de las instituciones públicas competentes y de las organizaciones empresariales y de trabajadores/as, un gran pacto social para que los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales dejen de constituir el dramático problema que suponen en la actualidad y que causan un gran dolor a las personas y daño a la sociedad.

2. Que se llevan a cabo campañas públicas institucionales para hacer ver a la sociedad la gravedad de este problema, que no es inevitable, accidental o irrelevante y que afecta a todos los trabajadores/as de nuestra sociedad.

3.- Que se constituya en el Ministerio Fiscal una unidad de defensa integral de los derechos de los trabajadores como modo de avanzar en la tarea de acabar con todas las formas de precariedad laboral y de trato injusto a los trabajadores, cuando se incumplen las leyes laborales y que origina siniestralidad laboral y gran dolor familiar y social.

CONCLUSIÓN SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA CONTRA EL DISCURSO DE ODIO

La difusión del discurso de odio no es en muchas ocasiones fruto de una acción individual sino parte de una estrategia de grupos extremistas que, por sí o a través de personas interpuestas y empleando múltiples herramientas (internet, redes sociales, medios de comunicación, etc), atacan de manera deliberada y frontal nuestro modelo de convivencia democrática inspirada en los principios constitucionales de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político.

No en vano la vigente Estrategia Nacional contra el Terrorismo de 2019 resalta la importancia de impedir la expansión de movimientos extremistas violentos y la difusión de su discurso con el fin de evitar la proliferación de ideas fundamentalistas, no integradoras y excluyentes.

Por ello, y para asegurar la eficacia y efectividad de la persecución de estos delitos, la UPF propone una modificación del artículo 65 de la LOPJ al objeto de incluir entre la competencias de la Audiencia Nacional la instrucción y enjuiciamiento de los delios de odio siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias.

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

El artículo 1.1 de la Constitución Española de 29 de diciembre de 1978 establece que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”.

La actual situación de interinidad del CGPJ, desde hace más de 1000 días, con su Presidente recientemente dimitido, incide directamente en el valor “Derecho” que proclama la Constitución. Si ese valor no se cumple plenamente, la situación infecta directamente el cuerpo principal formado por “Estado social y democrático”, provocando un déficit intolerable de los valores supremos de nuestra Constitución, de modo que la democracia, valor absoluto de nuestra forma de estado y de gobierno, se ve amenazada seriamente.

La organización de los poderes del Estado, la Administración de Justicia, es unos de los pilares fundamentales del equilibrio democrático, no es propiedad de ninguna persona, grupo o conjunto de entidades o personas en nuestro país, aunque hayan sido elegidos democráticamente.

No es propiedad ni de los miembros del mismo Poder Judicial, ni siquiera de las Cortes Generales democráticamente elegidas. Es propiedad de la soberanía nacional que según el artículo 1.2 de nuestra Constitución reside exclusivamente en el pueblo español. Es decir, en todos y cada uno de nosotros.

Por tanto, el cumplimiento de la LOPJ, ley fundamental en nuestro sistema de equilibrios democráticos, es ineludible, inaplazable y preferente sobre cualquier opción o grupo de opciones políticas. Incluso por delante de una hipotética modificación de la misma ley. Primero se cumple con la ley y luego, si procede y se consensua democráticamente se modifica para el futuro.

Por tanto, la UPF exige a los encargados por la LOPJ de la renovación inmediata de la composición del Consejo General del Poder Judicial conforme a la ley vigente. Y ello para evitar el claro e injusto desprestigio de la Administración de Justicia, guardiana principal de las libertades en nuestro estado y situando, nuevamente, a los encargados de su renovación dentro de la legalidad y a los miembros del órgano de dirección llamado CGPJ, también dentro de la legalidad, en la que actualmente no están ni unos ni otros.

Posteriormente, vendrá, si nuestros máximos representantes elegidos democráticamente así lo acuerdan, la modificación del sistema de elección de los vocales. No obstante, la UPF prefiere un sistema más avanzado de participación democrática en la elección de dichos vocales, por delante de un sistema de elección solamente de entre los jueces y magistrados, pues estos últimos no han sido elegidos mediante un sistema de democracia directa y, además, el poder judicial no se integra únicamente por jueces y magistrados.

ESTADO DE DERECHO A LA DERIVA EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL.

Estamos ante una situación internacional de ámbito europeo y global extremamente preocupante con amenazas y ataques a distintos estados de derecho que, en la actual situación política y económica puede llevar a un punto de no retorno.

Por un lado, el abandono de la comunidad internacional no solo por parte de los gobiernos sino especialmente por los organismos supranacionales que fueron en su día diseñados para la protección de los derechos fundamentales.

Por otro lado, como parte del mundo, denominado occidental, hemos dejado a su suerte a miles de refugiados y refugiadas que se han visto obligados a abandonar sus países a los que en su día, gobiernos occidentales prometieron y fomentaron la construcción de estados constitucionales y democráticos.

A lo anterior se suma la existencia actual de una guerra, desde muchos puntos de vista, injustificada e ilegal, producto de intereses económicos y del afán de expansión territorial con el único fin de aumentar el poder geopolítico de unos y otros.

La crisis económica y social generada por esta situación, es aprovechada por los sectores más retrógrados de la sociedad, con el impulso de múltiples intereses económicos, para poner en riesgo la evolución de la protección de los derechos humanos de las últimas décadas y las conquistas progresistas.

El Poder Judicial se deslegitima ante una sociedad cada vez más polarizada y sembrada de discursos populistas que buscan la división entre “nosotros” y los “otros” el discurso populista es el del inmediato y no el de los argumentos y razones.

En este contexto es más que nunca imprescindible una actuación fuerte y decidida de asociaciones como la UPF y otras asociaciones de fiscales y jueces para afirmar la democracia, como espacio de protección de las minorías y los más vulnerables, contra una visión plebiscitaria de la democracia y la dictadura de la mayoría.

LIMITACIÓN DE MANDATOS

La Unión Progresista de Fiscales consideramos que el plazo de dos mandatos en el ejercicio de una jefatura tanto provincial, autonómica como de área, durante un periodo máximo de 10 años, debe ser el modelo a los efectos de dinamizar todas las fiscalías para favorecer la promoción profesional y evitar acomodos perjudiciales para el ejercicio de la función pública que representamos, teniendo siempre presente el caso concreto y la voluntad de las plantillas de cada fiscalía.

Proponemos que se aborde el debate sobre una limitación temporal de los enlaces en las áreas, delegaciones provinciales y autonómicas de las especialidades para favorecer el dinamismo interno en las fiscalías, la promoción profesional y evitar acomodos perjudiciales para el ejercicio de las funciones de coordinación, que podría establecerse en los mismos plazos estatutariamente previstos para las jefaturas.

ACCESIBILIDAD

La plena accesibilidad de la justicia exigida por la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (artículos 12 y 13) y las recientes reformas legislativas llevadas a cabo por las leyes 8/21 y 6/22 deben tener su desarrollo también en el ámbito laboral de los fiscales, debiéndose adoptar la, medidas necesarias por las administraciones competentes para la plena adaptación de los puestos de trabajo llevando a cabo los ajustes y apoyos que sean razonables.

COMUNICADO SOBRE LA MODIFICACION DEL RD DE CONDICIONES DE ACCESO A LA FISCALIA EUROPEO Y AL FISCAL EUROPEO DELEGADO

El 16 de septiembre de 2021 la Unión Progresista de Fiscales envió una carta a la Ministra de Justicia en la que le indicaba la necesidad modificar el proceso selectivo para designar los Fiscales Europeos Delegados, ya que el sistema era claramente discriminatorio para los integrantes de la carrera fiscal, dado que exigía para poder optar a dichas plazas, tener una antigüedad superior a 10 años en el ejercicio de la carrera y ser miembros de la categoría segunda. En contraposición a los miembros de la carrera judicial a quienes solo se les exigía tener una antigüedad de 10 años pero no la categoría de magistrado.  

Ese requisito era una clara discriminación para los miembros de la carrera fiscal, sobre todo para aquellas compañeras y compañeros de las últimas promociones. Hay que recordar que en la actualidad parte de la 50ª promoción, que ingresaron en la carrera fiscal por Orden JUS/1645/2011 publicada en el BOE del 16 de Junio de 2011 y la totalidad de la 51ª promoción, que ingresaron en la carrera fiscal por Orden JUS/1241/2012 publicada en el BOE del 13 de Junio de 2012, los cuales tienen más de 10 años de antigüedad, todavía no han accedido a la categoría segunda. 

El 19 de Octubre de 2022 se publico el RD 882/2022 por el que se regula el procedimiento para la selección y designación de la terna de candidatos a Fiscal Europeo y candidatos a Fiscal Europeo Delegado en España. En el artículo 2 b), se establece como requisito para poder acceder como candidato a Fiscal Europeo Delegado: “Ser miembros de la carrera judicial o fiscal, debiendo encontrarse en alguna de las situaciones previstas en los artículos 349, 351.a) a d) y 352 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y contar en cualquier caso con una antigüedad superior a diez años”. 

Con esta nueva regulación se ha eliminado el requisito de la categoría segunda para poder optar a la plaza de Fiscal Delegado Europeo, tal y como reclamamos desde la Unión Progresista de Fiscales al Ministerio de Justicia. Esta es la primera ocasión en que se deja de exigir la categoría de fiscal como requisito para optar a una plaza discrecional. Este es el camino que debe seguir toda modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en el que solo debe regirse por el requisito de la antigüedad y no de la categoría.  

Desde la Unión Progresista de Fiscales nos congratulamos de esta vía seguida por el Ministerio de Justicia en su regulación, acorde con los estándares europeos y le encomiamos a que toda modificación que afecte a miembros de la carrera fiscal siga la misma línea.  

Madrid, 26 de octubre de 2022