COMUNICADO DE LA UPF EN APOYO DEL TENIENTE FISCAL DE CATALUÑA, ILMO. SR. DON PEDRO ARICHE AXPE. 

Con ocasión de la situación sufrida por nuestro querido compañero Pedro Ariche Axpe, Teniente Fiscal de la Fiscalía de Cataluña, el cual el pasado 16 de noviembre de 2023 tuvo que escuchar, en sede del Parlament de Catalunya,  por parte de un Diputado Autonómico , que hizo expresa referencia  a que el mismo “ha vulnerado la presunción de inocencia en numerosas ocasiones” .

 La UPF quiere manifestar:

· Su más firme repulsa a unas manifestaciones que sólo pueden interpretarse como un ataque directo a la función legal y constitucional de un fiscal.

· Que cuando desde una posición política atacan a un fiscal por la forma de cómo ejerce su función jurisdiccional no sólo le atacan a él/ella, ni tan siquiera a los más de 2.700 fiscales que hay en España, sino al Estado de Derecho en su conjunto.

· Nuestro apoyo sin fisuras y abrazo solidario a nuestro compañero Pedro Ariche, fiscal de trayectoria  impecable y muy querido y apreciado por todos los compañeros que han tenido la suerte de trabajar  con él.

Santander, a 20 de noviembre de 2023

UPF

Dación de cuentas de los vocales del Consejo Fiscal por la lista de la UPF sobre el Consejo del 2 de noviembre. Y adenda.

Tras la aprobación del acta del pleno anterior, la sesión ha comenzado con la exposición, por parte de la Inspección Fiscal, de la problemática actual y posibles soluciones de futuro para la mejor gestión del complemento variable por objetivos de los miembros de la carrera fiscal, regulado en el RD 432/2004 de 12 de marzo (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-5192), a cargo de los inspectores José Mª García Atienza y José Hidalgo.

 Coincidiendo con el sentir de la carrera, la Inspección es plenamente consciente de las problemáticas derivadas del  sistema actual, traducidas en los desequilibrios que provoca, el subjetivismo que conlleva la autoliquidación de los estadillos y la consiguiente desconfianza que esto último genera; por no hablar del tiempo que le resta a nuestra función.

Se hace necesaria la mecanización del dato, en la que se está trabajando con programas piloto que  han tenido  resultados dispares según la provincia (Guadalajara, Murcia, La Rioja y Toledo) y que han evidenciado las dificultades que todavía tienen que superarse hasta alcanzar la automatización general, para todo el territorio y toda materia (y sobre lo que se abundará en el siguiente punto). Sin dejar de ser éste el objetivo, se asumen como pasos previos: una automatización parcial a medio plazo, que se circunscribiría a territorio-Fortuny y prescindiría de las especialidades con aplicaciones propias (protección y  reforma de menores, así como cooperación internacional); y, a corto plazo, se trabaja en una reforma residual consistente en la mejora de los datos reflejados en los estadillos, con la idea de establecer una mayor coherencia entre el resultado obtenido y el esfuerzo de cada fiscal. La filosofía de la iniciativa se basa en simplificar los apuntes y potenciar la posibilidad de su contraste (actualmente se revisa por cada inspector la productividad de una media de cien compañeros), reducir el subjetivismo y aliviar el gravamen que supone la anotación manual.  

Sobre la propuesta de la AF, consistente en establecer tres niveles de rendimiento, los dos inspectores han explicado que, tal cual está planteada, intensificaría la falla existente, debido a que el presupuesto se agotaría en el primer tramo; esto, al margen de que tampoco se garantiza con ello que los distintos tramos sean coincidentes con el esfuerzo de cada cual. Y el carácter rotatorio propuesto por la APIF resulta inaplicable, ya que la propia norma lo prohíbe en el art 1.4  RD, junto al cobro lineal. Allí donde se aplica, según se expone, es porque resulta impracticable otra alternativa.

Sobre la división por niveles, es de recordar que la UPF ya publicó el 5 de noviembre de 2020 una propuesta sobre productividad, donde incluía la fijación de tres tramos con la idea de que se ampliara el máximo posible el número de fiscales que la cobraran. No obstante, se era consciente de la necesidad de llevar a cabo reformas legislativas, tanto de la Ley 15/2003 como del RD 432/2004. 

Hallándonos en sede de Consejo Fiscal, y teniendo que partir de los instrumentos legales de que disponemos, se hace necesaria, en cualquier caso, la mejora del dato que priorice las funciones de mayor penosidad y el elemento cualitativo (simples ejemplos que hemos dado nosotros: juicios de especial complejidad respecto de escritos de acusación anotados como de especial complejidad, con independencia del número de jornadas que duren, o la puntuación de los informes de especial complejidad). Actualmente, y según se nos comunica, alrededor del 60% de los compañeros beneficiados repite semestre tras semestre y sólo oscila el 40% restante, lo que es muy significativo.

Se trata de aspectos que seguirán siendo abordados por la comisión de productividad, si bien existe vocación unánime de estudiar todas las posibilidades; entre ellas, realizar el análisis comparativo respecto del porcentaje de personas que cobran el complemento en la carrera judicial (alrededor del 70% y que funciona sobre el cumplimiento de objetivos traducido en horas de trabajo), como ha puesto de manifiesto la Teniente del TS, y valorar alternativas al reparto actual del presupuesto. 

Según ha manifestado el FGE, si es factible un sistema distinto que respete el marco normativo dentro del cual tenemos que movernos, en cuanto a fines y vetos de formas de reparto, se estudiará; incluido un sistema inteligente de tramos. 

Pero esto no excluye la necesidad de mejorar (y simplificar) la anotación y puntuación de los conceptos, que es, en definitiva, lo que va a traducir el esfuerzo de cada cual de una manera más realista. Ha avanzado que el nuevo sistema deberá premiar el trabajo extraordinario, el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de política criminal en cada periodo por la FGE y los puestos que suponen, según las circunstancias, una penosidad mayor.

A continuación, la Fiscal jefe de la Unidad de Apoyo ha explicado los avances en el proceso de mecanización del complemento variable por objetivos en las diferentes comunidades autónomas. 

Como escenario global, hay que partir de la base de que actualmente la falta de una tecnología adecuada afecta a más de la mitad de los asuntos que tramita el fiscal, lo que se traduce en el servicio al ciudadano. Resulta esencial, pues, que los fiscales puedan acceder a los trabajos preparatorios de las nuevas aplicaciones sobre las que trabaja el Mº Justicia. En este sentido, está previsto que para febrero 2024 se cumpla el compromiso de dar acceso a la Inspección Fiscal al borrador de Atenea. 

Pasando al análisis por comunidades autónomas, y comenzando con Andalucía (488 fiscales), se da el problema de que no están integradas las aplicaciones Fortuny y Adriano, aunque en breve plazo se alcanzará su confluencia. A más largo plazo está prevista la integración con la futura Atenea.

Las comunidades que tienen un mejor ritmo son las que trabajan con las aplicaciones Avantius y Vereda (Cantabria, País Vasco, Aragón y Navarra), en las que también se pretende mejorar la calidad de la automatización de los datos. Hay un proyecto de estadillos contratado para 2025, aunque su cumplimiento depende de los plazos de la cosificada contratación pública.

En Canarias, el sistema Atlante sí es común para jueces y fiscales, con buen resultado.

Cataluña (419 fiscales), que fue pionera en el pasado, actualmente tiene un sistema de gestión procesal (Gif) obsoleto. El despliegue de la actualización ha comenzado con las materias civil, mercantil y contencioso-advo, aunque es mejorable.

Madrid (327 fiscales) presenta una situación peculiar. Tras años de abandono, ha alcanzado una gestión procesal unívoca con los órganos judiciales. Se sigue operando con Fortuny y en papel, pero a medio plazo está prevista la implantación del sistema GPRF.

La Comunidad Valenciana (276 fiscales) ha sufrido un proceso de cambio no plenamente satisfactorio. Actualmente utilizan Fortuny, si bien se encuentra en plena implantación una nueva aplicación, Justa, que pretende ser  única para juzgados y fiscalía y se está iniciando su andadura, con muchos problemas, en civil. Para el ámbito penal no se prevé un horizonte a corto plazo.

Las distintas velocidades a que se están sometiendo las diferentes fiscalías en el proceso de modernización de los sistemas de gestión procesal pretende superarse, según informa la Unidad de Apoyo, con la creación de una Agencia Estatal Tecnológica, instada desde la FGE y que resuelva este problema derivado de la dispersión competencias, dado que se trata de trece administraciones diferentes.

Una vez expuesta la situación por las diferentes unidades de la FGE, se ha pasado a discutir y aprobar supuestos respecto de los que la Comisión de productividad no había alcanzado un acuerdo en lo referente a su inclusión como conceptos computables. 

De esta forma, se ha acordado no computar la redacción de las memorias anuales (11 votos frente a 1 de la UPF), no crear una baremación específica para asistencia y desplazamiento a las sesiones del Consejo fiscal, que se computará como una salida más fuera de la sede/isla (unanimidad) y adaptar el apartado de diligencias de investigación a la nueva Circular, que diferencia entre preprocesales, auxiliares y posprocesales, así como el visado de los decretos de conclusión (unanimidad).

El último punto ha tratado una solicitud de compatibilidad de un compañero, quien pretende impartir clases en una localidad a 278Km de su centro de trabajo. Se ha aplazado la decisión a fin de darle audiencia.

Adenda

El 3 de noviembre se ha reunido la Comisión de seguimiento de la Comisión de igualdad con la idea de poner en marcha el nuevo Plan de Acción bianual e iniciar el estudio de la modernización del Plan de Igualdad existente. Han sido aprobadas diferentes iniciativas, que van a ser dirigidas a distintas instancias de la Fiscalía, y de cuyo resultado se os informará más adelante.

Burgos y Sevilla, 5 de noviembre de 2023 

Santiago Mena Cerdá y Yolanda Ortiz Mallol.

CONCLUSIONES CONGRESO UPF 2023 FUERTEVENTURA

LA LEGISLATURA DE LA JUSTICIA.

Que la justicia como servicio público ya no admite más paños calientes es una realidad incontestable. La pendencia de asuntos en los tribunales alcanza cifras intolerables. «El 72% de los españoles piensa que la Administración de Justicia es tan lenta que siempre que se pueda hay que evitar acudir a ella» (Los españoles y la Justicia. CGPJ. mayo 2021). Esta es una realidad para cuya constatación no hacen falta encuestas, particularmente para quienes trabajamos en ella. La Administración de Justicia es ineficaz e ineficiente. El modelo no soporta más parches porque el problema es el propio modelo, apoyado en estructuras propias de épocas pasadas y absolutamente inadecuado para la realidad social de la España del Siglo XXI.

En abril de 2009 el Consejo de Ministros constituyó una Comisión Institucional con el cometido de determinar y proponer los elementos esenciales para la elaboración de una nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial. De dicha Comisión formaban parte personalidades tan relevantes como Silvia Barona Villar, Landelino Lavilla, José Luis Bueren, Fernando Ledesma y Juan Antonio Xiol Ríos. Trece años después, resulta descorazonador comprobar como el diagnóstico sigue siendo el mismo, si bien agravado por el tiempo transcurrido y la falta de puesta en práctica de ninguna de las recomendaciones que surgió de tal iniciativa. Dichas recomendaciones fueron las siguientes:

1. Superación del partido judicial como base del modelo.

2. Extensión de la organización colegiada.

3. Creación de tribunales de base o de primer grado.

4. Creación de tribunales de instancia.

5. Atribución de la investigación penal al Ministerio Fiscal.

A estas deficiencias, intrínsecas al modelo jurisdiccional existente y que determinan su ineficacia, se añaden las propias de la insuficiencia de medios personales y materiales. Las plantillas de jueces, fiscales y personal auxiliar son claramente insuficientes.

La Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia señaló en 2022 que el número de jueces y fiscales en España se encuentra claramente por debajo de la media de los sistemas judiciales europeos. Ello se traduce en ratios de carga de trabajo muy superiores a las convenientes. Recientemente, el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha declarado en sentencia que el CGPJ ha incumplido su obligación en materia de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial al regular la carga de trabajo de jueces y magistrados a efectos de salud laboral (STS Pleno Sala Social nº 581/2023). Del mismo modo, en paralelo, podemos entender excesivas las cargas de trabajo de fiscales y personal auxiliar. Los conflictos de los distintos sectores implicados en la administración de justicia con el órgano ministerial del verano pasado son buena muestra del malestar que las deficiencias del actual modelo provoca.

La apuesta por las nuevas tecnologías avanza lentamente y de forma dispar en los distintos territorios de nuestro país, con sistemas informáticos no siempre eficaces y a veces incompatibles entre sí, dificultando notablemente la interconexión propia de la época en la que vivimos.

Toda esta situación afecta, no solo a los sectores profesionales implicados en la prestación del servicio público sino, sobre todo, al derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española. Una sociedad democrática avanzada requiere una Administración de Justicia moderna y eficaz. Se hace absolutamente imprescindible la definición de un modelo de justicia adaptada a las necesidades presentes y futuras.

Es por todo ello por lo que solicitamos del próximo Gobierno que fije como una de las prioridades en sus políticas la de encarar la próxima legislatura como la «Legislatura de la Justicia», mediante el desarrollo de un modelo de Justicia que dé solución a las graves deficiencias que plantea el modelo actual, acompañado de la realización de las inversiones que para ello sean necesarias.

AUTONOMIA PRESUPUESTARIA

La Unión Progresista de Fiscales solicita que se dote a la Fiscalía General del Estado de autonomía presupuestaria con presupuesto propio y que el Centro de Estudios Jurídicos para la formación de fiscales dependa directamente de la Fiscalía General del Estado respetando su consideración de organismo autónomo.

CONCLUSIÓN SOBRE EL SISTEMA DE RETRIBUCIÓN VARIABLE

Desde la UPF exigimos que por parte del Ministerio de Justicia se proceda a cumplir lo establecido en el artículo 9.3 de la ley 15/2003 del régimen retributivo de la carrera judicial y fiscal, y se conceda para el sistema de retribuciones variables el 5 por ciento de las retribuciones fijas.

Desde la UPF creemos que el actual sistema de retribución variable debe ser cambiado ya que el mismo no gratifica, el trabajo realmente realizado, sino que el mismo prima de manera absolutamente injusta, la antigüedad y la retribución de los fiscales en su puesto de trabajo.

Es por ello que, desde la UPF en noviembre de 2020, presentamos una propuesta de modificación del actual sistema, que tenía como pilar básico, que la cuantía del complemento variable sea el mismo para todos y cada una de los y las fiscales, que obtengan la puntuación establecida para su cobrO, con independencia de su retribución anual bruta.

Para ellos solicitamos que desde la Fiscalía General del Estado dicte una Instrucción dirigida a los fiscales jefes o la Inspección Fiscal para que distribuyan la cantidad asignada de forma que todos los fiscales con derecho a cobrar la retribución variable perciban la misma cantidad dentro de cada ámbito territorial respectivo.

SOBRE LA VIOLENCIA MACHISTA

La Unión Progresista de Fiscales condena la violencia machista que tantas muertes y sufrimiento está ocasionando a las mujeres en nuestro país, así como el negacionismo  de esta violencia como elemento que alimenta, contribuye y pone en peligro la vida de las mujeres.

MEMORIA DEMOCRATICA

En la celebración de nuestro congreso se cumple un año de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, que supone un avance en el desarrollo de nuestra dignidad democrática y  que otorga al Ministerio Fiscal, en el marco de su misión constitucional, un papel protagonista en defensa de los DDHH. La UPF reafirma su compromiso con la defensa efectiva de la dignidad humana y de los principios  de verdad, justicia, reparación y no repetición que son pilares el Derecho Internacional.

SAHARA OCCIDENTAL

La Unión Progresista de Fiscales lamenta el cambio de rumbo en la política internacional que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,  ha protagonizado en relación al inacabado proceso de descolonización del Sáhara Occidental.

Consideramos que su respaldo a la propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental dentro de Marruecos -que lleva proponiendo este Reino desde el año 2007-, incumple flagrantemente, entre otros, el Plan de Paz de 1991 que el propio Marruecos firmó con el Frente Polisario, luego aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Ante este nuevo escenario, la Unión Progresista de Fiscales acordó desplazar una delegación de fiscales y juristas a los campamentos de refugiados saharauis, en los aledaños de la ciudad argelina de Tinduf, entre los días 2 y 9 de abril de este año 2023. El viaje nos ha servido para vivir una experiencia de integración con los saharauis y como lugar de encuentro para profundizar en el estudio y análisis jurídico de la situación actual del Pueblo del Sáhara Occidental y la legalidad vigente.

España sigue siendo la potencia colonial del Sáhara Occidental. Como tal, y con base en los arts. 73 y 74 de la Carta de la ONU, el Gobierno de España tiene como deber inexcusable la defensa del autogobierno saharaui y carece del derecho a alinearse con las tesis anexionistas de Marruecos. España no puede defender la autonomía del Sáhara Occidental dentro del Estado marroquí. El Sáhara Occidental es un caso de descolonización inacabada, por lo que permanece incólume el derecho de la población autóctona a pronunciarse sobre su destino, que debe inexorablemente incluir la opción de la independencia

PALESTINA-ISRAEL

Ante las graves vulneraciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, la UPF reclama una investigación internacional neutral e independiente e insta la activación del mecanismo previsto en el articulo 7 de la LO 18/2003, de 10 de diciembre, de Cooperación con la Corte Penal Internacional que implica la solicitud para iniciar una investigación de oficio por el Fiscal de la Corte.

DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN MIGRANTE

Desde Canarias interpelados por la situación actual la UPF, exige que las autoridades internacionales, europeas y nacionales se impliquen en la defensa de los derechos de la población migrante con especial consideración a menores y personas de especial vulnerabilidad.

Consideramos imprescindible una nueva regulación del derecho de asilo y protección internacional que abarque, de forma específica, todas las nuevas circunstancias que están detrás de los movimientos migratorios (crisis climática, aparheit de género…) merecedoras de esos derechos.

También exigimos que se garantice el acceso a las personas migrantes a los procedimientos de solicitud de protección internacional tanto en territorio español como en los puestos fronterizos, espacios de frontera, así como en los consulados y embajadas (a través del desarrollo del artículo 38 de la Ley de Asilo) con una adecuada dotación de presupuestos económicos, materiales y personales.

También exigimos que los mecanismos e instrumentos de control de fronteras sean respetuosos con los derechos humanos, tanto en las operaciones propias de España como en las relacionadas con los acuerdos con terceros países para el control de nuestras fronteras, acuerdos bilaterales de devolución y la financiación a terceros países para el control de fronteras.

COMUNICADO DE LOS VOCALES A PROPUESTA DE LA UPF DEL CONSEJO CELEBRADO El 28.09.23

Queridas y queridos compañeros,

El primer Consejo Fiscal de este nuevo año judicial lo ha iniciado el FGE dedicando unas palabras a la memoria de nuestra compañera Charo Lacasa, de la que ha resaltado su espíritu conciliador, su bondad y vocación por el trabajo; una mujer que se manejaba mal en el conflicto y, sin embargo, valiente. Desde aquí, también nuestro recuerdo.

A continuación, la Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica ha presentado el Plan de Formación 2023/2024, previamente tratado en la comisión de formación y donde se realizaron una serie de propuestas, esencialmente por distintos fiscales de sala, que han sido asumidas en el plan definitivo. Ha sido felicitada por los asistentes tanto por el esfuerzo dedicado como por la predisposición a recibir sugerencias.

En lo referente a la formación inicial, se ha elevado el número de horas dedicadas a procesal penal, recogiendo las objeciones vertidas respecto del plan del año pasado, si bien existe el propósito de mejorar la coordinación entre la disciplina común y las especialidades con el fin de evitar que se repitan contenidos.

La formación continua se distribuye en treinta cursos presenciales y otros treinta online, lo que responde tanto a la necesidad de ajustarse al presupuesto de que se dispone como a garantizar la formación en condiciones de igualdad; esto último a favor de aquellos compañeros y compañeras que, por cuestiones de índole personal o profesional, encuentran dificultad para desplazarse.

También han sido tratados los cursos de obligada asistencia, como los encuentros anuales entre especialistas. Como en años anteriores, se facilitará el seguimiento virtual a quienes no les sea posible la asistencia presencial.

Por último, se ha trasladado la pretensión de la Secretaría Técnica de llevar a cabo un control cada vez más directo de la ejecución del Plan, así como de que sea la sede de la FGE el lugar de celebración de los cursos de formación continua.

A continuación la Jefa de la Unidad de Apoyo ha expuesto los avances en materia de digitalización y ha abordado el estudio de los estadillos sobre la productividad.

Comenzando con el primer aspecto, la digitalización, se han explicado las bases de datos sobre las que se está trabajando, los cambios necesarios en la sede electrónica y la dificultad que conlleva el hecho de hallarnos ante una competencia cedida a las CC.AA por la dispersión de sistemas que esto supone. Pese a esto, el estudio sobre digitalización llevado a cabo por la CEPEJ (Comisión europea para la eficacia judicial) sitúa a España en un 8´9 sobre 10, por encima de la mayor parte de los restantes países de la UE. El portal fiscal.es ha sido mejorado tanto en su comunicación externa como interna. Y el cambio de Fortuny a Atenea, el nuevo sistema de gestión procesal, es una realidad cercana.

En lo referente a los estadillos, se ha aprobado la inclusión de dos cuestiones sobre las que había consenso en la comisión de productividad: computar los escritos promoviendo expedientes de jurisdicción voluntaria y el visado de sentencias en materias donde hasta ahora no se contemplaba. No obstante, en noviembre se llevará a cabo un consejo monográfico sobre los estadillos para ajustar los datos, en la medida de lo posible, a la realidad. Es voluntad de la Inspección Fiscal alcanzar la ansiada automatización, que garantice una estadística más exacta y un ahorro de esfuerzos perfectamente prescindibles, aun cuando se comparte por todos los vocales la oportunidad de un cambio de sistema (bien por módulos u otro tipo) que permitiese ajustar los datos a la carga de trabajo y eliminase   la contabilidad indeseada del dato. 

El Fiscal de Sala de Seguridad y Salud en el Trabajo ha explicado el trabajo realizado en el seno de la Comisión de Riesgos Laborales, así como el esfuerzo realizado para dar a comprender en el Mº de Justicia las especificidades que entraña nuestra profesión. Siendo indiferente que se cree un Plan de Riesgos Laborales autónomo o se incluya una adenda específica en el Plan del Ministerio, lo esencial es que se aborden nuestras necesidades, a ojos del Fiscal del Sala. A esto contribuirá el haberse creado una sección de prevención en la Fiscalía, con un técnico destacado. Por otra parte, el “Manual para la prevención de riesgos laborales del Mº de Justicia” resulta inservible para nuestra función, de forma que se está adaptando con evaluaciones llevadas a cabo ya en determinadas fiscalías (TC, AN, Albacete y Guadalajara). Y la ausencia de estudios sobre las causas de baja y su relación con la situación o antigüedad de los fiscales también pretende ser superada.

En lo referente al Plan de Igualdad, se ha acordado prorrogar el actual hasta el primer trimestre de 2024 y presentar el plan de los años 2024-2025 en tal fecha.

Con posterioridad, se han abordado las comisiones de servicio de la AN y Fiscalía contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, y el FGE ha anunciado la persona que ha designado para el destacamento de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que ha recaído en Gloria Alonso Ballesteros, lo que ha sido celebrado por los vocales. En cuanto a las dos comisiones de servicio:

●       Audiencia Nacional: ha sido designada por el FGE Raquel de Miguel, quien ha recibido los apoyos de los dos vocales de la UPF y la Teniente del TS. Por su parte, Olga Herranz ha recibido el apoyo del vocal de la APIF y los vocales de la AF han dividido sus apoyos entre  Manuela Fernández (3), a quien también ha apoyado la Fiscal Jefe de la Inspección Fiscal, y Victoria Julia García (3).

●       Fiscalía contra la Corrupción y Criminalidad Organizada: han sido designadas por el FGE  Mª del Mar Scharfhausen y Mª Fátima Valencia. La primera ha recibido el apoyo de todos los vocales y la segunda de los vocales de la UPF, un vocal de la AF y las vocales natas. Los restantes vocales de la AF y el vocal de al APIF han apoyado a Cristina Valdueza.

Ninguna alegación ha sido efectuada en lo referente a los convenios de colaboración  y comunicación de los viajes al extranjero.

Y, como último punto, se ha tratado la solicitud de compatibilidad para la docencia de una compañera que se encontraba, en el momento de la petición de baja, por enfermedad. Ha sido consenso de todo el CF negar la compatibilidad, sin perjuicio de que pueda renovarse la solicitud una vez que esté dada de alta la compañera.

Ruegos y preguntas:

Por la Fiscal Jefe de la Inspección Fiscal se ha contestado las dudas sobre el concurso ordinario y la reconversión de plazas:

●       Concurso ordinario: vuelve a comunicar que cada semana se publica en la zona privada de la web Fiscal.es el trámite en que se encuentra el concurso. Se accede a través del hilo Zona Privada-Inspección Fiscal-Concurso reglado.

En cualquier caso, ha avanzado que esta semana han llegado las 550 instancias (las remitidas por escrito tardan más y hay que esperar el plazo  para su completa recepción). A partir de entonces, deben analizar si hay “congelados” que han concursado; es decir, ningún paso de la dinámica está mecanizado, requiriendo cada solicitud un examen individualizado. Se pone el acento en que se va a mover el 10% de la carrera.

●       Reconversión: existe vocación en el Ministerio de que se publique pronto, sin perjuicio de que todo el proceso electoral haya ralentizado su tramitación. No obstante, podría ser publicado inmediatamente después del concurso reglado

El FGE ha anunciado la próxima convocatoria de oposiciones. Serán 400 plazas, de las que todavía debe determinarse su distribución entre las carreras judicial y fiscal.

Los representantes de la UPF ante el Consejo Fiscal 

Santiago Mena Cerdá y Yolanda Ortiz Mallol

Burgos y Sevilla a 29 de septiembre de 2023

La Unión Progresista de Fiscales se pronuncia en relación a las sentencias 1024/2023 y 1051/2023, dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, por las que se anula el nombramiento del Fiscal de Sala de Menores.

Respetamos el contenido de las sentencias 1024/2023 y 1051/2023 dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sin perjuicio de que de forma respetuosa mostremos nuestra disconformidad con las mismas.

 De esta forma, expresamos nuestra preocupación por el efecto pernicioso que dichas resoluciones suponen para la autonomía del Ministerio Fiscal, sentando un precedente que podría afectar en el futuro, además, a las legítimas expectativas de promoción de las y los integrantes de la carrera fiscal.

 En relación a la fundamentación y fallo de la sentencia:

1º).- Lamentamos que la sentencia produzca inseguridad jurídica al apartarse de la jurisprudencia y los criterios mantenidos por dicho Tribunal hasta la fecha, sin ofrecer ni un solo argumento o razonamiento que lo justifique.

2º).- La sentencia, tristemente, trasluce un cierto desconocimiento sobre el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado, como lo demuestra el hecho de que califiquen la plaza de Fiscal de Sala especialista en Menores como indefinida, tanto en lo relativo a la categoría como al desempeño de la especialidad, obviando que, está última, tiene una duración -establecida por el EOMF- de cinco años.

3º).- La Sala Tercera del Tribunal Supremo, con estas resoluciones, debilita la autonomía del Ministerio Fiscal al imponer sus propios criterios sobre los méritos que considera más o menos valiosos para el desempeño del cargo.

Así, el Tribunal se arroga, en una suerte de sustitución, en órgano decisor, con injerencia sobre el cargo del Fiscal General del Estado, al que sustrae de sus legítimas competencias para valorar y elegir entre los dos candidatos, ambos con méritos de distinta naturaleza.

4º).- La Sala Tercera del Tribunal Supremo, en la elección de los méritos y capacidad que considera más adecuados, posterga la actividad jurisdiccional y la experiencia en jefatura, en beneficio de otros méritos de naturaleza más teórica y académica.

Este hecho, nos preocupa, en la medida que podría perjudicar a las legítimas expectativas de cuántos compañeros y compañeras se dedican con tesón y dedicación completa al desempeño de nuestra tarea como fiscales en actividad jurisdiccional, ya que el Tribunal sentenciador ha considerado más valiosa un perfil de fiscal que no ha ejercido actividad jurisdiccional en los últimos veinte años. Y ello, a pesar de que la jurisprudencia, hasta ahora, siempre había considerado que la experiencia profesional más relevante es la jurisdiccional por encima de la teórica.

Así mismo, la Unión Progresista de Fiscales también quiere mostrar su decepción con la actuación de la Asociación de Fiscales ante su falta de coherencia al recurrir el nombramiento de un compañero con sobrados méritos en la materia concreta de menores.

En el Consejo Fiscal de 25 de febrero de 2015, la hoy presidenta de la AF, Sra. Dexeus -junto con otros vocales a propuesta de la A.F- sostuvieron que la especialización en menores no es razón que justifique la propuesta de nombramiento para la plaza de Fiscal de Sala especialista en Menores.

De esta forma no consideraron ese requisito razón para proponer a un fiscal y obviar a otros, manifestando de forma rotunda que, en modo alguno, consideraban un requisito imprescindible haber trabajado en esa materia.

Siendo así que apoyaron a un magnífico compañero a pesar de que no contaba entre sus méritos con dicha especialización. Este compañero fue propuesto por la entonces Fiscal General del Estado, la Sra. Madrigal, quien a su vez manifestó que el criterio de la de especialización concreta en menores no era definitivo, como no lo fue cuando ella misma fue designada para dicho puesto sin estar especializada.

Adjuntamos las sentencias a las que hacemos referencia en el comunicado que incluyen voto particular. 

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de septiembre de 2023.

REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE FISCALES CON EL PRESIDENTE DEL PARTIDO POPULAR

REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE FISCALES CON EL PRESIDENTE DEL PARTIDO POPULAR

La Unión Progresista de Fiscales ha tenido conocimiento por los medios de comunicación de la reunión organizada por la Asociación de Fiscales con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que tuvo lugar el día 13 de abril de 2023 en el Hotel Claridge de la ciudad de Madrid.

Hemos leído, con preocupación, la información del periódico El País sobre el contenido de dicha reunión y el desarrollo del encuentro, con un marcado carácter partidista.

Desde la Unión Progresista de Fiscales consideramos que es absolutamente indiscutible que esta reunión que los medios de comunicación han sacado a la luz, constituye una acción -por la forma y el fondo- que contraviene la regla segunda del Código Ético de la carrera fiscal, que recuerda que las y los fiscales deben comprometerse a mantener la lealtad institucional, fortalecer la confianza en la justicia y abstenerse de realizar cualquier acción que pueda ser percibida como una afectación a su independencia e imparcialidad y que vaya en demérito de la consideración que la ciudadanía debería dispensar a la administración de justicia.

Por ello y dado que a la misma asistió, realizando manifestaciones de carácter partidista, la Presidenta de la Comisión Ética Consuelo Madrigal Martínez- Perera, interesamos su inmediata dimisión.

Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales. Las Palmas de Gran Canaria, 2 de Mayo de 2023.