APORTACIONES DE LA UPF AL BORRADOR DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EN MINISTERIO DE JUSTICIA Y LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La UPF reivindicó desde el primer momento un Convenio propio de prevención de Riesgos Laborales o sumarnos al Convenio que está pendiente de firma-renovación con el CGPJ. En las negociaciones que hasta ahora se han llevado a cabo, la segunda opción se ha descartado, y la primera ha sido ignorada en la propuesta efectuada por el Ministerio de Justicia que contempla un sistema de prevención de riesgos laborales y protección de la salud general para la Administración de Justicia,  que contemple las especificidades de los miembros del Ministerio Fiscal y el desarrollo del marco de cooperación de actuaciones entre la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia sin olvidar, a su vez, la necesidad de coordinación con las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia de Administración de Justica.

La inaplazable necesidad de que el Ministerio Fiscal cuente con ese Plan y Servicio de Riesgos laborales nos coloca en la tesitura de plantear un bloqueo a cualquier negociación que se aparte de nuestra primera postura o bien acceder a  la incorporación en un plan y servicio general de la administración de justicia que contemple nuestras especificidades, tal y como propone el Ministerio.  Esta es a la modalidad asumida en otros contextos administrativos en los que, en el plan de prevención de riesgos laborales se incluyen procedimientos generales, procedimientos específicos y procedimientos específicos por actividad. Por ello y a fin de conseguir en el plazo más breve posible el Plan y el Servicio de Prevención de Riesgos laborales para la Carrera Fiscal, y en la situación actual de negociación, se propone seguir adelante si bien manifestando las ss. matizaciones a la redacción del Convenio propuesta por el Ministerio:

  • Compartimos todas y cada una de las observaciones efectuadas por el presidente de la Comisión que nos fueron trasladadas en la reunión del 29/9/21
  • Entendemos que en el apartado 5 de la Cláusula Tercera- obligaciones del Ministerito de Justicia- que hace alusión específicamente a la obligación del Ministerio de “impulsar las medidas de protección adecuadas en sus condiciones de trabajo, a los miembros del Ministerio Fiscal en situación de embarazo y durante el periodo de lactancia, en orden a evitar situaciones de riesgo, tanto para su propia seguridad y salud como para las del feto o lactante”, se incorpora a consecuencia de la obligación impuesta en el art. 25  La Ley de Prevención de Riesgos Laborales que impone el deber de  “garantizar la protección a los trabajadores que, debido a sus características personales o a su estado biológico puedan ser especialmente sensibles a los riesgos derivados de su puesto de trabajo», protección que está dirigida a trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, a las mujeres en situación de maternidad o lactancia y a los menores de 18 años. Por lo que creemos la inclusión de este apartado es correcto.
  • No obstante, si compartimos la necesidad de que se prevean, al analizar las cargas de trabajo y evaluar los riesgos, otras situaciones que son propias y específicas del Ministerio Fiscal como los riesgos derivados de los traslados continuos a diferentes sedes judiciales y que van más allá de los riesgos laborales in itinere que afectan a todo trabajador en el traslado del domicilio a su puestos de trabajo o, la prevención de los riesgos psicosociales y el estrés laboral, que se deben a estresores de muy diferente naturaleza (derivados de las deficiencias de las instalaciones -iluminación, ruido, temperatura,…-, sobre carga de trabajo  y deficiencias en una adecuada distribución que es el principal factor de riesgo psicosocial de los y las fiscales;  dificultades de promoción… ) y que  exigen una política de evaluación y prevención del estrés específica, que incluya un estudio de las cargas de trabajo, el impacto mediático de los casos, la existencia de casos concretos que comporten una presión añadida y susceptible de generar o agravar situaciones de estrés… Por estas razones, apoyamos íntegramente la observación efectuada por el Presidente de la Comisión  a la CLÁUSULA QUINTA “Plan de Riesgos Laborales”   del proyecto de Convenio.
  • El art. 72.3 del EOMF dispone que “[l]os Presupuestos Generales del Estado y los de las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en materia de Administración de Justicia contemplarán, dentro de la Sección que corresponda, y previa ponderación de las necesidades funcionales del Ministerio Fiscal propuestas por el Fiscal General del Estado, previa audiencia, en su caso, a las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, las correspondientes partidas presupuestarias adecuadamente singularizadas para atender a aquéllas” y “[e]n todo caso, una de estas partidas será gestionada por la Unidad de Apoyo del Fiscal General y estará destinada a atender los gastos de funcionamiento de la administración de la Fiscalía General del Estado”. En base a tal previsión normativa, compartimos con el resto de las asociaciones la necesidad de reclamar la asignación de la partida económica a la Fiscalía General del Estado, a fin de que la gestión de las actividades de prevención de riesgos laborales prevista en este convenio sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía. No obstante, comprendemos que la posibilidad de gestionar esa partida presupuestaria por la propia FGE es muy compleja con la estructura actual y requeriría de unas adaptaciones y modificaciones que pueden escapar a la premura de contar con el Plan y el Servicio de Prevención por lo que, si ello no fuera viable, exigimos que se prevea una partida presupuestaria específica y singularizada para el Ministerio Fiscal a estos efectos.

Madrid a 4 de octubre de 2021. El secretariado de la UPF

COMUNICADO SENTENCIA DEL «PROCES»

La Unión Progresista de Fiscales, ante la publicación en el día de hoy de la Sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la Causa Especial 20907/2017, quiere manifestar el absoluto respeto a la sentencia, así como a la labor de todos los miembros de la administración de justicia que han participado en el desarrollo de esta causa
Con este procedimiento se ha demostrado la imparcialidad e independencia de nuestro sistema judicial, así como la evidencia del pleno funcionamiento del Estado de derecho en nuestro país.
Madrid a 14 de octubre de 2019
El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Premio derechos humanos a Ángela Sarazá.

Premio derechos humanos a Ángela Sarazá.

La Unión Progresista de Fiscales concede cada año el premio «Jesús Vicente Chamorro» a personas o colectivos que por su trabajo en defensa de los Derechos Humanos merecen ser reconocidos. Sirviendo, además este reconocimiento, para dar voz a aquellos sectores de la población más castigados.

Este año el premio reconoce la trayectoria profesional de nuestra querida amiga y compañera Ángela Sarazá, como fiscal valiente y comprometida que siempre trabajó desde una concepción del Ministerio Fiscal como institución garante de la legalidad, atenta siempre a la realidad de las personas más vulnerables de nuestra sociedad.

Su entrega, su tesón, su valentía y su compromiso con los derechos humanos, en su trabajo diario, le ha hecho merecedora de nuestro premio.

Hasta siempre, compañera!!!!

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Nuevo secretariado en la Unión Progresista de Fiscales.

El día 6 de junio la Unión Progresista de Fiscales celebró elecciones para la constitución del nuevo secretariado. El resultado de las elecciones supuso un importante respaldo al secretariado anterior, pues sus miembros resultaron nuevamente elegidos, a excepción de Inés Herreros que por llevar ya dos mandatos prefirió no presentarse nuevamente. Desde estas lineas la UPF saluda a las nuevas incorporaciones y despide con mucho cariño y agradecimiento a Inés Herreros.

Nuevo secretariado:

Álvaro García Ortiz (presidente)

Diego Villafañe (vice-presidente)

Carlos García Berro

Emilio Manuel Fernández (tesorero)

Francisca García 

Virginia García (secretaria)

María de las Heras

 

 

 

La Unión Progresista de Fiscales presenta petición frente al Ayuntamiento de Madrid.

La Unión Progresista de Fiscales, en el ejercicio de los fines que lo son propios (artículo 7.3º de sus estatutos), y en el ejercicio del derecho de petición previsto en la LO 4/2001 de 12 de noviembre interesa del excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, que cese en la orden y ejecución de derribos y demoliciones para toda la zona de asentamientos de chabolas llamado “El Gallinero” hasta que se planifique y ejecute un plan de realojo para estas personas y familias, que respete la normativa nacional e internacional y que, de manera muy especial, respete los derechos de las niñas y los niños.

Petición al Ayuntamiento de Madrid (Gallinero)

Elecciones al Consejo Fiscal. Voto por correo con fecha tope hasta el 22 de enero.

EL día 22 denero de 2014 finaliza el plazo para poder emitir el voto por correo para las elecciones al Consejo Fiscal.

Adjuntamos un modelo de instancia para pedir el voto por correo.

 

INSTANCIA PETICION DE VOTO POR CORREO.  AL PRESIDENTE/A DE LA MESA ELECTORAL:

 

 

Excmo. Sr/a:

 

 

 

 

D/Da ,…………… Fiscal con destino en solicita deV.E., de conformidad con la  instrucción 26ª dela Junta Electoral, me sean remitidos la papeleta en blanco, el sobre de votación y el sobre de remisión por si finalmente me decidiera a ejercer por correo mi derecho al voto en las próximas elecciones al Consejo Fiscal.

 

 

 

…………………….a de 2014

 

 

 

 

Excmo/a . Sr/a  Presidente dela Mesa electoral de…….

Comunicado de MEDEL en el que se pide una regulación más humana en materia de inmigración.

La  UE y el resto del mundo deben de reaccionar ante la tragedia en Lampedusa.

 La UE y el resto del mundo deben de reaccionar ante la tragedia en Lampedusa.

Esta semana, Europa ha sido testigo de la tragedia que se desarrolla a pocos metros de sus orillas , en la isla de Lampedusa.
Es sólo un capítulo más de la lucha continua de los seres humanos, muchos de los cuales se ven privados de las condiciones básicas de la vida y del respeto de los derechos humanos en sus países de origen, que ven en Europa un lugar donde poder trabajar y vivir, sólo con la esperanza de conceder a sus familias un futuro de normalidad y prosperidad.
Las esperanzas y los sueños de miles de esos hombres y mujeres terminan con frecuencia en manos de los traficantes, que construyen sus fortunas con las vidas destrozadas de los desesperados inmigrantes. Europa no puede permanecer como un mero espectador ante esta tragedia.
Fue en Europa donde por primera vez el concepto de derechos civiles fue separado del de ciudadanía, subrayando que todos los hombres y mujeres, independientemente de su nacionalidad, poseen unos derechos fundamentales que deben ser protegidos.En el preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, las naciones europeas han dejado claro que “la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad” y que “el disfrute de tales derechos origina responsabilidades y deberes tanto respecto de los demás como de la comunidad humana y de las futuras generaciones”.
Es hora de que la Unión Europea demuestre que esas no son palabras huecas y carentes de sentido. Miles de seres humanos sufren en las puertas de Europa y nosotros no podemos permanecer impasibles. La muerte de los refugiados que tratan de llegar a la UE es el resultado directo de la política de blindar Europa contra los refugiados y los inmigrantes. Para abordar realmente este problema debemos reclamar una revisión general de la política europea enmatéria de inmigración. Esta no debe basarse exclusivamente en la seguridad, sino también -y sobre todo – en razones humanitarias. Ello requiere un cambio fundamental en las leyes sobre inmigración así como en los derechos de los los refugiados.  Es necesario, entre otros aspectos, la asistencia a los inmigrantes que alcanzan territorio europeo no sólo cuidando que lo hagan a bordo de naves seguras para cruzar el mar. Además, es precisa la adopción de medidas para garantizar que los refugiados tengan acceso a la educación
y la formación profesional, indispensables para integrarse en las sociedad y en su mercado de trabajo, lo que garantiza que no vayan a depender exclusivamente de bienestar social.El reto que supone la integración debe y puede ser enfrentado por una acción conjunta de todas las naciones civilizadas del mundo. Debe ser acompañada con la ayuda activa al desarrollo de los países de origen y la represión efectiva de todo tipo de trata de personas.
En su objetivo de promover el respeto de los derechos humanos sin distinción de raza, nacionalidad o ciudadanía, MEDEL insta a las instituciones de la UE ya los Estados miembros a actuar de inmediato, estableciendo unas leyes de inmigración claras y justas, que eviten más tragedias como la ocurrida en Lampedusa.

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=e4a2c958f1&view=att&th=14199f998940e73c&attid=0.1.1&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P8qcbkVYFKbaW1q8AaE5Fte&sadet=1381322649011&sads=qHcOwqvC9YzYG10UjM8v_qTSu8k&sadssc=1

Nuevo Secretariado de la UPF

Queremos agradecer a tod@s los compañer@s que han confiado en nosotr@s para la formación del nuevo Secretariado dela UPF, en la seguridad de que procuraremos hacerlo lo mejor posible, nuestra intención es la de ponernos a disposición de tod@s, afiliad@s o no, en la defensa de nuestros intereses profesionales, y de los valores que desde siempre han conformado a nuestra asociación progresista.

 Debemos agradecer al secretariado saliente todo el trabajo realizado, y esperamos que nos ayuden a comenzar a andar en estos momentos que se nos antojan complicados y trascendentes para la carrera fiscal y para la sociedad.

Nuevo Secretariado:

Vocales:

Carlos García Berro

Ángela Saraza

Inés Herreros

Raquel Amado. Consejo Fiscal.

Manuel Martín Granizo. Consejo Fiscal.

Emilio Manuel Fernández. Tesorero.

Diego Villafañe. Secretario.

Manuel Campoy. Vicepresidente.

Alvaro García. Presidente-portavoz.