COMUNICADO CONJUNTO DE LAS ASOCIACIONES JUDICIALES Y FISCALES

Estimados/as compañeros/as,

Tal y como os anunciamos la pasada semana, las asociaciones judiciales y de fiscales hemos acudido hoy a la sede del Ministerio de Justicia a la reunión de la mesa de retribuciones. 

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional primera de la Ley 15/2003, a la reunión han acudido por el Ministerio de Justicia, el Secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, el Secretario General de Justicia, Manuel Olmedo Palacios, la Directora General del Servicio Público de Justicia, María dels Angels García Vidal y su equipo; por el Ministerio de Hacienda, la Secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán y el Subdirector General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones, José Ramón Crespo Sánchez, por el Consejo General del Poder Judicial los Vocales, José Antonio Ballestero Pascual, Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez Tristán; por la Fiscalía General del Estado, Esmeralda Rasillo López; por parte de la Asociación Profesional de la Magistratura Juan José Carbonero; por Francisco de Vitoria, José Ignacio Martínez; por Juezas y Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez y por Foro Judicial Independiente Francisco Gutiérrez. Por la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus; por la Unión Progresista de Fiscales, Inés María Herreros Hernández y por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Vicente J. González Mota.

La reunión, que ha transcurrido por los cauces propios de todo proceso negociador, se ha desarrollado en dos sesiones, con un intercambio de propuestas que precisan de estudio y valoración por todas las partes concurrentes.  

Hemos encontrado una actitud negociadora por parte de ambos Ministerios, de Justicia y de Hacienda y hemos sido emplazados para una reunión el próximo día 8 de mayo, lunes, a las 11´30 de la mañana, esperamos que estas reuniones fructifiquen en una mejora de nuestras condiciones profesionales. 

En cualquier caso, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales hemos decidido mantener la convocatoria de huelga indefinida desde el día 16 de mayo; el pasado viernes formalizamos esa convocatoria ante el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.

Os seguiremos informando de cuantas novedades puedan producirse en los próximos días. 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA (APM)

ASOCIACIÓN DE JUECES FRANCISCO DE VITORIA (AJFV)

ASOCIACIÓN JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA (JJpD)

ASOCIACIÓN DE JUECES FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE (FJI)

ASOCIACIÓN DE FISCALES (AF)

UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES (UPF)

ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES (APIF)

COMUNICADO CONJUNTO DE LAS ASOCIACIONES JUDICIALES Y FISCALES

Las Asociaciones Judiciales y Fiscales llevamos años preocupadas y denunciando la falta de dotación suficiente del servicio público que constituye la administración de Justicia.

Los Presupuestos Generales del Estado en este ámbito son insuficientes, en la administración general del Estado la administración de Justicia es la cenicienta, las cargas de trabajo que tienen los tribunales y fiscalías afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía, y todo se fía a planes de refuerzo y a la dedicación de profesionales, que no puede ser el único remedio a la sobrecarga y la elevada litigiosidad.

Tras las reuniones mantenidas con el Ministerio de Justicia los días 31 de marzo (las Asociaciones Judiciales) y 4 de abril (las Asociaciones Fiscales), anunciamos nuestra intención de elaborar un calendario de medidas de presión.

Tomamos aquella decisión ante el decepcionante resultado de las reuniones y a la vista de los precedentes. Hay que recordar que en octubre de 2022 y tras meses de conversaciones, el Ministerio de Justicia desconvocó sin explicaciones la llamada Mesa de Retribuciones, órgano legalmente previsto para la revisión de las retribuciones de las Carreras Judicial y Fiscal, apenas unos días después de haberla convocado formalmente.

Esta desconvocatoria había venido precedida de numerosas reuniones preparatorias en las que, siempre de buena fe, buscamos construir consensos con el Ministerio de Justicia, que ya en el mes de marzo de 2022 se había comprometido a convocar la Mesa para el mes de octubre de ese año.

La misma paciencia y sentido de responsabilidad que habíamos demostrado durante todo ese periodo la observamos tras la desconvocatoria, ante la que reaccionamos interponiendo una demanda para obligar al Ministerio a cumplir la ley. Y en dos ocasiones, al menos, durante este año 2023, reclamamos al Ministerio de Justicia la convocatoria de la Mesa, sin obtener respuesta.

Finalmente, durante la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia el Ministerio tuvo a bien convocarnos para las mencionadas reuniones del 31 de marzo y el 4 de abril, en las que, como ya sabemos, no se produjo avance significativo alguno más allá del compromiso de que la Mesa se convocaría antes del 10 de mayo.

 Constatamos, por lo tanto:

(i) la falta de propuestas concretas en las reuniones preparatorias celebradas el 31 de marzo y el 4 de abril;

(ii) la nula garantía que supone la convocatoria de la Mesa para el día 3 de mayo, dado que, como la experiencia nos enseña, se puede desconvocar en cualquier momento. Incluso aunque llegue a celebrarse,

si no existe un verdadero propósito de negociar (que el Ministerio aún no ha demostrado) no sería más que otra forma de dilatar el acuerdo y servir de instrumento de propaganda gubernamental;

(iii) que la actitud prudente, callada y responsable que hemos mantenido hasta ahora, desde hace más de 1 año, no ha dado fruto alguno, sin que ni siquiera se nos haya permitido hablar directamente con el Ministerio de Hacienda, que legalmente forma parte de la Mesa;

(iv) que todo lo anterior se produce en un contexto de sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia, que degrada la calidad de la respuesta institucional que, desde el sistema judicial, obtienen los ciudadanos que acuden a los Tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos.

En vista de todo ello, las Asociaciones Judiciales y Fiscales HEMOS DECIDIDO:

1º- La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales anunciamos nuestra intención de convocar una huelga indefinida de las Carreras Judicial y Fiscal a partir del día 16 de mayo de 2023.

2º- La asociación Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, compartiendo el diagnóstico de la situación y las mejoras necesarias para superar el estancamiento actual de nuestro sistema judicial (incluyendo las condiciones profesionales de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal), estiman oportuno esperar a conocer el planteamiento del Ministerio de Hacienda en la reunión de la Mesa prevista para el día 3 de mayo, sin renunciar a adherirse a la convocatoria de huelga en función de su resultado.

3º- Todas las Asociaciones Judiciales y Fiscales manifestamos nuestro firme propósito de trabajar para alcanzar un acuerdo que evite tener que poner en marcha las medidas de presión anunciadas, desde la misma buena fe que nos ha animado hasta ahora.

No permitiremos, sin embargo, que esa actitud responsable sirva una vez más de coartada para la inacción negligente de los Ministerios de Justicia y Hacienda, a los que, dentro del Gobierno, les corresponde velar porque nuestro país disponga de un sistema judicial eficaz que no es posible alcanzar si la labor de juezas/ces y fiscales no se desarrolla en condiciones – también retributivas – adecuadas.

24 de abril de 2023

JJPD Y UPF RECLAMAN SUPERAR LA CRISIS INSTITUCIONAL
PIDEN QUE, SI HOY EL CGPJ NO DESIGNA DOS JURISTAS AL CONSTITUCIONAL, SE REFORME LA
LEY PARA SUPERAR EL BLOQUEO

  • Tras el reciente 44 aniversario de la Constitución española de 1978, esperábamos que los distintos responsables institucionales fueran capaces de estar a la altura de lo que exige una auténtica democracia. Creíamos que iban a cesar los bloqueos y las descalificaciones, que se permitiría la renovación de las instituciones constitucionales
    y que se actuaría con responsabilidad y altura de miras.

Lo que ha sucedido, sin embargo, dista mucho de lo que cabría esperar de quienes deben ser, más que nadie, respetuosos con la ley. Tras cuatro años de bloqueo del Partido Popular para la renovación del Consejo General el Poder Judicial, un grupo de vocales de este órgano sigue su misma senda obstruccionista, e impide la renovación del Tribunal Constitucional. Sin otra explicación que el seguidismo partidista, han sometido su condición de juristas y jueces a intereses de partido, impidiendo que el máximo garante de los derechos fundamentales pueda completarse y trabajar con plena eficacia.

Ese doble boicot ha provocado la lógica reacción de los demócratas que reclaman que se cumpla con la ley y con las previsiones constitucionales respecto a la renovación periódica del CGPJ y el Tribunal Constitucional. Y este último, dividido y fracturado, ha dictado -por primera vez en nuestra historia reciente- una polémica resolución que agrava la crisis institucional a los que nos han arrastrado quienes irresponsablemente tienen secuestradas las instituciones.

El 20 de diciembre está convocado un pleno del CGPJ que podría acabar con esa situación, renovando definitivamente el Tribunal Constitucional. En caso de no hacerlo, será necesario actuar con responsabilidad, sometimiento al Estado de Derecho y altura de miras, propiciando una reforma legislativa específica que ponga fin a las maniobras de quienes se han encastillado en las instituciones y no piensan abandonarlas pese a que su mandato caducó.

Reclamamos, en consecuencia, que los grupos parlamentarios propongan una proposición de ley que propicie el nombramiento de dos magistraturas al Tribunal Constitucional por el CGPJ, superando la indebida prolongación de funciones que se mantiene contra ley y derecho. Pedimos a las presidencias de Congreso y Senado que propicien, por todos los medios legales, los periodos de sesiones necesarios para salir, cuanto antes, de la grave crisis institucional a la que nos han conducido quienes se apropian de las instituciones y desprecian la ley.

Finalmente llamamos a la responsabilidad. Democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos, son conceptos inseparables que garantizan el progreso y la estabilidad de las sociedades. Estos valores están hoy firmemente arraigados en la sociedad española como vacuna a la insensatez, el sectarismo y tacticismo que degradan las instituciones, con desprecio insultante al patrimonio de todos.

Madrid, 20 de diciembre de 2022

JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA Y UNION PROGRESISTA DE FISCALE



COMUNICADO CONJUNTO CON LA APIF

Las asociaciones abajo firmantes hemos asistimos en la mañana de ayer a una reunión con la Fiscalía General del Estado en la que se nos informó de la reunión que a su vez han mantenido con el Ministerio de Justicia el día 9 de febrero, así como de las necesidades de la carrera Fiscal y las propuestas que han trasladado desde la Fiscalía al Ministerio.

Muchas de esas propuestas son antiguas reivindicaciones de estas asociaciones de fiscales que hemos reiterado en múltiples ocasiones al Ministerio y que, sin embargo, han sido continuamente desoídas, haciéndose cada vez más urgentes, más aún de cara al nuevo modelo procesal proyectado por el Ministerio de Justicia.

Por ello exigimos del Ministerio, otra vez, la adopción de medidas inmediatas para resolver esta situación y en concreto:

1. Ampliación de la plantilla del Ministerio Fiscal, exclusivamente con plazas de segunda categoría.

2. Reconversión plazas de tercera a segunda categoría.

3. Reforma y adecuación de los grupos de población de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.

4. Revisión del sistema de retribución de las guardias, en concreto en lo que se refiere a las guardias semanales.

5. Urge dar cumplimiento a la obligación establecida en la Ley de Prevención de Riesgo Laborales, art.14, a cuyo fin exigimos del Ministerio de Justicia la firma del Convenio con la FGE sobre Prevención de Riesgos laborales que permita la urgente creación de un Servicio de Prevención de Riesgos laborales y un Plan de prevención específicos para la carrera fiscal.

6. Mejora del sistema de “justicia digital”, que la convierta en una herramienta de trabajo moderna y útil al servicio de todos y que garantice la seguridad jurídica.

7. Ante la propuesta de reforma de la LECrim se hace más necesaria si cabe la formación unificada de las carreras judicial y fiscal, cuestión que deberá abordarse de futuro; no obstante, a fin de mejorar la formación de las nuevas promociones, conviene proceder sin dilaciones a la unificación de la formación inicial hasta el momento en que tengan que elegir carrera.

8. Atribución al/la FGE de las competencias en materia de concursos de traslado reglados a fin de eliminar trámites e intervenciones innecesarias y garantizar la publicación periódica y su pronta resolución.

9. Proceder a la inmediata prórroga del plazo de las notificaciones al Ministerio Fiscal regulado en el art. 151.2 de la LEC en los términos de la disposición adicional 4 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre que quedó sin efecto el pasado 31 de diciembre.

10. Atribución al/la FGE de la condición de autoridad central en materia de comisiones rogatorias.

11. De cara al futuro modelo procesal apoyamos la propuesta de la FGE de creación de grupo de trabajo para elaborar un nuevo EOMF y exigimos nuestra presencia en dicho grupo de trabajo.

12. Sin perjuicio de la anterior, compartimos la necesidad de afrontar la modificación urgente e imperiosa del EOMF para dar respuesta a múltiples necesidades orgánicas y funcionales inaplazables (Fiscalía Europea; creación de una Unidad de Protección de Datos en la Fiscalía; revisión del régimen disciplinario,…)

13. Exigimos, así mismo, la publicación del nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal.

Para la mejor exposición y concreción del contenido y extensión de cada una de las anteriores reivindicaciones, las asociaciones firmantes no tienen inconveniente alguno en reunirse con el Ministerio ofreciendo nuestra más absoluta colaboración en la consecución de estos objetivos.

Madrid a 12 de febrero de 2021

UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES

ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALE

REIVINDICACIONES PARA UNA JUSTICIA DE CALIDAD

Los Jueces/Magistrados y Fiscales venimos a manifestar a la opinión pública y a los usuarios de la Administración de Justicia que:

1º.- Expresamente apoyamos a las catorce medidas propuestas por las Asociaciones Judiciales el 16 de junio de 2017 y que fueron asimismo asumidas por 1.200 Juntas de Jueces por todo el país y contaron con la adhesión individual de 3.500 Jueces y Magistrados.

Asimismo apoyamos las peticiones efectuadas por las Asociaciones Fiscales en mejora de su Estatuto y funciones.

2º.- En consecuencia, pedimos a las Cortes Generales, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial que, con la urgencia que exige la situación nuestra Justicia, se acuerden las siguientes medidas:

Para reforzar la independencia judicial:

o Presentación de un proyecto/proposición de ley de reforma de la LOPJ en lo que se refiere al CGPJ, que recupere el régimen competencial, de organización, funcionamiento y dedicación y garantice la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados, asegurando la igualdad de género y la representatividad.

o El CGPJ debe amparar de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia.

o Retirada de las enmiendas presentadas a la proposición de ley de reforma de la LOPJ que coartan el ejercicio de la función judicial y vacían de ciertas competencias al CGPJ.

o Objetivación del sistema de nombramiento de altos cargos judiciales, con arreglo a perfiles previamente definidos, de acuerdo con un proceso transparente y en decisión debidamente motivada y adoptada por una mayoría cualificada.

o Supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos.

 

Para modernizar la Administración de Justicia: calidad y eficacia:

o Un plan de inversión suficiente y prolongado, en el marco de una organización judicial rigurosa y eficiente, destinado -entre otros aspectos- a:

Incrementar las plantas judicial y fiscal, equiparándolo a la media europea, convocando al menos 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años;

Modernizar los edificios judiciales y fiscalías;

Un proceso de digitalización con los equipos necesarios y los programas de manejo adecuado, que realmente facilite el ejercicio de la función jurisdiccional y fiscal en beneficio del ciudadano, en lugar de ralentizarlo.

Procurar los medios necesarios para hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes (víctimas, equipos psicosociales…

o Racionalización de la planta judicial:

Implantación de los tribunales de instancia, respetando las exigencias de independencia e inamovilidad, garantizando el acceso a la justicia de todas las personas.

Mientras tanto, deberán de crearse órganos judiciales suficientes para atender al incremento de litigiosidad, hoy en 126 asuntos por cada 1000 habitantes.

Evitar la precarización judicial y fiscal, con eliminación de las adscripciones forzosas y supresión de las figuras de «sustitución y refuerzo» en el periodo de prácticas formativas., respetando escrupulosamente el derecho-deber a una formación inicial y una adecuada formación para ejercer en las jurisdicciones especializadas, con supresión de la figura de fiscales y jueces en expectativa de destino.

o Revisión del modelo de oficina judicial sobre las experiencias piloto, atendiendo a los principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones y sobre la base de que es un instrumento para apoyar y facilitar el trabajo de los órganos jurisdiccionales, por lo que en supuestos de controversia deberá establecerse la intervención de los órganos de gobierno del Poder Judicial para adoptar la oportuna decisión.

o Compatibilizar los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional.

o Dotación de medios personales y materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, con dependencia directa de la Autoridad judicial y fiscal

 

Para mejorar las condiciones profesionales:

o Convocatoria inmediata y formal de la Mesa de Retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función.

o Impulso inmediato de la modificación de la LOPJ en lo que a permisos y medidas de conciliación de la carrera judicial y fiscal se refiere.

o Reclamar la recuperación del régimen de vacaciones y permisos vigente al momento de la supresión y reducción por Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, así como el permiso de paternidad.

o Implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo, con la participación de las asociaciones judiciales y fiscales en la fijación de las mismas, y la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales.

o Garantizar una adecuada asistencia de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y la igualdad de los derechos pasivos con respecto a los beneficiarios de la Seguridad Social.

 

Por lo que se refiere al Ministerio Fiscal:

o Derogación del sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios al efecto.

o Paralización de la implantación de la justicia digital en tanto no se garantice el correcto funcionamiento de los programas y equipos.

o Atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado.

o Refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal.

o Autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal.

 

3º.- Como medio de conseguir estos fines, anunciamos que secundaremos todas las medidas de movilización acordadas conjuntamente por las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales el pasado 05/03/2018, conforme al calendario propuesto, sin perjuicio de lo que pueda resultar del proceso de negociación iniciado.

 

APM , AJFV, JJD, FJI, AF, UPF y APIF

COMUNICADO DE TODAS LAS ASOCIACIONES EN RELACIÓN CON LAS DECLARACIONES DEL MINISTRO DE JUSTICIA

El Ministro de Justicia, en unas nuevas declaraciones con motivo de la denominada sentencia de “La manada”, ha insinuado públicamente que debería haberse actuado preventivamente contra el magistrado que dictó el voto particular, verbalizando que el magistrado “tiene un problema” y que “todos los saben”, sembrando públicamente dudas sobre la capacidad y condición de dicho magistrado.

La intromisión del Ejecutivo en las labores que le corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial (tales como la tutela o el impulso de la labor disciplinaria) y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia.

Hoy es por el juicio de “la Manada” pero mañana puede serlo por cualquier actuación que no sea del agrado del Ministro o de su Gobierno. Éste es el verdadero peligro: la utilización de la resoluciones judiciales por el Ejecutivo y la confusión intencionada de intereses electorales con lo que debería ser su labor como miembro de un Poder del Estado, esto es, respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones.

Por eso, exigimos una vez más la dimisión del Ministro de Justicia, cuya reprobación ya fue demandada por otro de los Poderes del Estado, como es el Legislativo.

En Madrid a 30 de abril de 2018.

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA (APM)

ASOCIACIÓN DE JUECES FRANCISCO DE VITORIA

ASOCIACIÓN JUECES Y JUEZAS POR LA DEMOCRACIA

ASOCIACIÓN DE JUECES “FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE”

ASOCIACIÓN DE FISCALES

UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES

ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES

DECLARACIÓN DE PALMA – MEDEL

Declaración de Palma , 11 de marzo de 2017, Palma de Mallorca . España.

Complemento  a la declaración de Paris, 22/10/2016.

Asistimos como espectadores impasibles, a diario, a las duras imágenes de la muerte en las aguas del mar o en las fronteras de nuestros países. Todas las personas tenemos una crónica de la emigración en nuestro árbol genealógico, en nuestra familia, todos los seres humanos somos el resultado de la voluntad o la necesidad de cambiar, de lugar, de nación, de continente. La historia de la humanidad no es sino  la historia de las migraciones.

Permitiendo en silencio estas muertes, anestesiados después de cada noticia o cada reportaje, acostumbrados e insensibles al impacto visual de la tragedia, nos limitamos a cambiar de canal, apagamos el televisor y seguimos nuestra rutina diaria.

Nos alejamos, ponemos distancia al sufrimiento de quienes son como nosotros. Convivimos con esa  injusticia y consentimos que miles de personas pierdan su vida, comprometan su dignidad y anulen su condición humana solamente por buscar un destino mejor. El futuro será implacable con nosotros porque hemos tolerado, estamos tolerando esta inacabable tragedia.

Desde MEDEL, desde nuestra condición de profesionales, desde nuestro cómodo estatus de JUECES Y FISCALES estamos obligados a combatir, proponer soluciones, alzar la voz, y no permitir que nuestra nuestra conciencia, que nuestro sentido de la justicia, que nuestro respeto a la dignidad del ser humano permanezca aletargado,  lucharemos por ello. Lucharemos por ellos y por ellas.

Medel quiere reconocer a aquellos que con su propio esfuerzo salvan la vidas de los migrantes y los refugiados.

Medel reclama la colaboración de FRONTEX para que proporcione la ayuda indispensable para el rescate de vidas humanas.

 

 

 

MEDEL

COMUNICADO sobre la detención de fiscales y jueces en Turquía

COMUNICADO SOBRE LA DETENCIÓN DE JUECES/ZAS Y FISCALES EN TURQUÍA

la Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia, condenan enérgicamente el brutal ataque a la independencia del poder judicial en Turquía que ha tenido lugar sólo pocas horas después de la tentativa de golpe de estado en este país que ha resultado fallida.
La decisión del Consejo Superior de los Jueces y Fiscales de Turquía de expulsar de su carrera a miles de jueces/as y fiscales así como la detención y la privación de libertad de cientos de ellos/as son totalmente arbitrarias y han sido realizadas fuera de todo proceso legalmente establecido.

Es difícil creer la explicación de que todos estos jueces/as y fiscales, que lo único que hacían era cumplir sus funciones, pudieran estar implicados en una conspiración de dar un golpe de estado y que en tan solo unas horas las autoridades turcas hayan podido elaborar una lista de casi 3.000 jueces/as y fiscales que han sido depurados.

Hace ya tiempo que advertimos a través de los informes de MEDEL la inquietud que generan los indicios de pérdida de calidad de la democracia en Turquía. Sin embargo, todos estos avisos, que fueron enviados en su momento a las instituciones europeas fueron ignorados, y finalmente se ha creado el ambiente propicio para que el ejecutivo, de manera arbitraria, ejecute acciones contra el poder judicial en ese país.

Todos los líderes europeos han manifestado el apoyo al gobierno democráticamente elegido en Turquía. Sin embargo, no debemos obviar que eso significa también, como gobierno democrático que dice ser, respetar el estado de derecho. Por lo tanto, entendemos que es deber de las instituciones europeas reaccionar, de manera específica, cuando el poder judicial, garante de un estado de derecho, es atacado de manera arbitraria y con ello demostrar que los derechos humanos y las libertades, la democracia y el imperio de la ley, no solo son palabras, sino la esencia del espacio común europeo. El silencio en estos momentos equivale a abdicar de los valores europeos fundamentales.
La especial situación en Turquía no justifica la purga y la detención arbitraria de miles de magistrados/as. La Seguridad no se construye sobre la brutal violación de los derechos fundamentales ni socavando la independencia del poder judicial, ni aprovechando el silencio de las instituciones democráticas internacionales. No hay democracia y no hay estado de derecho sin un poder judicial fuerte e independiente.

Por todo ello:

la Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia expresa su plena solidaridad con los jueces y fiscales que en Turquía defienden los principios y valores de la democracia, estado de derecho, derechos fundamentales y la libertad de cada ciudadano/a. Puede asegurar también que pondrán todos los medios necesarios a su alcance para hacer conseguir el retorno de los magistrados/as y fiscales detenidos, para que sean liberados y puedan volver con seguridad con sus familias.

la Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia piden a cada juez/a y fiscal que exija a sus gobiernos la condena al golpe de estado contra el poder judicial y la democracia en Turquía.

la Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia instan a todas las instituciones del Consejo de Europa y de la Unión Europea a condenar enérgicamente el brutal ataque del gobierno turco a la independencia del poder judicial y que exija al gobierno turco que libere inmediatamente a todos los fiscales y jueces/zas que han sido arbitrariamente cesados y detenidos sin el respeto al proceso debido y a sus derechos fundamentales.

Unión Progresista de Fiscales- Jueces para la Democracia

COMUNICADO conjunto por la derogación del art. 324 LECrim

UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES, JUECES PARA LA DEMOCRACIA y SINDICATO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
POR LA DEROGACIÓN DEL ART 324, SISTEMA DE PLAZOS DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.

COMUNICADO CONJUNTO

Transcurridos 6 meses desde la entrada en vigor del nuevo art 324 de la LECrim es momento de hacer balance de las consecuencias que ha tenido o puede tener para la administración de justicia. Las deficiencias de su redacción, la falta de encaje sistemático en nuestro sistema procesal y la ausencia de un criterio único en su interpretación han llevado al limite a los juzgados de instrucción y a las fiscalías. Si se pretendía una agilización de la justicia este no es el camino. En los próximos meses veremos como el riesgo generado por la entrada en vigor de la ley no se compensa con el escaso bagaje obtenido, que básicamente va a consistir en el archivo de causas que estaban ya sin actividad en los juzgados. Sin embargo, es posible que aumente la perdida de calidad del sistema, las dificultades de la investigación y el número de recursos en instrucción y, por tanto , el tiempo de tramitación de los procesos.

Desde todas las asociaciones firmantes, con responsabilidad, lamentamos ante la ciudadanía la imagen que por esta situación se pueda estar proyectando de la justicia, en la que los/las Letrados/as de la Administración de Justicia, los/las Fiscales, los/las Jueces/zas y Magistrados/as y el resto de los funcionarios/as que integran la misma, son la garantía profesional de que trabajando en común y evitando estériles enfrentamientos a los que indirectamente nos ha conducido esta reforma, velaremos en conciencia por los intereses de todos. Incluso en la aplicación de reformas como la que evaluamos en este escrito, al tiempo que pedimos su derogación cuando se constituya el nuevo gobierno y las Cortes Generales.

POR UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE EN EUROPA

POR UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE EN EUROPA

Imágenes integradas 3Imágenes integradas 1

Imágenes integradas 2

Por una justicia independiente en Europa

En el  aniversario del asesinato de Giovanni Falcone por la Mafia en 1992, MEDEL marca el día 23 de mayo como el día de la alerta por el estado de la Justicia en Europa. En esta fecha, se nos invita a reflexionar sobre la necesidad de una justicia independiente y eficaz en todo el continente y su importancia para la salvaguarda de las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos europeos.
En la última década,  muchos de los problemas  que han salido a la luz han llevado a una creciente desconfianza de los ciudadanos hacia el proyecto de integración europea: la crisis económica y financiera; la amenaza del  terrorismo; el fenómeno de la migración. A pesar de estos problemas, y de la decepcionante respuesta dada a los mismos por los gobiernos nacionales y las propias instituciones europeas pese al peligro que suponen para la integración,  cualquier análisis sobre estos temas demanda la existencia de un poder judicial independiente  capaz de proteger las libertades básicas y derechos de todos los ciudadanos.
Con la excusa de abordar el problema del insuficiente crecimiento económico, la Unión Europea y los Estados Unidos están negociando secretamente un acuerdo de libre comercio, según la cual, entre otras medidas, se está considerando la creación de sistema de resolución de conflictos ajeno al control judicial de los países. Esto supone equiparar a las corporaciones multinacionales al mismo nivel que los Estados soberanos, basado en la  errónea presunción de que los tribunales nacionales de los Estados miembros no pueden otorgar protección jurídica efectiva a los inversores extranjeros. 
Medel ( Magistrados europeos para la libertad y la democracia), en su comunicado emitido hoy mismo, afirma que no existe ninguna justificación objetiva o base jurídica para la creación de este nuevo  Tribunal y que todos los ciudadanos europeos deberían estar seriamente preocupados por esta propuesta. Un tribunal de arbitraje privado que reemplace a los tribunales de los Estados no puede establecerse mas que para  favorecer  los intereses de la codicia corporativa multinacional. Este tribunal concederá legalmente a las multinacionales diferentes privilegios; entre otros tendrán el de poder imponer sanciones a los Estados y, al mismo tiempo, no serán responsables ante los ciudadanos, al no tener que cumplir con las reglas del juego democrático y no afrontar las consecuencias sociales de sus decisiones .
La lucha contra el terrorismo, por otro lado, ha llevado a la adopción de medidas que ponen en peligro la libertad de los ciudadanos europeos sin que ello sea la panacea para resolver el problema de la seguridad. Como MEDEL subrayada en su declaración de Pisa de marzo pasado, la utilización de medidas excepcionales no puede convertirse en una excusa para prolongar los estados de emergencia, cuya vigencia ilimitada no puede ser vista como una situación normal en una sociedad democrática.
Añadimos a todo esto,  y en un intento de desviar la atención de la desastrosa respuesta de instituciones y los gobiernos europeos a la crisis de la migración,  que la UE ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno turco que  nos avergüenza a  todos. Y se ha formalizado olvidando intencionadamente que el gobierno Turco no respeta la separación de poderes y la independencia del poder judicial, como pone de manifiesto el traslado de jueces y fiscales sin  su consentimiento; la prisión y  y destitución de jueces y fiscales por realizar su trabajo y las propias declaraciones públicas contra los jueces realizadas por el Presidente turco.
Estos son sólo algunos ejemplos preocupantes de las amenazas a las que se  enfrenta el poder judicial en Europa. Hay muchas otras, algunas graves, como las inaceptables medidas adoptadas por el poder ejecutivo en el poder judicial en Polonia con la paralización del Tribunal Constitucional, o la interferencia de los servicios secretos en el poder judicial rumano.
En España, la Justicia, al igual que otros servicios públicos , ha sido maltratada por la crisis económica, sin que se ponga remedio por parte del poder político a una situación endémica de precariedad de medios , a una perdida progresiva de libertades y derechos sociales y políticos , a un proceso penal  insostenible su actual concepción, y a los intentos siempre perniciosos de socavar la independencia judicial.
En otras muchas ocasiones Medel ha recordado, que tener acceso a una justicia independiente no es un privilegio, es un derecho fundamental de todos los ciudadanos europeos. Los poderes económicos y políticos no pueden cruzar el último límite de la separación de poderes, el principio único que garantiza el respeto de los derechos y libertades fundamentales ; que todos los europeos, ciudadanos o instituciones, independientemente de su origen o de su situación económica, son iguales ante la ley.
No podemos permanecer pasivos mientras la independencia del poder judicial se está poniendo bajo amenaza en toda Europa, es un deber de la ciudadanía oponerse a todos estos  intentos de injerencia. Se lo debemos a la memoria de Giovanni Falcone. Se lo debemos al futuro de Europa.
Gualtiero Michelini. Presidente de Medel.
Joaquim Bosch Grau, Portavoz de Jueces Para La Democracia
Alvaro García  Ortiz. Presidente de la Unión Progresista de Fiscales.