por Victor Castells | 20 diciembre, 2022 | Comunicados conjuntos, Comunicados UPF
por Victor Castells | 12 febrero, 2021 | Comunicados conjuntos
Las asociaciones abajo firmantes hemos asistimos en la mañana de ayer a una reunión con la Fiscalía General del Estado en la que se nos informó de la reunión que a su vez han mantenido con el Ministerio de Justicia el día 9 de febrero, así como de las necesidades de la carrera Fiscal y las propuestas que han trasladado desde la Fiscalía al Ministerio.
Muchas de esas propuestas son antiguas reivindicaciones de estas asociaciones de fiscales que hemos reiterado en múltiples ocasiones al Ministerio y que, sin embargo, han sido continuamente desoídas, haciéndose cada vez más urgentes, más aún de cara al nuevo modelo procesal proyectado por el Ministerio de Justicia.
Por ello exigimos del Ministerio, otra vez, la adopción de medidas inmediatas para resolver esta situación y en concreto:
1. Ampliación de la plantilla del Ministerio Fiscal, exclusivamente con plazas de segunda categoría.
2. Reconversión plazas de tercera a segunda categoría.
3. Reforma y adecuación de los grupos de población de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.
4. Revisión del sistema de retribución de las guardias, en concreto en lo que se refiere a las guardias semanales.
5. Urge dar cumplimiento a la obligación establecida en la Ley de Prevención de Riesgo Laborales, art.14, a cuyo fin exigimos del Ministerio de Justicia la firma del Convenio con la FGE sobre Prevención de Riesgos laborales que permita la urgente creación de un Servicio de Prevención de Riesgos laborales y un Plan de prevención específicos para la carrera fiscal.
6. Mejora del sistema de “justicia digital”, que la convierta en una herramienta de trabajo moderna y útil al servicio de todos y que garantice la seguridad jurídica.
7. Ante la propuesta de reforma de la LECrim se hace más necesaria si cabe la formación unificada de las carreras judicial y fiscal, cuestión que deberá abordarse de futuro; no obstante, a fin de mejorar la formación de las nuevas promociones, conviene proceder sin dilaciones a la unificación de la formación inicial hasta el momento en que tengan que elegir carrera.
8. Atribución al/la FGE de las competencias en materia de concursos de traslado reglados a fin de eliminar trámites e intervenciones innecesarias y garantizar la publicación periódica y su pronta resolución.
9. Proceder a la inmediata prórroga del plazo de las notificaciones al Ministerio Fiscal regulado en el art. 151.2 de la LEC en los términos de la disposición adicional 4 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre que quedó sin efecto el pasado 31 de diciembre.
10. Atribución al/la FGE de la condición de autoridad central en materia de comisiones rogatorias.
11. De cara al futuro modelo procesal apoyamos la propuesta de la FGE de creación de grupo de trabajo para elaborar un nuevo EOMF y exigimos nuestra presencia en dicho grupo de trabajo.
12. Sin perjuicio de la anterior, compartimos la necesidad de afrontar la modificación urgente e imperiosa del EOMF para dar respuesta a múltiples necesidades orgánicas y funcionales inaplazables (Fiscalía Europea; creación de una Unidad de Protección de Datos en la Fiscalía; revisión del régimen disciplinario,…)
13. Exigimos, así mismo, la publicación del nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal.
Para la mejor exposición y concreción del contenido y extensión de cada una de las anteriores reivindicaciones, las asociaciones firmantes no tienen inconveniente alguno en reunirse con el Ministerio ofreciendo nuestra más absoluta colaboración en la consecución de estos objetivos.
Madrid a 12 de febrero de 2021
UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES
ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALE
por UPF | 16 mayo, 2018 | Comunicados conjuntos, Portada
Los Jueces/Magistrados y Fiscales venimos a manifestar a la opinión pública y a los usuarios de la Administración de Justicia que:
1º.- Expresamente apoyamos a las catorce medidas propuestas por las Asociaciones Judiciales el 16 de junio de 2017 y que fueron asimismo asumidas por 1.200 Juntas de Jueces por todo el país y contaron con la adhesión individual de 3.500 Jueces y Magistrados.
Asimismo apoyamos las peticiones efectuadas por las Asociaciones Fiscales en mejora de su Estatuto y funciones.
2º.- En consecuencia, pedimos a las Cortes Generales, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial que, con la urgencia que exige la situación nuestra Justicia, se acuerden las siguientes medidas:
– Para reforzar la independencia judicial:
o Presentación de un proyecto/proposición de ley de reforma de la LOPJ en lo que se refiere al CGPJ, que recupere el régimen competencial, de organización, funcionamiento y dedicación y garantice la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados, asegurando la igualdad de género y la representatividad.
o El CGPJ debe amparar de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia.
o Retirada de las enmiendas presentadas a la proposición de ley de reforma de la LOPJ que coartan el ejercicio de la función judicial y vacían de ciertas competencias al CGPJ.
o Objetivación del sistema de nombramiento de altos cargos judiciales, con arreglo a perfiles previamente definidos, de acuerdo con un proceso transparente y en decisión debidamente motivada y adoptada por una mayoría cualificada.
o Supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos.
– Para modernizar la Administración de Justicia: calidad y eficacia:
o Un plan de inversión suficiente y prolongado, en el marco de una organización judicial rigurosa y eficiente, destinado -entre otros aspectos- a:
Incrementar las plantas judicial y fiscal, equiparándolo a la media europea, convocando al menos 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años;
Modernizar los edificios judiciales y fiscalías;
Un proceso de digitalización con los equipos necesarios y los programas de manejo adecuado, que realmente facilite el ejercicio de la función jurisdiccional y fiscal en beneficio del ciudadano, en lugar de ralentizarlo.
Procurar los medios necesarios para hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes (víctimas, equipos psicosociales…
o Racionalización de la planta judicial:
Implantación de los tribunales de instancia, respetando las exigencias de independencia e inamovilidad, garantizando el acceso a la justicia de todas las personas.
Mientras tanto, deberán de crearse órganos judiciales suficientes para atender al incremento de litigiosidad, hoy en 126 asuntos por cada 1000 habitantes.
Evitar la precarización judicial y fiscal, con eliminación de las adscripciones forzosas y supresión de las figuras de «sustitución y refuerzo» en el periodo de prácticas formativas., respetando escrupulosamente el derecho-deber a una formación inicial y una adecuada formación para ejercer en las jurisdicciones especializadas, con supresión de la figura de fiscales y jueces en expectativa de destino.
o Revisión del modelo de oficina judicial sobre las experiencias piloto, atendiendo a los principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones y sobre la base de que es un instrumento para apoyar y facilitar el trabajo de los órganos jurisdiccionales, por lo que en supuestos de controversia deberá establecerse la intervención de los órganos de gobierno del Poder Judicial para adoptar la oportuna decisión.
o Compatibilizar los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional.
o Dotación de medios personales y materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, con dependencia directa de la Autoridad judicial y fiscal
– Para mejorar las condiciones profesionales:
o Convocatoria inmediata y formal de la Mesa de Retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función.
o Impulso inmediato de la modificación de la LOPJ en lo que a permisos y medidas de conciliación de la carrera judicial y fiscal se refiere.
o Reclamar la recuperación del régimen de vacaciones y permisos vigente al momento de la supresión y reducción por Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, así como el permiso de paternidad.
o Implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo, con la participación de las asociaciones judiciales y fiscales en la fijación de las mismas, y la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales.
o Garantizar una adecuada asistencia de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y la igualdad de los derechos pasivos con respecto a los beneficiarios de la Seguridad Social.
– Por lo que se refiere al Ministerio Fiscal:
o Derogación del sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios al efecto.
o Paralización de la implantación de la justicia digital en tanto no se garantice el correcto funcionamiento de los programas y equipos.
o Atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado.
o Refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal.
o Autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal.
3º.- Como medio de conseguir estos fines, anunciamos que secundaremos todas las medidas de movilización acordadas conjuntamente por las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales el pasado 05/03/2018, conforme al calendario propuesto, sin perjuicio de lo que pueda resultar del proceso de negociación iniciado.
APM , AJFV, JJD, FJI, AF, UPF y APIF
por UPF | 02 mayo, 2018 | Comunicados conjuntos, Comunicados UPF, Portada
El Ministro de Justicia, en unas nuevas declaraciones con motivo de la denominada sentencia de “La manada”, ha insinuado públicamente que debería haberse actuado preventivamente contra el magistrado que dictó el voto particular, verbalizando que el magistrado “tiene un problema” y que “todos los saben”, sembrando públicamente dudas sobre la capacidad y condición de dicho magistrado.
La intromisión del Ejecutivo en las labores que le corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial (tales como la tutela o el impulso de la labor disciplinaria) y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia.
Hoy es por el juicio de “la Manada” pero mañana puede serlo por cualquier actuación que no sea del agrado del Ministro o de su Gobierno. Éste es el verdadero peligro: la utilización de la resoluciones judiciales por el Ejecutivo y la confusión intencionada de intereses electorales con lo que debería ser su labor como miembro de un Poder del Estado, esto es, respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones.
Por eso, exigimos una vez más la dimisión del Ministro de Justicia, cuya reprobación ya fue demandada por otro de los Poderes del Estado, como es el Legislativo.
En Madrid a 30 de abril de 2018.
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA (APM)
ASOCIACIÓN DE JUECES FRANCISCO DE VITORIA
ASOCIACIÓN JUECES Y JUEZAS POR LA DEMOCRACIA
ASOCIACIÓN DE JUECES “FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE”
ASOCIACIÓN DE FISCALES
UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES
ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES
por UPF | 22 marzo, 2017 | Comunicados conjuntos, Comunicados MEDEL, Comunicados UPF
Declaración de Palma , 11 de marzo de 2017, Palma de Mallorca . España.
Complemento a la declaración de Paris, 22/10/2016.
Asistimos como espectadores impasibles, a diario, a las duras imágenes de la muerte en las aguas del mar o en las fronteras de nuestros países. Todas las personas tenemos una crónica de la emigración en nuestro árbol genealógico, en nuestra familia, todos los seres humanos somos el resultado de la voluntad o la necesidad de cambiar, de lugar, de nación, de continente. La historia de la humanidad no es sino la historia de las migraciones.
Permitiendo en silencio estas muertes, anestesiados después de cada noticia o cada reportaje, acostumbrados e insensibles al impacto visual de la tragedia, nos limitamos a cambiar de canal, apagamos el televisor y seguimos nuestra rutina diaria.
Nos alejamos, ponemos distancia al sufrimiento de quienes son como nosotros. Convivimos con esa injusticia y consentimos que miles de personas pierdan su vida, comprometan su dignidad y anulen su condición humana solamente por buscar un destino mejor. El futuro será implacable con nosotros porque hemos tolerado, estamos tolerando esta inacabable tragedia.
Desde MEDEL, desde nuestra condición de profesionales, desde nuestro cómodo estatus de JUECES Y FISCALES estamos obligados a combatir, proponer soluciones, alzar la voz, y no permitir que nuestra nuestra conciencia, que nuestro sentido de la justicia, que nuestro respeto a la dignidad del ser humano permanezca aletargado, lucharemos por ello. Lucharemos por ellos y por ellas.
Medel quiere reconocer a aquellos que con su propio esfuerzo salvan la vidas de los migrantes y los refugiados.
Medel reclama la colaboración de FRONTEX para que proporcione la ayuda indispensable para el rescate de vidas humanas.
MEDEL
por UPF | 18 julio, 2016 | Comunicados conjuntos
COMUNICADO SOBRE LA DETENCIÓN DE JUECES/ZAS Y FISCALES EN TURQUÍA
la Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia, condenan enérgicamente el brutal ataque a la independencia del poder judicial en Turquía que ha tenido lugar sólo pocas horas después de la tentativa de golpe de estado en este país que ha resultado fallida.
La decisión del Consejo Superior de los Jueces y Fiscales de Turquía de expulsar de su carrera a miles de jueces/as y fiscales así como la detención y la privación de libertad de cientos de ellos/as son totalmente arbitrarias y han sido realizadas fuera de todo proceso legalmente establecido.
Es difícil creer la explicación de que todos estos jueces/as y fiscales, que lo único que hacían era cumplir sus funciones, pudieran estar implicados en una conspiración de dar un golpe de estado y que en tan solo unas horas las autoridades turcas hayan podido elaborar una lista de casi 3.000 jueces/as y fiscales que han sido depurados.
Hace ya tiempo que advertimos a través de los informes de MEDEL la inquietud que generan los indicios de pérdida de calidad de la democracia en Turquía. Sin embargo, todos estos avisos, que fueron enviados en su momento a las instituciones europeas fueron ignorados, y finalmente se ha creado el ambiente propicio para que el ejecutivo, de manera arbitraria, ejecute acciones contra el poder judicial en ese país.
Todos los líderes europeos han manifestado el apoyo al gobierno democráticamente elegido en Turquía. Sin embargo, no debemos obviar que eso significa también, como gobierno democrático que dice ser, respetar el estado de derecho. Por lo tanto, entendemos que es deber de las instituciones europeas reaccionar, de manera específica, cuando el poder judicial, garante de un estado de derecho, es atacado de manera arbitraria y con ello demostrar que los derechos humanos y las libertades, la democracia y el imperio de la ley, no solo son palabras, sino la esencia del espacio común europeo. El silencio en estos momentos equivale a abdicar de los valores europeos fundamentales.
La especial situación en Turquía no justifica la purga y la detención arbitraria de miles de magistrados/as. La Seguridad no se construye sobre la brutal violación de los derechos fundamentales ni socavando la independencia del poder judicial, ni aprovechando el silencio de las instituciones democráticas internacionales. No hay democracia y no hay estado de derecho sin un poder judicial fuerte e independiente.
Por todo ello:
la Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia expresa su plena solidaridad con los jueces y fiscales que en Turquía defienden los principios y valores de la democracia, estado de derecho, derechos fundamentales y la libertad de cada ciudadano/a. Puede asegurar también que pondrán todos los medios necesarios a su alcance para hacer conseguir el retorno de los magistrados/as y fiscales detenidos, para que sean liberados y puedan volver con seguridad con sus familias.
la Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia piden a cada juez/a y fiscal que exija a sus gobiernos la condena al golpe de estado contra el poder judicial y la democracia en Turquía.
la Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia instan a todas las instituciones del Consejo de Europa y de la Unión Europea a condenar enérgicamente el brutal ataque del gobierno turco a la independencia del poder judicial y que exija al gobierno turco que libere inmediatamente a todos los fiscales y jueces/zas que han sido arbitrariamente cesados y detenidos sin el respeto al proceso debido y a sus derechos fundamentales.
Unión Progresista de Fiscales- Jueces para la Democracia
por UPF | 07 junio, 2016 | Comunicados conjuntos, Comunicados UPF
UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES, JUECES PARA LA DEMOCRACIA y SINDICATO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
POR LA DEROGACIÓN DEL ART 324, SISTEMA DE PLAZOS DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.
COMUNICADO CONJUNTO
Transcurridos 6 meses desde la entrada en vigor del nuevo art 324 de la LECrim es momento de hacer balance de las consecuencias que ha tenido o puede tener para la administración de justicia. Las deficiencias de su redacción, la falta de encaje sistemático en nuestro sistema procesal y la ausencia de un criterio único en su interpretación han llevado al limite a los juzgados de instrucción y a las fiscalías. Si se pretendía una agilización de la justicia este no es el camino. En los próximos meses veremos como el riesgo generado por la entrada en vigor de la ley no se compensa con el escaso bagaje obtenido, que básicamente va a consistir en el archivo de causas que estaban ya sin actividad en los juzgados. Sin embargo, es posible que aumente la perdida de calidad del sistema, las dificultades de la investigación y el número de recursos en instrucción y, por tanto , el tiempo de tramitación de los procesos.
Desde todas las asociaciones firmantes, con responsabilidad, lamentamos ante la ciudadanía la imagen que por esta situación se pueda estar proyectando de la justicia, en la que los/las Letrados/as de la Administración de Justicia, los/las Fiscales, los/las Jueces/zas y Magistrados/as y el resto de los funcionarios/as que integran la misma, son la garantía profesional de que trabajando en común y evitando estériles enfrentamientos a los que indirectamente nos ha conducido esta reforma, velaremos en conciencia por los intereses de todos. Incluso en la aplicación de reformas como la que evaluamos en este escrito, al tiempo que pedimos su derogación cuando se constituya el nuevo gobierno y las Cortes Generales.
por UPF | 23 mayo, 2016 | Comunicados conjuntos, Comunicados MEDEL, Comunicados UPF, General
Por una justicia independiente en Europa
En el aniversario del asesinato de Giovanni Falcone por la Mafia en 1992, MEDEL marca el día 23 de mayo como el día de la alerta por el estado de la Justicia en Europa. En esta fecha, se nos invita a reflexionar sobre la necesidad de una justicia independiente y eficaz en todo el continente y su importancia para la salvaguarda de las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos europeos.
En la última década, muchos de los problemas que han salido a la luz han llevado a una creciente desconfianza de los ciudadanos hacia el proyecto de integración europea: la crisis económica y financiera; la amenaza del terrorismo; el fenómeno de la migración. A pesar de estos problemas, y de la decepcionante respuesta dada a los mismos por los gobiernos nacionales y las propias instituciones europeas pese al peligro que suponen para la integración, cualquier análisis sobre estos temas demanda la existencia de un poder judicial independiente capaz de proteger las libertades básicas y derechos de todos los ciudadanos.
Con la excusa de abordar el problema del insuficiente crecimiento económico, la Unión Europea y los Estados Unidos están negociando secretamente un acuerdo de libre comercio, según la cual, entre otras medidas, se está considerando la creación de sistema de resolución de conflictos ajeno al control judicial de los países. Esto supone equiparar a las corporaciones multinacionales al mismo nivel que los Estados soberanos, basado en la errónea presunción de que los tribunales nacionales de los Estados miembros no pueden otorgar protección jurídica efectiva a los inversores extranjeros.
Medel ( Magistrados europeos para la libertad y la democracia), en su comunicado emitido hoy mismo, afirma que no existe ninguna justificación objetiva o base jurídica para la creación de este nuevo Tribunal y que todos los ciudadanos europeos deberían estar seriamente preocupados por esta propuesta. Un tribunal de arbitraje privado que reemplace a los tribunales de los Estados no puede establecerse mas que para favorecer los intereses de la codicia corporativa multinacional. Este tribunal concederá legalmente a las multinacionales diferentes privilegios; entre otros tendrán el de poder imponer sanciones a los Estados y, al mismo tiempo, no serán responsables ante los ciudadanos, al no tener que cumplir con las reglas del juego democrático y no afrontar las consecuencias sociales de sus decisiones .
La lucha contra el terrorismo, por otro lado, ha llevado a la adopción de medidas que ponen en peligro la libertad de los ciudadanos europeos sin que ello sea la panacea para resolver el problema de la seguridad. Como MEDEL subrayada en su declaración de Pisa de marzo pasado, la utilización de medidas excepcionales no puede convertirse en una excusa para prolongar los estados de emergencia, cuya vigencia ilimitada no puede ser vista como una situación normal en una sociedad democrática.
Añadimos a todo esto, y en un intento de desviar la atención de la desastrosa respuesta de instituciones y los gobiernos europeos a la crisis de la migración, que la UE ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno turco que nos avergüenza a todos. Y se ha formalizado olvidando intencionadamente que el gobierno Turco no respeta la separación de poderes y la independencia del poder judicial, como pone de manifiesto el traslado de jueces y fiscales sin su consentimiento; la prisión y y destitución de jueces y fiscales por realizar su trabajo y las propias declaraciones públicas contra los jueces realizadas por el Presidente turco.
Estos son sólo algunos ejemplos preocupantes de las amenazas a las que se enfrenta el poder judicial en Europa. Hay muchas otras, algunas graves, como las inaceptables medidas adoptadas por el poder ejecutivo en el poder judicial en Polonia con la paralización del Tribunal Constitucional, o la interferencia de los servicios secretos en el poder judicial rumano.
En España, la Justicia, al igual que otros servicios públicos , ha sido maltratada por la crisis económica, sin que se ponga remedio por parte del poder político a una situación endémica de precariedad de medios , a una perdida progresiva de libertades y derechos sociales y políticos , a un proceso penal insostenible su actual concepción, y a los intentos siempre perniciosos de socavar la independencia judicial.
En otras muchas ocasiones Medel ha recordado, que tener acceso a una justicia independiente no es un privilegio, es un derecho fundamental de todos los ciudadanos europeos. Los poderes económicos y políticos no pueden cruzar el último límite de la separación de poderes, el principio único que garantiza el respeto de los derechos y libertades fundamentales ; que todos los europeos, ciudadanos o instituciones, independientemente de su origen o de su situación económica, son iguales ante la ley.
No podemos permanecer pasivos mientras la independencia del poder judicial se está poniendo bajo amenaza en toda Europa, es un deber de la ciudadanía oponerse a todos estos intentos de injerencia. Se lo debemos a la memoria de Giovanni Falcone. Se lo debemos al futuro de Europa.
Gualtiero Michelini. Presidente de Medel.
Joaquim Bosch Grau, Portavoz de Jueces Para La Democracia
Alvaro García Ortiz. Presidente de la Unión Progresista de Fiscales.
por UPF Editor | 20 abril, 2016 | Comunicados conjuntos, Portada
En la tarde de ayer se debatió en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley relativa a la actual Ley de Tasas 10/2012, reformada por el Real Decreto Ley 3/2013. Dicha Ley derogó el artículo 35 de la Ley 53/2002 que fijaba tasas judiciales para entidades privadas con un elevado volumen de negocio que no estaban exentas pago del Impuesto de Sociedades.
Desde Jueces para la Democracia (JpD), Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) (…) hemos venido rechazado públicamente en diversos foros el contenido material e ideológico que suponía la generalización de las tasas judiciales, fundamentalmente por los siguientes motivos:
1.- Consideramos que los costes que los servicios públicos, como la sanidad, la educación o la justicia, generan al estado debe satisfacerse mediante la recaudación de impuestos.
2.- La Ley de Tasas culpabilizaba a la ciudadanía y profesionales que la asisten de ser los causantes de la precaria situación de la Administración de Justicia, cuyo ineludible proceso modernizador paralizó el Ejecutivo en funciones.
Así, la Ley pretendió mejorar el retraso de los asuntos en juzgados y tribunales por la vía de incrementar los costes de los procedimientos, impidiendo o limitando el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva de la mayoría de la población.
3.- La vigente Ley, pese a la reforma de 2013, vincula la recaudación por tasas a las partidas destinadas con el derecho de asistencia jurídica gratuita. Ni la justicia gratuita debe quedar supeditada a una concepción mercantilista de la justicia, ni es cierto que la recaudación obtenida se haya destinado a este concepto, atendiendo que la misma es prestada no solo por el Estado, sino que las Comunidades Autónomas con competencias en justicia son las que abonan estas cantidades al margen de la recaudación estatal.
4.- Con la actual Ley, y la redacción del artículo 241.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la ciudadanía teóricamente exenta de tasas las acaba abonando mediante la condena en costas judiciales, generando una situación de doble condena económica.
Por todo ello consideramos que debe derogarse íntegramente la Ley de Tasas 10/2012 por cuanto se fundamentó en un modelo “mercantilista” de los servicios públicos, que pretendía generalizar, también en justicia, el llamado “repago”.
Las reformas parciales constituyen un avance, pero suponen una solución parcial, sin perjuicio de conllevar una mejora respecto de la actual redacción.
20 de Abril de 2016
por UPF Editor | 07 abril, 2016 | Comunicados conjuntos
En Madrid, a 8 de abril de 2016
El miércoles 6 de abril de 2016 se desplazó hasta Rabat (Marruecos) una Comisión de Juristas formada por Letrados y miembros del Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental (OAPSO), la Asociación de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos de Canarias (JUPADEHU), y el Observatorio Aragonés por el Sáhara Occidental.
La finalidad de dicha Comisión era visitar a los presos políticos saharauis, condenados por el Tribunal militar en febrero de 2013, y reunirse con el Consejo de Derechos Humanos y otros organismos para mostrar su preocupación por la situación de los presos políticos y en especial por la salud de los presos que habían mantenido una huelga de hambre de 37 días.
El día 6 de abril por la tarde, y sin causa legal legítima, la Policía marroquí se presentó en el hotel donde se alojaban conminándoles a acompañarlos hasta una Comisaría, donde les incautaron sus pasaportes y teléfonos móviles, quedando incomunicados.
Han sido seguidamente deportados por las autoridades marroquíes a España hoy, día 8 de abril.
Queremos expresar nuestra más enérgica protesta por esta actuación injustificada frente a activistas y observadores pacíficos, que no hace sino aumentar las serias dudas que -sobre la aplicación y respeto de los Derechos Humanos- pesan sobre el Reino de Marruecos y en particular cuando se trata del conflicto del Sáhara Occidental.
Jueces para la Democracia.
Unión Progresista de Fiscales.
SISEJ
