por UPF Editor | 09 marzo, 2016 | Comunicados conjuntos, Portada
COMUNICADO CONJUNTO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA Y UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS EN EUROPA
El acuerdo pactado entre Europa y Turquía el 7 de marzo de 2016 para devolver al país vecino a todo extranjero que llegue ilegalmente a las costas griegas, a cambio de traer desde Turquía a un número de refugiados equivalente al de expulsiones y a aumentar los 3.000 millones de euros destinados a Turquía para atender a los refugiados, supone el abandono por parte de la Unión Europea de la legalidad internacional al no discriminar, y retornar de manera masiva a quienes pueden ser víctimas de persecución y víctimas de la guerra.
El drama de los refugiados ha puesto de manifiesto que la concepción de Europa como un espacio común de libertad, seguridad y justicia, fundada sobre los valores de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad a los que se refiere el Preámbulo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha claudicado frente a una organización de mercaderes de bienes y servicios.
La actuación de las instituciones Europeas no ha hecho sino reflejar la incapacidad y ausencia absoluta de voluntad de abordar la situación de una forma justa y conforme a los principios de los Tratados Fundacionales de la Unión.
Como muestra basta señalar el incumplimiento de los compromisos, ya de por si exiguos, que se adoptaron en el seno de la Comisión Europea en octubre de 2015. Entonces la Unión se comprometió a la reubicación de 160 000 refugiados mediante un reparto de cuotas entre los distintos países. No obstante, a dia de hoy, solo 660 refugiados han sido reubicados y, en el concreto caso de España, de los 16 231 personas que nuestro país se comprometió a acoger, solo ha recibido a 18.
El mensaje que la Unión Europea trata de trasladar no es más que la culminación del fracaso en la gestión de la política migratoria, en lugar de buscar soluciones y ofrecer alternativas a quienes se ven obligados a dejar su patria y su hogar, la U.E ha conseguido trasladar la imagen de que una crisis humanitaria es un problema de orden público y la respuesta, basada en gravísimos errores de concepto, se fundamenta, una vez más en levantar vallas y separar pueblos, en convertir al migrante en un objeto y despojarlo de su dignidad como persona.
Se legitima, además, el comportamiento político de un gobierno, el turco, cada vez mas distanciado de prácticas democráticas.
Se cambian, por tanto, vidas por dinero y ello en clara contravención de la normativa internacional y europea. Baste señalar que el artículo 78 del Tratado de Funcionamiento de la UE obliga a la unión a tener una política de asilo común que garantice la protección internacionales de todo nacional de un tercer país sometido a persecución y respete el principio de no devolución de conformidad con la Convención de Ginebra.
Sin embargo, con esta medida se generalizan expulsiones colectivas, expresamente prohibidas en el artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión sin respetar el derecho a la solicitud de asilo que asiste a todo ciudadano que se encuentre en el interior de un Estado Miembro, cualquiera que sea el medio por el que accedió a él. Se basan para ello en la concepción de Turquía como Tercer País Seguro y ello a pesar de las dudas que suscita su sistema Político y la limitadísima aplicación que se realiza en dicho país de la Convención de Ginebra.
La ratificación de este acuerdo supondría un golpe de muerte para el Derecho de Asilo y la Protección Internacional dentro de la Unión Europea y quiebra los pilares básicos de su propia construcción.
Por tal motivo denunciamos y reclamamos que, en cumplimiento de la legalidad internacional, no se ratifique el pacto avanzado hasta el momento y se abran vías de acceso seguros para todos aquellos refugiados que, de acuerdo con la ley, tienen derecho a que se les reconozca esta condición dentro de la Unión.
por UPF Editor | 17 marzo, 2015 | Comunicados conjuntos, Comunicados UPF
Ante las nuevas reformas legislativas que se anuncian como consecuencia de la reforma de los arts. 6 q) y 58. 3 del proyecto de modificación de la vigente ley de Montes, JUECES PARA LA DEMOCRACIA Y LA UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES, ponen de manifiesto lo siguiente:
En primer lugar, lamentan profundamente la oportunidad perdida para abordar una regulación integral del Estatuto del Agente Forestal, que integre un mínimo común denominador de la profesión a través de la legislación básica del Estado, y dote de uniformidad y coherencia el desarrollo de una figura básica y tradicional en nuestro entorno, impulsando el potencial de un cuerpo presente en todas las Comunidades Autónomas, y cuyo aprovechamiento como tal redundaría en beneficio de todos.
En segundo lugar, la reforma parece contradecir, no solo la legislación de nuestras Leyes Procesales, LECRI, sino tambiénuna realidad en la que los agentes forestales son por su hábitat de actuación y sus conocimientos específicos sobre el medio, el complemento ideal en su consideración de policía medioambiental cuando los ilícitos controlados por estos traspasan la barrera administrativa y se convierten en hechos con relevancia penal. Es en este punto dónde parece pertinente que el cuerpo de agentes forestales pueda participar en el desempeño de la función de Policía judicial con plenitud de facultades dentro de lo que es el ámbito propio de su competencia.
El cuerpo de agentes forestales es pues una Policía mixta, administrativa y judicial, que en el desempeño de esta segunda función opera como servicio especializado y cuyos miembros, a todos los efectos, actúan como Agentes de la autoridad, auxiliares de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal, sin dependencia o sujeción funcional a otros Cuerpos o Fuerzas de Seguridad.
En su calidad de Policía judicial le es de aplicación lo dispuesto en el Título III del Libro 2º de la LECr.,
No obstante en su calidad de Policía judicial están sujetos a las órdenes e instrucciones de la Autoridad Judicial y Fiscal, de quien dependen funcionalmente y a quien deben dar cuenta puntual de su actuación investigadora, bien directamente en sus actuaciones a prevención o bien según la actuación directora de la investigación procesal o preprocesal en las que se fijarán en cada caso, en función de las necesidades de la indagación, los modos de actuación y coordinación que se hagan precisos.
La actuación como policía Judicial no debe en ningúncaso desconocer las atribuciones reconocidas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ámbito de persecución y aseguramiento de los delincuentes y el respeto a los derechos de los ciudadanos en los que los criterios de formación , selección y control de actuación de dichos estamentos son la base del funcionamiento regular del ejercicio de la seguridad pública.
El reconocimiento legal como policía judicial supone evidentes ventajas en la garantía y legalidad de determinadas actuaciones, de otra manera cuestionables, tales como elevar denuncia por la vía del atestado y recoger los presuntos vestigios de la comisión de los hechos delictivos, todo ello dentro del marco genérico de entre otros el art 282 de la LECRI, cuyo contenido no puede ser reformado a través de esta reforma de la Ley de Montes.
Jueces para la Democracia/Unión Progresista de Fiscales
por UPF Editor | 05 noviembre, 2014 | Comunicados conjuntos, Comunicados UPF
CORRUPCIÓN Y REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA
La sociedad española atraviesa por una situación de máxima alarma ante las continuas noticias sobre casos de corrupción política que nos sobresaltan en los últimos tiempos. Las asociaciones de Jueces y Fiscales no pueden permanecer ajenas a esta grave situación y han convenido emitir el presente comunicado, apelando a la lealtad institucional y sentido del deber y responsabilidad constitucional de los poderes públicos para, de una vez por todas, atajar esta situación. Los continuos episodios de corrupción política que han visto la luz en los últimos tiempos socavan la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático y generan un evidente riesgo de colapso de nuestro Estado de Derecho.
El desarrollo del modelo constitucional de Poder Judicial realizado por las sucesivas legislaturas democráticas ha ido pervirtiendo el modelo de separación de poderes que toda Constitución debe salvaguardar, tratando los partidos políticos -de uno y otro signo- de preservar relevantes facultades de control sobre quienes eventualmente tienen el deber juzgarles. Igualmente, el presupuesto destinado a Justicia dista mucho del existente en países de nuestro entorno. La consecuencia que de ambas circunstancias se deriva no es otra que el debilitamiento del Poder Judicial, único garante de corregir las desviaciones de poder, que con escandalosa frecuencia avergüenzan a la sociedad española. Sin embargo, la responsabilidad de la necesaria regeneración democrática no puede recaer en exclusiva en la Justicia penal. El Derecho penal es una herramienta necesaria e ineludible para la lucha contra la corrupción, si bien son precisas medidas en otros ámbitos, así como la implicación de la totalidad de los poderes públicos del Estado.
Por ello, las asociaciones firmantes entienden que resulta necesaria la adopción de las siguientes medidas:
* Evitar inaceptables injerencias del poder político en la elección de los integrantes del órgano de Gobierno del Poder Judicial.
* Incremento inmediato del presupuesto destinado a Justicia, equiparando el número de Jueces y Fiscales en España a la media europea.
* Dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo (unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado).
* Instauración de un nuevo modelo procesal penal, apto y eficaz para combatir las formas de criminalidad del siglo XXI y, especialmente, los complejos casos de delincuencia organizada y corrupción.
* Revisión del Código Penal a fin de sancionar como delito la financiación ilegal de partidos políticos.
* Mejora de la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal, con el consiguiente incremento de medios personales y materiales en la inspección de la Agencia Tributaria.
* Reducción del número de aforados en el ámbito político y limitación de su aforamiento a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo.
* Reforma de la Ley del Suelo y de las leyes que regulan la contratación pública para lograr una mayor transparencia en su ejecución.
Suscriben:
Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria
Asociación Profesional e Independiente de Fiscales
Foro Judicial Independiente
Jueces para la Democracia
Unión Progresista de Fiscales
5 de noviembre de 2014
por UPF Editor | 21 octubre, 2014 | Comunicados conjuntos
Ante los recientes sucesos en la valla fronteriza de Melilla, Jueces para la democracia y la Unión Progresista de Fiscales manifestamos nuestro profundo rechazo a la práctica ilegal de las denominadas » devoluciones en caliente» y al uso injustificado de la violencia hacia las personas inmigrantes, impropio de un estado de derecho.
La publicación de un video grabado por una ONG permite apreciar cómo, tras ser repetidamente golpeado, un inmigrante inerte es tratado como un objeto o animal para ser entregado a las autoridades marroquíes.
Esta práctica atenta contra los más elementales derechos humanos, los valores y principios constitucionales y la legislación española, que obliga a identificar a todas las personas q se encuentran en territorio español y prestar la debida protección a quienes pudieran ser menores de edad, víctimas de delitos o solicitantes de asilo o protección internacional.
Las políticas de inmigración y control de fronteras no permiten justificar excepciones a la aplicación de las leyes.
Por ello, consideramos que el Ministerio del Interior debe inexcusablemente dar explicaciones, depurar responsabilidades y rectificar estas prácticas violentas y contrarias a derecho.
Del mismo modo, esperamos de la Fiscalía General del Estado el máximo celo en defensa de la legalidad y los derechos fundamentales, así como una actitud activa y rigurosa en la depuración de las responsabilidades penales a que en su caso hubiere lugar.
19 de octubre de 2014
JPD y UPF
por UPF Editor | 11 julio, 2013 | Comunicados conjuntos, Comunicados UPF, General
COMUNICADO DE LA UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE JUECES Y FISCALES
La UPF (UNION PROGRESISTA DE FISCALES) y JD (JUECES PARA LA DEMOCRACIA) quieren manifestar, a raíz de recientes propuestas legislativas, concretamente el borrador de reforma de la LOPJ en materia asociativa, y de los últimos acontecimientos acaecidos en el seno de nuestras carreras, su firme defensa de la libertad de expresión de los jueces y fiscales cuando los mismos participan en la vida pública como meros ciudadanos o en otros casos como integrantes de las asociaciones de fiscales o de jueces.
Los jueces y fiscales, en cuanto ciudadanos, tienen los mismos derechos y libertades que el resto, ya que las únicas limitaciones a imponer en el ejercicio de los derechos de las personas son las taxativamente previstas por la Constitución ,y según su artículo 127, las únicas limitaciones que afectan a jueces, magistrados y fiscales en el ejercicio de sus derechos fundamentales es la de desempeñar otros cargos públicos y pertenecer a partidos o sindicatos.
Ningún otro derecho fundamental tienen limitado en su condición de ciudadanos; por tanto, tampoco el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, que no es otro que el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, al igual que no tienen limitado el derecho a participar en asuntos públicos, el sufragio activo, el derecho a su intimidad, honor y propia imagen y, en general, al catálogo de derechos y libertades fundamentales reconocidas en la Constitución.
El ejercicio de su derecho a la libertad de expresión está limitado por vía legal solo en los términos establecidos en el art. 418.3 LOPJ y en el art. 63.3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que definen como falta grave «dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones, censuras por sus actos, invocando o sirviéndose de la condición de Juez o Fiscal.”
Por lo tanto, está limitado por vía legal sólo en la medida que puede interferir en el ejercicio responsable de la las funciones jurisdiccionales que institucionalmente tienen atribuidas y que puedan afectar a la imparcialidad que necesariamente debe guiar su actuación en los procesos judiciales en los que, en sus respectivas posiciones, intervienen.
En este contexto, el borrador de reforma de la Ley orgánica del Poder judicial, quiere poner limites a la función asociativa, y vemos en ello, en la regulación siempre restrictiva de derechos constitucionales, una cortapisa a nuestros derechos como asociados y como ciudadanos.
Las Diligencias Informativas abiertas al Teniente Fiscal de Canarias, Don Luis del Río Montedeoca, por unas manifestaciones que el mismo realizó en el transcurso de su intervención en una mesa redonda sobre corrupción celebrada en el seno del Congreso de la Unión Progresista de Fiscales celebrado recientemente en San Sebastián, cuya apertura rechazamos, pueden ser interpretadas como el reflejo de cuanto hemos dicho anteriormente.
Entendemos por ello, que es imprescindible garantizar las libertades básicas que configuran el ejercicio de los derechos asociativos, para no dejar sin contenido nuestra propia naturaleza como asociaciones, por muy aceradas que puedan ser las críticas a los diferentes poderes o instituciones.
Unión Progresista de Fiscales Jueces Para la Democracia
por UPF Editor | 11 mayo, 2013 | Comunicados conjuntos, General
Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales denunciamos públicamente la decisión adoptada por la Delegación de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias de impedir a 24 jueces y 5 fiscales la entrada en el Centro de Internamiento de Extranjeros «Barranco Seco» de Las Palmas de Gran Canaria.
La visita al CIE prevista para el 9 de mayo de 2013 formaba parte de la actividad de formación continua denominada » Foro de Inmigración»que se lleva a cabo anualmente en virtud de un convenio de colaboración suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de Canarias. Se comunicó con más de 30 días de antelación por la magistrada directora del curso a la delegada del gobierno.
Tenía por objeto comprobar las condiciones del centro y de las personas que se encuentran detenidas en él con autorización judicial, ya que todos los juzgados de guardia del territorio nacional pueden autorizar el internamiento en CIE para la expulsión de inmigrantes en situación administrativa irregular. Sin embargo, en la actualidad sòlo hay siete centros en funcionamiento, por lo que muchas autoridades judiciales no han tenido otra ocasión de conocer desde dentro estos lugares a los que remiten a personas detenidas, en ocasiones a cientos e incluso miles de kilómetros de distancia del juzgado que autorizò el internamiento.
La decisión inmotivada de «denegar la autorización» para esta visita constata una quiebra del principio de confianza y una falta de respeto al poder judicial, al ministerio fiscal y a las instituciones públicas organizadoras, -que sin embargo no ha merecido ni disculpa, ni explicación ni rectificación por parte del gobierno-. También representa una concepción poco democrática de los derechos humanos y una deriva autoritaria frente al principio de transparencia de la administración, de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y del control judicial de los derechos, en especial de los de las personas privadas de libertad. Ademas, dicha decision contribuye a crear razonables sospechas sobre el grado de aplicación de la ley en el interior de estos centros.
por UPF Editor | 22 octubre, 2012 | Comunicados conjuntos
Comunicado tasas judiciales junto a JpD y SISEJ
por UPF Editor | 27 septiembre, 2012 | Actividades del Secretariado UPF, Comunicados conjuntos, General
Queridos compañeros y compañeras:
El excelentísimo Sr. Secretario de Estado don Fernando Román García convocó a la presidencia de la Unión Progresista de Fiscales, en fecha de 24 de septiembre de 2012, a una reunión que junto al Ministro de Justicia tendría lugar el día 2 de octubre de este año. Dicha reunión, según convocatoria, tendría como finalidad intercambiar impresiones acerca de los proyectos de reforma de Justicia que el Gobierno tiene previsto llevar a cabo esta legislatura.
Igualmente el Ministerio convocó a las otras dos asociaciones de fiscales, y a todas las de jueces y juezas con la misma finalidad pero en días distintos.
Reunida la Comisión Interasociativa de Conflicto, se acuerda remitir comunicación por vía epistolar al excelentísimo Sr. Secretario de Estado con la finalidad de participarle que dicha Comisión acordó acudir siempre a las reuniones del Ministerio de forma unitaria, y con la participación de cada uno de los portavoces de las distintas asociaciones. (Adjunto carta)
Carta de la Comisión Interasociativa de Conflicto al Ministerio de Justicia
Un saludo,
María Moretó.
por UPF Editor | 25 julio, 2012 | Comunicados conjuntos, Comunicados UPF
La Comisión Interasociativa del Conflicto, constituida por todas las
asociaciones de jueces y fiscales de España en estos momentos de
ataque a nuestros derechos y nuestro estatuto profesional, hacemos un
llamamiento a todos los Jueces Decanos, a los Presidentes de los
órganos colegiados y a los Fiscales Jefes, para que, si es posible, el
día 21 de septiembre o en las fechas más próximas a ese día, convoquen
Juntas de Jueces, Reuniones de Magistrados y Juntas de Fiscales en
toda España, solicitando:
● Su adhesión expresa al comunicado de la Comisión Interasociativa de
fecha 16 de julio de 2012 y a las medidas de presión por ella
propuestas.
La convocatoria va dirigida a mostrar nuestro desacuerdo con la
reforma de la LOPJ y el empeoramiento de nuestras condiciones,
valorando las propuestas de actuación que se hagan a través de dichas
juntas y reuniones.
Madrid, a 24 de julio de 2012
por UPF Editor | 16 julio, 2012 | Comunicados conjuntos, Comunicados UPF
Aprovechando la situación de crisis económica e institucional que atraviesa el país, el Gobierno está impulsando medidas legislativas y económicas cuyo verdadero objeto es el desmantelamiento del Poder Judicial, atacando a la independencia de los Jueces y a la imparcialidad de los Fiscales.
Por ello las Asociaciones de Jueces y Fiscales manifiestan:
1.- Las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros y las que anuncia se van a adoptar suponen un ataque a los principios básicos de la función pública, recortando algunos de sus derechos consustanciales, poniendo en duda la profesionalidad de quienes la integran y que con su actuación dotan de un valor añadido a la economía española en su conjunto.
2.- La actual situación de crisis no ha sido generada o agravada por todos aquellos que somos funcionarios de carrera profesionales que hemos accedido a la función pública a través de procesos selectivos en libre concurrencia y que incluso en época de bonanza económica vimos crecer nuestros salarios por debajo del IPC. Por lo tanto, ni hemos visto incrementada nuestra renta en forma proporcional al crecimiento económico reciente ni formamos parte del sector público crecido al margen de la administración por otros procedimientos y que explica el enorme incremento del gasto público general.
3.- La grave crisis económica que padecemos en España no justifica en modo alguno el intolerable insulto y desprestigio que supone la reducción de prestaciones en los casos de incapacidad temporal. Los inaceptables supuestos de abusos de las bajas laborales deben combatirse por los servicios de inspección correspondientes y en ningún caso castigando a unos colectivos que han demostrado su capacidad de servicio sin límite horario y a pesar de las condiciones laborales en las que se trabaja con evidente limitación de medios materiales y personales.
4.- Con la supresión de la paga extra de Navidad los jueces y fiscales han sufrido un recorte muy superior al resto de cuerpos superiores del Estado. Este mayor recorte sólo puede justificarse en el desprecio continuo que hacia nuestras Carreras demuestran quienes nos gobiernan y nos han gobernado.
5. Los Jueces y Fiscales apoyamos las movilizaciones que legalmente se convoquen por plataformas de la Función Pública en defensa de sus intereses profesionales, e invita a los Jueces y Fiscales a facilitar el ejercicio de sus movilizaciones.
Por ello se proponen como medidas:
1.- El Gobierno nos aboca a una situación de conflicto en el colectivo de la Carrera Judicial y Fiscal y por ello acordamos la creación de una comisión conjunta y permanente de los representantes de las Asociaciones Judiciales y Fiscales que canalizarán todas las medidas de protesta que deban adoptarse, paros parciales, concentraciones, limitación de señalamientos, incluida, en su caso, la huelga.
2.- Dicha comisión procederá al estudio de los recursos que procedan contra las medidas adoptadas y su ejecución en cuanto son discriminatorias por la deducción salarial de los Jueces y Fiscales, así como en lo relativo al régimen de coberturas de licencias por incapacidad al no estar definidas nuestras enfermedades profesionales, y en todo caso frente a cualquier otra medida que afecte a nuestro estatuto profesional.
3.- Las Asociaciones judiciales desde la comisión nacional de seguridad y salud procederán a establecer de forma inmediata un sistema de baremación de la carga de trabajo, instando a la misma para que a la mayor brevedad establezca un catálogo de enfermedades profesionales aplicables tanto a la Carrera Judicial y Fiscal.
Las Asociaciones de Fiscales promoverán la creación de una comisión nacional de seguridad y salud integrada en la Fiscalía General del Estado.
4.- Las Asociaciones Judiciales y Fiscales iniciamos la coordinación con otros cuerpos de la Administración Pública para la adopción de medidas de protesta de forma conjunta.
5.- Se plantea como medida inmediata llamar a los Jueces y Fiscales a actuar con prudencia en el desempeño de sus funciones no asumiendo aquellas que excedan de la jornada ordinaria de trabajo.
6.- Exigimos del Ministerio de Justicia que de forma inmediata paralice cualquier reforma de la LOPJ, del Estatuto Fiscal o cualquier otra relativa a nuestro estatuto profesional y que, en lo sucesivo, cualquier proyecto que desarrolle en este sentido debe contar con la participación de las Asociaciones de Jueces y Fiscales en representación de la Carrera Judicial.
7.- Exigimos al Ministro que de forma inmediata reciba conjuntamente a las Asociaciones Judiciales y Fiscales a fin de participarle de primera mano el malestar actual de la Carrera Judicial y Fiscal, tanto por las reformas legales llevadas a cabo como por que su Ministerio tiene anunciado que va a realizar.
8.- Formada la comisión conjunta con representantes de las Asociaciones Judiciales y Fiscales ésta anunciará en septiembre las demás medidas de protesta que seguiremos convocando.
En Madrid a 16 de julio de 2012.
