Comunicado sobre los ascensos en el Ministerio Fiscal

En el día de hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Legislativo por el que se promueve a la categoría de Fiscal a 97 miembros de la Carrera Fiscal. Esto son los compañeros que todavía restaban de la 48º Promoción que accedieron en el año 2009 así como gran parte de la 49º Promoción habiendo transcurrido más de 11 años en el peor de los casos desde su ingreso en la Carrera Fiscal. Los ascensos en los últimos años se han reducido drásticamente dado que, en el 2014, 2016 y 2018 no hubo ninguno y en 2019 sólo 23 miembros ascendieron a la segunda categoría.  

Este retraso en los ascensos tiene efectos extremadamente negativos en la carrera profesional, tanto en el acceso a determinadas plazas o cargos (Secretaría Técnica, Fiscalía de la Audiencia Nacional, Unidad de Apoyo, Fiscalías Especiales Antidroga y Anticorrupción, Fiscales Jefes Provinciales y de Área, Fiscales Adscritos a Fiscales de Sala), las cuales exigen todas ellas tener la categoría de Fiscal para poder optar a las mismas así  como el hecho que  la tardanza en ascender produce perjuicios económicos, dado que un abogado fiscal cobra 227,21 euros mensuales menos que un fiscal solo por la circunstancia de tener la segunda categoría.

Asimismo conforme el último escalafón de la carrera fiscal cerrado a 7 de Julio de 2018 había 32 fiscales de sala, 1801 fiscales de segunda categoría y 666 abogados fiscales, con un total de 2.499 miembros de la carrera fiscal, en cambio en el último escalafón de la Carrera Judicial cerrado a 31 de marzo de 2018, había 84 magistrados del Tribunal Supremo, 4.820 magistrados y 594 jueces, con un total de 5.498 miembros en la carrera judicial.

Es decir, en la Carrera judicial existen solo 594 jueces y juezas que representan el 10,8% del total, en cambio en la Carrera Fiscal existen 666 abogados fiscales que representan el 26,6 % del total de la Carrera Fiscal. Dicho de otro modo, en la carrera judicial 1 de cada 10 miembros son jueces y en la carrera fiscal 1 de cada 4 miembros son abogados fiscales. Este agravio comparativo vulnera la equiparación de carreras a que se refieren los artículos 33, 52 y 53 y la disposición adicional primera del EOMF.

Es por ello por lo que desde la Unión Progresista de Fiscales exigimos tanto a la Fiscalía General del Estado como al Ministerio de Justicia, que aborden inmediatamente este problema, el cual es gravemente perjudicial para los intereses de los fiscales adecuando cuanto menos y de manera inmediata la proporción entre jueces y abogados fiscales.

Madrid a 21 de febrero de 2020

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

COMUNICADO EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, AMPARANDO LAS DEVOLUCIONES EN CALIENTE

La sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de fecha 13 de Febrero de 2020, supone un brutal retroceso en el reconocimiento de los derechos humanos de los migrantes, así como una ostensible disminución de la protección y tutela que este mismo Tribunal tenía reconocida a estas personas en situación de vulnerabilidad.

La interpretación que realiza la Gran Sala, para apreciar que no ha existido violación, al considerar que dichas personas se colocan deliberadamente en una situación ilegal, al no hacer uso de las vías legales de acceso, conlleva como primera consecuencia el despojo de los derechos inherentes que toda persona tiene por el mero hecho de serlo. Derechos reconocidos en el art. 4 del Protocolo nº 4 (sobre prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros) y del art. 13, (sobre el derecho a un recurso efectivo), ambos, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la propia jurisprudencia constante de dicho tribunal.

Precisamente los hechos objeto del fallo, (la devolución en caliente de dos migrantes africanos que saltaron la valla de Melilla en 2014), determinaron la condena de España por sentencia de este tribunal de fecha 3 de octubre de 2017, por vulneración de los preceptos citados.

 La sentencia parte de la premisa, errónea y equivocada, que la decisión, por parte de la persona migrante, de no hacer uso de las vías legales, es deliberada. Sin embargo, la tozuda realidad se impone, demostrando que esas vías legales (oficinas de asilo en el paso fronterizo, representaciones diplomáticas y consulares en sus países de origen) suponen un mayor obstáculo que las alambradas, por su inexistencia o inoperancia y masificación.

En cualquier caso, dicha interpretación permite que personas a las que se les pudiera reconocer el derecho de asilo, sean despojadas del mismo, acordándose la expulsión sin resolución administrativa, sin ser identificadas, oídas sobre sus circunstancias personales, sin ser informadas de los derechos que les asisten y los procedimientos que les amparan. 

Los denominados “rechazos en frontera” introducidos por la disposición final primera de la Ley de Seguridad Ciudadana sitúan a las personas al margen de las garantías y procedimientos establecidos y vulneran el derecho a la dignidad y los derechos que les son inherentes, tal y como reconoce el art. 10 de la C.E., por lo que deben ser expulsados de nuestro ordenamiento jurídico.

Madrid a 15 de Febrero de 2020

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

COMUNICADO EN DEFENSA DE LA AUTONOMIA DEL MINISTERIO FISCAL

Ante las manifestaciones realizadas en el día de ayer en un medio de comunicación por parte de Don Alberto Garzón, ministro del Gobierno de España, la Unión Progresista de Fiscales quiere mostrar su indignación y sorpresa ante su desconocimiento de la autonomía orgánica y funcional del Ministerio fiscal.

El Ministerio Público, conforme al artículo 2 de nuestro Estatuto orgánico, se encuentra integrado con autonomía funcional dentro del Poder Judicial y en ningún caso tiene dependencia jerárquica del Poder ejecutivo.

Desde la Unión Progresista de Fiscales exigimos respeto al ejercicio de la función constitucional que tiene asignado el Ministerio Fiscal, el cual actúa con autonomía solo sujeto a los principios de legalidad e imparcialidad

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Madrid a 20 de enero de 2020

COMUNICADO SOBRE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

El Consejo Fiscal ha informado favorablemente la modificación del
Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, en lo relativo a las
notificaciones electrónicas al Ministerio Fiscal.
Esta reforma prevé que la fecha de recepción de los actos de
comunicación que se practiquen al Ministerio Fiscal por medios
electrónicos será el momento en que el fiscal asignado lo tenga a su
disposición. Asimismo, se fija que hasta el 31/12/2020 la fecha de
recepción no podrá ser superior a diez días naturales desde su
descarga automática en la oficina.
Este Real Decreto de previsible aprobación en el próximo Consejo de
Ministros implica un nuevo punto de partida en la consideración del
Ministerio Fiscal al tener en cuenta las particularidades de su
organización interna, permitiendo que el cómputo de los plazos se
inicie cuando el fiscal asignado tenga conocimiento directo del asunto
y no, como sucedía hasta ahora, cuando el acto era comunicado a la
Fiscalía correspondiente.
Percibimos como positivo el hecho de que por parte del legislador se
atienda a la especial naturaleza, funcionamiento y complejidad del
Ministerio Fiscal, esta última derivada en parte del aumento
exponencial de funciones de los fiscales en los últimos años como
consecuencia de la implantación de la denominada “Justicia Digital”.
Este punto de partida debe derivar necesariamente en la plena
implantación de la Oficina Fiscal, descargando así de funciones
burocráticas a los fiscales con el fin de que podamos centrar nuestros
esfuerzos en las funciones encomendadas por la ley.

Madrid, a 17 de diciembre de 2019
Secretariado Permanente de la UPF

COMUNICADO UPF

El 13 de diciembre de 2019, nuestro compañero Álvaro Garcia Ortiz (ex presidente de la UPF, vocal del Consejo Fiscal y Fiscal Delegado de Medioambiente de Galicia) participó en nombre de la Union Progresista de Fiscales en la mesa redonda “Unha Galicia sostenible”, organizada por el Partido Socialista de Galicia, junto a la presidenta de ADIF y los catedráticos de Política Económica y Ecología de la Universidad de Vigo. En ella, se trató la problemática de los incendios forestales en esa comunidad autónoma y se formularon diversas propuestas de mejora para el servicio público de la Justicia.

Ante los artículos publicados recientemente por varios medios de comunicación, las manifestaciones vertidas por el portavoz de un partido político y, en especial, tras las declaraciones realizadas por el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, , la Unión Progresista de Fiscales quiere poner de manifiesto lo siguiente:

Primero: Como reconoce nuestro ordenamiento jurídico español, la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo de Europa, las y los miembros del Ministerio Fiscal tienen  derecho efectivo a la libertad de expresión, de creencias, de asociación y de reunión. Y especialmente, tienen derecho a tomar parte en cualquier debate público que verse sobre derecho y administración de justicia, así como sobre promoción o protección de los derechos humanos.  Sin que, por tanto, puedan ser señalados por ejercer sus derechos constitucionales ni puedan sufrir impedimento en el desarrollo de su carrera profesional.

Segundo: Lamentamos que el vicepresidente ejecutivo de la Xunta de Galicia se convierta en censor de las actividades de los fiscales. Queremos resaltar que, como miembro del Gobierno de Galicia, el Sr. Rueda no es quién para pedir explicaciones sobre la actuación de un fiscal en el legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y reunión, así como al libre y pleno desarrollo de su derecho asociativo como integrante de la carrera fiscal.

Tercero. La única instancia que, en su caso, podría pedir algún tipo de explicación a nuestro compañero es la propia Fiscalía General del Estado, a través de la Inspección Fiscal, único órgano con capacidad de limitar o sancionar las conductas de los fiscales. Esta institución, que fue consultada previamente, no puso reparo alguno a la participación de nuestro compañero en dicho acto.

Cuarto: Ejercer la censura desde su posición institucional, como hace el vicepresidente gallego, por el hecho de participar en una mesa redonda que parece no ser de su agrado, sí supone una intromisión inaceptable que cuestiona la contrastada profesionalidad de este fiscal y dice mucho de su concepción del Estado de derecho, en que el ejercicio de la libertad de expresión parece solamente limitado a quienes no siguen sumisamente sus dictados, argumentos y razonamientos políticos.

Quinto: La UPF comparte todo su potencial humano e intelectual al servicio del progreso social. No es la primera ni será la última vez que nuestros asociados participen y colaboren en cuantas acciones requieran de nuestra experiencia, propuestas y convicciones sobre el perfeccionamiento de la administración de Justicia, la defensa y plena realización de los derechos y libertades de la ciudadanía y la promoción del interés social. 

Madrid, a 18 de diciembre de 2019

Secretariado Permanente de la UPF

Comunicado Constitución Comisión Pedagógica CEJ

El pasado día 13 de diciembre de 2019, quedó constituida la
Comisión Pedagógica del Centro de Estudios Jurídicos. Se trata de
un órgano colegiado previsto en el recién aprobado Estatuto del
CEJ (Real Decreto 312/2019, de 26 de abril), cuya finalidad es
incrementar la transparencia, así como el asesoramiento y
participación de los intereses asociativos y corporativos en la
formación del sector justicia. Su función principal será realizar
recomendaciones e informes sobre los programas formativos del
Centro de Estudios Jurídicos.
La Directora del CEJ expuso los problemas de índole
presupuestario y deficiencias de personal que afectan al
funcionamiento cotidiano de este Centro. En cuanto a las líneas a
seguir en materia de formación, señaló la necesidad de suscribir
convenios con algunas Comunidades Autónomas, así como con
universidades, la utilización de las nuevas tecnologías en este
ámbito, y, de forma muy destacada, la actividad de formación de
formadores.
La UPF participó en la mentada reunión y expuso la problemática
planteada por los fiscales en torno a los alojamientos, que deben ser
dignos y cercanos al lugar donde se desarrolla la actividad
formativa. En el mismo sentido, se solicitó que se agilizara el pago
de las dietas. Por parte de la Dirección se aseguró la existencia de
un plan de choque para garantizar su abono en un plazo de tres
meses.
Sobre las líneas a seguir en materia de formación, la UPF señaló
la necesidad de la formación continua como una de las claves
principales de nuestro desarrollo profesional. Igualmente,
expusimos la necesidad de racionalización de los cursos,
descentralización de los mismos, con el fin de acercar la actividad
formativa lo máximo posible a las fiscalías y facilitar la conciliación,
garantizar que las actividades formativas muy bien evaluadas
puedan ser impartidas en todo el territorio, así como la utilización de
las nuevas tecnologías en esta materia.
El nuevo Estatuto del CEJ especifica que la Comisión Pedagógica
debe reunirse al menos una vez al año. No obstante, la Directora del
Centro expresó su intención de que la frecuencia fuera mayor a la
señalada.
En Madrid, a 17 de diciembre de 2019
El Secretariado Permanente

COMUNICADO SOBRE CUMBRE CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

UPF y JJpD quieren llamar la atención pública sobre los siguientes puntos, en relación con la lucha mundial contra el cambio climático:

1) La Conferencia de las Partes (COP), bajo la Convención Marco de NNUU para el Cambio Climático, aprobó en diciembre de 2015 el Acuerdo de París, para frenar las consecuencias negativas del cambio climático, que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. El Acuerdo establece el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2ºC, en relación con los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5ºC. Se establece un horizonte de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a largo plazo, al indicar que para cumplir con el objetivo de temperatura acordado “se debe alcanzar su punto máximo lo antes posible”.

2) El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ya en su último informe definitivo, aprobado en noviembre de 2014, alertó de que, si no se realizaba una mitigación adicional de las emisiones GEI aparte de las ya desplegadas, se experimentarían aumentos de la temperatura media global en 2100 de 3,7ºC a 4,8ºC en comparación con los niveles preindustriales.

3) La necesidad de alcanzar estos objetivos de modo tan apremiante y perentorio, exige la cooperación internacional para implementar cambios urgentes en el modelo energético y económico. Todos los gobiernos deben esforzarse en incentivar la aplicación de un nuevo modelo sostenible, y alcanzar nuevos compromisos concretos y vinculantes a nivel regional y mundial, asegurando la rápida reducción de las emisiones de GEI.

4) El modelo económico neoliberal, expandido a nivel mundial desde la década de 1980, ha sido letal para la grave situación de insostenibilidad ambiental existente, al dar primacía absoluta a la maximización de la rentabilidad empresarial, sobre todo de las grandes corporaciones, despreciando sus costes sociales y ambientales. Por tanto, es necesario sustituir este modelo, por otra parte fracasado, por alternativas que incluyan en sus objetivos esenciales la justicia social y el respeto al medio ambiente.

5) La transición a un nuevo modelo económico y energético (transición ecológica) debe hacerse desde el principio de justicia ambiental: nunca a costa de reducir el consumo y nivel de vida de la mayoría de la población por debajo de un nivel de vida digno, manteniendo la hiperconcentración de riqueza en unas pocas élites (lo que se ha llamado “ecofascismo”). Por el contrario, el esfuerzo de austeridad debe recaer en las capas sociales más favorecidas, y en los países más desarrollados. Esta transición ecológica debe ser un incentivo para lograr una distribución mucho más equitativa de la riqueza, dando prioridad al desarrollo del Tercer Mundo, asegurando las necesarias transferencias de tecnologías para estos países.

6) Finalmente, todas las Administraciones Públicas españolas deben hacer un esfuerzo mucho mayor para asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental en vigor, tanto respecto a las obligaciones que les incumben directamente, como en imponer a los particulares las medidas legales correctoras cuando se detectan infracciones de esta normativa ambiental. Y para los casos más graves, constitutivos de delitos contra el medio ambiente, sería deseable extender el modelo de especialización del Ministerio Fiscal en esta materia, a la judicatura, para mejorar la calidad y eficacia de la respuesta penal a las conductas más graves. 5 de diciembre de 2019

MANIFIESTO DE LA UPF EN EL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Con motivo del DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, la UPF quiere recordar a las 1027 mujeres que desde el año 2003 han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas, 51 de las cuales lo han sido a lo largo de este año, y a todas aquellas que fueron asesinadas en otros ámbitos a manos de hombres por el simple hecho de ser mujer. Queremos solidarizarnos con sus hijas e hijos y con los familiares que sufren cada día su pérdida y dar nuestra mano a todas las mujeres y niñas que están sufriendo cualquier clase de violencia fisca, psicológica, sexual o económica, en cualquier esfera de sus vidas.
Animamos a toda la sociedad a que manifieste su intolerancia más absoluta a la violencia de género y su rechazo hacia el maltratador; a que reaccione activamente ante cualquiera de estos actos, apoyando a las víctimas y denunciando estos hechos que son, siempre y sin excepción, un grave atentado a los derechos humanos.
Reconocemos el trabajo de las asociaciones de mujeres y demás organizaciones de la sociedad civil siempre en alerta y al lado de las mujeres y de sus hijos e hijas, e instamos a las administraciones, instituciones y organismos implicados en la lucha contra la violencia de género para que no den un paso atrás y sigan impulsando las medidas necesarias para su erradicación y para seguir avanzando hasta conseguir la igualdad absoluta entre hombres y mujeres. A que reaccionen activamente frente a esos posicionamientos ideológicos contrarios a los derechos de las mujeres, negacionistas de la incontestable existencia de la violencia que sufren las mujeres por el sólo hecho de serlo, y que aborden una estrategia que permita de forma efectiva contrarrestar ese fenómeno para, no solo impedir que se retroceda en el avance iniciado hace ya más de 15 años, sino también que se garantice ese progreso mejorando la actuación en prevención, protección, recuperación y reparación de las víctimas, y en la investigación y sanción de los actos violentos que, insistimos, son un atentado a la vida, a la seguridad, a la libertad, y la dignidad de las mujeres y un obstáculo para el desarrollo de una sociedad democrática.
La UPF permanecerá siempre vigilante y actuará con conciencia crítica ante cualquier actuación que pueda perjudicar a las mujeres víctimas en su protección y apoyo, o que suponga un retroceso o impedimento en la investigación o sanción de los actos violentos o, por supuesto y muy especialmente, en la prevención que, como verdadero factor de protección, está fuertemente vinculado a la educación y a la formación en igualdad y respeto desde las más tempranas edades.
Madrid, 25 de noviembre de 2019
El Secretariado

COMUNICADO EN DEFENSA DEL DERECHO DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA CARRERA FISCAL

En el comunicado institucional emitido tras la última reunión del Consejo Fiscal celebrada el pasado jueves 14 de noviembre se hace constar que los Vocales electos a propuesta de la Asociación de Fiscales, representantes también de todos los compañeros y compañeras de la carrera fiscal, preguntaron a la Fiscal General del Estado si había llevado a cabo alguna actuación respecto de un compañero por dos mensajes que había publicado recientemente en la red social Twitter y que, en caso contrario, la Inspección Fiscal adoptase las medidas oportunas al entender que esos “tuits” podían poner en entredicho la honradez profesional de los Fiscales y Magistrados que intervinieron en el juicio del “procés” y la propia imparcialidad de la Administración de Justicia.
Desde la Unión Progresista de Fiscales asistimos atónitos a esta afirmación realizada por quienes en lugar de actuar como representantes de todos los Fiscales, parecen erigirse en inquisidores que denuncian formalmente a un compañero e instan la incoación de un expediente disciplinario por la publicación de unos comentarios en Twitter, en relación con la acusación formulada por el Ministerio Fiscal en el juicio del “procés” y con anterioridad a la notificación de la sentencias del Tribunal Supremo.
Sin entrar a valorar el contenido de unos comentarios privados realizados en una red social, nos parece inaudito y digno de censura el señalamiento y denuncia a quien no comparte las ideas, argumentos o posicionamientos jurídicos de otros y así lo crítica públicamente. Trasladar a la carrera fiscal este clima de crispación social contribuye a proyectar una imagen equivocada del Ministerio Fiscal, donde el pleno reconocimiento al trabajo de los y las compañeras debe conjugarse con los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución –también a los fiscales- y, muy singularmente, con la libertad de expresión. Madrid, a 20 de Noviembre de 2019 El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales.

COMUNICADO SENTENCIA DEL «PROCES»

La Unión Progresista de Fiscales, ante la publicación en el día de hoy de la Sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la Causa Especial 20907/2017, quiere manifestar el absoluto respeto a la sentencia, así como a la labor de todos los miembros de la administración de justicia que han participado en el desarrollo de esta causa
Con este procedimiento se ha demostrado la imparcialidad e independencia de nuestro sistema judicial, así como la evidencia del pleno funcionamiento del Estado de derecho en nuestro país.
Madrid a 14 de octubre de 2019
El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales