Convocatoria Oposiciones

La UPF ante la información de previsión de plazas desiertas en el proceso selectivo actualmente en trámite para el acceso a la Carrera Judicial y Fiscal, quiere poner de manifiesto que, según datos del informe publicado por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) en 2016, en el que se comparan datos de 45 Estados europeos, España cuenta con menos de la mitad de fiscales por cada 100.000 habitantes que la media de los Estados europeos, en concreto 5 frente a los 11 de la media en Europa. Según este mismo informe, se destinan 6 euros por ciudadano de los presupuestos generales del estado al Ministerio Público español, frente a los 12 euros de media en los 45 países europeos objeto de estudio.

Esta es una situación que no puede mantenerse por más tiempo razón por lo que la UPF siempre ha venido exigiendo la convocatoria anual de oposiciones y con un nº de plazas suficientes que permitan revertir esa situación.

Sin embargo, en 2020, a consecuencia de la pandemia, no ha sido convocadas oposiciones a la carrera judicial y fiscal y para el ejercicio 2021 está previsto la convocatoria de 300 plazas que son las contempladas los Presupuestos Generales del Estado actualmente vigentes.

En el proceso selectivo que se está celebrando en este momento, se ofertaron 300 plazas y a fecha de hoy ya se sabe que al menos 6 plazas van a quedar desiertas, siendo previsible que el número sea mayor cuando este finalice.

Teniendo en cuenta que se ha perdido la convocatoria 2020 y que ello redunda en el retraso en alcanzar la paridad con otros estados de Europa en el nº de fiscales por cada 100.000 habitantes y, en definitiva, afecta al ejercicio de nuestras funciones y al buen funcionamiento de la administración de justicia, ello sin olvidar el perjuicio que de ello se ha derivado para los opositores a los que hemos de reconocer un gran esfuerzo, la UPF exige:

1.- Que se convoque sin demora el proceso selectivo que correspondería al presente ejercicio con la oferta de 300 plazas que contemplan los Presupuestos Generales del Estado actualmente vigentes, y que se prevea en esa próxima convocatoria un aumento significativo de plazas a ofertar para contrarrestar la pérdida real de la correspondiente a 2020 a causa de la pandemia.

2.- Que acrezcan al número de plazas en la próxima convocatoria (300 plazas) aquellas que queden desiertas en el proceso selectivo que se está celebrando en este momento y está próximo a terminar.

En Madrid, a 30 de noviembre de 2020 El Secretariado permanente

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

1074 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde el año 2013; en lo que va de año 41, y se han quedado huérfanos de madre 23 niñas y niños.

No sabemos el número de mujeres y niños que están viviendo ahora el infierno de la violencia de género, pero si sabemos que en torno al 65% de las mujeres que la sufren no denuncian, que en un porcentaje altísimo los hijos e hijas menores que con ella conviven también son maltratados, y que todos ellos son testigos y victimas del horror, bien porque presencien las palizas, insultos, amenazas, golpes a objetos,… o, porque sin presenciarlos, respiran ese ambiente opresor y aniquilador en que está inmersa su madre y ellos mismos.

Al margen de la violencia sobre la mujer en esas relaciones de afectividad, las mujeres y las niñas son sometidas a las manifestaciones de violencia más agraves imaginables por el solo hecho de ser mujeres; desde agresiones sexuales a feminicidios sexuales; a matrimonios forzados; a mutilaciones genitales; a la explotación sexual,…

Pese a los avances normativos, tanto nacionales como internacionales, subsisten esos sesgos y estereotipos, esas estructuras machistas que privilegian al hombre y que desprecian y discriminan a la mujer colocándola en ese plano de subordinación y subyugación en el que la violencia se erige en un instrumento de poder y control.

Es necesario seguir avanzando en prevención y en educación, para que podamos hacer efectivo el derecho a la igualdad rompiendo con aquellas estructuras y erradicando aquellos estereotipos que tanto dañan a las mujeres; es necesario avanzar en protección con independencia de que las víctimas denuncien esos hechos o no; es necesario extremar la diligencia en la investigación y sanción para no transmitir una mensaje de impunidad o de condonación de actos que son siempre imperdonables. Es necesario reconocer el derecho a la reparación de las víctimas; es necesario que se dé el apoyo real y efectivo en todos los órdenes a los huérfanos y huérfanas de la violencia de género y a esos niños y niñas que malviven en ese ambiente violento y destructivo; es necesario que todos y cada uno de nosotr@s rechace frontalmente la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y que se muestre intolerante con el maltratador, con el violador, con el proxeneta…

Es necesario levantar la voz y no callar contra la violencia de género y la UPF quiere hacerlo en este día manifestando su apoyo a las víctimas- mujeres e hij@s- a las instituciones y a las asociaciones que luchan para erradicarla y para dar soporte a quienes la sufren.

NO MÁS VIOLENCIA DE GÉNERO!!!!!!!!!!

COMUNICADO SOLICITANDO UNA AMPLIACIÓN DE LA PLANTILLA DEL MINISTERIO FISCAL

Ante la previsible aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado y de la recepción de las ayudas europeas, la UPF considera urgente e imprescindible que se aborde el aumento de la Plantilla del Ministerio Fiscal dadas las carencias estructurales que sufre nuestra carrera.

Dicho aumento debe materializarse en la creación, única y exclusivamente, de plazas de segunda categoría dado que, el déficit de estas plazas, además de discriminatorio para la carrera Fiscal en comparación a la carrera judicial, es vergonzoso y supone un lastre insoportable para la efectividad del derecho a la promoción a través del trabajo que se recoge en el art. 35 de la Constitución Española, toda vez que  el ascenso a la categoría de fiscal en la actualidad, y a consecuencia de la carencia de esas plazas, es imposible en periodos razonables, encontrando que a día de hoy los ascensos se producen con más  10 años de antigüedad, situación que ha empeorado drásticamente en los últimos seis años.

La desproporción entre las plazas de segunda categoría de la carrera Fiscal y la de Magistrados de la carrera judicial, que son las equivalentes, se aprecia con absoluta claridad si examinamos únicamente los siguientes datos. Conforme al último escalafón de la carrera fiscal cerrado a 7 de Julio de 2018 había 32 fiscales de sala, 1801 fiscales de segunda categoría y 666 abogados fiscales, con un total de 2.499 miembros de la carrera fiscal, en cambio en el último escalafón de la Carrera Judicial cerrado a 31 de marzo de 2018, había 84 magistrados del Tribunal Supremo, 4.820 magistrados y 594 jueces, con un total de 5.498 miembros en la carrera judicial. Es decir, en la Carrera judicial existen solo 594 jueces y juezas- categoría equivalente a la de abogado fiscal- que representan el 10,8% del total, en cambio en la Carrera Fiscal existen 666 abogados fiscales que representan el 26,6 % del total de la Carrera Fiscal. Dicho de otro modo, en la carrera judicial 1 de cada 10 miembros son jueces y en la carrera fiscal 1 de cada 4 miembros son abogados fiscales.

Las circunstancias anteriormente referidas-  la previsible aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado y recepción de las ayudas del Fondo Europeo de Recuperación-, permiten a la UPF pensar que este es el momento propicio para que se lleve a cabo ese incremento de plantilla, por lo que SOLICITAMOS  del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía General del Estado que, sin mayores dilaciones, que solamente pueden acrecentar el problema en perjuicio de muchos de nuestr@s compañer@s, se adopten las medidas necesarias para abordar este aumento de plantilla . La UPF muestra desde este mismo instante su más absoluta disposición a colaborar con aquello que se precise tanto por la Fiscalía General del Estado como por el Ministerio de Justicia en aras a lograr este objetivo

Madrid a 26 de octubre de 2020

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

COMUNICADO ANTEPROYECTO LEY MEMORIA DEMOCRÁTICA

La UPF saluda la reciente aprobación del anteproyecto de ley de Memoria Democrática como un gran avance para la necesaria normalización democrática, a fin de superar nuestras graves carencias en el cumplimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tal como nos han recordado reiteradamente los más altos Organismos Internacionales fiscalizadores de los DDHH.

Así, el proyecto legislativo trata de garantizar el derecho esencial de las víctimas de la más graves violaciones de DDHH sucedidas tras el golpe de Estado de 1936 y la Dictadura franquista hasta la vigencia de la actual CE, a la verdad, justicia, reparación y no repetición, con referencia expresa al Derecho internacional de los derechos humanos, lo que es inequívoco en la consideración del carácter imprescriptible e inamnistiable de los crímenes de lesa humanidad, y su sujeción al principio especial de legalidad internacional, con interdicción absoluta de la impunidad.   

No obstante, para confirmar estos principios de forma expresa e inequívoca, sería deseable que, durante la tramitación parlamentaria, en el articulado de la ley se hiciera una referencia expresa a que la investigación de estos crímenes conllevará, cuando proceda, el enjuiciamiento de sus responsables y su castigo penal, tal como prevé el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 15.2) y el Convenio Europeo de DDHH (art. 7.2), ambos ratificados por España, a los que señala además el art. 10.2 de la CE.

Madrid a 17 de septiembre de 2020

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Por la renovación democrática del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo.

La Unión Progresista de Fiscales insta a todas las fuerzas parlamentarias para que cumplan con el mandato constitucional de renovación de tres de las más importantes instituciones democráticas: El Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

Estos tres órganos constitucionales, que forman parte de la estructura democrática de nuestro país, deben ser renovados sin demora porque ningún poder del estado puede sustraerse al mandato de la ley.

Nuestra democracia se fortalece a través del normal desenvolvimiento de nuestras Instituciones constitucionales, por eso, el incumplimiento de las leyes que las regulan debilita nuestra democracia.

El Consejo General del Poder Judicial, regulado en el artículo 122 de nuestra Constitución, está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo y veinte miembros que deben ser renovados cada cinco años. Estamos a la espera de la renovación de los miembros del Consejo Del Poder Judicial desde el mes de noviembre de 2018.

El Tribunal Constitucional, regulado en el artículo 159 de nuestra Constitución, consta de 12 miembros por un período de nueve años que deben ser renovados por terceras partes cada tres años. Estamos a la espera de la renovación de cuatro de los miembros del Tribunal Constitucional desde el mes de noviembre del año 2019.

El Defensor del Pueblo es reconocido por el artículo 54 de la Constitución Española que remite su regulación a una Ley Orgánica (LO 3/1981) que establece que el cargo de Defensor del Pueblo sea renovado cada cinco años. El cargo del Defensor del Pueblo está vacante desde el mes de julio del año 2017, quedando en funciones el Adjunto Primero de la Defensora anterior.

El órgano del gobierno de los jueces (CGPJ), el Tribunal guardián de nuestra Constitución (T.C) y el Alto Comisionado de las Cortes para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución (D.P) no pueden permanecer en esta situación más tiempo, porque nuestra Constitución es clara en cuanto al tiempo que sus miembros pueden desempeñar sus cargos.

La no renovación de estos órganos constitucionales no es una opción. Nuestra Constitución obliga a todos los poderes públicos y por tanto al Congreso de las Diputadas y Diputados y al Senado a cumplir con sus obligaciones. Considerar que esta obligación pueda ser eludida por razones de oportunidad partidista o de otra naturaleza o, incluso que puedan ser utilizados dichos nombramientos como una moneda de cambio para conseguir otras finalidades, es una falta de respeto a nuestra Constitución y a la ciudadanía a la que estas Cámaras representan.

La legitimidad de las Instituciones está en juego, por eso creemos que el incumplimiento de las leyes que regulan estos órganos constitucionales nos debilita como sociedad y nos coloca fuera del marco constitucional.

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales Madrid a 30 de Agosto de 2020

CIERRE DE PROSTÍBULOS Y ABOLICIÓN DE LA PROSTITUCIÓN

Con motivo de la pandemia y de la expansión del virus algunas Comunidades Autónomas han
acordado el cierre de los prostíbulos, medida que sin lugar a duda aplaudimos e interesamos se
haga extensiva a todo el territorio nacional; no obstante, no se puede desconocer que con el
cierre de los prostíbulos crece exponencialmente la vulnerabilidad de las mujeres por lo que, sin
perjuicio de la necesidad de la concreta actuación legislativa a la que haremos referencia a
continuación, entendemos que el cierre de los prostíbulos debe venir acompañado de aquellas
otras medidas de seguridad y de carácter asistencial que sean precisas para proteger a las
mujeres y niñas prostituidas ante esta situación.
Al margen de la excepcionalidad que supone la crisis sanitaria a la que nos enfrentamos, la UPF
exige al Gobierno en general y al Ministerio de Igualdad en particular, que se pongan en marcha
inmediatamente los trámites legislativos para promulgar una ley integral contra la Trata y la
explotación sexual y las normas que resulten precisas para abolir la prostitución.
No podemos olvidar que la mayoría de las personas que se encuentran en situación de
prostitución son mujeres y niñas (la prostitución masculina es residual) que viven en contextos
de pobreza; en muchas ocasiones son migrantes o de diversas razas o nacionalidades por lo que
sufren múltiples discriminaciones.
La prostitución, que es una práctica vinculada con la trata y con la pobreza, determina que las
mujeres, lejos de ser consideradas como sujetos con derechos, sean representadas
socioculturalmente como un objeto a disposición de otros para satisfacer sus deseos. Es una
forma de esclavitud que tiene su origen en las desigualdades sociales y ha de ser entendida
como una manifestación más de “violencia sexual”.
La ausencia de regulación se erige en aceptación y contribuye a la normalización del acceso de
los hombres al cuerpo de la mujer a cambio de dinero u otra prestación. Su prohibición, además
de los efectos positivos comprobados en aquellos países en los que así se ha regulado, producirá
un efecto socio-pedagógico importantísimo contribuyendo al cambio de mentalidad de la
sociedad en su conjunto y al rechazo definitivo de uno de los atentados más graves a la igual
dignidad de las mujeres.

Madrid a 22 de agosto de 2020.
El secretariado Permanente

DERECHO A LA ACOGIDA

La Unión Progresista de Fiscales muestra su indignación ante la noticia conocida en el día de hoy de que más de 400 personas (incluidas niñas y niños) han quedado fuera del sistema de protección para migrantes, al negarse la Junta de Andalucía a realizarles la prueba PCR necesaria para dotarles del amparo y la acogida legalmente establecido.

La negativa de la Junta de Andalucía a realizar estas pruebas supone una incomprensible dejación de su obligación y coloca a las personas migrantes en una situación de absoluta vulnerabilidad, poniendo en riesgo la salud y contribuyendo a la estigmatización de este colectivo.  

Tristemente, esta acción, sirve para alimentar las prácticas discursivas que dibujan un imaginario colectivo excluyente y de rechazo hacía las personas migrantes, lo que supone una de las causas principales de racismo en nuestro país.

Recordamos que, como recoge el artículo 10.1 de la Constitución Española, el reconocimiento a la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento de nuestro orden político y nuestra paz social.

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Madrid a 18 de Agosto de 2020

Comunicado sobre la propuesta de reforma del artículo 324 de la Lecrim

La UPF lamenta profundamente la noticia de que la Comisión de Justicia del Congreso haya acordado por mayoría reformar el art. 324 de la LECrim en lugar de optar por su derogación, que es lo que esta asociación ha venido reivindicando desde la publicación de la L. 42/2015 que le dio el contenido actual.
Si bien se agradece que se atribuya a los jueces la responsabilidad de controlar los plazos de instrucción, alargar estos por seis meses no resuelve los problemas pues, el apartado tercero de la reforma propuesta prevé la nulidad de aquellas diligencias de investigación que se hayan practicado fuera del plazo inicial de 12 meses sin acordarse la prórroga o revocada esta por el órgano superior.
Las consecuencias de tal previsión pueden ser nefastas y afectar no solo al Ministerio Fiscal, al poner en entredicho su principal función- la de perseguir de forma imparcial la comisión de los delitos- sino también a las víctimas que pueden resultar perjudicadas por el archivo provocado por la imposibilidad de concluir la investigación y, además, al propio investigado que puede sufrir la consecuencia de que diligencias de investigación que le benefician resulten nulas.
Además, seguimos asistiendo a un distanciamiento de los plazos de investigación con los plazos de prescripción de los delitos. Deberemos explicar a la ciudadanía por qué puede dejar de investigarse un delito que no ha prescrito. Estamos más ante un problema de medios que de plazos y, sobre todo, de modelo de justicia penal. Este país tiene derecho a contar con un sistema de justicia penal racional y coherente. ¿Por qué el plazo de investigación de un delito no puede ser idéntico al de prescripción, que tiene en cuenta la gravedad y, por tanto, las necesidades procesales de su investigación y enjuiciamiento?
Por otra parte, como ya hemos advertido reiteradamente, nuestro ordenamiento penal y la jurisprudencia proponen soluciones suficientes para atenuar de forma más o menos intensa la responsabilidad penal por los delitos en los que la investigación se haya demorado más allá de lo razonable. El propio TJUE considera contrario al Derecho de la Unión Europea la fijación de plazos máximos de investigación en los estados nacionales cuando ha tenido que proteger sus propios bienes jurídicos (En este sentido, Asunto C-612 15, de 5 de junio de 2018).
Los ciudadanos y ciudadanas de este país han de saber que si, finalmente, se acuerda mantener plazos cortos de investigación, las consecuencias procesales serán funestas para la persecución de los delitos sin perjuicio de que, el Ministerio Fiscal intente, como siempre, cumplir de la manera más efectiva sus funciones con los mecanismos procesales puestos a su disposición a fin de conseguir la mejor y más justa respuesta para los afectados y para la sociedad en su conjunto.
Madrid, 26 de junio de 2020
El Secretariado Permanente.

COMUNICADO PLAZOS DE INSTRUCCIÓN

Ante el comunicado dado a conocer por Juezas y Jueces para la Democracia relativo a los plazos de investigación del art. 324 Lecr, la UPF estima necesario realizar las siguientes consideraciones.

Desde la entrada en vigor de los plazos de investigación en 2015, la UPF ha venido insistiendo de forma reiterada sobre las nefastas consecuencias que tendría una normativa de esta naturaleza en los procedimientos penales, desgraciadamente el tiempo nos ha dado la razón. De forma incesante aparecen noticias dando cuenta del archivo de procedimientos o imposibilidad de continuar la investigación en casos relacionados con la corrupción, y es que como bien se sabe la interpretación de una cuestión tan importante como el plazo de investigación del delito se ha dejado en manos de las Audiencias Provinciales que establecen criterios diferentes según las secciones, con merma evidente del principio de seguridad jurídica. La mayoría de resoluciones mantiene que se trata de plazos claros, preclusivos, lo que no ocurría con el plazo de un mes que previó la Lecr. en su redacción original, en consecuencia la imposibilidad de practicar más diligencias (a favor o en contra del acusado) pone en riesgo el derecho a la tutela judicial efectiva que también asiste al Ministerio Fiscal y con ello se pone en entredicho su principal función: la de perseguir de forma imparcial la comisión de los delitos, y por extensión el derecho de toda  la sociedad a perseguirlos por tratarse de los ataques más graves e intolerables al ordenamiento jurídico.

El sistema propuesto tampoco ha supuesto una agilización extraordinaria de las investigaciones, puesto que estamos más ante un problema de medios que de plazos y, sobre todo de modelo de justicia penal. No en vano muchas de las instrucciones son prorrogadas a solicitud del Ministerio Fiscal, justamente porque no pueden ser finalizadas en los tiempos propuestos por la norma procesal y los delitos de instrucción sencilla ya venían investigándose en un período relativamente corto de tiempo.

 El sistema vigente de plazos  presenta además una disfuncionalidad que lo invalida de forma permanente, en tanto en cuanto encomienda el control al Ministerio Fiscal, quien sin embargo no tiene atribuida como misión principal la investigación de los delitos.  

Por otra parte, la introducción de los plazos procesales de investigación no ha tenido en cuenta el plazo de prescripción de los delitos, que sin embargo ha ido agravándose en las últimas reformas del CP. En consecuencia, asistimos a un distanciamiento entre los plazos de investigación con los plazos de prescripción de los delitos y deberemos explicar a la ciudadanía, por qué puede dejar de investigarse un delito que no ha prescrito.

La UPF comparte la inquietud de la sociedad ante la respuesta tardía de la justicia penal pero la ciudadanía debe saber claramente que este sistema de plazos no resuelve la complejidad de las investigaciones, por las razones ya expresadas. Por otra parte nuestro ordenamiento penal y la jurisprudencia proponen soluciones suficientes para atenuar de forma más o menos intensa los delitos en los que la investigación se haya demorado más allá de lo razonable.

Así lo mantiene el TJUE, que considera contrario al Derecho de la Unión Europea la fijación de plazos máximos de investigación en los estados nacionales. En este sentido el Asunto C-612 15, de 5 de junio de 2018, en el que se perseguía un delito contra los intereses financieros de la Unión y el código procesal de Bulgaria (norma nacional) que preveía dos años de investigación, lo ha declarado contrario al art. 325 TFUE , que obliga a los Estados miembros a combatir el fraude y toda actividad ilegal, con medidas disuasorias y capaces de protección eficaz.

 Así las cosas, mientras no se modifique el modelo procesal penal y se atribuya la investigación al Ministerio Fiscal, no cabe otra posibilidad que solicitar la derogación del art. 324 como la medida más razonable, teniendo en cuenta que el sistema penal debe garantizar la protección de los ciudadanos a través de un proceso justo

Madrid a 8 de Junio de 2020

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA. DERECHOA A CUIDAR Y SER CUIDADO

El necesario cierre de los colegios y la crisis de las residencias de personas de la tercera edad nos coloca en un escenario en el que, si no abordamos prontas soluciones, serán las mujeres las que acaben pagando, con sus derechos y oportunidades, esta factura.

Por eso, la Unión Progresista de Fiscales considera que desde todos los agentes sociales y políticos debe abordarse un debate profundo que nos
conduzca a propuestas de solución estructural para afrontar la necesaria
corresponsabilidad y la conciliación, sin que esta caiga mayoritariamente
sobre la espalda de las mujeres

La situación de crisis sanitaria y económica que atravesamos ha puesto de
manifiesto, con más fuerza que nunca, la necesidad de sostener la vida a base de cuidar y ser cuidados. Nos apremia la necesidad de organizarnos de forma sostenible para, desde posiciones igualitarias, satisfacer las necesidades de atención a nuestra infancia, y a nuestras personas mayores y dependientes.


Nos urge, como sociedad, superar la falsa dicotomía entre producción y
cuidados para encontrar soluciones realistas que, no solo, descarguen de las mujeres la responsabilidad de las tareas de cuidado, sino que nos permitan el disfrute de una vida digna. Como reza el contenido del Plan de Igualdad de la Fiscalía General del Estado creemos que este debate debe analizarse desde el favorecimiento del ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Y como manifestación
de los derechos de las mujeres y de los hombres, la libre configuración de su tiempo para promover la corresponsabilidad a través del reparto de las obligaciones familiares, las tareas domésticas y el cuidado de personas dependientes mediante la individualización de los derechos y la prohibición de discriminación basada en su libre ejercicio.


Madrid a 12 de Mayo de 2020

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales