COMUNICADO ANTEPROYECTO LEY MEMORIA DEMOCRÁTICA

La UPF saluda la reciente aprobación del anteproyecto de ley de Memoria Democrática como un gran avance para la necesaria normalización democrática, a fin de superar nuestras graves carencias en el cumplimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tal como nos han recordado reiteradamente los más altos Organismos Internacionales fiscalizadores de los DDHH.

Así, el proyecto legislativo trata de garantizar el derecho esencial de las víctimas de la más graves violaciones de DDHH sucedidas tras el golpe de Estado de 1936 y la Dictadura franquista hasta la vigencia de la actual CE, a la verdad, justicia, reparación y no repetición, con referencia expresa al Derecho internacional de los derechos humanos, lo que es inequívoco en la consideración del carácter imprescriptible e inamnistiable de los crímenes de lesa humanidad, y su sujeción al principio especial de legalidad internacional, con interdicción absoluta de la impunidad.   

No obstante, para confirmar estos principios de forma expresa e inequívoca, sería deseable que, durante la tramitación parlamentaria, en el articulado de la ley se hiciera una referencia expresa a que la investigación de estos crímenes conllevará, cuando proceda, el enjuiciamiento de sus responsables y su castigo penal, tal como prevé el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 15.2) y el Convenio Europeo de DDHH (art. 7.2), ambos ratificados por España, a los que señala además el art. 10.2 de la CE.

Madrid a 17 de septiembre de 2020

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Por la renovación democrática del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo.

La Unión Progresista de Fiscales insta a todas las fuerzas parlamentarias para que cumplan con el mandato constitucional de renovación de tres de las más importantes instituciones democráticas: El Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

Estos tres órganos constitucionales, que forman parte de la estructura democrática de nuestro país, deben ser renovados sin demora porque ningún poder del estado puede sustraerse al mandato de la ley.

Nuestra democracia se fortalece a través del normal desenvolvimiento de nuestras Instituciones constitucionales, por eso, el incumplimiento de las leyes que las regulan debilita nuestra democracia.

El Consejo General del Poder Judicial, regulado en el artículo 122 de nuestra Constitución, está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo y veinte miembros que deben ser renovados cada cinco años. Estamos a la espera de la renovación de los miembros del Consejo Del Poder Judicial desde el mes de noviembre de 2018.

El Tribunal Constitucional, regulado en el artículo 159 de nuestra Constitución, consta de 12 miembros por un período de nueve años que deben ser renovados por terceras partes cada tres años. Estamos a la espera de la renovación de cuatro de los miembros del Tribunal Constitucional desde el mes de noviembre del año 2019.

El Defensor del Pueblo es reconocido por el artículo 54 de la Constitución Española que remite su regulación a una Ley Orgánica (LO 3/1981) que establece que el cargo de Defensor del Pueblo sea renovado cada cinco años. El cargo del Defensor del Pueblo está vacante desde el mes de julio del año 2017, quedando en funciones el Adjunto Primero de la Defensora anterior.

El órgano del gobierno de los jueces (CGPJ), el Tribunal guardián de nuestra Constitución (T.C) y el Alto Comisionado de las Cortes para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución (D.P) no pueden permanecer en esta situación más tiempo, porque nuestra Constitución es clara en cuanto al tiempo que sus miembros pueden desempeñar sus cargos.

La no renovación de estos órganos constitucionales no es una opción. Nuestra Constitución obliga a todos los poderes públicos y por tanto al Congreso de las Diputadas y Diputados y al Senado a cumplir con sus obligaciones. Considerar que esta obligación pueda ser eludida por razones de oportunidad partidista o de otra naturaleza o, incluso que puedan ser utilizados dichos nombramientos como una moneda de cambio para conseguir otras finalidades, es una falta de respeto a nuestra Constitución y a la ciudadanía a la que estas Cámaras representan.

La legitimidad de las Instituciones está en juego, por eso creemos que el incumplimiento de las leyes que regulan estos órganos constitucionales nos debilita como sociedad y nos coloca fuera del marco constitucional.

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales Madrid a 30 de Agosto de 2020

CIERRE DE PROSTÍBULOS Y ABOLICIÓN DE LA PROSTITUCIÓN

Con motivo de la pandemia y de la expansión del virus algunas Comunidades Autónomas han
acordado el cierre de los prostíbulos, medida que sin lugar a duda aplaudimos e interesamos se
haga extensiva a todo el territorio nacional; no obstante, no se puede desconocer que con el
cierre de los prostíbulos crece exponencialmente la vulnerabilidad de las mujeres por lo que, sin
perjuicio de la necesidad de la concreta actuación legislativa a la que haremos referencia a
continuación, entendemos que el cierre de los prostíbulos debe venir acompañado de aquellas
otras medidas de seguridad y de carácter asistencial que sean precisas para proteger a las
mujeres y niñas prostituidas ante esta situación.
Al margen de la excepcionalidad que supone la crisis sanitaria a la que nos enfrentamos, la UPF
exige al Gobierno en general y al Ministerio de Igualdad en particular, que se pongan en marcha
inmediatamente los trámites legislativos para promulgar una ley integral contra la Trata y la
explotación sexual y las normas que resulten precisas para abolir la prostitución.
No podemos olvidar que la mayoría de las personas que se encuentran en situación de
prostitución son mujeres y niñas (la prostitución masculina es residual) que viven en contextos
de pobreza; en muchas ocasiones son migrantes o de diversas razas o nacionalidades por lo que
sufren múltiples discriminaciones.
La prostitución, que es una práctica vinculada con la trata y con la pobreza, determina que las
mujeres, lejos de ser consideradas como sujetos con derechos, sean representadas
socioculturalmente como un objeto a disposición de otros para satisfacer sus deseos. Es una
forma de esclavitud que tiene su origen en las desigualdades sociales y ha de ser entendida
como una manifestación más de “violencia sexual”.
La ausencia de regulación se erige en aceptación y contribuye a la normalización del acceso de
los hombres al cuerpo de la mujer a cambio de dinero u otra prestación. Su prohibición, además
de los efectos positivos comprobados en aquellos países en los que así se ha regulado, producirá
un efecto socio-pedagógico importantísimo contribuyendo al cambio de mentalidad de la
sociedad en su conjunto y al rechazo definitivo de uno de los atentados más graves a la igual
dignidad de las mujeres.

Madrid a 22 de agosto de 2020.
El secretariado Permanente

DERECHO A LA ACOGIDA

La Unión Progresista de Fiscales muestra su indignación ante la noticia conocida en el día de hoy de que más de 400 personas (incluidas niñas y niños) han quedado fuera del sistema de protección para migrantes, al negarse la Junta de Andalucía a realizarles la prueba PCR necesaria para dotarles del amparo y la acogida legalmente establecido.

La negativa de la Junta de Andalucía a realizar estas pruebas supone una incomprensible dejación de su obligación y coloca a las personas migrantes en una situación de absoluta vulnerabilidad, poniendo en riesgo la salud y contribuyendo a la estigmatización de este colectivo.  

Tristemente, esta acción, sirve para alimentar las prácticas discursivas que dibujan un imaginario colectivo excluyente y de rechazo hacía las personas migrantes, lo que supone una de las causas principales de racismo en nuestro país.

Recordamos que, como recoge el artículo 10.1 de la Constitución Española, el reconocimiento a la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento de nuestro orden político y nuestra paz social.

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Madrid a 18 de Agosto de 2020

Comunicado sobre la propuesta de reforma del artículo 324 de la Lecrim

La UPF lamenta profundamente la noticia de que la Comisión de Justicia del Congreso haya acordado por mayoría reformar el art. 324 de la LECrim en lugar de optar por su derogación, que es lo que esta asociación ha venido reivindicando desde la publicación de la L. 42/2015 que le dio el contenido actual.
Si bien se agradece que se atribuya a los jueces la responsabilidad de controlar los plazos de instrucción, alargar estos por seis meses no resuelve los problemas pues, el apartado tercero de la reforma propuesta prevé la nulidad de aquellas diligencias de investigación que se hayan practicado fuera del plazo inicial de 12 meses sin acordarse la prórroga o revocada esta por el órgano superior.
Las consecuencias de tal previsión pueden ser nefastas y afectar no solo al Ministerio Fiscal, al poner en entredicho su principal función- la de perseguir de forma imparcial la comisión de los delitos- sino también a las víctimas que pueden resultar perjudicadas por el archivo provocado por la imposibilidad de concluir la investigación y, además, al propio investigado que puede sufrir la consecuencia de que diligencias de investigación que le benefician resulten nulas.
Además, seguimos asistiendo a un distanciamiento de los plazos de investigación con los plazos de prescripción de los delitos. Deberemos explicar a la ciudadanía por qué puede dejar de investigarse un delito que no ha prescrito. Estamos más ante un problema de medios que de plazos y, sobre todo, de modelo de justicia penal. Este país tiene derecho a contar con un sistema de justicia penal racional y coherente. ¿Por qué el plazo de investigación de un delito no puede ser idéntico al de prescripción, que tiene en cuenta la gravedad y, por tanto, las necesidades procesales de su investigación y enjuiciamiento?
Por otra parte, como ya hemos advertido reiteradamente, nuestro ordenamiento penal y la jurisprudencia proponen soluciones suficientes para atenuar de forma más o menos intensa la responsabilidad penal por los delitos en los que la investigación se haya demorado más allá de lo razonable. El propio TJUE considera contrario al Derecho de la Unión Europea la fijación de plazos máximos de investigación en los estados nacionales cuando ha tenido que proteger sus propios bienes jurídicos (En este sentido, Asunto C-612 15, de 5 de junio de 2018).
Los ciudadanos y ciudadanas de este país han de saber que si, finalmente, se acuerda mantener plazos cortos de investigación, las consecuencias procesales serán funestas para la persecución de los delitos sin perjuicio de que, el Ministerio Fiscal intente, como siempre, cumplir de la manera más efectiva sus funciones con los mecanismos procesales puestos a su disposición a fin de conseguir la mejor y más justa respuesta para los afectados y para la sociedad en su conjunto.
Madrid, 26 de junio de 2020
El Secretariado Permanente.

COMUNICADO PLAZOS DE INSTRUCCIÓN

Ante el comunicado dado a conocer por Juezas y Jueces para la Democracia relativo a los plazos de investigación del art. 324 Lecr, la UPF estima necesario realizar las siguientes consideraciones.

Desde la entrada en vigor de los plazos de investigación en 2015, la UPF ha venido insistiendo de forma reiterada sobre las nefastas consecuencias que tendría una normativa de esta naturaleza en los procedimientos penales, desgraciadamente el tiempo nos ha dado la razón. De forma incesante aparecen noticias dando cuenta del archivo de procedimientos o imposibilidad de continuar la investigación en casos relacionados con la corrupción, y es que como bien se sabe la interpretación de una cuestión tan importante como el plazo de investigación del delito se ha dejado en manos de las Audiencias Provinciales que establecen criterios diferentes según las secciones, con merma evidente del principio de seguridad jurídica. La mayoría de resoluciones mantiene que se trata de plazos claros, preclusivos, lo que no ocurría con el plazo de un mes que previó la Lecr. en su redacción original, en consecuencia la imposibilidad de practicar más diligencias (a favor o en contra del acusado) pone en riesgo el derecho a la tutela judicial efectiva que también asiste al Ministerio Fiscal y con ello se pone en entredicho su principal función: la de perseguir de forma imparcial la comisión de los delitos, y por extensión el derecho de toda  la sociedad a perseguirlos por tratarse de los ataques más graves e intolerables al ordenamiento jurídico.

El sistema propuesto tampoco ha supuesto una agilización extraordinaria de las investigaciones, puesto que estamos más ante un problema de medios que de plazos y, sobre todo de modelo de justicia penal. No en vano muchas de las instrucciones son prorrogadas a solicitud del Ministerio Fiscal, justamente porque no pueden ser finalizadas en los tiempos propuestos por la norma procesal y los delitos de instrucción sencilla ya venían investigándose en un período relativamente corto de tiempo.

 El sistema vigente de plazos  presenta además una disfuncionalidad que lo invalida de forma permanente, en tanto en cuanto encomienda el control al Ministerio Fiscal, quien sin embargo no tiene atribuida como misión principal la investigación de los delitos.  

Por otra parte, la introducción de los plazos procesales de investigación no ha tenido en cuenta el plazo de prescripción de los delitos, que sin embargo ha ido agravándose en las últimas reformas del CP. En consecuencia, asistimos a un distanciamiento entre los plazos de investigación con los plazos de prescripción de los delitos y deberemos explicar a la ciudadanía, por qué puede dejar de investigarse un delito que no ha prescrito.

La UPF comparte la inquietud de la sociedad ante la respuesta tardía de la justicia penal pero la ciudadanía debe saber claramente que este sistema de plazos no resuelve la complejidad de las investigaciones, por las razones ya expresadas. Por otra parte nuestro ordenamiento penal y la jurisprudencia proponen soluciones suficientes para atenuar de forma más o menos intensa los delitos en los que la investigación se haya demorado más allá de lo razonable.

Así lo mantiene el TJUE, que considera contrario al Derecho de la Unión Europea la fijación de plazos máximos de investigación en los estados nacionales. En este sentido el Asunto C-612 15, de 5 de junio de 2018, en el que se perseguía un delito contra los intereses financieros de la Unión y el código procesal de Bulgaria (norma nacional) que preveía dos años de investigación, lo ha declarado contrario al art. 325 TFUE , que obliga a los Estados miembros a combatir el fraude y toda actividad ilegal, con medidas disuasorias y capaces de protección eficaz.

 Así las cosas, mientras no se modifique el modelo procesal penal y se atribuya la investigación al Ministerio Fiscal, no cabe otra posibilidad que solicitar la derogación del art. 324 como la medida más razonable, teniendo en cuenta que el sistema penal debe garantizar la protección de los ciudadanos a través de un proceso justo

Madrid a 8 de Junio de 2020

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA. DERECHOA A CUIDAR Y SER CUIDADO

El necesario cierre de los colegios y la crisis de las residencias de personas de la tercera edad nos coloca en un escenario en el que, si no abordamos prontas soluciones, serán las mujeres las que acaben pagando, con sus derechos y oportunidades, esta factura.

Por eso, la Unión Progresista de Fiscales considera que desde todos los agentes sociales y políticos debe abordarse un debate profundo que nos
conduzca a propuestas de solución estructural para afrontar la necesaria
corresponsabilidad y la conciliación, sin que esta caiga mayoritariamente
sobre la espalda de las mujeres

La situación de crisis sanitaria y económica que atravesamos ha puesto de
manifiesto, con más fuerza que nunca, la necesidad de sostener la vida a base de cuidar y ser cuidados. Nos apremia la necesidad de organizarnos de forma sostenible para, desde posiciones igualitarias, satisfacer las necesidades de atención a nuestra infancia, y a nuestras personas mayores y dependientes.


Nos urge, como sociedad, superar la falsa dicotomía entre producción y
cuidados para encontrar soluciones realistas que, no solo, descarguen de las mujeres la responsabilidad de las tareas de cuidado, sino que nos permitan el disfrute de una vida digna. Como reza el contenido del Plan de Igualdad de la Fiscalía General del Estado creemos que este debate debe analizarse desde el favorecimiento del ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Y como manifestación
de los derechos de las mujeres y de los hombres, la libre configuración de su tiempo para promover la corresponsabilidad a través del reparto de las obligaciones familiares, las tareas domésticas y el cuidado de personas dependientes mediante la individualización de los derechos y la prohibición de discriminación basada en su libre ejercicio.


Madrid a 12 de Mayo de 2020

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Comunicando exigiendo iguales medidas para todas las personas que trabajan en la administración de justicia

En el día de hoy se ha publicado una noticia en prensa según la cual por parte del Consejo General del Poder Judicial se va a realizar test serológicos de inmunoglobulinas de detección del anticuerpo del Covid-19 a todos los integrantes de la Carrera Judicial.

Desde la Unión Progresista de Fiscales, queremos mostrar nuestra sorpresa y preocupación toda vez que ni por la Fiscalía General del Estado ni por parte del Ministerio de Justicia se ha mostrado intención alguna de realizar pruebas de este cariz a sabiendas de que todos estamos igualmente expuestos a la pandemia del Covid 19, por lo que resulta discriminatorio para los integrantes de la carrera fiscal y demás miembros del personal de la Administración de Justicia que solo se facilite dicha prueba a los integrantes de la Carrera judicial

Para evitar situaciones como esta es necesario reclamar de nuevo la autonomía presupuestaria para el Ministerio Fiscal tan necesaria y exigida por la Carrera Fiscal, y que ha sido ignorada y desatendida por parte de los diferentes Gobiernos de esta nación.

Es por ello que desde la Unión Progresista de Fiscales exigimos a la Fiscalía General del Estado y al Ministerio de Justicia que nos informen de manera inmediata sobre cuales son las medidas que se van a tomar en aras de proteger la salud de los miembros de la Carrera Fiscal cuando se proceda a la reanudación de la actividad jurisdiccional, la cual consideramos imprescindible, pero que debe hacerse en condiciones de seguridad y salubridad para todos.

Comunicada sobre reanudación actividad judicial

Ante la situación generada por la pandemia del Covid-19 y las instrucciones de reanudación de la actividad judicial, la Unión Progresista de Fiscales manifiesta su más absoluta preocupación ante ciertas medidas que se empiezan a tomar y que podrían no garantizar la seguridad y la salud, no solo de la carrera fiscal, sino de cuantas personas profesionales y usuarias de la justicia deban acudir a las dependencias de las distintas fiscalías y órganos judiciales.

Por eso interesamos que la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial exijan a las administraciones competentes que garanticen las medidas de higiene y salubridad que nos permitan ejercer nuestra función constitucional en condiciones dignas y con plenas garantías, suministrando los equipos de protección personal que sean necesarios y las medidas de seguridad necesarias en todas las instalaciones judiciales y salas de vistas.

Madrid a 30 de abril de 2020

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Comunicada reunión comisión pedagógica del CEJ de 28 de Abril de 2020

En el día de hoy, 28 de abril de 2020, se ha celebrado reunión virtual de la Comisión Pedagógica del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), que como sabéis es un órgano colegiado previsto en el nuevo Estatuto del CEJ (Real Decreto 312/2019, de 26 de abril), cuya finalidad es incrementar la transparencia, así como el asesoramiento y participación de los intereses asociativos y corporativos en la formación del sector justicia.

Su función principal es realizar recomendaciones e informes sobre los programas formativos del Centro de Estudios Jurídicos. Este órgano se reunió, para su constitución, el 13 de diciembre de 2019, como informamos oportunamente.

La nueva situación creada por el estado de alarma causado por la crisis sanitaria está teniendo consecuencias en la oferta formativa del CEJ. Por ello, la nueva directora convocó a la Comisión Pedagógica para recoger las aportaciones de sus miembros, y que puedan ser tenidos en cuenta en la reunión del Consejo Rector, que se desarrollará el día 29 de abril de 2020.

Cada uno de los partícipes en la Comisión (el Director de Formación de la Carrera Fiscal- como no hay persona designada, intervino como invitado el asesor de FGE en el CEJ; dos fiscales designados por el Consejo Fiscal; dos Letrados de la Administración de Justicia, designados por el Consejo del Secretariado; un Abogado del Estado, designado por el Abogado General del Estado; un médico forense, designado por el Consejo Médico-Forense; un facultativo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, designado por el Director Nacional de este organismo; un representante de cada una de las asociaciones profesionales de la Carrera Fiscal y de los Cuerpos de los Letrados de la Administración de Justicia, Médicos Forenses, Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y demás personal al servicio de la Administración de Justicia, a propuesta de cada asociación) fueron exponiendo sus propuestas para encarar la nueva situación.

Por parte de la Unión Progresista de Fiscales, la cuestión se ha centrado en propuestas para dos escenarios posibles:

1.- Formación inicial y continua compatible con medidas personales restrictivas por razones sanitarias:

1.1.- Intensificación de la formación continua en línea mediante las plataformas adecuadas que permitan conexiones con todos l@s fiscales que hayan solicitado el curso en cuestión, la formación no debe perder calidad. También pueden articularse distintos formatos de cursos.

1.2.- Apertura de los cursos de formación continua a todos los fiscales. Si los cursos se desarrollan on line , no debería haber problema para que puedan abrirse a toda la carrera.

1.3.- Acceso libre a los cursos de la European Judicial Training Network (EJTN). Esta posibilidad ya ha sido materializada por el CEJ junto con la Secretaría Técnica y debemos felicitarnos por esa decisión. En el mismo sentido, debe recordarse la posibilidad de realizar los cursos HELP del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

1.4.- Jornadas de especialización en línea. La especialización ha sido una de las mejores apuestas del Ministerio Fiscal de los últimos años, en consecuencia, la formación especializada debe continuar a través de las plataformas que garanticen el acceso y la interacción en línea.

1.5.- Creación de talleres o foros de discusión en línea en relación a temas concretos, que permitan profundizar en aquellas materias sometidas a debate.

  2. Formación inicial y continua sin medidas personales restrictivas o en convivencia con estas si la situación se alarga temporalmente (en línea con las solicitadas en la anterior reunión de la Comisión Pedagógica, de 13.12.2019 en el CEJ). 

2.1 Necesidad de la formación continua como una de las claves principales de nuestro desarrollo profesional.

2.2.- Formación
on line como uno de los ejes principales de la formación del CEJ. Debemos aprovechar la crisis sanitaria para introducir innovaciones como desarrollar una formación on line potente y de calidad, sin duda, compatible con la formación presencial (también esta última muy importante para el desarrollo integral profesional) que deberá reducir las ratios y guardar las medidas de distanciamiento, en su caso.

2.3.- Necesidad de programar de forma permanente cursos o n li n e de calidad de idiomas. Como se sabe, l@s fiscales

participan de forma activa en los cursos que promueve la EJTN, por esta razón la actualización permanente en la enseñanza de idiomas debe ser una herramienta esencial de la formación. Con especial intensidad habrían de programarse cursos de inglés o francés jurídico.

2.4 Racionalización de los cursos, así como descentralización de los mismos con el fin de acercar la actividad formativa lo máximo posible a las fiscalías y facilitar la conciliación.

2.5 Garantizar que las actividades formativas mejor evaluadas puedan ser impartidas en todo el territorio, así como asegurar la utilización de las nuevas tecnologías en esta materia.

2.6.- La formación necesita basarse en textos bien elaborados y documentados, no solo en lo que concierne a las ponencias, sino también en los supuestos de formaciones específicas. En este punto deben actualizarse los pagos a ponentes, porque ello repercute directamente en una formación de calidad.

2.7.- Garantizar que el abono de las dietas se realice con la mayor diligencia posible (en la anterior reunión, la directora del CEJ mantuvo que se estaba trabajando en ello para un plazo de tres meses).

Después de escuchar a todos y todas las intervinientes, la Directora del CEJ, señaló la importancia de la reunión del Consejo Rector como órgano clave para adoptar las decisiones en materia de formación. No obstante, aseguró que se barajan varias opciones, pero que la modalidad on line es la que se va a imponer, puesto que, a causa de la crisis sanitaria ve muy difícil que, al menos durante este año, podamos contar con formación presencial. La intención del CEJ es acompañar a todas y todos los profesionales en estas herramientas, para superar la brecha digital.

El abanico de posibilidades
o n lin e es muy amplio y puede acoplarse a los intereses de cada curso. En cuanto a la oferta formativa, se pretende reorientar contenidos y calendarios, se contactará con la dirección y el profesorado para adecuar la herramienta digital que mejor se adapte al curso en cuestión.

La Directora ha asegurado que, aunque el CEJ tiene carencias importantes en el área de formación on line , sin embargo, tienen

personal cualificado para el cambio a digital, con el fin de utilizar nuevas plataformas.

En relación al tema presupuestario ha insistido en que, paradójicamente, la suspensión de la formación presencial no supone necesariamente un ahorro económico, puesto que, por un lado, han tenido gastos de cancelación de los cursos presenciales y, por otro, desconoce en qué medida el presupuesto se pueda ver modificado por la crisis que estamos viviendo a todos los niveles.

Finalmente, ha señalado que se está impulsando desde el CEJ en la gestión económica (pago de facturas y cuentas justificativas).

Madrid, 29 de abril de 2020 El Secretariado Permanente