COMUNICADO SOBRE CUMBRE CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

UPF y JJpD quieren llamar la atención pública sobre los siguientes puntos, en relación con la lucha mundial contra el cambio climático:

1) La Conferencia de las Partes (COP), bajo la Convención Marco de NNUU para el Cambio Climático, aprobó en diciembre de 2015 el Acuerdo de París, para frenar las consecuencias negativas del cambio climático, que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. El Acuerdo establece el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2ºC, en relación con los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5ºC. Se establece un horizonte de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a largo plazo, al indicar que para cumplir con el objetivo de temperatura acordado “se debe alcanzar su punto máximo lo antes posible”.

2) El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ya en su último informe definitivo, aprobado en noviembre de 2014, alertó de que, si no se realizaba una mitigación adicional de las emisiones GEI aparte de las ya desplegadas, se experimentarían aumentos de la temperatura media global en 2100 de 3,7ºC a 4,8ºC en comparación con los niveles preindustriales.

3) La necesidad de alcanzar estos objetivos de modo tan apremiante y perentorio, exige la cooperación internacional para implementar cambios urgentes en el modelo energético y económico. Todos los gobiernos deben esforzarse en incentivar la aplicación de un nuevo modelo sostenible, y alcanzar nuevos compromisos concretos y vinculantes a nivel regional y mundial, asegurando la rápida reducción de las emisiones de GEI.

4) El modelo económico neoliberal, expandido a nivel mundial desde la década de 1980, ha sido letal para la grave situación de insostenibilidad ambiental existente, al dar primacía absoluta a la maximización de la rentabilidad empresarial, sobre todo de las grandes corporaciones, despreciando sus costes sociales y ambientales. Por tanto, es necesario sustituir este modelo, por otra parte fracasado, por alternativas que incluyan en sus objetivos esenciales la justicia social y el respeto al medio ambiente.

5) La transición a un nuevo modelo económico y energético (transición ecológica) debe hacerse desde el principio de justicia ambiental: nunca a costa de reducir el consumo y nivel de vida de la mayoría de la población por debajo de un nivel de vida digno, manteniendo la hiperconcentración de riqueza en unas pocas élites (lo que se ha llamado “ecofascismo”). Por el contrario, el esfuerzo de austeridad debe recaer en las capas sociales más favorecidas, y en los países más desarrollados. Esta transición ecológica debe ser un incentivo para lograr una distribución mucho más equitativa de la riqueza, dando prioridad al desarrollo del Tercer Mundo, asegurando las necesarias transferencias de tecnologías para estos países.

6) Finalmente, todas las Administraciones Públicas españolas deben hacer un esfuerzo mucho mayor para asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental en vigor, tanto respecto a las obligaciones que les incumben directamente, como en imponer a los particulares las medidas legales correctoras cuando se detectan infracciones de esta normativa ambiental. Y para los casos más graves, constitutivos de delitos contra el medio ambiente, sería deseable extender el modelo de especialización del Ministerio Fiscal en esta materia, a la judicatura, para mejorar la calidad y eficacia de la respuesta penal a las conductas más graves. 5 de diciembre de 2019

MANIFIESTO DE LA UPF EN EL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Con motivo del DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, la UPF quiere recordar a las 1027 mujeres que desde el año 2003 han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas, 51 de las cuales lo han sido a lo largo de este año, y a todas aquellas que fueron asesinadas en otros ámbitos a manos de hombres por el simple hecho de ser mujer. Queremos solidarizarnos con sus hijas e hijos y con los familiares que sufren cada día su pérdida y dar nuestra mano a todas las mujeres y niñas que están sufriendo cualquier clase de violencia fisca, psicológica, sexual o económica, en cualquier esfera de sus vidas.
Animamos a toda la sociedad a que manifieste su intolerancia más absoluta a la violencia de género y su rechazo hacia el maltratador; a que reaccione activamente ante cualquiera de estos actos, apoyando a las víctimas y denunciando estos hechos que son, siempre y sin excepción, un grave atentado a los derechos humanos.
Reconocemos el trabajo de las asociaciones de mujeres y demás organizaciones de la sociedad civil siempre en alerta y al lado de las mujeres y de sus hijos e hijas, e instamos a las administraciones, instituciones y organismos implicados en la lucha contra la violencia de género para que no den un paso atrás y sigan impulsando las medidas necesarias para su erradicación y para seguir avanzando hasta conseguir la igualdad absoluta entre hombres y mujeres. A que reaccionen activamente frente a esos posicionamientos ideológicos contrarios a los derechos de las mujeres, negacionistas de la incontestable existencia de la violencia que sufren las mujeres por el sólo hecho de serlo, y que aborden una estrategia que permita de forma efectiva contrarrestar ese fenómeno para, no solo impedir que se retroceda en el avance iniciado hace ya más de 15 años, sino también que se garantice ese progreso mejorando la actuación en prevención, protección, recuperación y reparación de las víctimas, y en la investigación y sanción de los actos violentos que, insistimos, son un atentado a la vida, a la seguridad, a la libertad, y la dignidad de las mujeres y un obstáculo para el desarrollo de una sociedad democrática.
La UPF permanecerá siempre vigilante y actuará con conciencia crítica ante cualquier actuación que pueda perjudicar a las mujeres víctimas en su protección y apoyo, o que suponga un retroceso o impedimento en la investigación o sanción de los actos violentos o, por supuesto y muy especialmente, en la prevención que, como verdadero factor de protección, está fuertemente vinculado a la educación y a la formación en igualdad y respeto desde las más tempranas edades.
Madrid, 25 de noviembre de 2019
El Secretariado

COMUNICADO EN DEFENSA DEL DERECHO DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA CARRERA FISCAL

En el comunicado institucional emitido tras la última reunión del Consejo Fiscal celebrada el pasado jueves 14 de noviembre se hace constar que los Vocales electos a propuesta de la Asociación de Fiscales, representantes también de todos los compañeros y compañeras de la carrera fiscal, preguntaron a la Fiscal General del Estado si había llevado a cabo alguna actuación respecto de un compañero por dos mensajes que había publicado recientemente en la red social Twitter y que, en caso contrario, la Inspección Fiscal adoptase las medidas oportunas al entender que esos “tuits” podían poner en entredicho la honradez profesional de los Fiscales y Magistrados que intervinieron en el juicio del “procés” y la propia imparcialidad de la Administración de Justicia.
Desde la Unión Progresista de Fiscales asistimos atónitos a esta afirmación realizada por quienes en lugar de actuar como representantes de todos los Fiscales, parecen erigirse en inquisidores que denuncian formalmente a un compañero e instan la incoación de un expediente disciplinario por la publicación de unos comentarios en Twitter, en relación con la acusación formulada por el Ministerio Fiscal en el juicio del “procés” y con anterioridad a la notificación de la sentencias del Tribunal Supremo.
Sin entrar a valorar el contenido de unos comentarios privados realizados en una red social, nos parece inaudito y digno de censura el señalamiento y denuncia a quien no comparte las ideas, argumentos o posicionamientos jurídicos de otros y así lo crítica públicamente. Trasladar a la carrera fiscal este clima de crispación social contribuye a proyectar una imagen equivocada del Ministerio Fiscal, donde el pleno reconocimiento al trabajo de los y las compañeras debe conjugarse con los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución –también a los fiscales- y, muy singularmente, con la libertad de expresión. Madrid, a 20 de Noviembre de 2019 El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales.

COMUNICADO SENTENCIA DEL «PROCES»

La Unión Progresista de Fiscales, ante la publicación en el día de hoy de la Sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la Causa Especial 20907/2017, quiere manifestar el absoluto respeto a la sentencia, así como a la labor de todos los miembros de la administración de justicia que han participado en el desarrollo de esta causa
Con este procedimiento se ha demostrado la imparcialidad e independencia de nuestro sistema judicial, así como la evidencia del pleno funcionamiento del Estado de derecho en nuestro país.
Madrid a 14 de octubre de 2019
El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

POSTURA DE LOS VOCALES DEL CONSEJO FISCAL A PROPUESTA DE LA UPF ANTE EL BORRADOR DE INSTRUCCIÓN SOBRE LOS SIMF

Ante todo, la UPF, quiere destacar y reconocer la labor de los compañeros,
de manera voluntaria y seguramente recibiendo mas cargas y críticas que
reconocimientos forman parte del servicio de Fiscales responsables del
Servicio de Información del Ministerio Fiscal. SIMF.
La necesidad de reconocer esa labor y poner sobre la mesa el indudable mérito
y desgaste en las mas que difíciles circunstancias en las que están teniendo
que trabajar, sobre todo con la implantación de los sistemas digitales, no debe
alejarnos de la realidad.
Y la realidad es mas dura y mas difícil de aceptar que el enormemente
optimista documento que pasamos a analizar, y es que , desde nuestro punto
de vista, la implantación de la Fiscalía Digital no es mas que la evidencia de un
fracaso de gestión, de dirección y de proyecto, que solamente el trabajo de los
compañeros, el sacrificio, y el empeño de las plantillas de las fiscalías ha sido
capaz de maquillar. Por lo tanto , en lo único en que estamos de acuerdo en el
borrador de instrucción , pero en sentido contrario al expresado en la misma, es
la siguiente afirmación: “Para ello, en primer lugar, se hace necesario definir
el marco funcional propio de estas figuras, para determinar a continuación las
necesidades organizativas que requiera su efectivo cumplimiento. “
Bajo este prisma, y nuestra crítica visión, entendemos que la instrucción no
enfoca bien el problema, mas al contrario, lo desenfoca, puesto que no parte de
una situación real, sino de un imaginario en el que la lógica de la sucesión de
acontecimientos que relata no pudieran mas que dar lugar a una respuesta
institucional como la que propone.
PRIMERO: Así, entendemos que el borrador de instrucción instaura un nuevo
sistema, una nueva organización del Ministerio Fiscal que no está prevista
estatutariamente y cuya concreción excede de las posibilidades de
autoregulación del Ministerio Fiscal, pues deja sin contenido o en ocasiones
amplia las competencias de un órgano, la unidad de apoyo, o en detrimento o
lugar de otros modifica la propia naturaleza del órgano y su razón de ser.
El articulo 13 del EOMF, en su punto cuarto define a la UNIDAD DE APOYO, y
establece claramente , que “su función será realizar labores de asistencia a la
Fiscalía General del Estado”, y su cometido está claramente diferenciado de los
otros órganos ( Secretaría Técnica, Inspección Fiscal, y Fiscales delegados),
por lo que ni por razón de competencias, ni por razón de la materia, ni por la
propia redacción del Estatuto, podemos entender admisible que se introduzca
una analogía, con la estructura, si prevista en el estatuto , de las fiscalías
delegadas.
La instrucción , desde nuestro punto de vista, pues trata de encajar una nueva
especialidad de la FISCALIA, como si la gestión de los sistemas informáticos
fuera equiparable a la sustantividad y razón de la creación de las fiscalías
especiales o fiscalías delegadas, que lo son , y ello no puede ser olvidado, en
razón de la materia de trabajo, por el contenido relativo a los específicos
ámbitos de actuación del Ministerio Fiscal y no por su relación con aspectos
organizativos o instrumentales de la institución. En definitiva por su
singularidad.
Los órganos citados de la fiscalía general son pues órganos con sustantividad
propia, no fiscalías delegadas o especializadas, su ámbito de actuación es la
del auxilio al Fiscal General del Estado, quien ya ostenta la representación y
dirección de la carrera, sin que estimemos sea preciso extender a
competencias no previstas estatutariamente las competencias de la unidad de
Apoyo, que sería el único órgano central con delegados en todas las fiscalías
territoriales. Una nueva figura, con poderes extralimitados que participa de la
naturaleza de sus funciones de auxilio del Fiscal General y de su extensión a
toda la carrera. Sin duda de prosperar la instrucción se convertiría en el órgano
mas importante de centralización y control de la carrera, con una red propia y
claramente diferenciado de la Secretaria técnica, y de la Inspección fiscal .
Entendemos que ello no corresponde a las competencias del artículo 13 del
estatutos en las que define las funciones de la Unidad de Apoyo.
SEGUNDO: El aspecto de la territorialidad es importante en el análisis de la
instrucción, a nuestro juicio, la visión de la Unidad de Apoyo parte de un
esquema centralista y alejado de la diversidad de las fiscalías españolas, pues
pretende extender sus competencias en detrimento, o como si no existiera una
organización territorial , plenamente operativa y responsable del
funcionamiento y organización en cada uno de sus territorios.
Vemos con cierta prevención y preocupación como la figura del Jefe Provincial,
o incluso del Fiscal Superior, se ven en cierta manera suplantadas en algunas
de sus competencias por las atribuidas en el borrador de instrucción. De esta
manera, al intentar copiar el modelo de las especialidades, aparta o arrincona
el modelo territorial de organización y dirección de las fiscalías provinciales,
autonómicas o de área, puesto que el borrador, en el desarrollo de estas
competencias puede invadir o suplantar las potestades o atribuciones, incluso
las responsabilidades de los fiscales jefes. Puede que este sea el modelo que
se busca, pero si es así, la reforma merece una mayor reflexión.
TERCERO: La implantación del sistema digital está siendo un fracaso, las
causas y las consecuencias de la disminución de la calidad del trabajo de los
fiscales y el stress laboral que estas implantaciones están suponiendo en las
plantillas nos hacen cuestionar, no solo el modelo, sino también la oportunidad
e implantar dicho modelo en esos momentos. La sensación en la Carrera ante
los nuevos retos digitales es de un acatamiento contenido de la nueva realidad,
pocas veces de satisfacción y menos aún de entusiasmo. Puede ser incluso
contraproducente para los compañeros, que como decimos merecen todo
nuestro reconocimiento, que puedan ellos mismos ser señalados como los
responsables la errónea concepción, deficiente gestión y caótica implantación
del expediente digital. No parece adecuado ni el momento ni la forma para
introducir esta nueva organización en las fiscalías.
CUARTO: Otro factor que tenemos que valorar es la introducción, de nuevo ,
una superestructura por encima de la estructura estatutaria de la carrera. Los
problemas de coordinación entre las fiscalías especiales y las territoriales son
uno de los mayores retos de la institución, pero se asumen en la creencia de
una mejora en la respuesta de la acción de la acción de la justicia para con la
sociedad. No alcanzamos a ver, en este caso, la utilidad de esta
superestructura, cuando la organización jerárquica y territorial del Ministerio
Fiscal tiene resuelto o al menos señala la previsión estatutaria de la dirección y
organización de las fiscalías al centrarlas en las jefaturas.
QUINTO: Hemos de criticar también algunos aspectos de la redacción del
borrador, pues como venimos comentando, no reflejan la realidad de la carrera,
y parecen desconocer alguno de las cuestiones que paso a relatar.
La unidad de apoyo no ha sido eficaz ni veraz en la transmisión de
información sobre el estado de las aplicaciones ni su funcionalidad con las
fiscalías, lo que era una evidencia para los compañeros en aquellos lugares
dónde se estaba y se está realizando la implantación no tenía después un
traslado real ni a la propia institución, ni a los responsables administrativos para
la mejora de las aplicaciones. Llevamos muchos, muchos años viendo como se
minimizaban los problemas cuando eran puestos de manifiesto por los
compañeros, como se reducía cualquier protesta o advertencia sobre el mal
funcionamiento de los sistemas a una actitud poco colaboradora o a cuestionar
el trabajo o la implicación de los compañeros. Los funcionarios de las fiscalías
han debido crecer para atender los nuevos programas informáticos en lugar del
sentido contrario, mecanizando un trabajo que solo ha consistido en meter
datos en una pantalla. Esta situación se ha producido siempre en tránsito en
espera de unas mejoras que no acababan de llegar sin agotar las posibilidades
de los pilotos y permitiendo que los experimentos se hicieran en tiempo real y
se extendieran a nuevos territorios sin testar suficientemente si eran las
herramientas mas adecuadas, procesal y materialmente para desarrollar
nuestro trabajo. El camino que nos ha traído hasta aquí es altamente
insatisfactorio y así nos parece, es valorado por la mayoría de la Carrera.
Es mas, solamente a partir de la intervención de los otros órganos de la
Fiscalia General, la Inspección y la Secretaría Técnica, se han comenzado a
valorar aspectos antes olvidados o relativizados, que influían e influyen
directamente en la tramitación de las causas y en el resultado de los
procedimientos. Si alguna crítica hemos de extender a la Unidad de Apoyo es
su ceguera con las consecuencias procesales y sustantivas en los
procedimientos, que solamente han sido puestas de manifiesto cuando la
institución , ante el clamor de la carrera, y porqué no decirlo, la sensibilidad de
la fiscal general, han puesto a trabajar a la Inspección y a la Secretaría
Técnica. Solo entonces y de una manera sistemática acertada, se ha podido
dimensionar el problema.
Sin embargo la instrucción parece desconocer esta realidad, y pretende otorgar
mas poderes, mas influencia y mas capacidad de actuación a la Unidad de
Apoyo, cuando en este aspecto quizá lo que habría que hacer es incluso una
redefinición de sus competencias. Es mas, es tal la influencia de las nuevas
implantaciones en el contenido sustantivo de nuestro trabajo, que a nuestro
parecer, y en este campo y en esta nueva realidad, las competencias deben
ser compartidas con la Secretaría Técnica y la inspección, pues la UNIDAD DE
APOYO no es quien puede dar respuesta a los problemas sustantivos y
procesales que provocan las nuevas realidades. Su naturaleza de auxilio como
así pone de manifiesto el estatuto, art 13 cuatro, apartado c) Análisis y
evaluación de las propuestas relativas a necesidades de organización y
funcionamiento del Ministerio Fiscal en materia de estadística, informática,
personal, medios materiales, información y documentación.
SEXTO: La lectura del apartado 3.2.del borrador de instrucción (Funciones de
los Fiscales Delegados responsables del SIMF), a nuestro juicio, contempla
funciones y atribuciones que no solamente corresponderían a los jefes
respectivos, sino incluso a la inspección fiscal o las inspecciones de las
fiscalías superiores. La atribución de excesivas competencias para justificar la
creación de una nueva figura responsabiliza a los propios SIMF en exceso, y
los coloca en un lugar de gestión administrativa, en un puente entre la labor de
fiscal y director de oficina que no le debería corresponder a un fiscal de plantilla
sino al propio jefe, es mas , al atribuirle incluso competencias de relación
institucional desvirtúa incluso el marco de relaciones con las administraciones
de justicia.
ULTIMO: Queda mucho margen de mejora en el desarrollo de los órganos y las
competencias de los instrumentos de coordinación y control de las fiscalías, en
la unificación de criterios, en el desarrollo y participación de las comisiones
mixtas, en la propia labor de la Unidad de Apoyo en el desarrollo y control de
los sistemas de gestión procesal ajenos a Ministerio de Justicia, como para
tratar de implantar una nueva organización, innecesaria, inoportuna y carente
de respaldo estatutario, como pretende la nueva instrucción.
Entendemos que el reconocimiento a los compañeros y la coordinación entre
los mismos y las necesidades de las nuevas aplicaciones ha de tener otras
vías, y otros cauces, utilizando las posibilidades que nos permite el Estatuto y
el actual estado de la organización del Ministerio Fiscal, que permita, como se
pretende, mejorar la eficacia de la fiscalía como servicio público.
Comisión de Justicia Digital 19 de septiembre de 2019
Álvaro García Ortiz

COMUNICADO DEROGACIÓN ART 324

Los plazos máximos de instrucción, la reforma estrella que el anterior gobierno del Partido Popular –con su ministro de justicia Rafael Catalá Polo a la cabeza- aprobó en el año 2015 sigue produciendo sus devastadores efectos en el mundo de la justicia.

Tras el reciente auto de la Audiencia Provincial de Murcia  (en un procedimiento seguido contra el ex presidente murciano Ramón Luis Valcárcel), son varios ya los casos de responsables políticos que han visto archivados los procedimientos penales seguidos contra ellos a causa del transcurso de los plazos del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La postura de esta asociación profesional ha sido siempre la de la inmediata derogación del citado artículo 324. De hecho, lo hemos sostenido en un buen número de comunicados en los que hemos advertido reiteradamente del riesgo de impunidad que genera la nefasta redacción de este precepto. Frente a dicha posición, en los diferentes partidos políticos no hemos encontrado más que una completa pasividad e inactividad.

No es tiempo ya de lamentos. Es tiempo de abordar soluciones ante el riesgo de que la reforma del Sr. Catalá -patrocinada por diversos procesalistas que subestimaban nuestras críticas iniciales- siga produciendo sus devastadores efectos y generando una autentica situación de impunidad ante casos de corrupción y otros muchos en que las víctimas no ven satisfecho su derecho a la tutela judicial efectiva. Por ello, rogamos a todos los partidos políticos para que abandonen su juego parlamentario y acometan, de una vez por todas, la tarea de aprobar la inmediata derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Solo así conseguiremos que estas injustas situaciones dejen de producirse.

Madrid, a 10 de septiembre del 2019

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales 0 Medium G

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO


Estimado Sr. Presidente del Gobierno de España: 

Desde la Unión Progresista de Fiscales, con la firme convicción de que concurren obvias razones de extraordinaria y urgente necesidad para la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, le pedimos que no se demore más la aprobación de dicha derogación vía Real Decreto-Ley, ante la imperiosa necesidad social de devolver a la ciudadanía sus legítimas expectativas de que el proceso penal esté al servicio del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. 

Por ello le pedimos, que a la mayor brevedad posible se apruebe dicha derogación. De forma que, en los sucesivo, puedan evitarse casos como el resuelto por la Audiencia Provincial de La Coruña que por aplicación de este precepto privó a una víctima de violencia de género de la posibilidad de que se uniera al procedimiento un importante informe practicado por el Instituto de Medicina Legal. Considerando el Tribunal que estos procedimientos no son complejos y que su instrucción, y muy a pesar de la falta de medios, debe ser agotada en el plazo de seis meses. 

Se comprueba así, que esta reforma operada en el año 2015 por el Partido Popular fijó unos plazos máximos de instrucción para las causas penales que, como reiteradamente hemos denunciado, está sirviendo como una vía de escape soterrada que facilita la impunidad de graves delitos, como lo son los de violencia contra las mujeres, corrupción u otros. 

Es visible y notorio que en estos más de tres años de vida del artículo 324, se ha abierto en nuestro país un espacio de impunidad que afecta de forma muy negativa al derecho a la tutela judicial efectiva, base de cualquier derecho social otorgado en nuestra Constitución. 

En la Unión Progresista de Fiscales nos consta el compromiso de la Ministra de Justicia en la búsqueda de la derogación de este artículo que socava fuertemente los cimientos de la justicia penal.  Y en esta línea, la Sra. Ministra, en fecha de 31 de enero de 2019, nos trasladó  a todas las asociaciones judiciales y fiscales que el único obstáculo que existía para no tramitar este Real Decreto-Ley consistía en la existencia de la iniciativa que, con este fin de la derogación, se estaba tramitando en el Congreso a iniciativa del Grupo Parlamentario Podemos. 

Teniendo en cuenta que, a día de hoy, dicho grupo parlamentario ha despejado dicho obstáculo retirando su proposición de ley, consideramos que el camino a la aprobación de dicho Real Decreto-Ley queda libre,  descansando bajo la sola responsabilidad del Gobierno. 

Por todo ello, apelando a la alta consideración del Servicio Público al que sirve, le rogamos que se haga efectivo los compromisos adquiridos y  que mediante la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal vía Real Decreto-Ley, se de luz a un proceso penal que responda con todas las garantías que exige nuestra constitución y que merecen las ciudadanas y ciudadanos de este país.

Secretariado de la UPF

CONTRA LA IMPUNIDAD

CHoy, 26 de febrero de 2019, el Grupo Parlamentario Confederal de UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA ha retirado su Proposición de Ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción, imaginamos que hastiados de comprobar cómo el plazo de presentación de enmiendas ha sido prorrogado hasta en 64 ocasiones por la manifiesta y patente voluntad de los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos de boicotear su aprobación y la consecuente derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El citado precepto fue introducido en 2015 por el Ministerio de Justicia del Gobierno Popular, liderado por el entonces ministro Rafael Catalá, y pese a la crítica unánime que suscitó por parte de todas las asociaciones de fiscales y jueces, la reforma conocida como Ley de punto final entró definitivamente en vigor el 6 de diciembre de 2015.   La impunidad derivada de esta reforma no tardó en llegar aunque tuvieron que ser sonados casos de corrupción política los que consiguieran que el foco mediático iluminase ante la opinión pública las nefastas consecuencias de la fijación de un plazo tasado de instrucción en el procedimiento penal español que, a diferencia de la mayoría de países occidentales, sigue anclado en la obsoleta figura del juez instructor. El caso Pasarelas en Murcia, el caso Colina rojaen Granada, el caso Conservatorio en Ceuta o el caso de la Federación Española de Baloncesto son ejemplos de presunta corrupción que han quedado impunes como consecuencia de los plazos de instrucción. Pero no solo la corrupción y los presuntos corruptos se benefician de la reforma del ex ministro Catalá. Todo tipo de delincuencia se aprovecha de una reforma que, lejos de acelerar nuestra justicia penal, dificulta y entorpece sumamente su labor.

Pese al compromiso de derogación asumido hace escasos meses ante los representantes de todas las asociaciones de fiscales y jueces por el Presidente del Partido Popular -Pablo Casado-, la pasada semana su Grupo Parlamentario ensalzó en el Congreso de los Diputados las “bondades” de los plazos de instrucción y rechazó su derogación. Queda claro, pues, el nulo interés que los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos tienen en poner fin a la impunidad que el artículo 324 genera.

Por consiguiente, ante la retirada de su Proposición de Ley por el Grupo Parlamentario de PODEMOS y siendo éste el único obstáculo para recurrir al Decreto Ley que la Ministra de Justicia comunicó el 31 de enero a todas las asociaciones profesionales, reclamamos públicamente al Gobierno de España que en la próxima reunión del Consejo de Ministros se apruebe un Real Decreto Ley que derogue el citado precepto en consonancia con la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista y aprobada por amplia mayoría en el Congreso de los Diputados el 13 de noviembre.

La necesidad no es urgente, es imperiosa, y hay tiempo suficiente para aprobar y convalidar un Real Decreto que se limite a derogar un precepto funesto para la justicia española: el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Porque la impunidad no puede seguir campando a sus anchas por la pasividad de nuestros gobernantes. Revelador es el retrato de quienes nada han hecho hasta ahora por acabar con ella. 

Secretariado Permanente de la UPF

COMUNICADO DE APOYO A LA SALUD Y VIDA DE LAS MUJERES

Ante las manifestaciones partidistas que, en relación al aborto, han sido realizadas por el Presidente del Partido Popular Pablo Casado a la agencia EFE, desde la Unión Progresista de Fiscales reiteramos nuestro histórico y enérgico rechazo ante cualquier movimiento que tenga como finalidad poner en peligro la salud y la vida de las mujeres en relación con el libre ejercicio de sus derechos reproductivos. 

Y así, consideramos inaceptable relacionar la economía y las pensiones con la libertad en el ejercicio de la maternidad, porque ese postulado constituye la esencia de un sistema de discriminación y violencia contra las mujeres que no solo perpetúa las más arraigadas estructuras patriarcales y machistas, sino que nos devuelve a la memoria preconstitucional del vejatorio trato que se dispensó a las mujeres.

Así mismo, compartimos nuestra firme convicción de que ninguna sociedad democrática puede renunciar a consolidar, respetar e implementar todos los mecanismos que tiene a su alcance para que el derecho a la vida, a la integridad, a la seguridad, a la libertad y a la igualdad de las mujeres sean plenamente reales y efectivos. Tal y como nos exige nuestra Constitución Española.

Albacete, 7 de Febrero de 2019

El Secretariado Permanente

DE NUEVO, SOBRE EL ART. 324 LECRIM Y LA IMPUNIDAD

La reforma en 2015 por el Partido Popular del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal fijó unos plazos máximos de instrucción de las causas penales que, como reiteradamente hemos denunciado, además de otros defectos, puede ser una vía de impunidad de graves delitos, particularmente los de corrupción.

Ante la  noticia conocida ayer relativa a la absolución en un presunto caso de corrupción en Murcia que afecta al expresidente de la Comunidad,  por haber  excedido el plazo de investigación, la Unión Progresista de Fiscales  quiere dejar claro que, tal y como hemos venido advirtiendo de forma insistente y reiterada desde 2015, la vigencia de un plazo máximo de investigación en nuestro país acrecienta los espacios de impunidad  y, en consecuencia, socava fuertemente los cimientos de la justicia penal. Lo ocurrido en Murcia es, quizás, el caso más mediático de archivo por causa de expiración del plazo del 324, pero ni es el primero producido, ni el último que se producirá.

Esa reforma operada en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal mediante Ley 41/2015 no solamente responde a una técnica legislativa nefasta que demuestra un absoluto desconocimiento del proceso penal por parte de quienes legislan, sino que, además, ha supuesto la creación de una nueva causa de extinción de la responsabilidad y prescripción encubierta de los delitos más complejos como son los relacionados con la corrupción.

Estamos a tiempo de detener este desatino procesal que pone en grave riesgo  la justicia penal mediante un  Decreto-Ley que derogue los plazos máximos de instrucción. Por todo lo anteriormente expuesto, de nuevo instamos del Gobierno y de los demás partidos políticos que cumplan su anunciado compromiso contra la corrupción y que procedan ya a iniciar, y a no paralizar indebidamente, el procedimiento legislativo oportuno para la derogación de este dislate procesal.

 

Albacete, 21 de diciembre de 2018

El Secretariado Permanente.