COMUNICADO DE LA UNION PROGRESISTA DE FISCALES SOBRE MENORES MIGRANTES, INFANCIA Y ADOLESCENCIA

La Unión Progresista de Fiscales, a la vista de la grave crisis migratoria experimentada estos días en Ceuta, las informaciones e imágenes difundidas por los medios de comunicación, y ante la sospecha de que se puedan estar devolviendo a Marruecos menores de edad sin tener en cuenta , como es obligado, su interés superior, quiere recordar, una vez más, que:

a) Conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN) de 20 de noviembre de 1989, y la Disposición Adicional Décima de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, añadida en 2015 y relativa específicamente a Ceuta y Melilla , norma interpretada en el FJ 8 C), de la Sentencia del TC 172/2020, de 19 de noviembre, los menores requieren un procedimiento específico e individualizado en estos casos, y cuentan con un «estatus especial», por lo que el procedimiento a seguir con ellos debe tener en cuenta , siempre, el «interés superior del menor»

b) Ello obliga a analizar su situación de forma específica e individualizada y en todo caso respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte.

c) Ello con más fuerza si cabe, tras aprobarse ayer en el Congreso de los Diputados, de forma definitiva, y con 297 votos a favor, la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Son niñas y niños, muchos de ellos en grave peligro, y nuestra obligación legal y moral es protegerles.

Madrid, 21 de Mayo de 2021. El Secretariado Permanente

Carta al Ministro de Justicia solicitando un inmediato aumento de la plantilla del Ministerio Fiscal

Excmo. Sr.:

Han transcurrido ya dieciséis meses desde que el 13 de enero de 2020 tomó posesión como Ministro de Justicia. Desde esa fecha las actuaciones y propuestas de su Ministerio para con la Fiscalía han sido exiguas, por no decir absolutamente inexistentes.

Consideramos que es imprescindible que desde su Ministerio se aborden cuestiones inaplazables, entre las que destaca sobremanera la necesaria ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal, más aún tras la aprobación en Consejo de Ministros de un anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuye a los y las fiscales la dirección de la investigación penal.

La última ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal fue efectuada por el RD 211/2019 de 12 de abril de 2019, en cuya virtud se crearon 80 plazas (1 de fiscal de Sala del Tribunal Supremo, 64 de fiscales de 2º categoría y 15 de abogados fiscales). El anterior incremento se remonta al RD 62/2015, de 6 de febrero de 2015, por el que se crearon 66 plazas (48 de fiscales de 2º categoría y 18 de abogados fiscales), y el último se remonta al RD 1735/2010 en cuya virtud se crearon 100 plazas (2 de fiscal de Sala del Tribunal Supremo, 78 de fiscales de 2º categoría y 20 de abogados fiscales). Es decir, desde el año 2010 se han creado 246 plazas en el Ministerio Fiscal.

Desde el año 2010 han accedido a la carrera fiscal, una vez superado el curso teórico -práctico del Centro de Estudios Jurídicos, 74 abogados fiscales (49º promoción de la carrera fiscal), 127 abogados fiscales (50º promoción de la carrera fiscal), 137 abogados fiscales (51º promoción de la carrera fiscal), 123 abogados fiscales (52º promoción de la carrera fiscal), 15 abogados fiscales (53º promoción de la carrera fiscal) 50 abogados fiscales (54º promoción de la carrera fiscal), 35 abogados fiscales (55º promoción), 35 abogados fiscales (56º promoción), 36 abogados fiscales (57º promoción), 108 abogados fiscales (58º promoción). Es decir, desde el año 2010 han ingresado en la carrera fiscal  740 abogados fiscales.

Los datos anteriores constatan una evidente desproporción entre el aumento de la plantilla y el ingreso de nuevos miembros de la carrera fiscal, lo que llevó a que una considerable parte de la 58º promoción no pudiese obtener una plaza en propiedad, siendo destinados en consecuencia en “expectativa de destino”, circunstancia que no se ha solucionado hasta el último concurso de traslados recientemente publicado.

Esta situación se agravará próximamente con el acceso de la última promoción, que actualmente se encuentra finalizando su periodo de prácticas y que se conforma por un total de 113 alumnos, quienes no podrán acceder a una plaza en propiedad y que quedarán de nuevo en “expectativa de destino”, teniendo en cuenta además que en la última convocatoria de 22 de Diciembre de 2020 se han ofrecido 132 plazas de alumnos y alumnas del Centro de Estudios Jurídicos, para su posterior ingreso en la farrera fiscal por la categoría de abogado fiscal

Es por tanto urgente, y no puede dilatarse más en el tiempo, el aumento de la plantilla de carrera fiscal y que el Ministerio que VE dirige, acuerde de forma inmediata la siguientes acciones:

1.- Creación de 150 nuevas plazas, todas ellas de segunda categoría, para paliar el déficit estructural en materia de personal, ya que la proporción de abogados fiscales en la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal es del 26,6 % de la totalidad de la plantilla, mientras que en la carrera judicial los jueces representan el 10,6%, aumento que resolverá por ahora el déficit de plazas para la nueva promoción de la carrera fiscal.

2.- Creación de la figura del Fiscal de Adscripción Territorial (FAT) en los mismos términos en que se crearon los Jueces de Adscripción Territorial en virtud de la LO 1/2009, “con el objetivo de contribuir a la agilización y mejora de los estándares de calidad de la Justicia y evitar en lo posible la interinidad en el ejercicio de funciones jurisdiccionales, asegurando su desempeño por miembros de la Carrera Judicial”. Atendiendo al número de Jueces de Adscripción Territorial existentes en la actualidad (217), deberán crearse 110 plazas Fiscales de Adscripción Territorial, todas ellas de segunda categoría.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo,

Madrid, 18 de mayo de 2021

Secretariado Permanente de la UPF

TRANSPARENCIA EN LOS NOMBRAMIENTOS DISCRECIONALES DE LA CARRERA FISCAL. CONSEJO FISCAL DE 4 DE MAYO DE 2021

Los vocales electivos a propuesta de la lista de la Unión Progresista de Fiscales, en aras a la transparencia y en relación a los nombramientos discrecionales propuestos por la Fiscal General del Estado en el Consejo Fiscal del día de hoy, aportamos los siguientes datos objetivos:

PRIMERO: En relación a las 20 propuestas de nombramientos (s.e.u.o) el 90% lo han sido con el apoyo mayoritario de los vocales del Consejo Fiscal. Y el restante 10% de las propuestas han sido efectuadas en una situación de empate de votos de los consejeras/os. Comprendiendo, en ambos casos, el parecer de la Fiscal General del Estado en el cómputo de la votación.

Los porcentajes anteriores suponen que 18 nombramientos han contado con el apoyo mayoritario del Consejo Fiscal, mientras que 2 nombramientos se han realizado con empate de votos en el Consejo.

SEGUNDO: Dado que es frecuente que se mencione si las candidaturas pertenecen o no a alguna de las asociaciones profesionales, hemos realizado, a efectos de transparencia, ese recuento en relación a las personas propuestas para los nombramientos.

De las personas propuestas para nombramientos (s.e.u.o) 5 son fiscales no asociados, 9 fiscales son afiliados a la Asociación de Fiscales y 6 son fiscales afiliados a la Unión Progresista de Fiscales.

Dado que, como hemos visto antes, las propuestas de la Fiscal General del Estado se realizan en función de apoyos mayoritarios, queda patente la pluralidad de las votaciones en su conjunto.

TERCERO: En relación a los nombramientos de Fiscales de Sala, todos los Fiscales de Sala han sido nombrados por mayoría. (s.e.u.o) 1 es fiscal no asociado, 2 fiscales son afiliados a la Asociación de Fiscales y 2 son fiscales afiliados a la Unión Progresista de Fiscales.

CUARTO: El número de mujeres propuestas para su nombramiento ha sido de 7 y el número de hombres propuestos para el nombramiento es de 13.

En comunicado posterior haremos referencia a las personas que han sido propuestas, así como a los apoyos realizados por cada vocal del Consejo Fiscal.

Aurelio Blanco Peñalver Carlos García-Berro Montilla Inés Herreros Hernández Eduardo Navarro Domínguez

COMUNICADO DE LA UPF ANTE EL RECURSO PRESENTADO ANTE EL RECURSO PRESENTADO POR LA ASOCIACIÓN DE FISCALES AL NOMBRAMIENTO DE EDUARDO ESTEBAN COMO FISCAL DE SALA DE MENORES

La UPF ante lo que parece ser una consolidada actuación de la Asociación de Fiscales (AF) de recurrir los nombramientos discrecionales, quiere manifestar no solo su indignación sino su más profunda preocupación ante una deriva carente del más mínimo sentido de equidad y coherencia.

Hace días conocimos el recurso interpuesto por la AF ante la jurisdicción contencioso-administrativa contra el Decreto de 15 de marzo de 2021 por el que se nombró a nuestro compañero Javier Zaragoza Aguado Fiscal de Sala con funciones de refuerzo en materia de lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales para el Campo de Gibraltar y zonas territoriales aledañas, sin tener en cuenta su trayectoria profesional de 40 años al servicio del Ministerio Fiscal con responsabilidades especialmente relevantes, a su indiscutible prestigio dentro y fuera de la carrera y a su compromiso en la lucha para la que fue designado. Esta situación hizo que Javier renunciara a dicho cargo para evitar que con la tramitación del recurso se dañara a la carrera fiscal.

Hoy hemos conocido a través de la prensa del recurso planteado contra el Decreto por el que se nombra Fiscal de Sala coordinador de Menores a nuestro compañero Eduardo Esteban Rincón. Según esas fuentes, el recurso incurre en importantes errores tales como sostener que el otro aspirante a dicha plaza y asociado a la AF, Jose Miguel de la Rosa, es más antiguo que Eduardo cuando la verdad es que este lleva 2 años ,11 meses y 11 días más en la carrera que aquel. En segundo lugar y con absoluta incoherencia, enarbolan el criterio de la espacialidad estricta, como el único posible, obviando que ni los consejeros electivos a propuesta de la Asociación de Fiscales comparten ese criterio.

Lo verdaderamente significativo de esa deriva es la falta de respeto a la capacidad y mérito probados del designado quien, en el momento de su nombramiento, era Fiscal de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, órgano ante el que se dirimen las cuestiones de inconstitucionalidad y recursos de amparo en los que la defensa de los derechos fundamentales y de los intereses de las personas más vulnerables, y en concreto del superior interés de los menores,se erige en es su verdadera ratio. La trayectoria de Eduardo no se resume, de ninguna de las maneras, en la asunción de esa responsabilidad. Eduardo, siendo Fiscal ante el Tribunal Constitucional, asumió la enorme responsabilidad de dirigir la Fiscalía Provincial de Madrid demostrando su capacidad de organización y de coordinación interna y con otras instituciones y siempre desde una perspectiva multidisciplinar, habiendo sido una de sus máximas preocupaciones conseguir que la respuesta de la Fiscalía y de las instituciones implicadas fuera la más adecuada ante la diversa problemática que afecta a las personas menores de edad.

Esa falta de ecuanimidad -léase de rectitud, justicia e imparcialidad-, de coherencia interna y de respeto hacia los compañeros nos obliga a manifestar nuestro más absoluto rechazo y a instar a la AF a que recapacite y abandone esa línea de actuación que sin duda puede repercutir negativamente en nuestra carrera y provocar un daño institucional irreparable para la imagen y la credibilidad del Ministerio Fiscal.

Madrid a 26 de abril de 2021.

El Secretariado Permanente de la UP

COMUNICADO DE LA UNION PROGRESISTA DE FISCALES SOBRE LEALTAD INSTITUCIONAL, MERITO Y CAPACIDAD

La Unión Progresista de Fiscales, ante las informaciones interesadas y reiteradamente aparecidas en los medios de comunicación en las que se tachan de arbitrarias las propuestas de nombramientos efectuadas por la Fiscal General de Estado, al tiempo que se anuncia por la Asociación de Fiscales la decisión de presentar recurso contra la designación de Javier Zaragoza como Delegado para la lucha contra el blanqueo de capitales y antidroga en el campo de Gibraltar, quiere poner de manifiesto ante toda la carrera fiscal y la ciudadanía en general lo siguiente:

  • Es exigible una mínima lealtad institucional, y si bien la crítica es siempre admisible, pierde toda su fuerza cuando únicamente se tachan de arbitrarias las propuestas que no corresponden a los intereses ideológicos o asociativos de los críticos, pero no las demás.
  • Es rechazable que esos intereses particulares primen frente a la concepción de una fiscalía solidaria y transversal en la cooperación en la lucha contra el delito.
  • Por supuesto, defendemos en esa idea de fiscalía moderna, el valor y la capacidad de compañeros como Javier Zaragoza, y el de otros y otras fiscales que no deben ver puesta en duda su capacidad y competencia por ese permanente intento de dañar la imagen de nuestra institución.

Madrid, 12 de Abril de 2021.

El Secretariado Permanente.

COMUNICADO EN APOYO AL COMPAÑERO FISCAL EN EL JUICIO POR LA AGRESIÓN SEXUAL DE SABADELL

La Unión Progresista de Fiscales, ante el conjunto de manifestaciones vertidas por distintos medios de comunicación sobre el Juicio desarrollado en la Audiencia Provincial de Barcelona esta semana, en relación a una agresión sexual sucedida en Sabadell, muestra su apoyo al trabajo del compañero fiscal en dicho juicio.


Nuestra obligación como fiscales es acompañar a las victimas y conseguir que en el juicio se pueda desplegar la prueba de cargo que fundamente la sentencia condenatoria.

Madrid, 7 de Abril de 2021

COMUNICADO MEMORIA DEMOCRATICA E IMPUNIDAD CRÍMENES FRANQUISTAS

La UPF, tras tener conocimiento de la reciente Sentencia del TS que reafirma su doctrina sobre la no perseguibilidad en España de los crímenes del franquismo, con independencia de su catalogación en los llamados crímenes de lesa humanidad, por considerarlos prescritos y amnistiados, llama la atención de la sociedad española sobre la grave anomalía democrática que implica semejante consideración, que nos aparta totalmente de la Comunidad de Naciones Civilizadas que se rigen por aquellas normas de Derecho Penal Internacional nacidas del Estatuto de la Corte Internacional de Nuremberg, cuyos principios fueron considerados por las Naciones Unidas principios vinculantes de D. Internacional (principios de Nuremberg).

Estos principios fueron incorporados al Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 7.2) y al Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos de la ONU (art. 15.2). Ambos Convenios han sido ratificados por España y están vigentes en nuestro país, formando parte de nuestro ordenamiento interno, tal como prevén los art. 10.2 y 96 de la CE).

Todos los países democráticos europeos y de otros continentes aplican indefectiblemente estos principios del Derecho Penal Internacional en relación con los crímenes de lesa humanidad, que son por su naturaleza imprescriptibles, inamnistiables y sujetos al principio de legalidad internacional, sin que quepa en ningún caso su no investigación, su no enjuiciamiento o su no condena y reparación de las víctimas de tan graves violaciones de DDHH. Estos principios y su incumplimiento grave por nuestro país han sido recordados estos últimos años por Organismo cualificados de la ONU.

Ante esta situación, se hace más necesario aún si cabe, que en la tramitación del actual Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que prevé la creación de una Fiscalía de Sala para estos crímenes, se haga explícito que, cuando esta Fiscalía recabe indicios de criminalidad en relación con estos crímenes de lesa humanidad, una vez identificados los responsables, si estos están vivos, procederá al ejercicio efectivo de la acción penal, con sujeción a las normas internacionales vigentes en España.

Madrid a 1 de marzo de 2021

El Secretariado Permanente.

COMUNICADO SOBRE DESALOJOS

Desde la Unión Progresista de Fiscales hemos recordado de forma reiterada que,
en los casos de menores, personas vulnerables o necesitadas de especial protección, el
desalojo de la vivienda ocupada ilegalmente debe adoptarse siempre con las necesarias
cautelas, puesto que, aun siendo una medida legítima, puede cuestionar otros derechos
constitucionales como el derecho a una vivienda y la dignidad de la persona.


En este contexto, destacamos la importancia de resoluciones como la Sentencia
del Tribunal Supremo nº 124/2021, de 15 de febrero, dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo (Sección Tercera). En los casos en los que la vivienda que vaya a ser
desalojada habiten personas vulnerables, en riesgo de exclusión social o estén
necesitadas de protección por cualquier otra causa, el órgano judicial habrá de ponderar
los intereses en conflicto y, antes de autorizar la entrada para el desalojo, deberá verificar
que la Administración ha adoptado las medidas necesarias para no dejar desamparadas a
las personas más vulnerables, y que aquellas medidas son suficientes y proporcionales
para la protección las personas necesitadas de protección. Recuerda que esta medida
constituye una obligación de los poderes públicos para con las personas vulnerables o con
riesgo de exclusión social.


En situaciones de crisis sanitaria y económica como la que vivimos, el impacto de
las medidas de desalojo en colectivos especialmente vulnerables puede constituir
también un riesgo vital para estas personas, si no se realiza con las adecuadas medidas de
protección. La ponderación y necesario equilibrio entre los derechos en juego, pero
también su efectiva protección, son la garantía de una sociedad más justa y avanzada.


El Secretariado Permanente


Madrid, a 24 de febrero de 2021

DERECHO AL LACTANTE MENOR DE UN AÑO

La Unión Progresista de Fiscales quiere poner en conocimiento de todos los miembros de la carrera fiscal el reconocimiento que se ha realizado recientemente por parte del Ministerio de Justicia del derecho al permiso del lactante tanto a los hombres como a las mujeres que han sido padres y madres

Efectivamente, por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, que entró en vigor el 8.3.2019, se reformó el artículo 48 letra f de la Ley del Estatuto del Empleado Público y se modificó este permiso retribuido para configurarlo como un derecho individual de los funcionarios e intransferible al otro progenitor, que consiste en un permiso por la lactancia de un hijo menor de 12 meses por el que los progenitores tendrán derecho a ausentarse del trabajo 1 hora que podrán dividir en 2 fracciones o acumularlo en jornadas completas por el tiempo correspondiente, derecho que es aplicable a los fiscales al amparo del artículo 52 y la disposición adicional primera del EOMF en relación con el artículo 373.7 de la LOPJ.

La novedad legislativa está acorde con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo para erradicar la discriminación entre mujeres y hombres y acabar con las normas que promueven y perpetuán un reparto de los papeles en las responsabilidades familiares y parentales, que tradicionalmente han situado a los hombres en una función subsidiaria de las mujeres respecto al ejercicio de su función parental.

Por ello la UPF informa a todos los miembros de la carrera fiscal tanto hombres como mujeres que tengan hijos menores de 1 año, de su derecho al reconocimiento del permiso del lactante, para hacer efectiva la conciliación de la vida laboral y familiar.

Asimismo aprovechamos para recordaros que el permiso de paternidad de 16 semanas ha entrado en vigor a partir del 1 de enero de 2021.

Madrid a 25 de enero de 2021

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de FiscaleS

Convocatoria Oposiciones

La UPF ante la información de previsión de plazas desiertas en el proceso selectivo actualmente en trámite para el acceso a la Carrera Judicial y Fiscal, quiere poner de manifiesto que, según datos del informe publicado por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) en 2016, en el que se comparan datos de 45 Estados europeos, España cuenta con menos de la mitad de fiscales por cada 100.000 habitantes que la media de los Estados europeos, en concreto 5 frente a los 11 de la media en Europa. Según este mismo informe, se destinan 6 euros por ciudadano de los presupuestos generales del estado al Ministerio Público español, frente a los 12 euros de media en los 45 países europeos objeto de estudio.

Esta es una situación que no puede mantenerse por más tiempo razón por lo que la UPF siempre ha venido exigiendo la convocatoria anual de oposiciones y con un nº de plazas suficientes que permitan revertir esa situación.

Sin embargo, en 2020, a consecuencia de la pandemia, no ha sido convocadas oposiciones a la carrera judicial y fiscal y para el ejercicio 2021 está previsto la convocatoria de 300 plazas que son las contempladas los Presupuestos Generales del Estado actualmente vigentes.

En el proceso selectivo que se está celebrando en este momento, se ofertaron 300 plazas y a fecha de hoy ya se sabe que al menos 6 plazas van a quedar desiertas, siendo previsible que el número sea mayor cuando este finalice.

Teniendo en cuenta que se ha perdido la convocatoria 2020 y que ello redunda en el retraso en alcanzar la paridad con otros estados de Europa en el nº de fiscales por cada 100.000 habitantes y, en definitiva, afecta al ejercicio de nuestras funciones y al buen funcionamiento de la administración de justicia, ello sin olvidar el perjuicio que de ello se ha derivado para los opositores a los que hemos de reconocer un gran esfuerzo, la UPF exige:

1.- Que se convoque sin demora el proceso selectivo que correspondería al presente ejercicio con la oferta de 300 plazas que contemplan los Presupuestos Generales del Estado actualmente vigentes, y que se prevea en esa próxima convocatoria un aumento significativo de plazas a ofertar para contrarrestar la pérdida real de la correspondiente a 2020 a causa de la pandemia.

2.- Que acrezcan al número de plazas en la próxima convocatoria (300 plazas) aquellas que queden desiertas en el proceso selectivo que se está celebrando en este momento y está próximo a terminar.

En Madrid, a 30 de noviembre de 2020 El Secretariado permanente