Comunicado sobre la propuesta de reforma del artículo 324 de la Lecrim

La UPF lamenta profundamente la noticia de que la Comisión de Justicia del Congreso haya acordado por mayoría reformar el art. 324 de la LECrim en lugar de optar por su derogación, que es lo que esta asociación ha venido reivindicando desde la publicación de la L. 42/2015 que le dio el contenido actual.
Si bien se agradece que se atribuya a los jueces la responsabilidad de controlar los plazos de instrucción, alargar estos por seis meses no resuelve los problemas pues, el apartado tercero de la reforma propuesta prevé la nulidad de aquellas diligencias de investigación que se hayan practicado fuera del plazo inicial de 12 meses sin acordarse la prórroga o revocada esta por el órgano superior.
Las consecuencias de tal previsión pueden ser nefastas y afectar no solo al Ministerio Fiscal, al poner en entredicho su principal función- la de perseguir de forma imparcial la comisión de los delitos- sino también a las víctimas que pueden resultar perjudicadas por el archivo provocado por la imposibilidad de concluir la investigación y, además, al propio investigado que puede sufrir la consecuencia de que diligencias de investigación que le benefician resulten nulas.
Además, seguimos asistiendo a un distanciamiento de los plazos de investigación con los plazos de prescripción de los delitos. Deberemos explicar a la ciudadanía por qué puede dejar de investigarse un delito que no ha prescrito. Estamos más ante un problema de medios que de plazos y, sobre todo, de modelo de justicia penal. Este país tiene derecho a contar con un sistema de justicia penal racional y coherente. ¿Por qué el plazo de investigación de un delito no puede ser idéntico al de prescripción, que tiene en cuenta la gravedad y, por tanto, las necesidades procesales de su investigación y enjuiciamiento?
Por otra parte, como ya hemos advertido reiteradamente, nuestro ordenamiento penal y la jurisprudencia proponen soluciones suficientes para atenuar de forma más o menos intensa la responsabilidad penal por los delitos en los que la investigación se haya demorado más allá de lo razonable. El propio TJUE considera contrario al Derecho de la Unión Europea la fijación de plazos máximos de investigación en los estados nacionales cuando ha tenido que proteger sus propios bienes jurídicos (En este sentido, Asunto C-612 15, de 5 de junio de 2018).
Los ciudadanos y ciudadanas de este país han de saber que si, finalmente, se acuerda mantener plazos cortos de investigación, las consecuencias procesales serán funestas para la persecución de los delitos sin perjuicio de que, el Ministerio Fiscal intente, como siempre, cumplir de la manera más efectiva sus funciones con los mecanismos procesales puestos a su disposición a fin de conseguir la mejor y más justa respuesta para los afectados y para la sociedad en su conjunto.
Madrid, 26 de junio de 2020
El Secretariado Permanente.

COMUNICADO PLAZOS DE INSTRUCCIÓN

Ante el comunicado dado a conocer por Juezas y Jueces para la Democracia relativo a los plazos de investigación del art. 324 Lecr, la UPF estima necesario realizar las siguientes consideraciones.

Desde la entrada en vigor de los plazos de investigación en 2015, la UPF ha venido insistiendo de forma reiterada sobre las nefastas consecuencias que tendría una normativa de esta naturaleza en los procedimientos penales, desgraciadamente el tiempo nos ha dado la razón. De forma incesante aparecen noticias dando cuenta del archivo de procedimientos o imposibilidad de continuar la investigación en casos relacionados con la corrupción, y es que como bien se sabe la interpretación de una cuestión tan importante como el plazo de investigación del delito se ha dejado en manos de las Audiencias Provinciales que establecen criterios diferentes según las secciones, con merma evidente del principio de seguridad jurídica. La mayoría de resoluciones mantiene que se trata de plazos claros, preclusivos, lo que no ocurría con el plazo de un mes que previó la Lecr. en su redacción original, en consecuencia la imposibilidad de practicar más diligencias (a favor o en contra del acusado) pone en riesgo el derecho a la tutela judicial efectiva que también asiste al Ministerio Fiscal y con ello se pone en entredicho su principal función: la de perseguir de forma imparcial la comisión de los delitos, y por extensión el derecho de toda  la sociedad a perseguirlos por tratarse de los ataques más graves e intolerables al ordenamiento jurídico.

El sistema propuesto tampoco ha supuesto una agilización extraordinaria de las investigaciones, puesto que estamos más ante un problema de medios que de plazos y, sobre todo de modelo de justicia penal. No en vano muchas de las instrucciones son prorrogadas a solicitud del Ministerio Fiscal, justamente porque no pueden ser finalizadas en los tiempos propuestos por la norma procesal y los delitos de instrucción sencilla ya venían investigándose en un período relativamente corto de tiempo.

 El sistema vigente de plazos  presenta además una disfuncionalidad que lo invalida de forma permanente, en tanto en cuanto encomienda el control al Ministerio Fiscal, quien sin embargo no tiene atribuida como misión principal la investigación de los delitos.  

Por otra parte, la introducción de los plazos procesales de investigación no ha tenido en cuenta el plazo de prescripción de los delitos, que sin embargo ha ido agravándose en las últimas reformas del CP. En consecuencia, asistimos a un distanciamiento entre los plazos de investigación con los plazos de prescripción de los delitos y deberemos explicar a la ciudadanía, por qué puede dejar de investigarse un delito que no ha prescrito.

La UPF comparte la inquietud de la sociedad ante la respuesta tardía de la justicia penal pero la ciudadanía debe saber claramente que este sistema de plazos no resuelve la complejidad de las investigaciones, por las razones ya expresadas. Por otra parte nuestro ordenamiento penal y la jurisprudencia proponen soluciones suficientes para atenuar de forma más o menos intensa los delitos en los que la investigación se haya demorado más allá de lo razonable.

Así lo mantiene el TJUE, que considera contrario al Derecho de la Unión Europea la fijación de plazos máximos de investigación en los estados nacionales. En este sentido el Asunto C-612 15, de 5 de junio de 2018, en el que se perseguía un delito contra los intereses financieros de la Unión y el código procesal de Bulgaria (norma nacional) que preveía dos años de investigación, lo ha declarado contrario al art. 325 TFUE , que obliga a los Estados miembros a combatir el fraude y toda actividad ilegal, con medidas disuasorias y capaces de protección eficaz.

 Así las cosas, mientras no se modifique el modelo procesal penal y se atribuya la investigación al Ministerio Fiscal, no cabe otra posibilidad que solicitar la derogación del art. 324 como la medida más razonable, teniendo en cuenta que el sistema penal debe garantizar la protección de los ciudadanos a través de un proceso justo

Madrid a 8 de Junio de 2020

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA. DERECHOA A CUIDAR Y SER CUIDADO

El necesario cierre de los colegios y la crisis de las residencias de personas de la tercera edad nos coloca en un escenario en el que, si no abordamos prontas soluciones, serán las mujeres las que acaben pagando, con sus derechos y oportunidades, esta factura.

Por eso, la Unión Progresista de Fiscales considera que desde todos los agentes sociales y políticos debe abordarse un debate profundo que nos
conduzca a propuestas de solución estructural para afrontar la necesaria
corresponsabilidad y la conciliación, sin que esta caiga mayoritariamente
sobre la espalda de las mujeres

La situación de crisis sanitaria y económica que atravesamos ha puesto de
manifiesto, con más fuerza que nunca, la necesidad de sostener la vida a base de cuidar y ser cuidados. Nos apremia la necesidad de organizarnos de forma sostenible para, desde posiciones igualitarias, satisfacer las necesidades de atención a nuestra infancia, y a nuestras personas mayores y dependientes.


Nos urge, como sociedad, superar la falsa dicotomía entre producción y
cuidados para encontrar soluciones realistas que, no solo, descarguen de las mujeres la responsabilidad de las tareas de cuidado, sino que nos permitan el disfrute de una vida digna. Como reza el contenido del Plan de Igualdad de la Fiscalía General del Estado creemos que este debate debe analizarse desde el favorecimiento del ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Y como manifestación
de los derechos de las mujeres y de los hombres, la libre configuración de su tiempo para promover la corresponsabilidad a través del reparto de las obligaciones familiares, las tareas domésticas y el cuidado de personas dependientes mediante la individualización de los derechos y la prohibición de discriminación basada en su libre ejercicio.


Madrid a 12 de Mayo de 2020

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Comunicando exigiendo iguales medidas para todas las personas que trabajan en la administración de justicia

En el día de hoy se ha publicado una noticia en prensa según la cual por parte del Consejo General del Poder Judicial se va a realizar test serológicos de inmunoglobulinas de detección del anticuerpo del Covid-19 a todos los integrantes de la Carrera Judicial.

Desde la Unión Progresista de Fiscales, queremos mostrar nuestra sorpresa y preocupación toda vez que ni por la Fiscalía General del Estado ni por parte del Ministerio de Justicia se ha mostrado intención alguna de realizar pruebas de este cariz a sabiendas de que todos estamos igualmente expuestos a la pandemia del Covid 19, por lo que resulta discriminatorio para los integrantes de la carrera fiscal y demás miembros del personal de la Administración de Justicia que solo se facilite dicha prueba a los integrantes de la Carrera judicial

Para evitar situaciones como esta es necesario reclamar de nuevo la autonomía presupuestaria para el Ministerio Fiscal tan necesaria y exigida por la Carrera Fiscal, y que ha sido ignorada y desatendida por parte de los diferentes Gobiernos de esta nación.

Es por ello que desde la Unión Progresista de Fiscales exigimos a la Fiscalía General del Estado y al Ministerio de Justicia que nos informen de manera inmediata sobre cuales son las medidas que se van a tomar en aras de proteger la salud de los miembros de la Carrera Fiscal cuando se proceda a la reanudación de la actividad jurisdiccional, la cual consideramos imprescindible, pero que debe hacerse en condiciones de seguridad y salubridad para todos.

Comunicada sobre reanudación actividad judicial

Ante la situación generada por la pandemia del Covid-19 y las instrucciones de reanudación de la actividad judicial, la Unión Progresista de Fiscales manifiesta su más absoluta preocupación ante ciertas medidas que se empiezan a tomar y que podrían no garantizar la seguridad y la salud, no solo de la carrera fiscal, sino de cuantas personas profesionales y usuarias de la justicia deban acudir a las dependencias de las distintas fiscalías y órganos judiciales.

Por eso interesamos que la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial exijan a las administraciones competentes que garanticen las medidas de higiene y salubridad que nos permitan ejercer nuestra función constitucional en condiciones dignas y con plenas garantías, suministrando los equipos de protección personal que sean necesarios y las medidas de seguridad necesarias en todas las instalaciones judiciales y salas de vistas.

Madrid a 30 de abril de 2020

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Comunicada reunión comisión pedagógica del CEJ de 28 de Abril de 2020

En el día de hoy, 28 de abril de 2020, se ha celebrado reunión virtual de la Comisión Pedagógica del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), que como sabéis es un órgano colegiado previsto en el nuevo Estatuto del CEJ (Real Decreto 312/2019, de 26 de abril), cuya finalidad es incrementar la transparencia, así como el asesoramiento y participación de los intereses asociativos y corporativos en la formación del sector justicia.

Su función principal es realizar recomendaciones e informes sobre los programas formativos del Centro de Estudios Jurídicos. Este órgano se reunió, para su constitución, el 13 de diciembre de 2019, como informamos oportunamente.

La nueva situación creada por el estado de alarma causado por la crisis sanitaria está teniendo consecuencias en la oferta formativa del CEJ. Por ello, la nueva directora convocó a la Comisión Pedagógica para recoger las aportaciones de sus miembros, y que puedan ser tenidos en cuenta en la reunión del Consejo Rector, que se desarrollará el día 29 de abril de 2020.

Cada uno de los partícipes en la Comisión (el Director de Formación de la Carrera Fiscal- como no hay persona designada, intervino como invitado el asesor de FGE en el CEJ; dos fiscales designados por el Consejo Fiscal; dos Letrados de la Administración de Justicia, designados por el Consejo del Secretariado; un Abogado del Estado, designado por el Abogado General del Estado; un médico forense, designado por el Consejo Médico-Forense; un facultativo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, designado por el Director Nacional de este organismo; un representante de cada una de las asociaciones profesionales de la Carrera Fiscal y de los Cuerpos de los Letrados de la Administración de Justicia, Médicos Forenses, Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y demás personal al servicio de la Administración de Justicia, a propuesta de cada asociación) fueron exponiendo sus propuestas para encarar la nueva situación.

Por parte de la Unión Progresista de Fiscales, la cuestión se ha centrado en propuestas para dos escenarios posibles:

1.- Formación inicial y continua compatible con medidas personales restrictivas por razones sanitarias:

1.1.- Intensificación de la formación continua en línea mediante las plataformas adecuadas que permitan conexiones con todos l@s fiscales que hayan solicitado el curso en cuestión, la formación no debe perder calidad. También pueden articularse distintos formatos de cursos.

1.2.- Apertura de los cursos de formación continua a todos los fiscales. Si los cursos se desarrollan on line , no debería haber problema para que puedan abrirse a toda la carrera.

1.3.- Acceso libre a los cursos de la European Judicial Training Network (EJTN). Esta posibilidad ya ha sido materializada por el CEJ junto con la Secretaría Técnica y debemos felicitarnos por esa decisión. En el mismo sentido, debe recordarse la posibilidad de realizar los cursos HELP del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

1.4.- Jornadas de especialización en línea. La especialización ha sido una de las mejores apuestas del Ministerio Fiscal de los últimos años, en consecuencia, la formación especializada debe continuar a través de las plataformas que garanticen el acceso y la interacción en línea.

1.5.- Creación de talleres o foros de discusión en línea en relación a temas concretos, que permitan profundizar en aquellas materias sometidas a debate.

  2. Formación inicial y continua sin medidas personales restrictivas o en convivencia con estas si la situación se alarga temporalmente (en línea con las solicitadas en la anterior reunión de la Comisión Pedagógica, de 13.12.2019 en el CEJ). 

2.1 Necesidad de la formación continua como una de las claves principales de nuestro desarrollo profesional.

2.2.- Formación
on line como uno de los ejes principales de la formación del CEJ. Debemos aprovechar la crisis sanitaria para introducir innovaciones como desarrollar una formación on line potente y de calidad, sin duda, compatible con la formación presencial (también esta última muy importante para el desarrollo integral profesional) que deberá reducir las ratios y guardar las medidas de distanciamiento, en su caso.

2.3.- Necesidad de programar de forma permanente cursos o n li n e de calidad de idiomas. Como se sabe, l@s fiscales

participan de forma activa en los cursos que promueve la EJTN, por esta razón la actualización permanente en la enseñanza de idiomas debe ser una herramienta esencial de la formación. Con especial intensidad habrían de programarse cursos de inglés o francés jurídico.

2.4 Racionalización de los cursos, así como descentralización de los mismos con el fin de acercar la actividad formativa lo máximo posible a las fiscalías y facilitar la conciliación.

2.5 Garantizar que las actividades formativas mejor evaluadas puedan ser impartidas en todo el territorio, así como asegurar la utilización de las nuevas tecnologías en esta materia.

2.6.- La formación necesita basarse en textos bien elaborados y documentados, no solo en lo que concierne a las ponencias, sino también en los supuestos de formaciones específicas. En este punto deben actualizarse los pagos a ponentes, porque ello repercute directamente en una formación de calidad.

2.7.- Garantizar que el abono de las dietas se realice con la mayor diligencia posible (en la anterior reunión, la directora del CEJ mantuvo que se estaba trabajando en ello para un plazo de tres meses).

Después de escuchar a todos y todas las intervinientes, la Directora del CEJ, señaló la importancia de la reunión del Consejo Rector como órgano clave para adoptar las decisiones en materia de formación. No obstante, aseguró que se barajan varias opciones, pero que la modalidad on line es la que se va a imponer, puesto que, a causa de la crisis sanitaria ve muy difícil que, al menos durante este año, podamos contar con formación presencial. La intención del CEJ es acompañar a todas y todos los profesionales en estas herramientas, para superar la brecha digital.

El abanico de posibilidades
o n lin e es muy amplio y puede acoplarse a los intereses de cada curso. En cuanto a la oferta formativa, se pretende reorientar contenidos y calendarios, se contactará con la dirección y el profesorado para adecuar la herramienta digital que mejor se adapte al curso en cuestión.

La Directora ha asegurado que, aunque el CEJ tiene carencias importantes en el área de formación on line , sin embargo, tienen

personal cualificado para el cambio a digital, con el fin de utilizar nuevas plataformas.

En relación al tema presupuestario ha insistido en que, paradójicamente, la suspensión de la formación presencial no supone necesariamente un ahorro económico, puesto que, por un lado, han tenido gastos de cancelación de los cursos presenciales y, por otro, desconoce en qué medida el presupuesto se pueda ver modificado por la crisis que estamos viviendo a todos los niveles.

Finalmente, ha señalado que se está impulsando desde el CEJ en la gestión económica (pago de facturas y cuentas justificativas).

Madrid, 29 de abril de 2020 El Secretariado Permanente

Comunicado tras reunión con el Ministro de Justicia de 22 de Abril de 2020

En el día de hoy se ha mantenido por parte del Ministro de Justicia una reunión en la que también se encontraban presentes Francisco de Borja Vargues, secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Concepción López Yuste, directora general para el Servicio Público de Justicia con las representaciones de las asociaciones de fiscales, representada la Unión Progresista de Fiscales por nuestra presidenta Teresa Peramato.

En primer lugar, agradecer que por parte del Ministro de Justicia, haya querido exponer su plan de actuación, sin perjuicio de reiterar lo ya manifestado en nuestro comunicado, en este momento es imprescindible escuchar a todos los operadores jurídicos, porque solo de una manera conjunta, y con la participación de todos, saldremos de esta crisis.

Por parte del Ministro de Justicia ha manifestado, se ha recordado que de conformidad con la disposición adicional decimonovena del Real Decreto Ley 11/2018 se aprobará a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo máximo de 15 días una vez se haya dejado sin efecto la declaración del estado de alarma y de las prórrogas del mismo, un Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo así como en el ámbito de los Juzgados de lo mercantil con la finalidad de contribuir al objetivo de una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis.

Asimismo ha manifestado que esta pendiente la voluntad de aprobar un Real Decreto que comprenderá diferentes áreas, partiendo desde el consenso pero en todo caso teniendo en cuanta los requisitos de extraordinaria necesidad que exige la CE., ampliando la actuación telemática de todos los puestos de trabajo de la administración de justicia (teletrabajo), volviendo a manifestar que se está trabajando en una modificación de la ley Procesal Penal así como del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Por parte de la Unión Progresista de Fiscales se han expuesto como medidas fundamentales:

La imprescindible derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal toda vez que, una vez que se reactiven los plazos procesales, va a ser más difícil el control los plazos de instrucción previstos en ese precepto y mayor el riesgo de impunidad. En este punto, y por parte del Ministro ha manifestado que ya existe una tramitación legislativa para su derogación. Desde la UPF hemos de lamentar este posicionamiento dado que la derogación del artículo 324 de la Lecrim era ya urgente con anterioridad a esta pandemia, y sus efectos se han visto, y se verán en el futuro con el archivo de múltiples causas (muchas de ellas de corrupción), ante la imposibilidad de control de los plazos por parte de las/los fiscales.

Se ha insistido en la necesidad de proveer de equipos de protección sanitaria para el desarrollo de nuestro trabajo, tanto mascarillas, guantes como hidrogeles, así como implantar medidas que permitan ejercer nuestro trabajo en condiciones de seguridad y atendiendo a las recomendaciones sanitarias. En este aspecto consideramos que es obligación del Ministerio de Justicia, garantizar que todas las personas que trabajamos en la Administración de Justicia, así como todas aquellas personas que acudan a los Juzgados y Fiscalías de toda España, lo hagan en condiciones de seguridad y salubridad.

Se ha solicitado la revisión al alza los porcentajes de dotaciones presenciales recogidas en el anexo de la resolución de 13 de abril del M. de Justicia siempre respetando las recomendaciones sanitarias a fin de garantizar la salud del personal de la administración de justicia y de los usuarios y garantizando la distancia de seguridad aconsejable Impulsar la modificación del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, en lo relativo a las notificaciones electrónicas al Ministerio Fiscal, a fin de que la fecha de recepción de los actos de comunicación que se practiquen al Ministerio Fiscal por medios electrónicos coincida con el momento en que la/el fiscal asignado lo tenga a su disposición y que hasta el 31/12/2020 la fecha de recepción no pueda ser superior a diez días naturales desde su descarga automática en la oficina, así como una racionalización de las notificaciones que se envían al Ministerio Fiscal.

Dadas las circunstancias se hace necesario que todas las jurisdicciones habiliten el mes de agosto para la práctica generalizada de actuaciones. Ello determinaría que la distribución de las vacaciones entre los/las Fiscales fuera equitativa para que en todos los meses de verano existiera un número suficiente de profesionales para atender a todos los señalamientos y demás actuaciones. Tanto la tramitación escrita como las actuaciones orales deberían seguir el mismo ritmo optimizado a consecuencia de la coordinación referida, en todo lo que queda de año a fin de dar salida a la acumulación registrada a consecuencia de la pandemia.

En último lugar desde la Unión Progresista de Fiscales hemos ofrecido nuestra más absoluta colaboración para ayudar en todo aquello que sea necesario para adoptar medidas para salir de esta crisis en beneficio de toda la carrera, así como de las personas que acuden a la Administración de Justicia.

Madrid a 22 de Abril de 2020.

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Comunicado reunión con la Fiscal General de 21 de Abril de 2020

En el día de hoy se ha mantenido por parte de la Fiscal General del Estado una reunión con los representantes de las Asociaciones de Fiscales en la que de manera telemática se no han expuesto, en la que también se encontraban presentes el Fiscal Jefe de la Unidad de Apoyo, el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, el Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica, así como miembros de la Unidad de Apoyo.

En dicha reunión se no ha expuesto por parte de la Fiscal General sus planes de actuación y las medidas insistiendo en que se ha activado un nuevo sistema organizativo que se va a proyectar en el futuro, con actuaciones dinámicas y flexibles, emitiendo decreto generales y transversales que permitan, ayuden y contribuyan a la adaptación por parte de los respectivos Fiscales Jefes a las circunstancias personales y materiales de cada fiscalía.

Por parte de la Unión Progresista de Fiscales se han expuesto como medidas fundamentales:

La imprescindible derogación del artículo 324 de la Lecrim, entendido que en este momento, y dada la situación actual una vez se reactiven los plazos, se producirá una situación de imposibilidad de control, con circunstancias que pueden generar impunidad.

Se ha insistido en la necesidad de proveer de equipos de protección sanitaria, para el desarrollo de nuestro trabajo, tanto mascarillas, guantes como hidrogeles, así como implantar medidas que permitan ejercer nuestro trabajo en condiciones de seguridad y atendiendo a las recomendaciones sanitarias.

Se ha solicitado la revisión al alza los porcentajes de dotaciones presenciales recogidas en el anexo de la resolución de 13 de abril del M. de Justicia siempre respetando las recomendaciones sanitarias a fin de garantizar la salud del personal de la administración de justicia y de los usuarios y garantizando la distancia de seguridad aconsejable Impulsar la modificación del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, en lo relativo a las notificaciones electrónicas al Ministerio Fiscal, a fin de que la fecha de recepción de los actos de comunicación que se practiquen al Ministerio Fiscal por medios electrónicos sea el momento en que el fiscal asignado lo tenga a su disposición y que hasta el 31/12/2020 la fecha de recepción no pueda ser superior a diez días naturales desde su descarga automática en la oficina, así como una racionalización de las notificaciones que se envían al Ministerio Fiscal.

En concordancia con el criterio 8.ii del apartado QUINTO del Decreto de la FGE de 15 de abril en el que se prevé que se evitará cualquier tipo de actividad presencial de “[l]as/los fiscales con necesidades de conciliación de la vida personal y familiar suficientemente acreditada por tener a su cargo menores de edad o mayores dependientes y se vean afectadas/os por el cierre de centros educativos, de mayores o de atención especializada”, podría hacerse una distribución de trabajo de manera que ,en las semanas en la que se prevé que la actividad escolar y de los centros de asistencia y de apoyo no se haya retomado, las actuaciones presenciales sean atendidas por los fiscales que no tengan esas responsabilidades o no tengan posibilidades de atenderlas sin perjuicio de los derechos de las personas afectadas, compensando esa atención con una mayor participación de los primeros en actuaciones que se puedan despachar a distancia y que no requieran asistencia presencial y, ello, sin perjuicio de que a estos compañeros y compañeras se le dé prioridad para disfrutar de sus vacaciones durante esas fechas escolares con la actividad suspendida a consecuencia del COVID 19

Asimismo hemos indicado que se han registrado situaciones difícilmente asumibles dado que no se está procediendo al nombramiento de sustitutos externos para cubrir bajas y licencias; la situación es grave en algunas fiscalías y se agravará de cara a la reactivación de la tramitación procesal por lo que interesamos que se proceda al nombramiento de sustitutos no sólo para tales casos y que se potencien las sustituciones internas y externas como medida para abordar la situación a la que hemos sido abocados por la pandemia y las necesarias medidas acordadas

Por parte de la Fiscal General una vez escuchadas a todas las asociaciones, nos ha manifestado que la reincorporación se hará de forma escalonada, de acuerdo con las recomendaciones sanitarias y primando siempre la seguridad de Fiscales, funcionarios y otros profesionales y de los usuarios. Ha manifestado su apoyo a la mayoría de nuestras propuestas, manifestando que en los próximos días se recibirían nuevos equipos de protección en las diferentes sedes de las Fiscalías.

También ha indicado en cuanto a los alumnos de la 58ª promoción, se ha acordado junto con ellos, realizar un periodo de prácticas de cuatro semanas presenciales, una vez se alza el estado de alarma, tras el cual se realizará un concurso restringido para ellos.

En último lugar desde la Unión Progresista de Fiscales hemos ofrecido nuestra más absoluta colaboración para ayudar en todo aquello que sea necesario para adoptar medidas para salir de esta crisis en beneficio de todos los compañeros, así como de las personas que acuden a la Administración de Justicia.

Madrid a 21 de Abril de 2020.

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Comunicado sobre los ascensos en el Ministerio Fiscal

En el día de hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Legislativo por el que se promueve a la categoría de Fiscal a 97 miembros de la Carrera Fiscal. Esto son los compañeros que todavía restaban de la 48º Promoción que accedieron en el año 2009 así como gran parte de la 49º Promoción habiendo transcurrido más de 11 años en el peor de los casos desde su ingreso en la Carrera Fiscal. Los ascensos en los últimos años se han reducido drásticamente dado que, en el 2014, 2016 y 2018 no hubo ninguno y en 2019 sólo 23 miembros ascendieron a la segunda categoría.  

Este retraso en los ascensos tiene efectos extremadamente negativos en la carrera profesional, tanto en el acceso a determinadas plazas o cargos (Secretaría Técnica, Fiscalía de la Audiencia Nacional, Unidad de Apoyo, Fiscalías Especiales Antidroga y Anticorrupción, Fiscales Jefes Provinciales y de Área, Fiscales Adscritos a Fiscales de Sala), las cuales exigen todas ellas tener la categoría de Fiscal para poder optar a las mismas así  como el hecho que  la tardanza en ascender produce perjuicios económicos, dado que un abogado fiscal cobra 227,21 euros mensuales menos que un fiscal solo por la circunstancia de tener la segunda categoría.

Asimismo conforme el último escalafón de la carrera fiscal cerrado a 7 de Julio de 2018 había 32 fiscales de sala, 1801 fiscales de segunda categoría y 666 abogados fiscales, con un total de 2.499 miembros de la carrera fiscal, en cambio en el último escalafón de la Carrera Judicial cerrado a 31 de marzo de 2018, había 84 magistrados del Tribunal Supremo, 4.820 magistrados y 594 jueces, con un total de 5.498 miembros en la carrera judicial.

Es decir, en la Carrera judicial existen solo 594 jueces y juezas que representan el 10,8% del total, en cambio en la Carrera Fiscal existen 666 abogados fiscales que representan el 26,6 % del total de la Carrera Fiscal. Dicho de otro modo, en la carrera judicial 1 de cada 10 miembros son jueces y en la carrera fiscal 1 de cada 4 miembros son abogados fiscales. Este agravio comparativo vulnera la equiparación de carreras a que se refieren los artículos 33, 52 y 53 y la disposición adicional primera del EOMF.

Es por ello por lo que desde la Unión Progresista de Fiscales exigimos tanto a la Fiscalía General del Estado como al Ministerio de Justicia, que aborden inmediatamente este problema, el cual es gravemente perjudicial para los intereses de los fiscales adecuando cuanto menos y de manera inmediata la proporción entre jueces y abogados fiscales.

Madrid a 21 de febrero de 2020

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

COMUNICADO EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, AMPARANDO LAS DEVOLUCIONES EN CALIENTE

La sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de fecha 13 de Febrero de 2020, supone un brutal retroceso en el reconocimiento de los derechos humanos de los migrantes, así como una ostensible disminución de la protección y tutela que este mismo Tribunal tenía reconocida a estas personas en situación de vulnerabilidad.

La interpretación que realiza la Gran Sala, para apreciar que no ha existido violación, al considerar que dichas personas se colocan deliberadamente en una situación ilegal, al no hacer uso de las vías legales de acceso, conlleva como primera consecuencia el despojo de los derechos inherentes que toda persona tiene por el mero hecho de serlo. Derechos reconocidos en el art. 4 del Protocolo nº 4 (sobre prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros) y del art. 13, (sobre el derecho a un recurso efectivo), ambos, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la propia jurisprudencia constante de dicho tribunal.

Precisamente los hechos objeto del fallo, (la devolución en caliente de dos migrantes africanos que saltaron la valla de Melilla en 2014), determinaron la condena de España por sentencia de este tribunal de fecha 3 de octubre de 2017, por vulneración de los preceptos citados.

 La sentencia parte de la premisa, errónea y equivocada, que la decisión, por parte de la persona migrante, de no hacer uso de las vías legales, es deliberada. Sin embargo, la tozuda realidad se impone, demostrando que esas vías legales (oficinas de asilo en el paso fronterizo, representaciones diplomáticas y consulares en sus países de origen) suponen un mayor obstáculo que las alambradas, por su inexistencia o inoperancia y masificación.

En cualquier caso, dicha interpretación permite que personas a las que se les pudiera reconocer el derecho de asilo, sean despojadas del mismo, acordándose la expulsión sin resolución administrativa, sin ser identificadas, oídas sobre sus circunstancias personales, sin ser informadas de los derechos que les asisten y los procedimientos que les amparan. 

Los denominados “rechazos en frontera” introducidos por la disposición final primera de la Ley de Seguridad Ciudadana sitúan a las personas al margen de las garantías y procedimientos establecidos y vulneran el derecho a la dignidad y los derechos que les son inherentes, tal y como reconoce el art. 10 de la C.E., por lo que deben ser expulsados de nuestro ordenamiento jurídico.

Madrid a 15 de Febrero de 2020

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales