COMUNICADO SOBRE LA NO RENOVACIÓN DEL CGPJ

La Unión Progresista de Fiscales denuncia la actuación del Partido Popular que, una vez más, impide la renovación del C.G.P.J. Esta situación de bloqueo coloca nuestro estado de derecho en una situación de crisis sin precedentes.


Por eso, reiterando la petición que está asociación realizó en comunicado de 30 de julio de 2021, instamos a los miembros del Consejo General del Poder Judicial para que, en un ejercicio de coherencia, dignidad y responsabilidad constitucional, dimitan en bloque para facilitar así la ya, inaplazable, renovación del C.G.P.J.


Las Palmas de Gran Canaria, 28 de octubre de 2022

CONCLUSIONES XXXVI CONGRESO UPF TOLEDO 2022

AFGANISTÁN.

La Unión Progresista de Fiscales, con extraordinaria preocupación, denuncia la situación que atraviesan desde el mes de agosto de 2021 las y los juristas de Afganistán – jueces, fiscales y defensores de derechos humanos- que se encuentran en la actualidad desplazados en Emiratos Árabes, Irán, Turquía y Pakistán.

Recordamos que estas personas, a través del servicio público que han prestado en ese país, promovieron en él el estado de derecho con el apoyo de la comunidad internacional.

Denunciamos el olvido que estas personas están sufriendo por parte del Gobierno de España y el abandono en el que se ha dejado a las embajadas españolas en las que se tramitan su protección internacional. De esta forma se ha vaciado de contenido el artículo 38 de la Ley de Asilo 12/2009 de 30 de octubre relativo a la solicitudes de protección internacional en embajadas y consulados.

Con la firme convicción de que concurren razones obvias de extraordinaria y urgente necesidad interesamos del Gobierno de España:

1° Que se de curso, sin demora, a la aplicación del artículo 38 de la Ley de Asilo 12/2009.

2° Que se aplique la Recomendación n°32 de la CEDAW sobre la necesidad de aplicar la perspectiva de género para el caso de las solicitudes de protección internacional de las mujeres.

3° Se refuercen las embajadas de los países donde estas personas afganas se encuentran desplazadas y en evidente situación de peligro para sus vidas.

MEDIO AMBIENTE.

El medio ambiente es un bien jurídico colectivo de rango constitucional a cuya protección nos debemos como fiscales, en el ámbito penal y el administrativo, por disposición del artículo 45 de nuestra Constitución.

La preocupación por la protección del medio ambiente ante la evidencia científica de los peligros derivados del cambio climático y el consiguiente calentamiento global es también, desde hace décadas, objeto de atención en diversos instrumentos y organizaciones internacionales. Desde la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992), pasando por el fundamental Protocolo de Kioto (1998), el Acuerdo de París (2015) y las diferentes Cumbres sobre el Clima (entre ellas la de Madrid 2019). El grado cumplimiento de estos acuerdos en orden a la reducción de emisiones y al intento de controlar el calentamiento global ha sido diverso.

Sin embargo, desde la UPF observamos con alarmante preocupación el auge de posiciones políticas que, so pretexto de la situación económica y la crisis energética, derivadas de los factores que ya todos conocemos, propugnan, desde posturas ideológicas negacionistas o postergacionistas al respecto del cambio climático, el incumplimiento de los objetivos derivados de tales compromisos internacionales, en aras de la protección de la economía, estableciendo una contraposición falaz entre sostenibilidad económica y climática.

Que la situación no admite demora es algo sobre lo que no hay debate en la comunidad científica. La falta de adopción de medidas frente al calentamiento global, habida cuenta de las consecuencias en las que dicho fenómeno se traduce (multiplicación de fenómenos meteorológicos extremos, olas de calor, inundaciones, sequías prolongadas, incendios forestales de sexta generación, de los que hemos tenido buenos ejemplos este año en nuestro país, aumento del nivel del mar, entre otros) no supone un alivio para la economía, más bien lo contrario.

En este sentido, no cabe admitir como solución válida la vuelta a medios de producción de energía particularmente contaminantes como el carbón, o como la energía nuclear, por el problema de la gestión de los residuos y sus altos riesgos. Se debe continuar en la senda de propugnar como objetivo el desarrollo de las energías renovables, únicas que permiten asegurar el cumplimiento de los objetivos sin consecuencias nocivas para el planeta.

Por otra parte, ante la ola de incendios extremadamente graves sucedido en nuestro país en este año, agravados sin duda por las condiciones climatológicas consecuencia del cambio climático y el abandono del mundo rural, la UPF hace un llamamiento a las administraciones competentes para que avancen en medidas con eficacia real para combatirlos, cuales son el desarrollo de políticas que promuevan la vuelta al mundo rural, la implementación de un modelo de gestión del monte público adecuado a la nueva realidad, el desarrollo de un modelo eficaz de prevención aumentando las actuales dotaciones, la adopción de planes de prevención y la exigencia de planes de autoprotección en aquellos casos en los que legalmente proceda, el incremento de los medios de detección y extinción de incendios y su permanencia a lo largo del año, habida cuenta de que el riesgo de incendios ya no se concreta en los meses estivales.

Hay que ser consciente de que los incendios forestales son inevitables, pero es a la administración a quien le corresponde evitar que sus consecuencias sean catastróficas, tanto desde el punto de vista de pérdidas personales como en el coste ecológico y económico.

SÁHARA OCCIDENTAL.

El Reino de España sigue siendo la potencia colonial del Sáhara Occidental. Como tal, y con base en los arts. 73 y 74 de la Carta de la ONU, el Gobierno de España tiene como deber inexcusable la defensa del autogobierno saharaui y carece del derecho a alinearse con las tesis anexionistas de Marruecos. España no puede defender la autonomía del Sáhara Occidental dentro del Estado marroquí. El Sáhara Occidental es un caso de descolonización inacabada, por lo que permanece incólume el derecho de la población autóctona a pronunciarse sobre su destino, que debe inexorablemente incluir la opción de la independencia.

EXPECTATIVA DE DESTINO.

La expectativa de destino es una figura que debería tener un carácter excepcional y se está implantando con un carácter general, lo que provoca incertidumbre a la persona afectada y también a la fiscalía a la que accede. Lamentamos que esta situación de expectativa de destino vaya a continuar con la última promoción nº 60⁰.

El desconocimiento de esta figura y de sus funciones, supone que, en algunas ocasiones, no se tiene la plenitud de funciones que correspondería como fiscal titular y se les ofrezca condiciones laborales de peor calidad que a los titulares.

Los y las fiscales en expectativa de destino tienen la obligación de concursar, sin saber cuándo y dónde se producirá, lo que supone una importante incertidumbre, hasta que se acceda a la plaza en titularidad, lo que dificulta la integración en la plantilla en un momento vital tan crucial como es el inicio de la andadura profesional.

Por eso, proponemos la creación de plazas orgánicas para tantos fiscales como ingresen en la plantilla.

También proponemos que, durante el tiempo que se extienda esta situación, desde la Fiscalía General del Estado se den instrucciones a las distintas fiscalías para que haya una unidad de criterio que garantice la igualdad de estos compañeros con el resto de la plantilla en relación a los lotes de trabajo, servicios y retribución.

No podemos obviar que los fiscales que salen de CEJ son fiscales de carrera que merecen, como no puede ser de otro modo, que sean recibidos y tratados, desde un primer momento, como iguales al resto de plantilla.

CONLUSIÓN SOBRE LA CONCILIACIÓN POR ESCOLARIZACIÓN EN LOS CONCURSOS DE TRASLADOS.

La Unión Progresista de Fiscales siempre ha creído firmemente en la conciliación familiar y laboral, por eso instamos a la FGE a que sea sensible con las situaciones familiares de los integrantes de la carrera fiscal y, en concreto:

Primero. Que interprete el término “escolarización” en relación a la retención por conciliación en los concursos de traslados que se regula en el art. 71.4 del Reglamento del Ministerio Fiscal de forma amplia y que comprenda las distintas etapas educativas que recoge el art. 3.2 de la Ley Orgánica de Educación como hasta hace poco ha hecho en sus precedentes.

Segundo. Que la FGE no limite la retención por escolarización en un máximo de 6 meses (plazo que se establece sólo por necesidades de trabajo en la fiscalía de origen), hacerlo así supone una interpretación contraria a la finalidad de la norma y contrario a la conciliación. La retención por conciliación debe durar hasta la finalización del curso escolar.

Tercero. Que la FGE extreme el celo en razonar los casos de denegación de la retención por conciliación por escolarización, ya que las únicas razones de oposición son “las necesidades del servicio y de los intereses generales relacionados con la necesidad de proveer los destinos vacantes para asegurar el buen funcionamiento de las fiscalías”.

Es por ello, que la FGE debería denegar la retención de forma especialmente argumentada sólo cuando la perturbación del servicio o el buen funcionamiento de la fiscalía sea grave y no pueda solucionarse a través del sistema de sustituciones del RD 147/2022.

CONLUSIÓN SOBRE LA LACTANCIA ACUMULADA Y LA LACTANCIA EN LOS CASOS DE PARTOS MÚLTIPLES

La Unión Progresista de Fiscales siempre ha creído firmemente en la conciliación familiar y laboral, por ello insta al Ministerio de Justicia a:

Primero. Que interprete y aplique el artículo 104 a) del Reglamento del Ministerio Fiscal de forma que los días hábiles para calcular los días de lactancia acumulada sean los días hábiles desde el nacimiento del hijo/a y hasta que éste cumpla los 12 meses.

Para ello el Ministerio debe abandonar el criterio actual que sostiene que los días para el cálculo de los días de lactancia acumulada son los días hábiles que hay entre la finalización del permiso de maternidad/paternidad y hasta que el hijo/a tiene 12 meses.

La interpretación que hasta ahora ha mantenido el Ministerio implica que si la madre biológica se coge las 16 semanas de maternidad seguidas después del parto y el otro progenitor las 6 primeras obligatorias de paternidad después del parto y las 10 restantes cuando acabe la madre su maternidad, la madre biológica gozará de más días de lactancia que el otro progenitor.

Ello supone, como ha declarado la jurisprudencia, una consolidación de la división sexista y una perpetuación del reparto tradicional en las responsabilidades familiares ya que al tener la madre biológica más días de lactancia que el padre es aquélla quien asume más responsabilidad en la función parental, hasta el punto de que a una fiscal le han reconocido casi 20 días de lactancia y a su marido, también fiscal, sólo 1,6 días de lactancia.

Segundo. Que interprete y aplique la expresión “se incrementará proporcionalmente” el periodo de lactancia en casos de parto múltiple (art. 104 a. párrafo 2o del RMF en el sentido de conceder el doble de tiempo en caso de gemelos, el triple en caso de trillizos y así sucesivamente tal y como ha declarado la jurisprudencia.

Para ello debe abandonar la interpretación restrictiva, alegal y contraria a la conciliación de la vida laboral y familiar de añadir a la lactancia mecánicamente dos  semanas más, puesto que este criterio está previsto para el permiso de maternidad/paternidad (arts. 99.2 y 101.2 párrafo 2o del RMF), pero no para la lactancia y su resultado es reducir los días de lactancia de las y los fiscales.

RÉGIMEN RETRIBUTIVO DE LA CARRERA FISCAL

Los Ministerios de Hacienda y Justicia han acordado la suspensión de la “comisión para la adecuación periódica de las retribuciones de los miembros de la carrera judicial y fiscal”. Ante ello, la Unión Progresista de Fiscales muestra su preocupación por este nuevo incumplimiento ya que la propia Ley 15/2003, del régimen retributivo de la carrera judicial y fiscal establece en la disposición adicional primera que dicha comisión debería reunirse cada 5 años, previsión que o se ha materializado desde la aprobación de la Ley hace más de 19 años.

En el marco de dicha reunión la UPF quería reivindicar, como ya lo ha hecho en otros foros, las siguientes líneas de actuación.

1.- La eliminación de los grupos de población IV y V de la Ley citada.

2.- La actualización de la retribución de las guardias sobre todo en aquellas guardias de carácter semanal y el pago de las guardias de violencia sobre la mujer en aquellos partidos judiciales donde no se remunera.

3.- La consolidación del trienio conforme a la categoría que se tenga en ese momento y no conforme a la categoría de acceso.

4.- El aumento hasta el 5% de la partida prevista para la productividad que permita un mayor reparto entre toda la carrera fiscal.

Por ello, la Unión Progresista de Fiscales solicitamos que se vuelva a convocar la mesa de retribuciones y se cite a todas las partes implicadas.

ASCENSOS A LA SEGUNDA CATEGORÍA EN LA CARRERA FISCAL.

La actual situación de los ascensos a la categoría 2ª resulta un problema importante en la carrera fiscal que crea desigualdad entre los miembros que la conforman. En los últimos años los plazos para ascender se han ido incrementando de una forma vergonzosa que no ha ido acompañada de creación de nuevas plazas de 2ª categoría.

Esta tardanza en ascender tiene consecuencias retributivas para los fiscales que dejan de cobrar el sueldo base correspondiente a la categoría fiscal y efectos de carrera profesional, puesto que se les vetan distintos puestos dentro de la estructura de la Fiscalía.

La situación es todavía más grave si la comparamos con la carrera judicial, donde los jueces representan el 10,3 % y los abogados fiscales el 29,4 %.

En los presupuestos generales del estado del año 2022, se presupuestó la transformación de 219 plazas de la categoría de abogado fiscal de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal en plazas de la categoría fiscal, siendo que a día de hoy no se tiene noticias del resultado de dicha transformación.

Por ello, la Unión Progresista de Fiscales instamos al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General del Estado para que trabajen intensa y conjuntamente con las asociaciones de fiscales porque el mismo es de vital importancia para el devenir de la carrera fiscal, sin que se pueda dejar escapar esta oportunidad.

INCREMENTO RETRIBUTIVO DE LA REMUNERACIÓN DE LAS GUARDIAS SEMANALES.

En la Unión Progresista de Fiscales consideramos que debe ser una prioridad la revisión de la remuneración de los servicios de guardia semanal, en aras a garantizar la dignidad de la función de las y los fiscales, en los términos del artículo 402 de la LOPJ, considerando no sólo la insuficiencia de la subida que anualmente experimenta la retribución de tal servicio, sino, y particularmente, la manifiesta exigüidad de las cuantías que inicialmente se establecieron en la Orden PRE/1416/2003, de 3 de junio, que acepta injustificables diferencias salariales según la duración del servicio de guardia, en detrimento de las guardias que se prestan en fiscalías habitualmente con menor plantilla que en las grandes ciudades y que suponen, no obstante, una mayor periodicidad en la prestación del servicio estas ciudades y que suponen, no obstante, una mayor periodicidad en la prestación del servicio para los mismos: las guardias semanales.

Consideramos del todo intolerable que mientras el IPC se ha incrementado en un 66,6% desde el año 2003, la retribución de los servicios de guardia semanal lo haya hecho en un mero 19,8%, lo que supone apenas 53,5 euros en 20 años; y que, a diferencia de las guardias de 24 horas, en la retribución de los servicios de guardia semanal no se contemplen de manera específica los festivos que la semana abarca.

Por todo ello, exigimos la subida de la retribución de los servicios de guardia semanal en un 40% debiendo adicionarse 58,75 euros por cada sábado, domingo y festivo que la semana incluya, tal y como ya sucede en las guardias de 24h.

DELEGACIÓN POR PARTE DEL FGE A LA FISCALÍA DE SALA CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER DE LAS COMPETENCIAS DE SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE CRITERIOS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA SEXUAL.

El Convenio de Estambul (Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica de 2011), impuso a los estados parte la obligación de adoptar “… las medidas legislativas o de otro tipo necesarias, de conformidad con los principios fundamentales de los derechos humanos y teniendo en cuenta la perspectiva de género en este tipo de violencia, para garantizar una investigación y un procedimiento efectivos por los delitos previstos en el presente Convenio” (art. 49), exigiendo así una respuesta especializada no solo a la violencia que sufre la mujer en el ámbito de la pareja o expareja sino también a esas otras formas de violencia que sufren las mujeres por razón de género en otros ámbitos, público o privado.

Esta exigencia fue asumida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por unanimidad por el Congreso de los Diputados y el Senado en diciembre de 2017, en concreto, en la medida 84 del Informe de la Subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados que recogió como propuesta de actuación “[a]ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra las mujeres contenidos en el Convenio de Estambul”.

Siguiendo esa senda, en la L.O. 10/2022 de Garantía Integral de la libertad sexual, la especialización en la respuesta a todas las formas de violencia sexual es una constante a lo largo de su articulado y para conseguir ese propósito, en la disposición final 20ª, dispone que en el plazo de un año a contar de la entrada en vigor de la ley, el gobierno tiene que remitir a las Cortes Generales un proyecto de modificación de la LOPJ y del EOMF para revisar las competencias de los juzgados de violencia y de la Fiscalía contra la violencia sobre la mujer. La perspectiva de género e interseccionalidad para que garantizar todas las acciones judiciales, medidas de protección y de apoyo y servicios para las víctimas, se erige en el enfoque principal de la Ley.

Sin necesidad de esperar a que se lleven a cabo las reformas apuntadas, la Fiscalía General del Estado puede adoptar otras medidas, de acuerdo con el art. 49 del Convenio de Estambul, por las que se adelante esa respuesta especializada a las violencias sexuales, en concreto y de conformidad con el art. 22-3 del EOMF, puede delegar en la Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer las funciones supervisión y coordinación de criterios de actuación en materia de violencia sexual, aprovechando, desde ya, su experiencia en la aplicación de la perspectiva de género y de la niñez, tanto en la interpretación como en la aplicación de las leyes y en el tratamiento de las víctimas de violencias machistas.

Por todo ello, y sin perjuicio de exigir celeridad en la remisión y tramitación del proyecto de ley que revise las competencias de los Juzgados de violencia sobre la Mujer y de las Fiscalía especializada, lo que permitirá dar una respuesta especializada global, proponemos al Excmo. Sr. FGE que delegue en la Fiscal de Sala contra la violencia sobre la Mujer las competencias de supervisión y coordinación de criterios de actuación en materia de violencia sexual que se refiere la LO 1/2022, poniéndose así la Fiscalía, una vez más, a la vanguardia en la respuesta especializada ante una de las más graves manifestaciones de discriminación por razón de género.

TRANSEXUALIDAD Y DERECHO AL NOMBRE.

La transexualidad es una realidad social que ha estado marginada y discriminada. Las dificultades que sufren estas personas en su cotidianidad son múltiples en todos los ámbitos de su vida personal, familiar, laboral y social.

El derecho al nombre forma parte de la dignidad de las personas y del libre desarrollo de su personalidad, así como del principio constitucional de igualdad y del derecho fundamental de prohibición de discriminación.

Las personas transexuales que todavía no han efectuado o culminado los trámites legales para acomodar su nombre registral tienen derecho a ser tratadas en todos los ámbitos de su vida diaria, y por tanto también en sus relaciones con las diferentes administraciones públicas, por el nombre que habitualmente usan conforme a su identidad de género sentida, todo ello sin perjuicio del

cumplimiento de las exigencias propias que comporta la necesaria seguridad jurídica.

La Unión Progresista de Fiscales insta a la Fiscalía General del Estado para que imparta en la carrera fiscal las pautas necesarias que permitan garantizar el pleno ejercicio de dicho derecho a las personas transexuales tanto en sus intervenciones orales como comunicaciones escritas.

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

1. Reclamar de las instituciones públicas competentes y de las organizaciones empresariales y de trabajadores/as, un gran pacto social para que los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales dejen de constituir el dramático problema que suponen en la actualidad y que causan un gran dolor a las personas y daño a la sociedad.

2. Que se llevan a cabo campañas públicas institucionales para hacer ver a la sociedad la gravedad de este problema, que no es inevitable, accidental o irrelevante y que afecta a todos los trabajadores/as de nuestra sociedad.

3.- Que se constituya en el Ministerio Fiscal una unidad de defensa integral de los derechos de los trabajadores como modo de avanzar en la tarea de acabar con todas las formas de precariedad laboral y de trato injusto a los trabajadores, cuando se incumplen las leyes laborales y que origina siniestralidad laboral y gran dolor familiar y social.

CONCLUSIÓN SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA CONTRA EL DISCURSO DE ODIO

La difusión del discurso de odio no es en muchas ocasiones fruto de una acción individual sino parte de una estrategia de grupos extremistas que, por sí o a través de personas interpuestas y empleando múltiples herramientas (internet, redes sociales, medios de comunicación, etc), atacan de manera deliberada y frontal nuestro modelo de convivencia democrática inspirada en los principios constitucionales de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político.

No en vano la vigente Estrategia Nacional contra el Terrorismo de 2019 resalta la importancia de impedir la expansión de movimientos extremistas violentos y la difusión de su discurso con el fin de evitar la proliferación de ideas fundamentalistas, no integradoras y excluyentes.

Por ello, y para asegurar la eficacia y efectividad de la persecución de estos delitos, la UPF propone una modificación del artículo 65 de la LOPJ al objeto de incluir entre la competencias de la Audiencia Nacional la instrucción y enjuiciamiento de los delios de odio siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias.

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

El artículo 1.1 de la Constitución Española de 29 de diciembre de 1978 establece que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”.

La actual situación de interinidad del CGPJ, desde hace más de 1000 días, con su Presidente recientemente dimitido, incide directamente en el valor “Derecho” que proclama la Constitución. Si ese valor no se cumple plenamente, la situación infecta directamente el cuerpo principal formado por “Estado social y democrático”, provocando un déficit intolerable de los valores supremos de nuestra Constitución, de modo que la democracia, valor absoluto de nuestra forma de estado y de gobierno, se ve amenazada seriamente.

La organización de los poderes del Estado, la Administración de Justicia, es unos de los pilares fundamentales del equilibrio democrático, no es propiedad de ninguna persona, grupo o conjunto de entidades o personas en nuestro país, aunque hayan sido elegidos democráticamente.

No es propiedad ni de los miembros del mismo Poder Judicial, ni siquiera de las Cortes Generales democráticamente elegidas. Es propiedad de la soberanía nacional que según el artículo 1.2 de nuestra Constitución reside exclusivamente en el pueblo español. Es decir, en todos y cada uno de nosotros.

Por tanto, el cumplimiento de la LOPJ, ley fundamental en nuestro sistema de equilibrios democráticos, es ineludible, inaplazable y preferente sobre cualquier opción o grupo de opciones políticas. Incluso por delante de una hipotética modificación de la misma ley. Primero se cumple con la ley y luego, si procede y se consensua democráticamente se modifica para el futuro.

Por tanto, la UPF exige a los encargados por la LOPJ de la renovación inmediata de la composición del Consejo General del Poder Judicial conforme a la ley vigente. Y ello para evitar el claro e injusto desprestigio de la Administración de Justicia, guardiana principal de las libertades en nuestro estado y situando, nuevamente, a los encargados de su renovación dentro de la legalidad y a los miembros del órgano de dirección llamado CGPJ, también dentro de la legalidad, en la que actualmente no están ni unos ni otros.

Posteriormente, vendrá, si nuestros máximos representantes elegidos democráticamente así lo acuerdan, la modificación del sistema de elección de los vocales. No obstante, la UPF prefiere un sistema más avanzado de participación democrática en la elección de dichos vocales, por delante de un sistema de elección solamente de entre los jueces y magistrados, pues estos últimos no han sido elegidos mediante un sistema de democracia directa y, además, el poder judicial no se integra únicamente por jueces y magistrados.

ESTADO DE DERECHO A LA DERIVA EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL.

Estamos ante una situación internacional de ámbito europeo y global extremamente preocupante con amenazas y ataques a distintos estados de derecho que, en la actual situación política y económica puede llevar a un punto de no retorno.

Por un lado, el abandono de la comunidad internacional no solo por parte de los gobiernos sino especialmente por los organismos supranacionales que fueron en su día diseñados para la protección de los derechos fundamentales.

Por otro lado, como parte del mundo, denominado occidental, hemos dejado a su suerte a miles de refugiados y refugiadas que se han visto obligados a abandonar sus países a los que en su día, gobiernos occidentales prometieron y fomentaron la construcción de estados constitucionales y democráticos.

A lo anterior se suma la existencia actual de una guerra, desde muchos puntos de vista, injustificada e ilegal, producto de intereses económicos y del afán de expansión territorial con el único fin de aumentar el poder geopolítico de unos y otros.

La crisis económica y social generada por esta situación, es aprovechada por los sectores más retrógrados de la sociedad, con el impulso de múltiples intereses económicos, para poner en riesgo la evolución de la protección de los derechos humanos de las últimas décadas y las conquistas progresistas.

El Poder Judicial se deslegitima ante una sociedad cada vez más polarizada y sembrada de discursos populistas que buscan la división entre “nosotros” y los “otros” el discurso populista es el del inmediato y no el de los argumentos y razones.

En este contexto es más que nunca imprescindible una actuación fuerte y decidida de asociaciones como la UPF y otras asociaciones de fiscales y jueces para afirmar la democracia, como espacio de protección de las minorías y los más vulnerables, contra una visión plebiscitaria de la democracia y la dictadura de la mayoría.

LIMITACIÓN DE MANDATOS

La Unión Progresista de Fiscales consideramos que el plazo de dos mandatos en el ejercicio de una jefatura tanto provincial, autonómica como de área, durante un periodo máximo de 10 años, debe ser el modelo a los efectos de dinamizar todas las fiscalías para favorecer la promoción profesional y evitar acomodos perjudiciales para el ejercicio de la función pública que representamos, teniendo siempre presente el caso concreto y la voluntad de las plantillas de cada fiscalía.

Proponemos que se aborde el debate sobre una limitación temporal de los enlaces en las áreas, delegaciones provinciales y autonómicas de las especialidades para favorecer el dinamismo interno en las fiscalías, la promoción profesional y evitar acomodos perjudiciales para el ejercicio de las funciones de coordinación, que podría establecerse en los mismos plazos estatutariamente previstos para las jefaturas.

ACCESIBILIDAD

La plena accesibilidad de la justicia exigida por la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (artículos 12 y 13) y las recientes reformas legislativas llevadas a cabo por las leyes 8/21 y 6/22 deben tener su desarrollo también en el ámbito laboral de los fiscales, debiéndose adoptar la, medidas necesarias por las administraciones competentes para la plena adaptación de los puestos de trabajo llevando a cabo los ajustes y apoyos que sean razonables.

COMUNICADO SOBRE LA MODIFICACION DEL RD DE CONDICIONES DE ACCESO A LA FISCALIA EUROPEO Y AL FISCAL EUROPEO DELEGADO

El 16 de septiembre de 2021 la Unión Progresista de Fiscales envió una carta a la Ministra de Justicia en la que le indicaba la necesidad modificar el proceso selectivo para designar los Fiscales Europeos Delegados, ya que el sistema era claramente discriminatorio para los integrantes de la carrera fiscal, dado que exigía para poder optar a dichas plazas, tener una antigüedad superior a 10 años en el ejercicio de la carrera y ser miembros de la categoría segunda. En contraposición a los miembros de la carrera judicial a quienes solo se les exigía tener una antigüedad de 10 años pero no la categoría de magistrado.  

Ese requisito era una clara discriminación para los miembros de la carrera fiscal, sobre todo para aquellas compañeras y compañeros de las últimas promociones. Hay que recordar que en la actualidad parte de la 50ª promoción, que ingresaron en la carrera fiscal por Orden JUS/1645/2011 publicada en el BOE del 16 de Junio de 2011 y la totalidad de la 51ª promoción, que ingresaron en la carrera fiscal por Orden JUS/1241/2012 publicada en el BOE del 13 de Junio de 2012, los cuales tienen más de 10 años de antigüedad, todavía no han accedido a la categoría segunda. 

El 19 de Octubre de 2022 se publico el RD 882/2022 por el que se regula el procedimiento para la selección y designación de la terna de candidatos a Fiscal Europeo y candidatos a Fiscal Europeo Delegado en España. En el artículo 2 b), se establece como requisito para poder acceder como candidato a Fiscal Europeo Delegado: “Ser miembros de la carrera judicial o fiscal, debiendo encontrarse en alguna de las situaciones previstas en los artículos 349, 351.a) a d) y 352 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y contar en cualquier caso con una antigüedad superior a diez años”. 

Con esta nueva regulación se ha eliminado el requisito de la categoría segunda para poder optar a la plaza de Fiscal Delegado Europeo, tal y como reclamamos desde la Unión Progresista de Fiscales al Ministerio de Justicia. Esta es la primera ocasión en que se deja de exigir la categoría de fiscal como requisito para optar a una plaza discrecional. Este es el camino que debe seguir toda modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en el que solo debe regirse por el requisito de la antigüedad y no de la categoría.  

Desde la Unión Progresista de Fiscales nos congratulamos de esta vía seguida por el Ministerio de Justicia en su regulación, acorde con los estándares europeos y le encomiamos a que toda modificación que afecte a miembros de la carrera fiscal siga la misma línea.  

Madrid, 26 de octubre de 2022 

COMUNICADO DE LOS VOCALES DE LA LISTA DE LA UPF DEL CONSEJO FISCAL CELEBRADO EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2022

En fecha 10 de octubre de 2022 se ha celebrado un Consejo Fiscal de urgencia para tratar dos cuestiones muy concretas: el sometimiento al pleno del Consejo Fiscal del Plan de Formación y la resolución del recurso de alzada presentado por una compañera frente a la sanción leve de advertencia impuesta por su jefatura por retraso injustificado en el despacho de un asunto.

Comenzando con el Plan de Formación, ya fue discutido en la Comisión de Formación celebrada el mes pasado,  donde los dos representantes del Consejo Fiscal que la integran, Roberto Valverde y Yolanda Ortiz, realizaron sus propuestas: por parte de aquél la necesidad de que se elevara el número de horas en la formación de la materia  procesal penal y, por parte de ésta, la necesidad de garantizar la igualdad en el acceso a la formación en lenguas cooficiales, como ya se efectuó en un comunicado emitido el 16 de julio pasado. Ambas cuestiones fueron acogidas y han sido plasmadas en el Plan.

En lo referente al recurso de alzada, se trata de la materia más ingrata ante la que se ha enfrentado este Consejo, ya que no es de agrado de nadie situarse en la tesitura de tener que sancionar a un compañero (desde su jefatura) o desestimar sus alegaciones (desde el CF). Lo fácil es votar siempre la estimación, pero lo serio es situarse en el caso concreto.

Sobre la dimensión del trabajo que sobrellevamos y el retraso de los fiscales en la tramitación de los asuntos pueden realizarse valoraciones genéricas en las que todos, absolutamente todos, estaremos de acuerdo: somos pocos para atender un volumen de servicios y papel que nos impide, como Carrera, llegar a tiempo a todo; no en balde informamos trimestralmente de las causas que tenemos pendientes. Pensamos, por ejemplo, en los compañeros que asumen materias como delitos económicos, antidroga o anticorrupción o en determinadas fiscalías de área o territoriales y convenimos en que diariamente se sientan, no sobre sillones, sino sobre polvorines que, como si de artificieros se tratara, consiguen que no estallen; con una clara conciencia de servicio público, que es algo que nos liga a todos.

Desde ese punto de vista, pues, el panorama de una posible sanción disciplinaria debería eliminarse de nuestro escenario profesional: no se nos puede sancionar, porque somos pocos y mal repartidos. Pero hay que atender al caso concreto; y, por nuestra parte, nos hemos planteado la cuestión desde si teníamos argumentos para contradecir y revocar la decisión adoptada por la jefatura de la Fiscalía Superior de Madrid a la hora de considerar injustificado el retraso producido por la compañera. Pues bien, no los hemos encontrado: se trata de una Fiscalía Superior con un volumen de trabajo muy inferior al de la mayoría de las fiscalías de España y con una plantilla comparativamente sobredimensionada, que permite poder resolver los procedimientos urgentes en el plazo legalmente establecido. El asunto había sido reclamado en diversas ocasiones y se había interpuesto una queja en la oficina de atención al ciudadano por el retraso producido.

Estamos mal repartidos y no se nos puede exigir por igual a todos en cuestión de plazos.

Comprendemos la tristeza ajena, porque la compartimos e incluso en mayor medida al haber tenido que realizar este balance, pero no el estupor, salvo que se analice la cuestión desde el punto de vista de lo abstracto.

Con verdadera vocación de servicio público y de ayudar a mejorar esta carrera y nuestros derechos,

Burgos y Sevilla, 10 de octubre de 2022

Los representantes de la UPF ante el Consejo Fiscal 

Santiago Mena Cerdá y Yolanda Ortiz Mallol

Comunicado sobre la suspensión de la convocatoria de la mesa de retribuciones

La Unión Progresista de Fiscales ha conocido en el día de hoy que el Ministerio de Justicia pospone, sin fecha, la convocatoria de “la comisión para la adecuación periódica de las retribuciones de los miembros de la carrera judicial y fiscal “.

La convocatoria de dicha comisión había sido una promesa del equipo ministerial dentro de las diferentes mesas de trabajo que se han venido realizando, junto con las asociaciones fiscales y judiciales a lo largo del año 2023.

La ley 15/2003 del régimen retributivo de la carrera judicial y fiscal del año 2003, establece en su disposición adicional primera, que la comisión de retribuciones debía reunirse cada cinco años, previsión que no se ha cumplido desde la aprobación de la ley hace más de 19 años.

Consideramos que este hecho, unido a la baja previsión para la partida presupuestaria de justicia en los Presupuestos Generales del Estado con un incremento del 0,3%, es una pésima noticia para el servicio público que presta la carrera judicial y fiscal.

         Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

         Las Palmas de Gran Canaria 6 de octubre de 2022

COMUNICADO DE LOS VOCALES DE LA LISTA DE LA UPF DEL CONSEJO FISCAL CELEBRADO EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Queridas compañeras y compañeros: El día 30 de Septiembre de 2022 se celebró un nuevo Pleno del Consejo Fiscal tercero celebrado en septiembre, se celebró en un muy buen ambiente de cordialidad y trabajo.

Su desarrollo se ajustó al orden del día previsto, añadiéndose un último punto, que también fue tratado y resuelto.

Previamente, el Excmo. Sr. Fiscal General comunicó al Pleno del Consejo Fiscal, el resultado de la Reorganización de los Órganos Centrales de la Fiscalía General del Estado, así como la resolución de sendas comisiones de servicio, siendo las nuevas proposiciones en los mismos los siguientes:

Adscripciones a Órganos Centrales

Secretaría Técnica:

D. Antonio Colmenarejo Frutos y D. Pedro Perez Enciso

Violencia de género:

Dª María Luisa Ordoñez de Barraicua y Velasco y D. Manuel José Rivas Martín

Discapacidad:

Dª Avelina Alía Robles y D. David Mayor Fernández

Unidad de Apoyo:

Dª María Concepción Pedraza Campos

Menores:

 Dª Rosa María Henar Hernando García

Cooperación Internacional:

Dª Elena Agüero Ramón-Llin y Dª Marta Holgado Rodrigo

Comisiones de Servicio

– Unidad de Apoyo

D. Borja Jimenez Muñoz y Dª María Fátima Valencia Fernández

– Cooperación Internacional:

D. José Miguel Company Catalá

El orden del día se inició con la lectura y aprobación en su caso del Acta del Pleno del Consejo Fiscal de 22 de septiembre de 2022.

El Consejero de APIF, solicitó aclaración del Acta previo visionado de la reunión anterior, sobre aspectos concretos que tras la explicación del Excmo. Sr. Secretario, quedaron resueltos. El Acta, definitivamente quedó aprobada.

Por parte de la Excma. Sra. Inspectora, se explica que, en el futuro, junto con los borradores de los anteproyectos de leyes que se deban informar por la Secretaría Técnica, se facilitarán a los y las consejeras y consejeras todos los informes y dictámenes de las Fiscalías especializadas cuando se trate de leyes afectas a la especialidad.

El segundo punto del Orden del día incluía la dación de cuenta del segundo semestre de 2021, por la Excma. Sra. Fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, Dª Teresa Peramato Martín.

El informe presentado fue desgranado brillantemente por Dª Teresa, quien recibió las felicitaciones de la totalidad del Consejo, por su extraordinario trabajo y el de todas y todos los Fiscales que a lo largo del territorio nacional combaten la lacra de la Violencia de Género. El informe contiene más de 300 folios de brillante exposición sobre la materia.

La Fiscal de Sala anunció que la Sección está trabajando en la redacción de una Circular para actualizar las existentes hasta la fecha, recopilar y armonizar la multitud de notas de servicio que a lo largo de los últimos años se han dictado para resolver los problemas puntuales y mantener el principio de unidad de actuación del M.F.

En el punto tercero se debatió el Anteproyecto de Ley por el que se regula el procedimiento de evaluación de la edad y el Anteproyecto de L.O. complementaria de la Ley que regula el procedimiento de evaluación de la edad, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero de la responsabilidad penal de los menores.

El Consejo Fiscal realizó pequeñas matizaciones a su redacción, siendo aprobado por unanimidad.

El punto cuarto, versó sobre el Anteproyecto de LO por la que se modifica la LO 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

En esencia existió acuerdo del Consejo con el borrador redactado sobre el Anteproyecto de Ley, si bien los Consejeros de la Asociación de Fiscales introdujeron una propuesta de cambio en la redacción del artículo 13bis en el sentido de considerar que:

“Se estima oportuno, no obstante, que en línea con las anteriores recomendaciones y para reforzar la capacidad de decisión de las menores de 16 y 17 años, debiera mantenerse respecto de la interrupción voluntaria del embarazo de las mismas los dos requisitos que establecía la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, en su redacción original. Así, concretamente, la obligatoriedad de la información previa al consentimiento de la interrupción voluntaria del embarazo -que en el APLO pasa a ser de carácter facultativo sin distinción en la edad de la mujer- y la fijación de un plazo de al menos tres días entre la información a la menor y la realización de la intervención.”

“Por tanto El Consejo Fiscal no tiene nada que objetar a la modificación propuesta del art. 145 bis 1 CP, en tanto es coherente con la nueva redacción del art. 14 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, salvo lo expuesto respecto de la información y plazo respecto de las menores de 16 y 17 años ya referido, en relación a lo cual, de tomarse en consideración la sugerencia, habría de mantenerse la tipificación en el art. 145 bis. 1 CP.”

En consecuencia, la mayoría del Consejo Fiscal consideró adecuada esta fórmula, ante lo que los vocales a propuesta de la UPF y las vocales natas, anunciaron un voto particular, en el sentido de lo dispuesto a este respecto en el Anteproyecto de Ley.

El quinto punto del orden del día trató el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de adopción internacional.

El Consejo aprobó por unanimidad, con algunas correcciones formales, el borrador presentado por la Secretaría Técnica, acorde con el Proyecto Legislativo.

En el sexto punto se analizó la petición de creación de un Fiscal Delegado Antidroga en la Fiscalía Provincial de Badajoz.

Tras el análisis de los datos y los requisitos exigidos para la creación de una Fiscalía Delegada Provincial, se concluyó unánimemente por todos los miembros del Consejo Fiscal, que no se daban aquellos, rechazándose la petición.

Seguidamente, en el punto séptimo, se estudió la solicitud de compatibilidad de un compañero Fiscal para participar en el Consejo de redacción de un blog de una fundación privada.

La resolución de la pretensión se aplazó para un futuro Consejo Fiscal.

En el octavo punto, se aprobaron los Convenios de colaboración y los viajes al extranjero realizados por miembros del Ministerio Fiscal.

Se introdujo en el orden del día el punto relativo a la propuesta de nombramiento del Fiscal Promotor de la Acción Disciplinaria y su sustituto. (artículos 180,181,182 del Reglamento Ministerio Fiscal, Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo).

El Fiscal General del Estado propuso como Fiscal Promotor al Excmo. Sr. Fiscal de Sala D. Manuel Moix Blázquez y como sustituto al Ilmo. Sr. D. Manuel Campoy Miñarro

Los vocales a propuesta  de la UPF apoyaron a Dª María Teresa Olavarría Iglesia como Promotora y a D. Manuel Campoy Miñarro como sustituto.

El FGE explicó las razones de la propuesta de D. Manuel Moix Blázquez: considera que es conveniente que el promotor sea Fiscal de Sala, experto en contencioso-administrativo y que no hay formado parte de la Inspección Fiscal.

Sobre el propuesto como sustituto, D. Manuel Campoy Miñarro, el FGE alabó su trayectoria administrativa y su labor extraordinaria en la Audiencia Nacional.

Hizo hincapié en las enormes capacidades de los otros candidatos, Dª María Teresa Olavarría y D. Francisco Moreno, pero el FGE concluyó que eran más adecuadas las personas que proponía.

Los vocales electivos a propuesta de la Unión Progresista de Fiscales:

Santiago Mena Cerdá

Yolanda Ortiz Mallol

Burgos y Sevilla 4 de Octubre de 2022

Pro Fiscal 4 Consulta sobre la preferencia en la elección de las vacaciones

COMUNICADO DE LOS VOCALES DE LA LISTA DE LA UPF DEL CONSEJO FISCAL CELEBRADO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

COMUNICADO DE LOS VOCALES DE LA LISTA DE LA UPF DEL CONSEJO FISCAL CELEBRADO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Querida carrera:

Como sabéis, el Consejo Fiscal de ayer, 22 de septiembre, tuvo contenido técnico y orgánico.

Comenzamos la jornada con el análisis de dos anteproyectos de ley:

⮚      EL proyecto de Orden Ministerial por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento de los derechos derivados de enfermedad profesional y accidente de trabajo en el ámbito de mutualismo administrativo gestionado por la MUGEJU, donde alcanzamos consenso para alertar sobre una serie de agravios comparativos que sufrimos en algunos aspectos con relación al mutualismo administrativo (MUFACE).

⮚      Anteproyecto de LO de modificación del Código Penal en materia de maltrato animal.

Con posterioridad, hubo un pronunciamiento unánime a favor de la concesión de las condecoraciones de San Raimundo de Peñafort y de la mención extraordinaria llevadas a consulta por el FGE, para pasar a comunicar la Fiscal Jefe de la Inspección Fiscal que se derivaría a la comisión de retribuciones la propuesta de la Fiscalía de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores para incluir en los estadillos una serie de conceptos hasta ahora huérfanos de reflejo numérico.

Con relación a los estadillos, y siendo voluntad de todos los integrantes posibilitar su volcado automático (cuestión ésta que constituye una reclamación de todas las asociaciones sostenida en el tiempo y un deseo compartido por la propia FGE), se acordó requerir de la Unidad de Apoyo que informe en uno de los próximos Consejos sobre el estado de la cuestión y las gestiones llevadas a cabo hasta el momento.

El último punto del orden del día fue el relativo a los nombramientos discrecionales, del que comentamos lo siguiente:

⮚      Todos los nombramientos con un solo peticionario fueron informados favorablemente por unanimidad. Nos referimos a: Granollers, Sabadell, Huesca y Granada.

Se alabó la capacidad de gestión, los currículos y la calidad de los planes de actuación, así como el apoyo implícito del resto de la plantilla que supone la ausencia de otros aspirantes al puesto. 

⮚      Había varias jefaturas provinciales o de área en las que el fiscal jefe correspondiente solicitaba la renovación después de llevar más de dos mandatos en el cargo; en concreto: Móstoles, Málaga y La Rioja. Sobre esta cuestión, estos dos Consejeros somos favorables a que, transcurrido el plazo de diez años, haya una predisposición al cambio, sin perjuicio de que se aprecien circunstancias especiales o extraordinarias que aconsejen lo contrario, como así ocurrió en uno de estos casos; sin automatismos, pues, pero con una clara vocación.

El resultado de las votaciones fue:

o   Móstoles:

▪         Sra Rossignol: 7 votos ( consejeros de la AF y de la APIF).

▪         Sra. Martín-Forero: 5 votos (consejeros UPF y natos), quien fue propuesta por el FGE.

o   La Rioja:

▪         Sr. Stern: 7 votos (consejeros de la AF y de la APIF).

▪         Sr. Herráiz: 5 votos (consejeros UPF y natos), propuesto por el FGE.

o   Málaga:

▪         Sr. López Caballero: 6 votos (4 consejeros AF, 1 consejero UPF, 1 consejero APIF)

▪         Sr. Calvo-Rubio: 6 votos (2 consejeros AF, 1 consejero UPF, 3 consejeros natos)

El FGE propuso el nombramiento de Juan Calvo-Rubio. Y, por nuestra parte, la razón de dividir el voto y separarnos de nuestro criterio de base fue el hecho de faltarle al Sr. Caballero dos años para la jubilación unido a la voluntad de la mayor parte de la plantilla por que finalizara su trayectoria profesional en su condición de jefe provincial.

⮚      Fiscalía Superior de la CA de Canarias:

o   Sr. Vieira: 6 votos (consejeros AF)

o   Sr. López Ojeda: 1 votos (consejero APIF)

o   Sra. Farnés: 5 votos (2 consejeros UPF y 3 consejeros natos).

El FGE propuso a la Sra. Farnés.

⮚      Fiscalía especial antidroga: se apoyó por unanimidad al Sr. Uriarte, quien fue propuesto por el FGE. No obstante, lo cual, fue alabado el curriculum, el potencial y la altísima capacidad de trabajo de la Sra. González.

⮚      Teniente Fiscal de la Audiencia Nacional:

o   Sr. Carballo: 7 votos (consejeros de la AF y de la APIF).

o   Sra. Durantez: 5 votos (consejeros UPF y natos), propuesta por el FGE.

⮚      Fiscal Inspector/a de la Inspección Fiscal:

o   Sra. García-Zubález: 1 voto (consejero APIF)

o   Sra. Arciniega: 6 votos (consejeros AF).

o   Sr. García Criado: 5 votos (consejeros UPF y natos), propuesto por el FGE.

⮚      Fiscal de sala de la Fiscalía Togada del TS: (abandonó el Pleno el Sr. Viada por ser el marido de una de las peticionarias, la Sra. Gálvez)

o   Sr. Rueda: 6 votos (consejeros AF)

o   Sra. Delgado: 5 votos (consejeros UPF y natos), propuesta por el FGE.

Al respecto de esta plaza, debemos comentar que consideramos una incoherencia del Estatuto del Mº Fiscal que se otorgue la condición de Fiscal de Sala al Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica y no así al FGE. El cauce regulador adecuado no era, desde luego, la Ley Concursal, sino su integración en el propio Estatuto. Sin embargo, y en tanto no sea modificado, estos dos consejeros consideramos que existe un deber, por parte del Consejo Fiscal, de dotar de la máxima categoría a quienquiera que ocupe la plaza de FGE, lo que debiera ser un acuerdo tácito y estable de todas las asociaciones de fiscales ahora, de futuro y con independencia de quien ocupe el cargo.

Burgos y Sevilla, 23 de julio de 2022

Vocales a propuesta de la UPF ante el Consejo Fiscal 

Santiago Mena Cerdá y Yolanda Ortiz Mallol

COMUNICADO DE LOS VOCALES DE LA LISTA DE LA UPF DEL CONSEJO FISCAL CELEBRADO EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Queridas compañeras y compañeros: El día 14 de Septiembre de 2022 se celebró un nuevo Pleno del Consejo Fiscal de acuerdo al cumplido orden del día en el que se trataron las siguientes cuestiones más relevantes:

Se realizó el acto solemne de toma de posesión del Excmo. Sr. D. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, como Presidente del Consejo Fiscal en presencia de los vocales electivos y natos del Consejo Fiscal.

Siguiendo el orden del día, el Excmo. Sr. FGE comunicó formalmente al Consejo Fiscal, la designación de la nueva Fiscal de Sala, Jefa de la Secretaría Técnica, Excma. Sra. Dª. Ana Isabel García León.

El Presidente del Consejo explicó detalladamente el proyecto y actuaciones que pretende llevar a cabo en los próximos meses, durante el tiempo de mandato como Fiscal General del Estado.

Enmarcó su actuación dentro de los puntos de transparencia y explicaciones máximas.

Para llevar a cabo el objetivo, se impone la necesidad de proporcionar nuevas y/o mejores herramientas de trabajo para la Fiscalía.

Como líneas maestras o principales, el FGE manifestó que ya se está trabajando en diferentes proyectos que en breves fechas serán sometidos al conocimiento y valoración de los distintos órganos de la Fiscalía -Junta de Fiscales de Sala, Fiscales Superiores Autonómicos-

Circular/Instrucción sobre la actividad preprocesal del Ministerio Fiscal, con el objetivo de unificar la forma de actuar e investigar del Ministerio Fiscal y al mismo tiempo, se pretenden establecer las bases para que los ciudadanos conozcan las particularidades de la investigación realizada por la Fiscalía; porqué, cómo y para qué investiga el Ministerio Fiscal.

Se acometerá el estudio y tratamiento del delito de hurto conforme a la modificación introducida por la LO 9/2022 y la prescripción en los delitos de terrorismo, entre otros.

En las sucesivas participaciones de los distintos órganos de la Fiscalía, el FGE pretende poner de manifiesto la importancia de las Fiscalías territoriales en aras a coordinar las Fiscalías Especiales, con la del Tribunal Supremo y Autonómicas.

El Presidente del Consejo, anunció la publicación de sendas Circulares o Instrucciones sobre la forma de interrelacionar la avocación, la jerarquía, su contrapeso y el legítimo disenso (art. 27 EOMF).

Pretende impulsar una Instrucción sobre el visado.

En el ámbito de la Fiscalía Anticorrupción, se establecerán referencias sobre cuestiones competenciales en materias y delitos de los atribuibles a aquella.

El hilo conductor de la actividad de la Fiscalía General será dar preferencia a la protección a víctimas y personas vulnerables.

Seguidamente los consejeros pasaron a debatir las siguientes Anteproyectos de Ley:

Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

Anteproyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales.

Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción por la que se transpone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

Anteproyecto de Ley de creación de la Autoridad Administrativa independiente para la investigación técnica de accidentes en los modos de transporte.

Por todos los consejeros se ha alabado la alta calidad técnica de los borradores de informe emitidos por la Secretaría Técnica y se han aprobado con las modificaciones puntuales emitidas por los consejeros ponentes.

La única cuestión sobre la que no ha habido unanimidad ha sido la relativa a la pretensión del ponente de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, cuestión que consistió en la propuesta de los representantes de la AF relativa a que fuese necesario un expediente de jurisdicción voluntaria en todos los casos de minoría de edad, eliminando con ello los tramos establecidos en la ley, los cuales  se adecuan a la evolución madurativa de la persona desde los doce hasta los dieciocho años.

Los consejeros de UPF, APIF y los natos estuvieron de acuerdo con la redacción del anteproyecto. Los consejeros de la AF anunciaron un voto particular.

Se informó a las Sras y Sres Consejeros de los Convenios de colaboración y comunicación de los viajes al extranjero realizados por miembros del Ministerio Fiscal.

En el último punto del orden del día se trataron cuestiones planteadas a la anterior presidencia del Consejo Fiscal y otras de fechas recientes.

Concursos de traslados.

La Excma Fiscal Inspectora explicó el mecanismo de funcionamiento de los concursos de traslados, indicando que nunca se resuelven en septiembre, para facilitar la normalidad y la conciliación familiar de los Fiscales, con listas provisionales antes del verano, siendo la causa de publicación del último concurso en esas fechas, la necesidad de poder incluir en el mismo las plazas de nueva creación, creadas conforme al RD 306/2022 de 3 de Mayo de 2022.

Conversión plazas de 3ª a 2ª categoría.

La Fiscal Inspectora detalló todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo para este objetivo y con este fin ante el Ministerio de Justicia, la última en junio 2022, apoyándose en números y datos objetivos, para conseguir esta pretensión.

Se parte del número de 219 plazas, distribuidas entre Fiscales Provinciales y de Área. (aproximadamente la tercera parte de las existentes de 3ª categoría).

El ministerio de Justicia ha ofrecido varias alternativas y ante la situación detectada se acordó por unanimidad del Consejo Fiscal, crear una Comisión integrada por miembros del Consejo Fiscal junto con los órganos centrales de la Fiscalía General.

Cargas de trabajo. Riesgos para la salud de los Fiscales.

Desde la Inspección Fiscal se explicaron los mecanismos que se están sometiendo a estudio para tratar de poner en marcha instrumentos que mejoren ambos aspectos: controles trimestrales, visitas de inspección, estadillos mensuales, productividad, peticiones de refuerzos y/o sustituciones, peticiones de compatibilidad, comunicaciones con jefaturas, etc.

La Fiscal Inspectora reconoció que la propia Inspección, con los medios de los que dispone en la actualidad, no puede realizar un auténtico estudio de cargas de trabajo.

El FGE manifestó que es consciente de ello, y pretende destinar todo el esfuerzo necesario para acometer este déficit.

Sustituciones.

Tras la publicación del Real Decreto 147/2022, de 22 de febrero por el que se regula el régimen de sustituciones y medidas de apoyo o refuerzo del Ministerio Fiscal, la Fiscal Inspectora traslada la voluntad de la FGE sobre el impulso que se pretende dar a la movilidad de los Fiscales.

Explicó la problemática existente sobre sustituciones internas-profesionales y externas y la diversidad de problemáticas de cada Fiscalía, en cada territorio. Las sustituciones internas no cubren las necesidades pues en muchos lugares, ni siquiera hay Fiscales dispuestos a realizarlas.

Se informó que por parte de la Inspección se está trabajando en buscar opciones para implementar sustituciones en comisiones de servicio para facilitar la movilidad por periodos superiores a los 6 meses, de forma racional y controlada.

Artículo 25 EOMF

A preguntas de los consejeros, el FGE explicó con detalle la forma de cumplimentar y llevar a cabo este mandato estatutario.

Aclaró alguno de los últimos procedimientos mediáticos seguidos por este mecanismo, dejando claro los pasos seguidos desde la comunicación inicial de quien lo instaba, pasando por las sucesivas comunicaciones y sugerencias, nunca órdenes, del receptor-superior de la comunicación, hasta la resolución final.

Finalmente el FGE relacionó el resto de cuestiones planteadas por los consejeros, en torno a la necesidad de completar y desarrollar el nuevo Reglamento del M. Fiscal, pues aunque éste atribuye a la Fiscalía la gestión, actualmente no se dispone de los medios necesarios.

Respecto de la eventual constitución de la mesa de retribuciones, el FGE manifestó que no se ha realizado convocatoria alguna.

Los vocales electivos a propuesta de la Unión Progresista de Fiscales:

Santiago Mena Cerdá

Yolanda Ortiz Mallol

 

Burgos y Sevilla 16 de septiembre de 2022