Comunicado tras reunión con el Ministro de Justicia de 22 de Abril de 2020

En el día de hoy se ha mantenido por parte del Ministro de Justicia una reunión en la que también se encontraban presentes Francisco de Borja Vargues, secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Concepción López Yuste, directora general para el Servicio Público de Justicia con las representaciones de las asociaciones de fiscales, representada la Unión Progresista de Fiscales por nuestra presidenta Teresa Peramato.

En primer lugar, agradecer que por parte del Ministro de Justicia, haya querido exponer su plan de actuación, sin perjuicio de reiterar lo ya manifestado en nuestro comunicado, en este momento es imprescindible escuchar a todos los operadores jurídicos, porque solo de una manera conjunta, y con la participación de todos, saldremos de esta crisis.

Por parte del Ministro de Justicia ha manifestado, se ha recordado que de conformidad con la disposición adicional decimonovena del Real Decreto Ley 11/2018 se aprobará a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo máximo de 15 días una vez se haya dejado sin efecto la declaración del estado de alarma y de las prórrogas del mismo, un Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo así como en el ámbito de los Juzgados de lo mercantil con la finalidad de contribuir al objetivo de una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis.

Asimismo ha manifestado que esta pendiente la voluntad de aprobar un Real Decreto que comprenderá diferentes áreas, partiendo desde el consenso pero en todo caso teniendo en cuanta los requisitos de extraordinaria necesidad que exige la CE., ampliando la actuación telemática de todos los puestos de trabajo de la administración de justicia (teletrabajo), volviendo a manifestar que se está trabajando en una modificación de la ley Procesal Penal así como del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Por parte de la Unión Progresista de Fiscales se han expuesto como medidas fundamentales:

La imprescindible derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal toda vez que, una vez que se reactiven los plazos procesales, va a ser más difícil el control los plazos de instrucción previstos en ese precepto y mayor el riesgo de impunidad. En este punto, y por parte del Ministro ha manifestado que ya existe una tramitación legislativa para su derogación. Desde la UPF hemos de lamentar este posicionamiento dado que la derogación del artículo 324 de la Lecrim era ya urgente con anterioridad a esta pandemia, y sus efectos se han visto, y se verán en el futuro con el archivo de múltiples causas (muchas de ellas de corrupción), ante la imposibilidad de control de los plazos por parte de las/los fiscales.

Se ha insistido en la necesidad de proveer de equipos de protección sanitaria para el desarrollo de nuestro trabajo, tanto mascarillas, guantes como hidrogeles, así como implantar medidas que permitan ejercer nuestro trabajo en condiciones de seguridad y atendiendo a las recomendaciones sanitarias. En este aspecto consideramos que es obligación del Ministerio de Justicia, garantizar que todas las personas que trabajamos en la Administración de Justicia, así como todas aquellas personas que acudan a los Juzgados y Fiscalías de toda España, lo hagan en condiciones de seguridad y salubridad.

Se ha solicitado la revisión al alza los porcentajes de dotaciones presenciales recogidas en el anexo de la resolución de 13 de abril del M. de Justicia siempre respetando las recomendaciones sanitarias a fin de garantizar la salud del personal de la administración de justicia y de los usuarios y garantizando la distancia de seguridad aconsejable Impulsar la modificación del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, en lo relativo a las notificaciones electrónicas al Ministerio Fiscal, a fin de que la fecha de recepción de los actos de comunicación que se practiquen al Ministerio Fiscal por medios electrónicos coincida con el momento en que la/el fiscal asignado lo tenga a su disposición y que hasta el 31/12/2020 la fecha de recepción no pueda ser superior a diez días naturales desde su descarga automática en la oficina, así como una racionalización de las notificaciones que se envían al Ministerio Fiscal.

Dadas las circunstancias se hace necesario que todas las jurisdicciones habiliten el mes de agosto para la práctica generalizada de actuaciones. Ello determinaría que la distribución de las vacaciones entre los/las Fiscales fuera equitativa para que en todos los meses de verano existiera un número suficiente de profesionales para atender a todos los señalamientos y demás actuaciones. Tanto la tramitación escrita como las actuaciones orales deberían seguir el mismo ritmo optimizado a consecuencia de la coordinación referida, en todo lo que queda de año a fin de dar salida a la acumulación registrada a consecuencia de la pandemia.

En último lugar desde la Unión Progresista de Fiscales hemos ofrecido nuestra más absoluta colaboración para ayudar en todo aquello que sea necesario para adoptar medidas para salir de esta crisis en beneficio de toda la carrera, así como de las personas que acuden a la Administración de Justicia.

Madrid a 22 de Abril de 2020.

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Comunicado reunión con la Fiscal General de 21 de Abril de 2020

En el día de hoy se ha mantenido por parte de la Fiscal General del Estado una reunión con los representantes de las Asociaciones de Fiscales en la que de manera telemática se no han expuesto, en la que también se encontraban presentes el Fiscal Jefe de la Unidad de Apoyo, el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, el Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica, así como miembros de la Unidad de Apoyo.

En dicha reunión se no ha expuesto por parte de la Fiscal General sus planes de actuación y las medidas insistiendo en que se ha activado un nuevo sistema organizativo que se va a proyectar en el futuro, con actuaciones dinámicas y flexibles, emitiendo decreto generales y transversales que permitan, ayuden y contribuyan a la adaptación por parte de los respectivos Fiscales Jefes a las circunstancias personales y materiales de cada fiscalía.

Por parte de la Unión Progresista de Fiscales se han expuesto como medidas fundamentales:

La imprescindible derogación del artículo 324 de la Lecrim, entendido que en este momento, y dada la situación actual una vez se reactiven los plazos, se producirá una situación de imposibilidad de control, con circunstancias que pueden generar impunidad.

Se ha insistido en la necesidad de proveer de equipos de protección sanitaria, para el desarrollo de nuestro trabajo, tanto mascarillas, guantes como hidrogeles, así como implantar medidas que permitan ejercer nuestro trabajo en condiciones de seguridad y atendiendo a las recomendaciones sanitarias.

Se ha solicitado la revisión al alza los porcentajes de dotaciones presenciales recogidas en el anexo de la resolución de 13 de abril del M. de Justicia siempre respetando las recomendaciones sanitarias a fin de garantizar la salud del personal de la administración de justicia y de los usuarios y garantizando la distancia de seguridad aconsejable Impulsar la modificación del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, en lo relativo a las notificaciones electrónicas al Ministerio Fiscal, a fin de que la fecha de recepción de los actos de comunicación que se practiquen al Ministerio Fiscal por medios electrónicos sea el momento en que el fiscal asignado lo tenga a su disposición y que hasta el 31/12/2020 la fecha de recepción no pueda ser superior a diez días naturales desde su descarga automática en la oficina, así como una racionalización de las notificaciones que se envían al Ministerio Fiscal.

En concordancia con el criterio 8.ii del apartado QUINTO del Decreto de la FGE de 15 de abril en el que se prevé que se evitará cualquier tipo de actividad presencial de “[l]as/los fiscales con necesidades de conciliación de la vida personal y familiar suficientemente acreditada por tener a su cargo menores de edad o mayores dependientes y se vean afectadas/os por el cierre de centros educativos, de mayores o de atención especializada”, podría hacerse una distribución de trabajo de manera que ,en las semanas en la que se prevé que la actividad escolar y de los centros de asistencia y de apoyo no se haya retomado, las actuaciones presenciales sean atendidas por los fiscales que no tengan esas responsabilidades o no tengan posibilidades de atenderlas sin perjuicio de los derechos de las personas afectadas, compensando esa atención con una mayor participación de los primeros en actuaciones que se puedan despachar a distancia y que no requieran asistencia presencial y, ello, sin perjuicio de que a estos compañeros y compañeras se le dé prioridad para disfrutar de sus vacaciones durante esas fechas escolares con la actividad suspendida a consecuencia del COVID 19

Asimismo hemos indicado que se han registrado situaciones difícilmente asumibles dado que no se está procediendo al nombramiento de sustitutos externos para cubrir bajas y licencias; la situación es grave en algunas fiscalías y se agravará de cara a la reactivación de la tramitación procesal por lo que interesamos que se proceda al nombramiento de sustitutos no sólo para tales casos y que se potencien las sustituciones internas y externas como medida para abordar la situación a la que hemos sido abocados por la pandemia y las necesarias medidas acordadas

Por parte de la Fiscal General una vez escuchadas a todas las asociaciones, nos ha manifestado que la reincorporación se hará de forma escalonada, de acuerdo con las recomendaciones sanitarias y primando siempre la seguridad de Fiscales, funcionarios y otros profesionales y de los usuarios. Ha manifestado su apoyo a la mayoría de nuestras propuestas, manifestando que en los próximos días se recibirían nuevos equipos de protección en las diferentes sedes de las Fiscalías.

También ha indicado en cuanto a los alumnos de la 58ª promoción, se ha acordado junto con ellos, realizar un periodo de prácticas de cuatro semanas presenciales, una vez se alza el estado de alarma, tras el cual se realizará un concurso restringido para ellos.

En último lugar desde la Unión Progresista de Fiscales hemos ofrecido nuestra más absoluta colaboración para ayudar en todo aquello que sea necesario para adoptar medidas para salir de esta crisis en beneficio de todos los compañeros, así como de las personas que acuden a la Administración de Justicia.

Madrid a 21 de Abril de 2020.

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Comunicado sobre los ascensos en el Ministerio Fiscal

En el día de hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Legislativo por el que se promueve a la categoría de Fiscal a 97 miembros de la Carrera Fiscal. Esto son los compañeros que todavía restaban de la 48º Promoción que accedieron en el año 2009 así como gran parte de la 49º Promoción habiendo transcurrido más de 11 años en el peor de los casos desde su ingreso en la Carrera Fiscal. Los ascensos en los últimos años se han reducido drásticamente dado que, en el 2014, 2016 y 2018 no hubo ninguno y en 2019 sólo 23 miembros ascendieron a la segunda categoría.  

Este retraso en los ascensos tiene efectos extremadamente negativos en la carrera profesional, tanto en el acceso a determinadas plazas o cargos (Secretaría Técnica, Fiscalía de la Audiencia Nacional, Unidad de Apoyo, Fiscalías Especiales Antidroga y Anticorrupción, Fiscales Jefes Provinciales y de Área, Fiscales Adscritos a Fiscales de Sala), las cuales exigen todas ellas tener la categoría de Fiscal para poder optar a las mismas así  como el hecho que  la tardanza en ascender produce perjuicios económicos, dado que un abogado fiscal cobra 227,21 euros mensuales menos que un fiscal solo por la circunstancia de tener la segunda categoría.

Asimismo conforme el último escalafón de la carrera fiscal cerrado a 7 de Julio de 2018 había 32 fiscales de sala, 1801 fiscales de segunda categoría y 666 abogados fiscales, con un total de 2.499 miembros de la carrera fiscal, en cambio en el último escalafón de la Carrera Judicial cerrado a 31 de marzo de 2018, había 84 magistrados del Tribunal Supremo, 4.820 magistrados y 594 jueces, con un total de 5.498 miembros en la carrera judicial.

Es decir, en la Carrera judicial existen solo 594 jueces y juezas que representan el 10,8% del total, en cambio en la Carrera Fiscal existen 666 abogados fiscales que representan el 26,6 % del total de la Carrera Fiscal. Dicho de otro modo, en la carrera judicial 1 de cada 10 miembros son jueces y en la carrera fiscal 1 de cada 4 miembros son abogados fiscales. Este agravio comparativo vulnera la equiparación de carreras a que se refieren los artículos 33, 52 y 53 y la disposición adicional primera del EOMF.

Es por ello por lo que desde la Unión Progresista de Fiscales exigimos tanto a la Fiscalía General del Estado como al Ministerio de Justicia, que aborden inmediatamente este problema, el cual es gravemente perjudicial para los intereses de los fiscales adecuando cuanto menos y de manera inmediata la proporción entre jueces y abogados fiscales.

Madrid a 21 de febrero de 2020

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

COMUNICADO EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, AMPARANDO LAS DEVOLUCIONES EN CALIENTE

La sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de fecha 13 de Febrero de 2020, supone un brutal retroceso en el reconocimiento de los derechos humanos de los migrantes, así como una ostensible disminución de la protección y tutela que este mismo Tribunal tenía reconocida a estas personas en situación de vulnerabilidad.

La interpretación que realiza la Gran Sala, para apreciar que no ha existido violación, al considerar que dichas personas se colocan deliberadamente en una situación ilegal, al no hacer uso de las vías legales de acceso, conlleva como primera consecuencia el despojo de los derechos inherentes que toda persona tiene por el mero hecho de serlo. Derechos reconocidos en el art. 4 del Protocolo nº 4 (sobre prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros) y del art. 13, (sobre el derecho a un recurso efectivo), ambos, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la propia jurisprudencia constante de dicho tribunal.

Precisamente los hechos objeto del fallo, (la devolución en caliente de dos migrantes africanos que saltaron la valla de Melilla en 2014), determinaron la condena de España por sentencia de este tribunal de fecha 3 de octubre de 2017, por vulneración de los preceptos citados.

 La sentencia parte de la premisa, errónea y equivocada, que la decisión, por parte de la persona migrante, de no hacer uso de las vías legales, es deliberada. Sin embargo, la tozuda realidad se impone, demostrando que esas vías legales (oficinas de asilo en el paso fronterizo, representaciones diplomáticas y consulares en sus países de origen) suponen un mayor obstáculo que las alambradas, por su inexistencia o inoperancia y masificación.

En cualquier caso, dicha interpretación permite que personas a las que se les pudiera reconocer el derecho de asilo, sean despojadas del mismo, acordándose la expulsión sin resolución administrativa, sin ser identificadas, oídas sobre sus circunstancias personales, sin ser informadas de los derechos que les asisten y los procedimientos que les amparan. 

Los denominados “rechazos en frontera” introducidos por la disposición final primera de la Ley de Seguridad Ciudadana sitúan a las personas al margen de las garantías y procedimientos establecidos y vulneran el derecho a la dignidad y los derechos que les son inherentes, tal y como reconoce el art. 10 de la C.E., por lo que deben ser expulsados de nuestro ordenamiento jurídico.

Madrid a 15 de Febrero de 2020

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

COMUNICADO EN DEFENSA DE LA AUTONOMIA DEL MINISTERIO FISCAL

Ante las manifestaciones realizadas en el día de ayer en un medio de comunicación por parte de Don Alberto Garzón, ministro del Gobierno de España, la Unión Progresista de Fiscales quiere mostrar su indignación y sorpresa ante su desconocimiento de la autonomía orgánica y funcional del Ministerio fiscal.

El Ministerio Público, conforme al artículo 2 de nuestro Estatuto orgánico, se encuentra integrado con autonomía funcional dentro del Poder Judicial y en ningún caso tiene dependencia jerárquica del Poder ejecutivo.

Desde la Unión Progresista de Fiscales exigimos respeto al ejercicio de la función constitucional que tiene asignado el Ministerio Fiscal, el cual actúa con autonomía solo sujeto a los principios de legalidad e imparcialidad

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Madrid a 20 de enero de 2020

COMUNICADO SOBRE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

El Consejo Fiscal ha informado favorablemente la modificación del
Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, en lo relativo a las
notificaciones electrónicas al Ministerio Fiscal.
Esta reforma prevé que la fecha de recepción de los actos de
comunicación que se practiquen al Ministerio Fiscal por medios
electrónicos será el momento en que el fiscal asignado lo tenga a su
disposición. Asimismo, se fija que hasta el 31/12/2020 la fecha de
recepción no podrá ser superior a diez días naturales desde su
descarga automática en la oficina.
Este Real Decreto de previsible aprobación en el próximo Consejo de
Ministros implica un nuevo punto de partida en la consideración del
Ministerio Fiscal al tener en cuenta las particularidades de su
organización interna, permitiendo que el cómputo de los plazos se
inicie cuando el fiscal asignado tenga conocimiento directo del asunto
y no, como sucedía hasta ahora, cuando el acto era comunicado a la
Fiscalía correspondiente.
Percibimos como positivo el hecho de que por parte del legislador se
atienda a la especial naturaleza, funcionamiento y complejidad del
Ministerio Fiscal, esta última derivada en parte del aumento
exponencial de funciones de los fiscales en los últimos años como
consecuencia de la implantación de la denominada “Justicia Digital”.
Este punto de partida debe derivar necesariamente en la plena
implantación de la Oficina Fiscal, descargando así de funciones
burocráticas a los fiscales con el fin de que podamos centrar nuestros
esfuerzos en las funciones encomendadas por la ley.

Madrid, a 17 de diciembre de 2019
Secretariado Permanente de la UPF

COMUNICADO UPF

El 13 de diciembre de 2019, nuestro compañero Álvaro Garcia Ortiz (ex presidente de la UPF, vocal del Consejo Fiscal y Fiscal Delegado de Medioambiente de Galicia) participó en nombre de la Union Progresista de Fiscales en la mesa redonda “Unha Galicia sostenible”, organizada por el Partido Socialista de Galicia, junto a la presidenta de ADIF y los catedráticos de Política Económica y Ecología de la Universidad de Vigo. En ella, se trató la problemática de los incendios forestales en esa comunidad autónoma y se formularon diversas propuestas de mejora para el servicio público de la Justicia.

Ante los artículos publicados recientemente por varios medios de comunicación, las manifestaciones vertidas por el portavoz de un partido político y, en especial, tras las declaraciones realizadas por el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, , la Unión Progresista de Fiscales quiere poner de manifiesto lo siguiente:

Primero: Como reconoce nuestro ordenamiento jurídico español, la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo de Europa, las y los miembros del Ministerio Fiscal tienen  derecho efectivo a la libertad de expresión, de creencias, de asociación y de reunión. Y especialmente, tienen derecho a tomar parte en cualquier debate público que verse sobre derecho y administración de justicia, así como sobre promoción o protección de los derechos humanos.  Sin que, por tanto, puedan ser señalados por ejercer sus derechos constitucionales ni puedan sufrir impedimento en el desarrollo de su carrera profesional.

Segundo: Lamentamos que el vicepresidente ejecutivo de la Xunta de Galicia se convierta en censor de las actividades de los fiscales. Queremos resaltar que, como miembro del Gobierno de Galicia, el Sr. Rueda no es quién para pedir explicaciones sobre la actuación de un fiscal en el legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y reunión, así como al libre y pleno desarrollo de su derecho asociativo como integrante de la carrera fiscal.

Tercero. La única instancia que, en su caso, podría pedir algún tipo de explicación a nuestro compañero es la propia Fiscalía General del Estado, a través de la Inspección Fiscal, único órgano con capacidad de limitar o sancionar las conductas de los fiscales. Esta institución, que fue consultada previamente, no puso reparo alguno a la participación de nuestro compañero en dicho acto.

Cuarto: Ejercer la censura desde su posición institucional, como hace el vicepresidente gallego, por el hecho de participar en una mesa redonda que parece no ser de su agrado, sí supone una intromisión inaceptable que cuestiona la contrastada profesionalidad de este fiscal y dice mucho de su concepción del Estado de derecho, en que el ejercicio de la libertad de expresión parece solamente limitado a quienes no siguen sumisamente sus dictados, argumentos y razonamientos políticos.

Quinto: La UPF comparte todo su potencial humano e intelectual al servicio del progreso social. No es la primera ni será la última vez que nuestros asociados participen y colaboren en cuantas acciones requieran de nuestra experiencia, propuestas y convicciones sobre el perfeccionamiento de la administración de Justicia, la defensa y plena realización de los derechos y libertades de la ciudadanía y la promoción del interés social. 

Madrid, a 18 de diciembre de 2019

Secretariado Permanente de la UPF

Comunicado Constitución Comisión Pedagógica CEJ

El pasado día 13 de diciembre de 2019, quedó constituida la
Comisión Pedagógica del Centro de Estudios Jurídicos. Se trata de
un órgano colegiado previsto en el recién aprobado Estatuto del
CEJ (Real Decreto 312/2019, de 26 de abril), cuya finalidad es
incrementar la transparencia, así como el asesoramiento y
participación de los intereses asociativos y corporativos en la
formación del sector justicia. Su función principal será realizar
recomendaciones e informes sobre los programas formativos del
Centro de Estudios Jurídicos.
La Directora del CEJ expuso los problemas de índole
presupuestario y deficiencias de personal que afectan al
funcionamiento cotidiano de este Centro. En cuanto a las líneas a
seguir en materia de formación, señaló la necesidad de suscribir
convenios con algunas Comunidades Autónomas, así como con
universidades, la utilización de las nuevas tecnologías en este
ámbito, y, de forma muy destacada, la actividad de formación de
formadores.
La UPF participó en la mentada reunión y expuso la problemática
planteada por los fiscales en torno a los alojamientos, que deben ser
dignos y cercanos al lugar donde se desarrolla la actividad
formativa. En el mismo sentido, se solicitó que se agilizara el pago
de las dietas. Por parte de la Dirección se aseguró la existencia de
un plan de choque para garantizar su abono en un plazo de tres
meses.
Sobre las líneas a seguir en materia de formación, la UPF señaló
la necesidad de la formación continua como una de las claves
principales de nuestro desarrollo profesional. Igualmente,
expusimos la necesidad de racionalización de los cursos,
descentralización de los mismos, con el fin de acercar la actividad
formativa lo máximo posible a las fiscalías y facilitar la conciliación,
garantizar que las actividades formativas muy bien evaluadas
puedan ser impartidas en todo el territorio, así como la utilización de
las nuevas tecnologías en esta materia.
El nuevo Estatuto del CEJ especifica que la Comisión Pedagógica
debe reunirse al menos una vez al año. No obstante, la Directora del
Centro expresó su intención de que la frecuencia fuera mayor a la
señalada.
En Madrid, a 17 de diciembre de 2019
El Secretariado Permanente

COMUNICADO SOBRE CUMBRE CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

UPF y JJpD quieren llamar la atención pública sobre los siguientes puntos, en relación con la lucha mundial contra el cambio climático:

1) La Conferencia de las Partes (COP), bajo la Convención Marco de NNUU para el Cambio Climático, aprobó en diciembre de 2015 el Acuerdo de París, para frenar las consecuencias negativas del cambio climático, que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. El Acuerdo establece el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2ºC, en relación con los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5ºC. Se establece un horizonte de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a largo plazo, al indicar que para cumplir con el objetivo de temperatura acordado “se debe alcanzar su punto máximo lo antes posible”.

2) El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ya en su último informe definitivo, aprobado en noviembre de 2014, alertó de que, si no se realizaba una mitigación adicional de las emisiones GEI aparte de las ya desplegadas, se experimentarían aumentos de la temperatura media global en 2100 de 3,7ºC a 4,8ºC en comparación con los niveles preindustriales.

3) La necesidad de alcanzar estos objetivos de modo tan apremiante y perentorio, exige la cooperación internacional para implementar cambios urgentes en el modelo energético y económico. Todos los gobiernos deben esforzarse en incentivar la aplicación de un nuevo modelo sostenible, y alcanzar nuevos compromisos concretos y vinculantes a nivel regional y mundial, asegurando la rápida reducción de las emisiones de GEI.

4) El modelo económico neoliberal, expandido a nivel mundial desde la década de 1980, ha sido letal para la grave situación de insostenibilidad ambiental existente, al dar primacía absoluta a la maximización de la rentabilidad empresarial, sobre todo de las grandes corporaciones, despreciando sus costes sociales y ambientales. Por tanto, es necesario sustituir este modelo, por otra parte fracasado, por alternativas que incluyan en sus objetivos esenciales la justicia social y el respeto al medio ambiente.

5) La transición a un nuevo modelo económico y energético (transición ecológica) debe hacerse desde el principio de justicia ambiental: nunca a costa de reducir el consumo y nivel de vida de la mayoría de la población por debajo de un nivel de vida digno, manteniendo la hiperconcentración de riqueza en unas pocas élites (lo que se ha llamado “ecofascismo”). Por el contrario, el esfuerzo de austeridad debe recaer en las capas sociales más favorecidas, y en los países más desarrollados. Esta transición ecológica debe ser un incentivo para lograr una distribución mucho más equitativa de la riqueza, dando prioridad al desarrollo del Tercer Mundo, asegurando las necesarias transferencias de tecnologías para estos países.

6) Finalmente, todas las Administraciones Públicas españolas deben hacer un esfuerzo mucho mayor para asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental en vigor, tanto respecto a las obligaciones que les incumben directamente, como en imponer a los particulares las medidas legales correctoras cuando se detectan infracciones de esta normativa ambiental. Y para los casos más graves, constitutivos de delitos contra el medio ambiente, sería deseable extender el modelo de especialización del Ministerio Fiscal en esta materia, a la judicatura, para mejorar la calidad y eficacia de la respuesta penal a las conductas más graves. 5 de diciembre de 2019

MANIFIESTO DE LA UPF EN EL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Con motivo del DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, la UPF quiere recordar a las 1027 mujeres que desde el año 2003 han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas, 51 de las cuales lo han sido a lo largo de este año, y a todas aquellas que fueron asesinadas en otros ámbitos a manos de hombres por el simple hecho de ser mujer. Queremos solidarizarnos con sus hijas e hijos y con los familiares que sufren cada día su pérdida y dar nuestra mano a todas las mujeres y niñas que están sufriendo cualquier clase de violencia fisca, psicológica, sexual o económica, en cualquier esfera de sus vidas.
Animamos a toda la sociedad a que manifieste su intolerancia más absoluta a la violencia de género y su rechazo hacia el maltratador; a que reaccione activamente ante cualquiera de estos actos, apoyando a las víctimas y denunciando estos hechos que son, siempre y sin excepción, un grave atentado a los derechos humanos.
Reconocemos el trabajo de las asociaciones de mujeres y demás organizaciones de la sociedad civil siempre en alerta y al lado de las mujeres y de sus hijos e hijas, e instamos a las administraciones, instituciones y organismos implicados en la lucha contra la violencia de género para que no den un paso atrás y sigan impulsando las medidas necesarias para su erradicación y para seguir avanzando hasta conseguir la igualdad absoluta entre hombres y mujeres. A que reaccionen activamente frente a esos posicionamientos ideológicos contrarios a los derechos de las mujeres, negacionistas de la incontestable existencia de la violencia que sufren las mujeres por el sólo hecho de serlo, y que aborden una estrategia que permita de forma efectiva contrarrestar ese fenómeno para, no solo impedir que se retroceda en el avance iniciado hace ya más de 15 años, sino también que se garantice ese progreso mejorando la actuación en prevención, protección, recuperación y reparación de las víctimas, y en la investigación y sanción de los actos violentos que, insistimos, son un atentado a la vida, a la seguridad, a la libertad, y la dignidad de las mujeres y un obstáculo para el desarrollo de una sociedad democrática.
La UPF permanecerá siempre vigilante y actuará con conciencia crítica ante cualquier actuación que pueda perjudicar a las mujeres víctimas en su protección y apoyo, o que suponga un retroceso o impedimento en la investigación o sanción de los actos violentos o, por supuesto y muy especialmente, en la prevención que, como verdadero factor de protección, está fuertemente vinculado a la educación y a la formación en igualdad y respeto desde las más tempranas edades.
Madrid, 25 de noviembre de 2019
El Secretariado