POSTURA DE LOS VOCALES DEL CONSEJO FISCAL A PROPUESTA DE LA UPF ANTE EL BORRADOR DE INSTRUCCIÓN SOBRE LOS SIMF

Ante todo, la UPF, quiere destacar y reconocer la labor de los compañeros,
de manera voluntaria y seguramente recibiendo mas cargas y críticas que
reconocimientos forman parte del servicio de Fiscales responsables del
Servicio de Información del Ministerio Fiscal. SIMF.
La necesidad de reconocer esa labor y poner sobre la mesa el indudable mérito
y desgaste en las mas que difíciles circunstancias en las que están teniendo
que trabajar, sobre todo con la implantación de los sistemas digitales, no debe
alejarnos de la realidad.
Y la realidad es mas dura y mas difícil de aceptar que el enormemente
optimista documento que pasamos a analizar, y es que , desde nuestro punto
de vista, la implantación de la Fiscalía Digital no es mas que la evidencia de un
fracaso de gestión, de dirección y de proyecto, que solamente el trabajo de los
compañeros, el sacrificio, y el empeño de las plantillas de las fiscalías ha sido
capaz de maquillar. Por lo tanto , en lo único en que estamos de acuerdo en el
borrador de instrucción , pero en sentido contrario al expresado en la misma, es
la siguiente afirmación: “Para ello, en primer lugar, se hace necesario definir
el marco funcional propio de estas figuras, para determinar a continuación las
necesidades organizativas que requiera su efectivo cumplimiento. “
Bajo este prisma, y nuestra crítica visión, entendemos que la instrucción no
enfoca bien el problema, mas al contrario, lo desenfoca, puesto que no parte de
una situación real, sino de un imaginario en el que la lógica de la sucesión de
acontecimientos que relata no pudieran mas que dar lugar a una respuesta
institucional como la que propone.
PRIMERO: Así, entendemos que el borrador de instrucción instaura un nuevo
sistema, una nueva organización del Ministerio Fiscal que no está prevista
estatutariamente y cuya concreción excede de las posibilidades de
autoregulación del Ministerio Fiscal, pues deja sin contenido o en ocasiones
amplia las competencias de un órgano, la unidad de apoyo, o en detrimento o
lugar de otros modifica la propia naturaleza del órgano y su razón de ser.
El articulo 13 del EOMF, en su punto cuarto define a la UNIDAD DE APOYO, y
establece claramente , que “su función será realizar labores de asistencia a la
Fiscalía General del Estado”, y su cometido está claramente diferenciado de los
otros órganos ( Secretaría Técnica, Inspección Fiscal, y Fiscales delegados),
por lo que ni por razón de competencias, ni por razón de la materia, ni por la
propia redacción del Estatuto, podemos entender admisible que se introduzca
una analogía, con la estructura, si prevista en el estatuto , de las fiscalías
delegadas.
La instrucción , desde nuestro punto de vista, pues trata de encajar una nueva
especialidad de la FISCALIA, como si la gestión de los sistemas informáticos
fuera equiparable a la sustantividad y razón de la creación de las fiscalías
especiales o fiscalías delegadas, que lo son , y ello no puede ser olvidado, en
razón de la materia de trabajo, por el contenido relativo a los específicos
ámbitos de actuación del Ministerio Fiscal y no por su relación con aspectos
organizativos o instrumentales de la institución. En definitiva por su
singularidad.
Los órganos citados de la fiscalía general son pues órganos con sustantividad
propia, no fiscalías delegadas o especializadas, su ámbito de actuación es la
del auxilio al Fiscal General del Estado, quien ya ostenta la representación y
dirección de la carrera, sin que estimemos sea preciso extender a
competencias no previstas estatutariamente las competencias de la unidad de
Apoyo, que sería el único órgano central con delegados en todas las fiscalías
territoriales. Una nueva figura, con poderes extralimitados que participa de la
naturaleza de sus funciones de auxilio del Fiscal General y de su extensión a
toda la carrera. Sin duda de prosperar la instrucción se convertiría en el órgano
mas importante de centralización y control de la carrera, con una red propia y
claramente diferenciado de la Secretaria técnica, y de la Inspección fiscal .
Entendemos que ello no corresponde a las competencias del artículo 13 del
estatutos en las que define las funciones de la Unidad de Apoyo.
SEGUNDO: El aspecto de la territorialidad es importante en el análisis de la
instrucción, a nuestro juicio, la visión de la Unidad de Apoyo parte de un
esquema centralista y alejado de la diversidad de las fiscalías españolas, pues
pretende extender sus competencias en detrimento, o como si no existiera una
organización territorial , plenamente operativa y responsable del
funcionamiento y organización en cada uno de sus territorios.
Vemos con cierta prevención y preocupación como la figura del Jefe Provincial,
o incluso del Fiscal Superior, se ven en cierta manera suplantadas en algunas
de sus competencias por las atribuidas en el borrador de instrucción. De esta
manera, al intentar copiar el modelo de las especialidades, aparta o arrincona
el modelo territorial de organización y dirección de las fiscalías provinciales,
autonómicas o de área, puesto que el borrador, en el desarrollo de estas
competencias puede invadir o suplantar las potestades o atribuciones, incluso
las responsabilidades de los fiscales jefes. Puede que este sea el modelo que
se busca, pero si es así, la reforma merece una mayor reflexión.
TERCERO: La implantación del sistema digital está siendo un fracaso, las
causas y las consecuencias de la disminución de la calidad del trabajo de los
fiscales y el stress laboral que estas implantaciones están suponiendo en las
plantillas nos hacen cuestionar, no solo el modelo, sino también la oportunidad
e implantar dicho modelo en esos momentos. La sensación en la Carrera ante
los nuevos retos digitales es de un acatamiento contenido de la nueva realidad,
pocas veces de satisfacción y menos aún de entusiasmo. Puede ser incluso
contraproducente para los compañeros, que como decimos merecen todo
nuestro reconocimiento, que puedan ellos mismos ser señalados como los
responsables la errónea concepción, deficiente gestión y caótica implantación
del expediente digital. No parece adecuado ni el momento ni la forma para
introducir esta nueva organización en las fiscalías.
CUARTO: Otro factor que tenemos que valorar es la introducción, de nuevo ,
una superestructura por encima de la estructura estatutaria de la carrera. Los
problemas de coordinación entre las fiscalías especiales y las territoriales son
uno de los mayores retos de la institución, pero se asumen en la creencia de
una mejora en la respuesta de la acción de la acción de la justicia para con la
sociedad. No alcanzamos a ver, en este caso, la utilidad de esta
superestructura, cuando la organización jerárquica y territorial del Ministerio
Fiscal tiene resuelto o al menos señala la previsión estatutaria de la dirección y
organización de las fiscalías al centrarlas en las jefaturas.
QUINTO: Hemos de criticar también algunos aspectos de la redacción del
borrador, pues como venimos comentando, no reflejan la realidad de la carrera,
y parecen desconocer alguno de las cuestiones que paso a relatar.
La unidad de apoyo no ha sido eficaz ni veraz en la transmisión de
información sobre el estado de las aplicaciones ni su funcionalidad con las
fiscalías, lo que era una evidencia para los compañeros en aquellos lugares
dónde se estaba y se está realizando la implantación no tenía después un
traslado real ni a la propia institución, ni a los responsables administrativos para
la mejora de las aplicaciones. Llevamos muchos, muchos años viendo como se
minimizaban los problemas cuando eran puestos de manifiesto por los
compañeros, como se reducía cualquier protesta o advertencia sobre el mal
funcionamiento de los sistemas a una actitud poco colaboradora o a cuestionar
el trabajo o la implicación de los compañeros. Los funcionarios de las fiscalías
han debido crecer para atender los nuevos programas informáticos en lugar del
sentido contrario, mecanizando un trabajo que solo ha consistido en meter
datos en una pantalla. Esta situación se ha producido siempre en tránsito en
espera de unas mejoras que no acababan de llegar sin agotar las posibilidades
de los pilotos y permitiendo que los experimentos se hicieran en tiempo real y
se extendieran a nuevos territorios sin testar suficientemente si eran las
herramientas mas adecuadas, procesal y materialmente para desarrollar
nuestro trabajo. El camino que nos ha traído hasta aquí es altamente
insatisfactorio y así nos parece, es valorado por la mayoría de la Carrera.
Es mas, solamente a partir de la intervención de los otros órganos de la
Fiscalia General, la Inspección y la Secretaría Técnica, se han comenzado a
valorar aspectos antes olvidados o relativizados, que influían e influyen
directamente en la tramitación de las causas y en el resultado de los
procedimientos. Si alguna crítica hemos de extender a la Unidad de Apoyo es
su ceguera con las consecuencias procesales y sustantivas en los
procedimientos, que solamente han sido puestas de manifiesto cuando la
institución , ante el clamor de la carrera, y porqué no decirlo, la sensibilidad de
la fiscal general, han puesto a trabajar a la Inspección y a la Secretaría
Técnica. Solo entonces y de una manera sistemática acertada, se ha podido
dimensionar el problema.
Sin embargo la instrucción parece desconocer esta realidad, y pretende otorgar
mas poderes, mas influencia y mas capacidad de actuación a la Unidad de
Apoyo, cuando en este aspecto quizá lo que habría que hacer es incluso una
redefinición de sus competencias. Es mas, es tal la influencia de las nuevas
implantaciones en el contenido sustantivo de nuestro trabajo, que a nuestro
parecer, y en este campo y en esta nueva realidad, las competencias deben
ser compartidas con la Secretaría Técnica y la inspección, pues la UNIDAD DE
APOYO no es quien puede dar respuesta a los problemas sustantivos y
procesales que provocan las nuevas realidades. Su naturaleza de auxilio como
así pone de manifiesto el estatuto, art 13 cuatro, apartado c) Análisis y
evaluación de las propuestas relativas a necesidades de organización y
funcionamiento del Ministerio Fiscal en materia de estadística, informática,
personal, medios materiales, información y documentación.
SEXTO: La lectura del apartado 3.2.del borrador de instrucción (Funciones de
los Fiscales Delegados responsables del SIMF), a nuestro juicio, contempla
funciones y atribuciones que no solamente corresponderían a los jefes
respectivos, sino incluso a la inspección fiscal o las inspecciones de las
fiscalías superiores. La atribución de excesivas competencias para justificar la
creación de una nueva figura responsabiliza a los propios SIMF en exceso, y
los coloca en un lugar de gestión administrativa, en un puente entre la labor de
fiscal y director de oficina que no le debería corresponder a un fiscal de plantilla
sino al propio jefe, es mas , al atribuirle incluso competencias de relación
institucional desvirtúa incluso el marco de relaciones con las administraciones
de justicia.
ULTIMO: Queda mucho margen de mejora en el desarrollo de los órganos y las
competencias de los instrumentos de coordinación y control de las fiscalías, en
la unificación de criterios, en el desarrollo y participación de las comisiones
mixtas, en la propia labor de la Unidad de Apoyo en el desarrollo y control de
los sistemas de gestión procesal ajenos a Ministerio de Justicia, como para
tratar de implantar una nueva organización, innecesaria, inoportuna y carente
de respaldo estatutario, como pretende la nueva instrucción.
Entendemos que el reconocimiento a los compañeros y la coordinación entre
los mismos y las necesidades de las nuevas aplicaciones ha de tener otras
vías, y otros cauces, utilizando las posibilidades que nos permite el Estatuto y
el actual estado de la organización del Ministerio Fiscal, que permita, como se
pretende, mejorar la eficacia de la fiscalía como servicio público.
Comisión de Justicia Digital 19 de septiembre de 2019
Álvaro García Ortiz

COMUNICADO DEROGACIÓN ART 324

Los plazos máximos de instrucción, la reforma estrella que el anterior gobierno del Partido Popular –con su ministro de justicia Rafael Catalá Polo a la cabeza- aprobó en el año 2015 sigue produciendo sus devastadores efectos en el mundo de la justicia.

Tras el reciente auto de la Audiencia Provincial de Murcia  (en un procedimiento seguido contra el ex presidente murciano Ramón Luis Valcárcel), son varios ya los casos de responsables políticos que han visto archivados los procedimientos penales seguidos contra ellos a causa del transcurso de los plazos del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La postura de esta asociación profesional ha sido siempre la de la inmediata derogación del citado artículo 324. De hecho, lo hemos sostenido en un buen número de comunicados en los que hemos advertido reiteradamente del riesgo de impunidad que genera la nefasta redacción de este precepto. Frente a dicha posición, en los diferentes partidos políticos no hemos encontrado más que una completa pasividad e inactividad.

No es tiempo ya de lamentos. Es tiempo de abordar soluciones ante el riesgo de que la reforma del Sr. Catalá -patrocinada por diversos procesalistas que subestimaban nuestras críticas iniciales- siga produciendo sus devastadores efectos y generando una autentica situación de impunidad ante casos de corrupción y otros muchos en que las víctimas no ven satisfecho su derecho a la tutela judicial efectiva. Por ello, rogamos a todos los partidos políticos para que abandonen su juego parlamentario y acometan, de una vez por todas, la tarea de aprobar la inmediata derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Solo así conseguiremos que estas injustas situaciones dejen de producirse.

Madrid, a 10 de septiembre del 2019

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales 0 Medium G

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO


Estimado Sr. Presidente del Gobierno de España: 

Desde la Unión Progresista de Fiscales, con la firme convicción de que concurren obvias razones de extraordinaria y urgente necesidad para la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, le pedimos que no se demore más la aprobación de dicha derogación vía Real Decreto-Ley, ante la imperiosa necesidad social de devolver a la ciudadanía sus legítimas expectativas de que el proceso penal esté al servicio del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. 

Por ello le pedimos, que a la mayor brevedad posible se apruebe dicha derogación. De forma que, en los sucesivo, puedan evitarse casos como el resuelto por la Audiencia Provincial de La Coruña que por aplicación de este precepto privó a una víctima de violencia de género de la posibilidad de que se uniera al procedimiento un importante informe practicado por el Instituto de Medicina Legal. Considerando el Tribunal que estos procedimientos no son complejos y que su instrucción, y muy a pesar de la falta de medios, debe ser agotada en el plazo de seis meses. 

Se comprueba así, que esta reforma operada en el año 2015 por el Partido Popular fijó unos plazos máximos de instrucción para las causas penales que, como reiteradamente hemos denunciado, está sirviendo como una vía de escape soterrada que facilita la impunidad de graves delitos, como lo son los de violencia contra las mujeres, corrupción u otros. 

Es visible y notorio que en estos más de tres años de vida del artículo 324, se ha abierto en nuestro país un espacio de impunidad que afecta de forma muy negativa al derecho a la tutela judicial efectiva, base de cualquier derecho social otorgado en nuestra Constitución. 

En la Unión Progresista de Fiscales nos consta el compromiso de la Ministra de Justicia en la búsqueda de la derogación de este artículo que socava fuertemente los cimientos de la justicia penal.  Y en esta línea, la Sra. Ministra, en fecha de 31 de enero de 2019, nos trasladó  a todas las asociaciones judiciales y fiscales que el único obstáculo que existía para no tramitar este Real Decreto-Ley consistía en la existencia de la iniciativa que, con este fin de la derogación, se estaba tramitando en el Congreso a iniciativa del Grupo Parlamentario Podemos. 

Teniendo en cuenta que, a día de hoy, dicho grupo parlamentario ha despejado dicho obstáculo retirando su proposición de ley, consideramos que el camino a la aprobación de dicho Real Decreto-Ley queda libre,  descansando bajo la sola responsabilidad del Gobierno. 

Por todo ello, apelando a la alta consideración del Servicio Público al que sirve, le rogamos que se haga efectivo los compromisos adquiridos y  que mediante la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal vía Real Decreto-Ley, se de luz a un proceso penal que responda con todas las garantías que exige nuestra constitución y que merecen las ciudadanas y ciudadanos de este país.

Secretariado de la UPF

CONTRA LA IMPUNIDAD

CHoy, 26 de febrero de 2019, el Grupo Parlamentario Confederal de UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA ha retirado su Proposición de Ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción, imaginamos que hastiados de comprobar cómo el plazo de presentación de enmiendas ha sido prorrogado hasta en 64 ocasiones por la manifiesta y patente voluntad de los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos de boicotear su aprobación y la consecuente derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El citado precepto fue introducido en 2015 por el Ministerio de Justicia del Gobierno Popular, liderado por el entonces ministro Rafael Catalá, y pese a la crítica unánime que suscitó por parte de todas las asociaciones de fiscales y jueces, la reforma conocida como Ley de punto final entró definitivamente en vigor el 6 de diciembre de 2015.   La impunidad derivada de esta reforma no tardó en llegar aunque tuvieron que ser sonados casos de corrupción política los que consiguieran que el foco mediático iluminase ante la opinión pública las nefastas consecuencias de la fijación de un plazo tasado de instrucción en el procedimiento penal español que, a diferencia de la mayoría de países occidentales, sigue anclado en la obsoleta figura del juez instructor. El caso Pasarelas en Murcia, el caso Colina rojaen Granada, el caso Conservatorio en Ceuta o el caso de la Federación Española de Baloncesto son ejemplos de presunta corrupción que han quedado impunes como consecuencia de los plazos de instrucción. Pero no solo la corrupción y los presuntos corruptos se benefician de la reforma del ex ministro Catalá. Todo tipo de delincuencia se aprovecha de una reforma que, lejos de acelerar nuestra justicia penal, dificulta y entorpece sumamente su labor.

Pese al compromiso de derogación asumido hace escasos meses ante los representantes de todas las asociaciones de fiscales y jueces por el Presidente del Partido Popular -Pablo Casado-, la pasada semana su Grupo Parlamentario ensalzó en el Congreso de los Diputados las “bondades” de los plazos de instrucción y rechazó su derogación. Queda claro, pues, el nulo interés que los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos tienen en poner fin a la impunidad que el artículo 324 genera.

Por consiguiente, ante la retirada de su Proposición de Ley por el Grupo Parlamentario de PODEMOS y siendo éste el único obstáculo para recurrir al Decreto Ley que la Ministra de Justicia comunicó el 31 de enero a todas las asociaciones profesionales, reclamamos públicamente al Gobierno de España que en la próxima reunión del Consejo de Ministros se apruebe un Real Decreto Ley que derogue el citado precepto en consonancia con la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista y aprobada por amplia mayoría en el Congreso de los Diputados el 13 de noviembre.

La necesidad no es urgente, es imperiosa, y hay tiempo suficiente para aprobar y convalidar un Real Decreto que se limite a derogar un precepto funesto para la justicia española: el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Porque la impunidad no puede seguir campando a sus anchas por la pasividad de nuestros gobernantes. Revelador es el retrato de quienes nada han hecho hasta ahora por acabar con ella. 

Secretariado Permanente de la UPF

COMUNICADO DE APOYO A LA SALUD Y VIDA DE LAS MUJERES

Ante las manifestaciones partidistas que, en relación al aborto, han sido realizadas por el Presidente del Partido Popular Pablo Casado a la agencia EFE, desde la Unión Progresista de Fiscales reiteramos nuestro histórico y enérgico rechazo ante cualquier movimiento que tenga como finalidad poner en peligro la salud y la vida de las mujeres en relación con el libre ejercicio de sus derechos reproductivos. 

Y así, consideramos inaceptable relacionar la economía y las pensiones con la libertad en el ejercicio de la maternidad, porque ese postulado constituye la esencia de un sistema de discriminación y violencia contra las mujeres que no solo perpetúa las más arraigadas estructuras patriarcales y machistas, sino que nos devuelve a la memoria preconstitucional del vejatorio trato que se dispensó a las mujeres.

Así mismo, compartimos nuestra firme convicción de que ninguna sociedad democrática puede renunciar a consolidar, respetar e implementar todos los mecanismos que tiene a su alcance para que el derecho a la vida, a la integridad, a la seguridad, a la libertad y a la igualdad de las mujeres sean plenamente reales y efectivos. Tal y como nos exige nuestra Constitución Española.

Albacete, 7 de Febrero de 2019

El Secretariado Permanente

DE NUEVO, SOBRE EL ART. 324 LECRIM Y LA IMPUNIDAD

La reforma en 2015 por el Partido Popular del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal fijó unos plazos máximos de instrucción de las causas penales que, como reiteradamente hemos denunciado, además de otros defectos, puede ser una vía de impunidad de graves delitos, particularmente los de corrupción.

Ante la  noticia conocida ayer relativa a la absolución en un presunto caso de corrupción en Murcia que afecta al expresidente de la Comunidad,  por haber  excedido el plazo de investigación, la Unión Progresista de Fiscales  quiere dejar claro que, tal y como hemos venido advirtiendo de forma insistente y reiterada desde 2015, la vigencia de un plazo máximo de investigación en nuestro país acrecienta los espacios de impunidad  y, en consecuencia, socava fuertemente los cimientos de la justicia penal. Lo ocurrido en Murcia es, quizás, el caso más mediático de archivo por causa de expiración del plazo del 324, pero ni es el primero producido, ni el último que se producirá.

Esa reforma operada en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal mediante Ley 41/2015 no solamente responde a una técnica legislativa nefasta que demuestra un absoluto desconocimiento del proceso penal por parte de quienes legislan, sino que, además, ha supuesto la creación de una nueva causa de extinción de la responsabilidad y prescripción encubierta de los delitos más complejos como son los relacionados con la corrupción.

Estamos a tiempo de detener este desatino procesal que pone en grave riesgo  la justicia penal mediante un  Decreto-Ley que derogue los plazos máximos de instrucción. Por todo lo anteriormente expuesto, de nuevo instamos del Gobierno y de los demás partidos políticos que cumplan su anunciado compromiso contra la corrupción y que procedan ya a iniciar, y a no paralizar indebidamente, el procedimiento legislativo oportuno para la derogación de este dislate procesal.

 

Albacete, 21 de diciembre de 2018

El Secretariado Permanente.

ARTÍCULO 324 LECRIM E IMPUNIDAD

La reforma en 2015 por el Partido Popular del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal fijó unos plazos máximos de instrucción de las causas penales que, como reiteradamente hemos denunciado, además de otros defectos, puede ser una vía de impunidad de graves delitos, particularmente los de corrupción.
 
Por ello, prácticamente desde su entrada en vigor ha sido duramente criticada esta reforma, y todo el arco parlamentario ha solicitado reiteradamente su derogación. Para ello, el Congreso de los Diputados tomó en consideración, en Mayo de 2017 una Proposición de Ley del Grupo Unidos Podemos en este sentido.
 
Iniciada su tramitación parlamentaria, ha resultado que en la Mesa del Congreso se ha impedido de hecho que tal iniciativa llegue a ser aprobada, y ello por la vía de la fijación y ampliación de los plazos de enmiendas.
 
Con ocasión de la reunión celebrada en el Congreso de los Diputados el día 3 de Septiembre de 2018 a iniciativa del Presidente del Partido Popular, y en presencia de los responsables de las 7 asociaciones de Fiscales y Jueces, la UPF le preguntó expresamente por esta cuestión, respondiendo el Sr. Casado que estaba a favor de la derogación del 324 LECrim. Sin embargo, el día 4 de septiembre se amplió el plazo de enmiendas y tras esta fecha, otras 10  veces.
 
En el día de ayer el Pleno del Congreso aprobó otra Proposición no de Ley con el mismo objeto con el voto en contra del Grupo Popular, y simultáneamente la ampliación número 54 del plazo de enmiendas, para una reforma que tiene doce palabras (Artículo único. Queda derogado el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
Desde la Unión Progresista de Fiscales apelamos a la responsabilidad en aras a disponer de una legislación que permita y no impida a jueces y fiscales perseguir los delitos, con medios adecuados y sin medidas legales que puedan favorecer la impunidad de los delincuentes.
 
Pero de mantenerse esta situación, entendemos que nuestra Constitución da vías para lograr el mismo objetivo: el próximo día 6 de diciembre vence el plazo máximo de 18 meses fijado para instruir las causas incoadas antes de su entrada en vigor, y es evidente por ello la urgencia y la necesidad precisas para derogar ese pernicioso artículo por la vía del Decreto-Ley.
 
 
Albacete, 14 de noviembre de 2018
El Secretariado Permanente.

CONTRA LA IMPUNIDAD DE LOS PLAZOS DE INSTRUCCIÓN

El próximo día 6 de diciembre, además de conmemorarse el 40 aniversario de la Constitución española, se cumplirán tres años desde que entró en vigor la nueva redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precepto que establece unos plazos tasados para la investigación judicial de los delitos. Asimismo, ese día será la fecha de vencimiento de la prórroga de las causas complejas incoadas con anterioridad a la entrada en vigor de la norma.

 

La ciudadanía tiene derecho a una justicia penal de calidad, ágil y sin dilaciones indebidas pero también tiene, preeminentemente, el derecho a que los jueces y tribunales tutelen eficazmente sus derechos. Sin embargo, establecer plazos tasados a la instrucción resulta perturbador y supone, sobre todo, un riesgo cierto de impunidad, una amenaza para la efectiva reparación de las víctimas.

 

Los operadores jurídicos -muy especialmente los fiscales- hemos instado mayoritariamente la derogación de este artículo. Por ello, el Partido Popular, el Partido Socialista, Unidos Podemos y Ciudadanos han asumido o propuesto directamente en sede parlamentaria la derogación de esta norma aún en vigor. Es por ello que solicitamos a los Grupos Parlamentarios que antes del 6 de diciembre desbloqueen cualquier iniciativa parlamentaria o proposición de ley que pretenda su derogación, así como al Gobierno de la Nación, en su caso, que utilice el instrumento legislativo de urgencia previsto en el artículo 86 de la Constitución para acabar así con las incuestionables disfunciones que el citado precepto genera en la Administración de justicia pero, sobre todo, para evitar el inequívoco riesgo de impunidad que conlleva.

 

 

El Secretariado de la UPF

 

 

 

Albacete, a 24 de octubre de 2018

COMUNICADO SOBRE EL PATROCINIO Y LA IMAGEN DE LAS ASOCIACIONES

COMUNICADO UPF- APIF SOBRE EL PATROCINIO Y LA IMAGEN DE LAS ASOCIACIONES

 

 

El patrocinio privado a las asociaciones de jueces y de fiscales puede dar una imagen distorsionada de la justicia y de nuestras profesiones, para evitarlo, y especialmente en momentos como este en el que parece clara la necesidad de mandar un mensaje a la sociedad sobre la absoluta independencia de la justicia,  nos parece interesante reabrir el debate sobre la conveniencia de recibir fondos de entidades con las que posteriormente es posible que existan intereses en conflicto

 

Entendemos que dichos patrocinios, más aún cuando se trata de entidades bancarias, tienen un efecto negativo sobre la imagen de absoluta imparcialidad que las Carreras Judicial y Fiscal deben proyectar a la ciudadanía, fundamento del riguroso régimen de incompatibilidades al que estamos sometidos. Es por ello que en el año 2010 la Unión Progresista de Fiscales asumió el compromiso ético de rechazar todo tipo de patrocinio o subvención privada, y lo ha venido manteniendo de manera estricta. Igualmente la APIF asumido también asociativamente, no ha recibido nunca patrocinio alguno. De la misma manera defendemos que estamos ante una cuestión deontológica que merece ser incluida en el futuro Código Ético de la Carrera Fiscal.

 

Por todo ello, con el fin de preservar la imagen de la Justicia, creemos que este compromiso ético ha de ser compartido por todas las asociaciones judiciales y fiscales, e invitamos a todas ellas a integrarlo. Para que ninguna sombra pueda oscurecer este servicio público para el que, día a día, Jueces y Fiscales trabajamos con vocación e implicación.

 

 

 

Albacete a 22 de octubre de 2018

COMUNICADO EN DEFENSA DEL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES

 Desde el más profundo y absoluto respeto a la labor parlamentaria y al legítimo ejercicio de la crítica política, queremos poner de manifiesto que en un Estado de Derecho no se puede permitir la intromisión en la vida íntima y particular de ningún ciudadano mediante la grabación de sus conversaciones, mantenidas hace más de nueve años, parciales, sin garantía alguna de integridad o veracidad e imposibles de contrastar, y que ello sirva como ariete para intentar obtener algún tipo de venganza o ventaja procesal.

Colocar en el mismo plano esas conversaciones -interesadamente publicitadas y reproducidas- y la dedicación profesional de quien lleva más de 25 años al servicio de la Justicia, asumiendo las más altas y peligrosas responsabilidades en la lucha contra todo tipo de terrorismo, es un ataque al Estado de Derecho y a sus servidores. Hemos de defendernos de quienes no creen en este Estado de Derecho y piensan que con sus maniobras al filo de la legalidad son capaces de alterar el normal funcionamiento de las instituciones.

Convertir la política en un lodazal de escarnio público con cuestiones que nunca debieron trascender a la opinión pública y cuya grabación y difusión no tiene justificación legítima alguna solo beneficia a quienes se aprovechan de ella o tratan de sacar partido a las debilidades del sistema.

 

Albacete, 26 de septiembre de 2018

El Secretariado Permanente