Queridas compañeras y compañeros,

Ha sido éste un consejo fiscal breve, pero muy informativo respecto de cuestiones de sumo interés para toda la carrera.

1. Como sabéis por el orden del día, hemos recibido la visita del Director de transformación digital del Mº de Justicia, quien nos ha informadosobre los diferentes proyectos en marcha destinados a modernizar, agilizar y simplificar los instrumentos digitales al servicio de  la Fiscalía. Medidas que, aun cuando son de aplicación en el territorio-Ministerio, pretenden beneficiar a todo el mapa geográfico.

Entre las mismas cabe destacar:

●       Previsión de una partida de 5 millones de euros –derivada de fondos europeos- atribuida en exclusiva a la FGE, de los que 3 ½ mill irán destinados a un nuevo sistema de información (SIMF) con el que se pretenden superar las rémoras de Fortuny y reforzar la interoperabilidad con los sistemas de información autonómicos. Cuestión ésta que se hará a distinto nivel en función de la mayor o menor bondad de éstos: implantación al 100% (Asturias, por ej), integración de módulos o acceso a datos.

En cuanto a los tiempos, se pretende su progresiva ejecutividad con la idea de que empiece a ser operativo antes de su completa implantación, para lo que se  prevén unos 3-4 años.

●       Avances normativos con la Ley de Eficiencia digital (que repercutirá en nuestros “estadillos”), Ley de Eficiencia procesal y de Eficiencia organizativa.

●       SIMF orientado al dato; esto es, que genere alertas sobre los cambios que se produzcan en los datos (por ej: hojas histórico-penales).

●       Subsistema de información ACCEDA: sobre acceso controlado y seguro por medios electrónicos a los documentos judiciales electrónicos en los que sea parte el fiscal.

●       Proyectos específicos, tal como el de Víctimas vulnerables y protección de menores.

●       En materia de Inteligencia Artifical (IA), se trabaja en herramientas esenciales que llevamos tiempo demandando: búsqueda inteligente, anonimización de datos (ya activa) o textualización de vistas.

●       Robotización: sistema de IA sobre cuestiones mecánicas que no requieren valoración jurídica (ej: liquidaciones de condena) y automatización de procesos (se ha comenzado con la Fiscalía de Cooperación internacional)

●       “Cuadro de mandos”: sistema de gestión de personal, nóminas… donde se incluye un apartado referido a la estadística que generará los “estadillos” de forma mecánica.

●       CAU: un área especial de atención a la Fiscalía, conscientes de los desajustes que ha habido en el último año, derivados de una deficiente atención por la antigua empresa subcontratada.

Por parte del FGE se ha pedido que se realicen campañas informativas sobre los instrumentos que ya están en uso y son desconocidos por los fiscales, respecto de lo que se ha comunicado que ya tienen confeccionadas “píldoras informativas”.

Para la implantación y desarrollo de estos programas se está llevando a cabo un piloto en la Fiscalía Provincial de Guadalajara.

2. A continuación se ha aprobado por unanimidad el Proyecto de RD por el que se amplía la plantilla orgánica del MºFiscal para adecuarla a las necesidades existentes.

El proyecto final asume el borrador confeccionado por la Secretaria Técnica asistida de la Unidad de apoyo, limitándose a añadir que las 70 plazas debieran ser 70 + 6, referidas estas últimas a las dos fiscalías de sala con sus cuatro adjuntos, en lugar de detraerlas de aquel paquete.

Sobre esta cuestión, ha informado la Jefa de la Inspección Fiscal que era, precisamente, el acuerdo al que se había llegado inicialmente con el Ministerio, sin perjuicio de lo que finalmente haya resuelto éste.

Se ha tratado específicamente la necesidad de desdoblamiento de las fiscalías uniprovinciales, debate que –informa el FGE- se abrió a la carrera y que constituye, asimismo, criterio de la propia Fiscalía General. Con ello se aumentan las aspiraciones de los compañeros y se refuerzan las plantillas.

3. En lo referente a una solicitud de compatibilidad, instada por una compañera para impartir clase todos los miércoles en una universidad a más de 300Km de su puesto de trabajo, si bien la propuesta de informe de la Inspección Fiscal era desestimatoria, se ha concedido la solicitud con el voto de los consejeros de las listas de la Apif y AF.

Por nuestra parte, siendo lógicos partidarios de favorecer el desarrollo profesional paralelo de los fiscales, consideramos que debe supeditarse al ejercicio de nuestra función, que es un servicio público que debe ser garantizado. Autorizar, en este caso, la compatibilidad supondrá reestructurar los servicios de la plantilla, con la consiguiente afectación del resto de compañeros, al margen de que implica hacer descansar esta duplicidad laboral, no en el sistema, sino en la buena fe y flexibilidad de terceros.

4. En el caso de otra compañera, se trataba de una solicitud de amparo frente al trato recibido por parte de un juez en prácticas no tuteladas durante el desarrollo de los servicios de guardia. Y, aun cuando quiso expresar que se había sentido completamente amparada y respaldada activamente tanto por su fiscal jefe como por la Fiscal Superior, se ha resuelto por unanimidad concederle desde el Consejo Fiscal asimismo el amparo solicitado. 

 5. En lo referente a la modificación de la RPT de Sevilla, consistente en la concesión de un refuerzo con más de tres años de antigüedad, la razón de publicarse con retraso ha sido simplemente una desafortunada disfunción, según ha informado la Fiscal Jefe de la Inspección.

6. Ninguna objeción se ha planteado al respecto, como tampoco en cuanto al siguiente punto, relativo a la relación de convenios de colaboración y serie de viajes al extranjero efectuados por miembros de la plantilla.

7. En lo referente a las decisiones tomadas en el día previo al Consejo fiscal por la Comisión de productividad, Beatriz Sánchez Carreras  y Santiago Mena han informado que se acordó:

●       Mantener, como parte de la productividad, los desplazamientos entre sedes de una misma fiscalía siempre que haya cambio de partido judicial, lo que responde a la Norma nº 56.

●       No estimar la propuesta de la Fiscalía de Sala de Discapacidad y Mayores,  de incluir en los estadillos de productividad un nuevo apartado para incorporar los dictámenes e informes de los Fiscales que despachen las cuestiones de revisión de sentencias establecidas en la Disposición Transitoria 5ª de la Ley 8/2021, de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

8. Por último, el FGE ha informado al Consejo sobre una serie de cuestiones de variada índole:

●       La inminente publicación de dos decretos que afectan a:

o   La especialidad de delitos económicos: la plaza de coordinador de delitos económicos se va a mantener con la fisonomía que ostenta en la actualidad, dado que dotarla de la condición de Fiscal de Sala sin una estructura de fiscales adscritos carecería de sentido, postura compartida por el fiscal que tiene asumidas las competencias y que ha ejercido el protagonismo a la hora de confeccionar el decreto.

o   Ante la parálisis circunstancial que padece la Fiscalía Togada, derivada del estancamiento tanto del Tribunal Militar Central como de la Sala V del TS, el FGE ha optado por delegar en la Fiscal de Sala, Dolores Delgado, las competencias en materia de derechos humanos con la finalidad de que atienda cuestiones perentorias que venía ejerciendo, y con mucho esfuerzo añadido por la saturación que sufre, la Secretaría Técnica.

●       En lo referente a las Instrucciones emitidas para unificación de criterios a raíz de las modificaciones del Código Penal en materia de malversación y delitos contra a libertad sexual,  ha expuesto que su justificación se encuentra en la necesidad que había de fijar de manera inmediata el criterio de la Fiscalía. No obstante, se están confeccionando las correspondientes circulares por la Secretaría Técnica. 

         Por otra parte, ha querido aclarar que todos los decretos de naturaleza sustantiva que emite el FGE descansan sobre los borradores que efectúa la Secretaría Técnica, y que son sometidos al criterio de los Fiscales de Sala jefes de lo penal, a la Teniente fiscal del Tribunal Supremo, así como se intenta incorporar a algún fiscal con especial conocimiento en las cuestiones controvertidas de que se trate (por ej, informe del Fiscal de  T.C. en lo referente a la ley del “Sí es sí” y al Fiscal jefe de anticorrupción en cuanto a la malversación).

●       En cuanto a la conversión de las 219 plazas de fiscales, ha informado que el Mº de Justicia ha desestimado, con el informe de la Abogacía del Estado, la propuesta de la Fiscalía, consistente en que saliera a concurso un número de plazas igual a las plazas a convertir.  A raíz de esto, el Consejo Fiscal ha acordado que la FGE inste al Mª la urgente adopción de la iniciativa por la que opte a fin de que comience a beneficiar cuanto antes a los compañeros que resulten adjudicatarios.

●       En materia de concursos, se ha informado la próxima convocatoria de:

o   un concurso en febrero de alrededor de 30-34 plazas.

o   Otro concurso en febrero, donde se ofertarán las fiscalías de Sala, adjuntos y algunas más a determinar.

o   Un tercer concurso de 64 plazas, con fecha todavía no determinada.

La razón de que la FGE y la Inspección Fiscal hayan descartado un único concurso de cerca de 100 plazas ha sido que implicaría esperar al aumento de plantilla, y esto lo situaría en una fecha cercana al verano, circunstancia que ocurrió el año pasado y fue muy criticada por los compañeros por los desajustes que provocó en materia de conciliación familiar (búsqueda de colegios…).

●       A continuación, ha expuesto que existe un real decreto, el nº 93/2006 de 3 de febrero, por el que se regula el sistema de información del Mº Fiscal, desaprovechado hasta el momento.

         De acuerdo con su art. 8, la Comisión nacional que regula está integrada por: el FGE (que la preside), el Secretario de Estado de Justicia, dos Consejeros de Justicia de comunidades autónomas, un vocal del Consejo General del Poder Judicial, el Fiscal Inspector Jefe, el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, el Fiscal de Sala de la unidad de apoyo al Fiscal General del Estado y un fiscal designado por el FGE, oído el Consejo Fiscal.

La importancia de esta Comisión, y la posibilitad de que sea convocada por su presidente cuando se considere necesario, otorga una vía adicional a la Fiscalía de hacerse escuchar.

●       La pretensión de la Fiscalía General de retomar la Instrucción que regule a los fiscales SIMF -iniciativa iniciada y abandonada en su día-, con la finalidad de regular su régimen de actuación y designación. 

●       La integración de una nueva fiscal adscrita a la Fiscalía de Medioambiente, la compañera Carmen de la Fuente, antigua fiscal jefe de Cartagena.

Con verdadera vocación de servicio público y de ayudar a mejorar esta carrera y nuestros derechos,

Burgos y Sevilla, 27 de enero de 2023

Los representantes de la UPF ante el Consejo Fiscal 

Santiago Mena Cerdá y Yolanda Ortiz Mallol