COMUNICADO ANTEPROYECTO LEY MEMORIA DEMOCRÁTICA

La UPF saluda la reciente aprobación del anteproyecto de ley de Memoria Democrática como un gran avance para la necesaria normalización democrática, a fin de superar nuestras graves carencias en el cumplimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tal como nos han recordado reiteradamente los más altos Organismos Internacionales fiscalizadores de los DDHH.

Así, el proyecto legislativo trata de garantizar el derecho esencial de las víctimas de la más graves violaciones de DDHH sucedidas tras el golpe de Estado de 1936 y la Dictadura franquista hasta la vigencia de la actual CE, a la verdad, justicia, reparación y no repetición, con referencia expresa al Derecho internacional de los derechos humanos, lo que es inequívoco en la consideración del carácter imprescriptible e inamnistiable de los crímenes de lesa humanidad, y su sujeción al principio especial de legalidad internacional, con interdicción absoluta de la impunidad.   

No obstante, para confirmar estos principios de forma expresa e inequívoca, sería deseable que, durante la tramitación parlamentaria, en el articulado de la ley se hiciera una referencia expresa a que la investigación de estos crímenes conllevará, cuando proceda, el enjuiciamiento de sus responsables y su castigo penal, tal como prevé el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 15.2) y el Convenio Europeo de DDHH (art. 7.2), ambos ratificados por España, a los que señala además el art. 10.2 de la CE.

Madrid a 17 de septiembre de 2020

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

COMUNICADO DE LOS VOCALES DE LA LISTA DE LA UPF DEL CONSEJO FISCAL CELEBRADO LOS DÍAS 29 Y 30 DE JULIO DE 2020.

Queridas compañeras y compañeros: En los días 29 y 30 de julio de 2020 se celebró un nuevo Pleno del Consejo Fiscal, en el que se combinó la forma telemática y la presencial.

Nada más empezar el Consejo Fiscal, los vocales de la lista de la Asociación de Fiscales manifestaron su malestar al no haberse incluido junto a la convocatoria del Consejo Fiscal, la totalidad de la documentación que debía ser objeto de estudio, alegando que se les hace muy gravoso el estudio de la abundante documentación que debe ser revisada para la preparación de los plenos.


El Excmo. Sr. Fiscal Jefe inspector explicó que, si bien la casi totalidad de ladocumentación se presentó en plazo, los documentos presentado con posterioridad fue por razones ajenas a la Inspección. Los vocales de la lista de la Unión Progresista de Fiscales intervinimos para manifestar que dada la importancia de las cuestiones que se debaten en el Consejo Fiscal, es razonable que ofrezcamos todo el esfuerzo necesario para dotarnos decierta flexibilidad frente al rigor de los plazos, así como para dedicarnos al estudio que sea necesario en cada caso.


En primer lugar, se informó, para su posterior nombramiento por la FiscalGeneral del Estado, los Delegados Autonómicos de Protección de Datos.En este caso, el apoyo del Pleno del Consejo Fiscal fue unánime ya quetodas las Comunidades Autónomas presentaron una única candidatura, con excepción de Canarias y Valencia (se presentaron dos candidatos) y Galicia (no hubo candidato).

La Fiscal General del Estado, con el apoyo unánime del Pleno, propone a lassiguientes compañeras y compañeros como delegados autonómicos: EnAndalucía al Ilmo. Sr. D. Gabriel González Fernández, Fiscal de la FiscalíaProvincial de Sevilla. En Aragón al Ilmo. Sr. D. José Francisco Martínez Sánchez, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Huesca. En Asturias al Ilmo. Sr. D. Miguel Rodríguez Marcos, Fiscal de dicha Fiscalía autonómica. En Canarias al Ilmo. Sr. D. Ernesto Vieira Morante, Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias. En Cantabria a la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Calvo García, Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria. En Castilla La Mancha al Ilmo. Sr. D. Emilio Frías Martínez, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Albacete. En Castilla y León a la Ilma. Sra. Dña. Ester Mateos Fernández, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Salamanca. En Cataluña al Ilmo. Sr. D. Abel Carmelo Andrade Ortiz, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Barcelona. En la Comunidad Valenciana la Ilma. Sra. Dña. María Dolores Villanueva Pelluch, Fiscal de la Fiscalía Provincial deValencia. En Extremadura el Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Galán Miguel, Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En las Illes Balears el Ilmo. Sr. D. Jaime Guasp Ferrer, Fiscal de dicha Fiscalía autonómica. En La Rioja el Ilmo. Sr. D. Juan José Pina Lanao, Fiscal de dicha Fiscalía autonómica. En Madrid la Ilma. Sra. Dña. Elena Agüero Ramón-Llil, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Barcelona. En Murcia la Ilma. Sra. Dña. Juana María Jiménez Fernández, Fiscal de dicha Fiscalía autonómica En Navarra la Ilma. Sra. Dña. María del Campo Irañeta, Fiscal de dicha Fiscalía autonómica. En el País Vasco el Ilmo. Sr. D. Antonio Cortés Rojo, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Bizkaia.

En el territorio de Galicia no se presentó ninguna candidatura, por lo que (conforme con lo dispuesto en la Instrucción no 2/2019, sobre la protección de datos en el ámbito del Ministerio Fiscal) el responsable hasta ahora en esa materia continuará desempeñando sus funciones.


En el siguiente punto del orden del día que se trató, el Consejo Fiscalinformó de modo favorable y por unanimidad la aprobación de una plaza en comisión de servicios en la Fiscalía Especial Antidroga.


En el punto del orden del día referido a la intervención del Ministerio Fiscal en el Servicio Navarro de Ejecución Penal (Orden Foral 12/2020, del Consejero de Políticas Migratorias y Justicia), el Consejo Fiscal desestimó tal posibilidad al entenderla no procedente por las funciones encomendadas al Ministerio Fiscal en el citado Servicio, alejadas de las propias de información y colaboración que son propias de la Institución.

En relación a los nombramientos discrecionales convocados en la OrdenJUS/621/2020, de 6 de julio, la Fiscal General del Estado anunció que haría las siguientes propuestas:


Fiscalía del Tribunal Supremo (dos plazas): Excma. Sra. Dña. MaríaLourdes Rodríguez Rey, actual Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con el apoyo de seis vocales. (Cuatro votos de los vocales de la lista de la Unión Progresista de Fiscales y dos de los vocales natos.) Y la Ilma. Sra. Dña. Rosa María Pérez Martínez, Fiscal adjunta al Fiscal de Sala de Seguridad Vial, con el apoyo de nueve votos. (Tres votos de los vocales de la lista de la Unión Progresista de Fiscales, cinco votos de la lista de la Asociación de Fiscales y uno de uno de los vocales natos.)Los candidatos: Ilmo. Sr. D. Francisco Javier de Torres Martínez, con plaza
en la actualidad en comisión de servicios en la Fiscalía del Tribunal Supremo, obtuvo cinco votos de los vocales de la lista de la Asociación de Fiscales. La Ilma. Sra. Dña. Gema García Hernández, Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid obtuvo un voto de un vocal de la lista de la Unión Progresista de Fiscales. La Ilma. Sra. Dña. María Luzón Cánovas, Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid obtuvo un voto de uno de los vocales natos.

Tenencia Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de IllesBalears: Ilmo. Sr. D. Julio Cano Antón, Fiscal de dicha Fiscalía autonómica, con cinco votos. Tres votos de los vocales de la lista de la Unión Progresista de Fiscales y dos votos de los vocales natos. Un vocal electivo, a propuesta de la Unión Progresista de Fiscales, se abstuvo en esta votación

El Ilmo. Sr. D. José Díaz Cappa, Fiscal también de la Fiscalía balear, recibióel apoyo de los cinco vocales de la lista de la Asociación de Fiscales.

Jefatura de la Fiscalía Provincial de Alicante: Ilmo. Sr. D. JorgeRabasa Dolado, actual Fiscal Jefe de dicha Fiscalía Provincial, con el apoyo de siete vocales (cinco de los vocales de la Asociación de Fiscales y los dos vocales natos).

El Ilmo. Sr. D. Felipe Briones Vives, Fiscal de la mencionada Fiscalía deAlicante, recibió cuatro votos a su favor, de los vocales de la lista de la UnióProgresista de Fiscales.

Jefatura de la Fiscalía Provincial de Ávila: Ilmo. Sr. D. Francisco JavierRojo López, actual Fiscal Jefe de dicha Fiscalía Provincial y candidato único con apoyo unánime del Consejo Fiscal.

Jefatura de la Fiscalía Provincial de Ourense: Ilma. Sra. Dña. Eva Reguero Rodríguez, Fiscal de dicha Fiscalía Provincial, con el apoyo de seis vocales (cuatro de la Unión Progresista de Fiscales y los dos de los vocales natos)

El Ilmo. Sr. D. Julián Francisco Javier Pardinas Sanz, Teniente Fiscal de la referida Fiscalía gallega, recibió el apoyo de los cinco vocales de la Asociación de Fiscales.

Jefatura de la Fiscalía Provincial de Segovia: Ilma. Sra. Dña. María Inmaculada Martínez García, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Segovia, con el apoyo de nueve vocales (cuatro de los vocales de la Unión Progresista de Fiscales, tres de los vocales de la Asociación de Fiscales y los dos de los vocales natos).

La Ilma. Sra. Dña. Elena Martín Mayo, Teniente Fiscal de la misma Fiscalía recibió el apoyo de dos vocales de la lista de la Asociación de Fiscales.

Jefatura de la Fiscalía Provincial de Soria: Ilma. Sra. Dña. María José Burgos Monje, Fiscal de dicha Fiscalía Provincial y candidata única con el apoyo unánime del Consejo Fiscal.

Jefatura de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife: Ilma. Sra.Dña. María Farnés Martínez Frigola, Teniente Fiscal de dicha fiscalía, con el apoyo de seis vocales (cuatro de los vocales de la lista de la Unión Progresista de Fiscales y los dos de los vocales natos).

El Ilmo. Sr. D. Alejandro Salinas Casado, Fiscal igualmente de la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife, contó con cinco votos a su favor de los vocales de la Asociación de Fiscales.

Jefatura de la Fiscalía Provincial de Teruel: Ilma. Sra. Dña. María Isabel Buj Romero, Teniente Fiscal de dicha Fiscalía Provincial, con el apoyo unánime del Consejo Fiscal.

Jefatura de la Fiscalía de Área de Dos Hermanas: Ilma. Sra. Dña.María Amparo Camacho Rubio, Fiscal de dicha Fiscalía de Área, con el apoyo de seis vocales (cuatro de la lista de la Unión Progresista de Fiscales y uno de los vocales natos)

El Ilmo. Sr. D. Arturo Nicás Caballero, Fiscal igualmente de la Fiscalía de Área de Dos Hermanas, recibió el apoyo de los cinco vocales de la Asociación de Fiscales y uno de los vocales natos 

Jefatura de la Fiscalía de Área de Ceuta: Ilma. Sra. Dña. Silvia Rojas Rodríguez, Fiscal de dicha Fiscalía de Área y candidata única, con el voto unánime del Consejo Fiscal.

Jefatura de la Fiscalía de Área de Marbella: Ilmo. Sr. D. Julio ÁngelMartínez Carazo, Fiscal Jefe de dicha Fiscalía de Área y candidato único, con el apoyo unánime del Consejo Fiscal.

Jefatura de la Fiscalía de Área de Arrecife de Lanzarote-Puerto delRosario: Ilma. Sra. Dña. María Yolanda López Gómez, Fiscal Jefe de dicha Fiscalía de Área y candidata única, con el apoyo unánime del Consejo Fiscal.

Jefatura de la Fiscalía de Área de Ponferrada: Ilmo. Sr. D. Jacinto Fernández Villalba, Fiscal Jefe de dicha Fiscalía de Área y candidato único, con el apoyo unánime del Consejo Fiscal.

Jefatura de la Fiscalía de Área de Manresa-Igualada: Ilmo. Sr. D.Francisco José Córcoles Sánchez, Fiscal de la mencionada Fiscalía de Área, con el apoyo unánime del Consejo Fiscal.

Jefatura de la Fiscalía de Área de Mataró: Ilma. Sra. Dña. MontserratPoderoso Martínez, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Barcelona, con el apoyo de seis vocales del Consejo Fiscal (cuatro vocales de la Unión Progresista de fiscales y los dos votos de los fiscales natos).

El Ilmo. Sr. D. Luis Manuel García Cantón, actual Fiscal Jefe de la mencionada Fiscalía de Área, recibió el apoyo para su renovación de los cinco vocales de la Asociación de Fiscales.

Jefatura de la Fiscalía de Área de Vilanova i La Geltru: Ilma. Sra.Dña. Ana Mireya Gómez Baquero, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Barcelona, con el apoyo de seis vocales (cuatro vocales de la Unión Progresista de fiscales y los dos votos de los fiscales natos).

La Ilma. Sra. Dña. Susana Romero Carrascal, actual Fiscal Jefe de la mencionada Fiscalía de Área, recibió el apoyo para su renovación de los cinco vocales de la Asociación de Fiscales.

Jefatura de la Fiscalía de Área de Benidorm: Ilma. Sra. Dña. María Isabel Medina Vázquez, Fiscal de dicha Fiscalía de Área y candidata única, con el apoyo unánime del Consejo Fiscal.


Con respecto a los nombramientos discrecionales, la vocal y los vocales electivos a propuesta de la Unión Progresista de Fiscales, fieles a nuestro compromiso por el servicio público que presta la carrera, seguimos prestando nuestro apoyo en base a criterios exclusivos de mérito y capacidad.

En esta línea, os participamos que no consideramos que el escalafón, por sí solo, agote el mérito y la capacidad constitucionalmente exigida y, por tanto, la valoración que realizamos atiende a:

Capacidad para desempeñar, de forma concreta, el cargo.
Currículum Vitae de la candidatura.
Plan de desarrollo para el cargo, en todos aquellos casos en que sea preceptivo.

Como recoge el comunicado de los vocales electivos a propuesta de la Unión Progresista de Fiscales de fecha 13 de marzo de 2019 y en la línea de la reforma de la LOPJ que ha establecido un plazo máximo de 10 años para los cargos de Presidencia de la AN, TSJ y AP, creemos que las jefaturas en la Carrera Fiscal no pueden ser considerados cargos vitalicios.

Al revés, creemos que la no perpetuidad en el cargo es saludable para el óptimo devenir de nuestra institución, para el servicio público que prestamos y para las legítimas expectativas de las compañeras y compañeros.


En este Consejo Fiscal hemos comprobado como las candidaturas que se presentaban de forma alternativa a aquellas compañeras y compañeros que llevaban más de 10 años trabajando como jefes, han sido extraordinariamente solventes en capacidad, currículum y con ideas eficaces y novedosas para el desempeño de las jefaturas, con una apuesta clara por la perspectiva en género y con un importante enfoque en materia de derechos humanos y protección de las personas más vulnerables de nuestra sociedad.

Sin embargo, somos conscientes de las pocas perspectivas de promoción profesional que ofrece la carrera fiscal y por eso, nos comprometemos a seguir revindicando y trabajando para obtener
mejoras profesionales en este sentido.

En el apartado de ruegos y preguntas, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo tomó la palabra para informar al Consejo Fiscal sobre los extremos que le habían sido preguntados por la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales en una carta abierta dirigida a él, en relación a las denuncias y querellas presentadas por particulares contra el Gobierno en los últimos meses.

Así, aclaró que -de conformidad con el criterio sostenido en las normas de reparto del Tribunal Supremo vigente desde que fueron aprobadas por la Excma Sra. Dña. Consuelo Madrigal como Fiscal General del Estado- las causas contra miembros del Gobierno, Magistrados y Fiscales ante el Tribunal Supremo son asumidas directamente por él, sin que haya habido modificación alguna desde entonces, de suerte que este es el criterio que se aplica a las causas en cuestión

En este mismo apartado la Fiscal General del Estado tomó la palabra para recordar que el Consejo Fiscal es el órgano de representación de la carrera, facultado para dirigir a la Fiscal General del Estado cuántas peticiones y solicitudes relativas a su competencia se consideren oportunas.

En relación a esta intervención, las y los vocales de la Asociación de Fiscales no realizaron pregunta, ni pidieron aclaración alguna. Limitándose a manifestar que ellos son los vocales electivos de la Asociación de Fiscales y que las explicaciones se deben a la ejecutiva de dicha asociación.

Por último, el Pleno del Consejo Fiscal, a propuesta de la Comisión de Igualdad, acordó una comunicación sobre una noticia publicada en el medio de comunicación “La Voz de Galicia”.

El día 28 de julio de 2020, la Fiscal Jefa de Área de Vigo se puso en contactocon la Comisión de Igualdad del Consejo Fiscal para dar traslado de una noticia publicada en un medio de comunicación local “La voz de Galicia” relacionada con la enfermedad producida por el Covid-19 y que tituló como: “Una fiscala de vacaciones provoca un brote de Covid en Vigo” y “Siete contagiados en el brote de la fiscala que volvió de Asturias de vacaciones y asistió a un funeral en Vigo”.

La Comisión de Igualdad del Consejo Fiscal elevó esta queja al Pleno al considerar que la noticia publicada en el medio de comunicación “La voz de Galicia» incumplía con la obligación que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres impone a todos los medios de comunicación, cuando en su artículo 39.1 establece que los medios de comunicación social de titularidad privada deben respetar la igualdad entre mujeres y hombres evitando cualquier forma de discriminación.

Como consecuencia de ello, se aprobó por unanimidad el siguiente comunicado: “El Pleno del Consejo Fiscal ante las noticias publicadas por el medio de comunicación “La Voz de Galicia” en relación a la enfermedad del Covid19 y a su posible afectación en la fiscalía de Galicia en fecha de 28 de julio de 2020, quiere expresar su pesar por el tratamiento estereotipado que se le ha dado a esa información. Recordamos que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres impone a todos los medios de comunicación en su artículo 39.1, el deber de respetar la igualdad entre mujeres y hombres evitando cualquier forma de discriminación.”

Vista la excepcionalidad de la situación en la que nos encontramos no ha sido fijada fecha concreta para el próximo Pleno del Consejo Fiscal.

Los vocales electivos a propuesta de la Unión Progresista de Fiscales

Aurelio Blanco Peñalver.
Carlos García-Berro Montilla
Inés Herreros Hernández
Eduardo Navarro Domínguez


Madrid, 7 de Septiembre de 2020

CIERRE DE PROSTÍBULOS Y ABOLICIÓN DE LA PROSTITUCIÓN

Con motivo de la pandemia y de la expansión del virus algunas Comunidades Autónomas han
acordado el cierre de los prostíbulos, medida que sin lugar a duda aplaudimos e interesamos se
haga extensiva a todo el territorio nacional; no obstante, no se puede desconocer que con el
cierre de los prostíbulos crece exponencialmente la vulnerabilidad de las mujeres por lo que, sin
perjuicio de la necesidad de la concreta actuación legislativa a la que haremos referencia a
continuación, entendemos que el cierre de los prostíbulos debe venir acompañado de aquellas
otras medidas de seguridad y de carácter asistencial que sean precisas para proteger a las
mujeres y niñas prostituidas ante esta situación.
Al margen de la excepcionalidad que supone la crisis sanitaria a la que nos enfrentamos, la UPF
exige al Gobierno en general y al Ministerio de Igualdad en particular, que se pongan en marcha
inmediatamente los trámites legislativos para promulgar una ley integral contra la Trata y la
explotación sexual y las normas que resulten precisas para abolir la prostitución.
No podemos olvidar que la mayoría de las personas que se encuentran en situación de
prostitución son mujeres y niñas (la prostitución masculina es residual) que viven en contextos
de pobreza; en muchas ocasiones son migrantes o de diversas razas o nacionalidades por lo que
sufren múltiples discriminaciones.
La prostitución, que es una práctica vinculada con la trata y con la pobreza, determina que las
mujeres, lejos de ser consideradas como sujetos con derechos, sean representadas
socioculturalmente como un objeto a disposición de otros para satisfacer sus deseos. Es una
forma de esclavitud que tiene su origen en las desigualdades sociales y ha de ser entendida
como una manifestación más de “violencia sexual”.
La ausencia de regulación se erige en aceptación y contribuye a la normalización del acceso de
los hombres al cuerpo de la mujer a cambio de dinero u otra prestación. Su prohibición, además
de los efectos positivos comprobados en aquellos países en los que así se ha regulado, producirá
un efecto socio-pedagógico importantísimo contribuyendo al cambio de mentalidad de la
sociedad en su conjunto y al rechazo definitivo de uno de los atentados más graves a la igual
dignidad de las mujeres.

Madrid a 22 de agosto de 2020.
El secretariado Permanente

Comunicada sobre reanudación actividad judicial

Ante la situación generada por la pandemia del Covid-19 y las instrucciones de reanudación de la actividad judicial, la Unión Progresista de Fiscales manifiesta su más absoluta preocupación ante ciertas medidas que se empiezan a tomar y que podrían no garantizar la seguridad y la salud, no solo de la carrera fiscal, sino de cuantas personas profesionales y usuarias de la justicia deban acudir a las dependencias de las distintas fiscalías y órganos judiciales.

Por eso interesamos que la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial exijan a las administraciones competentes que garanticen las medidas de higiene y salubridad que nos permitan ejercer nuestra función constitucional en condiciones dignas y con plenas garantías, suministrando los equipos de protección personal que sean necesarios y las medidas de seguridad necesarias en todas las instalaciones judiciales y salas de vistas.

Madrid a 30 de abril de 2020

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Comunicado tras reunión con el Ministro de Justicia de 22 de Abril de 2020

En el día de hoy se ha mantenido por parte del Ministro de Justicia una reunión en la que también se encontraban presentes Francisco de Borja Vargues, secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Concepción López Yuste, directora general para el Servicio Público de Justicia con las representaciones de las asociaciones de fiscales, representada la Unión Progresista de Fiscales por nuestra presidenta Teresa Peramato.

En primer lugar, agradecer que por parte del Ministro de Justicia, haya querido exponer su plan de actuación, sin perjuicio de reiterar lo ya manifestado en nuestro comunicado, en este momento es imprescindible escuchar a todos los operadores jurídicos, porque solo de una manera conjunta, y con la participación de todos, saldremos de esta crisis.

Por parte del Ministro de Justicia ha manifestado, se ha recordado que de conformidad con la disposición adicional decimonovena del Real Decreto Ley 11/2018 se aprobará a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo máximo de 15 días una vez se haya dejado sin efecto la declaración del estado de alarma y de las prórrogas del mismo, un Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo así como en el ámbito de los Juzgados de lo mercantil con la finalidad de contribuir al objetivo de una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis.

Asimismo ha manifestado que esta pendiente la voluntad de aprobar un Real Decreto que comprenderá diferentes áreas, partiendo desde el consenso pero en todo caso teniendo en cuanta los requisitos de extraordinaria necesidad que exige la CE., ampliando la actuación telemática de todos los puestos de trabajo de la administración de justicia (teletrabajo), volviendo a manifestar que se está trabajando en una modificación de la ley Procesal Penal así como del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Por parte de la Unión Progresista de Fiscales se han expuesto como medidas fundamentales:

La imprescindible derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal toda vez que, una vez que se reactiven los plazos procesales, va a ser más difícil el control los plazos de instrucción previstos en ese precepto y mayor el riesgo de impunidad. En este punto, y por parte del Ministro ha manifestado que ya existe una tramitación legislativa para su derogación. Desde la UPF hemos de lamentar este posicionamiento dado que la derogación del artículo 324 de la Lecrim era ya urgente con anterioridad a esta pandemia, y sus efectos se han visto, y se verán en el futuro con el archivo de múltiples causas (muchas de ellas de corrupción), ante la imposibilidad de control de los plazos por parte de las/los fiscales.

Se ha insistido en la necesidad de proveer de equipos de protección sanitaria para el desarrollo de nuestro trabajo, tanto mascarillas, guantes como hidrogeles, así como implantar medidas que permitan ejercer nuestro trabajo en condiciones de seguridad y atendiendo a las recomendaciones sanitarias. En este aspecto consideramos que es obligación del Ministerio de Justicia, garantizar que todas las personas que trabajamos en la Administración de Justicia, así como todas aquellas personas que acudan a los Juzgados y Fiscalías de toda España, lo hagan en condiciones de seguridad y salubridad.

Se ha solicitado la revisión al alza los porcentajes de dotaciones presenciales recogidas en el anexo de la resolución de 13 de abril del M. de Justicia siempre respetando las recomendaciones sanitarias a fin de garantizar la salud del personal de la administración de justicia y de los usuarios y garantizando la distancia de seguridad aconsejable Impulsar la modificación del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, en lo relativo a las notificaciones electrónicas al Ministerio Fiscal, a fin de que la fecha de recepción de los actos de comunicación que se practiquen al Ministerio Fiscal por medios electrónicos coincida con el momento en que la/el fiscal asignado lo tenga a su disposición y que hasta el 31/12/2020 la fecha de recepción no pueda ser superior a diez días naturales desde su descarga automática en la oficina, así como una racionalización de las notificaciones que se envían al Ministerio Fiscal.

Dadas las circunstancias se hace necesario que todas las jurisdicciones habiliten el mes de agosto para la práctica generalizada de actuaciones. Ello determinaría que la distribución de las vacaciones entre los/las Fiscales fuera equitativa para que en todos los meses de verano existiera un número suficiente de profesionales para atender a todos los señalamientos y demás actuaciones. Tanto la tramitación escrita como las actuaciones orales deberían seguir el mismo ritmo optimizado a consecuencia de la coordinación referida, en todo lo que queda de año a fin de dar salida a la acumulación registrada a consecuencia de la pandemia.

En último lugar desde la Unión Progresista de Fiscales hemos ofrecido nuestra más absoluta colaboración para ayudar en todo aquello que sea necesario para adoptar medidas para salir de esta crisis en beneficio de toda la carrera, así como de las personas que acuden a la Administración de Justicia.

Madrid a 22 de Abril de 2020.

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Comunicado reunión con la Fiscal General de 21 de Abril de 2020

En el día de hoy se ha mantenido por parte de la Fiscal General del Estado una reunión con los representantes de las Asociaciones de Fiscales en la que de manera telemática se no han expuesto, en la que también se encontraban presentes el Fiscal Jefe de la Unidad de Apoyo, el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, el Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica, así como miembros de la Unidad de Apoyo.

En dicha reunión se no ha expuesto por parte de la Fiscal General sus planes de actuación y las medidas insistiendo en que se ha activado un nuevo sistema organizativo que se va a proyectar en el futuro, con actuaciones dinámicas y flexibles, emitiendo decreto generales y transversales que permitan, ayuden y contribuyan a la adaptación por parte de los respectivos Fiscales Jefes a las circunstancias personales y materiales de cada fiscalía.

Por parte de la Unión Progresista de Fiscales se han expuesto como medidas fundamentales:

La imprescindible derogación del artículo 324 de la Lecrim, entendido que en este momento, y dada la situación actual una vez se reactiven los plazos, se producirá una situación de imposibilidad de control, con circunstancias que pueden generar impunidad.

Se ha insistido en la necesidad de proveer de equipos de protección sanitaria, para el desarrollo de nuestro trabajo, tanto mascarillas, guantes como hidrogeles, así como implantar medidas que permitan ejercer nuestro trabajo en condiciones de seguridad y atendiendo a las recomendaciones sanitarias.

Se ha solicitado la revisión al alza los porcentajes de dotaciones presenciales recogidas en el anexo de la resolución de 13 de abril del M. de Justicia siempre respetando las recomendaciones sanitarias a fin de garantizar la salud del personal de la administración de justicia y de los usuarios y garantizando la distancia de seguridad aconsejable Impulsar la modificación del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, en lo relativo a las notificaciones electrónicas al Ministerio Fiscal, a fin de que la fecha de recepción de los actos de comunicación que se practiquen al Ministerio Fiscal por medios electrónicos sea el momento en que el fiscal asignado lo tenga a su disposición y que hasta el 31/12/2020 la fecha de recepción no pueda ser superior a diez días naturales desde su descarga automática en la oficina, así como una racionalización de las notificaciones que se envían al Ministerio Fiscal.

En concordancia con el criterio 8.ii del apartado QUINTO del Decreto de la FGE de 15 de abril en el que se prevé que se evitará cualquier tipo de actividad presencial de “[l]as/los fiscales con necesidades de conciliación de la vida personal y familiar suficientemente acreditada por tener a su cargo menores de edad o mayores dependientes y se vean afectadas/os por el cierre de centros educativos, de mayores o de atención especializada”, podría hacerse una distribución de trabajo de manera que ,en las semanas en la que se prevé que la actividad escolar y de los centros de asistencia y de apoyo no se haya retomado, las actuaciones presenciales sean atendidas por los fiscales que no tengan esas responsabilidades o no tengan posibilidades de atenderlas sin perjuicio de los derechos de las personas afectadas, compensando esa atención con una mayor participación de los primeros en actuaciones que se puedan despachar a distancia y que no requieran asistencia presencial y, ello, sin perjuicio de que a estos compañeros y compañeras se le dé prioridad para disfrutar de sus vacaciones durante esas fechas escolares con la actividad suspendida a consecuencia del COVID 19

Asimismo hemos indicado que se han registrado situaciones difícilmente asumibles dado que no se está procediendo al nombramiento de sustitutos externos para cubrir bajas y licencias; la situación es grave en algunas fiscalías y se agravará de cara a la reactivación de la tramitación procesal por lo que interesamos que se proceda al nombramiento de sustitutos no sólo para tales casos y que se potencien las sustituciones internas y externas como medida para abordar la situación a la que hemos sido abocados por la pandemia y las necesarias medidas acordadas

Por parte de la Fiscal General una vez escuchadas a todas las asociaciones, nos ha manifestado que la reincorporación se hará de forma escalonada, de acuerdo con las recomendaciones sanitarias y primando siempre la seguridad de Fiscales, funcionarios y otros profesionales y de los usuarios. Ha manifestado su apoyo a la mayoría de nuestras propuestas, manifestando que en los próximos días se recibirían nuevos equipos de protección en las diferentes sedes de las Fiscalías.

También ha indicado en cuanto a los alumnos de la 58ª promoción, se ha acordado junto con ellos, realizar un periodo de prácticas de cuatro semanas presenciales, una vez se alza el estado de alarma, tras el cual se realizará un concurso restringido para ellos.

En último lugar desde la Unión Progresista de Fiscales hemos ofrecido nuestra más absoluta colaboración para ayudar en todo aquello que sea necesario para adoptar medidas para salir de esta crisis en beneficio de todos los compañeros, así como de las personas que acuden a la Administración de Justicia.

Madrid a 21 de Abril de 2020.

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

COMUNICADO EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, AMPARANDO LAS DEVOLUCIONES EN CALIENTE

La sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de fecha 13 de Febrero de 2020, supone un brutal retroceso en el reconocimiento de los derechos humanos de los migrantes, así como una ostensible disminución de la protección y tutela que este mismo Tribunal tenía reconocida a estas personas en situación de vulnerabilidad.

La interpretación que realiza la Gran Sala, para apreciar que no ha existido violación, al considerar que dichas personas se colocan deliberadamente en una situación ilegal, al no hacer uso de las vías legales de acceso, conlleva como primera consecuencia el despojo de los derechos inherentes que toda persona tiene por el mero hecho de serlo. Derechos reconocidos en el art. 4 del Protocolo nº 4 (sobre prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros) y del art. 13, (sobre el derecho a un recurso efectivo), ambos, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la propia jurisprudencia constante de dicho tribunal.

Precisamente los hechos objeto del fallo, (la devolución en caliente de dos migrantes africanos que saltaron la valla de Melilla en 2014), determinaron la condena de España por sentencia de este tribunal de fecha 3 de octubre de 2017, por vulneración de los preceptos citados.

 La sentencia parte de la premisa, errónea y equivocada, que la decisión, por parte de la persona migrante, de no hacer uso de las vías legales, es deliberada. Sin embargo, la tozuda realidad se impone, demostrando que esas vías legales (oficinas de asilo en el paso fronterizo, representaciones diplomáticas y consulares en sus países de origen) suponen un mayor obstáculo que las alambradas, por su inexistencia o inoperancia y masificación.

En cualquier caso, dicha interpretación permite que personas a las que se les pudiera reconocer el derecho de asilo, sean despojadas del mismo, acordándose la expulsión sin resolución administrativa, sin ser identificadas, oídas sobre sus circunstancias personales, sin ser informadas de los derechos que les asisten y los procedimientos que les amparan. 

Los denominados “rechazos en frontera” introducidos por la disposición final primera de la Ley de Seguridad Ciudadana sitúan a las personas al margen de las garantías y procedimientos establecidos y vulneran el derecho a la dignidad y los derechos que les son inherentes, tal y como reconoce el art. 10 de la C.E., por lo que deben ser expulsados de nuestro ordenamiento jurídico.

Madrid a 15 de Febrero de 2020

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

COMUNICADO UPF

El 13 de diciembre de 2019, nuestro compañero Álvaro Garcia Ortiz (ex presidente de la UPF, vocal del Consejo Fiscal y Fiscal Delegado de Medioambiente de Galicia) participó en nombre de la Union Progresista de Fiscales en la mesa redonda “Unha Galicia sostenible”, organizada por el Partido Socialista de Galicia, junto a la presidenta de ADIF y los catedráticos de Política Económica y Ecología de la Universidad de Vigo. En ella, se trató la problemática de los incendios forestales en esa comunidad autónoma y se formularon diversas propuestas de mejora para el servicio público de la Justicia.

Ante los artículos publicados recientemente por varios medios de comunicación, las manifestaciones vertidas por el portavoz de un partido político y, en especial, tras las declaraciones realizadas por el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, , la Unión Progresista de Fiscales quiere poner de manifiesto lo siguiente:

Primero: Como reconoce nuestro ordenamiento jurídico español, la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo de Europa, las y los miembros del Ministerio Fiscal tienen  derecho efectivo a la libertad de expresión, de creencias, de asociación y de reunión. Y especialmente, tienen derecho a tomar parte en cualquier debate público que verse sobre derecho y administración de justicia, así como sobre promoción o protección de los derechos humanos.  Sin que, por tanto, puedan ser señalados por ejercer sus derechos constitucionales ni puedan sufrir impedimento en el desarrollo de su carrera profesional.

Segundo: Lamentamos que el vicepresidente ejecutivo de la Xunta de Galicia se convierta en censor de las actividades de los fiscales. Queremos resaltar que, como miembro del Gobierno de Galicia, el Sr. Rueda no es quién para pedir explicaciones sobre la actuación de un fiscal en el legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y reunión, así como al libre y pleno desarrollo de su derecho asociativo como integrante de la carrera fiscal.

Tercero. La única instancia que, en su caso, podría pedir algún tipo de explicación a nuestro compañero es la propia Fiscalía General del Estado, a través de la Inspección Fiscal, único órgano con capacidad de limitar o sancionar las conductas de los fiscales. Esta institución, que fue consultada previamente, no puso reparo alguno a la participación de nuestro compañero en dicho acto.

Cuarto: Ejercer la censura desde su posición institucional, como hace el vicepresidente gallego, por el hecho de participar en una mesa redonda que parece no ser de su agrado, sí supone una intromisión inaceptable que cuestiona la contrastada profesionalidad de este fiscal y dice mucho de su concepción del Estado de derecho, en que el ejercicio de la libertad de expresión parece solamente limitado a quienes no siguen sumisamente sus dictados, argumentos y razonamientos políticos.

Quinto: La UPF comparte todo su potencial humano e intelectual al servicio del progreso social. No es la primera ni será la última vez que nuestros asociados participen y colaboren en cuantas acciones requieran de nuestra experiencia, propuestas y convicciones sobre el perfeccionamiento de la administración de Justicia, la defensa y plena realización de los derechos y libertades de la ciudadanía y la promoción del interés social. 

Madrid, a 18 de diciembre de 2019

Secretariado Permanente de la UPF

MANIFIESTO DE LA UPF EN EL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Con motivo del DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, la UPF quiere recordar a las 1027 mujeres que desde el año 2003 han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas, 51 de las cuales lo han sido a lo largo de este año, y a todas aquellas que fueron asesinadas en otros ámbitos a manos de hombres por el simple hecho de ser mujer. Queremos solidarizarnos con sus hijas e hijos y con los familiares que sufren cada día su pérdida y dar nuestra mano a todas las mujeres y niñas que están sufriendo cualquier clase de violencia fisca, psicológica, sexual o económica, en cualquier esfera de sus vidas.
Animamos a toda la sociedad a que manifieste su intolerancia más absoluta a la violencia de género y su rechazo hacia el maltratador; a que reaccione activamente ante cualquiera de estos actos, apoyando a las víctimas y denunciando estos hechos que son, siempre y sin excepción, un grave atentado a los derechos humanos.
Reconocemos el trabajo de las asociaciones de mujeres y demás organizaciones de la sociedad civil siempre en alerta y al lado de las mujeres y de sus hijos e hijas, e instamos a las administraciones, instituciones y organismos implicados en la lucha contra la violencia de género para que no den un paso atrás y sigan impulsando las medidas necesarias para su erradicación y para seguir avanzando hasta conseguir la igualdad absoluta entre hombres y mujeres. A que reaccionen activamente frente a esos posicionamientos ideológicos contrarios a los derechos de las mujeres, negacionistas de la incontestable existencia de la violencia que sufren las mujeres por el sólo hecho de serlo, y que aborden una estrategia que permita de forma efectiva contrarrestar ese fenómeno para, no solo impedir que se retroceda en el avance iniciado hace ya más de 15 años, sino también que se garantice ese progreso mejorando la actuación en prevención, protección, recuperación y reparación de las víctimas, y en la investigación y sanción de los actos violentos que, insistimos, son un atentado a la vida, a la seguridad, a la libertad, y la dignidad de las mujeres y un obstáculo para el desarrollo de una sociedad democrática.
La UPF permanecerá siempre vigilante y actuará con conciencia crítica ante cualquier actuación que pueda perjudicar a las mujeres víctimas en su protección y apoyo, o que suponga un retroceso o impedimento en la investigación o sanción de los actos violentos o, por supuesto y muy especialmente, en la prevención que, como verdadero factor de protección, está fuertemente vinculado a la educación y a la formación en igualdad y respeto desde las más tempranas edades.
Madrid, 25 de noviembre de 2019
El Secretariado

COMUNICADO EN DEFENSA DEL DERECHO DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA CARRERA FISCAL

En el comunicado institucional emitido tras la última reunión del Consejo Fiscal celebrada el pasado jueves 14 de noviembre se hace constar que los Vocales electos a propuesta de la Asociación de Fiscales, representantes también de todos los compañeros y compañeras de la carrera fiscal, preguntaron a la Fiscal General del Estado si había llevado a cabo alguna actuación respecto de un compañero por dos mensajes que había publicado recientemente en la red social Twitter y que, en caso contrario, la Inspección Fiscal adoptase las medidas oportunas al entender que esos “tuits” podían poner en entredicho la honradez profesional de los Fiscales y Magistrados que intervinieron en el juicio del “procés” y la propia imparcialidad de la Administración de Justicia.
Desde la Unión Progresista de Fiscales asistimos atónitos a esta afirmación realizada por quienes en lugar de actuar como representantes de todos los Fiscales, parecen erigirse en inquisidores que denuncian formalmente a un compañero e instan la incoación de un expediente disciplinario por la publicación de unos comentarios en Twitter, en relación con la acusación formulada por el Ministerio Fiscal en el juicio del “procés” y con anterioridad a la notificación de la sentencias del Tribunal Supremo.
Sin entrar a valorar el contenido de unos comentarios privados realizados en una red social, nos parece inaudito y digno de censura el señalamiento y denuncia a quien no comparte las ideas, argumentos o posicionamientos jurídicos de otros y así lo crítica públicamente. Trasladar a la carrera fiscal este clima de crispación social contribuye a proyectar una imagen equivocada del Ministerio Fiscal, donde el pleno reconocimiento al trabajo de los y las compañeras debe conjugarse con los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución –también a los fiscales- y, muy singularmente, con la libertad de expresión. Madrid, a 20 de Noviembre de 2019 El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales.