DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

por UPF | 26 noviembre, 2020 | Comunicados UPF, General

COMUNICADO ANTEPROYECTO LEY MEMORIA DEMOCRÁTICA

por UPF | 19 septiembre, 2020 | Comunicados UPF, General

CIERRE DE PROSTÍBULOS Y ABOLICIÓN DE LA PROSTITUCIÓN

por UPF | 23 agosto, 2020 | Comunicados UPF, General

Con motivo de la pandemia y de la expansión del virus algunas Comunidades Autónomas han
acordado el cierre de los prostíbulos, medida que sin lugar a duda aplaudimos e interesamos se
haga extensiva a todo el territorio nacional; no obstante, no se puede desconocer que con el
cierre de los prostíbulos crece exponencialmente la vulnerabilidad de las mujeres por lo que, sin
perjuicio de la necesidad de la concreta actuación legislativa a la que haremos referencia a
continuación, entendemos que el cierre de los prostíbulos debe venir acompañado de aquellas
otras medidas de seguridad y de carácter asistencial que sean precisas para proteger a las
mujeres y niñas prostituidas ante esta situación.
Al margen de la excepcionalidad que supone la crisis sanitaria a la que nos enfrentamos, la UPF
exige al Gobierno en general y al Ministerio de Igualdad en particular, que se pongan en marcha
inmediatamente los trámites legislativos para promulgar una ley integral contra la Trata y la
explotación sexual y las normas que resulten precisas para abolir la prostitución.
No podemos olvidar que la mayoría de las personas que se encuentran en situación de
prostitución son mujeres y niñas (la prostitución masculina es residual) que viven en contextos
de pobreza; en muchas ocasiones son migrantes o de diversas razas o nacionalidades por lo que
sufren múltiples discriminaciones.
La prostitución, que es una práctica vinculada con la trata y con la pobreza, determina que las
mujeres, lejos de ser consideradas como sujetos con derechos, sean representadas
socioculturalmente como un objeto a disposición de otros para satisfacer sus deseos. Es una
forma de esclavitud que tiene su origen en las desigualdades sociales y ha de ser entendida
como una manifestación más de “violencia sexual”.
La ausencia de regulación se erige en aceptación y contribuye a la normalización del acceso de
los hombres al cuerpo de la mujer a cambio de dinero u otra prestación. Su prohibición, además
de los efectos positivos comprobados en aquellos países en los que así se ha regulado, producirá
un efecto socio-pedagógico importantísimo contribuyendo al cambio de mentalidad de la
sociedad en su conjunto y al rechazo definitivo de uno de los atentados más graves a la igual
dignidad de las mujeres.

Madrid a 22 de agosto de 2020.
El secretariado Permanente

Comunicada sobre reanudación actividad judicial

por UPF | 02 mayo, 2020 | Comunicados UPF, General

Ante la situación generada por la pandemia del Covid-19 y las instrucciones de reanudación de la actividad judicial, la Unión Progresista de Fiscales manifiesta su más absoluta preocupación ante ciertas medidas que se empiezan a tomar y que podrían no garantizar la seguridad y la salud, no solo de la carrera fiscal, sino de cuantas personas profesionales y usuarias de la justicia deban acudir a las dependencias de las distintas fiscalías y órganos judiciales.

Por eso interesamos que la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial exijan a las administraciones competentes que garanticen las medidas de higiene y salubridad que nos permitan ejercer nuestra función constitucional en condiciones dignas y con plenas garantías, suministrando los equipos de protección personal que sean necesarios y las medidas de seguridad necesarias en todas las instalaciones judiciales y salas de vistas.

Madrid a 30 de abril de 2020

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Comunicado tras reunión con el Ministro de Justicia de 22 de Abril de 2020

por UPF | 23 abril, 2020 | Comunicados UPF, General

En el día de hoy se ha mantenido por parte del Ministro de Justicia una reunión en la que también se encontraban presentes Francisco de Borja Vargues, secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Concepción López Yuste, directora general para el Servicio Público de Justicia con las representaciones de las asociaciones de fiscales, representada la Unión Progresista de Fiscales por nuestra presidenta Teresa Peramato.

En primer lugar, agradecer que por parte del Ministro de Justicia, haya querido exponer su plan de actuación, sin perjuicio de reiterar lo ya manifestado en nuestro comunicado, en este momento es imprescindible escuchar a todos los operadores jurídicos, porque solo de una manera conjunta, y con la participación de todos, saldremos de esta crisis.

Por parte del Ministro de Justicia ha manifestado, se ha recordado que de conformidad con la disposición adicional decimonovena del Real Decreto Ley 11/2018 se aprobará a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo máximo de 15 días una vez se haya dejado sin efecto la declaración del estado de alarma y de las prórrogas del mismo, un Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo así como en el ámbito de los Juzgados de lo mercantil con la finalidad de contribuir al objetivo de una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis.

Asimismo ha manifestado que esta pendiente la voluntad de aprobar un Real Decreto que comprenderá diferentes áreas, partiendo desde el consenso pero en todo caso teniendo en cuanta los requisitos de extraordinaria necesidad que exige la CE., ampliando la actuación telemática de todos los puestos de trabajo de la administración de justicia (teletrabajo), volviendo a manifestar que se está trabajando en una modificación de la ley Procesal Penal así como del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Por parte de la Unión Progresista de Fiscales se han expuesto como medidas fundamentales:

La imprescindible derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal toda vez que, una vez que se reactiven los plazos procesales, va a ser más difícil el control los plazos de instrucción previstos en ese precepto y mayor el riesgo de impunidad. En este punto, y por parte del Ministro ha manifestado que ya existe una tramitación legislativa para su derogación. Desde la UPF hemos de lamentar este posicionamiento dado que la derogación del artículo 324 de la Lecrim era ya urgente con anterioridad a esta pandemia, y sus efectos se han visto, y se verán en el futuro con el archivo de múltiples causas (muchas de ellas de corrupción), ante la imposibilidad de control de los plazos por parte de las/los fiscales.

Se ha insistido en la necesidad de proveer de equipos de protección sanitaria para el desarrollo de nuestro trabajo, tanto mascarillas, guantes como hidrogeles, así como implantar medidas que permitan ejercer nuestro trabajo en condiciones de seguridad y atendiendo a las recomendaciones sanitarias. En este aspecto consideramos que es obligación del Ministerio de Justicia, garantizar que todas las personas que trabajamos en la Administración de Justicia, así como todas aquellas personas que acudan a los Juzgados y Fiscalías de toda España, lo hagan en condiciones de seguridad y salubridad.

Se ha solicitado la revisión al alza los porcentajes de dotaciones presenciales recogidas en el anexo de la resolución de 13 de abril del M. de Justicia siempre respetando las recomendaciones sanitarias a fin de garantizar la salud del personal de la administración de justicia y de los usuarios y garantizando la distancia de seguridad aconsejable Impulsar la modificación del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, en lo relativo a las notificaciones electrónicas al Ministerio Fiscal, a fin de que la fecha de recepción de los actos de comunicación que se practiquen al Ministerio Fiscal por medios electrónicos coincida con el momento en que la/el fiscal asignado lo tenga a su disposición y que hasta el 31/12/2020 la fecha de recepción no pueda ser superior a diez días naturales desde su descarga automática en la oficina, así como una racionalización de las notificaciones que se envían al Ministerio Fiscal.

Dadas las circunstancias se hace necesario que todas las jurisdicciones habiliten el mes de agosto para la práctica generalizada de actuaciones. Ello determinaría que la distribución de las vacaciones entre los/las Fiscales fuera equitativa para que en todos los meses de verano existiera un número suficiente de profesionales para atender a todos los señalamientos y demás actuaciones. Tanto la tramitación escrita como las actuaciones orales deberían seguir el mismo ritmo optimizado a consecuencia de la coordinación referida, en todo lo que queda de año a fin de dar salida a la acumulación registrada a consecuencia de la pandemia.

En último lugar desde la Unión Progresista de Fiscales hemos ofrecido nuestra más absoluta colaboración para ayudar en todo aquello que sea necesario para adoptar medidas para salir de esta crisis en beneficio de toda la carrera, así como de las personas que acuden a la Administración de Justicia.

Madrid a 22 de Abril de 2020.

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

Comunicado reunión con la Fiscal General de 21 de Abril de 2020

por UPF | 23 abril, 2020 | Comunicados UPF, General

En el día de hoy se ha mantenido por parte de la Fiscal General del Estado una reunión con los representantes de las Asociaciones de Fiscales en la que de manera telemática se no han expuesto, en la que también se encontraban presentes el Fiscal Jefe de la Unidad de Apoyo, el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, el Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica, así como miembros de la Unidad de Apoyo.

En dicha reunión se no ha expuesto por parte de la Fiscal General sus planes de actuación y las medidas insistiendo en que se ha activado un nuevo sistema organizativo que se va a proyectar en el futuro, con actuaciones dinámicas y flexibles, emitiendo decreto generales y transversales que permitan, ayuden y contribuyan a la adaptación por parte de los respectivos Fiscales Jefes a las circunstancias personales y materiales de cada fiscalía.

Por parte de la Unión Progresista de Fiscales se han expuesto como medidas fundamentales:

La imprescindible derogación del artículo 324 de la Lecrim, entendido que en este momento, y dada la situación actual una vez se reactiven los plazos, se producirá una situación de imposibilidad de control, con circunstancias que pueden generar impunidad.

Se ha insistido en la necesidad de proveer de equipos de protección sanitaria, para el desarrollo de nuestro trabajo, tanto mascarillas, guantes como hidrogeles, así como implantar medidas que permitan ejercer nuestro trabajo en condiciones de seguridad y atendiendo a las recomendaciones sanitarias.

Se ha solicitado la revisión al alza los porcentajes de dotaciones presenciales recogidas en el anexo de la resolución de 13 de abril del M. de Justicia siempre respetando las recomendaciones sanitarias a fin de garantizar la salud del personal de la administración de justicia y de los usuarios y garantizando la distancia de seguridad aconsejable Impulsar la modificación del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, en lo relativo a las notificaciones electrónicas al Ministerio Fiscal, a fin de que la fecha de recepción de los actos de comunicación que se practiquen al Ministerio Fiscal por medios electrónicos sea el momento en que el fiscal asignado lo tenga a su disposición y que hasta el 31/12/2020 la fecha de recepción no pueda ser superior a diez días naturales desde su descarga automática en la oficina, así como una racionalización de las notificaciones que se envían al Ministerio Fiscal.

En concordancia con el criterio 8.ii del apartado QUINTO del Decreto de la FGE de 15 de abril en el que se prevé que se evitará cualquier tipo de actividad presencial de “[l]as/los fiscales con necesidades de conciliación de la vida personal y familiar suficientemente acreditada por tener a su cargo menores de edad o mayores dependientes y se vean afectadas/os por el cierre de centros educativos, de mayores o de atención especializada”, podría hacerse una distribución de trabajo de manera que ,en las semanas en la que se prevé que la actividad escolar y de los centros de asistencia y de apoyo no se haya retomado, las actuaciones presenciales sean atendidas por los fiscales que no tengan esas responsabilidades o no tengan posibilidades de atenderlas sin perjuicio de los derechos de las personas afectadas, compensando esa atención con una mayor participación de los primeros en actuaciones que se puedan despachar a distancia y que no requieran asistencia presencial y, ello, sin perjuicio de que a estos compañeros y compañeras se le dé prioridad para disfrutar de sus vacaciones durante esas fechas escolares con la actividad suspendida a consecuencia del COVID 19

Asimismo hemos indicado que se han registrado situaciones difícilmente asumibles dado que no se está procediendo al nombramiento de sustitutos externos para cubrir bajas y licencias; la situación es grave en algunas fiscalías y se agravará de cara a la reactivación de la tramitación procesal por lo que interesamos que se proceda al nombramiento de sustitutos no sólo para tales casos y que se potencien las sustituciones internas y externas como medida para abordar la situación a la que hemos sido abocados por la pandemia y las necesarias medidas acordadas

Por parte de la Fiscal General una vez escuchadas a todas las asociaciones, nos ha manifestado que la reincorporación se hará de forma escalonada, de acuerdo con las recomendaciones sanitarias y primando siempre la seguridad de Fiscales, funcionarios y otros profesionales y de los usuarios. Ha manifestado su apoyo a la mayoría de nuestras propuestas, manifestando que en los próximos días se recibirían nuevos equipos de protección en las diferentes sedes de las Fiscalías.

También ha indicado en cuanto a los alumnos de la 58ª promoción, se ha acordado junto con ellos, realizar un periodo de prácticas de cuatro semanas presenciales, una vez se alza el estado de alarma, tras el cual se realizará un concurso restringido para ellos.

En último lugar desde la Unión Progresista de Fiscales hemos ofrecido nuestra más absoluta colaboración para ayudar en todo aquello que sea necesario para adoptar medidas para salir de esta crisis en beneficio de todos los compañeros, así como de las personas que acuden a la Administración de Justicia.

Madrid a 21 de Abril de 2020.

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

COMUNICADO EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, AMPARANDO LAS DEVOLUCIONES EN CALIENTE

por UPF | 17 febrero, 2020 | Comunicados UPF, General

La sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de fecha 13 de Febrero de 2020, supone un brutal retroceso en el reconocimiento de los derechos humanos de los migrantes, así como una ostensible disminución de la protección y tutela que este mismo Tribunal tenía reconocida a estas personas en situación de vulnerabilidad.

La interpretación que realiza la Gran Sala, para apreciar que no ha existido violación, al considerar que dichas personas se colocan deliberadamente en una situación ilegal, al no hacer uso de las vías legales de acceso, conlleva como primera consecuencia el despojo de los derechos inherentes que toda persona tiene por el mero hecho de serlo. Derechos reconocidos en el art. 4 del Protocolo nº 4 (sobre prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros) y del art. 13, (sobre el derecho a un recurso efectivo), ambos, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la propia jurisprudencia constante de dicho tribunal.

Precisamente los hechos objeto del fallo, (la devolución en caliente de dos migrantes africanos que saltaron la valla de Melilla en 2014), determinaron la condena de España por sentencia de este tribunal de fecha 3 de octubre de 2017, por vulneración de los preceptos citados.

 La sentencia parte de la premisa, errónea y equivocada, que la decisión, por parte de la persona migrante, de no hacer uso de las vías legales, es deliberada. Sin embargo, la tozuda realidad se impone, demostrando que esas vías legales (oficinas de asilo en el paso fronterizo, representaciones diplomáticas y consulares en sus países de origen) suponen un mayor obstáculo que las alambradas, por su inexistencia o inoperancia y masificación.

En cualquier caso, dicha interpretación permite que personas a las que se les pudiera reconocer el derecho de asilo, sean despojadas del mismo, acordándose la expulsión sin resolución administrativa, sin ser identificadas, oídas sobre sus circunstancias personales, sin ser informadas de los derechos que les asisten y los procedimientos que les amparan. 

Los denominados “rechazos en frontera” introducidos por la disposición final primera de la Ley de Seguridad Ciudadana sitúan a las personas al margen de las garantías y procedimientos establecidos y vulneran el derecho a la dignidad y los derechos que les son inherentes, tal y como reconoce el art. 10 de la C.E., por lo que deben ser expulsados de nuestro ordenamiento jurídico.

Madrid a 15 de Febrero de 2020

El Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales

COMUNICADO UPF

por UPF | 18 diciembre, 2019 | Comunicados UPF, General

El 13 de diciembre de 2019, nuestro compañero Álvaro Garcia Ortiz (ex presidente de la UPF, vocal del Consejo Fiscal y Fiscal Delegado de Medioambiente de Galicia) participó en nombre de la Union Progresista de Fiscales en la mesa redonda “Unha Galicia sostenible”, organizada por el Partido Socialista de Galicia, junto a la presidenta de ADIF y los catedráticos de Política Económica y Ecología de la Universidad de Vigo. En ella, se trató la problemática de los incendios forestales en esa comunidad autónoma y se formularon diversas propuestas de mejora para el servicio público de la Justicia.

Ante los artículos publicados recientemente por varios medios de comunicación, las manifestaciones vertidas por el portavoz de un partido político y, en especial, tras las declaraciones realizadas por el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, , la Unión Progresista de Fiscales quiere poner de manifiesto lo siguiente:

Primero: Como reconoce nuestro ordenamiento jurídico español, la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo de Europa, las y los miembros del Ministerio Fiscal tienen  derecho efectivo a la libertad de expresión, de creencias, de asociación y de reunión. Y especialmente, tienen derecho a tomar parte en cualquier debate público que verse sobre derecho y administración de justicia, así como sobre promoción o protección de los derechos humanos.  Sin que, por tanto, puedan ser señalados por ejercer sus derechos constitucionales ni puedan sufrir impedimento en el desarrollo de su carrera profesional.

Segundo: Lamentamos que el vicepresidente ejecutivo de la Xunta de Galicia se convierta en censor de las actividades de los fiscales. Queremos resaltar que, como miembro del Gobierno de Galicia, el Sr. Rueda no es quién para pedir explicaciones sobre la actuación de un fiscal en el legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y reunión, así como al libre y pleno desarrollo de su derecho asociativo como integrante de la carrera fiscal.

Tercero. La única instancia que, en su caso, podría pedir algún tipo de explicación a nuestro compañero es la propia Fiscalía General del Estado, a través de la Inspección Fiscal, único órgano con capacidad de limitar o sancionar las conductas de los fiscales. Esta institución, que fue consultada previamente, no puso reparo alguno a la participación de nuestro compañero en dicho acto.

Cuarto: Ejercer la censura desde su posición institucional, como hace el vicepresidente gallego, por el hecho de participar en una mesa redonda que parece no ser de su agrado, sí supone una intromisión inaceptable que cuestiona la contrastada profesionalidad de este fiscal y dice mucho de su concepción del Estado de derecho, en que el ejercicio de la libertad de expresión parece solamente limitado a quienes no siguen sumisamente sus dictados, argumentos y razonamientos políticos.

Quinto: La UPF comparte todo su potencial humano e intelectual al servicio del progreso social. No es la primera ni será la última vez que nuestros asociados participen y colaboren en cuantas acciones requieran de nuestra experiencia, propuestas y convicciones sobre el perfeccionamiento de la administración de Justicia, la defensa y plena realización de los derechos y libertades de la ciudadanía y la promoción del interés social. 

Madrid, a 18 de diciembre de 2019

Secretariado Permanente de la UPF

MANIFIESTO DE LA UPF EN EL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

por UPF | 26 noviembre, 2019 | Comunicados UPF, General

Con motivo del DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, la UPF quiere recordar a las 1027 mujeres que desde el año 2003 han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas, 51 de las cuales lo han sido a lo largo de este año, y a todas aquellas que fueron asesinadas en otros ámbitos a manos de hombres por el simple hecho de ser mujer. Queremos solidarizarnos con sus hijas e hijos y con los familiares que sufren cada día su pérdida y dar nuestra mano a todas las mujeres y niñas que están sufriendo cualquier clase de violencia fisca, psicológica, sexual o económica, en cualquier esfera de sus vidas.
Animamos a toda la sociedad a que manifieste su intolerancia más absoluta a la violencia de género y su rechazo hacia el maltratador; a que reaccione activamente ante cualquiera de estos actos, apoyando a las víctimas y denunciando estos hechos que son, siempre y sin excepción, un grave atentado a los derechos humanos.
Reconocemos el trabajo de las asociaciones de mujeres y demás organizaciones de la sociedad civil siempre en alerta y al lado de las mujeres y de sus hijos e hijas, e instamos a las administraciones, instituciones y organismos implicados en la lucha contra la violencia de género para que no den un paso atrás y sigan impulsando las medidas necesarias para su erradicación y para seguir avanzando hasta conseguir la igualdad absoluta entre hombres y mujeres. A que reaccionen activamente frente a esos posicionamientos ideológicos contrarios a los derechos de las mujeres, negacionistas de la incontestable existencia de la violencia que sufren las mujeres por el sólo hecho de serlo, y que aborden una estrategia que permita de forma efectiva contrarrestar ese fenómeno para, no solo impedir que se retroceda en el avance iniciado hace ya más de 15 años, sino también que se garantice ese progreso mejorando la actuación en prevención, protección, recuperación y reparación de las víctimas, y en la investigación y sanción de los actos violentos que, insistimos, son un atentado a la vida, a la seguridad, a la libertad, y la dignidad de las mujeres y un obstáculo para el desarrollo de una sociedad democrática.
La UPF permanecerá siempre vigilante y actuará con conciencia crítica ante cualquier actuación que pueda perjudicar a las mujeres víctimas en su protección y apoyo, o que suponga un retroceso o impedimento en la investigación o sanción de los actos violentos o, por supuesto y muy especialmente, en la prevención que, como verdadero factor de protección, está fuertemente vinculado a la educación y a la formación en igualdad y respeto desde las más tempranas edades.
Madrid, 25 de noviembre de 2019
El Secretariado