“El síndrome de Barrabás”

Por José Antonio Martín Pallín. Magistrado emérito del Tribunal Supremo. 

 

Tribuna EL PAIS. Mayo 2008. Celebradas las últimas elecciones generales, los demoscópicos, politólogos, analistas y sociólogos se pusieron a estudiar las cifras, datos, demarcaciones, tendencias y toda clase de componentes que sirvieran para explicar el resultado. Los estudios no pueden ser rigurosamente científicos, pero coincidían en detectar movimientos del llamado voto centrista hacia los espacios del Partido Popular y, a la vez, una movilización de la izquierda, temerosa de la llegada al poder de un programa basado en la negación de toda la política seguida por el Gobierno en la anterior legislatura. No hay mejor aval electoral que pasar de los juzgados a ser vitoreado por los vecinos

En esta apasionante tarea de descifrar a posteriori la voluntad de los ciudadanos, me llama especialmente la atención el voto escrutado en localidades salpicadas por los escándalos urbanísticos, no sólo como forma de hacer política, sino como hecho criminalizado que ha llevado a algún alcalde a la cárcel y a otros a enfrentarse a procedimientos penales no concluidos.

A mayor implicación judicial de los protagonistas, más votos para sus opiniones políticas. Parece que no existe mejor aval electoral que pasar, en olor de multitudes, por las dependencias judiciales y salir a hombros de sus enfervorizados convecinos, como Barrabás, según la versión cinematográfica de La Vida de Brian.

En todas estas ciudades existen grupos ciudadanos minoritarios que se han alzado contra la irreflexiva y destructora política de crecimiento urbano a costa de esquilmar el futuro y comprometer el presente. No importan las razones, la mayoría piensa que puede beneficiarse de parte del botín si en el delirio desarrollista los planes pasan por sus terrenos, en franca recesión agrícola. Como en el cuento de la lechera, se imaginan la llegada masiva de extranjeros y nacionales que poblarán las fantásticas viviendas, se abrirán comercios y el dinero se repartirá generosamente entre los agraciados. Si en la tarea alguno se lucra fraudulentamente y con grave quebranto de los valores cívicos que deben adornar a los representantes democráticamente elegidos, el debido reproche se amortiza con la bonanza prometida.

Los cuatro evangelistas no se pusieron de acuerdo sobre las verdaderas actividades de Barrabás, conspirador, sedicioso, homicida, bandolero, en todo caso, un preso famoso y conocido por todos los habitantes de Jerusalén. Congregados ante Pilatos exclamaron, sin el menor atisbo de duda, que soltasen a Barrabás y crucificasen a Jesús.

Creo que no basta con el ejemplo evangélico porque simplifica demasiado el preocupante fenómeno de exaltación del fraude y la ilegalidad. Algo más profundo está pasando en esos núcleos urbanos para que la racionalidad no se traduzca en un voto de repudio a los corruptos.

Por desidia o cálculo político, la autonomía municipal se ha proclamado, pero no se ha financiado. Por ello resulta tentadora la explotación urbanística del territorio para el enriquecimiento de unos pocos, la bonanza económica de la mayoría e incluso la mejora de los servicios municipales para todos. Cuando el valor añadido o el porcentaje de ganancia en relación con el costo es desproporcionado, los modernos Midas que tienen el poder de convertir en oro un secarral o un huerto, exigen que se les compense más allá de lo señalado o permitido por la ley.

Pocos partidos políticos se atreven a salir al paso de estos desmanes porque saben que cuando gobiernen tendrán que acudir a métodos parecidos para financiar las arcas municipales. El desarrollo es progreso y nadie quiere presentarse como un obstáculo para conseguir la Arcadia feliz que se dibuja en los planos y se ofrece en los discursos.

Merece la pena sacrificar el acceso inmediato al poder para hacer pedagogía. Los males han adquirido dimensiones y efectos que llegan más allá de nuestras fronteras. La Unión Europea, el Parlamento Europeo, los medios de comunicación extranjeros nos han colocado como un ejemplo del desatino y la irracionalidad, poniendo en peligro nuestra máxima industria, el turismo y sus derivados.

Adoptaríamos una postura elitista, si no somos capaces de acercarnos a esos ciudadanos, debatir con ellos y mostrarles alternativas más racionales, dignas y rentables.

Se puede y se debe ser incansable en explicar, una y otra vez, las ventajas del desarrollo sostenible. Se puede y se debe inculcar el sentimiento y el valor del entorno como bien preciado que viene de atrás y que se debe transmitir a las generaciones venideras. Se puede demostrar que los peligros de la incontinencia urbanística van más allá del daño territorial y ambiental. Su fulgurante creación de riqueza es caldo de cultivo para que se asienten grupos delictivos organizados con estructuras parecidas a las de la mafia.

Como decía Manuel Rivas en su columna de este periódico, el paisaje está harto de los depredadores y añadiría yo, de la inoperancia del sistema judicial. Solo falta que los jueces demos una respuesta justa y en tiempo razonable para que el rumbo se corrija y pueda abrirse paso el debate inteligente sin demagogias entre los dos modelos antagónicos que ahora se enfrentan.

“De pariente pobre a primita huerfana”

Susana Gispert Grifo. Fiscal 
Fiscalía Provincial de Valencia

Todos estamos cansados de oírlo y leerlo: la Justicia es el “pariente pobre” de los poderes del estado. Los medios son escasos y de poca calidad, los sueldos no dan de sí, la legislación es obsoleta en muchos casos y así hasta el infinito… y más allá, como diría el personaje de Disney.

Pero de todas estas carencias, parece que nos beneficiamos especialmente –qué gran privilegio- los miembros del Ministerio Fiscal. Muchas veces, gozamos de la más absoluta invisibilidad, paradójica con un Ministro que pertenece a la carrera, en los medios de comunicación y en cualquier foro público que se precie. Si atendemos a las noticias de prensa, son frecuentes las declaraciones de políticos que prometen o reclaman airados, según sea su posición en cada momento, la creación de más plazas de Jueces, de Secretarios Judiciales y de funcionarios. Y de Fiscales, nada. Como si no existiéramos, o como si entráramos en cualquiera de estas categorías sin merecer siquiera que se nos nombre.

No hay que negar que esa invisibilidad en ocasiones viene bien o, al menos resulta cómoda. Es el caso de los presuntos y tan aireados “errores judiciales”, en que pocas veces se nos achaca responsabilidad alguna en los medios. Pero esa comodidad no justifica el olvido de que tantas veces somos víctimas, ni mucho menos lo compensa. Si hay responsabilidad del Ministerio Fiscal, acabaremos pechando con ella, así que, poco se gana con esta postura.

Todos sabemos que la Ley Orgánica del Poder Judicial y nuestro propio Estatuto Orgánico nos equipara en posición, honores y tratamiento a Jueces y Magistrados, pero, a la hora de la verdad, poco de esto hay.

Y si como dice el refrán “de muestra vale un botón”, pensemos en las instalaciones con que contamos. En la flamante Ciudad de la Justicia de Valencia, los Fiscales contamos con unas instalaciones que dejan bastante que desear. La mayoría de nosotros, incluidos Delegados como los de Siniestralidad laboral, Medio Ambiente, Violencia Sobre la Mujer, Víctimas y Cooperación Internacional, así como el del Portavoz de la Fiscalía, comparten despacho con otro compañero, que sufre estoicamente las continuas visitas, en perjuicio de su propia concentración en el trabajo. Y al menos la mitad de nosotros, además de compartir despacho, tenemos que soportar que ese despacho que compartimos carezca por completo de luz natural. Y tenemos la inmensa suerte de poder disfrutar de una plaza de aparcamiento en el propio edificio un mes de cada cinco. Auténtico lujo asiático, porque los compañeros que están en los antiguos destacamentos –llámense ahora como se llamen, siguen exactos-, todavía están en peores condiciones, incluida una total falta de seguridad. Pero como somos invisibles, poca gente lo ve.

Sin embargo, a cualquiera le parece inimaginable que un Juez o Magistrado se vea obligado a compartir despacho, menos aún sin ventana, y tampoco a nadie le parecería digno ver en esta situación a un Secretario Judicial. Pero parece que en nuestro caso, es algo normal, incluso asumido por nosotros mismos, con argumentos tan peregrinos como comparaciones con situaciones anteriores en que había varios fiscales en una mesa larga, como si de una cena medieval se tratara.

Y cuando vas a un Juzgado a trabajar, la cosa no parece mejorar. Andas zascandileando de pie entre las mesas, suplicando en ocasiones una silla o un ordenador, o un funcionario que transcriba una calificación de un juicio rápido. O un rinconcito donde poder leer un atestado, o hablar con un Abogado. Y a veces, cuando entras en la Sala, te encuentras con que nadie ha previsto tu presencia y te entran a correprisa una silla que, con suerte, es igual a la del imputado. Y cuando el Juez dice muy pomposamente que aquí se encuentra el representante del Ministerio Fiscal, te miran con cara de asombro. Eso, por no hablar de las horas muertas que pasas en el Juzgado esperando a que lleguen el abogado, el intérprete, o quienquiera que falte, desperdiciando el tiempo mientras Juez y Secretario se sientan tan ricamente en sus respectivos despachos para adelantar sus asuntos –y muy bien que hacen, por cierto, ya quisiéramos-.

¿Y qué pasa si el Fiscal que iba a ir a un juicio se pone enfermo, o no ha llegado la notificación del señalamiento a tiempo, o cualquier otro contratiempo? Pues que como dicen que somos una institución, cualquiera vale, y el pobre al que le toca asumirlo, se va corriendo, y hace un juicio, o veinte, que no había preparado. Y todos tan contentos, porque se ha cubierto en expediente, sin más. Nadie se plantea que los Fiscales nos preparamos los juicios y que, si vamos sin prepararlos, lo hacemos obviamente peor, por más que se haya cubierto el expediente.

Y otro tanto con las vacaciones, en que nos sustituimos entre nosotros, estirándonos como el chicle, o de los permisos, o de la asistencia a cursos, y eso si las necesidades del servicio nos lo permiten, lo que no siempre ocurre.

Claro que, respecto de los cursos, al menos en lo referente a los que se realizan en el ámbito de la Comunidad Autónoma a la que pertenezco, pocos problemas se plantearán, por su escasez. A modo de ejemplo, en la programación de este año en la Comunidad Valenciana, los Fiscales tenemos previstos la nada despreciable cifra de un solo curso dirigido por un Fiscal, de duración de una jornada, y de otro, también de una jornada, codirigido por un Fiscal y un Secretario Judicial. Los Secretarios Judiciales tienen la suerte de tener uno más, y los Jueces, nada menos que trece, que además son cursos –es decir, al menos dos días de duración-, y no jornadas. Una de dos, o alguien tiene un problema con las matemáticas a la hora de repartir, o piensan que los Fiscales tenemos tanta formación que no nos hace falta saber más. Seguramente es eso.

Quede claro que lo que estoy contando se circunscribe al ámbito de mi Comunidad Autónoma, pero, por lo que he oído a compañeros de otros lugares, y siguiendo con el refranero popular “en todas partes cuecen habas, y en mi casa a calderadas”. No obstante, me encantaría que alguien contara que en su caso no ocurre, y se siente tratado como merece.

Pero no perdamos de vista que, a veces, parte de culpa es nuestra. Asumimos con resignación todas estas miserias, como asumimos que la responsabilidad de presidir una asociación o de pertenecer al Consejo Fiscal no sólo no suponga relevación de funciones sino que te veas obligado a asumir “créditos” con los compañeros, o a pedir que te hagan el favor de hacer un juicio o una guardia como si tú te marcharas de campo y playa.

Así que, alguna vez debe llegar el momento de plantarnos. Somos una institución constitucional que debe cumplir sus funciones con dignidad. Y como tal deberíamos comportarnos, y exigir las medidas necesarias para ello. La resignación no hace sino llevarnos a situaciones cada vez peores.

Así, si la Justicia es el “pariente pobre”, los Fiscales no parecemos más que una primita huérfana, y es por ello por lo que debemos insistir en reivindicar la dignidad de nuestra función, tan importante, pese a quien pese, en un Estado de Derecho.

 

“Derecho Represor Franquista”

Por Miguel Gutiérrez Carbonell. Fiscal jubilado.
Miembro de Comisión Cívica 
para Recuperación Memoria Hca. de Alicante

 

LA ILEGITIMIDAD DEL DERECHO REPRESOR FRANQUISTA

I.- INTRODUCCIÓN

En mi opinión tratar a nivel de divulgación la Ley Memoria Histórica (LMH), exige una previa exposición de “Derecho Represor Franquista”; se inició en 1936 y concluyó en 1975, con la muerte del Dictador, aunque sus coletazos aún SUPERVIVEN.
Por su importancia, y por exigencias del tiempo, voy a limitar mi exposición al periodo más significativo (1936-1945).
TRATARÉ LOS SIGUIENTES PUNTOS:
-LOS BANDOS DE DECLARACIÓN DE ESTADO DE GUERRA FRANQUISTAS (Especial referencia al del 28 de julio de 1936).
– El CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR APLICADO .
-EL DELITO DE REBELIÓN MILITAR.
-LA JURISDICCIÓN ESPECIAL MILITAR: EL PROCESO SUMARÍSIMO (LA AUSENCIA TOTAL DE GARANTÍAS).
-LA INCAUTACIÓN DE BIENES : LEY DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DE 1939.

II.- LA ILEGITIMIDAD, ABSOLUTA Y RADICAL, DEL DERECHO REPRESOR FRANQUISTA

En 1964, el servicio informativo oficial, publicó un libro titulado: “España Estado de Derecho. Réplica a un informe del a Comisión  Internacional de Juristas”, no figuran los autores. Consta de dos partes; la primera sobre la legalidad positiva (leyes aplicables….); la segunda, trata de justificar “la legitimidad jurídica del Nuevo Estado español, en su origen y el ejercicio del Poder”. Semejante empeño fue un esfuerzo tan baldío, como PATÉTICO. LA LEGALIDAD se refiere a la VALIDEZ FORMAL que  haya sido PROMULGADA por los órganos y el procedimiento establecidos. LA LEGITIMIDAD se refiere a la VALIDEZ MATERIAL, a la JUSTICIA intrínseca de la norma, tanto en el ORIGEN DEL PODER, como en el CONTENIDO de la misma.

No medimos la legitimidad con los criterios actuales de nuestra vigente constitución; pero si es lícito y correcto detectar las vulneraciones de ese derecho represor, comparándolo con el inmediatamente anterior, de la 2ª República y con los principios básicos y elementales, admitidos como conquistas de la civilización vigentes en la COMUNIDAD INTERNACIONAL.
En resumen: El Derecho represor franquista fue legal, pero , también fue absoluta y radicalmente ILEGÍTMO.
Esta falta de legitimidad del autollamado “NUEVO ESTADO”, puede centrarse en dos vertientes:
PRIMERA.- POR SU ORIGEN: fue el resultado de un “golpe militar; la sublevación (delito de rebelión militar) contra el Gobierno legítimo, democráticamente elegido de la República.
SEGUNDA.- EN EL EJERCICIO DEL PODER, con los estigmas propios de los regímenes fascistas:

  1. Concentración de Poderes en el Jefe del Estado (legislativo y ejecutivo). Supresión del Poder Judicial, pasa a ser Administración de Justicia. Falta de INDEPENDENCIA DE LOS JUECES.
  2. Negación de la soberanía nacional; predominio de la voluntad carismática del Dictador.
  3. ANULACIÓN DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO. (la llamada Democracia-orgánica). Supresión del sufragio universal. Supresión o limitación de los derechos ciudadanos y de las libertades públicas.
  4. Hipercrecimiento de la JURISDICCIÓN ESPECIAL MILITAR, desplazamiento de la ORDINARIA. Culto a los EJERCITOS .
  5. Exacerbación, cuantitativa y cualitativa, del DELITO POLÍTICO..
  6. EN SUMA: Creación de un amplio CLIMA DE INSEGURIDAD JURÍDICA ( en las leyes: gran margen de discreccionalidad y arbitrariedad, y en su aplicación: libre arbitrio judicial y administrativo)

III.- LOS BANDOS DE DECLARACIÓN DE ESTADO DE GUERRA FRANQUISTAS

El más conocido e importante de todos fue el del 18 de julio de 1936, publicado el 28 siguiente por la autodenominada Junta de Defensa Nacional del que nos ocuparemos con más detalle.
Pero antes de la citada fecha de publicación (28 de julio ) se dictaron los siguientes BANDOS de declaración de estado de guerra: El 8 de julio – Franco en Canarias y Tetuan. Saliquet en Valladolid.
El 18 de julio de 1936, en SEVILLA, QUEIPO LLANO, establece un peculiar BANDO:
“Cuantos por cualquier medio perturbaren la vida del territorio de esta División… serán juzgado en juicios sumarísimos y PASADOS POR LAS ARMAS”.
Con salvaje rotundidad , sin eufemismos retóricos, el mismo QUEIPO, en otro BANDO de 24 de julio siguiente dice:
“Cuando en cualquier localidad se compruebe actos de crueldad contra personas, SERÁN PASADAS POR LAS ARMAS, SIN FORMACIÓN DE CAUSA, LAS DIRECTIVAS DE LAS ORGANIZACIONES MARXISTAS O COMUNISTAS  que en el pueblo existan, y caso de NO DARSE CON TALES DIRECTIVOS, SERÁN EJECUTADOS UN NÚMERO DE IGUAL DE AFILIADOS ARBITRARIAMENTE ELEGIDOS”.
EN PAMPLONA, el 19 de julio, el general MOLA dice en su BANDO:
“los rebeldes serán juzgados en Consejo de Guerra sumarísimo, imponiendo a los responsables LA PENA DE MUERTE que será EJECUTADA ANTES DE LAS TRES HORAS”. “los órganos jurisdiccionales especiales conocerán de los delitos no comprendidos por las leyes militares que serán juzgados por Tribunales de urgencia en plazo no superior a las 48 horas”
EN GRANADA, el comandante militar BASILIO- LEÓN , el 21 de julio, establecer en otro peculiar Bando de guerra. “se aplicará el procedimiento sumarísimo y SERÁN PASADOS POR LAS ARMAS LOS MIEMBROS DE LOS COMITES DE HUELGA”

Como dicho queda el más significativo de estos BANDOS fue el publicado mediante DECRETO por loa JUNTA DE DEFENSA NACIONAL EL 28 DE JULIO DE  1936, extendiendo a todo el territorio llamado nacional la DECLARACIÓN DEL ESTADO DE GUERRA. Realizaremos, seguidamente, una SÍNTESIS DE SU CONTENIDO y UNA VALORACIÓN DE SU ILEGITIMIDAD JURÍDICA.
Decía así, en síntesis, el BANDO:
“Las circunstancias por las que atraviesa España exigen a todo ciudadano el cumplimiento estricto de las leyes, y por si alguno, cegado por un sectarismo incomprensible cometiese actos u omisiones que causaren perjuicio a los fines que persigue este Movimiento Redentor de nuestra Patria, esta Junta de Defensa  Nacional … DECLARA:
-Hacer extensivo el estado de guerra a todo el territorio nacional que ya se había decretado en algunas provincias.
Serán juzgados por el procedimiento sumarísimo la larga lista de delitos que se enumeran entre ellos la rebelión y sus modalidades accesoria.
Se amplía notablemente el tipo de rebelión. Lo son también: los que propaguen noticias falsas o tendenciosas con el fin de quebrantar el prestigio de las fuerzas militares o de los elementos cooperadores, los poseedores de armas; los que celebren cualquier reunión o manifestación sin permiso de la autoridad; los que coartasen la libertad de contratación…etc. (art. 6º)
Sólo la propia Autoridad Militar podrá dejar de conocer, por su menor entidad, de una causa y remitirla a la ordinaria .
EN CUANTO A SU ILEGITIMIDAD JURÍDICA, sintéticamente manifestamos: El Bando de Guerra plantea tres cuestiones formales que afectan a su validez y que han sido puestas de manifiesto por algunos autores.
Se dictó con arreglo a la legislación vigente a la sazón, la ley de Orden Público de 28 de julio de 1933. Prescindimos por su obviedad, de que no eran las autoridades competentes las que lo declararon (arts. 48 y siguientes de la citada Ley).

Pero estos Bandos de Declaración del estado de Guerra exigían la norma de intimación, de la que carecía, totalmente, el referido.
“En dichos Bandos se INTIMARÁ  a los rebeldes o sediciosos y perturbadores que depongan toda actitud hostil y presten obediencia a la autoridad legítima (art. 53 L.O.P).
Se comprende lo difícil que resultaría, par los redactores del Bando insertar tal cláusula, dada la inversión de papeles existentes (rebeldes-Gobierno legítimo).
De acuerdo con la legislación imperante en la declaración de Estado de Guerra, la Autoridad Militar no podía, mediante estos Bandos, crear, ni ampliar los tipos delictivos, ni fijar penas distintas, ni agravar las preexistentes, lo único que legalmente podía declarar era la atribución del conocimiento de determinados delitos, ya existentes, a la Jurisdicción Militar (Art. 95 Ce; art. 61 LOP)
Con posterioridad a est Bando de guerra de 28 de julio de 1936 se dictaron otros:
Por Decreto de 1 de noviembre de 1936, el Gobierno del Estado de Salamanca, bajo el mando del General FRANCO PARA MADRID.
El 8 de febrero de 1937, en MÁLAGA.
El 20 de junio y 26 de Agosto de 1937, en VIZCAYA Y SANTANDER (General López-Pinto).
El 26 de enero de 1939, en BARCELONA (DÁVILA).
En todos ellos, se someten todos los delitos cometidos a partir de  18 de julio –36, a la jurisdicción castrense declarándose el estado de guerra.
OTRA CUESTIÓN IMPORTANTE ES: LA VIGENCIA TEMPORAL DEL BANDO DE 28 DE JULIO DE 1936. El referido Bando no fue derogado expresamente. Consecuencia de ello, era la inseguridad jurídica: ¿Seguía vigente, debía formalmente aplicarse? Naturalmente, esta cuestión no preocupó lo más mínimo, ni al sistema, ni a los operadores jurídicos del franquismo. Mas bien, le convenía la permanencia de la inseguridad. Existen sentencias de 1946 en que se aplicó el referido Bando de guerra. Hay citas doctrinales que lo reputan vigente en 1947.Recientemente la Ley MH de 2007, lo declara DEROGADO, entre otras disposiciones franquistas

IV.- EL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR APLICADO

La normativa básica que se utilizó fue el Código de Justicia Militar de 27 de septiembre de 1890 , restablecido “en todo su vigor con la redacción que tenía antes del 14 de abril de 1931” por Ley de 12 de julio de 1940.
La legislación republicana estableció importantes modificaciones en el CJM de 1890. Limitó la competencia de la jurisdicción militar a los delitos estrictamente militares, suprimiendo la atribución de competencia por razón de la persona y del lugar. Estas y otras sustanciales mejoras fueron dejadas sin efecto por la citada Ley de 1940.
Se justificaba así en esta ley la concepción del Nuevo Estado.
“Se impone la fórmula tradicional en nuestro Ejército de que el ejercicio de la jurisdicción está unido al mando militar…”
Y en el articulado de esta Ley de 12 de julio de 1940 se declaraba:
-Todos los delitos derivados del Movimiento Nacional, aunque no se tratase de delito flagrante, ni les corresponda pena de muerte o perpetua, se tramitarán por el procedimiento sumarísimo.
-El cargo de defensor siempre será desempeñado por militar, con categoría de Oficial, como mínimo.

V.-EL DELITO DE REBELIÓN MILITAR INVERTIDO

Los preceptos penales que se aplicaban en estos procesos, eran el art. 237 C.J.M.:
“Son reos de delitos de rebelión Militar los que se alcen contra la Constitución del Estado, contra el Rey, los Cuerpos Coolegisladores, o contra el Gobierno legítimo…”.
En el art. 238.2, se fijaban las penas:
“… de reclusión perpetua a muerte a los que se adhieran a la rebelión en cualquier forma que lo ejecuten…”
El Decreto de 2 mayo de 1931, había modificado estos artículos, haciendo referencia a las instituciones republicanas.
El Bando de Guerra de 1936, como ya se ha dicho, amplió notablemente, el tipo de rebelión militar.
La calificación de estos casos como delito de rebelión militar es aberrante; además se aplicó retroactivamente. La ampliación de las figuras de la rebelión por el Bando de Guerra es ilegal, atenta a la seguridad jurídica y contradice el principio de no analogía “in malam partem”.
Irónicamente se ha dicho que calificar de rebeldes a los defensores del Gobierno legítimo, es la creación de una original figura penal, la rebelión invertida.
Los penados como rebeldes, de acuerdo con la propia legislación tenida en cuenta para condenarlos, no se levantaron contra el Gobierno legítimo; eran sus juzgadores los que habían consumado la rebelión.
Desde la otra vertiente, con la ampliación de ese tipo, se desnaturaliza tal figura; se castigan así actos que son simples manifestaciones de oposición política, o de meras creencias ideológicas (… “ser de tendencias izquierdistas…”, etc., que se recogen en las sentencias).
Hay tal laxitud e imprecisión en los tipos que se vulnera flagrantemente la seguridad jurídica y se emplea la analogía en contra del reo. No hay modo de saber, diferenciar, ni separar, la rebelión de la adhesión…
Debe también tenerse en cuenta la falta de proporcionalidad entre las conductas tipificadas como delitos en ocasiones de escasa o nula entidad, y la gravedad (a veces la capital o 30 años) de las penas impuestas, como una infracción más de las garantías debidas.
Pero si la legislación fue impresentable, la jurisprudencia no le fue a la zaga; más bien, la superó. ¿Cómo determinaban los Tribunales, la figura “menor” de la adhesión a la rebelión –castigada con reclusión mayor a muerte-
De la lectura de la Jurisprudencia de la época, sobre esta materia, se pueden extraer criterios generales:
La adhesión a la rebelión se acreditaba por la mera compenetración ideológica a la · “subversión roja”; bastaba con tener una ideología de izquierdas, simplemente republicana, con pertenecer a un partido político que no fuera de derechas, para que fácilmente se declarase acreditado, sin ninguna otra actividad probatoria, la comisión de ese delito.
Casi en todos los casos se apreciaban perversidad y trascendencia, era una pura rutina mecánica, con lo cual las penas se elevaban al grado máximo.
Como botones de muestra citaremos, extractadas, alguna sentencias que se comentan por sí mismas:
“Se trata de una mujer de mala conducta, de ideas comunistas, que se incautó víveres y ropas de una Iglesia para confeccionar ropas a un hijo suyo…” (S. 11-marzo-1941).
“Enseña a un niño de 4 años a cantar el himno de la Falange con letra subversiva”(S. 11 de julio de 1941).
Se condenó a muerte al Fiscal Jurídico Militar- D. Pedro Rodríguez Gómez- como autor de un delito de rebelión militar por haber mantenido la acusación contra el General Goded.

VI.- LA JURISDICCIÓN ESPECIAL MILITAR Y LA AUSENCIA TOTAL DE GARANTÍAS

Durante esta época esta JURISDICCIÓN ESPECIAL recibe una configuración y un tratamiento privilegiado, generando una ausencia de garantías para los enjuiciados.
Las críticas principales SON:
Su hipercrecimiento pasa de especial ordinaria, y la total falta de independencia e imparcialidad de estos Tribunales.
Con las ampliaciones que introducen el bando de guerra de 1936, la Ley de 12 julio de 1940 y otras disposiciones, todos los delitos políticos, e incluso las conductas atípicas de opinión o discrepancia política, pasan a convertirse en delito de rebelión.
Son as Autoridades Militares las únicas que pueden declinar su competencia a favor de la Jurisdicción Ordinaria; éstas no pueden reclamar las causas.
No existe independencia en los miembros de estos Tribunales, por lo que carecen de imparcialidad. Son militares, sometidos a la disciplina castrense; han ido designados sus componentes para cada juicio (aunque por razones prácticas, dado el volumen d asuntos, los Consejos de Guerra se constituyesen en este período, con carácter permanente) y en todo caso, no gozan de inamovilidad judicial.
La sentencias de dichos Tribunales carecen de valor, por sí mismas; ha de ser supervisadas y aprobadas, por el Auditor de Guerra, sin cuyo requisito no son firmes.
No hay ninguna razón objetiva de especialización que justifique la amplitud atribuida a la Jurisdicción Militar de esta etapa. Son auténticos tribunales de excepción y por tanto procesalmente repudiables.

VII.- EL PROCEDIMEINTO SUMARÍSIMO: MÁQUINA VULNERADORA DE DERECHOS FUNDAMENTALES

En la época de la 2ª República el procedimiento sumarísimo sólo se aplicó a los delitos estrictamente militares, flagrante o que tuvieran señalada pena de muerte o perpetua (art. 649 C.J.M. y Derecho 11 mayo de 1931).
Por delito flagrante se entendía el que se estaba cometiendo o se acababa de cometer… (art. 650).
Como ya se expuso el Bando de Guerra de 1936 y la Ley de 12 de julio de 1940 se remitieron a este procedimiento para “todos los delitos derivados del Movimiento Nacional, aunque no sean flagrantes…”.
En la regulación de este procedimiento, con las modificaciones de la etapa de 1936 se producen las siguientes vulneraciones de garantías jurisdiccionales:
– La instrucción del Sumario es básicamente inquisitiva El Sumario es secreto. El defensor no interviene en el mismo.
Incluso este carácter inquisitivo, aunque no de forma tan acentuada, se manifiesta en la fase de preparación del Juicio Oral. El Instructor puede practicar pruebas para el Juicio Oral (art. 657 C.J.M). El propio Instructor finalizada la investigación realiza un Auto resumen pasando la causa a la Autoridad Judicial (Militar) para que ésta resuelva si ha de pasarla al Plenario (Juicio Oral), art. 654.
Con estas actuaciones del Instructor se vulneran los principios de imparcialidad objetiva, en la medida que el órgano instructor realiza funciones propias del Tribunal Juzgador; SE CONCULCA el principio de inmediación ya que estas pruebas no se practican ante el Tribunal y el mismo principio acusatorio porque el Instructor con su Auto resumen implícitamente está diseñando la acusación .
Imprecisión del procesamiento, como después se dirá; en la práctica se incumplían las normas procesales sobre el mismo (art. 653 y 421 C.J.M.)
El Procesado permanecerá siempre preso (art. 653-1º). Se vulnera la excepcionalidad de esta medida cautelar, conviertiéndose esta situación en regla general.

Transgresión del derecho de defensa y falta de igualdad de armas procesales: El Abogado defensor ha de ser siempre militar, no tiene por qué se licenciado en derecho. No cabe Abogado de libre designación (art. 656 y Ley citada en 1940). Por el contrario , el Fiscal suele ser Jurídico Militar, profesional del derecho; patentizándose una desigualdad en contra del reo.
Y lo que es más importante e inadmisible. Los autos se ponen de manifiesto al defensor, que antes no ha intervenido, “por un término que nunca excederá de tres horas”- art. 658-. Fijaos bien. Resulta increíble pero es cierto. Tres horas para buscar pruebas, proponerlas, estudiar la causa, calificar y prepara el informe. Cuando se está ventilando la pena de muerte o treinta años de reclusión.
Seamos objetivos, hay un principio que, efectivamente no incumplieron estos procedimientos franquistas. Me refiero a las “dilaciones indebidas”, mal de nuestra actual justicia.
Sí, cierto es, estos procesos no incurrieron en el nefando mal de la lentitud, Eran terriblemente rápidos y…. expeditivos.
Vulneración al derecho a Recursos, garantía universalmente reconocida, ahora y siempre.
Contra las sentencias dictadas en el sumarísimo no cabián recursos; sólo alegaciones verbales del acusado. Eran “firmes con la aprobación de la Autoridad Judicial del Ejército o Distrito, de acuerdo don su Auditor” (Art. 622).
En la Circular de 2-XI-1936, de la Presidencia del Consejo Supremo de M.M. se decía en su art. 1º:
“SE entenderá limitada la posible interposición de recursos a aquellos procedimientos que no tengan carácter de sumarísimos”.
Por último debe recordarse, como antes se anticipó, el sistemático incumplimiento de las garantías respecto de los procesamientos, que se hacían de forma mecánica y rutinaria.
El art. 653 C.J.M. disponía que “la tramitación de los juicios sumarísimos se arreglará a la del juicio Ordinario en todo aquello que no esté modificado” Y para los procesamientos no se establecía ninguna especialidad.

En las normas generales, art. 421.2 C.J.M, se dice:
“El procesamiento se acordará en diligencia MOTIVADA, en la que consignarán los hechos y fundamentos de derecho que lo determinen”.

VIII.-LA CONFISCACIÓN DE BIENES: LA LEY DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DE 9 DE FEBRERO DE 1939

Haremos una sucinta referencia a esta Ley. Paradigma de la conculcación de las más elementales garantía .Pieza del museo del legislador, para sepa lo que nunca debe hacen.
Los males más llamativos de la Ley (reformada por L. 19 de febrero de 1942) eran : su retroactividad. La aplicaban órganos administrativos, llamados Tribunales, carentes de independencia e inamovilidad; nombrados por el Gobierno. Su composición era tripartita: militares , jerarcas de Falange y Magistrados o juristas.
Su única finalidad era la incautación de los bienes del condenado, la imposición de multas, inhabilitaciones (muertes civiles ) y la pérdida de la nacionalidad.
El procedimiento era totalmente inquisitivo; el propio Juez que instruía, acusaba y proponía la sanción, elevaba un resumen al Tribunal superior que fallaba. No intervenía el Fiscal- aunque posteriormente se admitió-. Secreto del Sumario. Prácticamente se excluía el derecho de defensa; sólo se permitían alegaciones (sin Abogado) con prueba tasada: documental y testifical La responsabilidad no se extinguía con la muerte. Se quebrantaba el principio de “non bis in idem”, ya que se aplicaban después de las sanciones penales.
Estaban sometidos a esta Ley los condenados por Consejos de guerra; los pertenecientes a cualquiera de los Partidos integrantes del Frente Popular; los masones; comunistas y afiliados a Sindicatos..
Se trataba de una Jurisdicción Especial, ad hoc, integrada por el llamado Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, la Jefatura Superior Administrativa; los Tribunales Regionales ; los Juzgados instructores Provinciales, las Audiencias y los Juzgados Civiles Especiales. Todo un arsenal de órganos encargados de INCAUTACIÓN DE BIENES. A partir de 1942 no se aplicaba a los que habían sido condenados a penas inferiores a 6 años , o con escaso patrimonio. Medidas tomadas para desatascar el gran número de procesos pendientes. Se creó un Registro central de Responsables Políticos (con inventario de los bienes de personas jurídicas y físicas ). Podían cederse o venderse los bienes incautados
Sin recato intelectual, ni pudor jurídico los redactores de la Ponencia dejaron literalmente escrito: «la presente Ley (1939) autoriza a inhabilitar, confinar o detener a quienes por sus ideas, su actuación o sus antecedentes políticos pueden constituir un TAN PELIGRO para la nueva ESPAÑA QUE HAY QUE EVITAR SIN PARAS EN ESCRÚPULO JURÍDICOS”

IX.-COLOFÓN

¿Resulta útil, a estas alturas, plantearse la ilegitimidad del derecho represor franquista?
Nuestra respuesta es clara y rotunda: Mas que útil es imprescindible.
La reciente Ley M.H de 2007, al margen de su valoración (gran avance, aunque insuficiente ), abona esta postura:
Se condena al franquismo.
Se declaran ilegítimos aquellos Tribunales y las condenas y sanciones que impusieron
Quiero acabar esta intervención, parafraseando una bellas y emocionantes palabras de PABLO NERUDA, con motivo de a concesión del NOBEL
Siempre he confiado en el hombre. No perdí jamás la esperanza. Pero sólo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres”
La  Comisión Cívica para la R.M , a la que ahora represento, hace suyas estas nobles palabras.
Y DECIMOS TAMBIÉN QUE NO PERDEMOS LA ESPERANZA , SEGUIREMOS REIVINDICANDO  LA MEMORA Y LA JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA, Y LO HAREMOS TAMBIÉN CON LA ARDIENTE PACIENCIA DE PABLO NERUDA.

Fdo.: Miguel Gutiérrez Carbonell.
(Fiscal-jub. Miembro de la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante)

“La infancia como pretexto”

Por Manuel-Jesús Dolz Lago. Fiscal del Tribunal Supremo.

LA INFANCIA COMO PRETEXTO

«Solo la verdad es revolucionaria»  Yves Montand.

Son numerosas las noticias sobre los menores, es decir, sobre la infancia y la adolescencia. Muchas de ellas de evidente trascendencia internacional que mueven a Presidentes de Gobiernos en viajes inusuales. Recuerden el de Sarkozy al Chad con escala en España donde fue recibido por nuestro Presidente, con motivo de esa alocada acción humanitaria a favor de los niños del Chad. El 20 de noviembre de 1989, se firmó la Convención de Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta Convención tiene un amplio reconocimiento universal por todos los países firmantes de la misma. Pero, he ahí las paradojas, seguramente, es la más universalmente incumplida. Cuando Lloyd Demause (1974) decía que «la historia de la infancia es una larga pesadilla de la que hemos empezado a despertar hace muy poco», no estaba diciendo sólo una frase ingeniosa. Decía la verdad. Con ello se denunciaba la actitud de los adultos para con los menores. Una actitud, en principio, despreciativa con su condición de personas y, después, farisaica, utilizando a la infancia como pretexto. Según los informes sobre la situación mundial de la infancia emitidos por UNICEF en el año 2006, más de 10 millones de niños menores de 5 años fallecen todos los años (igual que toda la población de Seúl), 4 millones de lactantes no sobreviven al primer mes de vida, 1 de cada 6 niños sufre hambre aguda y 1 de cada 7 niños no recibe atención sanitaria, alrededor de 15 millones de niños en edad escolar están desescolarizados, son innumerables los casos donde los niños están sometidos a la explotación sexual y laboral, a la violencia doméstica, al maltrato así como son utilizados como soldados en conflictos armados. Ante esta situación ¿se puede afirmar seriamente que se protege a la infancia?. Es cierto que no hay que ser catastrofista pero tampoco puede negarse la realidad. Por otra parte, es curioso ver cómo proliferan organismos públicos y privados que proclaman su misión protectora de la infancia. Sin embargo, en muchas ocasiones, sólo tienen como misión protegerse a si mismos. Ahí están las denuncias contra importantes ONG que tenían esta misión y que, levantado el velo, se han descubierto que sólo son un tremendo tinglado montado desde ese mesianismo que suelen tener aquellos salvadores del mundo que, al fin y al cabo, sólo basan su acción en el aprovechamiento de los sentimientos altruistas para con la infancia. También ponen a la infancia como pretexto aquellos que, carentes de rigor alguno, interpretan la realidad con los anteojos de la ideología, neoconservadora o falsamente progresista, tanto da. Así, forman extraño maridaje los extremos. Ambos sólo confían en la legislación la solución de todos los problemas. Por ejemplo, en materia de responsabilidad penal del menor, enredándose en una absurda polémica sobre la edad legal a partir de la cual es exigible esta responsabilidad cuando a nadie escapa que a partir de cierta edad, que puede estar alrededor de los doce años, los niños son conscientes que matar, asesinar o violar es una maldad prohibida, bien se llame delito, pecado o como quiera que sea. Ni la Constitución ni las normas internacionales determinan una edad mínima por debajo de la cual no cabe exigir responsabilidad penal a los menores sino que dejan al legislador esta opción, siendo legítima cualquier edad que garantice la educación del menor y la defensa de la sociedad, impidiendo que el abandono de estos menores los aboque inexorablemente a la delincuencia. La infancia y los adolescentes no pueden ser los pretextos. Son el texto. Un texto que se va escribiendo cada día, a fuerza de educación y paciencia, en el seno de las familias, en las escuelas, en los lugares de trabajo. A fuerza de afectos aunque, a veces, nos sintamos en la lejanía. También entre los propios menores, en sus grupos, organizaciones o bandas, no siempre nocivas. Es un texto con un pasado de pesadilla pero con un futuro de esperanza. Y sobre todo con un presente que tiene como máximo peligro la inmadurez de los propios adultos, aquella que precisamente se les reprocha a los jóvenes. Porque ellos no pueden ser el recipiente de nuestras continúas frustraciones. Y, por qué no decirlo, también de nuestras incompetencias. Pero la infancia, que no puede ser considerada un pretexto porque es el texto, precisa de un contexto. Ese contexto lo forman todas aquellas actuaciones sociales que contribuyen a que los menores desarrollen libremente su personalidad, a que sean sujetos sociales, con sus derechos aunque no voten en las elecciones y, cuando tienen la suficiente madurez, también con sus deberes y responsabilidades. Ese contexto será el que, bien articulado y no confundiendo los distintos ámbitos de actuación sobre los menores, permitirá que se acabe, de una vez por todas, con la infancia como pretexto, que tan perjudicial como extendida se encuentra instalada en nuestra sociedad.

 

“Esterilidad sobrecogedora”. La pugna partidista por el control de la Justicia

(21-05-05, El Periódico)

Por Javier Pérez Royo
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla

Las reacciones a la muerte de García-Calvo evidencian la situación patológica del Constitucional

La vida diaria del Estado Constitucional está presidida por la regla de la mayoría, de la mayoría simple. Es a través de ella como se constituye la voluntad ordinaria del Estado, tanto si esta se expresa en una norma jurídica como en una decisión política de carácter no normativo. Se trata, por tanto, de un rasgo esencial anatómico y fisiológico de todo sistema político democrático.

Ahora bien, dicha regla de la mayoría simple se ve excepcionada en determinadas ocasiones por la propia Constitución, que, para determinadas decisiones, exige mayoría cualificadas. Casi todas ellas están vinculadas, de manera directa o indirecta, con la operación de reforma de la Constitución. La mayoría simple está bien para tomar las decisiones que la gobernabilidad del país exige de manera cotidiana, pero no se estima suficiente cuando de la definición de las reglas generales del juego político se trata. En este caso, conviene que se fuerce el acuerdo entre la mayoría y la minoría y, por tanto, que se exijan mayorías cualificadas, fuertemente cualificadas.

ASÍ LO HACE la Constitución española, que exige mayorías cualificadas para su reforma y también para la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El constituyente de 1978 entendió que la renovación de los magistrados del TC y de los miembros del CGPJ exi- gía la misma mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado que se requiere para la reforma ordinaria de la Constitución por la vía del artículo 167.

El TC es el máximo intérprete de la Carta Magna. El CGPJ es el órgano de gobierno de dicho poder, en el que descansa la interpretación del ordenamiento jurí- dico en su conjunto. Sus miembros no deben ser resultado de la voluntad exclusiva de la mayoría parlamentaria, sino que tienen que ser acordados entre la mayoría y la minoría como si de una operación de naturaleza materialmente constitucional se tratara. A través de la renovación periódica de los magistrados del TC y de los miembros del CGPJ debería hacerse visible ante los ciudadanos la renovación de la fórmula de convivencia que se adoptó en el pacto constituyente.

En la economía de la Constitución española de 1978, la renovación del TC y del CGPJ ocupaba y ocupa un lugar muy destacado. Se trataba y se trata de hacer visible el común denominador sobre el que se sustenta la confrontación entre mayorías y minorías. La lógica del TC y del CGPJ no puede estar desligada de la lógica parlamentaria y de ahí que los magistrados de ambos órganos deban ser elegidos por las Cámaras, pero su lógica no puede reducirse a la lógica parlamentaria, sino que tiene que ser distinta.

En el CGPJ no se ha logrado casi nunca. El órgano no ha funcionado prácticamente nunca de conformidad con lo que la Constitución preveía. En el TC sí se consiguió que el órgano funcionara de manera apropiada durante los casi primeros 15 años de vida de la institución, pero no después. A partir de 1993 el clima político que presidió la pugna parlamentaria se trasladó a la composición del TC, lo que contaminó su tarea y lo desvió de lo que debería haber sido el ejercicio de su función de jurisdicción constitucional.

Esta desviación ha ido progresivamente a más, hasta alcanzar su momento culminante en esta pasada legislatura con ocasión de la impugnación ante el TC de la reforma del Estatuto de Autonomía para Catalunya. Lo que ha ocurrido en el interior del TC en la tramitación de los diversos recursos de anticonstitucionalidad de dicho estatuto ha sido de una obscenidad difícilmente superable. Si alguien hubiera pronosticado que podría haber operaciones, como las que ha habido, para conseguir una mayoría que declarara anticonstitucional la reforma estatutaria catalana, habríamos pensado que había perdido el juicio. Y, sin embargo, tales operaciones se han producido.

Y en ellas ha tenido un papel muy destacado Roberto García-Calvo, el magistrado que falleció el pasado domingo. Ha sido uno de los magistrados más agresivos en hacer suya la agenda política del PP en la pasada legislatura y ha sido uno de los protagonistas principales de todas las escaramuzas, alguna de ellas esperpénticas, que se han vivido en el TC.

ESTA ES la razón de que, tras su fallecimiento, no se esté hablando apenas de lo que ha sido su trayectoria profesional y su aportación como juez a la interpretación de la Constitución, sino que solo se hable del equilibrio de fuerzas en el TC y de las perspectivas que se abren para la declaración o no de anticonstitucionalidad del Estatut de Catalunya.

Es penoso que así sea, pero es así. La reacción que está habiendo tras la muerte de García Calvo ejemplifica la situación patológica en que se encuentra el TC y lo desviado que está en el ejercicio de esta tarea de lo que se previó en el pacto constituyente. Todo lo que ha girado en torno al ejercicio de la función jurisdiccional del magistrado recientemente fallecido ha sido de una esterilidad constitucional sobrecogedora. Quiero confiar en que, tras su muerte, se abra un periodo de reflexión y se recupere el sentido originario de lo que la Justicia Constitucional debe ser.

“Adibine”

Por Carmen Andreu
Fiscal TSJ Valencia

Se llama Adibine, es muy joven. Vino a España siendo un niño desde Marruecos, con la pretensión familiar de que fuera su sustento.

Como era un niño, estuvo acogido en un centro, cuando cumplió 18 años ya no pudo estar allí.

Se encontró en la calle o en albergues temporales en los que sólo podía estar unas horas al día, el resto en la calle.
La poca formación que logró obtener, no le posibilitó un puesto de trabajo. No consiguió renovar su permiso de residencia. No tenía nada.

Sobrevivió como pudo; algunos intentaron ayudarle sin conseguirlo. Necesitaba todo.

Su orgullo de superviviente le impidió volver a su país, sin haber obtenido lo que de él se esperaba.

Vivió la calle y la inocencia desapareció de su rostro.

Un día lo detuvieron por algo que no había hecho, sí quien le acompañaba, árabe también. Como no era culpable, no se sentía así, por lo que dejó la citación para juicio al alcance de cualquier compañero de un piso, que temporalmente y con mucha suerte ocupó; la vieron, se asustaron, lo tiraron; otra vez en la calle.

Hubo juicio, su abogado de oficio le dijo que se conformara, él no quería, pero no entendía bien lo que estaba pasando en la sala de juicios, se asustó; finalmente aceptó ser responsable  sin serlo, lo condenaron.

La rabia y la desesperación se apoderaron de él. Lo volvieron a detener, esta vez sí era responsable. Lo condenaron.

Lo iban a expulsar. Desapareció. Ha estado en varios lugares, sigue buscando un espacio, una oportunidad.
No quiere volver a su país.

 

“La justicia entre lo dicho y el entredicho”

Por Manuel Jesús Dolz Lago
Fiscal del Tribunal Supremo

«Debía mansamente pasar por lo aceptado
por el aro y el cero de todas las costumbres
más no pude, no quise
y aquí estoy, golpeado»
(Gabriel Celaya)

En este caótico mundo donde, al parecer, no existe más lógica que la de la confusión, quizás sea conveniente de vez en cuando hablar claro. Soy desde hace veintisiete años funcionario de la Administración de Justicia. A la vista de lo que está cayendo (casos de trágicos errores judiciales como el de Mari Luz, la terrible secuencia creciente de muertes por violencia de género que evidencian la previsible inoperancia de las leyes penales y del aparato judicial ante ese fenómeno, el asesinato truculento -le cortó la cabeza- de una madre a manos de su hijo enfermo mental que fue denunciado hasta cuatro veces, al que se le puede aplicar el título de aquel libro de Gabriel García Márquez Crónica de una muerte anunciada (1981), el atasco de las ejecutorias?), he pensado si debo ocultar mi condición profesional, dado el profundo desprestigio social de esta administración o, sin embargo, asumir el reto y hablar sinceramente de la justicia entre lo dicho y el entredicho.

Antes aclararé que, según el diccionario de la RAE, la palabra entredicho tiene varias acepciones. La primera es prohibición de hacer o decir algo y la tercera significa duda que pesa sobre el honor, la virtud, calidad, veracidad, etc., de alguien o algo, así como cuando se emplea la frase poner, quedar, estar en entredicho. Pues bien, con el permiso del lector, voy a utilizar esas dos acepciones ya que se pone en entredicho la justicia (se duda) porque ha caído en el entredicho (al parecer, está prohibido hablar seriamente de ella).

La cuestión es que, como se ha destacado por los pedagogos (Larrosa, 2000), a raíz de un comentario al famoso apólogo de Juan Mairena versus Antonio Machado, según el cual «la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. Agamenón: conforme. El porquero: no me convence», para combatir la verdad del poder y la realidad del poder hay también que combatir el poder de la verdad y el poder de la realidad. Y es que en la verdad y la realidad de la justicia hay demasiados claroscuros. No sé si esa aspiración romántica que tuvimos en su día los demócratas, tras la finalización de la dictadura, persiguiendo la transparencia en la justicia servirá de algo, pero lo que sí es cierto es que nada puede prosperar desde el oscurantismo. Un esfuerzo mínimo de clarificación se impone. Y, se comparta o no, es necesario destacar que los males de la justicia son los mismos que cualesquiera otros males de muchos instrumentos con los que el Estado intenta valerse para ejercer su poder. Poder dictatorial en otras épocas felizmente pasadas. Poder democrático en el presente.

Esos males responden a una pluralidad de causas o fenómenos, entre las que, salvo error u omisión y sin perjuicio de otras, pueden encontrarse las siguientes: 1) las burocráticas, derivadas de unos aparatos anclados en una decimonónica maquinaria administrativa que no termina de adaptarse a las nuevas tecnologías del siglo XXI, por falta de formación y de medios; 2) las inercias, algunas de ellas nacidas en la improvisación para la solución precipitada de casos pasados, que son un lastre para un estudio serio de los casos presentes; 3) los prejuicios, formados desde la frivolidad, que suponen los análisis carentes del mínimo rigor científico, bajo presiones políticas o sociales, que urgen inaplazablemente a la justicia para la solución de problemas que ella por sí misma no puede resolver; 4) las servidumbres de un funcionariado complejo, integrado desde el último auxiliar al primer magistrado o fiscal, en el que cohabitan en todas las categorías los más con los menos favorecidos; 5) esa, al parecer, inevitable permeabilidad de la justicia a las tensiones políticas y, en definitiva, 6) la pérdida del sentido de la justicia que debe imperar en el servicio público de la justicia, el cual está concebido para la protección de las libertades y derechos de los ciudadanos y no para otra cosa.

Posiblemente no haya soluciones fáciles para lo que, según algunos, es un caos judicial, que personalmente no comparto, aunque comprendo que así se califique desde fuera. Pero lo cierto es que mal servicio ha¬ríamos a la ciudadanía si ocultáramos la otra cara de la justicia, eficiente y eficaz para la solución de los miles de conflictos que, interesada o desinteresadamente, se ponen en sus manos. Esa cara feliz de la que nadie habla y con la que, sin duda, no estarán de acuerdo todos aquellos a los que la justicia desestima sus pretensiones. Es paradigmático decir que si un pleito lo componen dos partes, siempre habrá una de ellas descontenta, aquella a la que no se le ha dado la razón, lo que supone como mínimo un 50% de descontentos entre los usuarios de la justicia.

Es indudable que la situación de la justicia está plagada de pros y contras. Si queremos ser justos, no podemos hablar sólo de los contras. Por eso, cuando sólo se habla de los aspectos negativos, tenemos que preguntarnos a quién beneficia el desprestigio de la justicia y cómo afrontar esta imagen de la justicia en entredicho. A lo primero, diré que sólo beneficia a los déspotas, cualesquiera que éstos sean, por lo que aquellos que luchamos contra la tiranía no deberíamos callarnos y seguir el consejo del gran humanista valenciano Juan Luis Vives (1492-1540), precursor de la asistencia social a los pobres, perseguido injustamente tanto él como su familia por la Inquisición española, cuando decía que «hay tiempos en los que es difícil hablar pero más difícil resulta guardar silencio». A lo segundo, recordaré con nuestro triste y recientemente fallecido poeta Ángel González, cuando en 1980 se refería al uso de la ironía en sus poemas, que carecen de relevancia los entredichos (aquí empleo el término en cuanto duda) si no se olvidan aquellos fines que él perseguía: «Impedir la pretenciosa formulación de las verdades absolutas, introducir en la afirmación el principio de la negación y salvar la necesaria dosis de escepticismo que hace tolerables las inevitables -aunque por mi parte cada vez más débiles- declaraciones de fe».

Mientras tanto, trabajemos seriamente por la justicia, trabajemos por los derechos de nuestros conciudadanos entre lo dicho y el entredicho, como aquel jardinero fiel que diariamente cuida su jardín con la seguridad de que muchas de las semillas darán el fruto apetecido, a pesar de los contratiempos.

Publicado en Levante-EMV.com el 22-06-2008.

 

“Frente a la Intolerancia y la Exclusión Social”

Por Carmen Andreu Arnalte
Fiscal AP Valencia

 

CUARTA MESA
EXCLUSIÓN SOCIAL Y DISCAPACIDAD

Carmen Andreu Arnalte
Fiscal de la Audiencia Provincial de Valencia

El título de la mesa es lo suficientemente descriptivo, no hace falta mucho más para tener una idea sobre lo que vamos a hablar: la discapacidad como exclusión, una de sus formas.

No se trata de saber que existen mecanismos legales para regular la incapacidad y compañeros que ponen su empeño en ello (gracias a aquellos que estáis y compartís conocimientos), es más bien lo contrario o complementario, se trata de saber que mientras no son incapaces, aquellos mal llamados discapaces, son capaces.

Se trata de fomentar el respeto a sus peculiaridades desde el conocimiento de las mismas.

Por eso es importante el planteamiento de este Congreso, de contenido socio-jurídico, porque como juristas que somos sabemos que la Ley siempre es una respuesta a la realidad social y aquellos que son diferentes forman parte de esa realidad.

No obstante, en este caso, son muchas las leyes que regulan de una forma u otra la discapacidad, sin que aquello que nos diferencia obtenga la respuesta adecuada, porque no basta con hacer leyes, es necesario aplicarlas, dotarlas de contenido económico y de voluntad política.

De ahí que participe en esta mesa desde la crítica y la serenidad, con lo que tengo: veintiún años de convivencia con un hijo con el síndrome de Down.

Adjunto dos escritos y una noticia reciente, que quizá puedan ser útiles en el debate, ya que como personas comprometidas con la justicia, en cualquiera de sus manifestaciones, no es posible que permanezcáis ajenos.

No se pretende caridad, se aspira al reconocimiento de hecho de los derechos que constitucionalmente tienen todas las personas por el hecho de serlo.

1.
Es justo decir que este escrito surge desde mi experiencia pero también con el estímulo de Rosa Guiralt, amiga y compañera, quién se implicó desde siempre y me propuso unas notas para trabajar en ello.

Es una invitación a la reflexión que afortunadamente se publicó en el periódico El País, Comunidad Valenciana, como artículo de opinión, el 9 de febrero de 2007 con el título:

DICEN QUE SOY DISCAPACITADO

     “Como sumar dificultades a un cromosoma  de más”

¿Qué significa? Según el diccionario “dis” es negación, de la capacidad, en este caso.

Pero, sin embargo, yo soy capaz de muchas cosas: nací y vivo en una familia normal, tengo un hermano, un perro, me preocupo de todos ellos, los quiero, luego soy capaz de amar; cuido de mi aseo personal de forma autónoma y de mi alimentación, usando los utensilios necesarios al  efecto; estudio; practico actividades deportivas y de formación; salgo con algún amigo; me gusta la música… luego soy capaz de vivir, disfrutar y sufrir, como los demás.

¿Donde está la diferencia?

Quizá se refieran a que tengo el Síndrome de Down. Lo que significa, entre otras cosas, que aprender me cuesta más, soy más lento.

Pero esta circunstancia es conocida por los que la etiquetan, por lo que deberían ser ellos (instituciones) quienes favorecieran el proceso de aprendizaje escolar y laboral.
La realidad es que quienes se han ocupado siempre han sido mis padres.

Desde pequeño asistí a escuela “normal”, lo que llaman integración, en la que salvo profesores puntuales y voluntariosos, dicha integración consistía en “adaptar” los contenidos curriculares de forma que pudiera trabajar “solo” sin alterar el ritmo de la clase y sin sobrecargar al profesor (en demasiadas ocasiones mi compromiso escolar dentro del aula era copiar y copiar textos que no entendía), también en salir determinadas horas del aula para recibir apoyo en otra distinta.

Muchos de mis compañeros se burlaban de mí, me insultaban y faltaban al respeto, con el apoyo tácito del profesorado que no hacía nada por evitarlo e incluso lo negaba; también de las instituciones que, alertadas de la situación (no sólo de la mía), cerraron los ojos sin comprometer un euro de su presupuesto para paliar situaciones tan injustas para mí y para aquellos profesores que querían y hubieran podido ayudarme más, si hubieran contado con medios.

La consecuencia de este deficitario aprendizaje es que se acaba uno creyendo que no sirve para nada, que es un inútil, a pesar de que durante toda mi etapa escolar no he dejado de estudiar.

Acabe 4º de Eso, me felicitaron por ello, pero sólo obtuve un certificado de escolaridad. Según ellos no tenia derecho al titulo de Graduado Escolar porque mis estudios no estaban al nivel exigido (necesité ACIS que significa Adaptación Curricular Individualizada Significativa, pero nadie explicó a mí o a mis padres las consecuencias de ello respecto a la titulación, ni se comprometió a que avanzara en mis conocimientos con el fin de superar objetivos, que entiendo deberían estar programados, supervisados y adaptados desde el principio de mi escolarización).

Y después ¿qué?

Mientras mis compañeros seguían con su escolarización, si lo deseaban, yo no pude. En primer lugar el Instituto me negó la posibilidad de permanecer en sus aulas a pesar de que aún no tenía 18 años y tenia derecho a ello; de nuevo mis padres se ocuparon del tema acudiendo a las instituciones educativas, quienes tarde y con un importante desgaste para ellos, mis padres, nos dieron la razón obligando al instituto a acceder a mi matrícula, cuando  ya había empezado el curso y yo optado por otra salida.

Dicha salida era un Programa de Garantía Social, sin apoyos, sin medios, sin continuidad. Viví situaciones violentas, derivadas del colectivo de que se componía el programa, que me generaron una gran inseguridad, sólo paliada por el compromiso de sus dos profesores, no por el Centro que lo impartía.

Luego un curso de formación.

¿Hasta cuando?

Todos estos cursos pretenden sustituir el periodo de escolaridad y formación que prepara a los demás para el mundo adulto y laboral. La diferencia está en que las instituciones educativas se desentienden, en que no son más que parches o entretenimientos repetitivos, sin motivación alguna, ya que el acceso al mundo laboral que se pretende tras una formación, es más que difícil y que si los demás necesitan madurar en su proceso de aprendizaje, yo más, precisamente por lo dicho anteriormente: me cuesta más.

Quiero trabajar, soy demandante de empleo, pero no tengo trabajo.

Una vez más acudimos a las instituciones, en este caso a todas las Consellerías, interesando un puesto de trabajo. No lo tengo.

Es cierto que soy joven, tengo 19 años, que soy inmaduro a muchos niveles, pero ¿alguien cree que se puede madurar en soledad, sin proyectos, sin apoyos?

¿Quién es discapacitado? Yo, por un cromosoma de más  ¿y las instituciones…?

Como no estoy incapacitado, puedo votar y voto, pero los políticos, las instituciones no me representan.

Valencia,  9 de noviembre de 2006

 

Un poco después, con ocasión del día de las personas con discapacidad, de nuevo escribí unas notas que por falta de tiempo no pudieron publicarse, por lo que aprovecho este espacio para conseguirlo.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
¿Quién es discapacitado?

Yo, por un cromosoma de más.
¿Y las instituciones?

Hace un tiempo me permití escribir en nombre de mi hijo unas notas que se publicaron con el titulo “Dicen que soy discapacitado”  y tenían por objeto no solo denunciar una realidad, también que quienes no la viven, ni por aproximación, supieran lo duro que resulta estar tan solo cuando tienes pocos, muy pocos recursos.

Ahora, con una entrada que forma parte de aquel texto, escribo en mi nombre, aprovechando la oportunidad de la celebración.

Los “días de” no hacen sino resaltar aquello que se celebra y la reiteración en su celebración, la pervivencia de su no resolución.

Desde esta perspectiva, quizá no debiera participar en nada al respecto. Pero, se puede mirar de otro modo y esa otra mirada, su posibilidad, es la que me acerca al ordenador y a los posibles lectores.

Los medios de comunicación resaltan la celebración, convocan a la participación, organizan tertulias, publican todo tipo de actividades relacionadas con el evento.

Después, nada o casi nada.

Esto es lo que quiero resaltar, “la discapacidad” no tiene fecha de caducidad, acompaña a quien la tiene toda su vida y la de quienes los quieren, forma parte de su personalidad y de su recorrido vital. No hablamos de discapaces, hablamos de personas. No es el evento lo importante, son las personas.

Se trata, entiendo, de saber si el transcurso del tiempo es favorable, suficiente, en el cumplimiento de los derechos que como personas les reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución Española.

La respuesta es rotunda. No, sin paliativos.

La DUDH dice en su artículo 1 “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos…”, en su artículo 7 “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación…”, en su artículo 23 “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo…”,  en su artículo 26 “Toda persona tiene derecho a la educación… La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales” y en su artículo 28 “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”.
La CE dice en su artículo 10 “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”, en el artículo 14 “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de…o cualquier otra condición o circunstancia personal”, en el artículo 27 “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales” y “Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el sistema educativo”, en el artículo 35 “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo…”, en el artículo 49 “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicas, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Titulo otorga a todos los ciudadanos” y finalmente en el artículo 53 “los derechos y libertades reconocidos en el Capitulo segundo (derechos y libertades) del presente Titulo (Titulo I De los derechos y deberes fundamentales) vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley…podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades…”

Luego, muchas leyes, cuyo incumplimiento las hace inútiles.

Se regula la integración escolar, el empleo, la dependencia…pero no se controla suficientemente su aplicación. Sin una buena y programada integración escolar no estarán preparados quienes tienen necesidades educativas especiales para una adecuada integración laboral. Los planes integrales de empleo (subvenciones para facilitar el acceso a puestos de trabajo) devienen insuficientes y no son precisamente un estímulo para que la iniciativa privada cumpla su obligación de integrar laboralmente a quienes son simplemente diferentes, incumplimiento que tampoco se controla suficientemente por quienes tienen la obligación de hacerlo -las instituciones- ya que tampoco desde la administración existe suficiente compromiso. Los medios de comunicación nos informan del incumplimiento flagrante en nuestra Comunidad respecto a la ley de dependencia.

No pretendo ser exhaustiva ni aportar datos estadísticos sobre lo manifestado, no se trata de un estudio en profundidad, sería otro el medio utilizado.

Pretendo gritar que no es suficiente, que las instituciones están obligadas a cumplir sus compromisos, que el compromiso lo asumen al ostentar los cargos que ostentan y que es un compromiso de obligado cumplimiento porque el mandato es constitucional.

También de recordar que mientras éstas se lo piensan y eso sí, celebran el evento, las personas de las que hablo crecen con todo tipo de carencias, en gran medida con desamparo institucional y, con el único apoyo de familiares y amigos , también de iniciativas privadas que, en demasiadas ocasiones, disponen de más voluntad que preparación.

Por memoria histórica recordar que la DUDH es de 1948 y la CE de 1978. Se acaba el 2007.

Valencia, 2 de diciembre de 2007

 

 

Hace unos días leí la noticia siguiente:
Impiden el acceso a la catedral de Almería a chicos con síndrome de down
Una persona de dentro del recinto espetó a los monitores que estos chicos: «ni sienten, ni padecen ni entienden»
CADENASER.COM   01-05-2008

Un grupo de chavales que padecen síndrome de Down y pretendía visitar la catedral de Almería fueron obligados a abandonar el lugar y no pudieron acceder a las instalaciones porque les negaron la entrada.

Como es natural provocó multitud de críticas que en “lo más leído” de la cadena que figura, podéis ver, si os interesa. Comprobaréis la disparidad de planteamientos que se pueden tener sobre un tema tan normal, a mi entender y que “es evidente” no lo es.

No es la primera noticia al respecto, en la Comunidad Valenciana, concretamente en Valencia, se le impidió también a un grupo de jóvenes con el síndrome de Down, el acceso a un pub.

1 de Mayo de 2008.

 

CONCLUSIÓN

Me gustaría que esta fuera la conclusión “La necesidad de normalizar la diferencia para definir identidades, para ampliar conocimientos y ejercitar el respeto”

También y, en último lugar, hacer una referencia al Código Penal que en su artículo 173.1 castiga a quien infligiera a otra persona un trato degradante…
Todos somos juristas y el Código uno de nuestros instrumentos de trabajo.

Valencia, 5 de mayo de 2008

Carmen Andreu Arnalte

“Disparates”

Por Carmen Andreu Arnalte
Fiscal AP Valencia

 DISPARATES

El poder como ejercicio de responsabilidad supone una fuerte carga, también la posibilidad de equilibrar situaciones, en ocasiones injustas.

Pero no todos lo ejercen de ese modo.

El poder te convierte en poderoso “per se” y algunos creen que no tiene límites, por lo que lo utilizan para todo: desempeñar su trabajo de modo privilegiado, hablar a gritos imponiendo su criterio, humillar y vejar hasta lo indecible a quien  pretende discrepar, faltar al respeto a profesionales de la misma condición y, lo que es más indigno, abusar de quienes de ellos dependen; también ¿por qué no? para darse el placer de ejercerlo de este modo.

Según en qué contexto este abuso  tiene consecuencias distintas. Veamos:

Si hablamos de trabajar de forma privilegiada, por desagradable que resulte, por injusto, se puede combatir, al menos intentarlo, sea cual sea el resultado.

Si hablamos de imposiciones a gritos, también es combatible, te puedes ir, puedes gritar y, finalmente puedes denunciar.
Si se trata de vejaciones, puedes denunciar.

Si ambas partes son profesionales de la misma condición, esta equiparación les hace libres para decidir qué hacer, entre las distintas respuestas posibles

En todos estos casos no hay que olvidar que nos enfrentaremos a un poderoso, que utilizará los mejores medios materiales y humanos para defenderse. La previsible consecuencia será que difícilmente saldremos victoriosos, pero podemos enfrentarnos.
Cuando se abusa de quienes de ellos dependen, la indefensión es absoluta.
Esta situación es altamente preocupante en espacios en los que se decide la vida y libertad de los demás. Suelen ser espacios avalados por ley y, en ocasiones, necesarios. Ello exige, a mi entender, que quien ostenta el poder de decisión alcance la excelencia, no solo la exquisitez, en el respeto a los derechos  de aquellos sobre los que  va a decidir.
Esos derechos reconocidos por ley, se cuestionan en ocasiones, de modo impune, por quienes tienen la responsabilidad de defenderlos, por diversas razones, casi todas evitables:

1. – La presión es tan grande, en muchos casos, que se adoptan mecanismos de defensa, inconscientemente: no es tan importante, parecen querer decirse, por lo tanto podemos desdramatizar y en ese caso, trivializar, pero sólo si yo lo indico y sólo si yo lo permito. Tengo el mando.

2. – La dinámica de toma de decisiones, endurece necesariamente, para lo que se establecen distancias que luego devienen insalvables.

3. – La deshumanización es consecuencia directa del endurecimiento, por lo que no se ve al otro como el igual que es (aunque se ocupen posiciones distintas, quizá solo circunstancialmente).

4. – Como el otro no es igual no merece el mismo respeto, por lo tanto no lo recibe.

5. – Todo este proceso se produce en el marco que favorece al poderoso, luego el otro cada vez se siente más pequeño.

6. – Ese sentimiento se transmite y empieza de nuevo el círculo vicioso y pernicioso.

7. – Durante todo ese tiempo el otro no ha estado solo, han podido ayudarle, defenderle.

8. – Sin embargo, no lo han hecho.

No saben que pueden hacerlo, contagiados también de lo kafkiano de la situación. Se achican creyendo que pueden perjudicarlo aún más.

No es así, sea cual sea la situación en que se encuentre quien va a ser objeto de la decisión de un poderoso, tiene derechos, puede y debe exigir que se le respete y aquellos que están para eso, para defenderlo, con mayor razón.

Sólo  hace falta que alguien conociendo lo que se puede y no consentir, frene en seco al poderoso, con la fuerza de la razón. El que abusa es cobarde por naturaleza, no se volverá a atrever.

Valencia, 22 de abril de 2007

 

“Las Españas”

Por Manuel Dolz-Lago
Fiscal T.S.

 

Españolito que vienes/al mundo te guarde Dios,/una de las dos Españas/ ha de helarte el corazón (Proverbios y Cantares- Campos de Castilla 1912). Antonio Machado

Leyendo la bula fundacional de la Inquisición española del Papa Sixto IV de 1478 (consulto la edición de Martínez Díez de 1997) me llama la atención que en ella, en la que se crea un instrumento histórico como ninguno para la unificación de España, que pervivió hasta 1834, se hable de las Españas. En efecto, en esta bula Sixto IV, a petición de los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, otorga a estos la facultad para nombrar tres obispos, arzobispos, sacerdotes seculares o religiosos en cada ciudad o diócesis de sus reinos de España dotados, para la averiguación y castigo de los herejes, de los mismos poderes que los Ordinarios u otros Inquisidores pontificios. Resulta curioso constatar históricamente que ya en la fundación de lo que hoy conocemos como España, mediante la unificación de los reinos de Castilla y Aragón, que realizan los Reyes Católicos en el siglo XV, su matrimonio data de 1469, una bula pontificia se refiera a los reinos de las Españas para denominar España. Todavía no se había descubierto América, recuerden que fue en 1492, y, por tanto, las Españas no eran las que luego así también se llamaron en el Nuevo Mundo. No existía entonces ni creo que exista ahora unidad uniforme sino unidad pluriforme. Nuestra Constitución de 1978 en su art. 2 se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española pero reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Por ello, es importante observar cómo el documento fundacional de la Inquisición española, a la que se atribuye ser un elemento esencial de la unidad política mediante la defensa de la ortodoxia católica (Pérez, 2002) pero también el resultado sociológico de una realidad en la que la intolerancia tenía fuertes raíces sociales (Martínez Illán, 2006), hable de las Españas para referirse a España. Ortega y Gasset en su ensayo La España invertebrada (1921) se preguntaba por qué hay separatismo concluyendo, lamentablemente, en contra de catalanes y vascos, que España es integral porque es una cosa hecha por Castilla. Olvida el sabio que España cuando la hizo Castilla no era otra cosa que las Españas, los reinos de las Españas y no sólo un producto de cabezas castellanas. Todos los pueblos de las Españas, entre los que se encontraban lo que hoy se ha dividido en autonomías, formaban España. Cuando la actualidad política y jurídica está cuajada de continuas confusiones conceptuales, mezcla de sentimientos enraizados en falsos patriotismos que hace de la nación y las nacionalidades pasto de las demagogias más irracionales, véase si no la problemática del Estatuto de Autonomía de Cataluña o el referéndum vasco, siempre es importante atender a la lección de la Historia. Resulta paradójico constatar que en un documento fundacional de lo que luego fue expresión de la intolerancia y la unidad política se hable de las Españas como realidad histórica, España son las Españas. Las Españas son España, véase el libro de Luís González Antón (2007). Cualquier otra pretensión está abocada al fracaso, como si se pretendiera negar la individualidad de cada gota de un océano o negar visceralmente la autonomía y libertad de cada ser humano, aquella que negó durante casi cuatro siglos la mentalidad inquisitorial española que todavía parece pervivir entre nosotros aunque para algunas materias esa mentalidad no fuera tan uniforme como la de algunos de esos españolitos que nos hielan el corazón siendo más papistas que el propio Papa, negando las Españas/España, algo muy propio de nuestro carácter nacional.